BOC - 2026/131. Miércoles 1 de julio de 2026 - 2290

III. Otras Resoluciones

Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias

2290 - ORDEN de 18 de junio de 2026, por la que se aprueban las bases que han de regir en la convocatoria, en concurrencia competitiva, de la concesión de subvenciones, para el año 2026, destinadas a la ejecución de proyectos en las áreas de inmigración e inclusión social, y se efectúa la convocatoria para el presente ejercicio económico..

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Examinada la propuesta de la Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración de fecha 15 de junio de 2026, en relación con el expediente de aprobación de las bases de subvenciones destinadas a la ejecución de proyectos en las áreas de inmigración e inclusión social en el ejercicio 2026, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- La Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias (BOC n.º 94 de 17.5.2019), tiene entre sus objetivos prioritarios la prestación de los servicios sociales, especialmente en áreas como inmigración e inclusión social, tratando de ser garantista del derecho de acceso de toda la ciudadanía a unos servicios sociales, orientados a evitar y superar, conjuntamente con otros elementos del régimen público de bienestar social, las situaciones de vulnerabilidad y marginación social que presenten las personas, grupos y comunidades en el territorio canario, favoreciendo el pleno y libre desarrollo de las personas.

Segundo.- La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, como órgano departamental de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias encargado de la ejecución de las directrices generales emanadas del Gobierno en las materias que le son propias, ha de regular la aprobación de las bases en las que se articulen las condiciones que han de regir en aquellas subvenciones en las que el destino de las mismas sea contribuir al desarrollo de las actividades o promoción de la prestación de servicios en las distintas áreas descritas.

Tercero.- El Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento fue aprobado por Orden de la Consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias de
n.º 179, de 25 de febrero de 2025, que ha sido objeto de sucesivas modificaciones, complementos y correcciones de errores mediante las Órdenes n.º 390, de 8 de mayo, n.º 806, de 14 de agosto, n.º 987, de 2 de octubre, y n.º 1155, de 11 de noviembre de 2025, siendo actualizado para el ejercicio 2026 por la Orden n.º 500, de 18 de mayo de 2026, conteniendo en el mismo las líneas de actuación objeto de la presente convocatoria. De igual forma, serán vinculantes las modificaciones del mismo publicadas en el Boletín Oficial de Canarias

Cuarto.- Existe crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026, aprobados mediante la Ley 9/2025, de 23 de diciembre, en las siguientes líneas presupuestarias:

De conformidad con el artículo 58, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, además de la cuantía total máxima dentro de los créditos disponibles, se podrá fijar una cuantía adicional cuya aplicación a la concesión de subvenciones no requerirá de una nueva convocatoria, quedando condicionado esto a la efectiva disponibilidad del crédito, previa aprobación de la modificación presupuestaria que proceda, en un momento anterior a la resolución de la concesión de la subvención.

En este caso, se deberá publicar la declaración de créditos disponibles y la distribución definitiva, sin que la publicidad implique la apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes, ni el inicio de un nuevo cómputo de plazo para resolver. Se ha de tener en cuenta que la vinculación de los créditos es a nivel de línea de actuación, por lo que las modificaciones dentro de los subconceptos económicos no necesitarán de su publicación.

Quinto.- La distribución de la dotación presupuestaria para cada línea de actuación será la siguiente:

Sexto.- Constan en el expediente los preceptivos informes de la Dirección General de Asuntos Europeos, de fecha 28 de abril de 2026, de legalidad, de fecha 3 de junio de 2026, emitido por la Secretaría General Técnica, y el informe previo correspondiente a la Intervención General con fecha 28 de mayo de 2026.

A los que son de aplicación las siguientes

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Corresponde a la persona titular del Departamento la aprobación del gasto, con carácter previo a la convocatoria, conforme con lo dispuesto en el artículo 14.2 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado por los Decretos 5/2015, de 30 de enero, y 151/2022, de 23 de junio (en adelante Decreto 36/2009), en relación con los artículos 68 y 69 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

Asimismo, la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias es el órgano departamental competente para dictar las oportunas órdenes departamentales reguladoras de la convocatoria de subvenciones en las materias que le son propias, así como las bases a las que se ajustará la concesión de las mismas, en base a lo dispuesto en los artículos 3 y 9 del citado Decreto 36/2009.

Segunda.- El artículo 9.1 del Decreto 36/2009, según redacción dada por el Decreto 151/2022, de 23 de junio, establece que en los procedimientos para la aprobación y modificación de bases reguladoras sin vigencia indefinida que, en atención a su especificidad, queden incluidas en la propia convocatoria, en los términos del artículo 14.5, letra a), del citado Decreto, deberá incorporarse la iniciativa del órgano gestor en la que se especificará la adecuación de las mismas al plan estratégico de subvenciones, la propuesta de la Secretaría General Técnica que deberá pronunciarse sobre la legalidad de las mismas y el informe previo de la Intervención General.

Por otra parte, de conformidad con el artículo 9.3 del Decreto 36/2009, la aprobación y modificación de las bases reguladoras de subvenciones precisará de informe de la Dirección General de Asuntos Europeos, en los supuestos establecidos en la normativa autonómica reguladora de las medidas para garantizar el cumplimiento de las normas europeas que limitan la concesión de ayudas públicas y, en el artículo 14.1, también se exige recabar informe del citado centro directivo para la convocatoria.

Tercera.- La especificidad de esta convocatoria sin bases indefinidas se legitima a tenor de lo siguiente:

Teniendo en cuenta el número elevado de entidades del tercer sector y personas beneficiarias finales implicadas en este centro directivo, con un elevado crédito existente en la convocatoria, así mismo, están en trámite las bases indefinidas de esta Consejería.

Paralizar la actual convocatoria tendría un efecto inmediato sobre las entidades y la población ante la imposibilidad de mantener en ejecución los proyectos sociales de los que se benefician, lo que derivaría en graves consecuencias principalmente entre la población vulnerable y migrante de Canarias.

Es el deber de esta Administración responder a la realidad social actual, caracterizada por la pérdida adquisitiva de todos los sectores sociales, principalmente de las personas más frágiles de la sociedad canaria que no ven aumentados sus ingresos, la actuación de esta administración repercute directamente al bien y la paz social ante la falta de recursos de la población vulnerable y contra la fragilidad social.

Por todo ello, se ha considerado imprescindible, por parte de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, iniciar el proceso de la presente convocatoria de la anualidad 2026. Todo ello sin menoscabo del procedimiento iniciado para la elaboración de unas bases con carácter indefinido para el siguiente ejercicio.

Cuarta.- En el artículo 14, apartado 1, del citado Decreto 36/2009, se determina que las convocatorias en régimen de concurrencia competitiva se iniciarán de oficio por el órgano competente mediante convocatoria que deberá publicarse en la forma establecida en la legislación básica reguladora de las subvenciones, enumerando el apartado 5 del citado artículo el contenido que tendrá necesariamente la convocatoria.

Quinta.- De conformidad con lo establecido en el artículo 14.5 del citado Decreto 36/2009, la convocatoria tendrá necesariamente el siguiente contenido:

a) Indicación de la disposición que establezca, en su caso, las bases reguladoras y del Boletín Oficial de Canarias en que está publicada, salvo que en atención a su especificidad estas se incluyan en la propia convocatoria, y salvo los supuestos a que se refieren las letras b) y c) del artículo 9.2 del presente Decreto en la que la convocatoria podrá incluirse en el propio instrumento de planificación o convenio, respectivamente.

b) Créditos presupuestarios a los que se imputa y cuantía total máxima de las subvenciones convocadas.

c) Plazo de presentación de solicitudes.

d) Plazo de resolución y notificación.

Sexta.- La Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración es competente para dictar la resolución de concesión de la presente convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, de conformidad con lo dispuesto en el resuelvo segundo, apartado f), de la Orden departamental de 26 de julio de 2023 (BOC n.º 157, de 9.8.2023), por la que se delega en los órganos superiores del Departamento el ejercicio de determinadas competencias en materia de subvenciones y aportaciones dinerarias, así como, a excepción de la Secretaría General Técnica, el ejercicio de determinadas competencias contenidas en el artículo 69.1 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, y se revoca la anterior delegación de competencias en la materia.

De acuerdo con todo lo anterior, en el ejercicio de las competencias atribuidas en el artículo 29, letra m), de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias (BOC n.º 96, de 1.8.1990), en relación con el Decreto 43/2023, de 14 de julio, del Presidente, por el que se nombra Consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, el Decreto 123/2023, de 17 de julio, por el que se determina la estructura orgánica y las sedes de la Consejerías del Gobierno de Canarias, y el Decreto 41/2023, de 14 de julio, del Presidente, por el que se determinan las competencias de la Presidencia y Vicepresidencia, así como el número, denominación, competencias y orden de precedencias de las Consejerías (BOC n.º 138, de 15.7.2023), así como el Decreto 446/2023, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias (BOC n.º 6, de 9.1.2024).

Vistos los antecedentes expuestos y demás normas de general y pertinente aplicación,

RESUELVO:

Primero.- Aprobar las bases que se incorporan como anexo a la presente Orden, que han de regir la convocatoria de la concesión de subvenciones, para el año 2026, destinadas a la ejecución de proyectos en las áreas de inmigración e inclusión social.

Segundo.- Aprobar el gasto derivado de la presente convocatoria, por la cantidad total de 7.000.000,00 de euros, distribuido en las aplicaciones presupuestarias que se relacionan a continuación, habiendo sido aprobado mediante la Ley 9/2025, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026:

De conformidad con lo previsto en el artículo 26 de la Ley 9/2025, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026, y en atención a que se trata de expedientes de concurrencia competitiva con subvenciones individuales inferiores a seis millones (6.000.000) de euros, la autorización del gasto correspondiente a la presente convocatoria de subvenciones corresponde a la titular de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias.

De conformidad con el artículo 58 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, además de la cuantía total máxima dentro de los créditos disponibles, se podrá fijar una cuantía adicional cuya aplicación a la concesión de subvenciones no requerirá de una nueva convocatoria, quedando condicionado a la efectiva disponibilidad del crédito, previa aprobación de la modificación presupuestaria que proceda, en un momento anterior a la resolución de la concesión de la subvención.

En este caso, se deberá publicar la declaración de créditos disponibles y la distribución definitiva, sin que esta publicación implique la apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes, ni el inicio de un nuevo cómputo de plazo para resolver. Se ha de tener en cuenta que la vinculación de los créditos es a nivel de línea de actuación, por lo que las modificaciones dentro de los subconceptos económicos no necesitarán de su publicación.

Tercero.- Establecer que la distribución de la dotación presupuestaria para cada línea de actuación será la siguiente:

Cuarto.- Convocar el procedimiento de concesión de subvenciones para el año 2026, en régimen de concurrencia competitiva, en los términos previstos en las bases contenidas en el anexo de la presente Orden.

Quinto.- Determinar que el plazo de presentación de solicitudes, que deberá realizarse a través de la sede electrónica en la forma establecida en las bases, será de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Sexto.- El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento de concesión de las subvenciones no podrá exceder de seis meses, a contar desde la fecha de finalización de la presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo, se entenderá desestimada la solicitud por silencio administrativo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Séptimo.- Delegar en la Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la interpretación, aplicación y ejecución de lo dispuesto en esta Orden y dictar cuantas Resoluciones se precisen en aplicación y desarrollo de la misma, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley territorial 14/1990, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.

Octavo.- Determinar que las subvenciones reguladas en la presente Orden se regirán, en lo no previsto en la misma, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, y en el Decreto 36/2009, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, en todo lo no previsto en la presente convocatoria a los preceptos de carácter básico que se recojan en la citada Ley General de Subvenciones.

Noveno.- La presente Orden surtirá plenos efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden, o bien recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. Todo ello sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de junio de 2026.

LA CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL,
IGUALDAD, JUVENTUD, INFANCIA Y FAMILIAS,
María Candelaria Delgado Toledo.

ANEXO

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DEL AÑO 2026, PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN LAS ÁREAS DE INMIGRACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES E INMIGRACIÓN.

Base primera.- Objeto.

Base segunda.- Actividades a subvencionar.

Base tercera.- Entidades beneficiarias.

Base cuarta.- Régimen jurídico.

Base quinta.- Gastos subvencionables y no subvencionables.

Base sexta.- Subcontratación.

Base séptima.- Procedimiento de concesión y publicidad de la convocatoria.

Base octava.- Solicitudes y documentación.

Base novena.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes.

Base décima.- Baremación de solicitudes.

Base decimoprimera.- Ordenación, instrucción y desarrollo del procedimiento.

Base decimosegunda.- Resolución de concesión definitiva y notificación.

Base decimotercera.- Ejecución de los proyectos y abono de la subvención.

Base decimocuarta.- Compatibilidades de ayudas.

Base decimoquinta - Modificación de la resolución de concesión.

Base decimosexta - Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Base decimoséptima.- Justificación de la actividad subvencionada.

Base decimoctava - Medios de justificación.

Base decimonovena.- Incumplimientos y reintegros.

Base vigésima.- Devolución voluntaria.

Base vigesimoprimera.- Infracciones y sanciones.

Base vigesimosegunda.- Régimen aplicable a la prescripción.

Base vigesimotercera - Protección de datos.

Anexo I. Actividades a subvencionar.

Anexo II. Criterios de baremación de solicitudes.

Anexo III. Modelos justificación.

Anexo IV. Tabla resumen baremación.

Base primera.- Objeto.

Las presentes bases tienen por objeto regular, en régimen de concurrencia competitiva, la concesión de subvenciones destinadas a financiar la puesta en marcha y el desarrollo de proyectos sociales en las áreas de inmigración e inclusión social, promovidos por la Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración (en adelante DGSSI), en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Los proyectos o programas subvencionables deberán encuadrarse dentro de las siguientes Áreas y Líneas de actuación, de conformidad con lo previsto en el Plan Estratégico de Subvenciones del centro directivo aprobado y en las presentes bases.

De conformidad con el artículo 14 de la Constitución Española, las entidades solicitantes deberán garantizar el respeto efectivo del principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, así como la accesibilidad universal y la no discriminación por razón de discapacidad, edad, orientación sexual o cualquier otra circunstancia protegida por el ordenamiento jurídico.

Se valorará la incorporación de la perspectiva de género, el enfoque interseccional y la contribución al equilibrio territorial entre islas.

Base segunda.- Actividades a subvencionar.

