Con fecha 11 se septiembre de 2026, se suscribió un Convenio entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Viceconsejería de la Presidencia, y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para colaborar en investigaciones en materia de población, movilidad residencial y migraciones en Canarias.
De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado por el Decreto 352/2019, de 12 de diciembre,
RESUELVO:
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio suscrito el 11 de septiembre de 2026 entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Viceconsejería de la Presidencia, y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para colaborar en investigaciones en materia de población, movilidad residencial y migraciones en Canarias.
Santa Cruz de Tenerife, a 14 de septiembre de 2026.- El Secretario General, Ceferino José Marrero Fariña.
ANEXO
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, A TRAVÉS DE LA VICECONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, Y LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA PARA COLABORAR EN INVESTIGACIONES EN MATERIA DE POBLACIÓN, MOVILIDAD RESIDENCIAL Y MIGRACIONES EN CANARIAS.
En Santa Cruz de Tenerife, a 11 de septiembre de 2026.
REUNIDOS
De una parte, el Sr. D. Alfonso Cabello Mesa, Viceconsejero de la Presidencia, según nombramiento efectuado mediante Decreto 134/2023, de 17 de julio (BOC n.º 141 de 18.07.2023), actuando en nombre y representación de la Administración Pública de Canarias, en virtud de las competencias que le otorga el artículo 16.i) del Reglamento Orgánico de la Presidencia del Gobierno en relación con el artículo 29.1.k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, así como el Decreto 159/2019, de 30 de agosto, del Presidente, por el que se delegan competencias en materia de convenios de colaboración y de subvenciones.
Y de otra parte, el Sr. D. Lluís Serra Majem, Rector Magnífico de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, con NIF Q3518001G y domicilio en la calle Juan de Quesada, n.º 30, de esta ciudad, nombrado por Decreto 127/2016, de 16 de diciembre, de la Presidencia del Gobierno de Canarias, en virtud de las competencias dispuestas por el artículo 50 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, y en uso de la facultad atribuida por los artículos 78, 81.a) y 137 de los Estatutos de la Universidad, aprobados Decreto 107/2016, de 1 de agosto, del Gobierno de Canarias (BOC n.º 153, de 9.8.2016).
Las partes comparecen en la representación que ostentan de sus respectivas instituciones, reconociéndose de modo recíproco capacidad para formalizar el presente Convenio y, a tal efecto,
EXPONEN
I. La Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, modificada por la Ley 17/2022, de 5 de septiembre, establece un marco general para el fomento y la coordinación de la investigación científica y técnica con el fin de contribuir al desarrollo sostenible y al bienestar social mediante la generación y difusión del conocimiento y la innovación, constituyendo el marco de referencia para promover la colaboración entre universidades, organismos públicos de investigación, empresas y entorno socioeconómico en general, con el fin de dar una respuesta eficaz a las exigencias del cambio social y tecnológico.
II. La Comunidad Autónoma de Canarias viene experimentando en los últimos años en su territorio una grave crisis migratoria, con el mantenimiento de la afluencia de personas migrantes por vía marítima, a través de una ruta que implica incertidumbre, sufrimiento y muerte para las personas que se desplazan. Esto representa un enorme impacto a todos los niveles en una región que ya sufre los condicionantes propios de la ultraperiferia y en la que los efectos de importantes episodios de intensificación migratoria suponen un reto mayúsculo que debemos abordar con el apoyo y con una estrategia coordinada entre todas las instituciones, a nivel regional, nacional y europeo. En este sentido, resulta fundamental realizar un análisis exhaustivo y pormenorizado del fenómeno migratorio, que se base en estudios e investigaciones de carácter científico, que nos permitan conocer con detalle las causas, los orígenes, el desarrollo y el futuro de este fenómeno con una base académica, fomentando las relaciones interinstitucionales y el intercambio de información y recursos entre las universidades y las instituciones públicas.
III. Esta realidad se enmarca en los objetivos de la Agenda Canaria 2030, que adapta los ODS al contexto específico del archipiélago, especialmente con el ODS 10 (Reducción de las desigualdades), que promueve una migración ordenada, segura, regular y responsable; el ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas), en relación con la protección de los derechos humanos de las personas migrantes; y el ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos), que subraya la importancia de la cooperación institucional y multinivel.
