BOC - 2026/144. Lunes 20 de julio de 2026 - 2566

III. Otras Resoluciones

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria

2566 - Instituto Canario de Investigaciones Agrarias.- Resolución de 2 de julio de 2026, del Secretario General, por la que se ordena la publicación del Convenio Específico de Colaboración entre el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias y el Cabildo Insular de Tenerife para la realización del Proyecto “Raíces y Tubérculos menores que fomentan la agrodiversidad y los servicios ecosistémicos (ROTATES)”..

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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 apartado 2 y 3 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, y en el artículo 20 apartado 1 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, los convenios que se celebren por los órganos de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de los organismos y entidades vinculadas o dependientes de la misma, con otras administraciones públicas y otros sujetos, públicos o privados, así como las modificaciones, prórrogas y anexos o adendas a los mismos, deberán publicarse en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma.

En cumplimiento de los referidos preceptos y con la finalidad de facilitar el público conocimiento de los compromisos asumidos en el ámbito de la actividad convencional del sector público autonómico,

RESUELVO:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio Específico de Cooperación entre el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias y Excmo. Cabildo Insular de Tenerife para la realización del Proyecto “raíces y tubérculos menores que fomentan la agrodiversidad y los servicios ecosistémicos (ROTATES)”, cuyo texto se acompaña como anexo.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de julio de 2026.- El Secretario General, Jesús Manuel García Benítez.

ANEXO

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ENTRE EL INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS Y EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO “RAÍCES Y TUBÉRCULOS MENORES QUE FOMENTAN LA AGRODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS (ROTATES)”.

REUNIDOS

De una parte, Dña. Janira Gutiérrez Peraza, en calidad de Presidenta del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, con CIF Q8850003H (en adelante ICIA), con domicilio en Carretera del Boquerón, s/n, Valle de Guerra, 38270 - La Laguna, actuando en nombre y representación de la misma, en virtud del Decreto 324/2023, de 1 de agosto, por el que se dispone su nombramiento, y conforme a las atribuciones que le confiere el artículo 7, letra c), de la Ley 4/1995, de 27 de marzo, de creación del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias y del Consejo Asesor de Investigaciones Agrarias, y los artículos 31 y 32 del Decreto 77/2002, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de dicho Instituto.

De otra parte, la Excma. Sra. Dña. Rosa Elena Dávila Mamely, con DNI ***7951**, en calidad de Presidenta del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (en adelante ECIT), domiciliado a estos efectos en el Ed. del Palacio Insular, Plaza de España, n.º 1, de Santa Cruz de Tenerife; en calidad de Presidenta (se adjunta certificado de D. Domingo Jesús Hernández Hernández, Secretario General del Pleno del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife).

En la representación que ostentan, las partes se reconocen capacidad jurídica y de obrar necesaria para el otorgamiento y formalización del presente Convenio de Cooperación, a cuyos efectos,

EXPONEN

Primero.- El ICIA es un Organismo Autónomo de carácter administrativo de la Comunidad Autónoma de Canarias, que ostenta personalidad jurídica y patrimonio propios y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, adscrito a la Consejería competente en materia de Agricultura.

De conformidad con el artículo 3 de la Ley 4/1995, de 27 de marzo, de Creación del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias y del Consejo Asesor de Investigaciones Agrarias, tiene entre sus fines los de programación, ejecución y seguimiento de las actividades de investigación y el desarrollo y transferencia de tecnologías agrarias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como aquellos otros que en materia de investigación y desarrollo tecnológico agrarios le atribuyan los órganos competentes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En atención a lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, aprobado por Decreto 77/2002, de 17 de junio, “El ICIA podrá establecer relaciones de colaboración con las universidades, organismos públicos de investigación, cabildos insulares y empresas públicas o privadas para el mejor desarrollo de sus funciones, sin detrimento de sus competencias, obligaciones y actuaciones en el marco del Plan Sectorial Agrario y Alimentario. Dichas relaciones se instrumentalizarán a través de los correspondientes contratos o convenios de colaboración y cooperación, que serán suscritos por el Presidente del ICIA.

