ANTECEDENTES DE HECHO
1.º) Solicitudes.
Con fecha 6 de marzo de 2026 y n.º de registro 493644/2026, la entidad Unión Eléctrica de Canarias Generación, S.A.U., en adelante UECG, presenta solicitud de autorización administrativa del proyecto de instalación “Central Térmica de Barranco de Tirajana actuaciones extensión de vida útil turbinas de gas G2B, TG3B y TG4B” en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, asignándose el número de expediente GE26/002.
Con fecha 26 de marzo de 2026 y n.º de registro 647973/2026, Unión Eléctrica de Canarias Generación, S.A.U. solicita la Declaración de Interés General.
2.º) Antecedentes.
La Central Térmica de Barranco de Tirajana, ubicada en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), cuenta con varios grupos generadores, entre los que se encuentran las turbinas de gas G2B (Barranco de Tirajana 2, Gas 2), TG3B (Barranco de Tirajana 5, Gas 3 CC 1) y TG4B (Barranco de Tirajana 6, Gas 4 CC 1), inscritas en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica (RAIPEE) con los códigos RO2-0090, RO1-1051 y RO1-1052, respectivamente, y potencias netas de 32,34 MW (G2B) y 68,7 MW (TG3B y TG4B).
El proyecto se enmarca en la Resolución de 21 de junio de 2024 de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se convocó el procedimiento de concurrencia competitiva para el otorgamiento de la resolución favorable de compatibilidad a efectos del reconocimiento del régimen retributivo adicional para los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares. Mediante Resolución de 3 de febrero de 2026, de la Dirección General de Política Energética y Minas, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 24 de febrero de 2026, el proyecto obtuvo resolución favorable de compatibilidad, identificados como proyectos CA.063, CA.006 y CA.005.
3.º) Descripción de las instalaciones proyectadas.
El proyecto consiste en la ejecución de las actuaciones necesarias para la extensión de vida útil de las turbinas de gas G2B, TG3B y TG4B de la Central Térmica de Barranco de Tirajana.
La actuación proyectada tiene por objeto garantizar la operación fiable a largo plazo de los grupos generadores, mediante la sustitución y renovación de equipos internos de las turbinas, sin incremento de la potencia eléctrica ni de la potencia térmica de la central, y sin cambios en el combustible utilizado. En concreto, el proyecto contempla las siguientes actuaciones principales:
Turbina de gas G2B:
• Sustitución del rotor de la turbina de gas y de los álabes rotóricos de turbina (HGP Vanes, Blades and Shrouds), mediante sustitución equivalente Replacement in Kind (RIK).
• Sustitución del motor de arranque.
• Sustitución del sistema de control.
Ciclo combinado Barranco I (TG3B y TG4B):
• Modificación de compresores (sustitución de álabes por otros de nuevo y mejorado diseño mecánico).
• Incorporación del sistema Purge Credit (reducción del tiempo de arranque mediante nuevo sistema de purga).
• Incorporación del sistema MEL (Minimum Environmental Load, reducción de la carga mínima medioambiental).
• Mejora del sistema de limpieza del compresor (GEN II Compressor cleaning).
• Instalación de nuevo embarrado de 6 kV en la subestación eléctrica existente.
• Actualización del sistema de control de la turbina de gas a la versión MARK VIe.
• Sustitución de la reductora principal en TG3B.
4.º) Información pública.
Mediante anuncio de la Dirección General de Energía, de fecha 6 de abril de 2026, publicado en el Boletín Oficial de Canarias n.º 79, de 24 de abril de 2026, así como en la sede electrónica de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, se sometió a información pública, durante el plazo de 30 días contados a partir del siguiente al de su publicación, el expediente relativo a la autorización administrativa de referencia, con el fin de que cualquier persona física o jurídica pudiera consultarlo, resumiéndose a continuación las alegaciones recibidas:
4.1. Disa Generación, S.L.U.
Con fecha 8 de junio de 2026 y n.º de registro 1231733/2026, Disa Generación, S.L.U. presenta alegaciones basadas en los siguientes puntos:
• Se solicita el reconocimiento de la condición de interesada en el expediente, con acceso íntegro al mismo y notificación de todos los actos que puedan afectar a sus derechos e intereses legítimos.
