PREÁMBULO
El concepto de responsabilidad social de las empresas (RSE), atribuido originalmente a Howard R. Bowen en 1953, no adquirió relevancia en la agenda política europea hasta principios del siglo XXI.
En fecha 18 de julio de 2001, la Comisión Europea publicó su Libro Verde titulado “Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas”, en el que se definió la responsabilidad social de las empresas (RSE) como la integración voluntaria de preocupaciones sociales y medioambientales en las actividades comerciales y en las relaciones empresariales con sus diferentes grupos de interés. El documento establece que la responsabilidad social de las empresas (RSE) no se debe considerar sustitutiva de la legislación sobre derechos sociales o normas medioambientales, sino como un complemento a las mismas, reconociéndose dos dimensiones fundamentales: una dimensión interna, que abarca aspectos como la gestión de las relaciones laborales, la inversión en capital humano, la seguridad en el trabajo y prácticas responsables con el medio ambiente; y una dimensión externa, que implica la consideración de los efectos de la actividad empresarial sobre la comunidad local, las personas socias comerciales, y proveedoras, clientes, poderes públicos y organizaciones no gubernamentales, así como el propio medio ambiente.
En fecha 22 de marzo de 2006, la Comisión Europea propuso la creación de una Alianza Europea para la responsabilidad social de las empresas (RSE), seguida de medidas adicionales para promover su adopción y consolidar a Europa como referente en este ámbito. En fecha 25 de octubre de 2011, plantea una estrategia renovada sobre la responsabilidad social de las empresas para 2011-2014, redefiniendo la responsabilidad social de las empresas (RSE) como “la responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad” de modo que “las empresas deben aplicar […] un proceso destinado a integrar las preocupaciones sociales, medioambientales y éticas, el respeto de los derechos humanos y las preocupaciones de los consumidores en sus operaciones empresariales y su estrategia básica”.
El desarrollo del concepto moderno de economía social se remonta a la obra de León Walras a finales del siglo XIX, que empleaba el término para hacer referencia a un sector específico de la actividad económica, caracterizado por la proliferación de cooperativas, mutualidades, sociedades de socorros mutuos y las sociedades de resistencia y asociaciones, formas organizativas que, en esencia, han perdurado e ido adaptándose hasta nuestros días. Dichas modalidades surgen del mismo impulso de autogestión y autoayuda como respuesta de los grupos sociales más vulnerables ante las nuevas condiciones de vida generadas por el capitalismo industrial entre los siglos XVIII y XIX. La naturaleza originaria de este impulso asociativo se ha manifestado en direcciones principales según el contexto, necesidades y formas jurídicas disponibles. Este marco conceptual fue consolidándose a lo largo del siglo XIX, favoreciendo interconexiones entre las formas de organización.
Un paso decisivo en la institucionalización de la economía social se produjo en 1970, cuando las principales organizaciones francesas del sector crearon el Comité Nacional de Enlace de las Actividades Mutualistas, Cooperativas y Asociativas (CNLAMCA). Dicho comité, en 1980, publicó la Carta de la Economía Social, en la cual se definió la economía social como un conjunto de entidades no pertenecientes al sector público, gestionadas democráticamente, y que destinan sus excedentes al crecimiento de la entidad y a la mejora de los servicios prestados tanto a sus socios y socias como a la sociedad en general.
En España, la conceptualización de la Economía Social avanzó en 1995 mediante la concreción y publicación por parte de la Red española de Economía Alternativa y Solidaria REAS, de la Carta de principios de la Economía Social y Solidaria: trabajo digno, equidad, reparto justo de la riqueza, sostenibilidad ambiental cooperación y compromiso con el entorno.
Sin lugar a dudas, las empresas y entidades de la economía social han sido pioneras en la implementación de los principios que configuran la responsabilidad social empresarial (RSE), desde el mismo momento en que comenzaron a desarrollarse en el siglo XIX. Los valores y principios rectores de su funcionamiento están alineados de manera natural con los objetivos de la responsabilidad social empresarial (RSE), puesto que priorizan el bienestar colectivo, la gestión democrática y el respeto por el entorno social y medioambiental. Los principios cooperativos, en los que se inspira la economía social, representan una concreción de la responsabilidad social empresarial (RSE) en su aplicación práctica. Por tanto, se puede concluir que la economía social ha jugado un papel clave en la aplicación temprana de la responsabilidad social empresarial (RSE), al constituir esta última una parte inherente de sus principios fundacionales.
La Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, establece que las entidades que conforman el sector están comprometidas con un modelo económico de desarrollo sostenible, en su triple dimensión económica, social y medioambiental. Esta norma supuso el reconocimiento institucional y un gran avance a la visibilidad social y desarrollo de este sector de la economía a nivel estatal, estableciendo en su artículo 4 los principios y valores que deben guiar sus fines y la gestión diaria.
