El artículo 20 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece que los órganos u organismos del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de sus secretarías generales técnicas u órgano equivalente, deberán publicar los convenios en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma.
En el plazo indicado en el apartado anterior, deberán publicar también en el Boletín Oficial de Canarias los anexos, adendas, prórrogas y otros actos de modificación o extinción del convenio.
En cumplimiento de los fundamentos jurídicos citados y con la finalidad de facilitar el público conocimiento de los compromisos asumidos en el ámbito de la actividad convencional del sector público autonómico,
RESUELVO:
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio de Cooperación Interadministrativa entre la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular de El Hierro y los Ayuntamientos de Valverde, La Frontera y El Pinar de El Hierro para reforzar el sistema público de tutela del patrimonio cultural a través de la colaboración técnica en la identificación, documentación, valorización y catalogación de los bienes culturales de la isla de El Hierro, suscrito con fecha 28 de agosto de 2026, y que se incorpora como anexo.
Santa Cruz de Tenerife, a 31 de agosto de 2026.- La Secretaria General Técnica, María Dolores Alonso Álamo.
ANEXO
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVA ENTRE LA CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, CIENCIA E INNOVACIÓN Y CULTURA DEL GOBIERNO DE CANARIAS, EL CABILDO INSULAR DE EL HIERRO Y LOS AYUNTAMIENTOS DE VALVERDE, LA FRONTERA Y EL PINAR DE EL HIERRO PARA REFORZAR EL SISTEMA PÚBLICO DE TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN TÉCNICA EN LA IDENTIFICACIÓN, DOCUMENTACIÓN, VALORIZACIÓN Y CATALOGACIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DE LA ISLA DE EL HIERRO.
En Canarias, a 28 de agosto de 2026.
REUNIDOS
De una parte, Dña. Migdalia María Machín Tavío, en su calidad de Consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, según nombramiento efectuado por Decreto 43/2023, de 14 de julio, del Presidente, por el que se nombra a los Consejeros y Consejeras de Canarias (BOC n.º 138, de 15.7.2023), y actuando en nombre y representación de la Comunidad Autónoma de Canarias, en virtud de las competencias que le otorgan los artículos 16.1 y 29.1.k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.
De otra parte, D. Alpidio Armas González, Presidente del Cabildo de El Hierro, en representación del mismo, nombrado en virtud de acuerdo del Pleno de fecha 11 de julio de 2023, de conformidad con los artículos 57.b) y 125.2 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares, facultado para la firma del presente Convenio por acuerdo del Consejo de Gobierno Insular, adoptado en sesión ordinaria celebrada con fecha 28 de mayo de 2026.
De otra parte, D. Carlos Brito Brito, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Valverde, en representación de dicha Corporación, en ejercicio de las atribuciones que le confieren el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el artículo 31.1.e) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, facultado para la firma del presente Convenio por acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en sesión celebrada el día 25 de junio de 2026.
De otra parte, D. Pablo Rodríguez Cejas, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Frontera, en representación de dicha Corporación, en ejercicio de las atribuciones que le confieren el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el artículo 31.1.e) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, facultado para la firma del presente Convenio por acuerdo del Pleno adoptado en sesión celebrada el día 23 de junio de 2026.
Y de otra parte, D. Juan Miguel Padrón Brito, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro, en representación de dicha Corporación, en ejercicio de las atribuciones que le confieren el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el artículo 31.1.e) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, facultado para la firma del presente Convenio por acuerdo del Pleno adoptado en sesión celebrada el día 21 de abril de 2026.
Las partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad para obligarse y convenir,
EXPONEN
Primero.- Que el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias (en adelante, Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre), relativo al derecho en el ámbito cultural, establece que los ciudadanos y ciudadanas de Canarias tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a la cultura, y que los poderes públicos canarios garantizarán la práctica de actividades culturales, artísticas y formativas en condiciones de igualdad en todo el territorio de Canarias, teniendo en cuenta la doble insularidad, velando asimismo por la protección y defensa de la identidad, el patrimonio histórico y los valores e intereses de Canarias, del legado etnográfico y arqueológico de los aborígenes prehispánicos y de las demás culturas que han ido poblando el Archipiélago, así como de las distintas modalidades lingüísticas.