• Se solicita la suspensión del procedimiento de autorización administrativa autonómica hasta la resolución del recurso de alzada interpuesto por Disa contra la Resolución del Procedimiento de Concurrencia Competitiva (PCC) estatal.
• Se solicita que no se autorice el proyecto mientras no quede acreditado, de forma expresa y motivada, que no consolida la posición dominante de Unelco-Endesa ni vulnera el límite del 40% previsto en la Ley 17/2013 y el Real Decreto 738/2015.
• Se solicita requerir e incorporar al expediente un informe actualizado del Operador del Sistema (Red Eléctrica de España) y de la CNMC sobre el impacto competitivo y la eficiencia de la inversión.
• Se solicita valorar expresamente la compatibilidad del proyecto con la Autorización Ambiental Integrada (AAI) y los objetivos de descarbonización de Canarias, así como la eficiencia eléctrica neta real de los equipos y las pruebas de rendimiento realizadas.
• Se solicita denegar la autorización si no quedan acreditados los extremos anteriores (posición dominante, informes, compatibilidad ambiental, eficiencia, etc.).
4.2. Recurso de alzada de Disa en el procedimiento estatal.
Disa ha aportado y refiere en sus alegaciones la interposición de un recurso de alzada contra la Resolución de 3 de febrero de 2026, dictada en el procedimiento estatal de concurrencia competitiva. El recurso cuestiona aspectos relativos a la valoración de proyectos, criterios técnicos y económicos, límite del 40 por ciento, posición del operador dominante, extensión de vida útil y factores de eficiencia, sostenibilidad y competencia.
El objeto del presente expediente no es revisar aquella resolución estatal ni resolver el recurso de alzada, sino pronunciarse sobre la autorización administrativa de las actuaciones proyectadas en las G2B, TG3B y TG4B, dentro del ámbito competencial propio de la Comunidad Autónoma de Canarias.
4.3. Datos relevantes del procedimiento estatal respecto al sistema de Gran Canaria.
- La convocatoria estatal estableció para el sistema Gran Canaria una potencia total de 300 MW.
- En consecuencia, la adjudicación se limitaba a ordenar todas las solicitudes por puntuación técnico-económica.
- En Gran Canaria Disa presentó solicitud.
4.4. Traslado al promotor y respuesta de UECG.
El 12 de junio de 2026 se dio traslado de las alegaciones a UECG. Con fecha 23 de junio de 2026 y n.º de registro 1358024/2026, UECG remite la respuesta a las alegaciones presentadas por Disa Generación, S.L.U.:
• Sobre la suspensión del procedimiento autonómico hasta la resolución del recurso de alzada contra la Resolución del PCC estatal, UECG contesta que se opone expresamente a la suspensión, argumentando que el expediente autonómico es independiente del PCC estatal y que la existencia de recursos en el ámbito estatal no justifica su paralización. La normativa vigente (Decreto 141/2009 y Ley 39/2015) no prevé suspensión automática por la pendencia de recursos en otros procedimientos, siendo la celeridad administrativa esencial para garantizar la seguridad de suministro y el interés general.
• Sobre la verificación del cumplimiento del límite del 40% de potencia instalada por el operador dominante, UECG contesta que la cuestión relativa a la posición dominante y al límite del 40% ya ha sido valorada y resuelta en el procedimiento estatal del PCC, con intervención de la CNMC y del Operador del Sistema. No corresponde a la Administración autonómica reabrir este debate ni condicionar la autorización autonómica a la resolución de recursos pendientes en el ámbito estatal.
• Respecto a la necesidad de nuevos informes del Operador del Sistema y de la CNMC, UECG contesta que no procede solicitar nuevos informes, dado que los preceptivos fueron recabados en el marco del PCC estatal y resultaron favorables o sin oposición. No procede duplicar informes ni condicionar la autorización autonómica a nuevos pronunciamientos ya resueltos.
• Sobre la coordinación con la Autorización Ambiental Integrada (AAI) y la posible fragmentación administrativa, UECG contesta que la modificación solicitada es no sustancial y no requiere nueva evaluación ambiental, al no existir incremento de potencia ni cambio de combustible. La AAI vigente (Resolución n.º 67/2026) resulta suficiente, y se ha coordinado el expediente eléctrico con el órgano ambiental competente conforme a la Ley 21/2013 y la normativa sectorial aplicable.
