Adopción nacional

 

Suspensión temporal de la tramitación de determinados ofrecimientos para la adopción nacional en Canarias

Dado el elevado número de familias incluidas en la Lista de Espera de Adopción Nacional, por una resolución de 15 de marzo de 2010 (BOC del día 7 de abril de 2010), la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia acordó la suspensión temporal de la tramitación de nuevas solicitudes dirigidas a la adopción de un o una menor con edad comprendida entre cero y siete años y estado de salud sin características especiales.

Las nuevos ofrecimientos que se presenten, dirigidos a este perfil de menor, serán inscritos en el Registro de Solicitudes de Adopción por riguroso orden cronológico de recepción en la entidad pública, y se comunicará a las personas interesadas el número asignado a su expediente y la suspensión temporal de la tramitación del procedimiento, lo que conlleva que no se realizará la valoración psicosocial de la idoneidad para la adopción hasta que se alce la suspensión por la Dirección General.

A fecha de hoy se ha alzado la suspensión de aquellos ofrecimientos dirigidos a la adopción de un solo menor con edad entre cero y siete años y estado de salud sin características especiales presentadas hasta el 31 de diciembre de 2017. Aquellos otros presentados desde el uno de enero de 2018 siguen suspendidos hasta nuevo aviso.

 

Asignación de menor. Selección de adoptantes

Declarado un o una menor sin características especiales en situación de adoptabilidad, la Comisión de Atención al Menor elevará a la Dirección General una propuesta de selección de familia adoptante (atendiendo a la edad y características del menor) por orden riguroso de la Lista de Espera General. Se seleccionará, de esta forma, a la familia adoptante que figure inscrita en primer lugar en la lista con idoneidad ajustada al perfil del menor.

En el supuesto de menores con edad superior a tres años que hayan convivido con sus padres, madres o familia extensa hasta esa edad, a fin de evitar la posible cercanía del domicilio familiar de las personas adoptantes al de los padres, madres o familia extensa biológica, se podrá, en interés del o la menor, proponer a las primeras personas solicitantes incluidos en la Lista de Espera que residan en una isla distinta de la del domicilio de los padres, madres o de la familia del o la menor.

Si el o la menor declarada en situación de adoptabilidad fuera considerado de características especiales, la Comisión de Atención al Menor propondrá a la Dirección General la selección de la familia adoptante que ofrezca las mejores condiciones y garantías para asegurar la adecuada integración y óptimo desarrollo integral del niño o la niña, atendiendo a sus características, condiciones o necesidades especiales, entre las personas solicitantes inscritas en la Lista de Espera de Menores con Características Especiales del Registro de Adopción. La asignación, de esta forma, se realizará en función del perfil del o la menor para el que ha sido declarada idónea la familia y el perfil del niño o la niña declarada en situación de adoptabilidad.

Tras la propuesta de la Comisión de Atención del Menor, la Dirección General dictará la resolución de selección de las personas solicitantes que hayan resultado propuestas para ser adoptantes del niño o niña en cuestión.

Dicha resolución será notificada a las personas solicitantes de forma presencial en comparecencia ante la entidad pública. En ese mismo acto, y antes de que la familia seleccionada se pronuncie sobre la aceptación del o la menor, el equipo técnico del Servicio de Programas de adopción de Menores informará a la familia sobre el estado de salud del niño o la niña, sus características físicas, psicológicas, académicas, pedagógicas y sociales, así como de su historia de vida. También recibirá información la familia sobre la tramitación administrativa y judicial de la adopción y las obligaciones que tendrá la familia si aceptan la asignación. También se pondrá en su conocimiento que la futura entrega del o de la menor no garantiza la futura adopción, ya que ésta, en nuestro país, únicamente se constituye por resolución judicial firme. En definitiva, se trata de dar a la familia toda la información sobre el o la menor para que desde el momento de la integración en la familia las nuevas personas cuidadoras puedan prestarle la atención y los cuidados que ese niño o niña en concreto necesita.