Uno.- El área de inmigración subvenciona programas relacionados con la promoción, formación e inclusión de personas migrantes mayores de edad, solicitantes y/o beneficiarias de asilo, protección internacional y/o refugiadas, residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Dos.- El área de inclusión social se divide en tres líneas de actuación, dirigidas a la atención de personas en situación de exclusión social o en riesgo de encontrarse en dicha situación como consecuencia de circunstancias de vulnerabilidad social. Estas líneas tienen como finalidad la ejecución de proyectos novedosos en el ámbito social que impliquen la puesta en marcha de programas orientados a la mejora de la calidad de vida de las personas residentes en Canarias, así como al acceso a unos servicios mínimos y de calidad.

Las actividades objeto de esta convocatoria para cada una de las áreas o líneas de actuación se detallan en el Anexo I de las presentes bases. Aquellos proyectos cuyas actividades no estén comprendidas en las detalladas en el citado anexo, serán desestimados.

Todas las actividades a subvencionar deberán comprender una intervención directa, es decir, cualquier acción profesional en la que se trabaje de manera presencial o en contacto inmediato con individuos, grupos o comunidades, para el apoyo, la orientación, el acompañamiento o la resolución de necesidades específicas objeto de esta convocatoria. En el caso de que el programa incluya actuaciones complementarias de formación en la modalidad online y/o mixta, deberán contar con una plataforma adecuada que permita organizar los contenidos, realizar el seguimiento de la participación y emitir certificados de realización de la actividad. No se considerarán válidas las herramientas que solo permitan videoconferencias y no ofrezcan un soporte mínimo de gestión del curso.

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de las presentes bases los proyectos que se encuentren encuadrados en líneas de actuación incluidas y contempladas en otros Planes Estratégicos de Subvenciones de los entes del Gobierno de Canarias, los cuales serán desestimados sin que medie requerimiento alguno. También quedarán excluidos aquellos programas de continuidad que no justifiquen adecuadamente dicha circunstancia.

En aquellos supuestos en los que no exista un Plan Estratégico que incluya la actuación propuesta, únicamente serán objeto de subvención las actuaciones correspondientes a las áreas y líneas propias de esta Dirección General, siempre que dicha circunstancia quede debidamente acreditada.

Base tercera.- Entidades beneficiarias.

Uno.- Podrán acogerse a las subvenciones objeto de las presentes bases:

a) Las Administraciones Públicas como Corporaciones Locales, Mancomunidades y Agrupaciones de Municipios, Cabildos y sus organismos autónomos, Fundaciones y Universidades Públicas.

b) Las entidades privadas sin ánimo de lucro legalmente constituidas que, entre sus fines y objetivos estatutarios, tengan alguno dirigido al ámbito social y/o a colectivos susceptibles de la presente convocatoria, siempre que dichos fines sean adecuados y propios del área para la que se solicita la realización de las actividades consideradas subvencionables, de acuerdo con lo previsto en estas bases.

No se incluirán en la presente convocatoria los partidos políticos, las sociedades civiles, los colegios profesionales, los clubes deportivos, las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación, organizaciones empresariales, los sindicatos y otras entidades con análogos fines específicos y naturaleza que los citados.

No podrán acceder a las subvenciones quienes se encuentren incursos en alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Dos.- Para adquirir la condición de entidad beneficiaria, será necesario cumplir los siguientes requisitos administrativos previos. El incumplimiento de los mismos dará lugar a la desestimación de la solicitud.

1. Las entidades deberán estar inscritas en el registro administrativo correspondiente con una antigüedad mínima de un año a la fecha de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias (Registro de Asociaciones, Registro de Fundaciones, u otros que resulten de aplicación).

Este requisito se entenderá cumplido en el caso de entidades de nueva creación legalmente inscritas cuando, en su constitución, participe o haya participado una entidad previamente constituida, siempre que se subroguen en los derechos y obligaciones de esta y asuman parte de su objeto o fin social, o bien cuando se hayan constituido como consecuencia de un proceso de transformación o fusión de entidades preexistentes. En todo caso, las entidades originarias deberán tener la condición de entidades privadas sin ánimo de lucro y contar con una antigüedad mínima de dos años en el correspondiente registro administrativo a la fecha de publicación de la convocatoria.

2. A la fecha de la publicación de la convocatoria, las entidades deberán disponer de resolución de inscripción en el Registro Regional de Entidades Colaboradoras en la Prestación de Servicios Sociales en Canarias (la comprobación se hará de oficio).

3. Todas las entidades beneficiarias deberán desarrollar sus actividades de forma efectiva en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, debiendo acreditar sede física y/o delegación de la entidad en dicho territorio. Asimismo, en el apartado de la solicitud habilitado al efecto, deberán indicar la dirección del lugar donde se desarrollará el proyecto.

4. Todas las entidades deberán encontrarse, en el momento de presentar la solicitud, dadas de Alta como Terceros Acreedores que actúan “con representante” en el Sistema de Información Económica-Financiera y Logística de la Comunidad Autónoma de Canarias (SEFLogic), debiendo mantener actualizada dicha información.

El alta se podrá tramitar en la sede electrónica del Gobierno de Canarias, en el siguiente enlace: https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/procedimientos_servicios/tramites/4909

En caso de modificación, deberán dirigirse al siguiente enlace de sede electrónica: https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/procedimientos_servicios/tramites/4910

Base cuarta.- Régimen jurídico.

Las subvenciones a las que se refieren las presentes bases, se otorgarán con arreglo a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

Resultarán de aplicación a la presente convocatoria los siguientes preceptos legales:

- Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias.

- Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias.

- Ley 2/1998, de 6 de abril, de Fundaciones Canarias.

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

- Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos).

- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres.

- Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

- Ley 2/2021, de 7 de junio, de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales.

- Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.

- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

- Ley canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública.

- Decreto 184/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la identidad corporativa del Gobierno de Canarias y se establecen las normas para su tratamiento y utilización.

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 23 de febrero de 2014.

- Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.

- Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión.

- Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditorías de Cuentas.

- Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

- Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

Base quinta.- Gastos subvencionables y no subvencionables.

La financiación contemplará, en ambas áreas, aquellos proyectos realizados en los periodos comprendidos entre el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de octubre de 2027 de acuerdo con el régimen de pago que se indica a continuación:

- Desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre de 2026: previa justificación del gasto.

- Desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de octubre de 2027: abono anticipado.

Uno.- Gastos subvencionables.

Tendrán la consideración de gastos subvencionables los previstos en el artículo 31 de la LGS, y aquellos que respondan de manera indubitada a la naturaleza de la actividad subvencionada, siempre que se imputen conforme al plan de financiación aprobado, se realicen durante el periodo de ejecución y se abonen antes de la finalización del plazo de justificación.

Aquellos gastos subvencionables para los que se establezcan porcentajes máximos y resulten superados en el plan de financiación, serán ajustados de oficio por el órgano instructor. Dicho ajuste se detallará en la resolución provisional y/o definitiva, en el caso de que dicho proyecto aparezca como concedido total o parcialmente.

Se considerará gasto realizado el efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del periodo de justificación y que mantenga relación directa con la actividad subvencionada.

Los gastos que no se especifiquen en el correspondiente plan de financiación se considerarán no subvencionables, así como aquellos que no se correspondan con la actividad a subvencionar o que no estén debidamente justificados, delimitados o ubicados en el concepto correspondiente del plan.

Todos los gastos deberán imputarse conforme al plan de financiación presentado y con un criterio estricto de proporcionalidad respecto a la subvención concedida por esta convocatoria para el programa, debiendo estar directamente relacionados con la actividad subvencionada, resultar indispensables para su adecuada preparación y ejecución.

Cuando un mismo recurso (instalaciones, suministros, equipamiento o personal) sea utilizado para varias actividades de la entidad, únicamente será subvencionable la parte del gasto correspondiente a su utilización efectiva en el programa, debiendo aplicarse un criterio objetivo y verificable de reparto.

1.1. Gastos derivados de la contratación de personal:

Podrán solicitarse los gastos derivados de la contratación de personal para la ejecución del proyecto, tanto aquel personal preexistente propio de la entidad como del nuevo personal contratado, vinculado mediante contrato laboral al desarrollo del proyecto para el que se solicita la subvención. Estos gastos incluirán el salario bruto de la persona contratada (salario, impuestos, cotizaciones a la Seguridad Social), así como los gastos patronales.

Deberá tratarse de personal especializado y cualificado en la ocupación relacionada directamente con el programa a subvencionar. Tales gastos se considerarán subvencionables únicamente en la parte proporcional que corresponda a la dedicación efectiva al citado proyecto, debiendo indicarse dicha dedicación en horas semanales y totales, así como el periodo real imputado al proyecto. En consecuencia, el importe de la retribución imputado deberá calcularse de forma proporcional al tiempo efectivamente dedicado al proyecto, determinándose para ello el número de meses y el porcentaje de jornada correspondiente del personal vinculado al mismo.

Asimismo, serán subvencionables las indemnizaciones por finalización de contrato del personal contratado específicamente para la elaboración y ejecución del proyecto, siempre que queden debidamente acreditadas y correspondan al periodo real de la actividad subvencionada.

Se considerarán subvencionables tanto los gastos de personal directo como los de personal indirecto del proyecto. Tendrán la consideración de personal indirecto, entre otros, el personal administrativo, de secretaría, coordinación u otro personal de apoyo que participe en el proyecto. En todos los casos, será obligatoria la indicación del número total de horas y tiempo efectivo de dedicación al proyecto. Las retribuciones del personal administrativo no podrán superar el 10% del importe total de la subvención. En el caso de no cumplirse este criterio, se descontarán de oficio por el órgano instructor.

Las retribuciones del personal imputables a la subvención estarán referidas a catorce pagas anuales para una jornada semanal completa establecida por la normativa vigente en cada momento. Para jornadas inferiores se realizará el cálculo proporcional, que deberá reflejarse en el correspondiente Plan de Financiación, en el apartado de gastos de personal, especificando la categoría profesional, la jornada (número de horas imputadas al proyecto tanto semanales como totales), y el importe proporcional de la retribución respecto al periodo y dedicación.

Las retribuciones del personal imputables a la subvención estarán limitadas, en cuantía mínima, por los salarios determinados para las diferentes categorías profesionales en la tabla salarial del año de ejecución del proyecto relativa al Convenio Colectivo Estatal del sector de acción e intervención social o aquella vinculante en cada momento. De no aplicarse los salarios mínimos aquí descritos, la solicitud será desestimada sin que medie requerimiento. En el caso de que la entidad beneficiaria sea una corporación local no será de aplicación.

Las unidades instructoras determinarán si las categorías profesionales previstas en los proyectos son adecuadas para los fines de los mismos. Si mediante valoración técnica se considera que no lo son, el importe de dicho concepto será descontado de oficio por la unidad administrativa competente.

También serán subvencionables dietas y gastos de desplazamiento, que deberán incluirse en la nómina del personal vinculado al proyecto mediante contrato laboral, siempre que dichos desplazamientos sean indispensables para la realización de las actividades subvencionadas. Para ello se tendrán en cuenta las cuantías fijadas para el Grupo 2, resto de personal, por el Decreto 251/1997, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Indemnizaciones por razón del servicio (BOC n.º 137, de 22.10.1997; c.e. BOC n.º 161, de 15.12.1997), modificado por la Orden de 28 de diciembre de 2023 (BOC n.º 255, de 30.12.2023), o reglamentariamente vigentes en el momento de la publicación, siempre que no supere el 3% del coste total de personal dedicado del proyecto.

1.2. Gastos corrientes:

Deberán guardar relación directa con la actividad subvencionada y acreditarse de forma fehaciente. Tendrán consideración de gastos subvencionables, entre otros, los siguientes:

• Arrendamiento de bienes inmuebles y de bienes muebles necesarios para la ejecución del proyecto (tales como equipos informáticos o maquinaria).

• Suministros vinculados al desarrollo de la actividad (agua, electricidad y gas).

• Gastos de reparación y conservación de los elementos del inmovilizado, entendiéndose como tales las obras de reparación simple y las pequeñas obras de conservación y mantenimiento.

• Comunicaciones (telefonía, internet, correo y mensajería), así como los gastos derivados del mantenimiento informático y de la página web de la entidad.

• Material de oficina.

• Primas de seguros, incluidos tasas y/o impuestos asociados, siempre que sean efectivamente abonados.

• Gastos de limpieza, aseo y mantenimiento del inmueble.

• Servicios de seguridad y de extinción de incendios.

• Combustible y mantenimiento de vehículos titularidad de la entidad, únicamente cuando el vehículo resulte imprescindible para la ejecución del proyecto subvencionado y dicha necesidad quede debidamente justificada. No serán subvencionables las reparaciones ni los gastos derivados de la ITV.

• Mantenimiento de ascensores.

• Servicios de asesoría laboral, fiscal y contable, así como gestorías.

• Gastos de gestión, administración y asesoramiento directamente relacionados con la actividad subvencionada e indispensables para su adecuada preparación o ejecución, siempre que no superen el 5% del importe total concedido para el programa.

1.2.1. Auditoría con cuenta justificativa:

La realización de la auditoría es obligatoria para aquellos proyectos con una cuantía superior a los 10.000,00 euros, salvo cuando se trate de Administraciones Públicas. El porcentaje de auditoría se calculará sobre el coste total del proyecto con el gasto de auditoría incluido.

Dentro de los gastos corrientes podrán incluirse como gastos subvencionables los derivados de la auditoría de cuentas sobre la cuenta justificativa de la subvención concedida a la entidad. Solo podrá presentarse y/o subvencionarse una auditoría por proyecto.

El máximo subvencionable por este concepto vendrá limitado por la aplicación del porcentaje correspondiente sobre el coste total del proyecto recogido en la siguiente tabla:

1.3. Gastos de actividades:

Serán subvencionables los gastos relacionados directamente con el cumplimiento del objeto del programa y/o proyecto subvencionado, tales como:

• Materiales diversos vinculados a la actividad subvencionada.

• Gastos de publicidad y divulgación específicos del proyecto.

• Gastos específicos de cada proyecto destinados a la atención de las personas beneficiarias finales del mismo (tales como manutención, alojamiento, o suministros).

• Contratación de servicios de profesionales del Régimen especial de trabajadores autónomos.

