La Administración del Estado es consciente de su deber de impulsar el establecimiento del marco jurídico que garantice el desarrollo de Internet y del comercio electrónico en un entorno seguro y de confianza para particulares y empresas. En concreto, para el sector comercial y de la distribución esta regulación es fundamental, pues la introducción de las nuevas tecnologías ha supuesto la existencia de un canal alternativo de ventas.

Con este fin, los Ministerios de Ciencia y Tecnología, Justicia, Sanidad y Consumo y Economía elaboraron conjuntamente el texto del Proyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, cuyo principal objetivo era incorporar al ordenamiento jurídico español la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio, sobre servicios de la sociedad de la información y el comercio electrónico en el mercado interior.

Finalmente, la (Ley 34/ 2002 de 11 de julio), de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (BOE de 12 de julio) supone un importante avance en la regulación del comercio electrónico en España y va a fomentar la implantación y utilización generalizada de Internet y del comercio electrónico, al equiparar jurídicamente las operaciones que se realizan en el mundo real y las que se realizan en el mundo virtual.