Segundo.- Que la Comunidad Autónoma de Canarias, en virtud del artículo 137 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, ostenta competencia exclusiva sobre el patrimonio cultural, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.2 de la Constitución Española, comprendiendo dicha competencia la regulación del régimen jurídico de los bienes, actividades y demás manifestaciones que lo integran por sus valores históricos, arquitectónicos, artísticos, arqueológicos, etnográficos, paleontológicos, científicos o técnicos, así como los bienes inmateriales de la cultura popular canaria y las particularidades lingüísticas del español hablado en Canarias.
Tercero.- Que el Estatuto de Autonomía de Canarias configura, junto a la competencia exclusiva en materia de patrimonio cultural reconocida en su artículo 137, un marco institucional de actuación pública en el que participan las distintas administraciones canarias conforme a la distribución territorial del poder público y al respectivo ámbito de sus competencias.
En este sentido, los Cabildos Insulares, como instituciones de la Comunidad Autónoma, órganos de gobierno, administración y representación de cada isla, ejercen competencias propias, transferidas o delegadas, figurando expresamente entre sus ámbitos materiales de actuación el patrimonio histórico-artístico insular, de conformidad con el artículo 70.2.p) de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre.
Del mismo modo, los municipios canarios, como entidades básicas de la organización territorial, ejercen competencias propias y las que les sean atribuidas o delegadas, comprendiendo entre ellas, en los términos previstos estatutariamente, las relativas al patrimonio histórico, de acuerdo con el artículo 75.5.i) del mismo texto legal. De este modo, el Estatuto diseña un auténtico sistema público de tutela del patrimonio cultural, territorialmente desplegado y funcionalmente coordinado, que exige el ejercicio conjunto, cooperativo y complementario de las competencias de la Comunidad Autónoma, los Cabildos Insulares y los ayuntamientos.
Cuarto.- Que, en desarrollo de las competencias y del marco institucional previstos en el Estatuto de Autonomía de Canarias, se aprobó la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias (en adelante, Ley 11/2019, de 25 de abril), norma que articula el sistema público de tutela del patrimonio cultural de Canarias y ordena la intervención de las distintas administraciones públicas canarias en esta materia. En particular, su artículo 14 establece los deberes generales que corresponden a todas las administraciones públicas canarias respecto del patrimonio cultural, entre ellos asegurar su mantenimiento, conservación y utilización compatible con sus valores; crear y mantener los órganos y unidades administrativas encargados de su gestión; y proceder a la documentación detallada y exhaustiva de los bienes muebles, inmuebles e inmateriales mediante los instrumentos definidos en la propia ley, manteniéndolos actualizados y en soportes adecuados para su utilización por otras administraciones, personal investigador y particulares. Del mismo modo, el artículo 6 de la citada ley habilita y exige la colaboración institucional, al disponer que todas las administraciones públicas canarias colaborarán y se coordinarán en el ejercicio de sus competencias y funciones para contribuir al logro de los objetivos de la ley, imponiendo además a las entidades locales deberes específicos de cooperación en la custodia, protección, conservación y difusión de los bienes radicados en su ámbito territorial.
Quinto.- Que, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 11/2019, de 25 de abril, corresponde a la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, entre otras funciones, coordinar las actuaciones de las administraciones públicas canarias y fomentar la colaboración y cooperación entre las administraciones implicadas en la tutela y gestión del patrimonio cultural; crear y gestionar el Sistema de Información del Patrimonio Cultural de Canarias; promover y coordinar la política de investigaciones del patrimonio cultural con otras administraciones e instituciones competentes; difundir y divulgar el conocimiento y valoración de los bienes culturales; y planificar la política de conservación y protección del patrimonio cultural de Canarias en coordinación con los Cabildos Insulares. Estas competencias de dirección, impulso, coordinación y planificación justifican la participación activa de la Comunidad Autónoma en los instrumentos convencionales de cooperación patrimonial.