En lo referente a la contratación de servicios por profesionales autónomos, deberá quedar especialmente acreditada la imposibilidad de que tales funciones puedan ser realizadas por personal contratado. Solo se permitirá de forma puntual y exclusivamente para la prestación de servicios profesionales claramente diferenciados. Esta prestación de servicios deberá quedar perfectamente delimitada y justificada en la memoria del proyecto. Solo se autorizará cuando se demuestre de forma indubitada que no puede sustituirse por contratación laboral.

En los supuestos donde dicha justificación no esté suficientemente acreditada en la memoria del proyecto, se requerirá a la entidad su aclaración. Si aun así, mediante valoración técnica, no se considerasen cumplidos los preceptos de estas bases, el importe de dicho concepto será descontado de oficio por la unidad administrativa competente.

La entidad beneficiaria estará obligada a solicitar, con carácter previo a la contratación, al menos tres ofertas, cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 15.000,00 euros en el caso de suministros o de prestación de servicios, incluidos los realizados por personal autónomo.

Cuando la propuesta seleccionada no recaiga en la oferta económicamente más ventajosa, deberá acreditarse de forma expresa la motivación de la elección.

Tal circunstancia obedece a lo indicado en el artículo 31.3 de la LGS, sin perjuicio de la aplicación de los principios que rigen la contratación menor conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Dos.- No serán gastos subvencionables:

• Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

• Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.

• Los gastos de procedimientos judiciales.

• Las gratificaciones al personal de carácter extraordinario (no serán imputables aquellos complementos salariales que no sean antigüedad, nocturnidad o peligrosidad; por tanto, se excluyen aquellos como productividad, disponibilidad o transporte, excluyéndose, especialmente, cuando se entiendan que son desproporcionados o no ajustados a derecho).

• Los gastos derivados de las indemnizaciones de personal, por razones de despido o jubilación, que no sean las detalladas en el apartado de personal subvencionable.

• Inversión y grandes obras.

• En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación.

• No se podrán justificar las dietas y gastos de viaje del personal autónomo vinculado con contrato de servicios y de las personas que realicen colaboraciones esporádicas.

• Los gastos originados por los desplazamientos realizados por los miembros de las juntas directivas o consejos de dirección en su condición de tales.

En cualquier caso, no serán subvencionables aquellos gastos cuya relación con la actividad subvencionada no quede debidamente acreditada, ya sea en el momento de la solicitud o durante la fase de justificación.

Tres.- Pagos en efectivo.

El límite para el pago en efectivo de facturas o de documentos justificativos del gasto se fija en 1.000,00 euros por operación, con un máximo de 3.000,00 euros por expediente de subvención, acompañándose el correspondiente recibí del acreedor/ proveedor.

De tal forma, serán subvencionables los gastos cuyo pago se realice en efectivo siempre que:

- No exista ninguna operación que supere los 1.000,00 euros.

- No se supere el límite de 3.000,00 euros por expediente.

A efectos del cálculo de las cuantías señaladas en el apartado anterior, se sumarán los importes de todas las operaciones o pagos en efectivo. En caso de superar los importes fijados, se detraerán de la cuantía efectivamente justificada, en virtud de lo estipulado en la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude (BOE n.º 261, de 31.10.2012), modificada por la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego.

Cuatro.- Comprobación del valor de mercado.

El órgano concedente de la subvención y la Intervención General podrán comprobar el valor de mercado de los gastos subvencionables. Se entenderá como valor de mercado el que hubiera sido acordado en condiciones normales de mercado entre partes independientes, de la manera en que se define en el artículo 33 de la LGS, y normas establecidas al efecto.

Base sexta.- Subcontratación.

Uno.- La actividad objeto de la subvención será ejecutada por la entidad beneficiaria de la misma. No obstante, excepcionalmente y atendiendo a la naturaleza de las actividades, la entidad beneficiaria podrá llevar a cabo la subcontratación, previa autorización del órgano concedente, que deberá justificar suficientemente su necesidad, y sin que pueda exceder del 50% de la actividad subvencionada.

En caso de Administraciones Públicas podrá ser hasta el 100%, condicionado al cumplimiento de lo dispuesto en esta misma base en relación con la aportación de documentación del subcontratista.

Dos.- De acuerdo con la LGS, una entidad beneficiaria subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir la entidad beneficiaria para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada.

Tres.- Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20% del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000,00 euros, la subcontratación estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Que el contrato se celebre por escrito.

b) Que se solicite autorización previa al órgano concedente de la subvención en la forma que se determine en las presentes bases reguladoras.

Cuatro.- La entidad beneficiaria de la subvención podrá subcontratar la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas, salvo lo estipulado en el artículo 29.7 de la LGS.

Cinco.- La documentación relativa a la subcontratación deberá ser acreditada por la entidad beneficiaria en el procedimiento de solicitud y/o justificación de la subvención, mediante una declaración responsable firmada por la persona representante, que se anexará a la solicitud de autorización de subcontratación en el momento que ocurra, en los términos establecidos en el siguiente punto, sin perjuicio de las actuaciones de comprobación que pueda realizar el órgano concedente, la Intervención General o cualquier otro órgano competente.

Seis.- Cuando se subcontrate la realización de la actividad subvencionada, se deberá aportar documentación de la entidad a subcontratar que acredite:

a) Su capacidad para llevar a cabo las actividades contratadas.

b) Su especialización en la materia objeto de la contratación.

c) El cumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes bases.

d) Hallarse al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en cuyo caso, dichos certificados, deberán indicar que se solicitan y expiden al objeto de solicitar subvención.

e) Documento Declaración Responsable de quien ostente la representación legal en el que exponga:

- Que la entidad cumple con los requisitos establecidos en las presentes bases.

- Que no se encuentra incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones establecidas en el artículo 13 de la LGS.

- Que en la misma no concurre ninguna de las causas previstas en los apartados b), c), d) y e) del apartado 7 del artículo 29 del mismo texto legal, así como en el artículo 4 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión.

Base séptima.- Procedimiento de concesión y publicidad de la convocatoria.

Uno.- El procedimiento de concesión se tramitará en régimen de concurrencia competitiva de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.1 de la LGS, y en el Capítulo II del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado por Decretos 5/2015, de 30 de enero, y 151/2022, de 23 de junio.

La instrucción del procedimiento corresponderá a la Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración que, como órgano instructor, elevará las propuestas al órgano competente para resolver.

Dos.- De conformidad con el artículo 14.4 del Decreto 36/2009, además de la cuantía total máxima dentro de los créditos disponibles, se podrá fijar una cuantía adicional cuya aplicación a la concesión de subvenciones no requerirá de una nueva convocatoria.

El órgano concedente deberá publicar la declaración de créditos disponibles y la distribución definitiva, sin que la publicidad implique la apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes, ni el inicio de un nuevo cómputo de plazo para resolver, todo ello con carácter previo a la resolución de concesión y en los mismos medios que la convocatoria.

Tres.- Esta convocatoria, así como su extracto, se publicarán en el Boletín Oficial de Canarias. La presente convocatoria producirá sus efectos a partir del día siguiente al de su publicación.

El texto íntegro de la convocatoria podrá consultarse en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas del Ministerio de Hacienda, en el siguiente enlace: www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans

Base octava.- Solicitudes y documentación.

La presentación de solicitudes implicará la aceptación expresa, formal e incondicional de las presentes bases reguladoras y de la correspondiente convocatoria, así como la autorización para que esta Administración recabe los datos necesarios para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos, en los términos previstos en la presente base, siempre que no sea precisa autorización expresa y con pleno respeto a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

Uno.- Solicitud.

Se presentará una solicitud por cada proyecto, según formulario disponible en la sede electrónica del Gobierno de Canarias. Dicho formulario de solicitud comprenderá la memoria y el plan de financiación.

En el supuesto de que el proyecto presentado no se corresponda con la línea y/o programa subvencionable, o no se indique en la solicitud, esta será desestimada, sin que medie requerimiento o aclaración de la línea a la que presenta el proyecto.

Aquellas entidades que presenten más de una solicitud podrán aportar la documentación completa en una de ellas, debiendo indicar en las solicitudes sucesivas el número de expediente de dicha solicitud, así como la documentación ya aportada en el marco de la presente convocatoria.

1.1. Formulario de solicitudes. Las solicitudes deben estar suscritas por quien ostente la representación legal de la entidad, mediante firma electrónica de representación de persona jurídica, utilizando alguno de los sistemas de firma electrónica relacionados en el artículo 9.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), y sea aceptado por el Gobierno de Canarias.

Los sistemas de firma electrónica aceptados por el Gobierno de Canarias se pueden consultar en la dirección: https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/la_sede/sistemas_firma

1.2. Memoria técnica, cumplimentada en el modelo incorporado en el formulario de solicitud en sede electrónica, con el desarrollo de los aspectos a desarrollar según las presentes bases.

1.3. Plan de financiación del proyecto, cumplimentado en el modelo incorporado en el formulario de solicitud en sede electrónica, con el presupuesto detallado por conceptos de ingresos y de gastos desglosados según la financiación prevista para el desarrollo de las actividades.

1.4. Declaración responsable, incluida en el formulario de solicitud y firmada por la persona que ostente la representación legal de la entidad, acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente para participar en el presente procedimiento.

1.5. Modalidad de abono de la subvención. La entidad deberá marcar obligatoriamente en la solicitud el modo de abono que corresponda, de acuerdo con lo establecido en las presentes bases. En caso de optar por el abono anticipado, deberá marcarse expresamente esta opción en la solicitud e incluir, de manera obligatoria, la justificación que motive la solicitud del importe total. La ausencia de dicha motivación dará lugar a la desestimación de la solicitud. No se contempla la posibilidad de anticipos parciales; cualquier solicitud parcial se desestimará por no ajustarse a lo previsto en estas bases.

Dos.- La documentación complementaria que habrá de acompañar a la solicitud será la siguiente:

• DNI/NIE del representante legal.

• Documento de identificación fiscal de la entidad (NIF).

• Escritura pública de constitución y, en su caso, de modificación de la entidad solicitante, así como sus estatutos, debidamente inscritos en el Registro Mercantil o en el correspondiente registro oficial.

• En el caso de las entidades de utilidad pública, acreditación del cumplimiento de depósito documental establecido en el artículo 42 de la Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias, y en el artículo 25 de la Ley 2/1998, de 6 de abril, de Fundaciones de Canarias. Ambas modificadas por la Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias.

• Resolución de Registro Oficial del Plan de Igualdad en los términos previstos en el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo (para las entidades obligadas conforme al artículo 45.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres).

La documentación señalada podrá ser sustituida cuando la entidad solicitante acredite su inscripción en el Registro de Solicitantes de Subvenciones del Departamento (regulado por la Orden de 6 de marzo de 2009; BOC n.º 54, de 19.3.2009), mediante el correspondiente certificado de dicho registro, o cuando los documentos ya obren en poder de la Administración actuante.

En este último supuesto, la entidad podrá acogerse a lo establecido en el artículo 53.1, letra d), de la LPACAP, siempre que se indique la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o emitidos, que no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan, y señalando el número de expediente y la convocatoria a la que pertenecen.

En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente para la instrucción podrá requerir al solicitante su presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos, con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.

Tres.- Comprobación del cumplimiento de requisitos previos.

En lo que respecta al apartado 2.e) del artículo 13 de la LGS, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 28 de la LPACAP, la Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración consultará los datos pertinentes cuando resulten necesarios para la resolución del procedimiento, a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, y en concreto los siguientes:

a) Información relativa a la entidad de estar al corriente de sus obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social.

b) Información relativa a la entidad de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

c) Información relativa a la entidad de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la Administración Tributaria Canaria.

Además, la presentación de las solicitudes implicará la autorización por parte de la entidad solicitante a esta Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración para obtener los datos necesarios para acreditar el “Alta de datos a terceros acreedores con representación” en el SEFlogic.

Igualmente, la Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración podrá solicitar informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para la verificación de requisitos que necesiten informe o verificación in situ.

En caso de no autorizar expresamente la consulta de estar al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria del Estado, la Agencia Tributaria Canaria o la Seguridad Social, la entidad deberá aportar las certificaciones correspondientes emitidas por dichas administraciones. Estas tendrán validez durante el plazo de seis meses a contar desde la fecha de expedición, salvo anotación en contrario en las certificaciones.

Por otro lado, si por motivos técnicos o de otra índole resultara inviable obtener de oficio algún documento por parte del órgano concedente, se requerirá a las entidades interesadas para que proceda a su aportación mediante requerimiento.

Cuatro.- Cuantía individualizada de subvención.

La cuantía máxima de la subvención a conceder podrá ser de hasta el 100% de la actividad subvencionada a financiar, sin que, en ningún caso, aisladamente o en concurrencia con otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos, pueda superar el coste total de la actividad subvencionada (artículo 19 de la LGS).

La cuantía individualizada de la subvención correspondiente a cada entidad beneficiaria, teniendo en cuenta las solicitudes presentadas y el crédito disponible en cada área, se determinará en función de la puntuación obtenida al aplicar los criterios de valoración y del importe del presupuesto aceptado para cada programa, respetando los límites porcentuales y cuantitativos establecidos en las presentes bases y en la convocatoria correspondiente, hasta el agotamiento del crédito presupuestario consignado para cada línea de subvención y de acuerdo con el orden de concesión señalado en las mismas.

La cuantía individualizada de la subvención solicitada por proyecto no podrá ser inferior a 8.000,00 euros ni superar los siguientes importes:

En ningún caso, en el área de inclusión social, el importe máximo de concesión por convocatoria y entidad beneficiaria será superior a 180.000,00 euros.

Las cuantías solicitadas por cada proyecto deberán respetar los máximos y mínimos establecidos en la presente convocatoria, en caso contrario se entenderá como un incumplimiento de las bases y dará lugar a la desestimación de la solicitud sin que exista requerimiento o subsanación.

No podrán presentarse más de tres (3) solicitudes y sus correspondientes proyectos para el total de la convocatoria, con las siguientes limitaciones por áreas:

- En el área de inmigración, solo podrá presentarse un (1) proyecto.

- En el área de inclusión social, un máximo de dos (2) proyectos, estando la limitación determinada asimismo por líneas de actuación:

• Línea 2.1 Programas de intervención para la inclusión social y la atención a personas en situación de exclusión social, dos (2) proyectos.

• Línea 2.2 Planes integrales de inclusión social de intervención en la comunidad, un (1) proyecto.

• Línea 2.3 Intervención integral con personas sin hogar, un (1) proyecto.