Segundo.- El Cabildo de Tenerife, como Corporación Local Territorial, tiene atribuido el gobierno, la administración y representación de cada isla y goza de plena autonomía para el ejercicio de sus competencias propias que corresponden a las islas y las que le sean delegadas por otras administraciones públicas de acuerdo con lo establecido en la legislación de régimen local y en su legislación específica. El Cabildo Insular de Tenerife es una Entidad Local, conforme a la Constitución; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece en su artículo 41, apartado 1, que los Cabildos Insulares, como órganos de gobierno, administración y representación de cada isla, se rigen por las normas contenidas en la disposición adicional decimocuarta de dicha ley y, supletoriamente, por las normas que regulan la organización y funcionamiento de las Diputaciones, asumiendo las competencias de estas, sin perjuicio de lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Canarias. La legislación específica viene constituida, fundamentalmente por la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares.

Tercero.- En base a la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en su artículo 34.1 establece “ Los agentes públicos de financiación o ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, incluidas las Administraciones Públicas, las universidades públicas, los organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado, los consorcios y fundaciones participadas por las administraciones públicas, los organismos de investigación de otras administraciones públicas, y los centros e instituciones del Sistema Nacional de Salud, podrán suscribir convenios sujetos al derecho administrativo. Podrán celebrar estos convenios los propios agentes públicos entre sí, o con agentes privados que realicen actividades de investigación científica y técnica, nacionales, supranacionales o extranjeros, para la realización conjunta de las siguientes actividades:

a) Proyectos y actuaciones de investigación científica, desarrollo e innovación.

b) Creación o financiación de centros, institutos, consorcios o unidades de investigación, e infraestructuras científicas.

c) Financiación de proyectos científico-técnicos singulares.

d) Formación de personal científico y técnico.

e) Divulgación científica y tecnológica.

f) Uso compartido de inmuebles, de instalaciones y de medios materiales para el desarrollo de actividades de investigación científica, desarrollo e innovación”.

Cuarto.- La Resolución de 23 de abril de 2025, de la Presidenta del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias por la que se publica en el Boletín Oficial de Canarias el Protocolo general de actuación entre el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias para el desarrollo de actividades científico-técnicas en el área de investigación, extensión y capacitación agraria así como en el ámbito de los recursos genéticos agrarios, por el que se regulan las actuaciones conjuntas a desarrollar por el ICIA y el ECIT, las cuales se ejecutarán mediante convenios específicos de colaboración.

Quinto.- La colaboración entre el ICIA y el Cabildo de Tenerife surge en el ámbito del proyecto de investigación ROTATES, MINOR ROOTS AND TUBERS FOSTERING AGROBIODIVERSITY AND ECOSYSTEM SERVICES (ROTATES-Raíces y tubérculos menores que fomentan la agrobiodiversidad y los servicios ecosistémicos) concedido en el marco de los proyectos europeos HORIZON en la convocatoria HORIZON-CL6-2024-BIODIV-02-3-two-stage [Promoting minor crops in farming systems] con duración desde el 1 de julio de 2025 al 30 de junio de 2029.

ROTATES tiene como objetivo mejorar de manera sostenible la agrobiodiversidad y los servicios ecosistémicos mediante la introducción y promoción de cultivos de raíces y tubérculos con alto contenido de almidón, que actualmente se consideran cultivos menores y están infrautilizados en Europa, a pesar del creciente interés por parte de los consumidores. Las raíces y tubérculos menores ricos en almidón (MRT), como la batata (Ipomoea batatas), el ñame (Dioscorea spp.), la yuca (Manihot esculenta) y el taro (Colocasia esculenta), se cultivan tradicionalmente en regiones tropicales.

Este proyecto tiene alto interés para las partes, pues el ICIA está muy interesado en todos aquellos proyectos que pongan de manifiesto la potencialidad de las variedades locales de cultivos tradicionales canarios, como son en este caso la batata y el ñame, permitiéndole este proyecto valorizar esta riqueza a nivel internacional. Para el Cabildo de Tenerife implica un beneficio directo, ya que le permitirá evaluar parte de su material en las diferentes áreas de trabajo del proyecto, arrojando una valiosa información para la sostenibilidad del cultivo en la isla. Con este fin el Cabildo suministrará el material vegetal necesario procedente del Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife, además de aportar su personal para asegurar hacerlo en las mejores condiciones.

Sexto.- Como información complementaria a este Convenio se adjunta memoria del proyecto de investigación ROTATES. El Acuerdo de Transferencia de Material (ATM) se hará de acuerdo a la normativa vigente entre el organismo donante y el receptor.

