Visto el recurso potestativo de reposición interpuesto por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) contra el Decreto 51/2026, de 13 de abril, por el que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo del Instituto Canario de Estadística (ISTAC), y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- Mediante Decreto 51/2026, de 13 de abril (BOC n.º 77, de 22 de abril), se modificó puntualmente la relación de puestos de trabajo del Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
Los puestos de trabajo objeto de la modificación articulada en el citado Decreto 51/2026 tienen su origen y procedencia en la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, correspondiéndose con la reordenación e integración de la Unidad Delegada del Sector Primario en este Instituto. Dicha integración se ha tramitado con el objetivo de optimizar la función estadística pública y fortalecer la capacidad operativa del ISTAC, en riguroso cumplimiento del mandato de gestión técnica y racionalización de recursos establecido en la Ley 1/1991, de 28 de enero, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Canarias.
II.- Con fecha 23 de marzo de 2026, y con carácter previo a la aprobación del instrumento organizativo, se dio debido cumplimiento al preceptivo trámite de audiencia y negociación colectiva mediante la celebración de la Mesa Sectorial de Personal Funcionario. En dicha sesión se sometió a debate, consulta e informe la propuesta de modificación de la estructura de puestos de trabajo, garantizándose los derechos de representación sindical del personal afectado.
Consta informe de la Dirección del ISTAC de 24 de marzo de 2026 en el que se destacan las principales cuestiones planteadas por los miembros de la representación sindical, en la reunión de la citada Mesa Sectorial.
III.- El 21 de mayo de 2026, la representación de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) interpuso recurso potestativo de reposición contra el citado Decreto 51/2026. La parte recurrente interesa la declaración de nulidad de pleno derecho del acto bajo alegaciones de supuestos vicios procedimentales y sustantivos en la ordenación de los puestos, solicitando, asimismo, mediante otrosí, la suspensión cautelar de la ejecución del acto impugnado.
IV.- El 24 de junio de 2026 se dictó, por el Director del Instituto Canario de Estadística (ISTAC), informe en el que se propone estimar parcialmente el recurso potestativo de reposición interpuesto por la interesada.
A los anteriores antecedentes de hecho les son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Competencia y legitimación.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, “Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo”.
En el recurso interpuesto se cumplen con los requisitos exigidos para su admisión a trámite, tales como la capacidad, legitimación e interposición en el plazo previsto.
La Dirección del ISTAC, en su condición de órgano superior de dirección con rango de Dirección General, ostenta la competencia legal para la instrucción y tramitación de la propuesta de resolución. De conformidad con el Decreto 11/2017, de 16 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Instituto, en concordancia con la referida Ley 1/1991, de 28 de enero, la persona titular de la Dirección actúa como órgano rector responsable de la dirección técnica y administrativa, ostentando la jefatura e inspección de los servicios y del personal. Esta posición jerárquico-funcional la faculta plenamente para el impulso de los procedimientos de revisión de los actos que afecten a la organización del personal bajo su dependencia, correspondiendo la resolución definitiva al Consejo de Gobierno como órgano autor del acto impugnado.
Segundo.- Análisis de las infracciones alegadas y potestad organizativa.
La central sindical recurrente aduce la vulneración de lo dispuesto en el artículo 74 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), relativo a la ordenación de puestos de trabajo, así como de los artículos 15 y 16 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, y el artículo 56.2 de la Ley 2/2025, de 26 de junio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, la gestión eficiente y la calidad en el empleo público de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como para la protección de la infancia en el ámbito de los juegos de azar y apuestas.
Frente a la pretensión de nulidad radical, debe oponerse que la configuración y modificación de la RPT constituye un ejercicio legítimo y ordinario de la potestad organizativa de la Administración. De acuerdo con una consolidada y pacífica doctrina jurisprudencial, la estructuración de los servicios administrativos goza de un amplio margen de discrecionalidad técnica, cuyo límite infranqueable reside en la arbitrariedad o la desviación de poder. En el presente supuesto, el acto impugnado responde a criterios objetivos de racionalidad, eficacia y optimización del servicio público estadístico, sin que las discrepancias de índole de oportunidad organizativa manifestadas por el recurrente alcancen la categoría de infracción del ordenamiento jurídico ni configuren supuesto alguno de nulidad previstos en el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Tercero.- Valoración de la omisión detectada y principio de conservación del acto.
Del examen de los antecedentes y del propio texto del citado Decreto 51/2026, se constata la existencia de una omisión involuntaria y estrictamente material, consistente en la falta de inclusión de los datos relativos a la codificación de la modalidad de teletrabajo en los puestos integrados.