Los proyectos serán tramitados según riguroso orden de registro en la sede electrónica, de manera que, si superan el número máximo de proyectos por área o línea del total de la convocatoria, se tendrán en cuenta los primeros registros que cumplan con el resto de requisitos (en cuanto al máximo por área y entidad).

Todos los proyectos presentados deberán estar comprendidos en alguna de las líneas de actuación que figuran en la convocatoria. En un mismo proyecto no se podrán incluir actuaciones de diferentes líneas. En estos casos será desestimado el proyecto presentado, según la información expresada por la entidad en su solicitud y tras valoración técnica.

Base novena.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias. No serán tenidas en cuenta aquellas solicitudes presentadas fuera del plazo fijado.

En atención a lo previsto en el artículo 14.2 de la LPACAP, las solicitudes, acompañadas de la documentación, se cumplimentarán y presentarán exclusivamente a través de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. No se admitirán a trámite aquellas solicitudes y documentación complementaria que no se presentasen exclusivamente en el procedimiento electrónico habilitado al efecto, en el siguiente enlace: https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/10989

Una vez registrada la solicitud, la entidad solicitante obtendrá del sistema el justificante electrónico de presentación de la solicitud, que incluirá la fecha y hora de presentación.

Base décima.- Baremación de solicitudes.

En el Anexo II de las presentes bases se establecen con detalle los criterios de valoración para cada una de la áreas y líneas.

Uno.- Baremación de solicitudes.

En los casos en que se cumplan los requisitos administrativos establecidos en las presentes bases, la solicitud será remitida por la unidad administrativa responsable del procedimiento a la comisión de valoración para su evaluación técnica.

Por el contrario, aquellas solicitudes que sean desestimadas por no cumplir los requisitos administrativos previos para ser entidad beneficiaria conforme a estas bases, no serán remitidas a la comisión de valoración, por lo que no serán valoradas ni puntuadas conforme a los criterios de baremación establecidos. Esta circunstancia se reflejará en las resoluciones correspondientes mediante un listado de entidades excluidas y la causa de su exclusión.

Dos.- Comisión de Valoración.

Se constituirá una Comisión de Valoración, designada por la persona titular de la Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración, formada por:

- Presidencia: titular de la Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración, o persona en quien delegue dicha función.

- Secretaría: personal funcionario de la Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración.

- 2 Vocalías: personal público (pudiendo ser personal funcionario o personal laboral) de la Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración y/o de otra Dirección General si fuera necesario.

La persona titular de la Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración podrá nombrar personal técnico experto de cada una de las áreas subvencionadas para su correcta estimación, siempre y cuando sea personal de la Administración Pública.

Tres.- Funciones principales de la Comisión de Valoración.

La Comisión de Valoración únicamente tendrá en cuenta aquellas solicitudes que cumplan con los requisitos administrativos previos. Sus funciones competentes para la valoración y puntuación según los baremos serán las siguientes:

• Analizar las solicitudes presentadas en función del orden de prelación establecido en las presentes bases.

• Elevar informes de concesión provisional y definitiva de las subvenciones objeto de estas bases al servicio responsable de la instrucción.

• Emitir puntuaciones de la evaluación de los criterios de baremación, en los casos que se determine por la unidad administrativa competente.

• Conformar la lista provisional de adjudicación hasta el límite del crédito presupuestario existente para cada área y/o línea.

• Elaborar la lista de solicitudes desestimadas y sus causas, cuando esta no sea la falta de requisitos administrativos.

• Conformar la lista definitiva de concesión de las solicitudes valoradas hasta el límite del crédito presupuestario existente para cada área y/o línea.

• Elaborar las listas de reserva por agotamiento de crédito por cada área y/o línea.

• En el supuesto de que el importe solicitado del total de los proyectos presentados supere el crédito asignado a la convocatoria, la comisión de valoración podrá establecer una puntuación mínima para la concesión de subvención y limitar el número de proyectos, atendiendo a la mayor puntuación en la aplicación de los criterios anteriores.

• Elevar propuesta a la unidad administrativa en cuanto al destino de los remanentes de las distintas áreas y líneas.

Cuatro.- Criterios de valoración.

No serán subsanables los defectos de forma de las solicitudes cuyas memorias o planes de financiación no reúnan los contenidos mínimos definidos en el procedimiento electrónico o carezcan de calidad técnica.

1. La Memoria técnica deberá identificar y dar respuesta de forma pormenorizada al objeto de la actuación para la que se solicita la subvención, con una correcta identificación de la realidad social sobre la que se quiere actuar, de una manera eficaz y eficiente, para que se cumplan los objetivos previstos, utilizando los recursos adecuados y relacionada con la misión, la naturaleza e identidad propia de la institución.

Además de la calidad técnica, los contenidos básicos que deberán incluir para su valoración en los apartados de la solicitud destinados a ello, son:

En todos los proyectos presentados se valorará especialmente la incorporación de la perspectiva de género, el respeto al principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, así como el reconocimiento y respeto a la identidad de género, de conformidad con lo establecido en la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias; en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; y en la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Asimismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 2/2021, de 7 de junio, de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales, así como en cuantas otras normas de igual o superior rango resulten aplicables en la materia.

2. En el Plan de financiación se expondrán de forma detallada los ingresos y gastos previstos para la elaboración del presupuesto presentado, desglosando cada tipo de gasto y diferenciando sus respectivos importes.

En los supuestos en que los proyectos se hubieran presentado dentro de los límites económicos establecidos en la correspondiente convocatoria por Línea de subvención, pero se diera el caso de que, tras la revisión en la fase de valoración, resultara un importe total solicitado inferior al mínimo señalado en las presentes bases, al haberse derivado de una actuación de oficio por parte de la Administración, la solicitud será admitida y se continuará la tramitación de la misma, sin que esta decaiga de la convocatoria.

El procedimiento electrónico definido para las presentes bases lleva aparejado un sistema ordenado de los gastos a tener en cuenta en la cumplimentación correcta del plan de financiación, donde están configurados de forma automatizada los límites de gastos según el concepto que corresponda, de acuerdo a lo expresado en las presentes bases.

Base decimoprimera.- Ordenación, instrucción y desarrollo del procedimiento.

Uno.- Órgano competente e instrucción del procedimiento.

El órgano competente para la instrucción del procedimiento será la Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración, que a través de sus servicios gestores, examinará si las solicitudes reúnen los requisitos exigidos y si se acompaña la documentación preceptiva.

Las solicitudes deberán estar suscritas por quien ostente la representación legal de la entidad mediante firma electrónica en el momento de su presentación. En caso contrario, la solicitud será desestimada sin requerimiento previo.

Si varias personas ostentan la representación legal, quien firme la solicitud deberá disponer de facultades suficientes en relación con el procedimiento de subvenciones.

Cuando la solicitud sea firmada por persona distinta del representante legal, deberá acreditarse dicha habilitación mediante declaración responsable.

Dos.- Requerimiento y subsanación.

Si la solicitud inicial no cumple los requisitos del artículo 66 de la LPACAP, el órgano instructor requerirá a los interesados para subsanar la falta o aportar la documentación preceptiva en un plazo de diez (10) días, advirtiendo que, de no hacerlo, se les tendrá por desistidos, conforme a los artículos 68.1 y 21 de la misma Ley.

La notificación se realizará mediante resolución publicada en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Gobierno de Canarias.

La documentación se presentará a través de la sede electrónica habilitada
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/10989 y solo estará disponible en los plazos indicados.

No se requerirá subsanación de la memoria técnica, plan de financiación o declaración responsable, considerando válidos los presentados en el formulario de solicitud.

Sin perjuicio de lo anterior, podrá instarse al solicitante para completar trámites de acuerdo con el artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, otorgando un plazo de diez días desde la notificación, con apercibimiento de que, de no hacerlo, se podrá declarar decaído en su derecho.

Tres.- Resolución provisional de concesión.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, elevará al órgano concedente la propuesta de resolución provisional para cada área y línea, motivada y ajustada a la disponibilidad económica, que será notificada mediante su publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica
(https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/destacados_menu_home/tablon_anuncios).

Las entidades dispondrán de diez (10) días, contados a partir del siguiente a su publicación, para aceptar expresamente la subvención, mediante el modelo habilitado en la sede electrónica a través del procedimiento elaborado al efecto.

Cuando la resolución coincida plenamente con las solicitudes, podrá aprobarse directamente la resolución definitiva sin trámite provisional.

La propuesta provisional no genera derecho alguno a favor de las entidades beneficiarias propuestas hasta su notificación y aceptación de forma definitiva en los términos establecidos en las normas vinculantes de la materia.

Cuatro.- Desempate.

Una vez evaluadas las solicitudes, en caso de producirse empate en la puntuación final, para conformar el orden de prelación se atenderá a los siguientes criterios:

1. Mayor puntuación en la memoria técnica.

2. De persistir el empate: preferencia a proyectos de continuidad.

3. Si todavía persistiese, se considerarán en orden:

a) Que no tengan otra subvención en la convocatoria.

b) Menor cuantía solicitada.

c) Fecha de registro oficial del Plan de Igualdad.

d) Sorteo, en último caso.

Cinco.- Crédito sobrante en una o varias líneas.

En caso de existir crédito sobrante en alguna línea podrá destinarse a otra línea del mismo área, priorizando aquellas con mayor número de solicitudes no atendidas por agotamiento del crédito inicialmente asignado.

No será necesario esperar la resolución definitiva para realizar esta redistribución, debiéndose reflejar en la propuesta las cuantías provisionales sobrantes de cada línea y su destino.

En el Área de Inmigración, al existir una sola línea de actuación, no será posible la redistribución.

Seis.- Listas de reserva.

Las solicitudes no atendidas por falta de crédito conformarán una lista de reserva, ordenada por puntuación descendente y diferenciada por área y línea.

Estas solicitudes podrán ser atendidas ante renuncias o desistimientos o incumplimiento de los plazos previstos, elevándose al órgano concedente a través del órgano instructor.

Siete.- Concesión parcial de la solicitud.

De acuerdo con el artículo 17 del Decreto 36/2009, si la resolución definitiva otorga una cuantía inferior a la solicitada, el órgano instructor instará a la entidad beneficiaria a reformular la solicitud en un plazo máximo de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente a su publicación.

Esta reformulación se hará ajustando el número de acciones a realizar o eliminando elementos que no afecten de forma esencial al cumplimiento de los fines y objetivos del proyecto.

En caso de que la entidad no comunicara la reformulación en el plazo otorgado, se mantendrá la solicitud inicial y la entidad asumirá con fondos propios la diferencia hasta cubrir el coste total del proyecto, según solicitud presentada.

Ocho.- Aceptación de la subvención.

8.1. Plazo y obligación: tras la publicación de la resolución provisional, se habilitará un plazo para que las entidades acepten la subvención. Si no se presenta dicha aceptación en el plazo establecido, la subvención se considerará no aceptada y supondrá la pérdida del derecho a la misma.

8.2. Aceptaciones ya presentadas: las entidades que hubieran aceptado la subvención en la resolución provisional no deberán presentar nueva aceptación siempre que:

a) El importe concedido sea idéntico.

b) No existan variaciones respecto a la resolución provisional.

En el supuesto de que la persona que suscriba la aceptación de la subvención sea distinta de la que firmó la solicitud, deberá aportar declaración responsable en la que conste que ostenta facultades suficientes de representación para realizar dicho acto, incluyendo la capacidad para solicitar subvenciones, aceptar su concesión y asumir las obligaciones derivadas de las mismas, sin perjuicio de las facultades de comprobación que correspondan a la Administración.

8.3. Inclusión de nuevas entidades: si por cualquier causa hubiese crédito suficiente para atender solicitudes inicialmente denegadas o concedidas parcialmente por falta de crédito, estas podrán incluirse en la resolución definitiva.

8.4. Plazo de aceptación de la resolución definitiva: cuando en la resolución definitiva se incluyan entidades que no fueron beneficiarias en la resolución provisional o entidades que fueron beneficiarias de forma parcial, se concederá un plazo de diez (10) días hábiles desde la publicación de la resolución para presentar la aceptación expresa mediante el modelo normalizado disponible en la sede electrónica.

8.5. Reformulación por concesión parcial: si la concesión definitiva resulta parcial y existe diferencia entre el importe provisional y el definitivo, las entidades deberán presentar aceptación y reformulación adaptada al importe definitivo, en el mismo plazo, a través del procedimiento de la sede electrónica.

Nueve.- Alegaciones.

Tras la publicación de la resolución provisional, las entidades solicitantes podrán presentar alegaciones. La comisión de valoración examinará las mismas, tras lo cual, el órgano instructor elevará la propuesta de resolución definitiva.

Las alegaciones no podrán modificar el proyecto inicialmente presentado (memoria, plan de financiación), para evitar perjuicios a terceros.

De no presentarse alegaciones, la propuesta de resolución provisional pasará a ser definitiva mediante resolución expresa.

Base decimosegunda.- Resolución de concesión definitiva y notificación.

Uno.- Publicación.

La resolución definitiva de concesión de las subvenciones objeto de las presentes bases se notificará a las entidades interesadas mediante su publicación en el Boletín Oficial de Canarias y en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Gobierno de Canarias, de conformidad con lo previsto en la LPACAP y, en particular, con lo establecido en su artículo 45.3.

La notificación practicada a través del citado boletín iniciará el cómputo del plazo legal para la interposición de los recursos que procedan en vía administrativa o jurisdiccional.

Dos.- Plazo del procedimiento.

El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento de concesión de las subvenciones no podrá exceder de seis meses, a contar desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial de Canarias de la convocatoria y, en todo caso, no podrá rebasar el plazo que se establezca en la Orden que dicte la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, por la que se regulará la ordenación contable en la ejecución y cierre del presupuesto de gastos e ingresos para el ejercicio 2026 de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Tres.- Sentido del silencio administrativo.

Transcurrido dicho plazo, las entidades interesadas deben entender desestimada su solicitud por silencio administrativo, de acuerdo con lo que prevé el artículo 152.2 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

Cuatro.- Recurso.

Contra la resolución de este procedimiento, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Consejería competente en cada momento, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de la notificación, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses.

No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación del recurso de reposición interpuesto. Todo ello, sin perjuicio de que la entidad beneficiaria pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente, de conformidad con lo dispuesto en la LPACAP.

Cinco.- Renuncia y desistimiento.

Una vez dictada la resolución definitiva de concesión de la subvención, la entidad beneficiaria podrá renunciar a la misma en virtud de lo dispuesto en el artículo 94 de la LPACAP. La comunicación de la renuncia se realizará mediante escrito dirigido a la Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración, presentado en el registro electrónico de la sede del Gobierno de Canarias.

