Suscrito el Convenio entre la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de Lanzarote y La Graciosa, con fecha de 1 de septiembre de 2026, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, y en el artículo 20.1 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y en concordancia con lo dispuesto en la Resolución de 8 de julio de 2024, por la que se delegan, en los órganos superiores del Departamento, las funciones de publicación e inscripción de convenios previstas en el artículo 20 del citado Decreto 11/2019, de 11 de febrero,
RESUELVO:
Único.- Publicar en el Boletín Oficial de Canarias el Convenio que figura como anexo a esta Resolución.
Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de septiembre de 2026.- El Director General de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, Onán Cruz Díaz.
ANEXO
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, COHESIÓN TERRITORIAL Y AGUAS DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y EL CABILDO INSULAR DE LANZAROTE Y LA GRACIOSA PARA LA FORMULACIÓN Y REDACCIÓN DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD PARA LA ZONA TURÍSTICA DEL NÚCLEO DE PLAYA BLANCA TÉRMINO MUNICIPAL DE YAIZA.
INTERVIENEN
De una parte, D. Manuel Miranda Medina, Consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, nombrado por Decreto 43/2023, de 14 de julio, del Presidente, por el que se nombra a los Consejeros y a las Consejeras del Gobierno de Canarias, en representación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, con capacidad y competencia para la suscripción del presente Convenio a tenor de lo previsto en los artículos 16 y 29.k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias; 58.f) de la Ley 4/2023, de 23 de marzo, de la Presidencia y del Gobierno de Canarias; y 5.6 del Reglamento de Orgánico de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, aprobado por Decreto 28/2025, de 7 de abril.
De otra, D. Oswaldo Betancort García, en su calidad de Presidente del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, representando al mismo en virtud del artículo 34.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, con capacidad y competencia para la suscripción del presente Convenio a tenor de lo previsto en los artículos 16.3 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias, y 64 de la Ley 3/2026, de 16 de junio, de cabildos insulares, y facultado para la firma del presente Convenio mediante acuerdo adoptado por el Pleno del Consejo de Gobierno Insular, en sesión celebrada el día 13 de noviembre de 2025.
EXPONEN
Primero.- La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias es el Departamento de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias encargado de la propuesta y ejecución de las directrices y la política del Gobierno de Canarias en la materia de política territorial, así como de la gestión de los respectivos servicios y competencias sobre dicha materia, de conformidad con el artículo 1.1 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, aprobado mediante Decreto 28/2025, de 7 de abril.
Específicamente, corresponde a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias la formulación, impulso y tramitación de los Planes de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad Turística (PMM), de conformidad con los artículos 8.3 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, y 9.1 de su Reglamento, aprobado por Decreto 85/2015, de 14 de mayo.
Por su parte, el Cabildo de Lanzarote y La Graciosa (en adelante el Cabildo) posee competencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo, de conformidad con el artículo 6.2.b) de la Ley 3/2026, de 16 de junio, de cabildos insulares.
Segundo.- La Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística, estableció un conjunto de disposiciones con el objetivo declarado de impulsar la renovación y modernización de urbanizaciones, núcleos e instalaciones turísticas obsoletas, así como las de los productos turísticos mediante la diversificación de su oferta y la especialización de usos, modulando el crecimiento de la planta turística, así como regular el régimen de autorizaciones administrativas de los establecimientos turísticos y la normativa aplicable a la ordenación de los diferentes productos turísticos. Entre ese conjunto de medidas destaca la definición y regulación de los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad, que, si bien fueron creados por la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, mediante esta Ley 2/2013 se configuran como instrumentos de ordenación urbanística que se insertan en el sistema de planeamiento de Canarias.
Tercero.- Por el Pleno del Cabildo se acordaba, en sesión celebrada el 26 de septiembre de 2024, solicitar a esta Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias la suscripción de un convenio para la articulación de la encomienda de gestión relativa a la formulación de la redacción del Plan de Modernización de Playa Blanca, así como autorizar al Presidente del Cabildo a la suscripción del oportuno Convenio y demás actuaciones necesarias.