Sexto.- Que los Cabildos Insulares desempeñan una función esencial en dicho sistema público de tutela, tanto por su posición institucional como por las competencias materiales que les atribuye el ordenamiento. Así, el artículo 16 de la Ley 11/2019, de 25 de abril, les atribuye, entre otras, la incoación e instrucción de los procedimientos de declaración de bien de interés cultural; la elaboración, gestión y mantenimiento de los catálogos insulares de bienes patrimoniales culturales; la autorización de intervenciones y usos en bienes de interés cultural y en bienes incluidos en el catálogo insular; la adopción de medidas cautelares para impedir actuaciones que comporten riesgo de destrucción o deterioro; y la definición de la política insular en materia de conservación, restauración y prevención de riesgos del patrimonio cultural, en coordinación con la Comunidad Autónoma de Canarias y los ayuntamientos. Asimismo, la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares, prevé en su artículo 6.2.o) la atribución a los cabildos de competencias en materia de cultura, deportes, ocio y esparcimiento, así como de patrimonio histórico-artístico insular, museos, bibliotecas y archivos que no se reserve la Comunidad Autónoma.
Séptimo.- Que los ayuntamientos, por su parte, ejercen un papel nuclear en la tutela del patrimonio cultural radicado en su término municipal, por su proximidad al territorio, a los bienes y a la realidad urbanística, social y administrativa en la que estos se insertan. A tal efecto, el artículo 17 de la Ley 11/2019, de 25 de abril, les atribuye entre otras competencias la de elaborar, gestionar y mantener los catálogos municipales de bienes patrimoniales culturales; formular, tramitar y aprobar los planes especiales de protección que procedan; vigilar el patrimonio cultural existente en su término municipal; notificar al cabildo insular cualquier acción u omisión que suponga riesgo de destrucción o deterioro; colaborar en la ejecución de las medidas cautelares adoptadas por otras administraciones públicas; elevar iniciativas en materia de protección y conservación; y difundir y divulgar los bienes integrantes del patrimonio cultural de Canarias que radiquen en su término municipal. En coherencia con ello, la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, contempla en su artículo 11.k) el patrimonio histórico entre las materias sobre las que las leyes sectoriales autonómicas pueden atribuir competencias propias a los municipios canarios.
Octavo.- Que, por ello, la defensa del patrimonio cultural constituye un interés público compartido por todas las administraciones firmantes y requiere una respuesta común, coordinada y sostenida en el tiempo, basada en la lealtad institucional, la asistencia mutua, el intercambio de información y la definición compartida de criterios de actuación. Esa necesidad de cooperación se intensifica especialmente en relación con los bienes patrimoniales culturales de carácter inmueble, por cuanto su falta de identificación, documentación o protección suficiente puede ocasionar pérdidas irreversibles, alteraciones incompatibles con sus valores o procesos de deterioro difíciles o imposibles de revertir. La propia Ley 11/2019, de 25 de abril, impone a todas las administraciones el deber de documentar detallada y exhaustivamente los bienes patrimoniales y de mantener actualizada esa información, precisamente para hacer efectiva su tutela.
Noveno.- Que, en particular, los catálogos municipales de bienes patrimoniales culturales constituyen, conforme al artículo 50 de la Ley 11/2019, de 25 de abril, el instrumento de protección en el que se incluyen aquellos bienes muebles e inmuebles del patrimonio cultural de Canarias que, sin alcanzar la relevancia propia de los bienes de interés cultural, ostenten valores históricos, artísticos, arquitectónicos, arqueológicos, etnográficos, bibliográficos, documentales, lingüísticos, paisajísticos, industriales, científicos o técnicos, o de cualquier otra naturaleza cultural, que deban ser especialmente preservados, sin que su estado de conservación constituya obstáculo para su catalogación. Añade dicho precepto que tales catálogos tienen la consideración de instrumentos de ordenación municipal y que los ayuntamientos facilitarán su accesibilidad por medios telemáticos.
Décimo.- Que, sin perjuicio de la relevancia singular de los catálogos municipales, las administraciones firmantes consideran que la cooperación interadministrativa en la isla de El Hierro no debe agotarse en la mera elaboración formal de dichos instrumentos, sino extenderse al acompañamiento técnico e institucional, a la compatibilización de la información disponible, a la detección temprana de riesgos que afecten a los bienes patrimoniales culturales, a la unificación de criterios metodológicos y documentales y, en general, al refuerzo del sistema público de tutela del patrimonio cultural insular.
Décimo primero.- Que, en consecuencia, resulta de interés común formalizar un marco estable de cooperación entre la Comunidad Autónoma de Canarias, el Cabildo Insular de El Hierro y los ayuntamientos de la isla, que permita articular relaciones administrativas de colaboración, cooperación, asistencia mutua, coordinación técnica e intercambio de información en materia de patrimonio cultural, con especial atención a la identificación, documentación, protección, conservación y puesta en valor de los bienes patrimoniales culturales radicados en el ámbito insular y municipal.
Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio que se regirá por las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto.
Constituye el objeto del presente Convenio establecer un marco de asistencia técnica y cooperación interadministrativa entre la Comunidad Autónoma de Canarias, el Cabildo Insular de El Hierro, el Ayuntamiento de Valverde, el Ayuntamiento de La Frontera y el Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro para la identificación, documentación, valoración y catalogación de los bienes inmuebles del patrimonio cultural situados en la isla de El Hierro, en el ámbito de los respectivos catálogos municipales de bienes patrimoniales culturales, así como para el desarrollo de actuaciones complementarias de asesoramiento histórico, revalorización patrimonial, interpretación y apoyo a la musealización de dichos bienes.
La asistencia técnica y cooperación previstas en este Convenio se orientarán a facilitar el ejercicio coordinado de las competencias que la legislación vigente atribuye a las administraciones firmantes en materia de patrimonio cultural, especialmente en relación con la elaboración, gestión y mantenimiento de los catálogos municipales de bienes patrimoniales culturales, la protección de los bienes inmuebles que deban ser especialmente preservados y la mejora del conocimiento, difusión y puesta en valor del patrimonio cultural de la isla de El Hierro.
Segunda.- Compromisos asumidos por las partes.
1. La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, a través de la Dirección General competente en materia de patrimonio cultural, asume los siguientes compromisos:
a) Prestar asistencia técnica a las entidades locales firmantes para la identificación, documentación, valoración y catalogación de los bienes inmuebles del patrimonio cultural situados en la isla de El Hierro, en el marco de la elaboración, actualización o mejora de los correspondientes catálogos municipales de bienes patrimoniales culturales.
b) Facilitar apoyo técnico especializado, con medios personales propios o a través de sus medios propios personificados, para el desarrollo de trabajos de análisis, contextualización, asesoramiento y revalorización histórica de los bienes objeto de estudio, incluyendo, en su caso, la participación de personal técnico cualificado y especializado, entre ellos perfiles con formación doctoral en Historia o en disciplinas afines, cuando así lo requiera la naturaleza de los trabajos.
c) Prestar apoyo metodológico y documental para la homogeneización de criterios técnicos y de contenido en la catalogación de los bienes inmuebles, de conformidad con la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias.
d) Colaborar, con sus propios medios o a través de sus medios propios, en actuaciones de interpretación, difusión y musealización vinculadas a los bienes patrimoniales culturales objeto del presente Convenio, siempre que dichas actuaciones resulten coherentes con los fines de identificación, protección y puesta en valor perseguidos por este instrumento.
e) Facilitar, en la medida de sus disponibilidades y de conformidad con la normativa aplicable, la coordinación técnica necesaria con el Cabildo Insular de El Hierro y con los ayuntamientos firmantes para el adecuado desarrollo de las actuaciones previstas.
2. El Cabildo Insular de El Hierro asume los siguientes compromisos:
a) Colaborar en la coordinación insular de las actuaciones previstas en el presente Convenio y facilitar el intercambio de información, antecedentes y documentación útil para la identificación, valoración y catalogación de los bienes inmuebles del patrimonio cultural de la isla.
b) Prestar apoyo técnico a los ayuntamientos firmantes, en el ámbito de sus competencias y en coordinación con la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, para la definición de criterios comunes de actuación, la homogeneización metodológica y documental de los trabajos de catalogación y, en su caso, la preparación de documentación técnica orientativa que pueda servir de base para la redacción de pliegos, prescripciones técnicas o encargos vinculados a la elaboración, actualización o desarrollo de los catálogos municipales de bienes patrimoniales culturales.
c) Facilitar a los ayuntamientos firmantes cuanta información y/o documentación obre en su poder y resulte precisa para la identificación, análisis y catalogación de bienes inmuebles situados en su respectivo término municipal, especialmente en relación con aquellos espacios o ámbitos incluidos en la Red Natura 2000, en la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos o sometidos a otros regímenes de protección de competencia insular, incluyendo, en su caso, la intermediación con el Patronato Insular cuando ello resulte necesario.