La renuncia deberá estar firmada por la persona que ostente la representación legal de la entidad en cada momento. La Administración la aceptará y declarará concluso el procedimiento, a salvedad de lo dispuesto en el artículo 94.5 de la LPACAP.

La aceptación de la renuncia por parte del órgano concedente obligará a la entidad interesada a reintegrar el importe abonado, incrementado con los intereses de demora devengados desde el momento de su pago efectivo, en caso de que la subvención hubiera sido abonada.

El órgano concedente dictará resolución expresa e individual en los términos aquí previstos y, en su caso, iniciará el correspondiente procedimiento de reintegro. Una vez confirmado el abono de las cantidades adeudadas, se procederá a la finalización de dicho procedimiento en los términos establecidos en la normativa de aplicación.

Base decimotercera.- Ejecución de los proyectos y abono de la subvención.

Uno.- El plazo de ejecución de las actividades subvencionadas comprenderá desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de octubre de 2027, en función de la modalidad de abono seleccionada en la solicitud de la presente concurrencia. En el supuesto de proyectos de continuidad, no podrá existir solapamiento temporal entre ellos, de modo que el inicio del nuevo periodo no podrá producirse mientras el proyecto anterior se encuentre en ejecución. En caso contrario se producirá la exclusión de la solicitud, sin posibilidad de subsanación, según lo dispuesto en las presentes bases.

Dos.- El abono de la subvención se realizará previa justificación de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se concedió, en los términos establecidos en la resolución de concesión y en la parte proporcional a la cuantía de la subvención efectivamente justificada.

En concordancia con el artículo 37.3 del Decreto 36/2009, las subvenciones acogidas a las presentes bases podrán abonarse de forma anticipada, siempre que se hubiera especificado en la solicitud, atendiendo a la naturaleza de las actividades o proyectos objeto de subvención, que revisten características de indudable interés público para las personas usuarias, y cuando se concedan a entidades sin fines lucrativos por falta de recursos propios, de manera que se favorezca la continuidad de la actividad subvencionada.

El abono anticipado se realizará necesariamente por el 100% del importe concedido mediante resolución definitiva, sin que esta cuantía pueda minorarse, y se efectuará en un único pago.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 37.4 del Decreto 36/2009, no podrán realizarse pagos anticipados a entidades beneficiarias cuando se haya solicitado la declaración de concurso, hayan sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, se hallen declaradas en concurso, estén sujetas a intervención judicial o hayan sido inhabilitadas conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso, hayan sido declaradas en quiebra, en concurso de acreedores, insolvente fallido en cualquier procedimiento o sujetas a intervención judicial, hayan iniciado expediente de quita y espera o de suspensión de pagos, o presentado solicitud judicial de quiebra o de concurso de acreedores, mientras no hayan sido rehabilitadas, en su caso.

Asimismo, no se podrá realizar el pago de la subvención en tanto la entidad beneficiaria no se halle al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, o sea deudora por resolución firme de procedencia de reintegro de subvenciones. La valoración de estos extremos se efectuará en los mismos términos que para obtener la condición de entidad beneficiaria, de acuerdo con la normativa básica, considerando que se encuentra al corriente en el pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado la suspensión con ocasión de la impugnación de la correspondiente resolución.

Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de las subvenciones en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la LGS.

Tres.- Mediante Acuerdo de Gobierno de 23 de diciembre de 2025, se dispone la modificación decimosegunda del Acuerdo de Gobierno de 26 de marzo de 2020, por el que se autorizan las condiciones de los abonos anticipados de subvenciones, aportaciones dinerarias, encargos y encomiendas de gestión.

De esta manera se da cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 1.2 del citado Acuerdo de Gobierno, habida cuenta de que el Plan de Acción del Departamento aprobado por Orden n.º LOR2019CA00652, de 17 de octubre de 2019, ha visto ampliado su plazo de ejecución por séptima vez hasta el 31 de diciembre de 2026 mediante Orden n.º 210/2026, de 3 de marzo, de la Consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias.

Base decimocuarta.- Compatibilidades de ayudas.

Las subvenciones otorgadas al amparo de las presentes bases reguladoras serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. No obstante, el importe de todas las subvenciones, incluida la de la presente convocatoria, ayudas, ingresos o recursos destinados a un mismo programa o actividad, en ningún caso podrá superar el coste total de la misma, dando lugar a la desestimación de la solicitud sin que exista requerimiento o subsanación.

La entidad beneficiaria estará obligada a comunicar por escrito a la Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración la obtención de cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso que financie total o parcialmente la actividad subvencionada, indicando de forma expresa la cuantía asignada al programa. Dicha comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación de los fondos percibidos.

La comunicación deberá ir acompañada de la documentación acreditativa correspondiente (resoluciones, convenios, certificaciones oficiales, presupuestos desglosados u otros documentos equivalentes) que permita verificar el importe efectivamente destinado al programa. La omisión de esta comunicación, la declaración incorrecta o la falta de acreditación podrán dar lugar a la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención, o al reintegro de los importes indebidamente percibidos.

Base decimoquinta- Modificación de la Resolución de concesión.

La modificación de la resolución individual de concesión a petición de las entidades interesadas solo procederá cuando concurran los requisitos establecidos en el artículo 20.1 del Decreto 36/2009, sin que en ningún caso dañe derechos de terceros.

La solicitud de modificación de la resolución deberá realizarse, por la entidad interesada, antes del fin del plazo de ejecución de la actividad.

Esta dará lugar a la modificación de la resolución de concesión por el órgano que la haya dictado, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención, ni concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 20.2 del Decreto 36/2009.

Los cambios que afecten exclusivamente a los plazos de ejecución del proyecto, siempre que no supongan la superación del plazo máximo de ejecución establecido en la convocatoria, no requerirán la tramitación de una solicitud de modificación, debiendo necesariamente ser comunicados al órgano instructor con carácter previo o, en su caso, inmediato a su aplicación, a los efectos de su constancia en el expediente.

No se aceptarán solicitudes que modifiquen el plan de financiación en más del 20%, ni que introduzcan conceptos nuevos o eliminen los ya incluidos. Tampoco se podrá reducir el importe total concedido una vez publicada la resolución, dado que ello podría perjudicar a terceros, ya que el plan de financiación original fue valorado durante la evaluación competitiva.

Base decimosexta- Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Uno.- Además de las obligaciones establecidas en el artículo 14.1 de la LGS, y de las específicamente descritas en la base tercera, la entidad beneficiaria de subvención deberá:

1.º) Llevar una contabilidad separada de la actividad subvencionada, bien mediante cuentas específicas dentro de su contabilidad oficial y/o libros de registro abiertos al efecto.

En dichas cuentas o registros se han de reflejar de forma separada las facturas y demás justificantes de gasto tal y como establece la norma:

• Identificación del acreedor.

• Identificación del documento contable.

• Importe neto y/o con separación del IGIC y demás impuestos indirectos que no sean subvencionables.

• Fecha de emisión.

• Fecha de pago.

• Detalle del concepto o conceptos aplicados a la realización de la actividad.

• Todos los gastos e ingresos de la actividad, aunque solo una parte del coste estuviera subvencionada.

2.º) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, por un periodo no inferior a cuatro años.

3.º) Respetar las prohibiciones establecidas en el artículo 29.7.d) de la citada LGS, en relación con el artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla, en lo relativo a las personas o entidades vinculadas con la entidad beneficiaria.

4.º) Cumplir lo dispuesto por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y demás normativa de aplicación.

5.º) Cumplir lo dispuesto por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que establece en su Título II, según el cual “los sujetos enumerados en el artículo 2.1 publicarán de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública”, al ser la entidad beneficiaria un sujeto obligado según el artículo 3.1.b) de la misma Ley, que incluye como otros sujetos obligados a las entidades privadas que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 3.2 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, las normas reguladoras de los conciertos y otras formas de participación de entidades privadas en los sistemas públicos de educación, sanidad y servicios sociales establecerán la información que deben publicar estas entidades, de entre la prevista en el Título II de esta ley, para colaborar en la prestación de los mencionados servicios financiados con fondos públicos. La relación de la información que deben publicar estas entidades se incluirá en los pliegos o documentos contractuales equivalentes que correspondan.

Dos.- En cumplimiento del artículo 3.1, letra b), en relación con el artículo 13 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, las entidades privadas que hubieran percibido, durante el periodo de un año inmediatamente anterior al momento de la solicitud de esta subvención, subvenciones públicas en una cuantía superior a 60.000 euros o cuando al menos el 30% del total de sus ingresos anuales tengan el carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000,00 euros, deberán realizar una publicidad activa de las subvenciones obtenidas derivadas de esta convocatoria.

Tres.- Medidas de difusión.

Se deberán adoptar las medidas de difusión contempladas en el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento, así como en el artículo 12 del Decreto 36/2009.

Con el fin de dar a conocer el carácter subvencionado del proyecto, durante todo el periodo de ejecución deberá incluirse la identidad corporativa gráfica del Gobierno de Canarias, junto con leyendas relativas a la financiación pública, en carteles, placas conmemorativas, materiales impresos, medios electrónicos o audiovisuales, así como en menciones realizadas en medios de comunicación.

La información mínima que deberá incluirse en las medidas de difusión será la siguiente:

• Financiado por la Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración.

• Denominación oficial del proyecto.

• Periodo de ejecución.

• Importe subvencionado.

Las medidas mínimas de comunicación, publicidad y difusión a desarrollar serán las siguientes:

• Cartelería informativa física (mínimo DIN A3) y digital.

• Folletos informativos físicos (flyers, dípticos, trípticos, etc.) con una medida mínima de A5, así como folletos digitales.

• Publicaciones en los sitios web de la entidad (página web corporativa, blogs, redes sociales, etc.).

El número de diseños y de impresiones gráficas deberá ajustarse a lo declarado en la solicitud, tanto en la memoria técnica como en el plan de financiación.

Con el objeto de asegurar la correcta representación institucional y la uniformidad visual en todos los materiales de difusión, las entidades beneficiarias deberán utilizar la marca oficial del Gobierno de Canarias conforme a las normas establecidas en el Manual de Identidad Corporativa, disponible en: https://www.gobiernodecanarias.org/identidadgrafica/

Normas de colocación de logotipos.

La marca del Gobierno de Canarias deberá situarse siempre en la parte inferior derecha de todos los materiales de difusión del proyecto, garantizando su correcta visibilidad y reconocimiento institucional.

En los proyectos que reciban financiación de más de una administración o entidad, los logotipos deberán colocarse de izquierda a derecha, comenzando por la administración que otorgue la mayor aportación económica y finalizando con el logotipo de la entidad ejecutora del proyecto.

La entidad beneficiaria deberá acreditar, mediante la presentación de un dossier completo, todas las medidas de difusión realizadas durante el periodo de ejecución de la subvención. Dicho dossier se aportará junto con la memoria de actuación en la justificación de la subvención y deberá incluir de forma detallada las acciones desarrolladas, garantizando la correcta inclusión de los elementos de identidad corporativa del Gobierno de Canarias y la referencia a la financiación pública. El incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión establecidas dará lugar a los efectos previstos en el artículo 37.1.d) de la LGS.

Base decimoséptima.- Justificación de la actividad subvencionada.

Uno.- El plazo de justificación de la subvención será:

a) Previa justificación del gasto.

Cuando el plazo de ejecución esté comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026 y se haya optado por el abono previa justificación del gasto, el plazo de justificación será de un mes a contar desde el día siguiente a la finalización del proyecto, toda vez que se haya publicado la resolución de concesión definitiva.

b) Abono anticipado.

El periodo de ejecución del proyecto será entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de octubre de 2027. El plazo de justificación, será de dos meses a contar desde el día siguiente a la finalización del proyecto.

En ambos casos, la justificación deberá ceñirse estrictamente al plan de financiación aprobado, conforme al cual se ha concedido la subvención, de manera que los conceptos y los importes coincidan con los previamente evaluados y aprobados.

Dos.- Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma, el órgano concedente podrá requerir a la entidad para que sea presentada en el plazo de quince (15) días hábiles improrrogables. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido llevará consigo la no exigibilidad de la subvención y la exigencia, en su caso, del reintegro y demás responsabilidades establecidas en la LGS y en el Reglamento que la desarrolla. La presentación de la justificación dentro de este plazo adicional no eximirá a la entidad beneficiaria de las sanciones que correspondan.

Base decimoctava- Medios de justificación.

Uno.- Entidades privadas: conforme a lo dispuesto en el Capítulo IV del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, y teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 30 y 31 de la LGS, deberá realizar y acreditar la realización de la actividad que fundamentó la concesión de la misma, la aplicación de los fondos públicos recibidos y el coste total de la actividad subvencionada.

La justificación de la subvención se realizará obligatoriamente a través del aplicativo informático habilitado para la gestión de la presente convocatoria, utilizando el mismo procedimiento electrónico empleado para la presentación de la solicitud. A tal efecto, las entidades beneficiarias deberán cumplimentar en dicho aplicativo los formularios y modelos establecidos para la justificación, sin perjuicio de la documentación adicional que, en su caso, deba aportarse conforme a lo previsto en las presentes bases.

A) La justificación de la subvención, cuando esta sea igual o inferior a 10.000,00 euros, salvo que opten por la presentación de auditoría, se realizará mediante la presentación de una cuenta justificativa simplificada, conforme al artículo 28 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo que, además, contendrá la siguiente documentación:

a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. Irá acompañada de un dossier acreditativo del cumplimiento de las medidas de difusión y publicidad obligatorias.

b) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

c) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

d) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.

El órgano concedente comprobará, a través de técnicas de muestreo aleatorio, los justificantes que permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, revisando en su caso, el 50% de los documentos correspondientes a gastos de personal si existieran, y un 20% de los gastos corrientes y actividades, así como, en su caso, la acreditación de los correspondientes pagos, que incluirá, como regla general, los justificantes bancarios de la salida de fondos. De no ser posible, por motivos justificados, podrá presentarse recibo firmado por el proveedor, sellado y con fecha.

B) En caso de que la subvención excediera de 10.000,00 euros, la justificación se realizará mediante la modalidad de cuenta justificativa con aportación de informe de auditoría, según lo establecido en el artículo 27 del Decreto 36/2009, todo ello conforme con lo previsto en el mencionado artículo.