El 9 de diciembre de 2021, la Comisión Europea aprobó un Plan de Acción para la Economía Social, en su Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones “Construir una economía que funcione para las personas: un plan de acción para la Economía Social” (COM/2021/778 final), en el que se señala que su objetivo es fomentar la innovación social, apoyar el desarrollo de la economía social e impulsar su poder transformador social y económico, proponiendo una serie de acciones para el periodo 2021-2030.
Por su parte, la Ley 3/2022, de 13 de junio, de Economía Social de Canarias, se promulga atendiendo a mandatos internacionales y nacionales y, en particular, a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas para 2030. El objeto de la norma es establecer una regulación común aplicable al conjunto de las entidades que integran la economía social de Canarias, así como orientar las acciones de fomento y ordenación de dicho sector en consideración a los fines y principios que le son propios, reconocidos en el Estatuto de Autonomía de Canarias y la normativa estatal básica de economía social.
La responsabilidad social empresarial (RSE) se ha consolidado como un pilar estratégico para promover el desarrollo sostenible, la inclusión social y la protección medioambiental. En Canarias, la Ley 3/2022, de 13 de junio, de Economía Social, refuerza la importancia de la responsabilidad social empresarial (RSE) como motor para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030. Con el propósito de visibilizar y reconocer los esfuerzos de las entidades comprometidas con la sostenibilidad, este Decreto crea el Distintivo Canario para la Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad. Esta iniciativa persigue fomentar e impulsar prácticas empresariales responsables y sostenibles, fortaleciendo así el tejido empresarial del archipiélago.
La finalidad perseguida es reconocer, fomentar, orientar e impulsar a las entidades que integran la economía social en Canarias para el eficaz cumplimiento de los fines económicos y sociales que les son propios, potenciando su presencia, crecimiento e influencia en todos los campos de la acción social, económica y empresarial, así como el establecimiento de mecanismos para su organización y coordinación, respetando su autonomía. Además, apoyarlas como modelos de creación de empleo de calidad, entendidas como entidades sostenibles e integradoras.
El Preámbulo de la Ley de Economía Social de Canarias pone de manifiesto que “La importancia de la economía social en el tejido productivo es una realidad económica con un peso significativo en el tejido empresarial español: 6 de cada 100 organizaciones del sector privado de la economía española pertenecen a la economía social”.
La Estrategia Española de Economía Social 2023-2027 de apoyo a empresas y entidades de economía social que se traduce en programas y proyectos que contribuyen a un desarrollo innovador y a un crecimiento sostenible, incluye un Eje de visibilidad y participación institucional de la economía social, que trata la promoción de la participación de la economía social en el diseño e implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dada la coincidencia entre los fines que persigue la Agenda de ODS y los valores de solidaridad interna y con la sociedad y la importancia del bienestar y el empleo de las personas que rigen las empresas de economía social.
La referida estrategia también señala como amenaza (en un 87%) respecto al citado eje de visibilidad, la «Confusión respecto al concepto de “Economía Social” por la aparición de nuevos términos -“empresas sociales”, “empresas con propósito” o “empresas con impacto”- que se corresponde con modelos empresariales que no siguen los principios de la economía social».
Para contribuir a estos objetivos, el Gobierno de Canarias es consciente de la importancia que tiene la adopción de actuaciones que contribuyan a fortalecer el tejido empresarial autonómico, no solo desde el punto de vista de las medidas de fomento, fiscales y administrativas, sino igualmente desde la visibilización de todas aquellas acciones empresariales socialmente responsables con la sociedad, contribuyendo a reforzar su competitividad, la retención de talento o la expansión empresarial, entre otros valores.
La Ley de Economía Social de Canarias confirma como las actividades y proyectos de las empresas, entidades y organizaciones de economía social están contribuyendo de manera efectiva y comprometida a conseguir los ODS en beneficio del interés general de las personas. En este sentido, se crea la Comisión de Economía Social de Canarias, como órgano consultivo y asesor para las actividades relacionadas con la economía social, especialmente en el ámbito de la promoción, ordenación y difusión de la economía social.
Entre los retos que propone el libro blanco de la Economía Social de Canarias se encuentra desarrollar la Estrategia Canaria de la Economía Social generando las herramientas específicas detalladas en la Ley 3/2022, de 13 de junio.
En el contexto de la Agenda Canaria de Desarrollo sostenible (ACDS 2030) se recogen las metas específicas del archipiélago para la consecución de los 17 ODS, fijadas a través del consenso entre representantes de la sociedad civil, del sector empresarial, del tercer sector, de la academia y de centros de investigación, y de las Administraciones públicas de toda Canarias. Es la estrategia de todas las personas, colectivos, organizaciones y sectores institucionales para transformar nuestro actual modelo de desarrollo para mejor y acercarlo a los parámetros de la sostenibilidad y la resiliencia. Se trata de una guía para abordar en el decenio 2021-2030 los enfoques integrados económicos, sociales y ambientales del desarrollo sostenible en nuestro archipiélago.