d) Poner a disposición de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, con carácter temporal y exclusivamente a los efectos de la ejecución del presente Convenio, las instalaciones museísticas, arqueológicas o de interpretación patrimonial de titularidad insular que resulten idóneas para el desarrollo de actuaciones vinculadas a la documentación, estudio, interpretación, difusión o musealización de los bienes patrimoniales culturales comprendidos en su ámbito. El presente Convenio constituirá título habilitante a tales efectos, sin perjuicio de la necesidad de autorización expresa del Cabildo Insular de El Hierro en cada caso, cuando así resulte procedente en atención a la naturaleza de la instalación, de la actuación proyectada o de la normativa aplicable.
e) Facilitar la colaboración con la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura para el desarrollo, mediante medios propios de esta última, de actuaciones de apoyo a la musealización y puesta en valor de bienes o espacios patrimoniales de interés insular o municipal relacionados con el objeto del Convenio.
f) Contribuir a la compatibilidad técnica y funcional de la información generada en ejecución del Convenio con los instrumentos, recursos y sistemas insulares de gestión patrimonial, favoreciendo su adecuada integración y reutilización por las administraciones firmantes.
g) Cuantas otras actuaciones resulten necesarias, en el ámbito de sus competencias, para favorecer el adecuado desarrollo del presente Convenio y el cumplimiento de sus fines.
3. Los ayuntamientos de Valverde, La Frontera y El Pinar de El Hierro asumen los siguientes compromisos:
a) Impulsar, en el ámbito de sus respectivas competencias, la identificación, documentación e inventariado de los bienes inmuebles del patrimonio cultural radicados en su término municipal, promoviendo cuantas actuaciones administrativas y técnicas resulten precisas para ello.
b) Promover la elaboración, actualización y, en su caso, la aprobación de sus respectivos catálogos municipales de bienes patrimoniales culturales, así como de los instrumentos, actuaciones o documentos técnicos que resulten necesarios para su adecuada formulación y tramitación.
c) Impulsar, cuando resulte necesario para la ejecución de las actuaciones previstas en el presente Convenio, la preparación y aprobación de los expedientes administrativos oportunos para el encargo a medios propios, la contratación o licitación de los trabajos técnicos precisos, incluyendo, en su caso, la aprobación de pliegos, prescripciones técnicas, memorias o demás documentación preparatoria que proceda.
d) Colaborar en la definición de prioridades de actuación, en la localización e identificación de bienes, en la delimitación de ámbitos de trabajo y en la validación técnica y administrativa de la información obtenida.
e) Valorar e impulsar, cuando resulte necesario, la dotación de medios económicos suficientes para el desarrollo de las actuaciones derivadas del presente Convenio, incluyendo, cuando sea necesario, la solicitud de financiación, subvenciones, asistencias, encargos o cualquier otro instrumento de colaboración económica o técnica que resulte procedente conforme al ordenamiento jurídico.
f) Designar una persona o unidad de referencia para la coordinación técnica y administrativa con las restantes administraciones firmantes durante la ejecución del Convenio.
Tercera.- Compromisos económicos.
El presente Convenio no conlleva transferencia económica alguna entre las administraciones firmantes, ni implica, por sí mismo, la asunción de obligaciones económicas recíprocas ni la existencia de financiación conjunta o aportaciones dinerarias entre las partes.
Ello se entiende sin perjuicio de los costes internos, personales, materiales, técnicos u organizativos que cada administración deba asumir con cargo a sus propios medios para el cumplimiento de los compromisos que le corresponden en virtud del presente Convenio.
Asimismo, la ejecución de las actuaciones previstas podrá requerir, en su caso, la posterior tramitación de los oportunos expedientes administrativos por cada una de las administraciones intervinientes, incluidas, en su caso, contrataciones, encargos a medios propios, solicitudes de financiación o habilitación de recursos presupuestarios, sin que ello quede amparado automáticamente por el presente Convenio ni suponga compromiso económico exigible para las demás partes.
Cuarta.- Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y compromisos.
El incumplimiento por cualquiera de las partes firmantes de las obligaciones y compromisos indicados podrá dar lugar a la resolución del presente Convenio, en los términos de la cláusula séptima del mismo.
Quinta.- Vigencia y prórroga.
El presente Convenio surtirá efectos desde la fecha de su firma y tendrá una vigencia de cuatro (4) años.
Antes de la finalización de dicho plazo, las partes firmantes podrán acordar expresamente su prórroga por un periodo adicional de hasta cuatro (4) años, de conformidad con la normativa aplicable en materia de convenios administrativos.