Cuarto.- Esta Consejería recibió el 23 de diciembre de 2024 comunicación firmada electrónicamente por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Yaiza, relativa al Decreto 2024-3471, de fecha 20 de diciembre de 2024, en virtud del cual se resolvía proponer que por el Departamento Gubernamental competente se procediera a la formulación, impulso y tramitación del Plan de Modernización Mejora e Incremento de la Competitividad para el núcleo de Playa Blanca del municipio de la Ciudad Histórica de Yaiza.
El pasado 14 de marzo de 2025 tenía entrada en la Consejería oficio firmado electrónicamente por el Presidente del Cabildo, en virtud del cual se solicitaba que se impulsaran los trámites en aras a la suscripción de Convenio para la articulación de la encomienda de gestión relativa a la formulación de la redacción del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Playa Blanca, término municipal de Yaiza. A tales efectos, se remitía certificación del acuerdo plenario del Cabildo Insular adoptado con fecha 26 de septiembre de 2024, y el Decreto de la Alcaldía otorgando la conformidad a la iniciativa del Cabildo Insular.
Quinto.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la realización de actividades de carácter material o técnico puede ser encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho Público de distinta Administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño. El mismo artículo, en su apartado 3.b), exige que la encomienda de gestión se formalice mediante el correspondiente convenio cuando se realice entre órganos de distintas administraciones.
Por tanto, se trata de trasladar el ejercicio de la tarea consistente en la formulación o elaboración del plan desde la administración titular según la normativa aplicable a favor de la administración insular, para lo cual se articula el presente Convenio de Colaboración para la encomienda de gestión al objeto de legitimar su formulación por parte del Cabildo. En cualquier caso, y de conformidad con el apartado 2 del mismo artículo 11 de la Ley 40/2015 citada, la suscripción del presente Convenio solo traslada a dicha entidad la tarea de realizar la actividad material consistente en la formulación o redacción del plan en cada fase, sin que suponga la cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio.
Sexto.- El traslado al Cabildo de esta concreta tarea en cuanto a los cambios o alteraciones pretendido sirve de manera más eficaz a la consecución del interés público consistente en la consecución de una ordenación urbanística acorde con los requerimientos turísticos, permitiendo una mejor gestión pública en la medida en que es el propio Cabildo el que formulará este Plan de Modernización.
En virtud de lo expuesto, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, representada a través de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de Lanzarote y La Graciosa establecen el presente Convenio que articula la formulación del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad para el núcleo de Playa Blanca del municipio de la Ciudad Histórica de Yaiza, de acuerdo con las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto.
El presente Convenio instrumentaliza la encomienda de gestión para formular y tramitar el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad para el núcleo de Playa Blanca del municipio de la Ciudad Histórica de Yaiza.
Segunda.- Ámbito.
El ámbito de aplicación del presente Convenio abarca la zona turística del núcleo de Playa Blanca, en el término municipal de Yaiza.
Tercera.- Naturaleza y régimen jurídico.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se establece en el marco de las disposiciones legales aplicables a la formulación de los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad contenidas en la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias; en su Reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto 85/2015, de 14 de mayo; en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias; en el Reglamento de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, en lo que resulte de aplicación; en el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre; en las Directrices de Ordenación del Turismo, aprobadas por Ley 19/2003, de 14 de abril; en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en el resto de normas que resulten de aplicación.
El presente Convenio se regirá por lo dispuesto en las cláusulas del mismo, así como por las restantes normas administrativas que le sean de aplicación y los principios generales del Derecho. En especial, se aplicarán los principios previstos en la legislación estatal en materia de contratos del sector público a los efectos de resolver las dudas y lagunas que pudieran surgir en relación con la interpretación y aplicación del Convenio.
Cuarta.- Obligaciones del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa.
1. Será obligación del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa proceder a la formulación del Plan de Modernización Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad del núcleo turístico de Playa Blanca, término municipal de Yaiza.
2. La formulación del Plan contendrá toda la documentación exigida en la legislación ambiental, territorial y sectorial y el alcance y contenido de los documentos a elaborar se ajustará a lo que establezca la legislación en materia de ordenación del suelo, del territorio y del urbanismo de rango estatal y autonómica y, de manera particular, a lo dispuesto en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias; en la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias; en su Reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto 85/2015, de 14 de mayo, y en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Los citados documentos, además, se ajustarán a cuantas disposiciones sectoriales, de ámbito estatal o autonómico, sean de aplicación y a lo que disponga el instrumento territorial y/o de planeamiento de rango superior que sea de aplicación, en su caso. En especial, debe contener la documentación mínima que se indica en el anexo del presente Convenio.