• En relación con la compatibilidad del proyecto con los objetivos de descarbonización y eficiencia energética, UECG contesta que el proyecto es compatible con dichos objetivos, al no implicar incremento de emisiones ni cambio de combustible, consistiendo la actuación en la renovación de componentes para mantener la eficiencia y fiabilidad de la turbina.
• Sobre la posible denegación de la autorización si no se acreditan los extremos anteriores, UECG contesta que todos los requisitos legales, técnicos y ambientales han sido verificados y acreditados en el expediente, no existiendo motivo legal para denegar la autorización solicitada.
5.º) Informes solicitados y respuestas recibidas.
Durante la tramitación del expediente, se ha solicitado la emisión de informe a las siguientes Administraciones, Organismos y empresas:
5.1. Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana: con fecha 6 de abril de 2026 se solicita emisión de informe en un plazo máximo de 20 días mediante oficio con n.º de registro 269688/2026, constando acuse de recibo con fecha 7 de abril de 2026, sin que se haya recibido respuesta.
5.2. Cabildo Insular de Gran Canaria: con fecha 6 de abril de 2026 se solicita emisión de informe en un plazo máximo de 20 días mediante oficio con n.º de registro 269693/2026, constando acuse de recibo con fecha 7 de abril de 2026, sin que se haya recibido respuesta.
5.3. Red Eléctrica de España, Operador del Sistema: con fecha 6 de abril de 2026 se solicita emisión de informe en un plazo máximo de 20 días mediante oficio con n.º de registro 269699/2026, constando acuse de recibo con fecha 7 de abril de 2026, sin que se haya recibido respuesta.
5.4. Red Eléctrica de España, Departamento de Transporte: con fecha 4 de mayo de 2026 y n.º de registro 933669/2026 remite informe:
• Comunicando que no presenta oposición al mismo al no existir afecciones a instalaciones titularidad de Red Eléctrica.
Con fecha 18 de mayo de 2026 y n.º de registro 1052514/2026 se recibe respuesta al informe por parte UECG concluyendo:
• Tomando conocimiento de la no oposición de REE, al no existir afecciones a instalaciones de su titularidad.
Por todo ello, se constata la no oposición de REE al procedimiento de autorización administrativa.
5.5. Dirección General de Calidad Ambiental-Servicio de Prevención y Control de la Contaminación: con fecha 15 de abril de 2026 y n.º de registro interno 126163/2026 remite informe indicando que el proyecto no está sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario, por lo que se trata de una modificación no sustancial de la instalación y deberá seguir la tramitación prevista en el artículo 10.2 del TRLPCIC, realizando la pertinente comunicación a esta Dirección General de Calidad Ambiental, como órgano competente en materia de autorizaciones ambientales integradas.
Con fecha 5 de mayo de 2026 y n.º de registro 949828/2026 se recibe respuesta al informe por parte UECG, en la que manifiesta que, en el supuesto de tratarse de una modificación no sustancial de la instalación y resultar de aplicación la tramitación prevista en el artículo 10.2 del TRLPCIC, solicita continuar con la tramitación del procedimiento.
6.º) Declaración de Interés General.
En fecha 26 de marzo de 2026, UECG presenta solicitud motivada de declaración de interés general de las instalaciones proyectadas.
Apreciadas las razones de excepcional interés existentes para la ejecución de las instalaciones, la Consejería de Transición Ecológica y Energía emite con fecha 26 de mayo de 2026 la Orden n.º 196/2026, de Declaración de Interés General de las instalaciones, de conformidad con el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario.
7.º) Consultas al Ayuntamiento y Cabildo afectados de conformidad con el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario.
La Orden n.º 196/2026, de 26 de mayo, por la que se declara el interés general de las instalaciones proyectadas, es trasladada al Cabildo Insular de Gran Canaria y al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, concediéndoles un plazo de un mes, de conformidad con el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario, a los efectos de que informen sobre la conformidad o disconformidad del proyecto con el planeamiento territorial o urbanístico en vigor, haciéndoles saber que, transcurrido dicho plazo se entenderá evacuado el trámite y se continuará el procedimiento. Habiéndose obtenido las siguientes respuestas:
7.1. Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana: mediante oficio con fecha 5 de junio de 2026 y n.º de registro 475657/2026, se solicita emisión de informe en un plazo máximo de un mes, constando acuse de recibo de la misma fecha, sin que se haya recibido respuesta.
