La actividad cinegética requiere una ordenación y un control capaz de evitar los posibles impactos negativos asociados a la misma, al tiempo que garantice el cuidado de los recursos naturales, la conservación y preservación de las especies y los ecosistemas autóctonos, el paisaje, así como el respeto al resto de usuarios del monte público y a los animales domésticos que acompañan en la cacería.

Las normas que regulan la actividad de la caza están recogidas principalmente en la Ley 7/1998 de Caza de Canarias y en el Reglamento que la desarrolla. Esta Ley recoge los requisitos necesarios para la práctica de esta actividad, establece las normas de uso del espacio y los recursos, regula la propia actividad, y establece las prohibiciones y el régimen sancionador aplicable. Otros importantes instrumentos de ordenación son los planes insulares y los planes técnicos de caza, además de la publicación anual de la Orden Canaria de Caza.