Todo ello refuerza la necesidad de avanzar hacia un modelo de gobernanza colaborativa, inclusiva y basada en el conocimiento, que permita dar respuesta a los retos estructurales derivados de la insularidad, la ultraperiferia y los flujos migratorios.
Además, el fenómeno migratorio debe analizarse en estrecha relación con el reto demográfico que afronta Canarias. El archipiélago presenta dinámicas demográficas complejas, caracterizadas por el envejecimiento de la población en determinadas islas, desequilibrios territoriales, presión sobre los servicios públicos y una fuerte concentración poblacional en áreas urbanas. En este contexto, los flujos migratorios inciden de forma directa en la estructura y evolución de la población, pudiendo contribuir, si se gestionan adecuadamente, a mitigar algunos de estos desequilibrios, como la escasez de población activa o la revitalización de determinados territorios.
Por ello, resulta fundamental integrar las políticas migratorias dentro de una estrategia más amplia de planificación demográfica, en línea con los principios de sostenibilidad, cohesión social y equilibrio territorial que promueven tanto la Agenda 2030 como la Agenda Canaria 2030. Este enfoque permite no solo dar respuesta a una situación de emergencia, sino también aprovechar las oportunidades que ofrece la movilidad humana en términos de desarrollo económico, social y territorial, sustentado en estudios e investigaciones de carácter científico.
IV. En virtud del artículo 17.a) del Decreto 6/2024, de 25 de enero, del Presidente, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Presidencia del Gobierno, se establece que le corresponde a la Viceconsejería de la Presidencia:
“a) El impulso, implementación y coordinación de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030, así como de las políticas de desarrollo sostenible de los departamentos de la Administración autonómica”.
V. Mediante Resolución de 19 de marzo de 2025, de la Dirección General de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos, se delega el ejercicio de las competencias en materia de impulso, implementación y coordinación de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 en la persona titular de la Viceconsejería del Gabinete de la Presidencia:
a) La realización de las gestiones y ejecución de actuaciones que se determinen por la Viceconsejería de la Presidencia para el impulso, implementación y coordinación de a Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030, así como de las políticas de desarrollo sostenible de los departamentos de la Administración autonómica.
b) Las demás que sean necesarias para el apoyo técnico al Presidente o Presidenta para el impulso, implementación y coordinación de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 y de las políticas de desarrollo sostenible de los departamentos de la Administración autonómica.
VI. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante, ULPGC) es una universidad de servicio público comprometida con la mejora continua de la calidad y la eficiencia de la docencia e investigación, que ha apostado por la creación de Parques Científicos y Tecnológicos (PCT) con el desarrollo de centros e institutos de investigación altamente competitivos, organizados en torno a grupos de investigación y divisiones de investigación de reconocido prestigio. Este es el caso del Grupo de Investigación de Sociedades y Espacios Atlánticos, división del Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales (IATEXT), que aborda, entre otras temáticas, el análisis de procesos y estructuras sociodemográficos, siendo el de la movilidad migratoria y las transformaciones socioeconómicas a las que induce uno de los pilares fundamentales de su especialización.
VII. Que, con la finalidad de consolidar y potenciar el Parque Científico Tecnológico de la ULPGC, lo ha dotado de la fórmula jurídica de Fundación pública para su gestión, como instrumento para la consecución del objetivo de coordinar las potencialidades de búsqueda, el desarrollo y la innovación en Canarias, constituyendo la Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante, FCPCT). Que la FCPCT, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6 de sus Estatutos, tiene como fin la promoción, gestión, mantenimiento y explotación del Parque Científico Tecnológico de la ULPGC y de los Centros dependientes del mismo, como instrumento para la consecución del objetivo de puesta en valor del conocimiento, el desarrollo y la innovación empresarial en Canarias. Que la FCPCT, según se recoge en sus Estatutos, constituye un medio propio y servicio técnico de la ULPGC, para lo que podrá recibir de dicha Universidad toda clase de encargos relacionados con los fines de aquella.
VIII. Que, con fecha 28 de diciembre de 2022, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria encarga a la FCPCT la gestión de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), al objeto del desarrollo y la innovación empresarial en Canarias; incrementar la riqueza de la sociedad promoviendo la innovación; estimular el flujo de conocimiento y tecnología entre la Universidad, instituciones de investigación, empresas y mercados y proporcionar servicios de valor añadido, con el fin de potenciar y promover las actividades de I+D+I+T en la ULPGC, así como las relaciones entre la comunidad universitaria y la empresa.