7.2. Cabildo Insular de Gran Canaria: mediante oficio con fecha 5 de junio de 2026 y n.º de registro 475664/2026, se solicita emisión de informe en un plazo máximo de un mes, constando acuse de recibo de la misma fecha, sin que se haya recibido respuesta.
8.º) Evaluación ambiental.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.2.c) de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, UECG presentó el proyecto y el documento justificativo de la no necesidad de someter el proyecto a evaluación ambiental.
Con fecha 21 de mayo de 2026, la Dirección General de Calidad Ambiental emitió informe en el que se concluye que dicha actuación no conlleva modificaciones que impliquen cambios significativos en la emisión de contaminantes, o en los impactos derivados de su fase operativa, respecto al proyecto original que cuenta con sucesivas declaraciones de impacto ambiental y Autorización Ambiental Integrada reciente.
Por todo ello, se considera que la evaluación realizada por el promotor es adecuada a las características del proyecto y que las actuaciones previstas no se encuentran entre los supuestos por los que deba ser sometido a evaluación de impacto ambiental simplificada, según lo establecido en el artículo 7.2.c) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
I. La ejecución de las instalaciones contempladas en el expediente de referencia requiere de autorización administrativa de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Reglamento, por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias, aprobado por el Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, y en el resto de normativa vigente, en particular la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades del transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, y el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
II. En relación con la garantía del suministro de energía, la normativa vigente vela por que todos los ciudadanos tengan acceso a dicho suministro en condiciones satisfactorias, garantizando que tal servicio cuente con los parámetros de calidad necesarios para que el usuario final pueda utilizar la energía en las condiciones adecuadas a sus necesidades o las de sus instalaciones, contribuyendo las instalaciones proyectadas a la consecución de tal objetivo por su contribución a la cobertura de la demanda.
III. De conformidad con la Ley 17/2013, de 29 de octubre, para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, y el Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica y el procedimiento de despacho en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, mediante Resolución de 21 de junio de 2024, de la Secretaría de Estado de Energía, se convocó el procedimiento de concurrencia competitiva para el otorgamiento de la resolución favorable de compatibilidad a efectos del reconocimiento del régimen retributivo adicional para los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares.
Posteriormente, mediante Resolución de 3 de febrero de 2026, de la Dirección General de Política Energética y Minas, se resolvió el procedimiento de concurrencia competitiva para el otorgamiento de la resolución favorable de compatibilidad a efectos del reconocimiento del régimen retributivo adicional para los territorios no peninsulares de Canarias, Ceuta y Melilla y los subsistemas eléctricos de Mallorca y Menorca.
IV. De conformidad con el artículo 3 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, es competencia de la Administración General del Estado determinar, en el ámbito de su competencia, las medidas necesarias para garantizar el suministro de energía eléctrica.
V. Respecto a las alegaciones formuladas por Disa Generación, S.L.U:
1.º) Sobre la solicitud de reconocimiento de la condición de interesada de Disa.
De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ostentan la condición de interesados quienes sean titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte. En el presente supuesto, el objeto del procedimiento se circunscribe a la autorización administrativa para la ejecución de actuaciones de renovación y extensión de vida útil de los grupos de turbinas de gas G2B (Barranco de Tirajana 2, Gas 2), TG3B (Barranco de Tirajana 5, Gas 3 CC 1) y TG4B (Barranco de Tirajana 6, Gas 4 CC 1), sin que se produzca un incremento de la potencia eléctrica ni de la potencia térmica de la central, y sin cambios en el combustible utilizado. En principio, una actuación de mantenimiento y mejora técnica sobre una instalación preexistente no genera una afectación directa y singular en la esfera jurídica de terceros operadores. No obstante, para determinar la existencia de un interés legítimo, este centro directivo debe atender a la doctrina fijada, entre otras, en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (ROJ: STSJ Madrid 11555/2025), que recuerda que:
«... ese concreto y específico interés legítimo que vincula al recurrente con la actividad objeto de impugnación, no resulta exigible... en algunos ámbitos sectoriales de la actividad administrativa... Es lo que se denomina “acción popular” en el artículo 19.1.h) de la Ley de esta jurisdicción... con la finalidad de “(r)obustecer e incrementar la protección de determinados valores especialmente sensibles”». Si bien no nos hallamos ante un supuesto de acción pública, la jurisprudencia constitucional y administrativa exige una interpretación del concepto de “interés legítimo” bajo el prisma del principio pro actione. Como señala el Artículo único de la Sentencia 146/2016 del Tribunal Constitucional, las decisiones que impiden el acceso a un procedimiento o recurso deben evitar interpretaciones “... rigoristas, excesivamente formalistas o desproporcionadas en relación con los fines que preservan y los intereses que se sacrifican...”.