Séptimo.- Se consideran criterios adecuados para suscribir el presente Convenio Específico el interés científico previsible derivado de la posible colaboración y cualquier otro que contribuya a aportar valor a la actividad científica dentro del sector agrario en Canarias.

Octavo.- No se consideran adecuadas otras posibles alternativas por cuanto que el material vegetal necesario para desarrollar el proyecto se encuentra custodiado por el Cabildo de Tenerife (a través del Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife, CCBAT), firmante del Convenio. El convenio es un instrumento que permite llevar a cabo estas actividades de una forma ágil, en condiciones de igualdad entre las partes y respetando los principios de transparencia y accesibilidad.

El Convenio que se pretende firmar y la actividad amparada por el mismo no tiene naturaleza contractual por cuanto que se persigue la consecución de un fin común de interés público y no existe el elemento de contraprestación económica. El mismo se ajusta a las previsiones establecidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como a las especialidades contenidas en la legislación autonómica de Canarias, contenidas en el Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Noveno.- Por parte de la Comisión Científica del ICIA se ha informado de forma favorable la tramitación del Convenio de Cooperación entre el ICIA y el Cabildo de Tenerife, a la vista del interés científico valorado.

Por su parte, el Cabildo de Tenerife con fecha 26 de marzo de 2025 aprobó en Consejo de Gobierno Insular un protocolo general de actuación entre el Cabildo Insular de Tenerife y el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias para el desarrollo de actividades científico-técnicas en el área de investigación, extensión y capacitación agrarias, así como en el ámbito de los recursos fitogenéticos agrarios. En este protocolo se establece un marco que regula las actuaciones conjuntas a desarrollar por el ICIA y el ECIT, las cuales se ejecutarán mediante convenios específicos de colaboración.

Por todo ello, las partes firmantes manifiestan su voluntad de formalizar el presente Convenio Específico de Cooperación con arreglo a las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto y objetivos del Convenio.

En términos generales, el presente Convenio tiene por objeto regular la cooperación y colaboración entre el ICIA y el Cabildo de Tenerife, con el fin de establecer un marco de actuación conjunta en el proyecto de investigación “ROTATES” (101181532), financiado por el programa HORIZON de la Comisión Europea, en el que el ICIA participa como entidad socia y donde mediará para la distribución y correcta utilización del material vegetal suministrado de las colecciones de la entidad para ser evaluado durante la realización del proyecto.

Más concretamente, la participación del ICIA consiste en la intermediación entre los Bancos canarios y el resto de socios de forma que puedan ser vinculados formalmente al proyecto ROTATES. Sus funciones serán principalmente la de recibir el material vegetal por parte de los Bancos y tramitar su llegada a los socios que participan en el paquete de trabajo WP3, WP4, WP5 del proyecto.

Las actividades que se realizarán en el proyecto se engloban en diferentes paquetes de trabajo (Ver Anexo 1), pero en resumen las acciones más importantes se llevaran a cabo en:

a) Paquete de trabajo 3 (WP3): estudiar la diversidad del germoplasma y las estrategias de saneamiento para facilitar el acceso a MRT, y fomentar iniciativas de mejora genética innovadoras.

• Identificar nuevos materiales MRT y caracteres valiosos para los programas de mejora genética, así como aumentar la adaptación del cultivo a las condiciones agroecológicas, las limitaciones climáticas y la calidad de la producción.

• Optimizar la selección de híbridos MRT mediante la identificación y combinación de alelos favorable, mejorando así la eficiencia y precisión del proceso de mejora genética

• Diseñar enfoques integrados de sistema para eliminar y controlar patógenos transmitidos por semilla.

b) Paquete de trabajo 4 (WP4): Co-construcción de nuevas prácticas de manejo agroecológico basadas en cultivos MRT.

• Estudio de los nuevos manejos basados en cultivos MRT frente a diferentes factores externos (sequía, biocontrol, deforestación).

• Monitoreo y evaluación de los servicios ecosistémicos respaldados por la in-tegración de cultivos MRT en los sistemas agrícolas.

c) Paquete de trabajo 5 (WP5): Aprovechar el potencial de los cultivos MRT como alimento humano y animal.

• Explotar el potencial de los cultivos MRT para alimentación humana.