En este caso, la entidad beneficiaria no está obligada a aportar justificantes de gasto en la rendición de la cuenta, sin perjuicio de las actuaciones de comprobación y control que pueda realizar la Intervención General, la Audiencia de Cuentas y el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de sus competencias.

La cuenta justificativa irá acompañada de un informe de auditoría de cuentas, emitido por personal inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

En el caso de que la entidad esté obligada a auditar sus cuentas anuales conforme a la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, la revisión de la cuenta justificativa se llevará a cabo por el mismo profesional.

El informe de auditoría deberá ser elaborado con plena independencia, objetividad y diligencia profesional, no limitándose a una mera comprobación formal de la documentación aportada por la entidad beneficiaria, sino mediante una verificación real, efectiva y coherente de la correcta aplicación de la subvención concedida.

Dicha justificación abarcará la totalidad del periodo del programa subvencionado, aportando la documentación que se relaciona a continuación:

1. Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la presente, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. Irá acompañada de un dossier acreditativo del cumplimiento de las medidas de difusión y publicidad obligatorias.

2. Memoria económica abreviada que contendrá, como mínimo, un estado representativo de los gastos en la realización de la actividad subvencionada, debidamente agrupados y coincidentes con los conceptos e importes del plan de financiación aprobado, así como, en su caso, las cantidades inicialmente presupuestadas y las desviaciones producidas, según procedimiento electrónico habilitado para ello.

3. Informe de auditoría de cuenta justificativa que se llevará a cabo mediante la realización de los procedimientos establecidos en la Orden EHA/1434/2007 y conforme a lo previsto en el artículo 27 del Decreto 36/2009.

Dicho informe deberá cumplir íntegramente con todos y cada uno de los procedimientos previstos en dicha norma, pronunciándose de forma expresa, clara e inequívoca sobre la adecuación de los gastos justificados al plan de financiación en base al cual se concedió la subvención, especificando la correcta percepción, aplicación y justificación de la subvención y se llevará a cabo con el siguiente alcance:

• Comprensión de las obligaciones impuestas a la entidad beneficiaria, analizando la normativa reguladora de la subvención y cuanta documentación establezcan las obligaciones impuestas a la misma.

• Solicitud de la cuenta justificativa. La persona auditora deberá requerir la cuenta justificativa y asegurarse de que contiene todos los elementos señalados en el artículo 27 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

• Informe de auditoría y comunicación con la persona auditora de cuentas. Cuando la entidad haya sido auditada por un/a auditor/a distinto al nombrado para revisar la cuenta justificativa de la subvención, obtendrá el informe de auditoría con objeto de conocer si existe alguna salvedad en dicho informe que pudiera condicionar su trabajo de revisión. Asimismo, comunicará el encargo a la persona auditora de cuentas de la sociedad, solicitando del mismo cualquier información de que disponga y que pudiera condicionar o limitar la labor de revisión de la cuenta justificativa. Dicha solicitud de información se llevará a cabo previa autorización de la entidad beneficiaria de la subvención a la persona encargada de la auditoría de cuentas de la sociedad para facilitarla.

• Revisión de la memoria de actuación, analizando y supervisando su contenido, ante la posible falta de concordancia entre la información contenida en esta memoria y los documentos que sirvan de base para realizar la revisión de la justificación económica.

• Revisión de la memoria económica abreviada, que deberá abarcar la totalidad de los gastos incurridos en la realización de las actividades subvencionadas e incluyendo una manifestación inequívocamente favorable o no a la correcta aplicación de los fondos recibidos, puestos en relación con la efectiva realización del programa y actividades objeto de la subvención.

• Solicitud a la entidad beneficiaria de una declaración relativa a la financiación de la actividad subvencionada. En la auditoría se solicitará de la entidad beneficiaria una declaración conteniendo la relación detallada de otros recursos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada, con indicación de su importe y procedencia. Sobre la base de esta información y de las condiciones impuestas a la entidad beneficiaria para la percepción de la subvención objeto de revisión, también se analizará la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, a efectos de determinar la posible incompatibilidad y, en su caso, el exceso de financiación.

• Comprobación de la carta de reintegro de remanentes. En el supuesto de que exista remanente de subvención no aplicada, la auditoría comprobará la carta de reintegro al órgano concedente de dicho remanente, así como de los intereses derivados del mismo y la correspondiente anotación contable.

• Otros procedimientos. Además, la auditoría deberá llevar a cabo aquellos otros procedimientos adicionales que se exijan en las bases reguladoras de la subvención, en la convocatoria o en la resolución de concesión.

• Carta de manifestaciones. Al término de su trabajo, la persona auditora solicitará a la entidad beneficiaria una carta, firmada por la persona que suscribió la cuenta justificativa, en la que se indicará que se ha informado a la persona auditora acerca de todas las circunstancias que puedan afectar a la correcta percepción, aplicación y justificación de la subvención. También se incluirán las manifestaciones que sean relevantes y que sirvan de evidencia adicional a la persona auditora sobre los procedimientos realizados.

Se inadmitirán los informes que no tengan en cuenta las bases reguladoras, la convocatoria o el plan de financiación aprobado.

El diseño del procedimiento de confirmaciones de terceros tendrá en cuenta, mediante muestreo aleatorio, entre otros extremos:

1. Personal contratado para la realización del programa:

• Funciones y tareas efectivas desarrolladas en el marco de la actividad subvencionada.

• Tipo de contratación y condiciones de trabajo (jornada, lugar de trabajo, etc.).

• Salario percibido vs salario presupuestado.

• Impresión general sobre la prestación del servicio.

2. Personas beneficiarias finales del programa:

• Aportación de una relación de personas usuarias del programa.

• Conocimiento general del programa, sus derechos y obligaciones.

• Conocimiento de la financiación y finalidad del programa.

• Tiempo de permanencia en el programa.

• Calidad percibida del servicio prestado.

• Realización efectiva del servicio.

• Descripción general de su experiencia.

• Continuidad en el programa o, en su caso, motivo del abandono.

Dos.- Entidades públicas. Tratándose de administraciones públicas, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto 36/2009, la entidad beneficiaria deberá justificar documentalmente el empleo de los fondos públicos en la actividad subvencionada, su efectiva realización y el coste total de la misma, aportando la documentación que se relaciona a continuación:

a) Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. Irá acompañada de un dossier acreditativo del cumplimiento de las medidas de difusión y publicidad obligatorias.

b) Declaración responsable de la Presidencia de la entidad en la que conste de forma expresa la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad para la que fue concedida, acompañada de informe emitido por la Intervención u órgano de control equivalente de la Entidad Local, que acredite la veracidad y la regularidad de los gastos y pagos justificativos de la subvención, así como su adecuación a la normativa reguladora de la acumulación de ayudas, debiendo contener los siguientes extremos:

• Importe total justificado.

• Coste real de la actividad, con el desglose de cada uno de los gastos incurridos.

• Indicación de que se ha venido realizando la actividad subvencionada.

• Indicación de que se han cumplido las condiciones establecidas en la orden de concesión.

• Indicación de que los fondos públicos concedidos se imputan a la realización de la actividad subvencionada.

c) En su caso, un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada, con indicación del importe y su procedencia.

d) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.

Tres.- Los gastos subvencionables que integran el plan de financiación de la actividad a subvencionar, podrán compensarse entre conceptos de la misma tipología de gasto (gastos derivados de personal, gastos corrientes y gastos de actividades), a efectos de su justificación, con un límite del 20% de las mismas, sin que en ningún caso dicha compensación conlleve una alteración del coste total del proyecto.

En cualquier caso, la compensación entre tipos de gastos no puede suponer la superación de los límites máximos establecidos para los diferentes conceptos de gastos. No se podrán compensar gastos en aquellas partidas y/o conceptos de financiación en los que no se hubiera consignado ningún gasto inicialmente en el plan de financiación (gastos derivados de personal, gastos corrientes y gastos de actividades). Aquel gasto consignado inicialmente que no sea ejecutado deberá reintegrarse junto con los intereses de demora que pudiesen devengarse, sin posibilidad de introducir un nuevo concepto que lo supla.

Cuatro.- La justificación de las subvenciones podrá efectuarse mediante comprobación directa, documentos y demás extremos a que debe ceñirse la justificación, efectuada por personal técnico de la Dirección General y que deberá ser plasmada en una certificación administrativa expedida a tal fin. A tal efecto, las entidades beneficiarias están obligadas a facilitar al personal público designado cuanta documentación e información les sea requerida. De tal verificación, se levantará el correspondiente acta con los puntos constatados.

Cinco.- Cuando la entidad beneficiaria de la subvención ponga de manifiesto en la justificación que se han producido alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la misma, que no fuesen imputables a la propia entidad, el órgano concedente podrá aceptar la justificación presentada, siempre y cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) Que se hubiera solicitado la aprobación de la variación dentro del plazo establecido de la realización de la actividad.

b) Las modificaciones efectuadas no alteren esencialmente la naturaleza u objetivos de la subvención concedida.

c) Su aceptación no suponga dañar derechos de terceros.

Base decimonovena.- Incumplimientos y reintegros.

Uno.- Conforme a lo establecido en el artículo 37 de la LGS, procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora, de conformidad con lo previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado vigente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que la entidad deudora ingrese el reintegro si es anterior a esta, en los supuestos que se indican a continuación, a los que les serán de aplicación los criterios de graduación siguientes:

• Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido. En este caso, procederá al reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.

• Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención. En caso de incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar será un porcentaje de lo percibido equivalente al porcentaje de incumplimiento, previa valoración y motivación de la justificación presentada por la entidad beneficiaria. En el caso de incumplimiento total, se reintegrará, el 100% de la cuantía total concedida o la pérdida del derecho a su cobro.

• Incumplimiento de la obligación de justificación, justificación insuficiente o fuera de plazo en los términos establecidos en las presentas bases y normativa aplicable, en los términos establecidos en las normas reguladoras de la subvención. Deberán devolverse las cantidades no justificadas debidamente.

Cuando la justificación de la subvención deba realizarse mediante informe de auditoría de cuenta justificativa, dicho informe deberá verificar expresamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes bases, incluyendo, entre otros, la adecuación de los gastos subvencionados, la comprobación de fechas de facturación y abono, contratación, exigencia de solicitudes de ofertas cuando resulte preceptivo y, en general, la correcta acreditación documental de los gastos.

En el supuesto de que el informe de auditoría resulte incompleto, insuficiente o no se ajuste a las exigencias establecidas en la normativa reguladora, el órgano concedente requerirá su subsanación o nueva emisión en los términos que se determinen. La falta de subsanación en el plazo concedido dará lugar, previa valoración del alcance del incumplimiento, al reintegro total o parcial de la subvención, según corresponda.

• Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4, del artículo 18, de la LGS, y en el artículo 11 del Decreto 36/2009. En este caso, la cantidad a reintegrar será un 25% de lo percibido.

• Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la citada LGS, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier administración o ente público o privado, nacional, de la Unión Europea o de organismos internacionales. En este caso, procederá el reintegro de la totalidad de la cantidad percibida o la pérdida del derecho a su cobro.

• Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades beneficiarias, así como de los compromisos por estas asumidos con motivo de la concesión de la subvención, cuando dichos incumplimientos afecten de forma directa al modo en que deban alcanzarse los objetivos, ejecutarse la actividad o desarrollarse el proyecto que fundamenta la concesión.

En caso de incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar será un porcentaje de lo percibido equivalente al grado de incumplimiento apreciado, previa valoración y motivación de la justificación presentada por la entidad beneficiaria.

En caso de incumplimiento total, procederá el reintegro del 100% de la cuantía concedida o, en su caso, la pérdida del derecho a su cobro.

• Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración o de los compromisos asumidos por la entidad beneficiaria con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los señalados en el apartado anterior, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas o la concurrencia de ayudas, subvenciones, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

Este incumplimiento conllevará la obligación de reintegrar el 100% de la cuantía subvencionada o la pérdida del derecho a su cobro.

Dos.- En caso de incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar será el porcentaje de lo percibido equivalente al porcentaje de incumplimiento, previa valoración y motivación de la justificación presentada por la entidad beneficiaria.

Tres.- En el supuesto contemplado en el apartado 3 del artículo 19 de la citada LGS, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente.

Cuatro.- Asimismo, no será exigible el abono o procederá el reintegro del exceso en cualquiera de los supuestos siguientes:

- Cuando la cantidad recibida exceda del porcentaje del coste total de la actividad o conducta fijado en las bases de la convocatoria o en la resolución de concesión.

- Cuando, por concesión de ayudas y subvenciones de otros departamentos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, de otras administraciones o entes públicos, la cuantía de las ayudas y subvenciones concedidas o recibidas supere el coste del objeto de la ayuda o subvención.

- Cuando, por haber recibido cualquier ayuda o auxilio económico de entidades privadas o particulares para el mismo destino, la cuantía de las ayudas o subvenciones concedidas supere el coste del objeto de las mismas.

- Cuando, por obtención de otros ingresos propios de la actividad o conducta subvencionada o afectos a las mismas o a la situación, estado o hecho en que se encuentre o soporte la entidad beneficiaria, la cuantía de las ayudas o subvenciones concedidas supere el coste del objeto de las mismas.

- Cuando, por acumulación de ayudas o subvenciones, la cantidad recibida supere la cuantía compatible con la normativa comunitaria.

Cinco.- En caso de reintegro, además de la devolución, total o parcial, de los fondos públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés legal de demora previsto para cada año en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

El interés de demora a que se refiere el apartado anterior se calculará sobre el importe a reintegrar de la subvención concedida.

Seis.- El procedimiento de reintegro, se ajustará a lo regulado en el Capítulo II del Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Capítulo VIII del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, en todo aquello que no se oponga a los preceptos, de carácter básico, que se recogen en la citada LGS.

Base vigésima.- Devolución voluntaria.

Se entiende por devolución voluntaria de las cantidades abonadas aquella que es realizada por la entidad beneficiaria sin el previo requerimiento de la administración.

En caso de abono anticipado de la subvención, la entidad beneficiaria podrá devolver la parte no gastada más los intereses de demora devengados desde el momento del abono, mediante ingreso en cualquiera de las cuentas que el Gobierno de Canarias tiene abiertas en las entidades de depósito que actúan como colaboradoras en la gestión recaudatoria, cumplimentando el modelo 800 de la Administración Tributaria Canaria, aprobado por Orden de 15 de octubre de 2014, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad (BOC n.º 205, de 22.10.2014).