En este contexto, Disa Generación, S.L.U. fundamenta su intervención en su condición de competidor en el mercado eléctrico canario y, muy especialmente, en su participación en el Procedimiento de Concurrencia Competitiva (PCC) estatal, donde los proyectos CA.063, CA.006 y CA.005 (objeto de esta autorización) resultaron adjudicatarios de un régimen retributivo adicional. La existencia de un recurso de alzada interpuesto por la alegante contra dicha resolución estatal evidencia que, para DISA, la continuidad operativa de estos grupos generadores no es una cuestión neutra, sino que incide en la configuración competitiva y económica del sistema en el que opera.
Por tanto, este centro directivo considera que, aunque el interés de Disa no deriva de una lesión directa a un derecho subjetivo por la mera sustitución y renovación de componentes técnicos, sí existe un interés legítimo de carácter instrumental y procedimental. Este interés se justifica en la necesidad de garantizar que la ejecución de un proyecto que cuenta con una resolución favorable de compatibilidad estatal se ajuste estrictamente a la legalidad sectorial y ambiental autonómica.
En consecuencia, se reconoce a Disa Generación, S.L.U. la condición de persona interesada, si bien con un alcance limitado a las facultades de control de la legalidad del procedimiento y acceso a la información. Este reconocimiento “ad cautelam” tiene por objeto dotar al procedimiento de la máxima transparencia y seguridad jurídica, sin que ello implique que la entidad alegante pueda pretender que este expediente autonómico se convierta en una instancia de revisión de decisiones que competen exclusivamente a la Administración General del Estado o a los órganos de defensa de la competencia. El estatus de interesada le otorga el derecho a ser oída y a recibir una respuesta motivada, pero no altera el objeto reglado de la autorización administrativa ni valida la procedencia de sus pretensiones sustantivas, las cuales serán analizadas y, en su caso, desestimadas en los apartados siguientes por ser ajenas a la competencia de esta Dirección General.
2.º) Sobre la solicitud de suspensión.
La pendencia de un recurso de alzada contra la resolución estatal no determina la suspensión automática del procedimiento autonómico. No consta que la resolución favorable de compatibilidad haya sido suspendida ni que exista resolución administrativa o judicial que impida continuar la tramitación. En consecuencia, no concurre título jurídico que imponga la suspensión o el diferimiento solicitados.
3.º) Sobre el límite del 40 por ciento, la posición dominante y la resolución favorable de compatibilidad.
La verificación de los criterios relativos al régimen retributivo adicional, la resolución favorable de compatibilidad, el límite del 40 por ciento y la posición de los operadores corresponden a la Administración General del Estado en el procedimiento de concurrencia competitiva. En el expediente consta la resolución favorable de compatibilidad de 3 de febrero de 2026, que no figura suspendida.
La autorización administrativa autonómica no reconoce el régimen retributivo adicional ni revisa la resolución estatal. Su objeto se limita a la procedencia de autorizar la ejecución de las actuaciones proyectadas en una instalación existente. La sustitución y renovación de componentes internos de las G2B, TG3B Y TG4B, sin aumento de potencia ni cambio de combustible, es coherente con la configuración del proyecto como actuación de renovación y extensión de vida útil.
4.º) Referente a la exigencia de recabar nuevos informes del Operador del Sistema y de la CNMC.
Los informes del Operador del Sistema y de la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia a los que se refiere Disa son propios del procedimiento estatal de concurrencia competitiva. No tienen carácter preceptivo en este procedimiento autonómico para la autorización administrativa de la instalación.
Sin perjuicio de ello, se solicitó informe no preceptivo al Operador del Sistema, que no fue emitido en el plazo conferido. No procede, por tanto, condicionar la resolución del expediente a la incorporación de nuevos informes sobre extremos atribuidos al procedimiento estatal.