• Explotar el potencial de los cultivos MRT como forraje.

Segunda.- Actuaciones necesarias.

El efectivo cumplimiento del Convenio queda reflejado en el siguiente documento anexo al mismo:

- Memoria del proyecto de investigación - Anexo I. En este anexo se recoge todo el protocolo a desarrollar por el consorcio en el proyecto de investigación, y en especial lo referido a las Tareas:

3.1: Recolección y caracterización de germoplasma para la conservación de cultivos MRT raros y de élite

3.2: Implementación de estudios avanzados de fenotipado y genética para la mejora vegetal.

5.3: Procesamiento para la alimentación animal y evaluación de la calidad de los productos ganaderos derivados

Tercera.- Obligaciones de las partes.

a) Para la ejecución del presente Convenio, el ICIA queda obligado a:

1.- Determinar a partir de las consultas con el Banco las variedades de batata y taro (denominado como ñame en Canarias) que se utilizarán en el proyecto, para su elección de mutuo acuerdo.

2.- Establecer el tipo de material vegetal (estacas) y la cantidad de cada una que se enviarán para cada especie.

3.- Gestionar administrativamente el envío del material vegetal en coordinación con el Servicio de Sanidad Vegetal de la Comunidad Autónoma de Canarias.

4.- El punto 3 implica cumplir con los requisitos fitosanitarios establecidos por el país de destino (Portugal) en cuanto a la certificación de ausencia de plagas y enfermedades y, en su caso, llevar a cabo los análisis oportunos para descartarlas.

5.- Ejecutar el envío del material vegetal en tiempo y forma para garantizar en la medida de lo posible su viabilidad al llegar a destino.

6.- Cultivar las variedades de batata previamente seleccionadas, evaluar su procesamiento como alimento animal y estudiar su inclusión en dietas ganaderas y su efecto en la calidad de las producciones del ganado aviar y caprino.

7.- Mantener puntualmente informado al Banco de todo el proceso y de los resultados obtenidos en las distintas actividades a través de los interlocutores designados.

b) Por su parte, el Cabildo Insular de Tenerife, queda obligado a:

1.- Entregar al ICIA el material vegetal en el momento, la cantidad y forma acordado previamente. El Cabildo Insular de Tenerife entregará el material vegetal en la medida de lo posible, asegurándose en primer lugar poder garantizar la conservación en el Banco, para lo que mantendrá en todo momento una cantidad suficiente en sus colecciones.

2.- Facilitar la información disponible de cada variedad de batata y taro (ñame en Canarias) que pueda ser relevante para el proyecto.

3.- En la medida de lo posible, facilitar nuevo material en el caso de que una parte de él no llegue en condiciones a destino.

4.- Cumplimentar el acuerdo de transferencia de material (ATM) entre los Bancos de Germoplasma.

Cuarta.- Plazo de vigencia.

El Convenio surtirá efectos desde la fecha de la firma del mismo y tendrá una vigencia de cuatro años, pudiendo ser prorrogada, si se solicita por una o ambas partes con un mes de antelación a la finalización de la vigencia de la misma.

Quinta.- Aspectos económicos.

No existen gastos ni aportaciones económicas de las partes para la ejecución del proyecto. Los fondos necesarios para la realización de las tareas de coordinación, gestión y desarrollo del proyecto provienen del programa HORIZON de la Comisión Europea, en el que el ICIA participa como entidad socia.

Por lo tanto, la financiación de los gastos para la ejecución del presente Convenio no tendrá repercusión económica para el Cabildo de Tenerife.

Sexta.- Modificación del Convenio.

Para la modificación del Convenio en cualquiera de sus condiciones, se requerirá propuesta razonada de la Comisión de Seguimiento, de oficio o bien a petición de cualquiera de las partes firmantes, siendo necesario el acuerdo unánime de ambas. Las modificaciones particulares al presente Convenio se reflejarán en la correspondiente adenda al mismo.

Séptima.- Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del Convenio. la Comisión de Seguimiento: composición.

Para el seguimiento, planificación y control de las acciones derivadas del presente Convenio, así como resolver las dudas que puedan plantearse en la interpretación del mismo, se crea una Comisión de Seguimiento paritaria compuesta por al menos dos miembros designados por cada una de las partes.

