Competencias generales y específicas. La Dirección General de Cualificaciones Profesionales ejercerá, en su ámbito funcional, las competencias previstas en el artículo 19 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias. Asimismo, le corresponden las competencias de dirección, coordinación, estudio y resolución en materia de cualificaciones profesionales no atribuidas específicamente a otro órgano, así como las funciones establecidas en el Decreto 43/2003, de 7 de abril, por el que se crea y regula el Instituto Canario de las Cualificaciones Profesionales, y en concreto las siguientes: - Aprobar las directrices generales y específicas de carácter técnico. - Elevar propuestas y estudios al Consejo Canario de Formación Profesional en las materias señaladas en el apartado o) del artículo 2 del Decreto 233/1997, de 18 de septiembre, por el que se crea el Consejo Canario de Formación Profesional. - Proponer a la Consejería competente en materia de empleo la creación de comisiones de trabajo para su funcionamiento en el seno del Instituto Canario de las Cualificaciones Profesionales, en aquellos asuntos en los que sea precisa la cooperación de los departamentos competentes en materia de educación y de empleo. - Promover e impulsar la cooperación con el Consejo Canario de Formación Profesional en relación con el Sistema de Formación Profesional. - Promover el consenso de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas para asegurar el efectivo acceso al procedimiento de acreditación. - Aprobar el plan anual de trabajo y las memorias anuales con los resultados de su ejecución. - Desarrollar el procedimiento de acreditaciones profesionales en el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional. - Determinar e implementar el Sistema de Formación Profesional atendiendo a la realidad socioeconómica y a las necesidades del tejido empresarial y social de Canarias. - Las restantes funciones que le vengan atribuidas por el ordenamiento jurídico.