5.º) Sobre la coordinación con la Autorización Ambiental Integrada (AAI) y la posible fragmentación administrativa.
Consta informe de la Dirección General de Calidad Ambiental que califica la actuación como modificación no sustancial de la instalación y determina la tramitación procedente conforme al artículo 10.2 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. Asimismo, consta informe que descarta la necesidad de evaluación de impacto ambiental simplificada.
Por tanto, se ha dado intervención al órgano ambiental competente y se ha valorado la incidencia ambiental de la actuación. No se aprecia fragmentación administrativa invalidante, sin perjuicio de que el promotor cumpla las obligaciones exigibles en materia de autorización ambiental integrada.
6.º) Sobre la compatibilidad del proyecto con los objetivos de descarbonización y eficiencia energética.
El proyecto no comporta aumento de potencia eléctrica o térmica ni cambio de combustible, y no produce modificaciones significativas en emisiones o impactos operativos. Su finalidad es mantener la fiabilidad y disponibilidad de una instalación existente, en un contexto en el que la garantía del suministro tiene relevancia pública en los sistemas eléctricos insulares.
A la vista de la documentación técnica, de la resolución favorable de compatibilidad, de la declaración de interés general y de los informes ambientales emitidos, no se aprecia incompatibilidad de la actuación con los objetivos generales de transición energética, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones ambientales, de eficiencia, control de emisiones y seguimiento que resulten aplicables.
7.º) Finalmente, sobre la petición de denegación de la autorización si no se acreditan los extremos anteriores.
No concurre causa legal para denegar la autorización. Constan en el expediente la resolución favorable de compatibilidad estatal, la declaración de interés general, la conformidad presunta Cabildo Insular de Gran Canaria, la conformidad presunta del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, la ausencia de oposición de Red Eléctrica de España respecto de instalaciones de su titularidad y los informes ambientales favorables en los términos expuestos.
Procede, por tanto, desestimar las alegaciones de Disa en cuanto solicitan la suspensión, el diferimiento o la denegación de la autorización.
VI. Las actuaciones proyectadas no se encuentran entre los supuestos que deban someterse a evaluación de impacto ambiental simplificada, conforme a lo establecido en el artículo 7.2.c) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, de acuerdo con el informe emitido por la Dirección General de Calidad Ambiental con fecha 21 de mayo de 2026.
VII. La Orden n.º 196/2026, de 26 de mayo, del Consejero de Transición Ecológica y Energía, declara de interés general las obras necesarias para la ejecución de las instalaciones eléctricas de alta tensión del proyecto.
Al entenderse favorables los informes del Cabildo Insular de Gran Canaria y del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana por no haberse emitido dentro del plazo legalmente conferido, concurre el supuesto previsto en los apartados 4 y 7 del artículo 6 bis de la Ley 11/1997.
En consecuencia, la autorización territorial especial se entiende otorgada y queda subsumida en la presente autorización sustantiva. Esta autorización legitima por sí misma la ejecución de los actos de construcción, edificación y uso del suelo incluidos en el proyecto, sin necesidad de ningún otro instrumento de planificación territorial o urbanística y sin sujeción a licencia urbanística ni a cualquier otro acto de control preventivo municipal o insular, todo ello en los términos del artículo 6 bis de la Ley 11/1997.
VIII. El Decreto 1/2026, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Transición Ecológica y Energía y se crea y regula el Consejo para la transición energética de Canarias, establece que la Dirección General de Energía tiene atribuidas las competencias para la concesión de autorizaciones y la tramitación de comunicaciones previas y declaraciones responsables en materia energética, ejerciendo exclusivamente sobre las mismas las atribuciones sectoriales en materia de energía.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Primero.- Reconocer a Disa Generación, S.L.U. la condición de persona interesada en el presente procedimiento de autorización administrativa, por apreciarse la existencia de un interés legítimo directo y cualificado que pueda resultar afectado por la resolución de este expediente, sin perjuicio de tener por formuladas y contestadas sus alegaciones en el trámite de información pública.
Segundo.- Desestimar la solicitud de suspensión o diferimiento del procedimiento formulada por Disa Generación, S.L.U., por no concurrir título jurídico que imponga la suspensión del procedimiento autonómico por la pendencia del recurso de alzada frente a la resolución estatal del procedimiento de concurrencia competitiva.