A dicha Comisión podrán incorporarse otros miembros que sean designados por acuerdo de las partes, así como otras personas con funciones de carácter consultivo, estas últimas con voz, pero sin voto.

El nombramiento de esta Comisión se realizará en el mes siguiente a la firma del convenio y se reunirá al menos dos veces al año y cuantas veces sean necesarias en función del buen desarrollo de este convenio. Las reuniones se convocarán con antelación mínima de una semana, por escrito, por cualquiera de las partes.

Esta Comisión estará encargada de resolver por consenso las incidencias de interpretación y ejecución que pudieran plantearse con ocasión del cumplimiento del convenio y desarrollará las actuaciones que se contienen en el mismo. En concreto, serán funciones de la Comisión de Seguimiento las Siguientes:

- Vigilancia y control del cumplimiento de las actuaciones previstas

- Dictar las instrucciones que sean precisas para asegurar su realización

- Informar a las partes de las incidencias acaecidas durante la ejecución del Convenio.

- Emisión de informe anual para evaluar la conveniencia de continuar con la relación pactada, en atención a los siguientes aspectos:

• Valoración de los resultados obtenidos de acuerdo con el cronograma del trabajo establecido y documentación aportada por los participantes. Será preciso haber alcanzado, al menos un 80% de los resultados previstos, salvo que se establezca otro porcentaje por las partes firmante al comienzo de la vigencia del Convenio o se den causas de fuerza mayor aceptadas por la propia Comisión.

Para la emisión del informe anual y el informe final, la Comisión de Seguimiento se apoyará en los documentos presentados por las entidades y el personal investigador directamente adscrito al proyecto, que consistirán básicamente en:

- Planificación del trabajo inicial.

- Informes de seguimiento con periodicidad semestral.

- Informe final, con el resultado y conclusiones definitivas del proyecto.

Con el objetivo de que la Comisión pueda ejercer sus labores de seguimiento, deberá facilitarse a la misma por las partes, cuando así lo requiera, la documentación necesaria para tal fin.

Octava.- Confidencialidad de la información.

A los efectos del presente Convenio, se entenderá por Información Confidencial, toda aquella información y toda aquella documentación de naturaleza técnica o de cualquier otra naturaleza que a continuación se relaciona, y que incluye, -sin que esta lista signifique limitación alguna- la siguiente: “know how”, patentes, marcas, diseños, fórmulas, procesos, resultados de investigaciones, planos, fotografías, informes, listados de clientes, de proveedores, de fabricantes, datos sobre precios, ideas, invenciones o estudios, hardware, componentes, aplicaciones informáticas, que se encuentre claramente clasificada como confidencial y que sea transmitida por cualquier soporte tanto escrito, informático o electrónico como oral.

Con la finalidad de identificar la información como confidencial, las partes acuerdan marcar el conocimiento secreto con la palabra “confidencial”.

En los supuestos en los que la información haya sido divulgada de forma oral o visual, será considerada confidencial siempre que sea identificada como tal por el propietario cuando se revela y posteriormente se proceda a su trascripción en soporte legible siendo marcada con el sello de “confidencial” en el plazo de treinta (30) días de su transmisión oral o visual.

A efectos de este Convenio no se considerará información confidencial aquella que:

a) Sea o se convierta en dominio público por alguna causa que no sea producida por vulneración de las estipulaciones contenidas en el presente Convenio.

b) Sea conocida por la contraparte como consecuencia de la transmisión de esa información por un tercero ajeno al presente Convenio, con legitimación suficiente para su transmisión libre y sin estar sujeto a limitaciones derivadas de previos acuerdos de confidencialidad.

c) La Receptora poseyera o conociera antes de recibirla de la parte Transmisora sin obligación alguna de mantener su confidencialidad, siempre que notifique este hecho a la otra parte con carácter previo.

Las partes garantizan ser titulares de la información confidencial a intercambiar ostentando la plena disposición sobre la misma.

