Según recoge el informe 2017 de Rentas mínimas de inserción que publica el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a través de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales y la Dirección General de Servicios para las Familias y la Infancia, las rentas mínimas de inserción son una competencia de las comunidades autónomas, que la mayoría han venido recogiendo en sus respectivos estatutos de autonomía, no existiendo actualmente una normativa estatal que fije unas mínimas condiciones para dichas prestaciones, por lo que, ante la falta de regulación estatal y la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de servicios sociales, es una necesidad abordar la regulación de dicha prestación a través de una ley.

Esto a su vez viene a dar cumplimiento al artículo 24 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que establece el derecho a una renta de ciudadanía en los siguientes términos: “1. Las personas que se encuentren en situación de exclusión social tienen derecho a acceder a una renta de ciudadanía en los términos que establezcan las leyes”.

Asimismo, viene a dar cumplimiento con la Disposición Adicional Sexta de la Ley de Servicios Sociales, que establece que: “En desarrollo de lo dispuesto por el artículo 24 del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Gobierno presentará en el Parlamento de Canarias, dentro del plazo máximo de los dieciocho meses siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, un proyecto de ley por el que se regule una prestación económica que tenga por objeto garantizar un mínimo de ingresos a aquellas personas o unidades de convivencia que se encuentren en situación de exclusión o en riesgo de estarlo”.

La norma, cuya elaboración se pretende, viene, por tanto, a abordar la problemática de la exclusión social y el riesgo de pobreza de la población en Canarias, desde la perspectiva de la inclusión social. Es decir, se trata por un lado de garantizar unos ingresos mínimos a las unidades de convivencia acorde con unos estándares de vida dignos y suficientes, tanto a las que no perciben ningún tipo de ingresos como a las que aún percibiendo rentas del trabajo o alguna otra prestación, esta no alcance para un mínimo vital digno.

Antes de la aprobación del Anteproyecto de Ley, necesitamos recibir sugerencias y propuestas del modo en que puede quedar configurada esa futura Ley de renta ciudadana en la Comunidad Autónoma de Canarias a través de esta consulta pública previa.