La familia seleccionada como adoptante deberá comunicar por escrito la aceptación o no del menor propuesto en un plazo máximo de tres días hábiles, contados a partir de la recepción de la información descrita en el párrafo anterior. En esa comunicación por escrito, la familia seleccionada debe hacer constar que conoce las circunstancias, las obligaciones y los efectos que conlleva la aceptación del niño o la niña. Si la familia no realiza esta comunicación, se entenderá que opta por la no aceptación del niño o la niña.

Igualmente, en el supuesto de que las personas solicitantes seleccionadas acepten la asignación de menor, deberán prestar ante la entidad pública su consentimiento para la adopción del niño o la niña. En todo caso, la familia asumirá el compromiso de comunicarle su condición adoptiva, su identidad y sus orígenes antes de su mayoría de edad. El niño o la niña adoptada debe continuar su desarrollo personal siendo consciente de su condición adoptiva para que su identidad personal se construya sobre ella. En caso contrario, el daño que se puede ocasionar a la persona adoptada puede llegar a ser significativo. Además, conviene señalar que la normativa española reconoce a toda persona adoptada el derecho a tener conocimiento de sus orígenes. Este derecho implica tanto el derecho a crecer y desarrollarse desde la niñez en su identidad adoptiva, como el derecho a conocer la identidad de su familia de origen (y llegar a tener contactos con ella, si procediera) una vez alcanzada la mayoría de edad.

En el supuesto de que las personas solicitantes seleccionadas no aceptaran al o la menor propuesta, adecuándose éste a las características y edad determinadas en su declaración de idoneidad, si la entidad pública estima que se ha producido un rechazo injustificado de la asignación iniciará de oficio un procedimiento de actualización de la idoneidad para la adopción de esta familia, y llevará a cabo una nueva valoración psicosocial que tendrá en cuenta de manera especial la motivación y las razones de la no aceptación. El resultado de esta valoración se plasmará en una resolución que puede declarar la no idoneidad de las personas interesadas para la adopción, o bien declarar su idoneidad. En este último caso (declaración de una nueva idoneidad), la familia pasará a ocupar el último puesto en la Lista de Espera de Adopción.

 

 

Formalización de la guarda con fines de adopción

Una vez aceptada la asignación del menor por la familia, la Dirección General acordará un régimen de visitas, estancias y comunicaciones de la familia seleccionada con el o la menor si se considera necesario, en interés del niño o la niña, establecer un periodo de adaptación progresiva y mutua entre ellos y/o ellas.

Posteriormente, y siempre con anterioridad a la presentación de la propuesta de adopción ante los tribunales, la entidad pública formalizará la guarda con fines de adopción del niño o la niña con la familia seleccionada por una resolución administrativa.

Desde ese momento, las personas guardadoras con fines de adopción tendrán los mismos derechos y obligaciones que la ley establece para las personas acogedoras familiares.

La guarda con fines de adopción del menor o la menor subsistirá hasta que se dicte la resolución judicial de adopción, si bien la tutela del niño o la niña la seguirá ostentado la Dirección General hasta que se dicte un auto de adopción por el juzgado competente y aquél sea declarado firme.

 

Seguimiento de la integración del menor

Tras la formalización de la guarda con fines de adopción, la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia realizará el seguimiento de la integración del menor o la menor y acompañará a la familia adoptante durante este proceso con la periodicidad que se estime oportuna y sea necesaria.

A tal fin, la familia deberá comprometerse a mantener reuniones y entrevistas periódicas con el personal técnico de la Dirección General hasta que se constituya la adopción.

La entidad pública ofrecerá el apoyo y asesoramiento técnico a la familia durante todo el proceso, y la pondrá en contacto con los recursos de atención especializada cuando fuera preciso. En todo caso, este apoyo en todo lo que la familia necesite en relación con su proceso adoptivo puede prolongarse en el tiempo más allá del auto firme de adopción. Los equipos técnicos especializados de la Dirección General atenderán a las consultas de la familia siempre que lo necesite.