Respecto aquella información confidencial a la que tengan acceso, las partes se obligan mutuamente a:

a) No utilizar la información confidencial para otro propósito distinto que el establecido en este Convenio, no pudiendo ser utilizada, directa o indirectamente para beneficio propio ni de terceros.

b) No revelar la información confidencial a terceros o a sus empleados, colaboradores o subcontratistas, con excepción de aquellos empleados o colaboradores que necesiten conocer la información para desarrollar el objeto de este Convenio.

c) Garantizar y responder en todo caso del cumplimiento efectivo por parte del personal y colaboradores de la Receptora de las obligaciones que se derivan del presente Convenio y de los daños causados de forma directa o indirecta por la vulneración del secreto por parte de aquel a quien la Receptora o las personas por las que este responde hayan revelado la información en contra de lo previsto en este Convenio.

d) Adoptar las medidas de seguridad de tipo organizativo, personal o técnico necesarias para salvaguardar la integridad y confidencialidad de la información facilitada por la Transmisora, así como para evitar accesos no autorizados a la misma, garantizando el mismo grado de diligencia que utilizan en el manejo de su propia documentación confidencial.

e) Cualquier uso de la información diferente de las expresamente fijadas en las estipulaciones contenidas en el presente Convenio, deberá previamente notificarse expresamente y por escrito a la parte Transmisora para su aceptación, sin que en ningún caso la falta de comunicación pueda ser considerada como aceptación.

f) No disponer ni hacer uso de la información confidencial después de la extinción o resolución anticipada de este Convenio, procediendo a su devolución inmediata ante el requerimiento de la parte Transmisora y en su caso a la destrucción de todo aquello que no pueda ser devuelto, sin dejar ningún soporte sea cual sea el mismo con toda o parte de la citada información confidencial.

Novena.- Derechos de los resultados, propiedad intelectual e industrial.

Los derechos de propiedad intelectual o industrial (DPI) preexistentes a la firma del Convenio pertenecerán a la parte que los aporte para la realización de actividades conjuntas.

Se considerarán resultados del proyecto de I+D+i aquella información que haya sido identificada como resultado de la actividad objeto de este acuerdo. Cada parte seguirá siendo propietaria de los conocimientos previos aportados. No se entienden cedidos a la otra parte, en virtud del presente acuerdo, ninguno de los conocimientos previos.

La memoria del proyecto en su punto 2.2.2 “Key results-protecion and exploitation, en el apartado KER2. New MRT genetic resources in genebanks, dispone que “El material genético permanecerá bajo la propiedad del país donde se ha colectado”

En concreto, el material vegetal cedido por el Cabildo de Tenerife, seguirá siendo propiedad del mismo, no pudiendo registrarse ninguna de estas variedades como resultado de la ejecución del proyecto de I+D+i.

La información generada a lo largo de este Convenio es propiedad de ambas partes y será de plena disponibilidad de ambas organizaciones. Su utilización por ambas partes precisará de comunicación previa entre ellas, comprometiéndose a solicitar por escrito cualquier uso que se vaya a hacer de la misma ante la Comisión de Seguimiento, que deberá obtener respuesta en el plazo máximo de treinta días. Transcurrido dicho plazo sin obtener respuesta, se entenderá que el silencio es la tácita autorización para su difusión.

Cuando las partes deseen utilizar los resultados parciales o finales, en parte o en su totalidad, deberán reconocer y hacer constar la participación del personal que ha intervenido en este Convenio, así como entidad u Organismo de pertenencia. Se deberá informar del resultado de esta divulgación.

En caso de que alguna de las partes modifique los resultados, finales o parciales, o pretenda utilizarlos para un fin diferente al previsto se comunicará a la otra parte interviniente, quien se guarda la potestad de solicitar que se excluya su nombre de esa publicación, registro, etc.

Dado el carácter de entidad pública del Instituto Canario de investigación Agraria (ICIA) y de acuerdo al artículo 37 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, al menos una parte general de los ensayos ha de divulgarse, procurando que estas publicaciones científicas o técnicas resultantes de los trabajos, total o parcialmente estén disponible en acceso abierto. Siempre se mencionará el nombre de el/la o los investigadores o técnicos participantes y las entidades a las que pertenecen. El contenido de estas será aprobado por la Comisión de Seguimiento.

Décima.- Incumplimientos: consecuencias y criterios para determinar indemnización.

10.1. Régimen de Incumplimiento.

El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cada una de las partes en virtud de este Convenio, recogidos principalmente en sus cláusulas tercera (Obligaciones), octava (Confidencialidad) y novena (Propiedad Intelectual e Industrial), podrá dar lugar a la resolución del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 51.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), y dará lugar, en su caso, a la indemnización por los daños y perjuicios causados.

