Visto el expediente relativo al proyecto de trazado y construcción denominado “LP-2. Variante El Remo-La Zamora. Fuencaliente”, isla de La Palma, promovido por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, y atendido el estado de tramitación de las actuaciones practicadas, se dicta la presente Resolución con base en los siguientes
ANTECEDENTES
Primero.- Mediante Orden n.º 222/2024, de 30 de septiembre, del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, se procedió a la aprobación técnica del proyecto de trazado denominado “LP-2. Variante El Remo-La Zamora. Fuencaliente. Isla de La Palma”, ordenándose su sometimiento a los trámites de información pública y consultas necesarios con carácter previo a su aprobación definitiva.
Segundo.- Con fecha 18 de noviembre de 2024 se registró la Resolución n.º 120/2024, del Viceconsejero de Infraestructuras, por la que se acordó iniciar el trámite de información pública del proyecto y de su correspondiente estudio de impacto ambiental, por plazo de treinta (30) días hábiles, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, que se produce el 3 de diciembre de 2024 (BOC n.º 241).
Tercero.- El trámite de información pública fue anunciado en el Boletín Oficial de Canarias n.º 241, de fecha 3 de diciembre de 2025, quedando sometidos a exposición el proyecto y el estudio de impacto ambiental por el plazo legalmente establecido.
Cuarto.- Asimismo, se practicaron las consultas a las Administraciones públicas afectadas y a los particulares, de conformidad con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, recibiéndose durante la tramitación del procedimiento los informes y alegaciones que obran incorporados al expediente.
Quinto.- Con fecha 14 de febrero de 2025, una vez concluidos los plazos establecidos para el trámite de información pública y consultas, se dio traslado de las alegaciones e informes recibidos a la Dirección General de Infraestructura Viaria, indicándose asimismo que procedía reiterar la solicitud de los informes preceptivos aún no recibidos (OPVM/975/2025).
Sexto.- Con fecha 7 de abril de 2025, la Dirección General de Infraestructura Viaria puso de manifiesto la necesidad de contar con determinados informes pendientes para continuar adecuadamente con el análisis del expediente y con la elaboración de las correspondientes respuestas (OPVM/2299/2025).
Con fecha 11 de abril de 2025 obra en el expediente que la Viceconsejería de Infraestructuras remitió los informes requeridos por la Dirección General de Infraestructura Viaria (OPVM/2387/2025).
Séptimo.- Con fecha 21 de abril de 2026, la Dirección General de Infraestructura Viaria remite informe valorando las alegaciones e informes emitidos durante los trámites de información publica y consultas a las Administraciones Públicas afectadas y personas interesadas (129431/2025).
Octavo.- En el expediente consta que, transcurrido más de un año desde la finalización de los trámites de información pública y consultas, no se ha dado traslado del expediente al órgano ambiental para la evaluación de impacto ambiental ordinaria en los términos exigidos por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- Corresponde a la Viceconsejería de Infraestructuras el ejercicio de las competencias de estudio, informe y seguimiento medioambiental de los planes, programas y proyectos de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias que conlleven evaluaciones ambientales, de conformidad con el artículo 20.5 del Decreto 193/2024, de 18 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad (BOC n.º 235, de 25.11.2024).
Segundo.- El procedimiento se rige por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en particular por las previsiones relativas a la evaluación de impacto ambiental ordinaria de proyectos. La evaluación ambiental tiene carácter instrumental respecto del procedimiento sustantivo de autorización del proyecto, de modo que el órgano sustantivo debe tramitar las actuaciones previas exigidas por la Ley y remitir, en su caso, el expediente al órgano ambiental para que este formule la declaración de impacto ambiental.
Tercero.- El artículo 33.3 de la misma Ley establece que, con carácter obligatorio, el órgano sustantivo realizará, dentro del procedimiento sustantivo de autorización del proyecto, los trámites de información pública y consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. Añade dicho precepto que tales trámites tendrán una vigencia de un año desde su finalización y que, transcurrido ese plazo sin que el órgano sustantivo haya dado traslado del expediente al órgano ambiental para la evaluación de impacto ambiental ordinaria, el propio órgano sustantivo declarará la caducidad de los citados trámites.