La eventual prórroga deberá formalizarse de manera expresa antes del vencimiento del plazo inicial de vigencia y requerirá la previa tramitación de los expedientes que resulten procedentes por cada una de las administraciones firmantes.
Sexta.- Modificación.
Los términos del presente Convenio podrán ser modificados durante su periodo de vigencia mediante acuerdo unánime de las partes firmantes, que deberá formalizarse a través de la correspondiente Adenda de modificación.
Dicha modificación se ajustará a lo establecido en el artículo 49.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP), así como en el artículo 7.l) del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (en adelante, Decreto 11/2019, de 11 de febrero) (BOC n.º 34, de 19.2.2019).
Séptima.- Causas y efectos de la resolución.
Este Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por la concurrencia de alguna de las causas de resolución establecidas en el artículo 51.2 de la LRJSP.
Son causas de resolución del Convenio:
a) El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de todas las partes firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguna de las partes signatarias.
En este supuesto, las otras partes firmantes podrán notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que, en el plazo de un mes, cumpla con las obligaciones o compromisos que considere incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la Comisión de Seguimiento.
Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento, persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió comunicará a la otra parte la concurrencia de causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio.
d) Decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
e) Imposibilidad sobrevenida de cumplir con el objeto del Convenio.
f) Cualquier otra causa distinta a las anteriores prevista en las leyes.
Los efectos de la resolución se adecuarán a lo establecido por el artículo 52 de la LRJSP, en virtud del cual “el cumplimiento y la resolución de los convenios dará lugar a la liquidación de los mismos con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes” y, en el caso de que de los mismos se deriven compromisos financieros, se entenderán cumplidos cuando su objeto se haya realizado en los términos y a satisfacción de las partes, de acuerdo con sus respectivas competencias y teniendo en cuenta las reglas contenidas en el referido artículo.
No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del Convenio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la Comisión de Seguimiento, podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las mismas en los términos establecidos en el referido artículo 52.
Octava.- Comisión de Seguimiento.
Para velar por el adecuado desarrollo del proyecto, se constituirá una Comisión de Seguimiento integrada por representantes de las partes firmantes, con el fin de supervisar la ejecución de las actuaciones previstas, interpretar los términos del Convenio cuando resulte necesario, aprobar ajustes o modificaciones no sustanciales por causas sobrevenidas, y resolver cuantas incidencias puedan surgir en la aplicación e interpretación del presente Convenio.
La Comisión tendrá las siguientes funciones:
a) Realizar el seguimiento del cumplimiento de los compromisos asumidos por las administraciones firmantes.
b) Impulsar la coordinación técnica e institucional necesaria para la correcta ejecución del Convenio.
c) Facilitar el intercambio de información y la definición de criterios comunes de actuación.
d) Resolver las dudas de interpretación y las incidencias que puedan surgir en la aplicación del Convenio.
e) Proponer, en su caso, ajustes o modificaciones no sustanciales que resulten necesarios para el mejor cumplimiento de sus fines, sin alteración de su objeto.
f) Examinar el grado de avance de las actuaciones relacionadas con la identificación, documentación, valoración y catalogación de los bienes inmuebles del patrimonio cultural de la isla de El Hierro, así como de aquellas otras actuaciones complementarias de asesoramiento, revalorización, interpretación o musealización comprendidas en su ámbito.
g) Valorar, en su caso, la necesidad de promover actuaciones complementarias, solicitudes de financiación, instrumentos de colaboración técnica o cualesquiera otras medidas que contribuyan al cumplimiento del objeto del Convenio.
La Comisión estará integrada por siete personas, con la siguiente distribución:
- Presidencia: corresponderá a la persona titular de la Dirección General competente en materia de patrimonio cultural, o en quien delegue, que actuará como miembro nato de la Comisión, con voz y voto, correspondiéndole voto de calidad en caso de empate.
- Secretaría: una persona funcionaria designada por la Dirección General competente en materia de patrimonio cultural, que actuará con voz pero sin voto, designada por la presidencia.
- Vocal 1: una persona representante de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Vocal 2: una persona representante del Cabildo Insular de El Hierro.
- Vocal 3: una persona representante del Ayuntamiento de Valverde.
- Vocal 4: una persona representante del Ayuntamiento de La Frontera.