3. Toda la documentación indicada en el apartado anterior deberá estar firmada por sus autores y reflejar su fecha de conclusión. En especial, la documentación ambiental, además, deberá estar realizada por personas que posean la capacidad técnica suficiente de conformidad con las normas sobre cualificaciones profesionales y de la educación superior, y deberán tener la calidad necesaria, en los términos indicados en el artículo 16 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
4. El Cabildo deberá presentar toda la documentación indicada en los apartados anteriores y en el anexo del presente Convenio en cada una de las fases del procedimiento, ajustada al momento procedimental del mismo, y con las rectificaciones que en cada momento resulten incorporadas al Plan.
5. La totalidad de los costes de formulación de este Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad del núcleo de Playa Blanca del municipio de la ciudad histórica de Yaiza, en todas sus fases, será asumida por el Cabildo.
Quinta.- Obligaciones de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias.
La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas facilitará al Cabildo cuanta información y documentación pueda ostentar en su poder y siempre que sea precisa en orden a la formulación del plan que se pretende.
La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias tramitará el documento en cada una de sus fases, una vez sea presentada la totalidad de la documentación correspondiente a cada una de ellas por parte del Cabildo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, y 9 de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto 85/2015, de 14 de mayo.
Sexta.- Forma y condiciones técnicas de la formulación del Convenio.
El Cabildo procederá a la formulación del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad para el núcleo de Playa Blanca del municipio de la Ciudad Histórica de Yaiza bien con medios propios a través de sus servicios técnicos o bien mediante su contratación externa, que deberá respetar en todo caso la legislación reguladora de la contratación en el sector público. No obstante en este último caso, el Cabildo seguirá siendo responsable del cumplimiento de la encomienda de gestión.
Las condiciones técnicas de ejecución del Convenio por parte del Cabildo quedan establecidas en el anexo al presente Convenio.
Séptima.- Financiación.
La totalidad de los costes de la formulación del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad para el núcleo de Playa Blanca del municipio de la Ciudad Histórica de Yaiza, en todas sus fases, será asumida por el Cabildo.
El presupuesto total estimado para la elaboración del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad para el núcleo turístico de Playa Blanca, con su consiguiente documento ambiental asciende a la cantidad de cuatrocientos cincuenta mil (450,000,00) euros, que se distribuirá con arreglo a las siguientes fases de elaboración de los documentos:
PRESUPUESTO TOTAL
PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD PARA EL NÚCLEO DE PLAYA BLANCA, YAIZA
El Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote y La Graciosa se compromete a asumir la financiación del 100 % del importe de los gastos derivados de la ejecución de las actuaciones previstas en el presente Convenio, mediante una aportación total de cuatrocientos cincuenta mil (450,000,00) euros.
Teniendo en cuenta la naturaleza de los trabajos y las fases de tramitación del Plan, dicha partida económica se financiará con cargo a las anualidades 2026/2028, siendo el compromiso de financiación del Cabildo para el PMM Playa Blanca el siguiente:
Octava.- Causa de la encomienda.
La finalidad de este PMM es incrementar los niveles de calidad y categoría de los establecimientos turísticos de alojamiento y de equipamiento complementario, evitar y, en su caso, reconducir la residencialización de las áreas turísticas y mejorar la imagen del núcleo turístico consolidado, logrando unos servicios públicos, equipamientos y dotaciones satisfactorios.
Novena.- Comisión de Seguimiento.
Para el seguimiento del correcto desarrollo de la ejecución del presente Convenio, y sin perjuicio de la referida en el artículo 9 del Reglamento de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, se constituirá una Comisión de Seguimiento paritaria entre la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias y el Cabildo, que estará compuesta por dos representantes de cada una de las partes, entre los que deberá figurar:
- Por parte de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, la persona titular de la Consejería o persona en quien delegue, que ostentará la presidencia, y una persona empleada pública de la Consejería.
-Por el Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote y La Graciosa, la persona titular de la Consejería de Ordenación del Territorio y Política Territorial o persona en quien delegue, y una persona empleada pública del área de Ordenación del Territorio y Política Territorial.
Las funciones de Secretaría serán ejercidas por la persona empleada pública designada por el Cabildo.