Asimismo, se podrá realizar el pago a través de la pasarela de pago de la sede electrónica de la Agencia Tributaria Canaria que al efecto tiene habilitada.

En caso de devolución se deberá adjuntar el justificante del ingreso “Ejemplar para la Administración” del citado modelo 800, debidamente diligenciado, quedando acreditada la devolución.

Base vigesimoprimera.- Infracciones y sanciones.

Las entidades beneficiarias de las subvenciones quedarán sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador regulado en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sobre infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones, y a lo dispuesto en la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

El procedimiento sancionador se regirá por lo dispuesto en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común.

De conformidad con lo previsto en el artículo 154 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, las sanciones derivadas de las infracciones cometidas en la gestión de las subvenciones reguladas en estas bases serán acordadas e impuestas por la persona titular de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias.

No obstante, cuando la sanción consista en la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas o avales, en la prohibición para celebrar contratos con la Administración u otros entes públicos, o en la pérdida de la condición de entidad colaboradora en relación con las subvenciones reguladas en dicha Ley, la competencia corresponderá a la persona titular de la Consejería de Hacienda.

Base vigesimosegunda.- Régimen aplicable a la prescripción.

Uno.- El derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro de las subvenciones que se concedan con arreglo a estas bases reguladoras prescribirá a los cuatro años, que se computarán desde el momento en que venza el plazo para presentar la justificación por parte de la entidad beneficiaria, o, en el supuesto de que se establezcan condiciones u obligaciones que deban ser cumplidas o mantenidas por parte de la entidad beneficiaria durante un periodo determinado de tiempo, desde el momento que venza dicho plazo.

Dos.- El cómputo del plazo de prescripción se interrumpirá por las causas previstas en el artículo 153.3 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

Base vigesimotercera - Protección de datos.

Uno.- Los datos personales recabados como consecuencia de la participación en la presente convocatoria serán incorporados a la actividad de tratamiento denominada “Subvenciones y aportaciones dinerarias que gestiona la Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración”. Se puede consultar la información adicional y detallada en la página web: https://www.gobiernodecanarias.org/protecciondedatos/registrotratamiento/dsidj/dgdsi/

Dos.- Los datos personales recogidos en el procedimiento serán tratados por la DGSSI, en calidad de responsable del tratamiento, con la finalidad de gestionar la convocatoria, tramitar la concesión de subvenciones, realizar el seguimiento, control y, en su caso, reintegro de las ayudas concedidas.

Los datos podrán ser comunicados a órganos de control, Intervención, Tribunal de Cuentas, Audiencia de Cuentas de Canarias y demás organismos competentes.

Tres.- De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos personales, se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas basadas únicamente en el tratamiento automatizado dirigiéndose para ello al responsable del Tratamiento:
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/5211

Cuatro.- La base jurídica del tratamiento es el artículo 6.1.e del Reglamento (UE) 2016/679, al ser necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público en el ejercicio de las competencias atribuidas a la DGSSI. El órgano responsable del tratamiento respecto de los datos del procedimiento administrativo será la Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración.

Cinco.- Las entidades beneficiarias deberán cumplir la normativa de protección de datos durante la ejecución del proyecto subvencionado, especialmente cuando traten datos de personas usuarias o beneficiarias finales. Esto incluye datos de salud, discapacidad, situación de vulnerabilidad, violencia de género, así como los establecidos en el artículo 9 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en el Reglamento (UE) 2016/679.La entidad será responsable del tratamiento de estos datos y deberá facilitarlos a este centro directivo amparándose en el interés público y en el ejercicio de las competencias atribuidas.

Para la captación y difusión de imágenes o testimonios, se recabará el consentimiento expreso de las personas interesadas, conforme al artículo 9.2.a del Reglamento (UE) 2016/679 pudiendo ser retirado en cualquier momento (Reglamento General de Protección de Datos).

ANEXO I

ACTIVIDADES A SUBVENCIONAR

1.- ÁREA DE INMIGRACIÓN.

El objeto de estas subvenciones será la realización de programas o proyectos que fomenten la acogida e integración social y laboral de aquellas personas migrantes mayores de edad, solicitantes y beneficiarias de protección internacional y refugiadas en los siguientes ámbitos:

- Programas, proyectos y/o servicios orientados a mejorar los procesos de recepción y atención humanitaria a aquellas personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas llegadas a Canarias.

- Programas, proyectos y/o servicios que fomenten la generación de contextos que promuevan la convivencia intercultural entre las personas que residen en Canarias.

- Programas, proyectos y/o servicios que fomenten el derecho a la igualdad de trato y no discriminación de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas.

- Programas, proyectos y/o servicios que incentiven la participación social de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en la sociedad canaria.

- Programas, proyectos y/o servicios específicos para la promoción de la salud, la educación, los servicios sociales, la vivienda y/o el empleo de las personas migrantes, solicitantes de asilo y personas refugiadas.

- Actuaciones con mujeres migrantes, principalmente programas de información, asesoramiento de recursos, salud, igualdad de oportunidades, prevención de la violencia de género, atención psicológica y que incluya además el desarrollo de itinerarios personalizados de integración sociolaboral.

- Acciones de intervención destinadas a la población inmigrante no comunitaria que incluyan acciones formativas dirigidas al aprendizaje y refuerzo del castellano, así como al conocimiento de los valores de la Unión Europea, Constitución española, derechos humanos, libertades públicas e igualdad. Los diplomas o las acreditaciones de los mismos, deberán cumplir con los requisitos de publicidad de estas bases.

2.- ÁREA DE INCLUSIÓN SOCIAL.

Se divide en 3 líneas de actuación, sin que puedan entremezclarse actuaciones entre las distintas líneas, siendo su población objetivo el grupo de personas en riesgo de padecer situaciones de pobreza y/o exclusión social, según las definiciones siguientes:

Situación de exclusión social. Situación de pérdida de inclusión de las personas en el conjunto de la sociedad, que incluye no solo la falta de ingresos económicos y su alejamiento del mercado de trabajo, sino también un debilitamiento de los lazos sociales, un descenso de la participación social y una pérdida de derechos sociales.

Personas en situación de riesgo de exclusión social. Aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o fragilidad social que puede derivar hacia situaciones de exclusión en caso de que se produzca alguna alteración en los mecanismos de integración ya debilitados, como ingresos, empleo, familia, educación o sanidad, entre otros.

Con el fin de complementar estas definiciones, remitirnos a la Estrategia Europa 2020 y al Indicador AROPE, donde se denomina como personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social a quienes se incluyen en al menos una de estas tres situaciones:

- Hogares que viven por debajo del umbral de la pobreza: ingresos anuales por debajo del 60% de la renta mediana disponible equivalente del país o zona.

- Hogares con baja intensidad en el empleo, hogares en los que aquellas personas en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial de trabajo en el año.

- Hogares con privación material y social severa; falta relativa de bienes, recursos o servicios, indicador que expresa la imposibilidad de pagar algunos artículos considerados por la sociedad como convenientes o incluso necesarios para llevar una vida adecuada.

Se consideran colectivos prioritarios para esta área de subvención, los definidos en la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, en su artículo 5.

2.1. Programas de intervención para la inclusión social y la atención a personas en situación de exclusión social que persigan alguno de los siguientes objetivos:

- Realizar programas de atención a las familias más vulnerables. Potenciar la inclusión social y la calidad de vida de las personas, familias y colectivos en situación de vulnerabilidad, con especial énfasis en la prevención y reducción de la pobreza y la exclusión social, así como el desarrollo de una atención integral y especializada a los grupos más desfavorecidos.

- La lucha contra la pobreza y la exclusión social: hacer efectiva la disminución de la pobreza y de las desigualdades, tanto sociales como económicas, garantizando el derecho a la inclusión en un sentido amplio, además de la privación material básica. En este ámbito se incluirán, entre otras, medidas como los servicios de comedor dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad que no se encuentren incluidas en programas específicos destinados a personas en situación de sinhogarismo.

- Desarrollar acciones de información, asesoramiento, orientación y protección social y jurídica destinadas a las personas y grupos más vulnerables (personas en situación de exclusión social o riesgo de estarlo) y que desarrollen el derecho subjetivo de las personas a los recursos y servicios sociales.

- Impulsar programas que garanticen el acceso en condiciones de igualdad y no discriminación a la práctica de actividades físico-deportivas, de ocio y de participación comunitaria activa, favoreciendo procesos de inclusión social integral de las personas destinatarias.

- Reforzar en los municipios y zonas rurales, especialmente las que cuentan con una alta dispersión de población, programas y servicios que faciliten el acceso a recursos, la proximidad, el apoyo y acompañamiento social de las personas o grupos en situación de mayor desventaja social que, por sus circunstancias personales y socioeconómicas y ambientales, puedan derivar en situación de exclusión social o riesgo de pobreza.

- Ampliar y fortalecer la capacidad alojativa de la red de atención social básica, consolidando el mantenimiento técnico y financiero de pisos tutelados, recursos habitacionales de emergencia, pisos compartidos, viviendas en alquiler social, albergues, centros de acogida y alojamientos temporales concertados (hostales, pensiones y otros), dirigidos principalmente a dar cobertura y atención personal de urgencia, diferenciando de las actuaciones recogidas en el apartado 2.3.

2.2. Planes integrales de inclusión social de intervención en la comunidad (exclusivamente para corporaciones locales).

- Fomentar la intervención social y/o comunitaria e inclusión social, en zonas especialmente desfavorecidas para promover la inclusión social.

- Organizar el conjunto de actuaciones profesionales orientadas a la prevención de las situaciones de exclusión social, la dinamización comunitaria y la búsqueda de respuestas colectivas a las necesidades sociales, así como la transformación de estas zonas mediante unos objetivos comunes entre todas las partes implicadas para el logro de la cohesión social (exigencia de coordinación entre entidades que presenten servicios similares en la misma zona).

La descripción de zona especialmente desfavorecida corresponde al Ayuntamiento solicitante. Especificar la justificación de la necesidad social detectada en la Memoria explicativa del Proyecto.

2.3. Intervención integral exclusiva para personas sin hogar.

- Programa de actuaciones encaminadas a la intervención en el sinhogarismo, favoreciendo una intervención integral de las personas sin hogar, garantizando la atención y cobertura de necesidades básicas y medidas tendentes a la inclusión social a través de la vivienda, prestaciones sociales y/o empleo. Programas destinados a ofrecer alojamiento, manutención, comedor social, y/o servicios complementarios (duchas, vestimenta, consigna, actividades, entre otros), así como programas de intervención que podrán incluir itinerarios personalizados de inserción sociolaboral y de acompañamiento para la integración y plena participación social.

- Puesta en marcha y/o mantenimiento de recursos alojativos de corta estancia y de transición para personas perceptoras de la Renta Canaria Ciudadana o Ingreso Mínimo Vital, u otros ingresos del sistema público de protección social que, además, se hallen en una situación de urgencia o alta exclusión social, carezcan de alternativa habitacional y/o participen de un programa de reinserción sociolaboral.

ANEXO II

CRITERIOS DE BAREMACIÓN DE SOLICITUDES

De forma general, será motivo de exclusión la no obtención de un mínimo de 4 puntos en el criterio 1.º, apartado de calidad técnica.

1.- ÁREA DE INMIGRACIÓN (hasta 19 puntos):

1.º) Contenido y calidad técnica del programa (fundamentación, objetivos, metodología, actividades previstas, recursos, modelo de evaluación), hasta 10 puntos.

• Evaluación de las necesidades sociales. Hasta 3 puntos.

- Análisis certero de la realidad social actualizada, el colectivo con el que se va a intervenir, y la justificación de la necesidad del proyecto en base a la inexistencia, o insuficiencia, de cobertura pública o privada.

• Calidad del proyecto. Hasta 7 puntos.

- Ajuste a las exigencias de la memoria explicativa exigida en las presentes bases y la calidad técnica del contenido. Se valorará la coherencia del proyecto y su contenido en relación a los objetivos generales y específicos ajustados a la realidad, descripción de las actividades a realizar en base a dichos objetivos, calendarización de las actividades, metodología del proyecto, indicadores de evaluación, promoción de la participación, etc. (hasta 3 puntos).

- Plan de financiación. Se valorará su coherencia y proporcionalidad, analizando su adecuación en relación a la actividad a subvencionar, la población beneficiaria estimada y los recursos humanos y materiales consignados; la razonabilidad de los costes; la adecuada consignación de los conceptos presupuestarios en las partidas/subpartidas que correspondan; la claridad y detalle en la descripción de los conceptos presupuestarios; el adecuado desglose y cuantificación de los conceptos presupuestarios y la correspondencia de los conceptos presupuestarios consignados en el plan de financiación con la información referida en la memoria técnica del proyecto (hasta 2 puntos).

- Redacción del contenido con perspectiva de género y que, además, deberá reflejarse en el desarrollo del proyecto (objetivos, actividades, metodología, evaluación. etc.). Análisis del posible impacto que la intervención propuesta tendrá en las personas beneficiarias, en relación a la igualdad entre hombres y mujeres. Se han de presentar datos de forma desagregada (hasta 2 puntos).

2.º) Ámbito territorial que abarca el programa, detallado expresamente en la solicitud (hasta 2 puntos):

Se establece que las actividades formativas impartidas exclusivamente en modalidad online no se computarán a efectos de la puntuación por ámbito territorial.

3.º) Proyectos de continuidad, hasta 2 puntos.

• Proyectos financiados en la convocatoria inmediatamente anterior por esta DGSSI, que mantengan su denominación, objeto y contenido principal, así como justifiquen la necesidad de continuidad por el volumen de personas atendidas, carencia o insuficiencia de cobertura pública, listas de espera existentes, o datos de similar índole que justifiquen la continuidad. 2 puntos.

• Proyectos financiados con anterioridad por esta DGSSI o por otras convocatorias o modalidades de subvención y que justifiquen la necesidad de continuidad por el volumen de personas atendidas, carencia o insuficiencia de cobertura pública, listas de espera existentes o datos de similar índole. 1 punto.

4.º) Proyectos innovadores y buenas prácticas, hasta 1 punto.

• Se valorarán los programas innovadores y/o de nueva implantación, que se dirijan a atender necesidades no cubiertas por los recursos sociales existentes, programas que incorporen nuevas tendencias y sistemas de organización y gestión que aportan valor al proyecto. La entidad deberá reflejarlo de forma clara y argumentada en la memoria. Hasta 0,5 puntos.

