El derecho a la participación está recogido en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que recoge lo contenido en el Convenio de Aarhus, ratificado por España en febrero de 2005, y que surge de la trasposición de las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE.

Esto significa que tal derecho no debe ser vulnerado, y que su incumplimiento puede ser recurrido judicialmente ante los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa.