ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El 5 de junio de 2024 se firma el Convenio Marco de Cooperación entre el Instituto Canario de la Vivienda y el Cabildo Insular de Lanzarote para la realización de actuaciones en materia de vivienda, en ejecución del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 (BOC n.º 121, de 21.6.2024).
La cláusula tercera del Convenio Marco firmado prevé la celebración de convenios específicos para la adquisición, construcción y rehabilitación de inmuebles, estableciendo consideraciones que han de cumplir los mismos.
Segundo.- El Cabildo Insular de Lanzarote propone al Instituto Canario de la Vivienda la cooperación entre ambas Administraciones públicas para la adquisición de una promoción de 42 viviendas en el municipio de Yaiza para destinarlas a alquiler asequible, en desarrollo del Convenio Marco de 5 de junio de 2024, y que la adquisición la realice el Cabildo, pero con la financiación de ambas administraciones, dada la imposibilidad de que el Cabildo afronte por sí solo la operación, cediéndose posteriormente la titularidad de dichas viviendas al Instituto para que las adjudique e incremente su parque público de viviendas protegidas de promoción pública.
Tercero.- Con fecha 16 de diciembre de 2024 se firma el Convenio específico de Cooperación entre el Instituto Canario de la Vivienda y el Cabildo Insular de Lanzarote, en adelante Convenio, para el incremento de la oferta pública de vivienda a través de la adquisición de 42 viviendas en el municipio de Yaiza destinadas a alquiler asequible en ejecución del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 (BOC n.º 3, de 7.1.2025).
Cuarto.- La actuación del citado Convenio consiste en:
La adquisición por parte del Cabildo Insular de Lanzarote de 42 viviendas, en el municipio de Yaiza para destinarlas a alquiler asequible.
Tras la adquisición por el Cabildo Insular de Lanzarote, y una vez conste la inscripción en el correspondiente Registro de la Propiedad de la escritura de obra nueva y división horizontal, aquel cederá la titularidad de las viviendas al Instituto Canario de la Vivienda, al objeto de incrementar su parque público de viviendas protegidas, correspondiendo a este su adjudicación, gestión, conservación y mantenimiento.
Quinto.- Una vez finalizadas las obras de las viviendas, la titularidad de las mismas ha sido cedida por parte del Cabildo al Instituto Canario de la Vivienda.
Sexto.- Procede iniciar el procedimiento de adjudicación, determinando las viviendas objeto de la misma, su distribución por cupos, los requisitos de participación, el plazo de presentación de solicitudes, la documentación exigible y las restantes condiciones aplicables.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El artículo 42 de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, impone la tramitación de un procedimiento reglado para la adjudicación de viviendas protegidas de promoción pública. El artículo 47 de la misma ley establece que dicha adjudicación deberá efectuarse con sujeción a los principios de justicia, equidad y solidaridad, de forma que prevalezca el acceso a las mismas de las familias más necesitadas.
Segundo.- El Decreto 23/2026, de 9 de marzo, por el que se regula la inscripción y funcionamiento del Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias, así como el régimen de adjudicación de viviendas protegidas de promoción pública y sus anejos no vinculados, establece el régimen jurídico aplicable a esta adjudicación, en particular por lo que respecta a los requisitos de acceso, la necesidad de vivienda, los cupos de reserva, los límites de ingresos y patrimonio, la baremación, la adecuación de viviendas, el procedimiento, la documentación, la lista de reserva y la publicidad de los actos administrativos.
Tercero.- Conforme al artículo 34 del Decreto 23/2026, el inicio del procedimiento se realizará mediante la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y en el del ayuntamiento en cuyo término municipal se encuentre la promoción, sin perjuicio de su difusión por otros medios.
Cuarto.- El artículo 21 del citado Decreto establece los requisitos generales que deben reunir las personas solicitantes; el artículo 22 regula las situaciones de necesidad de vivienda; el artículo 24, los requisitos de los cupos especiales; el artículo 25, la distribución de viviendas por cupos; el artículo 30, los límites de ingresos para las viviendas de régimen general, y el artículo 31, los límites patrimoniales.