- Vocal 5: una persona representante del Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro.
La designación de la Secretaría y de las personas vocales, así como de las personas suplentes, deberá ser comunicada al resto de partes firmantes del presente Convenio.
La Comisión se reunirá, con carácter ordinario, al menos una vez al año, y con carácter extraordinario cuando así lo solicite cualquiera de las administraciones firmantes.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de las personas asistentes y, en caso de empate, decidirá el voto de calidad de la persona que ostente la Presidencia.
En lo no previsto expresamente en esta cláusula, la Comisión ajustará su funcionamiento a lo dispuesto para los órganos colegiados en la LRJSP.
La participación en la Comisión de Seguimiento se considerará incluida en el desempeño de las funciones propias del puesto de trabajo, no generando derecho a indemnización alguna de las previstas en el artículo 3 del Decreto 251/1997, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Indemnizaciones por razón del servicio (BOC n.º 137, de 22.10.1997), sin perjuicio de lo que pudiera corresponder conforme a la normativa aplicable en cada administración y previa tramitación, en su caso, del oportuno expediente.
Novena.- Naturaleza administrativa y régimen jurídico.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se regirá, además de lo dispuesto en su clausulado, por el Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por la LRJSP, y de forma supletoria, en caso de dudas o lagunas, se aplicará la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE n.º 272, de 9.11.2017). No resulta de aplicación al presente Convenio lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ni el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Décima.- Jurisdicción.
Las cuestiones litigiosas que se susciten en relación con la interpretación, cumplimiento y eficacia del presente Convenio, que no queden solventadas por la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula octava, se sustanciarán ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, y en particular serán competencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sito en Las Palmas de Gran Canaria, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE n.º 167, de 14.7.1998).
Décima primera.- Mecanismos de evaluación.
Con el fin de garantizar el adecuado seguimiento y evaluación del cumplimiento de los objetivos del presente Convenio, las partes firmantes se comprometen a reunirse, con carácter ordinario, en el seno de la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula octava, al menos una vez al año, y con carácter extraordinario cuando así lo solicite cualquiera de las administraciones firmantes.
Décima segunda.- Protección de datos y compromiso de confidencialidad.
Las partes se comprometen a guardar confidencialidad sobre cualquier tipo de dato proporcionado por cualquiera de ellas, especialmente de los datos de carácter personal, de conformidad con lo estipulado en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y se obligan a no hacer uso de los datos para una finalidad distinta de la que motiva el desarrollo del presente Convenio y, en consecuencia, a no utilizarlos ni publicarlos de ninguna forma que exceda dicha finalidad.
A estos efectos, las partes intervinientes actuarán, en su caso, como responsables del tratamiento en función de las actividades que desarrollen en ejecución del presente Convenio.
Dicho tratamiento está amparado por la Resolución n.º 278/2026, de 5 de mayo de 2026, del Director General de Cultura y Patrimonio Cultural, por la que se registran las actividades de tratamiento de datos personales del Servicio de Patrimonio Cultural. La referida Resolución se encuentra publicada en el Registro de actividades de tratamiento de datos personales del Gobierno de Canarias, pudiéndose acceder a través del siguiente enlace https://www.gobiernodecanarias.org/protecciondedatos/registrotratamiento/ucic/dgpc/
Igualmente, las partes se obligan a cumplir las medidas de seguridad y demás obligaciones derivadas de la legislación de protección de datos de carácter personal.
Décima tercera.- Publicación e inscripción.
El presente Convenio se publicará en el Boletín Oficial de Canarias y se inscribirá en el Registro General de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 20 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero. De conformidad con lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la eficacia del presente Convenio Marco queda supeditada a la inscripción en el Registro General de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Y en prueba de conformidad, y para la debida constancia de cuanto antecede, las partes firman electrónicamente el presente Convenio, en el lugar y fecha indicados.- Por la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, la Consejera, Migdalia María Machín Tavío.- Por el Cabildo Insular de El Hierro, el Presidente, Alpidio Armas González.- Por el Ayuntamiento de Valverde, el Alcalde-Presidente, Carlos Brito Brito.- Por el Ayuntamiento de La Frontera, el Alcalde-Presidente, Pablo Rodríguez Cejas.- Por el Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro, el Alcalde-Presidente, Juan Miguel Padrón Brito.
© Gobierno de Canarias