10.2. Incumplimientos leves.

1. Se considerará incumplimiento leve el cumplimiento defectuoso o extemporáneo de aquellas obligaciones que no impidan la consecución del objeto del Convenio y puedan ser subsanadas, tales como el retraso no reiterado e inferior a quince (15) días hábiles en el cumplimiento de las obligaciones de información, o la omisión de formalidades administrativas fácilmente subsanables.

2. En caso de incumplimiento leve, la Comisión de Seguimiento (cláusula séptima), a instancia de la parte cumplidora, requerirá formalmente a la parte incumplidora para que subsane su obligación en un plazo máximo de quince (15) días hábiles.

3. La reiteración de tres (3) incumplimientos leves, habiendo mediado requerimiento de subsanación, será considerada un incumplimiento grave a todos los efectos.

10.3. Incumplimientos graves.

1. Se considerará incumplimiento grave, que facultará a la parte cumplidora para instar la resolución del Convenio, cualquiera de las siguientes causas:

a) El incumplimiento de las obligaciones que, por su carácter esencial, impidan o dificulten gravemente la consecución del objeto del Convenio, definido en la cláusula primera.

b) Específicamente, se considerarán incumplimientos graves:

I. Por parte del Cabildo Insular de Tenerife: la negativa injustificada, el retraso reiterado o el incumplimiento manifiesto de su obligación principal de entregar el material vegetal en las condiciones pactadas (cláusula tercera), así como la no cumplimentación del Acuerdo de Transferencia de Material (ATM) si esto impide la ejecución del proyecto.

II. Por parte del ICIA: el incumplimiento de las obligaciones de gestión fitosanitaria y envío que, por negligencia acreditada, resulte en la pérdida de viabilidad, destrucción o imposibilidad legal de utilizar el material (cláusula tercera); el uso del material vegetal para fines distintos a los previstos en este Convenio (cláusula primera); o la vulneración de los derechos de propiedad del Cabildo sobre dicho material, en los términos de la cláusula novena.

c) La vulneración sustancial de las obligaciones de confidencialidad (cláusula octava) o de propiedad intelectual e industrial (cláusula novena) que irrogue un perjuicio grave y demostrable a la otra parte.

d) La reiteración de incumplimientos leves, conforme al apartado 10.2.3

e) La negativa injustificada a cumplir con las instrucciones y acuerdos válidamente adoptados por la Comisión de Seguimiento en el ejercicio de sus funciones.

f) La concurrencia de causas de fuerza mayor, definidas en el apartado 10.5, que se prolonguen por un tiempo superior a seis (6) meses e impidan de forma irreversible la ejecución del proyecto.

10.4. Consecuencias del incumplimiento grave y criterios de indemnización.

1. El incumplimiento grave de las obligaciones y compromisos por una de las partes facultará a la parte cumplidora para instar la resolución del Convenio.

2. La resolución del Convenio por incumplimiento culpable de una de las partes conllevará la obligación de esta de indemnizar a la otra parte por los daños y perjuicios fehacientemente acreditados que dicho incumplimiento haya ocasionado.

3. Los criterios para determinar la indemnización, en cumplimiento del artículo 49.e) de la LRJSP, se basarán en los principios de responsabilidad patrimonial del sector público, debiendo cubrir tanto el daño emergente como el lucro cesante. A estos efectos, se considerarán:

a) El daño emergente: los costes directos, reales y acreditados en que la parte cumplidora haya incurrido como consecuencia directa del incumplimiento (ej. costes de reposición del material vegetal, gastos de gestión administrativa o de transporte que devengan inútiles).

b) El lucro cesante: específicamente, los fondos provenientes del proyecto HORIZON (referidos en la cláusula quinta) que la parte cumplidora se vea obligada a reintegrar a la Comisión Europea, o que deje de percibir, como consecuencia directa y demostrable del incumplimiento esencial de la otra parte.

4. La determinación de la existencia del incumplimiento y, en su caso, de la cuantía de la indemnización correspondiente se acordará, en primera instancia, en el seno de la Comisión de Seguimiento, como parte del proceso de liquidación del convenio previsto en el artículo 52 de la LRJSP. En caso de desacuerdo, las partes se someterán a la Jurisdicción Contencioso-administrativa, conforme a la cláusula décimo quinta.

