BOC - 2026/186. Miércoles 16 de septiembre de 2026 - 3265

III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad

3265 - Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 31 de julio de 2026, por la que se establecen los criterios de valoración de la carrera profesional del personal estatutario, a efectos de la provisión por concurso de puestos de trabajo de Administración General y la valoración del mérito profesional consistente en la participación en órganos colegiados de selección o de provisión..

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Contexto normativo

El artículo 30 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, garantiza el derecho a la movilidad del personal funcionario de carrera de la Comunidad Autónoma de Canarias de acuerdo con las condiciones que se determinen en las relaciones de puestos de trabajo.

Dispone así que se garantiza el derecho de los funcionarios de carrera de la Comunidad Autónoma de Canarias a ocupar los puestos de trabajo de acuerdo con las condiciones que se determinen en las relaciones de puestos de trabajo, y mediante los sistemas de provisión de estos regulados en el Capítulo III del Título VI de esta Ley.

En su apartado 2 se señala que los puestos de trabajo vacantes deberán ser convocados en el Boletín Oficial de Canarias a través de los procedimientos de provisión de carácter definitivo que correspondan en el plazo máximo de dos años. A estos efectos se entenderá por puestos de trabajo vacantes aquellos que no tengan reserva legal ni estén ocupados con carácter definitivo.

De otra parte, el artículo 78 de la citada Ley 2/1987, de 30 de marzo, establece que la provisión de los puestos de trabajo que vayan a ser desempeñados por personal funcionario se efectuará mediante los procedimientos de concurso o de libre designación con convocatoria pública, de acuerdo con lo que figure en la relación de puestos de trabajo.

El concurso es el sistema normal de provisión de puestos de trabajo en el que se tendrán en cuenta únicamente los méritos previstos en las bases de la correspondiente convocatoria, de acuerdo con la relación de puestos de trabajo y la reglamentación que en su día se apruebe.

Las bases podrán considerar como méritos, entre otros, la valoración del trabajo desarrollado en los puestos anteriores, la experiencia, la antigüedad, las competencias digitales, los cursos de formación y perfeccionamiento que se han superado en el Instituto Canario de Administración Pública, en el Instituto Nacional de Administración Pública y demás centros oficiales de formación y perfeccionamiento de personal funcionario, y las titulaciones académicas directamente relacionadas con el puesto que se trata de proveer.

También podrán considerarse otros méritos tales como titulaciones profesionales, las acreditaciones oficiales de conocimiento de idiomas extranjeros y las que reglamentariamente se determinen.

Debe significarse que el artículo 78, en su apartado 2, fue objeto de modificación conforme a la disposición final primera de la Ley 4/2021, de 2 de agosto, para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control de los fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación denominado «Next Generation EU», en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En desarrollo de estas previsiones legales, el Capítulo II del Título I del Decreto 48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece el régimen jurídico de la provisión de puestos de trabajo mediante concurso.

Conforme a su artículo 6, la Consejería competente en materia de función pública aprobará y publicará en el Boletín Oficial de Canarias las bases generales que han de regir en los concursos de méritos que se convoquen, las cuales serán objeto de negociación previa en el seno de la Mesa sectorial de negociación de personal funcionario. En dichas bases generales se fijarán los distintos conceptos que deberán ser recogidos como méritos de la fase de concurso específico en las convocatorias de cada uno de los concursos a convocar.

Dichas bases generales son las aprobadas mediante Orden de 5 de octubre de 2012, de la entonces Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, publicadas en el Boletín Oficial de Canarias, n.º 201, de 15 de octubre de 2012.

Señala, de otra parte, que las convocatorias de los concursos de méritos, que corresponderán al Departamento competente en materia de función pública, deberán contener las bases específicas, con sujeción a las bases generales, la denominación, nivel, descripción y localización de los puestos de trabajo ofrecidos y los requisitos indispensables para su desempeño, así como la composición de la Comisión de Evaluación.

El artículo 10 del citado Decreto 48/1998 señala que en los concursos solo podrán ser tenidos en cuenta los méritos que se determinen en las respectivas convocatorias que, como mínimo, deberán valorar la posesión de un determinado grado personal, el trabajo desarrollado y la antigüedad, así como los méritos específicos adecuados a las características de los puestos ofrecidos. Igualmente, se podrán valorar los cursos de formación y perfeccionamiento superados, las competencias digitales, las titulaciones académicas relevantes y el conocimiento y uso de idiomas extranjeros.

