BOC - 2026/142. Jueves 16 de julio de 2026 - 2530

III. Otras Resoluciones

Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura

2530 - Secretaría General Técnica.- Resolución de 3 de julio de 2026, por la que se ordena la publicación del Protocolo General de Actuación entre la Biblioteca Nacional de España O.A y la Comunidad Autónoma de Canarias para la prestación del servicio de acceso y consulta de las colecciones digitales conservadas en la Biblioteca Nacional de España en sus centros de conservación, con fines de investigación..

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El artículo 20 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece que los órganos u organismos del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de sus secretarías generales técnicas u órgano equivalente, deberán publicar los convenios en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma. Dentro del mismo plazo, deberán publicarse también los anexos, adendas, prórrogas y otros actos de modificación o extinción del convenio.

En relación con los protocolos generales, el Decreto 11/2019, de 11 de febrero, les resulta aplicable en lo relativo a su inscripción registral y publicidad, de conformidad con lo dispuesto en su preámbulo.

En cumplimiento de los fundamentos jurídicos citados y con la finalidad de facilitar el público conocimiento de los compromisos asumidos en el ámbito de la actividad convencional del sector público autonómico,

RESUELVO:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Protocolo General de Actuación entre la Biblioteca Nacional de España O.A. y la Comunidad Autónoma de Canarias para la prestación del servicio de acceso y consulta de las colecciones digitales conservadas en la Biblioteca Nacional de España en sus centros de conservación, con fines de investigación, que se incorpora como anexo.

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de julio de 2026.- La Secretaria General Técnica, María Dolores Alonso Álamo.

ANEXO

PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA O.A. Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO Y CONSULTA DE LAS COLECCIONES DIGITALES CONSERVADAS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA EN SUS CENTROS DE CONSERVACIÓN, CON FINES DE INVESTIGACIÓN.

INTERVIENEN

De una parte, D. Óscar Arroyo Ortega, Director General de la Biblioteca Nacional de España O.A. (en adelante BNE), con NIF Q2828005E y domicilio fiscal en el Paseo de Recoletos, 20-22 de Madrid, en virtud de nombramiento mediante Real Decreto 172/2024, de 13 de febrero (BOE de 14 de febrero, n.º 39), y de acuerdo con las atribuciones que tiene conferidas en la Ley 1/2015, de 24 de marzo, reguladora de la Biblioteca Nacional de España, publicada en Boletín Oficial del Estado de 25 de marzo de 2015, así como por el artículo 10.2 del Estatuto de la Biblioteca Nacional de España, aprobado por Real Decreto 640/2016, de 9 de diciembre, publicado en Boletín Oficial del Estado de 19 de diciembre de 2016. El Director de la BNE tiene capacidad jurídica para suscribir convenios en nombre de la BNE de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

De otra parte, Dña. Migdalia Machín Tavío, en su calidad de Consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, según nombramiento efectuado por Decreto 43/2023, de 14 de julio, por el que se nombra a los Consejeros y Consejeras del Gobierno de Canarias, y actuando en nombre y representación de la Comunidad Autónoma de Canarias, en virtud de las competencias que le otorgan el artículo 16.1. “Por la Administración de la Comunidad Autónoma suscribirán los convenios de colaboración los titulares de los Departamentos competentes por razón de la materia, dando cuenta al Gobierno de Canarias” y el artículo 29.1, letra k), de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias (BOC n.º 225, de 19.9.1990).

En adelante, denominados conjuntamente “los signatarios”.

Actúan en razón de sus respectivos cargos, declaran y manifiestan que intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para suscribir el presente Protocolo General de actuación en nombre de las instituciones que representan y, a tal efecto,

EXPONEN

I. Que la Biblioteca Nacional de España, en adelante BNE, es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Cultura, con personalidad jurídica propia y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, que, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 1/2015, de 24 de marzo, reguladora de la Biblioteca Nacional de España, son los siguientes:

1. Reunir, describir y garantizar la protección, enriquecimiento, conservación y transmisión, en el ejercicio de sus funciones, del patrimonio bibliográfico y documental, tanto el producido en el Estado español como el generado sobre sus diferentes culturas.

2. Garantizar el acceso y la difusión de sus colecciones con el fin de fomentar su utilización, como medio de enriquecimiento cultural, social y económico.

3. Promover y desarrollar políticas bibliotecarias en relación con el patrimonio bibliográfico y documental del Estado español.

II. Que la Comunidad Autónoma de Canarias tiene atribuidas las competencias exclusivas en materia de fomento de la cultura, de acuerdo con el establecido en el artículo 136 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, y en consonancia con el artículo 148.1.º.17.ª de la Constitución Española, de 29 de diciembre de 1978.

III. Que la Ley 23/2011, de 29 de julio, de Depósito Legal, tiene como finalidad principal el depósito de todo testimonio de creación intelectual objeto de divulgación en cualquier soporte o por cualquier medio o procedimiento en el ámbito territorial del Estado español, para lo que la citada Ley reconoce, nominativamente y atendiendo a su especialización, a la Biblioteca Nacional de España, O.A., como centro de conservación de referencia nacional y cabecera del sistema bibliotecario y de conservación español.