5. Adicionalmente, se podrá determinar por la parte perjudicada la prohibición a la parte incumplidora de suscribir nuevos convenios con aquella durante un plazo de hasta dos (2) años.

10.5. Fuerza mayor.

1. Las causas de fuerza mayor eximirán de responsabilidad por el incumplimiento, pero no de la obligación de comunicar la causa a la otra parte interesada, a través de la Comisión de Seguimiento, a la mayor brevedad posible.

2. Se entiende como causa de fuerza mayor incendios, robos o destrozo del ensayo, situaciones fitosanitarias ajenas a los participantes, causas físicas y meteorológicas adversas o situaciones epidemiológicas declaradas por la Administración según sus competencias, así como otros de similar gravedad.

3. Si la causa de fuerza mayor impidiese el cumplimiento del objeto del convenio de forma definitiva o por un plazo superior a seis (6) meses, cualquiera de las partes podrá proponer a la Comisión de Seguimiento la extinción del convenio por imposibilidad sobrevenida de cumplimiento (artículo 51.2.b) de la LRJSP), procediéndose a la liquidación de las actuaciones realizadas hasta la fecha sin que proceda indemnización por esta causa.

Decimoprimera.- Causas de extinción.

El Convenio se extinguirá por el cumplimiento del plazo de vigencia y sus eventuales prórrogas. Igualmente podrá resolverse por cualquiera de las causas establecidas en el artículo 51 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Las partes se comprometen a resolver de manera amistosa en el seno de la Comisión de Seguimiento cualquier desacuerdo que pudiera surgir en el desarrollo del presente Convenio, bien entendiendo que con anterioridad se aplicarán los criterios de buena fe y voluntad de llegar a acuerdos.

Los efectos de la extinción serán los previstos en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Decimosegunda.- Protección de datos de carácter personal.

Será de aplicación lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de Datos) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Las partes firmantes del presente Convenio se comprometen a tratar de manera confidencial los datos personales de los participantes, que le sean facilitados en el marco de la relación mantenida, a tratarlos de acuerdo con la normativa de protección de datos personales y a utilizarlos, exclusivamente, con las anteriores finalidades.

Asimismo, el deber de secreto y las limitaciones en su uso marcadas por la normativa de aplicación serán aplicables a cualquier información a la que se tenga acceso en la realización de actividades objeto de este Convenio, salvo aquella información que deba ser pública según lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

En el caso de cesión de datos personales, deberá firmarse un contrato entre el responsable y el encargado del tratamiento.

Decimotercera.- Publicación e inscripción registral del Convenio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, y en el artículo 20 del Decreto 11/2019, los convenios que se celebren por los órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de los organismos y entidades vinculadas o dependientes de la misma, con otras administraciones públicas y otros sujetos, públicos o privados, así como las modificaciones, prórrogas y anexos o adendas a los mismos, deberán publicarse, en el Boletín Oficial de Canarias, dentro de los veinte días siguientes a su firma. Asimismo, se deberá proceder a su inscripción registral en los términos establecidos en el apartado 2 del citado artículo 20.

Decimocuarta.- Cláusula de exclusividad.

Los aspectos referentes a la exclusividad se atendrán a lo que mencione la memoria del Proyecto ROTATES.

Decimoquinta.- Régimen jurídico y jurisdicción competente.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, rigiéndose en su desarrollo, efectos y para su interpretación por el ordenamiento jurídico administrativo, en concreto por lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Además, se estará a lo dispuesto en el Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y, en general, a lo dispuesto en las normas administrativas vigentes de desarrollo.

Por la especialidad de la materia, será de aplicación igualmente la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

Está excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, si bien se aplicarán los principios de esta ley para resolver dudas y lagunas que pudieran plantearse.

Las cuestiones litigiosas que se pudieran suscitar durante la vigencia del mismo y que no pudieran ser resueltas por la Comisión de Vigilancia y Control, serán sometidas a la Jurisdicción Contencioso-administrativa, siendo el órgano competente la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de conformidad con su Ley reguladora 29/1998, de 13 de julio.

Y, en prueba de conformidad y aceptación, firman el presente Convenio, a 26 de noviembre de 2025.- Por el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, Janira Gutiérrez Peraza.- Por el Cabildo Insular de Tenerife, la Presidenta, Rosa Elena Dávila Mamely.

ANEXO



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