Debe significarse que dicho artículo 10, en su apartado 1, fue modificado por la disposición final segunda del Decreto ley 4/2021, de 31 de marzo, de medidas urgentes para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control de los Fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación denominado «Next Generation EU», en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, y por el que se establecen medidas tributarias en el Impuesto General Indirecto Canario para la lucha contra la COVID-19.

Esta modificación subsiste en la medida en que la disposición derogatoria de la citada Ley 4/2021, de 31 de marzo, exceptúa de la derogación del Decreto ley 4/2021, sus disposiciones finales segunda a sexta, ambas inclusive.

Así pues, conforme al señalado artículo 78.2 de la Ley de la Función Pública Canaria, los méritos que únicamente se tendrán en cuenta en los concursos para la provisión de puestos serán los que se determinen en la correspondiente convocatoria y en ella se podrán considerar, entre otros, la valoración del trabajo desarrollado en los puestos anteriores, la experiencia, la antigüedad, las competencias digitales, los cursos de formación y perfeccionamiento superados en el Instituto Canario de Administración Pública, en el Instituto Nacional de Administración Pública y demás centros oficiales de formación y perfeccionamiento de funcionarios, y las titulaciones académicas directamente relacionadas con el puesto que se trata de proveer, así como otros méritos tales como titulaciones profesionales, las acreditaciones oficiales de conocimiento de idiomas extranjeros y las que reglamentariamente se determinen.

No obstante, como se ha expuesto en la correspondiente convocatoria, señala el artículo 10 del Decreto 48/1998 que, como mínimo, se deberá valorar la posesión de un determinado grado personal, el trabajo desarrollado y la antigüedad, así como los méritos específicos adecuados a las características de los puestos ofrecidos.

Carrera profesional del personal funcionario estatutario

Las relaciones de puestos de trabajo de la Administración General incluyen la existencia de puestos de trabajo que pueden ser desempeñados por el personal funcionario estatutario, de forma que estos tienen derecho a participar voluntariamente de las convocatorias que se realicen para la provisión de tales puestos de trabajo, igual que ostenta este derecho el personal funcionario que no pertenece a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias respecto de aquellos puestos de trabajo en los que conforme a su relación de puestos de trabajo se prevea su posible provisión desde su Administración de procedencia.

Uno de los méritos que ha de ser objeto de valoración en las convocatorias de concurso es el del grado personal consolidado por el personal funcionario, el cual, conforme al apartado 1.2 del Anexo I de las bases generales actualmente vigentes, valora en sentido positivo en función de su posición en el intervalo del Cuerpo o Escala desde el que se concursa y en relación al nivel de los puestos a los que se opta, de manera que se le otorga una determinada puntuación, máxima de cinco (5) puntos, conforme a la tabla consignada.

En la medida en que el personal estatutario no posee un grado personal como elemento de su carrera profesional, se parte de la base que las convocatorias de concurso de puestos de trabajo en el ámbito de la Administración General deben incorporar medidas que de una forma real y efectiva garanticen una igualdad de oportunidades entre las personas que tienen derecho a optar por los puestos ofertados.

Tomando en consideración que los puestos de trabajo de personal estatutario tienen asignado un nivel de complemento de destino asimilable al del personal funcionario de carrera, la presente Resolución opta por realizar una equiparación de ambas figuras a los solos efectos de la provisión de puestos de la Administración General.

Participación en órganos colegiados de selección y de provisión

La Ley 2/2025, de 26 de junio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, la gestión eficiente y la calidad en el empleo público de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como para la protección de la infancia en el ámbito de los juegos de azar y apuestas, establece en su artículo 6, apartado 3, que la participación en tribunales calificadores en los procesos de selección a que se refiere este artículo será valorada como mérito en los procesos de selección de personal para el ingreso libre o mediante promoción interna en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, conforme a lo que se determine en las bases que rijan las correspondientes convocatorias, siempre y cuando no comporten más de un diez por ciento del valor total asignado a la valoración de méritos.

El hecho de que este mérito profesional no encuentre regulación en las actuales bases generales no implica que no deba aplicarse por ser un mandato legal, sin perjuicio de que efectivamente se proceda a la aprobación de unas nuevas bases generales o la modificación de las ya existentes para la incorporación de este mérito.