No obstante, esta deficiencia carece de efectos invalidantes sobre el conjunto del bloque normativo y procedimental. Al amparo del artículo 109.2 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, las Administraciones podrán rectificar en cualquier momento los errores materiales, de hecho o aritméticos. Asimismo, la disposición adicional tercera de la referida Ley 1/1991 dota al ISTAC de un marco de especial autonomía en la gestión de su personal técnico que ampara la especificidad de sus procedimientos internos. La omisión advertida constituye una irregularidad no esencial que no generó indefensión material a las organizaciones sindicales durante la negociación previa en la Mesa Sectorial del 23 de marzo de 2026, resultando plenamente procedente su subsanación mediante la estimación parcial del recurso, preservando la validez sustancial del resto del Decreto.
En el informe de la Dirección del ISTAC de 24 de marzo de 2026 se destacan las principales cuestiones planteadas por los miembros de la representación sindical, en la reunión de la citada Mesa Sectorial, entre ellas, la del “(…) Incumplimiento de lo prevenido en el párrafo 2.º del artículo 56 de la Ley 2/2025, de 26 de junio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, la gestión eficiente y la calidad en el empleo público de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como para la protección de la infancia en el ámbito de los juegos de azar y apuestas, en relación con el teletrabajo.
El artículo establece lo siguiente:
[Artículo 56. Medidas específicas de ordenación de los puestos de trabajo.
2. Las relaciones de puestos de trabajo deberán contener un apartado relativo a si el puesto de trabajo es susceptible o no de ser desempeñado en la modalidad de trabajo en remoto, sin perjuicio de la resolución que en su caso deba dictarse autorizando dicha prestación.]
El ISTAC muestra su total conformidad con las alegaciones sindicales en este punto y propone a la DGFP la subsanación inmediata del anexo de la RPT en tramitación, al objeto de que este contenga la información relativa a la susceptibilidad o no de los puestos a ser desempeñados en régimen de teletrabajo.
En tal sentido, se hace constar que la totalidad de los puestos afectos por la RPT en tramitación son susceptibles de ser desempeñados en régimen de teletrabajo (…)”.
Cuarto.- Sobre la denegación de la suspensión cautelar.
Deviene imperativa la denegación de la suspensión cautelar de los efectos del Decreto 51/2026. Si bien las Relaciones de Puestos de Trabajo se instrumentan mediante Decreto, formalmente constituyen actos administrativos de contenido pluripersonal y organizativo, los cuales gozan de la presunción de legalidad y ejecutividad de conformidad con el artículo 38 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Bajo los estrictos parámetros del artículo 117.2 de la citada ley, la suspensión de la ejecución de un acto impugnado es una medida de carácter excepcional que exige la acreditación concurrente de perjuicios de imposible o difícil reparación (periculum in mora). En el presente caso, los perjuicios esgrimidos por CSIF se sitúan en el ámbito de las meras conjeturas abstractas y de conveniencia organizativa, sin acreditarse afección singular, directa o irreversible sobre derechos subjetivos de los empleados públicos. Por el contrario, la paralización del Decreto generaría una distorsión inmediata e incontrovertible sobre el interés público, frustrando la efectiva implantación de la estructura técnica y de personal necesaria para el correcto funcionamiento de las competencias estadísticas de la Comunidad Autónoma.
En su virtud, a iniciativa del Instituto Canario de Estadística y a propuesta conjunta de las Consejeras de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea y de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y previa deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el día 13 de julio de 2026,
RESUELVO:
Primero.- Estimar parcialmente el recurso potestativo de reposición interpuesto por la representación de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) contra el Decreto 51/2026, de 13 de abril, por el que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) al único y exclusivo efecto de proceder a incorporar formalmente los datos omitidos respecto a la susceptibilidad del desempeño de los puestos de trabajo de la Unidad Delegada del Sector Primario en la modalidad de teletrabajo en la Relación de Puestos de Trabajo del Instituto Canario de Estadística.
En consecuencia, se añade un último párrafo al apartado primero de la parte resolutiva del citado Decreto 51/2026, de 13 de abril, en los siguientes términos:
“Los puestos de trabajo de la Unidad Delegada del Sector Primario serán susceptibles de ser desempeñados en la modalidad de trabajo en remoto, sin perjuicio de la resolución que en su caso deba dictarse autorizando dicha prestación”.
Segundo.- Desestimar la solicitud de suspensión cautelar de la ejecución del mencionado Decreto 51/2026 formulada por la recurrente, al no concurrir los requisitos legales que fundamentan la medida excepcional y prevalecer el interés público general vinculado a la estabilidad organizativa y operativa del ISTAC.
Tercero.- Desestimar el resto de las pretensiones de nulidad y de fondo deducidas por la representación de CSIF, confirmando plenamente la legalidad del procedimiento tramitado y la validez jurídica del Decreto impugnado, con la salvedad de la corrección material acordada en el apartado primero.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala competente de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Dado en Canarias, a 13 de julio de 2026.
EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,
Fernando Clavijo Batlle.
LA CONSEJERA DE HACIENDA Y
RELACIONES CON LA UNIÓN EUROPEA,
Matilde Pastora Asián González.
LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,
Nieves Lady Barreto Hernández.
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