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Violencia machista e Igualdad
27 de septiembre del 2018 - 12:58

El ICI celebra unas jornadas para difundir el protocolo sobre violencia de género en Canarias

En ellas se abordan los compromisos de los diferentes ámbitos responsables de su implantación, así como las implicaciones prácticas que el establecimiento del documento tiene para los agentes intervinientes

El Instituto Canario de Igualdad (ICI) ha organizado unas jornadas insulares sobre el Protocolo actualizado de Coordinación Interinstitucional de Atención a las Víctimas de Violencia de Género en Canarias, que se desarrollan esta semana en las Islas para dar a conocer el documento y remarcar la importancia de su ejecución a todos los agentes implicados en su puesta en marcha. El texto renueva y mejora el protocolo inicial que fue suscrito en 2009.

Tenerife y Lanzarote acogen hoy jueves la celebración de esta jornada, que se desarrolló el pasado martes en Gran Canaria y que también se llevará a cabo mañana viernes en Fuerteventura y La Palma. El programa contempla en todas las Islas el análisis del proceso de elaboración del protocolo y se abordan los compromisos de los diferentes ámbitos responsables de su implantación, así como las implicaciones prácticas que el establecimiento del protocolo tiene para los agentes intervinientes, entre otros aspectos.

En estas jornadas, financiadas por la Secretaría de Estado de Igualdad del Gobierno de España, están representados los ámbitos de actuación implicados en la coordinación interinstitucional incluidos en el protocolo: Emergencias, Ámbito Jurídico, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Ámbito Sanitario, Servicios Especializados de Atención a las Víctimas de Violencia de Género, Ámbito Educativo y Unidad de Violencia sobre la Mujer.

La directora del ICI, Claudina Morales, destaca el compromiso institucional que supone un instrumento de estas características para garantizar el derecho de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas a vivir una vida libre de violencia. Se trata, remarca, de una herramienta necesaria y útil para fortalecer la coordinación de las actuaciones que permita a todas las partes identificar y comprender las acciones que cada sector aplica, generar mecanismos de comunicación necesarios y clarificar las competencias y responsabilidades de cada parte.

Protocolo actualizado

Canarias cuenta desde marzo de este año con el nuevo documento que mejora la coordinación entre todos los equipos, áreas y agentes sociales intervinientes ante situaciones de violencia de género. Con el nuevo texto se pretende mejorar la atención y protección a las víctimas, establecer procedimientos de colaboración más operativos y perfeccionar la coordinación de todas las partes, y está adaptado a las modificaciones legislativas producidas desde 2009.

Otro de los objetivos de este nuevo protocolo se centra en fortalecer e incrementar la colaboración y coordinación de los diversos órganos e instituciones que intervienen en el control de la violencia de género en la Comunidad Autónoma de Canarias, con la finalidad de mejorar la eficacia de la respuesta que deben dar los distintos agentes intervinientes: operadores jurídicos; cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, locales y autonómico; servicios de atención y protección a las víctimas que se prestan la Red Canaria de Servicios y Centros Públicos Especializados del Instituto Canario de Igualdad y los cabildos, y servicios sociales especializados que se prestan desde los ayuntamientos, así como la Delegación del Gobierno de Canarias y el Gobierno autonómico.

El documento se dirige de forma directa a todos los agentes sociales y áreas intervinientes ante situaciones de violencia de género (Ámbito Policial, Ámbito Judicial, Ámbito Sanitario, Ámbito de los Servicios Sociales y Servicios Especializados de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Ámbito Educativo, Unidades de Violencia de Género, Emergencias, Ámbito de Familia e Infancia) y, de forma indirecta, a todas las mujeres mayores o menores de edad, así como a sus hijos e hijas, que estén sufriendo o hayan sufrido violencia física, psicológica, económica, emocional o sexual, independientemente de la situación administrativa en la que se encuentre.