Así pues, la FCPCT, a través de la OTRI, realizará la gestión de las actividades de I+D+IT de los grupos de investigación reconocidos por la Universidad, los Departamentos y los Institutos Universitarios de Investigación, y su profesorado, para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, cualquiera que sea la modalidad de articulación jurídica de dichos trabajos y el origen de los fondos asignados para la ejecución de los mismos.
IX. Las partes entienden que el presente Convenio encaja adecuadamente en el marco de sus respectivas funciones y tiene por objeto facilitar el cumplimiento de sus respectivos fines, con el máximo aprovechamiento de todos sus medios, es por ello que están interesadas en realizar investigaciones relacionadas con la movilidad geográfica y residencial de la población y los procesos migratorios y sus implicaciones en Canarias, considerando las áreas con las que se vinculan estos últimos en la esfera internacional.
Por cuanto antecede, las partes convienen suscribir el presente Convenio de conformidad con las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto del Convenio.
El presente Convenio tiene como objeto establecer las bases de la colaboración entre las partes para la ejecución de investigaciones y estudios relacionados con la población, la movilidad residencial y las migraciones en Canarias.
Las actividades científico-técnicas se desarrollarán en régimen de cooperación y de actuación conjunta, mediante la puesta en común de recursos técnicos y/o humanos de las partes firmantes, en los términos previstos en el presente Convenio y sin perjuicio de la autonomía de cada entidad y de las facultades de sus respectivos órganos de gobierno y administración, en especial en lo que se refiere a materias de personal, presupuestos y patrimonio.
De esta forma se promueve la co-creación de soluciones que respondan a las necesidades y demandas de conocimiento formuladas por el Gobierno de Canarias, impulsando la conformación de grupos de trabajo interdisciplinares que puedan profundizar e intercambiar análisis y aportaciones en relación con la población, la movilidad residencial y las migraciones en Canarias.
La actividad realizada durante la vigencia del presente Convenio de Colaboración, redundará en la elaboración de un informe sobre la viabilidad y las posibilidades de creación de una estructura de investigación de alcance internacional sobre migraciones en Canarias.
Segunda.- Compromisos de las partes.
La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias se compromete a ejecutar en el marco del presente Convenio las siguientes actuaciones:
- Coordinar las actuaciones con las partes intervinientes, haciendo de nexo entre los respectivos equipos de investigación.
- Organizar reuniones periódicas conjuntas para evaluar los resultados y contribuir a la mejora de los informes, estudios y cualquier otra documentación que se produzca, evitando discordancias o solapamientos entre los equipos.
- Aportar la totalidad de los fondos tal y como se establece en la cláusula cuarta del presente Convenio.
- Participar de forma activa en la Comisión de Seguimiento a constituir.
- Facilitar y autorizar el uso de logos e imagen del Gobierno de Canarias en aquellas actuaciones de difusión y/o comunicación a realizar.
- Participar en las posibles jornadas, actos, eventos a realizar como puede ser los de inicio o cierre de los proyectos.
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a través del equipo de investigación participante, se compromete durante el primer año de vigencia del Convenio a:
1) Definir un plan de investigación plurianual para el tiempo de duración del Convenio, fundamentado en el conocimiento de las necesidades y demandas del Gobierno de Canarias y las posibilidades de respuesta de la ULPGC.
2) Realizar un estudio de los procedimientos y las infraestructuras que facilitan la acogida y atención de las personas migrantes que llegan de manera irregular por vía marítima a Canarias.
Para el segundo y tercer año, el equipo de investigación de la ULPGC se compromete a realizar dos estudios, uno por año, sobre la temática del presente Convenio.
Asimismo, se impulsará un seminario científico, que podría contar la participación de otras universidades, con investigadores e investigadoras que estén dispuestas a exponer sus líneas de investigación y trabajos en curso sobre los temas señalados, de modo que se puedan explorar fórmulas para valorar su participación futura en el plan de investigación en fase de formulación, aprovechando así el amplio, diverso y rico potencial científico de los centros superiores.
En las tareas científicas desarrolladas y en las actividades y encuentros promovidos, se favorecerá el establecimiento de correspondencias con la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 y con los trabajos que se vienen desarrollando para enfrentar el reto demográfico en Canarias. Asimismo, se favorecerá la relación con el Plan Canario de Inmigración y Convivencia Intercultural, una vez este sea aprobado por el Gobierno regional.
