I. ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- La Dirección de Área de Salud de El Hierro tiene la necesidad de adquirir un vehículo destinado al desarrollo de las funciones propias de los Técnicos Inspectores de Salud Pública, resultando necesario disponer de un medio adecuado para el desplazamiento que requiere el ejercicio de dichas funciones.
Segundo.- Por razones de eficacia y de adecuada organización de la actividad administrativa, se considera conveniente delegar en la persona titular de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de El Hierro el ejercicio de la competencia de contratación necesaria para la adquisición del citado vehículo.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- El artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que “los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jeráquicamente dependientes, o en los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquellas”, así como que “las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el Boletín Oficial del Estado, en el de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano delegante y el ámbito territorial de competencia de este”.
Segunda.- La delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya conferido, con arreglo al artículo 9.6 de la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Tercera.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, el ejercicio de las competencias propias podrá ser delegado en el órgano que, por la aplicación del principio de eficacia, sea más idóneo para ello, añadiendo, en su apartado cuarto, que las delegaciones podrán ser avocadas por el órgano delegante, con carácter general o para la resolución de un determinado expediente. Además, establece en el apartado quinto que las delegaciones y las avocaciones de carácter general deberán ser publicadas, para surtir efectos, en el Boletín Oficial de Canarias.
Cuarta.- Los principios de eficacia y coordinación emanan de la propia Constitución, que en el apartado 1 de su artículo 103 ya los consagra como mandatos al conjunto de administraciones públicas. Principios que, a su vez, ha desarrollado en profundidad la legislación básica y consolidado la jurisprudencia.
Así, el apartado 1 del artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que “Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.
Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios: (…)
d) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión. (…)
i) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales.
j) Eficacia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
k) Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas. (…)”.
Por su parte, en el ámbito más estrictamente contractual, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP en adelante), en el apartado 1 de su artículo 1 ya establece que esta norma “(…) tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de (…) asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la (…) contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa”.
Por lo tanto, las administraciones públicas, en el ámbito de la contratación del sector público, deberán asegurar una eficiente, racional y económica asignación de los recursos públicos, lo que implica establecer objetos contractuales que garanticen esa asignación eficiente, racional y económica, sin que a priori exista ningún óbice a que dicho objeto contractual sea compartido simultáneamente por varios poderes licitadores conectados entre sí o que uno de ellos delegue en otro sus facultades de contratación en el marco de la necesidad.
Quinta.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.2 del Decreto 32/1995, de 24 de febrero, las Direcciones de Área son órganos de contratación, con todas las facultades inherente, hasta un límite de 360.607 euros.
Por todo lo expuesto,
RESUELVO:
Primero.- Delegar en la persona titular de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de El Hierro el ejercicio de la competencia de contratación administrativa para la adquisición de un vehículo destinado al desarrollo de las funciones propias de los Técnicos Inspectores de Salud Pública del Área de Salud de El Hierro.
La presente delegación comprende las facultades inherentes a la condición de órgano de contratación necesarias para la tramitación de la licitación y adjudicación del contrato, así como las demás actuaciones que correspondan al órgano de contratación en relación con el expediente, dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.
Segundo.- Las resoluciones y actos administrativos que se adopten en ejercicio de la presente delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictados por la Dirección de Área de Salud de El Hierro.
Tercero.- La presente delegación no supone la transferencia de la titularidad de la competencia, que continuará correspondiendo a la Dirección de Área de Salud de El Hierro, y se entiende sin perjuicio de las facultades de avocación y revocación previstas en los artículos 9 y 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Cuarto.- La presente delegación será de aplicación exclusivamente al expediente de contratación para la adquisición del vehículo objeto de esta Resolución.
Quinto.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Sexto.- La presente Resolución surtirá efectos desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Valverde, a 21 de agosto de 2026.- La Directora, Pilar Inocencia Mora González.
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