Esta Comisión de Seguimiento actuará tanto como órgano de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del Convenio y de los compromisos adquiridos mediante el mismo, como órgano de interpretación y resolución de controversias que pudieran suscitarse en relación al cumplimiento del Convenio, y como órgano de coordinación en relación a la propuesta de ordenación que pretenda plasmarse en el plan.
Asimismo, esta Comisión de Seguimiento, que se reunirá al menos con carácter anual, funcionará como mecanismo de evaluación de la conveniencia de continuar con la relación pactada o, en su caso, proceder a la denuncia de Convenio. A los efectos de la satisfacción de los principios de coordinación, cooperación y lealtad institucional contenidos en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias, podrá integrarse en el funcionamiento de esta Comisión las funciones propias de la Comisión de Seguimiento referida en el artículo 9 del Reglamento de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 181/2018, de 26 de diciembre.
Le será de aplicación a esta Comisión de Seguimiento lo previsto en el artículo 9 del Reglamento de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 181/2018, de 26 de diciembre; en el artículo 8 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
La Comisión de Seguimiento podrá ser convocada a petición de cualquiera de sus miembros y se reunirá cuantas veces sea necesario para el desarrollo de sus funciones y, al menos, con carácter anual.
Décima.- Plazo de vigencia.
Este Convenio producirá efectos entre las partes desde la fecha de su completa suscripción por ambas partes y tendrá un plazo de vigencia de cuatro años computados a partir de la misma.
En cualquier momento antes de la finalización de este plazo, los firmantes del Convenio podrán acordar su prórroga. La formalización de esta prórroga requerirá la inclusión de una adenda al presente Convenio, que deberá estar acordada y firmada por ambas partes antes de la finalización del plazo inicial.
Undécima.- Modificaciones.
En cualquier momento antes de la finalización del plazo de vigencia, cualquiera de las partes firmantes podrá proponer la realización de modificaciones del presente Convenio. Estas modificaciones solo tendrán efectos una vez se formalice mediante la inclusión de una adenda al presente Convenio, que deberá estar acordada y firmada por ambas partes antes de la finalización del plazo de vigencia.
Duodécima.- Causas de resolución.
1. Serán causas de extinción automática del presente Convenio:
a) La aprobación definitiva del plan formulada en los términos expresados en este clausulado y en su anexo.
b) El trascurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado su prórroga dentro del plazo inicial, o el trascurso del plazo en su caso prorrogado.
2. Serán causa de resolución del presente Convenio las siguientes:
a) Por mutuo acuerdo de las partes intervinientes, que deberá formalizarse mediante la correspondiente firma de ambas.
b) Por el incumplimiento debidamente acreditado por una de las partes de las obligaciones establecidas en el presente Convenio, una vez realizado un requerimiento por parte de la otra para su cumplimiento sin que este haya sido objeto de subsanación o respuesta en un plazo razonable.
c) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
3. En caso de quedar pendientes actuaciones en curso en el momento de la resolución, se atenderán las siguientes estipulaciones:
a) si la causa de extinción automática es cualquiera de las previstas en el apartado primero de esta cláusula, se interrumpirán las actuaciones en curso sin posibilidad de adopción de actos jurídicos en cuanto a la tramitación del plan hasta que no se produzca, en su caso, un nuevo convenio; se exceptúa de esta interrupción de actuaciones el supuesto en el que, dentro del plazo de vigencia, el Cabildo ya haya presentado ante la administración autonómica la propuesta de plan para aprobación definitiva, siempre que no sea necesaria la realización de un requerimiento que implique la modificación de la documentación ya entregada;
b) si la causa de resolución es la prevista en el apartado 2.a) de esta cláusula, el acuerdo formal de ambas partes sobre la resolución del plan podrá disponer el modo de continuación de las actuaciones pendientes; en caso que no se disponga nada, se interrumpirán las actuaciones en curso sin posibilidad de adopción de actos jurídicos en cuanto a la tramitación del plan; se exceptúa de esta interrupción de actuaciones el supuesto en el que, dentro del plazo de vigencia, el Cabildo ya haya presentado ante la administración autonómica la propuesta de plan para aprobación definitiva, siempre que no sea necesaria la realización de un requerimiento que implique la modificación de la documentación ya entregada;
c) si la causa de resolución es la prevista en el apartado 2.b) de esta cláusula, se interrumpirán las actuaciones en curso sin posibilidad de adopción de actos jurídicos en cuanto a la tramitación del plan desde el día siguiente a se produzca la notificación a la administración que haya incumplido de la comunicación por parte de la otra de no entender subsanado el requerimiento previamente realizado;
d) si la causa de resolución es la prevista en el apartado 2.c) de esta cláusula, se interrumpirán las actuaciones en curso sin posibilidad de adopción de actos jurídicos en cuanto a la tramitación del plan desde el día siguiente a que se produzca la notificación de la firmeza de la sentencia a cualquiera de las dos partes, siempre que no se disponga otra cosa en el fallo judicial.