El Gobierno de Canarias colaborará en la cesión de la información necesaria para el desarrollo de las investigaciones programadas, siempre que esté dentro de sus posibilidades y se ajuste a la normativa vigente, facilitando su gestión en sus áreas y departamentos correspondientes.
Tercera.- De la descripción del equipo de investigación.
Por parte de la ULPGC, se ha designado como investigadores principales al Dr. Juan Manuel Parreño Castellano, Catedrático de Geografía Humana, y a la Dra. Mercedes de los Ángeles Rodríguez Rodríguez, Profesora Contratada Doctora, acreditada a Profesora Titular de Geografía Humana, para que coordinen los trabajos en el que participarán otros investigadores de su Grupo de Investigación en la ULPGC y personas externas a esta universidad, en función de los avances y demandas de la investigación.
En el ámbito de esta colaboración, los investigadores participantes reconocerán como única dependencia laboral, orgánica y funcional a la entidad a la que pertenecen.
Cuarta.- Financiación.
Habida cuenta de la insuficiencia de recursos para la realización de los compromisos por parte de la ULPGC, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Viceconsejería del Gabinete de la Presidencia, llevará a cabo una aportación dineraria que se producirá como un único pago anticipado de setenta y cinco mil (75.000) euros. Dicho importe se imputará con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, en la aplicación presupuestaria 06.16.912D.4800200 Proyecto 19408911 “Acciones complementarias”.
Se ordenará el pago a la firma del presente Convenio, previo aporte de una certificación de insuficiencia de recursos por parte de la ULPGC para realizar las acciones objeto del Convenio.
El abono a la ULPGC lo recibirá la FCPCT conforme a lo referenciado en el exponendo VIII del presente Convenio: será la FCPCT la destinataria de los fondos a percibir para la realización del proyecto, con el fin de llevar a cabo la gestión económica de los mismos. El presupuesto íntegro antes aludido se realizará mediante transferencias bancarias en la cuenta n.º (IBAN) ES26 0049 1881 4522 1027 8351 del Banco Santander, a nombre de la Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
En cada anualidad de vigencia del presente Convenio, la ULPGC deberá presentar una memoria de actividades que incluya las actividades realizadas y los resultados obtenidos en el año correspondiente, así como un certificado de gastos emitido por su órgano competente, en el que certifique que dicha cantidad ha sido aplicada para el desarrollo de las actividades contempladas en la citada memoria. Antes del 15 de diciembre de cada año se presentará el informe final correspondiente.
El último año de vigencia se deberá aportar además una memoria global final con todos los datos recogidos, así como una memoria económica final.
La Viceconsejería del Gabinete de la Presidencia podrá comprobar, en todo momento, la correcta aplicación de los recursos abonados, para lo cual podrá solicitar los informes y cualquier otra documentación que aporte datos referentes a la utilización de los fondos públicos.
Quinta.- Vigencia y prórroga.
El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de su última firma electrónica teniendo vigencia hasta el 15 de diciembre de 2028.
No obstante, en cualquier momento anterior a la finalización del plazo previsto en el apartado anterior, las partes firmantes podrán acordar unánimemente su prórroga o su extinción, tal y como establece el artículo 49.h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, debiendo contactar con la Oficina de Transferencia del Conocimiento de la ULPGC en un plazo no inferior a mes y medio antes de la finalización del presente acuerdo.
Sexta.- Publicación.
El presente Convenio una vez suscrito deberá publicarse en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma; y en el plazo de quince días hábiles a contar desde la fecha de tal publicación, se habrá de realizar la inscripción en el Registro General de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Canarias, en aplicación del artículo 20 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Séptima.- Comisión de seguimiento, vigilancia y control.
Para la buena consecución de los objetivos del presente Convenio, las partes constituirán una Comisión de seguimiento y control de ejecución del mismo, integrada por dos representantes de cada una de las partes que deberá reunirse, al menos, una vez al año.
La designación de los miembros de la Comisión se realizará en el plazo máximo de quince días a partir de la firma del Convenio. Esta Comisión dictará las normas internas de su funcionamiento, supervisará el desarrollo del convenio, resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto del Convenio, y, en su caso, realizará las propuestas que procedan en orden a la consecución de los objetivos perseguidos con la suscripción del mismo.