IV. De acuerdo con el artículo 3.2 de la Ley 1/2015, de 24 de marzo, reguladora de la Biblioteca Nacional de España, constituye fin esencial de la Institución el acceso y difusión de todas sus colecciones como medio de enriquecimiento social, económico y cultural. De forma particular, esta finalidad es tanto o más intensa cuanto el acceso se produce con fines de investigación, en lo que la BNE constituye nudo gordiano que pone en relación el conocimiento ya generado por la sociedad, y presente en sus colecciones, con las capacidades de invectiva e innovación de la investigación, proporcionando servicios de calidad a las personas investigadoras y favoreciendo la retroalimentación epistemológica que es precursora del progreso, lo que se compadece adecuadamente con los fines esenciales de la BNE y con los límites que ponderan la protección de la propiedad intelectual de conformidad con su legislación.

V. Que, en este sentido, tanto la propia Ley 23/2011, según su redacción dada por la Ley 8/2022, de 4 de mayo, por la que se modifica la Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal, como el vigente Real Decreto 635/2015, de 10 de julio, por el que se regula el depósito legal de las publicaciones en línea, establecen entre las publicaciones en soporte intangible objeto de depósito legal, las siguientes:

- Las publicaciones en línea tanto aquellas libremente accesibles como de acceso restringido, entre ellas los sitios web accesibles a través de redes de comunicaciones y las publicaciones editadas en formato electrónico.

- Los archivos digitales previos a la impresión de libros, folletos en papel y recursos continuados que hayan sido o vayan a ser editados en soporte tangible.

VI. Que, desde la entrada en vigor de estas normas, los centros de conservación de estos materiales objeto de Depósito Legal, han venido recopilando y conservando este tipo de recursos intangibles con un muy distinto grado de exhaustividad, siendo la BNE la Institución que ha venido desarrollando el trabajo más completo de recopilación y conservación.

VII. Que, por otro lado, para permitir el acceso y la consulta de las publicaciones almacenadas que establece la Ley 23/2011, de 29 de julio, como parte de las colecciones digitales de la BNE, la Ley de Propiedad Intelectual (texto refundido aprobado por Real Decreto-legislativo 1/996, de 12 de abril) establece que el acceso debe realizarse en terminales de red cerrada conectados a los servidores de la BNE, asegurando su carácter restringido, su correcta conservación y el respeto a los contenidos y prestaciones protegidos por la legislación de propiedad intelectual, así como la protección de datos personales y la legislación de bibliotecas y accesibilidad.

VIII. Que finalmente, y en consonancia a todo lo anterior, la BNE puede y debe ofrecer las condiciones necesarias para la prestación de un servicio de acceso y consulta de las colecciones digitales de la BNE a todos los ciudadanos, con independencia de su residencia geográfica o lugar de conexión, como parte de un contenido cierto de los derechos culturales que les asisten, y del correlativo deber de las Administraciones Públicas y poderes públicos del Estado de asegurar su prestación en condiciones de igualdad, en virtud del artículo 149.2 de la Constitución Española de 29 de diciembre de 1978, y del artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias.

IX. Es por ello que, con la debida cooperación autonómica y en el marco del principio de lealtad institucional que informa las relaciones de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas, la BNE garantizará su acceso de forma indefinida, a través de los centros de conservación reconocidos por las Comunidades Autónomas, a todos los ciudadanos, con independencia de sus condiciones sociales o económicas, para fines de investigación e innovación.

X. Que, de acuerdo con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el presente Protocolo General de actuación se encuentra excluido de la regulación establecida en el resto de los artículos de la referida Ley sobre Convenios consistiendo en declaraciones de intención de contenido general expresando la voluntad de las entidades suscriptoras para actuar con un objetivo común, conforme a las siguientes

DECLARACIONES

Primera.- Objeto del Protocolo General de Actuaciones.

Mediante la suscripción del presente Protocolo General de Actuaciones los signatarios manifiestan el objetivo común de facilitar el acceso y consulta, en los centros de conservación de la Comunidad Autónoma de Canarias, de las colecciones digitales conservadas en la BNE, con fines de investigación.

Ambas instituciones proponen lo siguiente:

La BNE extiende territorialmente, a través de los terminales instalados y mediante conexión a su red cerrada que actualmente solo están disponibles en las sedes de Recoletos y Alcalá de Henares, a los centros de conservación de la Comunidad Autónoma acceso a:

- Las publicaciones en línea ingresadas y los contenidos digitales recolectados de Internet en virtud del Real Decreto 635/2015, de 10 de julio, por el que se regula el depósito legal de las publicaciones en línea.

- Los contenidos procedentes de la firma de acuerdos de colaboración con entidades públicas o privadas que disponen de plataformas de distribución en línea de publicaciones y recursos digitales y que son consideradas repositorios seguros a efectos de conservación, según rige el artículo 10 del Real Decreto 635/2015, de 10 de julio, por el que se regula el depósito legal de las publicaciones en línea.

