El Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Canarias (PEINCA), aprobado mediante Decreto 115/2018, de 30 de julio, es el instrumento necesario para hacer frente al riesgo de inundaciones en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, con el objetivo de garantizar la plena integración de los diferentes planes de protección civil de ámbito inferior, y permitiendo su propia integración en el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA). En tal sentido, el PEINCA establece la previsión del marco orgánico-funcional y de los mecanismos que permitan la movilización de los recursos humanos y materiales necesarios para la protección de las personas y de los bienes en caso de emergencia, así como el esquema de coordinación de las distintas Administraciones Públicas llamadas a intervenir.
Atendiendo al artículo 15.2 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, los planes de protección civil se redactarán de forma coordinada y mutuamente integrada a los mapas de peligrosidad y riesgo y al contenido de los planes de gestión de riesgo de inundación (PGRI). Al haberse aprobado los planes de gestión del riesgo de inundación de segundo ciclo de las demarcaciones hidrográficas de las islas, es necesaria la actualización del listado de las ARPSI (Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación) por isla. Esta actualización del Anexo III incluye las modificaciones de las ARPSI de los correspondiente PGRI aprobados.
Por las razones indicadas, resulta oportuno y necesario actualizar y modificar puntualmente el referido Plan Especial, a fin de incorporar al mismo el Anexo III actualizado.
Dicho Protocolo goza de la naturaleza jurídica propia de los planes de Protección Civil, y no de una norma de carácter general elaborada en materia de Protección Civil.
La modificación que se pretende no altera la redacción del contenido del PEINCA en su día homologado, sino que se limita a añadir o incorporar una cuestión puntual que no afecta en absoluto a las directrices cuyo cumplimiento posibilita la homologación y, en su caso, la integración en Planes de ámbito superior, razón por la que no está sujeta dicha modificación al previo y preceptivo informe del Consejo Nacional de Protección Civil.
Visto que el citado Protocolo ha sido informado favorablemente por la Comisión de Protección Civil y Atención de Emergencias de Canarias.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58.1.a) de la Ley 4/2023, de 23 de marzo, de la Presidencia y del Gobierno de Canarias, y previa deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el día 31 de agosto de 2026,
DISPONGO:
Primero.- Modificar el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Canarias (PEINCA), aprobado mediante Decreto 115/2018, de 30 de julio, mediante la actualización del Anexo III-Evaluación de Riesgos, en los términos del anexo.
Segundo.- Aplicar el referido Anexo III en aquellas situaciones en las que se encuentre activado el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Canarias (PEINCA).
Tercero.- Publicar el presente Decreto en el Boletín Oficial de Canarias.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Gobierno de Canarias en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala competente de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, significando que, en caso de presentarse recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el primero o se produzca la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Dado en Canarias, a 31 de agosto de 2026.
EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,
Fernando Clavijo Batlle.
EL CONSEJERO DE POLÍTICA TERRITORIAL,
COHESIÓN TERRITORIAL Y AGUAS,
Manuel Miranda Medina.
ANEXO
ANEXO III
EVALUACIÓN DE RIESGOS
1.- RIESGO DE INUNDACIONES.
Las llamadas Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) engloban la mayor parte del riesgo potencial del territorio asociado a los episodios de inundación de origen pluvial, fluvial y marino, tanto en lo relativo a posibles pérdidas de vidas humanas y de animales como en lo referente a daños económicos y a la afección del medio ambiente.
Un adecuado análisis de la situación conlleva la selección y el diseño de las medidas más eficaces y sostenibles para la mitigación de los efectos adversos de las inundaciones, tanto estructurales como no estructurales, requiere de un detallado conocimiento del entorno, lo que implica el desarrollo de los trabajos topográficos, hidrológicos, hidráulicos y geomorfológicos necesarios para la elaboración de los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación.
Los mapas de peligrosidad comprenden la delimitación gráfica de la superficie anegada por las aguas para la ocurrencia de avenidas en periodos de retorno de 10, 50, 100 y 500 años, valores que, a efectos de representación superficial en los mapas de peligrosidad, en aplicación del artículo 8.1 del Real Decreto 903/2010, se han convenido como referencia para los eventos de alta, media y baja probabilidad de inundación, respectivamente. Esta información, acompañada de la estimación de las variables que caracterizan el efecto potencial adverso de las crecidas, como son el calado y la velocidad de la corriente, permite establecer el grado de exposición al fenómeno de las distintas partes del territorio.
Con el fin de obtener finalmente la cartografía del riesgo de inundaciones debe cruzarse la cartografía de peligrosidad (mapas de peligrosidad) con la información relativa a la vulnerabilidad del territorio en lo relativo a la salud humana, el bienestar animal, el medio ambiente y la actividad económica, para la determinación pormenorizada del riesgo de inundación y la elaboración de los mapas asociados. Estos mapas han servido como punto de partida para la posterior redacción de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación del 1.er ciclo (2015-2021) y 2.º ciclo (2021-2027), por tanto, deben aportar los elementos de juicio para una elección razonada de soluciones. Siguiendo las indicaciones del artículo 7 de la Directiva 2007/60/CE y el artículo 11 del Real Decreto 903/2010 los planes de gestión del riesgo de inundación abarcarán todos los aspectos de la gestión del riesgo de inundación, centrándose en la prevención, protección y preparación, incluidos la previsión de inundaciones y los sistemas de alerta temprana, y teniendo en cuenta las características de la cuenca o subcuenca hidrográfica considerada.
Por último, atendiendo al artículo 15.2 del Real Decreto 903/2010, los planes de protección civil a elaborar se redactarán de forma coordinada y mutuamente integrada a los mapas de peligrosidad y riesgo y al contenido de los planes de gestión del riesgo de inundación. Habiéndose elaborado los planes de gestión del riesgo de inundación de segundo ciclo de las demarcaciones hidrográficas de las islas, se presenta el listado de ARPSI actualizado por isla. La actualización de este Anexo III surge como consecuencia de la eliminación en los correspondientes PGRI de las ARPSI de origen costeros de Puerto Tahíche y Pedro Barba en Lanzarote, Playa de Melenara, Pasito Blanco, Balito, Puerto Rico y Caleta de Soria en Gran Canaria, así como San Miguel de Tajao y Los Gigantes en Tenerife. Además, se ha añadido la ampliación de la ARPSI de origen fluvial del Barranco de San Sebastián de La Gomera.
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