La Comisión de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del presente Convenio estará formada, al menos por:
• Por parte del Gobierno de Canarias:
- D. Alfonso Cabello Mesa, Viceconsejero de la Presidencia, o persona en quien delegue.
• Por parte de la ULPGC:
- Dr. Juan Manuel Parreño Castellano y el Vicerrector con competencias en Investigación y Transferencia, o persona en quien delegue.
Entre otras, serán funciones de esta Comisión:
- La coordinación de las actividades a realizar en el marco del presente Convenio.
- La toma de decisiones sobre la planificación y modificaciones de las actividades programadas.
- La evaluación del grado y eficacia de cumplimiento de las actividades desarrolladas.
- La propuesta de modificaciones al presente Convenio, que deberán comunicarse a la Oficina de Transferencia del Conocimiento de la ULPGC.
- El tratamiento y resolución de los casos de Fuerza Mayor de acuerdo con lo establecido en la cláusula decimocuarta.
- La evaluación y determinación de las consecuencias del abandono de una de las entidades firmantes de acuerdo con la cláusula duodécima.
- Cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del Convenio existiendo actuaciones en curso de ejecución, la Comisión de Seguimiento podrá acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que considere oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las mismas.
La Comisión de Seguimiento se reunirá de forma ordinaria al menos una vez al año (ya sea presencial o virtualmente), y de forma extraordinaria cuando lo solicite una de las partes, debiendo informar con la suficiente antelación al resto de miembros de la motivación de la convocatoria. Las reuniones extraordinarias serán preferentemente virtuales.
Cuando lo estimen pertinente los miembros de la Comisión de Seguimiento, podrán asistir a sus reuniones aquellos investigadores e investigadoras adscritas a cualquiera de las partes que estén implicadas en las actividades objeto de dichas reuniones, con voz, pero sin voto. Los acuerdos de la Comisión de Seguimiento se adoptarán por unanimidad de todos los miembros presentes. Cada parte presente o representada en la reunión dispone de un voto. La Comisión de Seguimiento no podrá deliberar ni tomar decisiones si no se encuentran presentes o representados todos sus miembros.
La presidencia de las reuniones será rotativa, y actuará de moderador de estas la parte anfitriona. La forma de rotación de dicha presidencia se acordará en la primera reunión de la Comisión.
Para lo no previsto expresamente, el régimen y funcionamiento de la Comisión se regirá por lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Octava.- Régimen de publicidad y difusión del Convenio.
La ULPGC se compromete a destacar, en cuantas actividades realicen para la difusión de las acciones previstas en el presente Convenio, la financiación efectuada por el Gobierno de Canarias, así como hacerlo constar en cuantos materiales se pudieran reproducir o utilizar para la difusión o publicidad del proyecto financiado, si es el caso.
Cuando una de las partes desee utilizar los resultados parciales o finales, en parte o en su totalidad, para su publicación como artículo, conferencia, etc., deberá informar a la Comisión de Seguimiento, y siempre se hará mención a las partes intervinientes en el desarrollo del citado programa. Las partes deberán prestar especial atención a la posible pérdida de la novedad para la patentabilidad de los resultados.
En todo caso y ante cualquier referencia a este Convenio y actividades o resultados que de él deriven, deberá hacerse mención expresa a su pertenencia al presente Convenio de Cooperación suscrito, incorporando el uso correcto de los logos correspondientes de cada parte.
Las partes se autorizan recíprocamente a dar información pública de la firma de este Convenio en la cual solo se podrá incluir: título, reseña básica de su contenido, entidades colaboradoras, equipo de trabajo, presupuesto y plazo de realización.
Novena.- Modificación del Convenio.
Cualquiera de las partes podrá proponer la modificación del Convenio. Las modificaciones que se quieran llevar a cabo del presente Convenio tendrán que ser acordadas por la Comisión prevista en la cláusula séptima y se regulará mediante la correspondiente adenda de modificación, que requerirá el acuerdo unánime de las tres partes firmantes del presente Convenio.
Décima.- Extinción y resolución del Convenio.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de sus actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
Son causas de resolución:
a) El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.
En este caso cualquiera de las partes notificará a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del Convenio y a las demás partes firmantes.
Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio. La resolución del Convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto.
a) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
b) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en otras leyes.