• Se valorará que la entidad disponga de un Manual de Buenas Prácticas, que incluya normas de convivencia, código deontológico, principios y normas que guíen su funcionamiento interno y su relación con personas y/o colectivos. Deberá quedar reflejado de forma clara en la memoria. La entidad debe mostrar cómo se aplica en la práctica, cómo forma parte de su cultura organizativa, así como hacerlo constar en los documentos anexos. Hasta 0,5 puntos.

5.º) Proyectos con mayor aportación económica de la entidad solicitante, u otras aportaciones públicas o privadas, en el coste total del programa, hasta 1 punto, según la siguiente escala:

• Aportación igual o superior al 15%: 1 punto.

• Aportación igual o superior al 5% e inferior al 15%: 0,50 puntos.

• Aportación igual o superior al 2% e inferior al 5%: 0,25 puntos.

6.º) Existencia de planes de igualdad registrados, y en vigor, en los términos previstos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que contemplen entre otras medidas el fomento de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad: 1 punto.

7.º) Proyectos presentados por asociaciones cuya finalidad principal sea la atención a personas migrantes y esté reflejado así entre los objetivos principales de sus estatutos: 1 punto.

8.º) Proyectos de intervención social que incluyan acciones formativas dirigidas a la población inmigrante no comunitaria centradas en aprendizaje y refuerzo del castellano, o en los conocimientos que son requisito indispensable para la emisión de informes de esfuerzo de integración: 1 punto.

2.- ÁREA DE INCLUSIÓN SOCIAL.

2.1. Programas de intervención para la inclusión social (hasta 17 puntos):

Los criterios de baremación de solicitudes de subvención presentadas serán los siguientes de forma general:

1.º) Contenido y calidad técnica del programa (fundamentación, objetivos, metodología, actividades previstas, recursos, modelo de evaluación), hasta 10 puntos.

Será motivo de exclusión la no obtención de un mínimo de 4 puntos en este apartado de calidad técnica.

• Evaluación de las necesidades sociales. Hasta 3 puntos.

- Análisis certero de la realidad social actualizada, el colectivo con el que se va a intervenir, y la justificación de la necesidad del proyecto en base a la inexistencia, o insuficiencia, de cobertura pública o privada.

• Calidad del proyecto. Hasta 7 puntos.

- Ajuste a las exigencias de la memoria explicativa exigida en las presentes bases y la calidad técnica del contenido. Se valorará la coherencia del proyecto y su contenido en relación a los objetivos generales y específicos ajustados a la realidad, descripción de las actividades a realizar en base a dichos objetivos, calendarización de las actividades, metodología del proyecto, indicadores de evaluación, promoción de la participación, etc. (hasta 3 puntos).

- Plan de financiación. Se valorará su coherencia y proporcionalidad, analizando su adecuación en relación a la actividad a subvencionar, la población beneficiaria estimada y los recursos humanos y materiales consignados; la razonabilidad de los costes; la adecuada consignación de los conceptos presupuestarios en las partidas/subpartidas que correspondan; la claridad y detalle en la descripción de los conceptos presupuestarios; el adecuado desglose y cuantificación de los conceptos presupuestarios y la correspondencia de los conceptos presupuestarios consignados en el plan de financiación con la información referida en la memoria técnica del proyecto (hasta 2 puntos).

- Redacción del contenido con perspectiva de género y que, además, deberá reflejarse en el desarrollo del proyecto (objetivos, actividades, metodología, evaluación. etc.). Análisis del posible impacto que la intervención propuesta tendrá en las personas beneficiarias, en relación a la igualdad entre hombres y mujeres. Se han de presentar datos de forma desagregada (hasta 2 puntos).

2.º) Ámbito territorial que abarca el programa, detallado de forma tácita en la memoria explicativa y en la solicitud (hasta 2 puntos):

Se establece que las actividades formativas impartidas exclusivamente en modalidad online no se computarán a efectos de la puntuación por ámbito territorial.

3.º) Proyectos de continuidad, hasta 2 puntos.

• Proyectos financiados en la convocatoria inmediatamente anterior por esta DGSSI, que mantengan su denominación, objeto y contenido principal, así como justifiquen la necesidad de continuidad por el volumen de personas atendidas, carencia o insuficiencia de cobertura pública, listas de espera existentes, o datos de similar índole que justifiquen la continuidad. 2 puntos.

• Proyectos financiados con anterioridad por esta DGSSI o por otras convocatorias o modalidades de subvención y que justifiquen la necesidad de continuidad por el volumen de personas atendidas, carencia o insuficiencia de cobertura pública, listas de espera existentes o datos de similar índole. 1 punto.

4.º) Proyectos innovadores y buenas prácticas, hasta 1 punto.

• Se valorarán los programas innovadores y/o de nueva implantación, que se dirijan a atender necesidades no cubiertas por los recursos sociales existentes, programas que incorporen nuevas tendencias y sistemas de organización y gestión que aportan valor al proyecto. La entidad deberá reflejarlo de forma clara y argumentada en la memoria. Hasta 0,5 puntos.

• Se valorará que la entidad disponga de un Manual de Buenas Prácticas, que incluya normas de convivencia, código deontológico, principios y normas que guíen su funcionamiento interno y su relación con personas y/o colectivos. Deberá quedar reflejado de forma clara en la memoria. La entidad debe mostrar cómo se aplica en la práctica, cómo forma parte de su cultura organizativa, así como hacerlo constar en los documentos anexos. Hasta 0,5 puntos.

5.º) Proyectos con mayor aportación económica de la entidad solicitante, u otras aportaciones públicas o privadas, en el coste total del programa, hasta 1 punto, según la siguiente escala:

• Aportación igual o superior al 15%: 1 punto.

• Aportación igual o superior al 5% e inferior al 15%: 0,50 puntos.

• Aportación igual o superior al 2% e inferior al 5%: 0,25 puntos.

6.º) Existencia de planes de igualdad registrados, y en vigor, en los términos previstos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que contemplen entre otras medidas el fomento de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad: 1 punto.

2.2. Planes integrales de inclusión social de intervención en la comunidad (hasta 15 puntos):

1.º) Contenido y calidad técnica del programa (fundamentación, objetivos, metodología, actividades previstas, recursos, modelo de evaluación), hasta 10 puntos.

Será motivo de exclusión la no obtención de un mínimo de 4 puntos en este apartado de calidad técnica.

• Evaluación de las necesidades sociales. Hasta 3 puntos.

- Análisis certero de la realidad social actualizada, el colectivo con el que se va a intervenir, y la justificación de la necesidad del proyecto en base a la inexistencia, o insuficiencia, de cobertura pública o privada.

• Calidad del proyecto. Hasta 7 puntos.

- Ajuste a las exigencias de la memoria explicativa exigida en las presentes bases y la calidad técnica del contenido. Se valorará la coherencia del proyecto y su contenido en relación a los objetivos generales y específicos ajustados a la realidad, descripción de las actividades a realizar en base a dichos objetivos, calendarización de las actividades, metodología del proyecto, indicadores de evaluación, promoción de la participación, etc. (hasta 3 puntos).

- Plan de financiación. Se valorará su coherencia y proporcionalidad, analizando su adecuación en relación a la actividad a subvencionar, la población beneficiaria estimada y los recursos humanos y materiales consignados; la razonabilidad de los costes; la adecuada consignación de los conceptos presupuestarios en las partidas/subpartidas que correspondan; la claridad y detalle en la descripción de los conceptos presupuestarios; el adecuado desglose y cuantificación de los conceptos presupuestarios y la correspondencia de los conceptos presupuestarios consignados en el plan de financiación con la información referida en la memoria técnica del proyecto (hasta 2 puntos).

- Redacción del contenido con perspectiva de género y que, además, deberá reflejarse en el desarrollo del proyecto (objetivos, actividades, metodología, evaluación. etc.). Análisis del posible impacto que la intervención propuesta tendrá en las personas beneficiarias, en relación a la igualdad entre hombres y mujeres. Se han de presentar datos de forma desagregada (hasta 2 puntos).

2.º) Proyectos de continuidad, hasta 2 puntos.

• Proyectos financiados en la convocatoria inmediatamente anterior por esta DGSSI, que mantengan su denominación, objeto y contenido principal, así como justifiquen la necesidad de continuidad por el volumen de personas atendidas, carencia o insuficiencia de cobertura pública, listas de espera existentes, o datos de similar índole que justifiquen la continuidad. 2 puntos.

• Proyectos financiados con anterioridad por esta DGSSI o por otras convocatorias o modalidades de subvención y que justifiquen la necesidad de continuidad por el volumen de personas atendidas, carencia o insuficiencia de cobertura pública, listas de espera existentes o datos de similar índole. 1 punto.

3.º) Proyecto innovadores, hasta 1 punto.

• Se valorarán los programas innovadores y/o de nueva implantación, que se dirijan a atender necesidades no cubiertas por los recursos sociales existentes, programas que incorporen nuevas tendencias y sistemas de organización y gestión que aportan valor al proyecto. La entidad deberá reflejarlo de forma clara y argumentada en la memoria. Hasta 0,5 puntos.

• Se valorará que la entidad disponga de un Manual de Buenas Prácticas, que incluya normas de convivencia, código deontológico, principios y normas que guíen su funcionamiento interno y su relación con personas y/o colectivos. Deberá quedar reflejado de forma clara en la memoria. La entidad debe mostrar cómo se aplica en la práctica, cómo forma parte de su cultura organizativa, así como hacerlo constar en los documentos anexos. Hasta 0,5 puntos.

4.º) Proyectos con mayor aportación económica de la entidad solicitante, u otras aportaciones públicas o privadas, en el coste total del programa, hasta 1 punto, según la siguiente escala:

• Aportación igual o superior al 25%: 1 punto.

• Aportación igual o superior al 10% e inferior al 25%: 0,50 puntos.

• Aportación igual o superior al 5% e inferior al 10%: 0,25 puntos.

5.º) Existencia de planes de igualdad registrados y en vigor, en los términos previstos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que contemplen entre otras medidas el fomento de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad: 1 punto.

2.3. Intervención integral con personas sin hogar (hasta 17 puntos):

1.º) Contenido y calidad técnica del programa (fundamentación, objetivos, metodología, actividades previstas, recursos, modelo de evaluación), hasta 10 puntos.

Será motivo de exclusión la no obtención de un mínimo de 4 puntos en este apartado de calidad técnica.

• Evaluación de las necesidades sociales (hasta 3 puntos).

- Análisis certero de la realidad social actualizada, el colectivo con el que se va a intervenir, y la justificación de la necesidad del proyecto en base a la inexistencia, o insuficiencia, de cobertura pública o privada.

• Calidad del proyecto (hasta 7 puntos).

- Ajuste a las exigencias de la memoria explicativa exigida en las presentes bases y la calidad técnica del contenido. Se valorará la coherencia del proyecto y su contenido en relación a los objetivos generales y específicos ajustados a la realidad, descripción de las actividades a realizar en base a dichos objetivos, calendarización de las actividades, metodología del proyecto, indicadores de evaluación, promoción de la participación, etc. (hasta 3 puntos).

- Plan de financiación. Se valorará su coherencia y proporcionalidad, analizando su adecuación en relación a la actividad a subvencionar, la población beneficiaria estimada y los recursos humanos y materiales consignados; la razonabilidad de los costes; la adecuada consignación de los conceptos presupuestarios en las partidas/subpartidas que correspondan; la claridad y detalle en la descripción de los conceptos presupuestarios; el adecuado desglose y cuantificación de los conceptos presupuestarios y la correspondencia de los conceptos presupuestarios consignados en el plan de financiación con la información referida en la memoria técnica del proyecto (hasta 2 puntos).

- Redacción del contenido con perspectiva de género y que, además, deberá reflejarse en el desarrollo del proyecto (objetivos, actividades, metodología, evaluación. etc.). Análisis del posible impacto que la intervención propuesta tendrá en las personas beneficiarias, en relación a la igualdad entre hombres y mujeres. Se han de presentar datos de forma desagregada (hasta 2 puntos).

2.º) Ámbito territorial que abarca el programa, detallado de forma tácita en la memoria explicativa y en la solicitud (hasta 2 puntos).

Se establece que las actividades formativas impartidas exclusivamente en modalidad online no se computarán a efectos de la puntuación por ámbito territorial.

3.º) Proyectos de continuidad, hasta 2 puntos.

• Proyectos financiados en la convocatoria inmediatamente anterior por esta DGSSI, que mantengan su denominación, objeto y contenido principal, así como justifiquen la necesidad de continuidad por el volumen de personas atendidas, carencia o insuficiencia de cobertura pública, listas de espera existentes, o datos de similar índole que justifiquen la continuidad. 2 puntos.

• Proyectos financiados con anterioridad por esta DGSSI o por otras convocatorias o modalidades de subvención y que justifiquen la necesidad de continuidad por el volumen de personas atendidas, carencia o insuficiencia de cobertura pública, listas de espera existentes o datos de similar índole. 1 punto.

4.º) Proyectos innovadores y buenas prácticas, hasta 1 punto.

• Se valorarán los programas innovadores y/o de nueva implantación, que se dirijan a atender necesidades no cubiertas por los recursos sociales existentes, programas que incorporen nuevas tendencias y sistemas de organización y gestión que aportan valor al proyecto. La entidad deberá reflejarlo de forma clara y argumentada en la memoria. Hasta 0,5 puntos.

• Se valorará que la entidad disponga de un Manual de Buenas Prácticas, que incluya normas de convivencia, código deontológico, principios y normas que guíen su funcionamiento interno y su relación con personas y/o colectivos. Deberá quedar reflejado de forma clara en la memoria. La entidad debe mostrar cómo se aplica en la práctica, cómo forma parte de su cultura organizativa, así como hacerlo constar en los documentos anexos. Hasta 0,5 puntos.

5.º) Proyectos con mayor aportación económica de la entidad solicitante, u otras aportaciones públicas o privadas, en el coste total del programa, hasta 1 punto, según la siguiente escala:

• Aportación igual o superior al 15%: 1 punto.

• Aportación igual o superior al 5% e inferior al 15%: 0,50 puntos.

• Aportación igual o superior al 2% e inferior al 5%: 0,25 puntos.

6.º) Existencia de planes de igualdad registrados, y en vigor, en los términos previstos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que contemplen entre otras medidas el fomento de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad: 1 punto.

ANEXO III

MODELOS JUSTIFICACIÓN

ANEXO IV

TABLA RESUMEN BAREMACIÓN



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