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Empleo, Políticas Sociales y Vivienda
18 de diciembre del 2018 - 11:55

Visocan incorpora a la activista antidesahucios Inma Évora como asesora técnica para el caso de Añaza

La empresa pública de promoción de viviendas protegidas de Canarias analizará la situación de cada uno de los inquilinos

La empresa pública de promoción de viviendas protegidas de Canarias, Visocan, contará con el asesoramiento técnico de la activista antideshaucios Inma Évora en el caso de la adquisición de los inmuebles de Añaza, ahora mismo propiedad de una empresa del grupo Santander.

La entidad dependiente de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda ha decidido contratar los servicios de intermediación social de Évora, que actualmente forma parte de la Plataforma pro derechos económicos, sociales y culturales de Canarias, para elaborar un censo de los inquilinos de estas viviendas, en el que se recojan las condiciones socioeconómicas de cada uno de ellos y la ayuda en materia de vivienda a la que tienen derecho. Además, Évora informará y orientará a los arrendatarios de las prestaciones a las que pueden recurrir en función de su perfil. La prestación de este servicio se prolongará durante cuatro meses.

Évora tiene una experiencia como intermediadora en casos de deshaucios, motivo por el cual la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Ejecutivo regional ha decidido contar con su ayuda en este caso. Ha sido portavoz y activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca Tenerife desde el año 2011 hasta 2018, desde donde ha promovido cambios en políticas de prevención de los desahucios, protocolos y medidas antidesahucios aprobadas por la  mayoría  de  las  instituciones  públicas.  Desde  la  plataforma  Pro  derechos  económicos, sociales y culturales de Canarias ha  diseñado una oficina que da  información, asesoramiento e intermediación en materia de vivienda y otros derechos.

El Gobierno de Canarias se encuentra en estos momentos negociando la compra de 358 viviendas ubicadas en el barrio de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, después de que un fondo buitre intentara adquirir estos inmuebles. Estas viviendas son propiedad de una entidad del grupo del banco Santander. La Consejería que dirige Cristina Valido ha encargado una tasación para iniciar la negociación del precio de compra de estas viviendas, con el objetivo de que pasen a ser propiedad del sector público autonómico y que las familias vulnerables puedan permanecer en ellas en las condiciones de vivienda protegida.

Además, el Ejecutivo regional ha alcanzado un compromiso con la entidad financiera para que en el caso de Añaza el interlocutor no sea la filial inmobiliaria Altamira, que gestionaba estos inmuebles en los que viven 358 familias, sino el propio banco. Este acuerdo evita que la empresa gestione estos inmuebles igual que el resto de sus activos y que envíe notificaciones informando de que no se renueva el alquiler, lo que había generado intranquilidad entre los vecinos.

El Gobierno, además, se ha comprometido con la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda a paralizar todos los procesos de desahucios mientras se prolongue el período de negociación de la venta de estas viviendas.

En el caso de Añaza, el sector público autonómico tiene intención de adquirir estas viviendas antes de que estas pierdan la condición de viviendas de Protección Oficial (VPOs) que se cumple en el año 2021.

Por otro lado, la Consejería está ultimando el nuevo plan de vivienda de Canarias 2019/2022 que dará respuesta a las necesidades habitacionales de los ciudadanos de las islas. La nueva hoja de ruta supondrá un antes y un después en materia de vivienda pública tras años sin recursos estatales para atender las carencias en la materia. Entre otros aspectos, el documento plantea ayudas para el fomento del alquiler de colectivos con dificultades añadidas y la construcción o compra de vivienda para incrementar el parque público.

El nuevo plan de vivienda ha suscitado ya el interés de 3.768 canarios, que han consultado el anteproyecto  a  través  de  la  web  habilitada  por  el  Gobierno  autonómico  para  recoger sugerencias y que han terminado emitiendo 195 aportaciones formales. La Consejería está ahora en fase de análisis y valoración de estas propuestas, todas ellas están centradas en facilitar el acceso a la vivienda de las familias más vulnerables, frenar el encarecimiento del mercado del alquiler y potenciar la rehabilitación de los inmuebles del Archipiélago.

Es la primera vez que un plan de vivienda se elabora teniendo en cuenta las demandas directas de los ciudadanos. El proceso participativo ha estado en funcionamiento durante dos meses -julio y agosto- y su objetivo ha sido garantizar que el Archipiélago disponga en breve de una hoja de ruta consensuada y transparente en vivienda tras años de crisis y de recorte de fondos por parte del Gobierno central.

El plan de vivienda recoge un total de catorce programas que persiguen el incremento del parque público, la promoción de vivienda de protección oficial (VPO) en arrendamiento y en compra venta, la potenciación de las ayudas al alquiler y los incentivos al mercado del arrendamiento, así como la rehabilitación edificatoria y de entornos urbanos.

No obstante, durante los dos últimos años el Ejecutivo canario ya ha venido trabajando en diferentes líneas en materia de vivienda en colaboración con corporaciones locales e insulares. De esta forma, se han remitido a los 88 ayuntamientos escritos para promover la cesión de suelos municipales para la construcción de nuevas viviendas del parque público y se ha puesto en marcha una bolsa de vivienda en alquiler para atender a las familias más vulnerables.

De hecho, en el ámbito de ayudas al alquiler, entre 2017, 2018 y 2019 Canarias va a destinar más de 20 millones de euros, llegando a más de 9.000 familias en situación de vulnerabilidad.