En caso de resolución del Convenio, las partes quedan obligadas al cumplimiento de sus respectivos compromisos hasta la fecha en que esta se produzca. Los efectos de la resolución se adecuarán a lo establecido por el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Décima primera.- Obligación de confidencialidad.
Las partes se comprometen a no difundir por una descripción escrita u oral, o a través de cualquier procedimiento o forma, directa e indirecta, la información de carácter científica y técnica, datos, propuestas, esquemas, dibujos, planes de trabajo, informes, métodos, diseños, estudios u otras materias relativas al proyecto a los que haya podido tener acceso en el desarrollo de los trabajos que hayan sido comunicados por cualquiera de las partes y clasificada como de información exclusiva y/o confidencial o que por su naturaleza y/o por las circunstancias en las que se produzca la revelación, deba de buena fe estimarse como tal. Esta obligación no será de aplicación cuando:
• La parte receptora pueda demostrar que conocía previamente la información recibida.
• La información recibida sea o pase a ser de dominio público.
• La parte receptora obtenga autorización previa y por escrito para su revelación.
• La información sea requerida judicialmente.
Toda información proporcionada por una de las partes será devuelta en el momento en que deje de ser utilizada y, en cualquier caso, siempre que sea solicitado.
El presente deber de confidencialidad tendrá una duración indefinida, permaneciendo vigente a la conclusión y/o resolución de la prestación de servicios, debiéndose, una vez cumplida la prestación acordada, destruir o devolver la información a la que haya podido tener acceso.
Las partes se comprometen a que el personal participante en el desarrollo de los trabajos que se regulan en el presente acuerdo, conozca el compromiso de confidencialidad regulado por esta cláusula. A tal efecto, cada una de las partes es responsable del cumplimiento de dicha confidencialidad del personal a su cargo, pudiendo para ello hacer firmar a sus trabajadores/colaboradores los documentos y compromisos que consideren adecuados.
Décima segunda.- Titularidad de los trabajos realizados.
Los derechos de propiedad intelectual, industrial, los métodos de trabajo, tecnología, etc. (conjuntamente, el conocimiento), pertenecientes a cualquiera de las partes antes del comienzo del presente Convenio de Cooperación y, asimismo, aquellos que siendo propiedad de terceros hubieran sido transferidos a una de las partes o sobre los que una de las partes ostente derechos de uso en virtud de acuerdos alcanzados con terceros, continuarán siendo propiedad exclusiva de sus titulares y no podrán ser utilizados por las otras fuera del ámbito del presente Convenio, y quedarán sujetos a los acuerdos que las partes suscriban.
Siempre corresponderá a las y los investigadores que hayan participado en la generación del conocimiento todos los derechos morales de la propiedad intelectual, y en especial el de ser reconocidos como sus autores.
Se considerarán resultados del proyecto aquella información o material, protegido o no, que haya sido identificada como resultado de la actividad objeto de este Convenio.
Los resultados del proyecto serán de titularidad compartida, tanto para su explotación por parte del Gobierno de Canarias como para su uso para fines institucionales de docencia, investigación y publicación por parte de la ULPGC, comprometiéndose a guardar en todos los casos todas las normas que sean de aplicación en cuanto a la autoría, propiedad, imagen, protección y confidencialidad de los datos que se manejen.
Décima tercera.- Protección de datos personales-deber de informar artículo 13 Reglamento General de Protección de Datos.
Las partes se comprometen a cumplir en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y cualquier otra normativa que pueda sustituir, modificar o complementar a la mencionada en materia de protección de datos de carácter personal durante la vigencia del presente Convenio.
Las obligaciones en materia de protección de dichos datos tendrán validez durante la vigencia del presente Convenio y una vez terminado este.
Las partes firmantes se informan recíprocamente de que los datos personales que se recogen en virtud de este Convenio, incluidos los datos del personal al servicio de una de las partes a los que la otra pueda tener acceso durante el desarrollo de este, serán tratados por las partes como responsables del tratamiento, con la única finalidad de gestionar la relación del presente Convenio.
Por lo que respecta a los datos personales tratados por el Gobierno de Canarias necesarios para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este Convenio, serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento establecida por el mismo cuya finalidad es la gestión y formalización de convenios y otros instrumentos de colaboración. El tratamiento de datos es necesario para el cumplimiento de una obligación legal y de una misión en interés público o en el ejercicio de poder públicos conferidos al Gobierno de Canarias.