Quinto.- De conformidad con el artículo 4 del Decreto 23/2026, la adjudicación deberá respetar los criterios de adecuación entre las características de las viviendas y la composición de la unidad familiar o de convivencia, en particular en cuanto al número de dormitorios, la accesibilidad y las circunstancias personales de sus integrantes.
Sexto.- Corresponde a la persona titular de la Dirección del Instituto Canario de la Vivienda iniciar, instruir y resolver este procedimiento, de conformidad con el citado artículo 34 y con el artículo 10 del Decreto 152/2008, de 7 de julio, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Canario de la Vivienda.
En virtud de lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.1.a) del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias, y a propuesta de la Jefa de Servicio de la Asesoría Técnica de Adjudicación (p.s., el Jefe de Servicio de Promoción Pública Las Palmas, Resolución n.º 3038, de 20.9.2023), esta Dirección
RESUELVE:
Primero.- Inicio del procedimiento.
Iniciar el procedimiento para la adjudicación de la promoción denominada “42 viviendas de Yaiza-Urbanización Montaña Roja. Playa Blanca”, integrada por 42 viviendas protegidas de promoción pública en régimen general y modalidad de arrendamiento, así como sus correspondientes garajes vinculados, situada en Playa Blanca, término municipal de Yaiza, isla de Lanzarote.
Segundo.- Características de las viviendas.
Las características de las viviendas que integran la promoción, así como de sus respectivos garajes vinculados son las que se relacionan en el anexo a esta Resolución.
Tercero.- Distribución por cupos.
De conformidad con el artículo 25 del Decreto 23/2026, y atendiendo al número de viviendas de la promoción, la distribución por cupos será la siguiente:
Las viviendas de cupos especiales que queden vacantes por falta de solicitantes que cumplan los requisitos exigidos se incorporarán al cupo general, conforme al artículo 25.5 del Decreto 23/2026, excepto en el caso de las viviendas adaptadas para personas con discapacidad con limitaciones graves o completas de movilidad que requieran el uso permanente de silla de ruedas u otros dispositivos técnicos de apoyo para la deambulación.
Cuarto.- Régimen de acceso y destino.
El acceso se efectuará mediante contrato de arrendamiento, dentro del régimen general de vivienda protegida de promoción pública. Las viviendas deberán destinarse a domicilio habitual y permanente de la unidad familiar o de convivencia adjudicataria, sin que puedan dedicarse a segunda residencia, alojamiento temporal, actividad económica incompatible con el uso residencial o cualquier otra finalidad distinta.
Las personas adjudicatarias quedarán sujetas a las condiciones, obligaciones y causas de extinción previstas en la normativa de vivienda protegida y en el correspondiente contrato de arrendamiento, cuya renta inicial, cantidades asimiladas, gastos repercutibles, fianza y, en su caso, ayudas o bonificaciones se determinarán conforme a dicha normativa.
Quinto.- Personas que pueden participar.
Podrán participar las personas físicas que, individualmente o como integrantes de una unidad familiar o de convivencia, reúnan los requisitos generales del artículo 21 del Decreto 23/2026 y, en su caso, los específicos del cupo por el que pretendan participar.
La persona representante de la unidad familiar o de convivencia presentará la solicitud, sin perjuicio de las declaraciones, autorizaciones y obligaciones que correspondan al resto de sus integrantes. La inscripción en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias es requisito necesario para participar, aunque por sí sola no determina el derecho a la adjudicación, que quedará condicionada al cumplimiento de todos los requisitos exigibles, a la adecuación de la vivienda a la unidad familiar, al orden resultante de la baremación y a la disponibilidad dentro del cupo correspondiente.
Sexto.- Requisitos generales.
Las personas participantes deberán cumplir los requisitos del artículo 21 del Decreto 23/2026, entre ellos:
a) Tener la mayoría de edad o la condición de persona menor emancipada.
b) Estar inscritas en el Registro Público de Demandantes en la fecha exigida en esta Resolución.
c) Residir en la Comunidad Autónoma de Canarias y acreditar una residencia ininterrumpida de al menos doce años, o bien de quince años si la residencia ha sido interrumpida.
d) Residir o trabajar ininterrumpidamente en el municipio de Yaiza, con al menos cinco años de antelación a la fecha de publicación del procedimiento de adjudicación.