Decimotercera.- Protección de datos de carácter personal.
Si durante el ejercicio de las labores encomendadas al órgano ambiental autonómico, cualquiera de las partes tuviera acceso a datos de carácter personal por cuenta de la otra, su tratamiento se realizará siempre y exclusivamente a los efectos de llevar a buen fin el presente Convenio.
Ambas partes se comprometen a tratar los mismos conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y demás normativa de desarrollo, así como conforme al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas respecto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los mismos.
Los/as titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante las partes signatarias en la dirección correspondiente.
Decimocuarta.- Jurisdicción.
En caso de controversia sobre la interpretación, ejecución y cumplimiento de este Convenio, que no pueda ser solventada en el seno de la Comisión de Seguimiento, las partes se someten al conocimiento y competencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en su sede de Las Palmas de Gran Canaria, de conformidad con lo previsto en los artículos 10.g) y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.- El Consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda Medina.- El Presidente del Cabildo Insular de Lanzarote y La Graciosa, Oswaldo Betancort García.
ANEXO DEL CONVENIO
CONDICIONES TÉCNICAS DE EJECUCIÓN DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN RELATIVA A LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN, MEJORA E INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD PARA EL NÚCLEO TURÍSTICO DE PLAYA BLANCA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE YAIZA, POR PARTE DEL CABILDO DE LANZAROTE Y LA GRACIOSA.
1. Objeto.
Es objeto del presente anexo establecer las condiciones técnicas de ejecución de los trabajos de formulación del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad para la zona turística del núcleo de Playa Blanca, en el término municipal de Yaiza.
Estas condiciones técnicas tienen como objetivo establecer el contenido mínimo que describa las condiciones de entrega del instrumento de planeamiento en que se formalice el citado Plan, a los efectos de poder proceder a su tramitación en sus distintas fases.
Este instrumento de planeamiento deberá entregarse completo, conforme a las condiciones establecidas en el presente anexo, de tal forma que sea apto para proceder a su tramitación en cada una de sus fases.
En todo caso, el instrumento de planeamiento debe ajustarse a las disposiciones legales aplicables a la formulación de los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad contenidas en la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias; en su Reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto 85/2015, de 14 de mayo; en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias; en el Reglamento de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 181/2018, de 26 de diciembre; en el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre; en las Directrices de Ordenación del Turismo, aprobadas por Ley 19/2003, de 14 de abril; en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; en el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, con carácter supletorio, y en el resto de normas que resulten de aplicación.
2. Documentación.
El instrumento de planeamiento debe seguir la misma estructura de un Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad, centrándose en los elementos que sean objeto de alteración.
Toda la documentación indicada deberá estar firmada por sus autores y reflejar su fecha de conclusión. En especial, la documentación ambiental, además de estar firmada por sus autores e indicar su fecha de conclusión, deberá estar realizada por personas que posean la capacidad técnica suficiente de conformidad con las normas sobre cualificaciones profesionales y de la educación superior, y deberán tener la calidad necesaria, en los términos indicados en el artículo 16 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El Cabildo deberá presentar toda la documentación indicada en los apartados anteriores en cada una de las fases del procedimiento, ajustada al momento procedimental del mismo, y con las rectificaciones que en cada momento resulten incorporadas al Plan.
El contenido mínimo será el siguiente, adaptados a los objetivos específicos que se pretenden alcanzar con esta alteración:
2.1. El estudio previo a que hace referencia el artículo 7.1.a) del Reglamento de desarrollo de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, aprobado por Decreto 85/2015, de 14 de mayo.