 

Propuesta judicial de adopción

Una vez formalizada la guarda con fines de adopción del menor o la menor, y una vez la integración mutua en la nueva familia se haya desarrollado con éxito, o se desarrolle de forma normal, la propuesta de adopción al juzgado tendrá que realizarse en el plazo más breve posible y, en todo caso, antes de transcurridos tres meses desde el día en el que se hubiera acordado la delegación de la guarda con fines de adopción. No obstante, cuando la entidad pública considere necesario, en función de la edad y circunstancias del menor o la menor, establecer un período más amplio de adaptación del menor o la menor a la familia, dicho plazo de tres meses podrá prorrogarse hasta un máximo de un año.

 

Procedimiento judicial de la adopción

La adopción en España se constituye por una resolución judicial (en forma de auto), que tendrá en cuenta siempre el interés del adoptando y la idoneidad de la persona o personas adoptantes para el ejercicio de la patria potestad.

En el procedimiento judicial deberán prestar su consentimiento a la adopción tanto las personas adoptantes como el adoptando cuando sea mayor de doce años.

Así mismo, han de prestar su asentimiento en la adopción los padres y/o madres del o la menor, a menos que estuvieran privados de la patria potestad por sentencia firme, o estuvieran incursos en causa legal para tal privación, circunstancia que se apreciará en el procedimiento judicial contradictorio oportuno.

Tampoco será necesario el asentimiento de los padres y/o madres que tuvieren suspendida la patria potestad cuando hubieran transcurrido dos años desde la notificación de la declaración de situación de desamparo sin oposición a la misma o cuando, interpuesta en plazo, hubiera sido desestimada.

Deberán ser oídos por la judicatura el progenitor y la progenitora que no tengan privación de la patria potestad, cuando su asentimiento no fuera necesario para la adopción, quien ejerza la tutela y, en su caso, la familia acogedora y las personas guardadoras, así como el o la menor de doce años de acuerdo con su edad y madurez.

Desde que se insta la propuesta de adopción por la entidad pública ante los tribunales hasta que se dicta el auto judicial, y éste es declarado firme, pueden darse múltiples incidentes y procesos judiciales accesorios al de adopción en función de la oposición de los padres y/o madres biológicas del o la menor, a quienes en todo caso les asiste el derecho a oponerse a la resolución que se declara la adoptabilidad del o la menor, a presentar una demanda de necesidad de asentimiento en la adopción, a oponerse a la adopción propuesta y a recurrir las sucesivas decisiones que se vayan acordando en el procedimiento judicial. Esto podría retrasar considerablemente la resolución judicial del proceso de adopción. Mientras tanto, el o la menor continuará tutelada por la entidad pública bajo la guarda de quienes están llamados y llamadas a ser sus padres y/o madres legales, si la judicatura finalmente así lo estima oportuno.

 

Constitución de la adopción y su inscripción en el Registro Civil

Constituida la adopción por la autoridad judicial competente, ésta es irrevocable y las personas adoptantes se convierten legalmente en los padres y/o madres del o la menor, que pasa a tener una nueva filiación con sus padres y/o madres adoptivas. La adopción rompe definitivamente los vínculos jurídicos con su familia de origen.

Una vez declarado firme el auto de adopción, el juzgado que lo dictó enviará de oficio un exhorto al Registro Civil donde esté inscrito el o la menor al objeto de que se inscriba la adopción por medio de una nota marginal en su partida de nacimiento.

Inscrita la adopción en el Registro Civil, podrá la familia adoptiva proceder a la anotación correspondiente en su Libro de Familia y tramitar el cambio de los apellidos del adoptando en cuantas instancias oficiales sea necesario (colegio, centro de salud, ayuntamiento, DNI si lo tuviera, etc.). Por su parte, la entidad pública dictará una resolución que acordará la conclusión del procedimiento de adopción nacional y el archivo de expediente. A partir de este momento, en los casos en los que se considere conveniente, la Dirección General prestará la asistencia postadoptiva especializada que sea necesaria.