No se comunicarán los datos a terceros salvo obligación legal o en el caso de que sea necesario, en virtud de lo dispuesto en este Convenio.
Por lo que respecta a los datos personales tratados por la ULPGC, estos tendrán que ser tratados e incorporados a la actividad de tratamiento establecida por dicha Institución de derecho público, para la ejecución del presente Convenio, cuya base legal se encuentra en el artículo 6.1.c) del Reglamento General de Protección de Datos “el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. RGPD 6.1.e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al Responsable del tratamiento.
Los datos personales podrán ser comunicados al Gobierno de Canarias, así como a otras entidades públicas o privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder estos, en los supuestos previstos, según Ley.
En ambos casos, la intervención de encargados de tratamiento requerirá el consentimiento de ambas partes y la suscripción del correspondiente acuerdo de encargo conforme a lo previsto en el artículo 28 del RGPD.
Los datos personales se conservarán mientras sean necesarios para la finalidad para la que han sido recabados y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.
Cada parte será responsable de atender las solicitudes de ejercicio de derechos establecidos en los artículos 15 a 22, ambos inclusive, del RGPD, y las reclamaciones, en su caso, a las mismas, que correspondan a tratamientos en los que ostenten la consideración de responsable del tratamiento, debiendo colaborar entre sí para la adecuada atención y satisfacción de los derechos de los interesados.
En caso de que el tratamiento a realizar por las partes, en su calidad de Responsable del tratamiento, incluya la recogida de datos personales, cada parte establecerá los procedimientos correspondientes a la recogida de los mismos, especialmente en lo relativo al deber de información y, en su caso, la obtención del consentimiento de los interesados, garantizando el cumplimiento de las prescripciones legales que exige la normativa vigente en materia de protección de datos. En todo caso, las partes podrán consensuar o colaborar en la redacción y el formato en que se facilitará la información a los interesados antes del inicio de la recogida de los datos.
Las partes mantendrán la confidencialidad en el tratamiento de todos los datos personales facilitados por cada una de ellas y de la información, de cualquier clase o naturaleza, resultante de la ejecución del presente Convenio y posteriormente durante los plazos legalmente aplicables.
Las partes firmantes están obligadas a implantar medidas técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
Cada parte será responsable de gestionar y comunicar las brechas de seguridad de los datos que correspondan a tratamientos en los que ostenten la consideración de responsable del tratamiento a la Autoridad de Protección de Datos y/o a los interesados conforme a lo establecido en la normativa vigente, debiendo colaborar entre sí para la adecuada gestión y resolución de las mismas.
Los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, así como los demás reconocidos por la normativa dirigiendo comunicación a la parte contraria; asimismo, y en caso de considerar que el tratamiento de datos efectuado por las partes no es acorde a la normativa vigente y aplicable, podrán interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos a efectos de resolver cuestiones en materia de protección de datos:
- DPD de la ULPGC: dpd@ulpgc.es
- DPD de Gobierno de Canarias: dpdpregob.presidencia@gobiernodecanarias.org
Décima cuarta.- Principio de igualdad.
El principio de igualdad de trato y oportunidades, la participación equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos a los que se refiere el presente Convenio, informarán la aplicación del mismo. Ambas partes procurarán de forma activa la integración de esos principios en las iniciativas que se lleven a cabo en el marco del presente Convenio, así como en la ejecución y desarrollo del conjunto de actividades.
Décima quinta.- Naturaleza y régimen jurídico.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo dispuesto especialmente para los convenios de colaboración, en los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 6.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el presente Convenio está excluido del ámbito de aplicación de la misma. No obstante, se aplicarán sus principios para resolver las dudas y lagunas que puedan plantearse.
Décima sexta.- Resolución de controversias y jurisdicción.
La existencia de cualquier tipo de discrepancia entre las partes en relación con la interpretación o ejecución de lo establecido en el presente Convenio no resuelto en el seno de la Comisión de Seguimiento, se resolverá por los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
Y para que así conste, en prueba de conformidad y comprometiéndose a cumplir todas y cada una de sus partes, extienden y firman el presente Convenio.- Por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, Alfonso Cabello Mesa, Viceconsejero de la Presidencia.- Por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluís Serra Majem, Rector Magnífico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
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