Examinada la propuesta emitida por el Servicio Canario de Empleo el 24 de agosto de 2026, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
I. El 31 de julio de 2026 se dicta, por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Empleo, Resolución n.º 228, por la que se convoca, por el procedimiento de libre designación, la provisión del puesto de trabajo n.º 25254, denominado Subdirector/a de Formación, adscrito al Servicio Canario de Empleo (BOC n.º 162, de 13.8.2026).
II. El 24 de agosto de 2026 se emite, por el Servicio Canario de Empleo, propuesta de desistimiento de la convocatoria para la provisión del puesto de trabajo a que se ha hecho referencia en el antecedente de hecho anterior, fundamentada en la tramitación del Proyecto de Decreto de modificación parcial del Decreto 118/2004, de 29 de julio, por el que se aprueba la estructura orgánica y de funcionamiento del Servicio Canario de Empleo (BOC n.º 163, de 24.8.2004), “cuestión que afecta directamente a la configuración orgánica del puesto actualmente definido como Subdirección de Empleo, en la medida en que revisa la posición y funciones de los órganos ejecutivos del Servicio Canario de Empleo, adecuando su diseño organizativo a la experiencia de gestión acumulada y a las nuevas prioridades en materia de empleo, formación y economía social. Este proceso de revisión orgánica supone una redefinición de la unidad organizativa en la que se integra el puesto n.º 25254 y de las funciones que se le atribuyen, en coherencia con la nueva estructura que resulte finalmente aprobada. En este contexto, la culminación de la provisión definitiva del puesto n.º 25254, por el sistema de libre designación, bajo la configuración actual de Subdirección de Empleo, resultaría inadecuada y prematura, al tratarse de un puesto cuya estructura orgánica y contenido funcional están siendo objeto de revisión normativa. Desde la perspectiva de los principios de seguridad jurídica, buena administración y coherencia organizativa, resulta más conforme con el interés general no cerrar ahora una provisión definitiva por libre designación de un puesto cuya unidad orgánica está previsto que sea objeto de reordenación en el marco de la modificación del Decreto 118/2004, y esperar a que se apruebe dicha modificación, de forma que la provisión del puesto pueda adecuarse desde el inicio a la estructura organizativa y a la distribución de funciones que se establezcan reglamentariamente”.
A los anteriores antecedentes de hecho les son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El artículo 84 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), establece que pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad. También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas.
Segundo.- Por su parte, el artículo 93 del mismo texto legal dispone que en los procedimientos iniciados de oficio, la Administración podrá desistir, motivadamente, en los supuestos y con los requisitos previstos en las leyes. En concreto, el artículo 35.1.g) de la LPAC dispone que “serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: (…) g) Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio”.
Tercero.- El desistimiento de oficio por parte de la Administración requiere la justificación del motivo, de modo que se aclare cualquier posible arbitrariedad y se garantice que la actuación administrativa está enfocada al interés general. Es por ello que puede desistir de una convocatoria de provisión de un puesto por libre designación por diversas razones de oportunidad relativas a cambios en las necesidades organizativas como reestructuraciones o modificaciones en la organización, reevaluando las prioridades institucionales y estableciendo nuevas metas estratégicas.
En el supuesto de que se hubiera presentado alguna solicitud al procedimiento de provisión del puesto, y teniendo en cuenta la jurisprudencia aplicable, resulta relevante la doctrina del Tribunal Supremo establecida en la Sentencia de 16 de julio de 1982 (EDJ 1982/4943) respecto a los procesos selectivos y a las expectativas de derechos. En la citada resolución se indica “que para que la Administración no pueda volver sobre sus propios actos es preciso que estos originasen, no una expectativa de derecho, sino un auténtico derecho, que solo surge cuando la Administración aprobó la lista provisional de admitidos. Así, la mera presentación de una instancia solicitando formar parte en el procedimiento selectivo, sobre cuya petición la Administración aún no se pronunció, no origina en el que la presenta más que una expectativa de derecho, y no un auténtico derecho que surge a partir del momento en que la Administración se pronuncie sobre ella mediante la inclusión en la lista provisional de admitidos y excluidos.
Cabe concluir que en la confrontación de intereses entre la mera expectativa de los opositores en un proceso selectivo y el interés general que representa la Administración debe prevalecer este último, de modo que por parte de la Administración es posible acordar, de modo razonado, el desistimiento de una convocatoria en curso con fundamento en la exigencia derivada del principio de legalidad que tiene que presidir sus actuaciones”.
Por todo lo expuesto, y en el ejercicio de las competencias que tengo atribuidas, a propuesta de la Secretaría General del Servicio Canario de Empleo,
RESUELVO:
Único.- Desistir de la convocatoria pública para la provisión, por el procedimiento de libre designación, del puesto de trabajo n.º 25254, Subdirector/a de Empleo en el Servicio Canario de Empleo, efectuada mediante Resolución n.º 228, de 31 de julio de 2026 (BOC n.º 162, de 3.8.2026).
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición, ante esta Secretaría General Técnica, en el plazo de un mes, conforme disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación. En el caso de presentarse recurso potestativo de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de agosto de 2026.- El Secretario General Técnico, Francisco Hernández Padilla.
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