2.2. La memoria a que hace referencia el artículo 7.1.b) del Reglamento de desarrollo de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, aprobado por Decreto 85/2015, de 14 de mayo, en la que se incluirá el contenido que resulte de aplicación que se establece en los artículos 59 y 61 del Reglamento de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 181/2018, de 26 de diciembre; y, con carácter supletorio, en el artículo 38 del Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio.
Esta memoria deberá contener un apartado específico relativo al resumen ejecutivo a que hace referencia el artículo 25.3 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, y sin perjuicio del plano a que se hace referencia en el siguiente apartado 2.6.
La memoria incluirá, además, cuanta información y documentación sea requerida por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas en orden a justificar las decisiones de ordenación que se plasmen en la propuesta del Plan.
2.3. El programa de gestión y ejecución a que hace referencia el artículo 7.1.c) del Reglamento de desarrollo de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, aprobado por Decreto 85/2015, de 14 de mayo, en el que se incluirá el contenido que resulte de aplicación que se establece, con carácter supletorio, en el artículo 41 del Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio.
2.4. El sistema de indicadores a que hacen referencia los artículos 7.2 y 8 del Reglamento de desarrollo de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias.
2.5. El análisis de integración paisajística a que hace referencia el artículo 140.3 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
2.6. Los planos de información y de ordenación a que hace referencia el artículo 7.3 del Reglamento de desarrollo de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, entre los que se incluirá el contenido que resulte de aplicación que se establece en los artículos 60 y 62 del Reglamento de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 181/2018, de 26 de diciembre; y, con carácter supletorio, en el artículo 39 del Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio. En esta documentación planimétrica deberá constar, además, el plano a que hace referencia el artículo 25.3 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.
2.7. La memoria de viabilidad económica a que hace referencia el artículo 7.5 del Reglamento de desarrollo de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, en la que se incluirá:
• El informe o memoria de sostenibilidad económica que el artículo 22.4 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, exige para los instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación urbanística.
• La memoria de viabilidad económica que el artículo 22.5 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, exige relación con la ordenación y ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano.
• El estudio económico financiero a que hace referencia el artículo 64 del Reglamento de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 181/2018, de 26 de diciembre; y, en lo que resulte de aplicación con carácter supletorio, en el artículo 42 del Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio.
2.8. La documentación ambiental que resulte exigible en cada fase del procedimiento de evaluación ambiental estratégica que se siga en la tramitación del plan, de conformidad con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental: documento inicial estratégico y estudio ambiental ambiental estratégico en caso del procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria; documento ambiental estratégico en caso del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada.
En este caso, la documentación ambiental incluirá las rectificaciones que resulten pertinentes en función de los pronunciamientos del órgano ambiental (documento de alcance, informe ambiental estratégico, declaración ambiental estratégica), así como las que pudieran derivarse de los informes sectoriales emitidos en fase de consultas y participación pública relativa a la evaluación ambiental estratégica.
2.9. El estudio de movilidad a que hace referencia el artículo 35 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, en su caso.
2.10. La zonificación acústica a que se refiere el artículo 5 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
2.11. Un informe de impacto por razón de género, de conformidad con el artículo 6.2 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, elaborado de conformidad con las Directrices para su elaboración y contenido básico aprobadas por el Gobierno de Canarias el 26 de junio de 2017 (BOC n.º 128, de 5.7.2017).
2.12. Un informe sobre impacto empresarial, de conformidad con el artículo 17 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Fomento y Consolidación del Emprendimiento, el Trabajo Autónomo y las Pymes en la Comunidad Autónoma de Canarias.
2.13. Un análisis sobre las posibles consecuencias indemnizatorias derivadas de la aprobación del Plan, de conformidad con el Acuerdo del Gobierno de Canarias de 21 de diciembre de 2009. En particular:
• Memoria. Deberá contener un análisis completo sobre los efectos que la nueva ordenación propuesta pudiera tener sobre las determinaciones vigentes, o sobre la imposición de nuevas limitaciones singulares, impidiendo o limitando posibles derechos adquiridos a urbanizar o edificar. En uno u otro caso, se incorporará el reconocimiento de la expresa asunción de responsabilidad de la Administración que formula el plan cuando detecte que una determinación susceptible de generar indemnizaciones resulta impuesta por el carácter vinculante y prevalente de una determinación legal o de planeamiento de rango superior, en cuyo caso, se hará constar expresamente en la Memoria a qué Administración corresponde la posible responsabilidad patrimonial.