Negociación colectiva

Los dos aspectos que aborda la presente Resolución afectan directamente a las condiciones de trabajo y derechos de participación del personal funcionario en los procedimiento de provisión de puestos de trabajo, motivo por el que la presente Resolución ha sido objeto de negociación colectiva previa en el seno de la Mesa sectorial de personal funcionario, conforme establece el artículo 37 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

Competencia orgánica

De conformidad con lo previsto en el artículo 6.3 del citado Decreto 48/1998, de 17 de abril, puesto en relación con el artículo 76.1, letras c) y d), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, aprobado mediante Decreto 108/2024, de 31 de julio, a la Dirección General de la Función Pública le corresponde la convocatoria y la resolución de los procedimientos de provisión definitiva de puestos de trabajo mediante concurso.

Tramitación

Consta certificación de negociación colectiva de la sesión de Mesa sectorial de personal funcionario celebrada el día 23 de junio de 2026.

Consta informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto.

Consta informe de la Comisión de la Función Pública.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

RESUELVO:

Primero.- Objeto.

1. La presente Resolución tiene por objeto establecer los criterios de valoración de la carrera profesional del personal estatutario que participa en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, por concurso, de personal funcionario de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. Asimismo, tiene por objeto establecer los criterios de valoración del mérito profesional consistente en la efectiva participación en órganos colegiados de selección y de provisión de puestos de trabajo.

Segundo.- Finalidad.

La presente Resolución tiene por finalidad posibilitar la aplicación de los méritos profesionales a los que se refiere su objeto, en las convocatorias de provisión de puestos de trabajo de personal funcionario durante el tiempo de su eficacia.

Tercero.- Medidas compensatorias de valoración del mérito de grado personal respecto del personal estatutario.

1. Al personal funcionario estatutario que participe en las convocatorias de provisión de puestos de trabajo de personal funcionario de la Administración General, desde la condición de personal estatutario, se le tomará en consideración el nivel de complemento de destino del puesto de trabajo, de personal estatutario, desde el que concursa, a los efectos de incorporarlo en las correspondientes convocatorias de provisión por concurso, para la valoración de este complemento en términos de igualdad de trato con respecto al mérito de grado personal.

2. A los efectos del apartado anterior, se tomará en consideración el nivel del complemento de destino del puesto desde el cual el personal estatutario concursa, siempre y cuando lo haya desempeñado al menos durante dos años, o tres con interrupción a contar desde el día final de presentación de las solicitudes de participación en la convocatoria.

En caso de que no se cumpla con este requisito de permanencia, se tomará en consideración el puesto que se hubiera desempeñado anteriormente por la persona participante y que reúna este requisito de permanencia dentro de la misma clasificación profesional del empleo público estatutario desde el que se participa.

3. Cumplido lo previsto en el apartado anterior, se realizará una valoración del mérito en la misma forma en que se realiza del personal funcionario de carrera respecto de su grado personal reconocido.

Cuarto.- Participación en órganos colegiados de selección o provisión.

1. Será objeto de valoración la efectiva participación en los órganos colegiados de selección de personal funcionario o laboral, por ingreso libre o mediante promoción interna, así como en los órganos colegiados de valoración de los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, por concurso, en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, que hubieren sido designados a partir del día 13 de agosto de 2023, inclusive, fecha de entrada en vigor del Decreto ley 7/2024, de 31 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, la gestión eficiente y la calidad en el empleo público de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como para la protección de la infancia en el ámbito de los juegos de azar y apuestas.

2. Se otorgará un máximo de dos (2) puntos a la condición de Presidencia y de Secretaría y un máximo de un (1) punto a la condición de Vocalía.

3. Si durante el proceso selectivo o de provisión de puestos, la persona participante hubiera ostentado diversas condiciones en el órgano colegiado, se valorará su participación con la mayor de las puntuaciones asignadas.

4. La puntuación relativa a la participación se otorgará cuando se haya participado en la totalidad del proceso.

5. La puntuación máxima que se puede otorgar a este mérito, derivado de las diferentes participaciones que en su caso se aleguen y acrediten, nunca será superior al diez por ciento de la valoración del conjunto de méritos que prevea la convocatoria.

Quinto.- Publicación.

La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial de Canarias.

Impugnación.

El personal funcionario interesado podrá presentar, contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Santa Cruz de Tenerife, a tenor de lo regulado en el artículo 8.2.a), en relación con el artículo 14.2, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

No obstante, a criterio de la persona interesada, podrá interponer en vía administrativa recurso potestativo de reposición ante esta Dirección General, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de Canarias, en los términos previstos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En el caso de presentarse recurso potestativo de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se pudiera interponer.

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de julio de 2026.- El Director General de la Función Pública, Francisco Javier Rodríguez del Castillo.



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