Cuarto.- En el expediente consta que, con fecha 14 de febrero de 2025, se tuvo por concluido el periodo correspondiente a los trámites de información pública y consultas, procediéndose al traslado de las alegaciones e informes recibidos y haciéndose constar la necesidad de reiterar la solicitud de determinados informes preceptivos pendientes.
Tomando dicha fecha como referencia de finalización de los trámites de información pública y consultas, el plazo anual previsto en el artículo 33.3 de la Ley 21/2013 finalizó el 14 de febrero de 2026.
A la fecha de la presente Resolución no consta que, antes del vencimiento de dicho plazo, se hubiese remitido el expediente al órgano ambiental para la evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Quinto.- La caducidad que procede declarar queda limitada a los trámites de información pública y consultas practicados, que han perdido su vigencia legal por el transcurso del plazo de un año sin que se haya producido el traslado del expediente al órgano ambiental.
En consecuencia, tales trámites no pueden servir ya de base para la remisión del expediente al órgano ambiental ni para la continuación de la evaluación de impacto ambiental ordinaria. Si persistiera el interés público en la tramitación del proyecto, deberán practicarse nuevamente los trámites de información pública y consultas conforme a los artículos 36 y 37 de la Ley 21/2013, con la documentación que resulte actualizada y procedente.
Sexto.- El artículo 36 de la Ley 21/2013 exige que el órgano sustantivo someta el proyecto y el estudio de impacto ambiental a información pública por plazo no inferior a treinta (30) días hábiles, mediante anuncio en el diario oficial correspondiente y en su sede electrónica. Por su parte, el artículo 37 de la Ley 21/2013 impone la consulta a las Administraciones públicas afectadas y a los particulares, con el contenido y plazo previstos legalmente.
La previsión de caducidad del artículo 33.3 de la Ley 21/2013 responde a la exigencia de actualidad de los citados trámites. Unos trámites de participación pública y consultas separados por más de un (1) año de la remisión al órgano ambiental carecen de aptitud para sustentar el análisis ambiental ordinario, salvo que se hayan renovado en los términos legalmente exigidos.
Séptimo.- El artículo 3.4 de la Ley 21/2013 impone al órgano sustantivo el deber de informar al órgano ambiental de cualquier incidencia producida durante la tramitación del procedimiento sustantivo que tenga relevancia a efectos de la evaluación ambiental, singularmente aquellas que supongan el archivo o la caducidad del procedimiento sustantivo. Aunque la presente Resolución se refiere específicamente a la caducidad de los trámites de información pública y consultas, procede comunicarla al órgano ambiental si constase cualquier actuación o comunicación previa relacionada con la evaluación ambiental del proyecto.
En virtud de lo expuesto,
RESUELVO:
Primero.- Declarar la caducidad de los trámites de información pública y consultas practicados en relación con el proyecto de trazado y construcción denominado “LP-2. Variante El Remo-La Zamora. Fuencaliente”, isla de La Palma, al haber transcurrido el plazo de un (1) año desde su finalización, por las razones expuestas en el antecedente séptimo, sin que conste traslado del expediente al órgano ambiental para la evaluación de impacto ambiental ordinaria, de conformidad con el artículo 33.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Segundo.- Declarar que la presente caducidad se contrae exclusivamente a los trámites de información pública y consultas realizados en el expediente.
Tercero.- Dejar constancia de que los trámites caducados no podrán servir de base para la remisión del expediente al órgano ambiental ni para la continuación de la evaluación de impacto ambiental ordinaria, sin perjuicio de que, si persistiera el interés público en la actuación, puedan practicarse nuevamente los trámites de información pública y consultas conforme a los artículos 36 y 37 de la Ley 21/2013.
Cuarto.- Comunicar la presente Resolución al órgano ambiental competente, en caso de que conste cualquier actuación previa ante dicho órgano o resulte necesario a efectos de coordinación administrativa, de conformidad con el artículo 3.4 de la Ley 21/2013.
Quinto.- Notificar la presente Resolución al promotor, a las unidades administrativas intervinientes y, cuando proceda, a las Administraciones públicas afectadas y particulares que hayan comparecido o formulado alegaciones en el expediente.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, en el plazo de un (1) mes, de conformidad con los artículos 121 y concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera resultar procedente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de julio de 2026.- El Viceconsejero de Infraestructuras, Francisco Javier González Díaz.
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