- Los archivos digitales previos a la impresión ingresados en virtud de Ley 8/2022, de 4 de mayo, por la que se modifica la Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal.

- Contenidos digitales o digitalizados en acceso libre y restringido pertenecientes a las colecciones de la BNE.

Para ello, la BNE propone, a través de un sistema remoto en red cerrada, el uso y acceso a los contenidos facilitados con derechos. Asimismo, facilita los documentos legales que regulan el acceso a los contenidos y los requerimientos técnicos mínimos de los terminales de acceso al servicio y del equipamiento informático accesorio y complementario necesario para el adecuado funcionamiento del servicio.

La Comunidad Autónoma facilitará el acceso en remoto en red cerrada a los contenidos facilitados con derechos a través del equipamiento informático existente en sus centros de conservación, así como su mantenimiento y actualización, necesario para la prestación del servicio según los criterios técnicos establecidos en cada momento por la BNE. Así, para la correcta prestación del servicio que con este Protocolo se territorializa por parte de la BNE, la Comunidad Autónoma deberá disponer de un equipo informático de uso exclusivo por cada centro de conservación donde se ponga en marcha este servicio, según lo establecido en el anexo del presente Protocolo.

De acuerdo a lo anterior, los terminales de acceso, entendiéndose por tales las CPUs o equipos, afectan al uso de este acceso, en los términos que dimanan del artículo 37.3 de la Ley de Propiedad Intelectual, de acuerdo con su texto refundido aprobado por Real Decreto-legislativo 1/996, de 12 de abril.

Segunda.- Logotipos y difusión.

La Comunidad Autónoma facilitará la difusión de la imagen y de los materiales promocionales facilitados por la BNE.

En relación con tal difusión, las partes de común acuerdo podrán hacer constar en las correspondientes comunicaciones públicas, los logotipos e imágenes corporativas de cada signatario.

El uso no autorizado, o para un fin distinto al expresado en este documento, de cualquier signo distintivo protegido por los derechos de propiedad intelectual o industrial de las partes, facultará a la otra para instar la resolución del presente Protocolo General de actuación, sin perjuicio de la correspondiente indemnización de daños y perjuicios a que hubiere lugar, en su caso.

Tercera.- Publicidad.

El presente Protocolo General de actuación será puesto a disposición de los ciudadanos en las páginas web de la BNE y de la Comunidad Autónoma.

Cuarta.- Duración.

La aplicación del presente Protocolo General comenzará en el momento de la firma del último de los signatarios, y se extenderá por un periodo de 4 años pudiendo extenderse expresamente en cualquier momento antes de su finalización, previo acuerdo de los firmantes, por un nuevo periodo máximo de 4 años.

El presente Protocolo finalizará por el transcurso del plazo establecido e, igualmente, cualquiera de sus firmantes podrá darlo por finalizado unilateralmente en cualquier momento, comunicándoselo por escrito al otro firmante con una antelación mínima de tres meses a la fecha en que se desee darlo por finalizado.

Quinta.- Protección de datos de carácter personal.

Las partes se comprometen a tratar los datos personales a los que puedan tener acceso con la finalidad indicada en el presente Protocolo, a no utilizarlos para fines distintos de los previstos y a no difundirlos ni cederlos a terceros, en cumplimiento con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos o RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).

Las partes, como responsables del tratamiento en el desarrollo de sus correspondientes actividades que pudieran derivarse del presente Protocolo, se comprometen a cumplir el RGPD y la LOPDGDD, en cuanto a la recogida y tratamiento de los datos personales relacionados con el mismo.

Sexta.- Naturaleza y alcance de este documento.

El presente documento tiene naturaleza administrativa y su carácter es el de los protocolos generales de actuación previstos en el artículo 47.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Por lo tanto, carece de la consideración de convenio a los efectos prevenidos por dicha norma legal y representa una declaración de intenciones sin fuerza jurídica coercitiva entre las partes, que no obstante lo suscriben bajo el principio de buena fe y con la firme voluntad de cumplir lo que sus cláusulas expresan.

Queda, asimismo, excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

La suscripción del presente Protocolo General no implica la transferencia de recursos económicos entre los firmantes, ni gastos para ninguno de ellos, ni compromiso u obligación alguno de tipo organizativo, financiero, económico o de cualquier otra índole, pues se trata de, a través de la colaboración interadministrativa, facilitar a las personas usuarias de los contenidos citados en la declaración Primera el acceso desde el territorio donde residen sin necesidad de desplazarse a las sedes de la BNE, haciendo uso de herramientas ya obrantes en ambas administraciones.

Séptima.- Colaboración entre los signatarios.

Los signatarios colaborarán en el desarrollo de este Protocolo General, en un espíritu de cooperación y respeto mutuo de acuerdo con los principios de buena fe y de eficacia.

Y en prueba de conformidad, firman el presente Protocolo General, a 2 de julio de 2026.- Por la Biblioteca Nacional de España, O.A., el Director General, Óscar Arroyo Ortega.- Por la Comunidad Autónoma de Canarias, la Consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín Tavío.

ANEXO

CENTROS DE CONSERVACIÓN DE DEPÓSITO LEGAL EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA



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