La Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, pone los cimientos para el desarrollo de un sistema moderno y garantista que afiance lo que se ha venido llamando el cuarto pilar del estado del bienestar junto a; la sanidad, la educación y las pensiones. Las prestaciones y servicios recogidos en la ley, con desarrollo posterior en el catálogo, se convierten en derechos subjetivos, y por tanto reclamables por la ciudadanía. Dentro de este marco de garantía de los derechos, la concertación social juega un papel fundamental ya que garantiza el cumplimiento de los mismos, a través de las entidades del tercer sector, con un carácter subsidiario al sistema público, estable en el tiempo y en recursos.

La Ley 16/2019, establece en su Título V la forma de provisión de los servicios y prestaciones recogidas en la misma, entre las que estaría la gestión directa, que es la forma de provisión preferente, y la gestión indirecta. Dentro de esta última se recogen aquellas derivadas de los acuerdos de concertación con entidades privadas del tercer sector, y las que se realizan con
fórmulas establecidas en la normativa de contratos del sector público.

La concertación social es, por tanto, una forma no contractual de provisión de servicios sociales que las diversas comunidades autónomas vienen regulando en el desarrollo normativo de sus respectivas leyes de servicios sociales, y que viene amparada por las Directivas Europeas y recientemente por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Procede, pues, iniciar el procedimiento normativo, abriendo una consulta pública previa sobre la futura reglamentación de los conciertos sociales en la Comunidad Autónoma de Canarias.