Este requisito no será exigible en los supuestos de víctimas de violencia de género cuando la situación de violencia haya imposibilitado su permanencia en el municipio de residencia habitual y permanente en el momento de la solicitud de participación en el procedimiento.
Tampoco será exigible la continuidad en el citado periodo de cinco años a aquellas unidades familiares o de convivencia que, en el momento de publicarse el inicio del procedimiento de adjudicación, se encuentren en una solución habitacional temporal, concedida por una Administración Pública, cuya duración no exceda de doce meses, o de veinticuatro meses en caso de prórroga. En estos supuestos, se computará a efectos del requisito temporal el periodo previamente residido en el municipio antes del traslado motivado por una necesidad urgente, siempre que la solución habitacional temporal constituya la única interrupción en dicho periodo.
En el caso de personas emigrantes retornadas, se estará a lo dispuesto en el artículo 24.3.b) del presente Decreto.
e) Encontrarse en alguno de los supuestos de necesidad de vivienda del artículo 22 del Decreto 23/2026.
f) Cumplir los límites de ingresos aplicables al régimen general.
g) Cumplir los límites patrimoniales establecidos reglamentariamente.
h) No incurrir en ninguna causa de exclusión del acceso a vivienda protegida de promoción pública.
i) Cumplir los demás requisitos de la normativa aplicable.
Séptimo.- Requisitos específicos de los cupos.
Quienes participen por un cupo específico deberán acreditar, además de los requisitos generales, la condición exigida por el artículo 24 del Decreto 23/2026:
a) Situación de limitación, movilidad o comunicación reducida.
b) Condición de víctima de violencia de género.
c) Edad de hasta 35 años.
d) Edad de 65 años o más.
e) Condición de emigrante retornado.
Estas circunstancias deberán concurrir en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, sin perjuicio de la regulación específica de cada situación.
Octavo.- Necesidad de vivienda.
La participación requiere que concurra alguno de los supuestos de necesidad de vivienda del artículo 22 del Decreto 23/2026, que deberá declararse en la solicitud y podrá comprobarse mediante consulta de datos o requerimiento de documentación. La inscripción en el Registro Público de Demandantes no exime de acreditar, cuando proceda, dicha necesidad.
Noveno.- Límite de ingresos y ejercicio fiscal de referencia.
Al tratarse de viviendas de régimen general, los ingresos de la unidad familiar o de convivencia, correspondientes a todas las personas que la integran, deberán cumplir los límites establecidos en este apartado. El cálculo de dichos ingresos se realizará de acuerdo con los criterios previstos en los artículos 3 y 30 del Decreto 23/2026.
En cuanto al límite mínimo de ingresos, la unidad familiar o de convivencia deberá alcanzar, al menos, los siguientes importes, expresados en múltiplos del IPREM anual referido a catorce pagas, en función del número de personas que la integren:
Asimismo, con carácter general, los ingresos de la unidad familiar o de convivencia no podrán superar 5 veces el IPREM anual referido a catorce pagas.
No obstante, este límite máximo podrá alcanzar 6 veces el IPREM en los supuestos excepcionales previstos en el artículo 30 del Decreto 23/2026, entre ellos, las unidades familiares que acrediten la condición de familia numerosa de categoría especial o determinadas situaciones de discapacidad, en los términos establecidos en dicho precepto.
A efectos de comprobar el cumplimiento de los límites de ingresos y límite patrimonial previstos en la presente Resolución, se tomará como referencia el ejercicio fiscal 2025.
Décimo.- Límite patrimonial.
De conformidad con el artículo 31 del Decreto 23/2026, el patrimonio de la unidad familiar o de convivencia -valorado respecto de todas sus personas integrantes- no podrá superar el 50% del precio máximo de venta de una vivienda protegida de 68 m² de promoción privada, situada en isla capitalina y de tipología de edificio de vivienda colectiva, calculado conforme al Decreto ley 24/2020, de 23 de diciembre, o norma que lo sustituya, y referido al momento de publicación del anuncio de inicio del procedimiento.