Asimismo, si la determinación susceptible de generar responsabilidad se establece en base a intereses supramunicipales expresados en informes de otras Administraciones, corresponderá a estas la asunción de dicha responsabilidad.
La Memoria incorporará, en su caso, un anexo actualizado, explicativo de las modificaciones o alteraciones de las determinaciones urbanísticas que se produzcan con ocasión de la aprobación definitiva, determinando, cuando así proceda, si las mismas son susceptibles de generar derechos indemnizatorios y la Administración responsable del pago de posibles indemnizaciones.
• Estudio Económico-Financiero. Cuando la Memoria del documento de planeamiento prevea la existencia de determinaciones urbanísticas susceptibles de generar posibles indemnizaciones, el Estudio Económico-Financiero valorará la cuantía estimada de las mismas, asignando expresamente las partidas o medios económicos propios previstos para el pago, en su caso, de las posibles indemnizaciones.
Cuando la determinación urbanística que, en su caso, pueda generar derechos indemnizatorios derive de una exigencia vinculante de otra Administración, se hará constar expresamente, con la conformidad de la Administración que impone la determinación, la cuantía estimada en concepto de indemnización y las partidas o medios económicos de aquella Administración que servirá para afrontar, en su caso, los pagos correspondientes.
Asimismo, el Estudio Económico-Financiero se actualizará cuando se introduzcan determinaciones urbanísticas que sean susceptibles de generar posibles indemnizaciones no contempladas con anterioridad, o derivadas de otras Administraciones distintas de las que formula el Plan.
En todo caso, el órgano que apruebe definitivamente el instrumento de ordenación comprobará la constancia de las citadas determinaciones, así como de las cuantías propuestas y la asignación del pago a la Administración que corresponda. En los procedimientos bifásicos, la Administración que formule el instrumento deberá hacer constar su conformidad expresa con tales determinaciones.
2.14. Tras las fases de información pública, de consultas y de solicitud de informes a las administraciones sectoriales afectadas, deberá incluirse un documento que contenga:
• La contestación a las alegaciones que se hayan presentado, donde se otorgue una respuesta razonada a cada uno de ellos, una propuesta de estimación o desestimación y, en caso de estimarse, la propuesta de alteración que se incorpore en el Plan.
• Una respuesta razonada a cada uno de los informes emitidos y, en su caso, la propuesta de alteración que se incorpore en el Plan.
• Un índice explicativo de las rectificaciones, alteraciones y/o correcciones que en la documentación del plan se vayan incorporando como consecuencia de toda la tramitación del plan, con indicación expresa del documento y lugar del mismo (página, folio, plano, etc.) donde se incorpora.
2.15. Las normas que resulten alteradas respecto al planeamiento vigente.
3. Otras condiciones.
3.1. Formato de archivos. La documentación integrante del documento de planeamiento que se entregue para su tramitación en cada una de sus fases deberá presentarse distribuida en un árbol de carpetas y subcarpetas que refleje la estructura contenida en el artículo 58 del Reglamento de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, y el artículo 7 del Reglamento de la Ley de renovación y modernización turística de Canarias, aprobado por Decreto 85/2015, de 14 de mayo. Cualquier otra documentación precisa o necesaria deberá incorporarse en una carpeta denominada “Anexo” o “Anexos”.
La documentación se deberá presentar siempre en dos ejemplares: uno abierto y editable; otro cerrado. El ejemplar cerrado deberá presentarse en formato pdf, siguiendo el orden un documento, un archivo. Por ejemplo:
• Documento de memoria de información: un archivo.
• Documento de memoria de ordenación: un archivo.
• Cada plano: un archivo.
Cada documento y/o plano deberá estar firmado electrónicamente por su autor o autores, evitando que la firma refleje cualquier datos de carácter personal, como el NIF. No obstante, después de firmarse, el archivo pdf no podrá bloquearse para su firma posterior por parte del personal correspondiente de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, a los efectos de su diligenciado.
3.2. Protección de datos. Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula decimotercera, la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas podrá dictar instrucciones de obligado cumplimiento para el Cabildo en relación al tratamiento de los datos de carácter personal cuyo acceso, en el ejercicio de la tarea encomendada, sea absolutamente indispensable.
© Gobierno de Canarias