Tercero.- Desestimar las restantes alegaciones de Disa Generación, S.L.U. en cuanto solicitan la denegación de la autorización, la paralización del expediente o la incorporación de nuevos informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o del Operador del Sistema como condición para resolver, por las razones expresadas en los fundamentos jurídicos de esta Resolución.
Cuarto.- Otorgar la autorización administrativa de las instalaciones contempladas en el proyecto denominado “Central Térmica de Barranco de Tirajana actuaciones extensión de vida útil turbinas de gas G2B, TG3B y TG4B”, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias, aprobado por el Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, y resto de normativa de aplicación.
Quinto.- Declarar que, a la vista de la conformidad presunta del Cabildo Insular de Gran Canaria y de la conformidad presunta del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, la autorización territorial especial regulada en el artículo 6 bis de la Ley 11/1997 se entiende otorgada y subsumida en la presente autorización sustantiva.
En consecuencia, la presente Resolución legitima por sí misma la ejecución de los actos de construcción, edificación y uso del suelo incluidos en el proyecto, sin necesidad de otro instrumento de planificación territorial o urbanística y sin sujeción a licencia urbanística ni a cualquier otro acto de control preventivo municipal o insular.
Sin perjuicio de lo anterior, esta autorización se concede sin perjuicio de la obtención de autorización, comunicación, informe, intervención o título habilitante exigible por la legislación vigente cuya competencia corresponda a otras Administraciones u organismos públicos.
Sexto.- El plazo máximo para presentar la solicitud de puesta en servicio de las instalaciones será de 12 meses, contados a partir de la notificación de la presente Resolución. Dicha solicitud se ajustará a los términos previstos en el artículo 14 del Reglamento aprobado por el Decreto 141/2009, de 10 de noviembre.
Séptimo.- La ejecución de las instalaciones se ajustará estrictamente al proyecto identificado en la presente resolución, debiendo ajustarse a lo establecido en el Reglamento aprobado por el Decreto 141/2009, de 10 de noviembre. Cualquier modificación sustancial de las características de la instalación autorizada exigirá nueva resolución de autorización administrativa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 45.5 de dicho Reglamento.
Octavo.- Las obras se ejecutarán de conformidad con los condicionados emitidos por los organismos afectados.
La instalación deberá ser ejecutada por instalador o empresa instaladora en alta tensión.
Noveno.- Durante el desarrollo y ejecución de las instalaciones, se deberá cumplir lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Décimo.- Previo al comienzo de las obras de ejecución de las instalaciones proyectadas, el promotor constituirá las garantías necesarias, de acuerdo con la legislación vigente, asegurando las coberturas por daños que la ejecución del proyecto pudiera causar a terceros.
Undécimo.- Previos los trámites legales oportunos, la Administración podrá declarar la nulidad de esta autorización si se comprobase la inexactitud de las declaraciones del solicitante que figuran en el expediente, conforme a lo dispuesto en el artículo 4.3 del Reglamento aprobado por el Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, así como en el artículo 69.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Duodécimo.- En materia de caducidad, se estará a lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento aprobado por el Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, y en el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.- En Las Palmas de Gran Canaria, la Jefa de Servicio de Transporte y Generación en Régimen Ordinario, Alejandra Rodríguez Alloza.
Vistos los antecedentes mencionados y en virtud de las competencias que me han sido conferidas,
RESUELVO:
Primero.- Aceptar en todos sus términos la propuesta anterior.
Segundo.- Notificar la presente Resolución al promotor, a los organismos que informaron o debieron informar en el procedimiento y a los interesados cuyos derechos e intereses resulten afectados por la misma.
Comuníquese, asimismo, a Disa Generación, S.L.U. a los solos efectos de dejar constancia de la respuesta dada a sus alegaciones en el trámite de información pública y de la decisión adoptada sobre su solicitud de reconocimiento de la condición de persona interesada.
Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Ilma. Sra. Viceconsejera de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la recepción de la notificación de la misma, conforme a lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse, y por parte de otras Administraciones Públicas, podrá formularse requerimiento previo ante este mismo órgano en el plazo de dos meses conforme a lo establecido en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.
Este recurso podrá presentarse en la sede electrónica del Gobierno de Canarias, a través del procedimiento n.º 7590 (https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/7590).
Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de septiembre de 2026.- El Director General de Energía, Alberto Hernández Suárez.
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