Undécimo.- Fechas de referencia.
A efectos de la participación:
a) La inscripción en el Registro Público de Demandantes deberá concurrir en la fecha de finalización del plazo de solicitudes.
b) Los requisitos específicos de los cupos deberán concurrir en esa misma fecha.
c) Las circunstancias objeto de baremación serán las existentes en esa fecha.
d) Los ingresos y el patrimonio se valorarán conforme al ejercicio fiscal indicado en el apartado noveno.
Duodécimo.- Baremación.
Cuando el número de personas solicitantes que cumplan los requisitos supere el de viviendas disponibles en el cupo correspondiente, la adjudicación se realizará mediante el sistema de baremación del Anexo II del Decreto 23/2026, atendiendo a las circunstancias sociales, económicas, familiares, personales y de necesidad de vivienda de cada unidad familiar o de convivencia.
Decimotercero.- Adecuación de las viviendas.
La adjudicación respetará los criterios de adecuación del artículo 4 del Decreto 23/2026, según la composición de la unidad familiar, el número de dormitorios, la accesibilidad y, en su caso, las necesidades específicas de sus integrantes. La puntuación obtenida no implica ni garantiza la adjudicación de una vivienda concreta.
Decimocuarto.- Criterios de desempate.
En caso de empate se aplicarán los criterios del Decreto 23/2026 y de su Anexo II de baremación; si persistiera, se aplicará el mecanismo objetivo de desempate que corresponda conforme a la normativa aplicable y a la resolución que apruebe la lista definitiva de personas adjudicatarias.
Decimoquinto.- Órgano competente.
La instrucción y resolución del procedimiento corresponden a la persona titular de la Dirección del Instituto Canario de la Vivienda, sin perjuicio de las competencias de otros órganos y de los informes o comprobaciones que deban emitirse durante la tramitación.
Decimosexto.- Publicidad, notificaciones y comunicaciones.
Los actos del procedimiento se notificarán mediante publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Gobierno de Canarias: https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/destacados_menu_home/tablon_anuncios. Sin perjuicio de ello, podrá difundirse también en el tablón del Ayuntamiento de Yaiza o por otros medios adecuados.
A efectos de notificación se atenderá a la fecha de publicación en el tablón del Gobierno de Canarias. Las personas solicitantes deberán consultar periódicamente dicho tablón; los avisos remitidos por correo electrónico u otro medio tendrán carácter meramente informativo y no sustituirán la publicación cuando esta sea el medio legal de notificación.
Esta Resolución producirá efectos desde el día de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, fecha a partir de la cual se computará el plazo de presentación de solicitudes previsto en el apartado decimoctavo.
Decimoséptimo.- Lista de reserva.
La lista de reserva estará integrada por 42 personas, conforme al orden de prelación resultante de la baremación. La inclusión en ella no garantiza la adjudicación: las personas incluidas podrán ser llamadas, por orden de prelación, para cubrir vacantes, renuncias, pérdidas de eficacia de adjudicaciones u otros supuestos previstos en la normativa aplicable.
Decimoctavo.- Plazo de presentación de solicitudes.
La persona representante de la unidad familiar o de convivencia deberá presentar la solicitud en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de Canarias. Cuando el último día sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente, conforme a las reglas de cómputo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Decimonoveno.- Presentación de solicitudes.
Las solicitudes se presentarán conforme al modelo normalizado disponible en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el trámite específico habilitado para esta convocatoria https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/10175. También podrán presentarse por cualquiera de los medios del artículo 16.4 de la Ley 39/2015.
Vigésimo.- Consulta de datos.
La presentación de la solicitud implica la autorización para que la Administración consulte los datos y documentos necesarios para comprobar el cumplimiento de los requisitos, cuando obren en poder de otras Administraciones públicas y la normativa lo permita. Cuando alguna persona integrante se oponga expresamente a la consulta, o se requiera autorización expresa, deberá aportar la documentación acreditativa correspondiente. El modelo de solicitud permitirá formular estas autorizaciones u oposiciones, en particular respecto de datos tributarios, patrimoniales, de prestaciones, de residencia y demás circunstancias exigibles.
Vigesimoprimero.- Documentación a presentar junto con la solicitud.
Anexo de autorizaciones u oposiciones a la consulta de datos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración, según corresponda, de todas las personas integrantes de la unidad familiar o de convivencia mayores de edad, en su caso, que estará disponible en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el trámite específico habilitado para la convocatoria.
En el supuesto de falta de autorización u oposición expresa por parte de algún miembro de unidad familiar o de convivencia mayores de edad para la consulta de datos sobre los ingresos o sobre el patrimonio de la unidad familiar o de convivencia, se deberá aportar la siguiente documentación:
1) Certificado de la renta del ejercicio fiscal 2025, con código seguro de verificación, expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), para todos los miembros de la unidad familiar que no hayan autorizado, sobre los siguientes extremos:
1.1) Para personas con obligación de presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y aquellas que, sin tener obligación, la hayan realizado, las bases imponibles, general y de ahorro, las deducciones aplicadas a los rendimientos del trabajo y, en su caso, las posibles rentas exentas.
1.2) En el supuesto de personas que no tengan obligación de presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se aportarán los certificados negativos de renta, que incluyan las imputaciones que le constan a la AEAT.
2) Certificado de prestaciones percibidas de la Seguridad Social, en el caso de que la base imponible general y del ahorro de la declaración del IRPF sea cero o negativa.
3) Declaración responsable de ingresos percibidos por todos los miembros de la unidad de convivencia en el año fiscal 2025, con expresión de la fuente u origen de dichos ingresos, en el caso de que los certificados anteriores no contemplen los datos económicos correspondientes.
4) Certificación catastral de los bienes inmuebles de las personas integrantes de la unidad familiar o de convivencia que no hayan autorizado la consulta.
Vigesimosegundo.- Subsanación y comprobación.
Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos o no se acompaña de la documentación necesaria, se requerirá su subsanación en el plazo indicado, conforme al artículo 68 de la Ley 39/2015 y al Decreto 23/2026. La falta de subsanación podrá dar lugar, previa resolución, a que se tenga por desistida a la persona interesada o a su exclusión del procedimiento cuando afecte a requisitos esenciales.
Con posterioridad, se podrá requerir aquella documentación relativa a los datos y circunstancias específicas declaradas en la solicitud por la unidad familiar, tal como recoge el artículo 39 del Decreto 23/2026, de 9 de marzo. No se requerirá aquella documentación que ya obre en el expediente.
La documentación requerida será aportada en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente a la notificación del requerimiento. La no aportación por parte de la persona interesada de la citada documentación en plazo determinará que se le tenga por desistida del procedimiento de adjudicación, previa resolución.
La documentación acreditativa será la enumerada en el artículo 47 del Decreto 23/2026, de 9 de marzo. No obstante, se podrá exigir cualquier otra documentación que fuera preceptiva por la normativa vigente en el momento en que se inicie el procedimiento de adjudicación.
Vigesimotercero.- Protección de datos personales.
Los datos aportados por las personas solicitantes serán tratados por el Instituto Canario de la Vivienda para gestionar el procedimiento, comprobar el cumplimiento de los requisitos y ejercer las competencias que le atribuye la normativa de vivienda protegida, con arreglo al Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (RGPD), y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Las personas interesadas podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad en los términos previstos en dicha normativa y en el modelo de solicitud.
Vigesimocuarto.- Recursos.
Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Presidencia del Instituto Canario de la Vivienda, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, conforme a los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 y al artículo 21.2 del Decreto 152/2008. El recurso podrá presentarse ante el órgano que dictó el acto o ante el competente para resolverlo, sin perjuicio de cualquier otro que las personas interesadas estimen procedente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de octubre de 2026.- La Directora, María del Pino de León Hernández.
ANEXO
VIVIENDAS Y ANEJOS VINCULADOS
PROMOCIÓN: 42 VIVIENDAS Y GARAJES EN YAIZA-UBANIZACIÓN MONTAÑA ROJA.
PLAYA BLANCA
© Gobierno de Canarias