Precisamente, la Ley de Economía Social de Canarias, en su disposición adicional tercera, titulada “Fomento de la responsabilidad social empresarial y sostenibilidad”, establece que “El Gobierno de Canarias a través de la consejería competente en materia de empleo, pondrá en marcha en el periodo de un año, un distintivo para la responsabilidad social, empresarial y sostenibilidad, cuyo fomento tendrá especial incidencia en las entidades de la economía social por su singular naturaleza. Para tal fin, el Gobierno preverá los recursos necesarios para la puesta en marcha de las políticas de fomento de responsabilidad social empresarial y sostenibilidad”.
Considerando el marco de actuaciones en materia de responsabilidad social de las empresas, en el ámbito europeo, estatal y autonómico, al que deben ajustarse las iniciativas a desarrollar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, dentro de las competencias asumidas por el Estatuto de Autonomía, con el presente Decreto se pretende abordar un mayor impulso de las políticas de fomento a la responsabilidad social empresarial y sostenibilidad en nuestra Comunidad autónoma, a través de la adopción de una medida específica de visibilidad. Esto es, el establecimiento de un Distintivo Canario para la Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad, como reconocimiento a aquellas entidades que integren, en sus operaciones y en sus relaciones con sus personas y entidades interlocutoras, acciones coherentes con la responsabilidad social y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con referencia a los requisitos que deben reunirse para acceder al mismo, y el procedimiento para su concesión.
Así, la aplicación de una serie de requisitos para aquellas entidades que puedan ser beneficiarias de un distintivo que reconozca su contribución a la mejora de las políticas de Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el ámbito de nuestra comunidad autónoma, apuntalará la visibilidad del sector de la economía social y el esfuerzo de las empresas en la incorporación de compromisos voluntarios de orden social, económico, medioambiental, de transparencia y de buen gobierno, en sus actividades, y en las relaciones con sus grupos de interés.
El Distintivo Canario para la Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad se concibe, por tanto, como medida de visibilización de aquellas acciones empresariales que son reflejo del papel responsable que tienen en la sociedad, contribuyendo al reconocimiento a aquellas entidades que integren, en sus operaciones acciones coherentes con la responsabilidad social y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con referencia a los requisitos que deben reunirse para acceder al mismo.
Su finalidad, en sentido amplio, es promover a las entidades de la economía social canaria en especial, respaldando la mejora de su visibilidad y la difusión de su actividad en la sociedad, apoyar al empleo, impulsar la consolidación y creación de empresas, favorecer el desarrollo sostenible y la competitividad de las empresas de economía social, fomentar la responsabilidad social empresarial y promover formas específicas e innovadoras en la economía canaria.
De acuerdo con la citada disposición adicional tercera de la Ley 3/2022, de 13 de junio, de Economía Social de Canarias, y al objeto de difundir los valores y ventajas de acciones empresariales que son reflejo del papel responsable que tienen en la sociedad, y que se quieren reconocer, la puesta en marcha de este distintivo empresarial en materia de economía social y sostenibilidad tendrá especial incidencia en las entidades de la economía social, por su singular naturaleza.
Se ha dado debido cumplimiento a los mandatos comprendidos en la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y en la Ley 2/2021, de 7 de junio, de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales.
El Decreto se estructura en ocho artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria y una disposición final.
Los artículos abordan el objeto de la disposición organizativa, la finalidad del Distintivo Canario para la Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad, las modalidades, así como el procedimiento de concesión del Distintivo, incluyendo los requisitos que deben reunir las candidaturas, la composición y funcionamiento del Jurado, y la publicación del Distintivo.
Se cumplen en el presente Decreto los principios de buena regulación recogidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en los artículos 66 y 80.5 de la Ley 4/2023, de 23 de marzo, de la Presidencia y del Gobierno de Canarias.
De conformidad con el principio de seguridad jurídica, se garantiza la coherencia con el resto del ordenamiento jurídico, europeo, nacional y autonómico, generando un desarrollo normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, para facilitar su conocimiento y comprensión por las diferentes entidades destinatarias, y así permitir la actuación y toma de decisiones por parte de los órganos administrativos competentes.
El respeto de los principios de necesidad y eficacia queda debidamente justificado por razones de interés general, en la medida en que se pretende impulsar un modelo de desarrollo económico y social, sostenible y equilibrado con el medio ambiente, mediante el reconocimiento público de aquellas entidades destacables desde el punto de vista de la responsabilidad social, la sostenibilidad y el compromiso con los principios de la economía social.
La aplicación del principio de proporcionalidad queda acreditada, en la medida en que la iniciativa reglamentaria presenta los contenidos imprescindibles para cubrir las necesidades que se pretenden atender, sin que existan medidas menos restrictivas o que impongan menos obligaciones a las entidades destinatarias.
Al amparo del principio de transparencia, se han definido claramente los objetivos de la iniciativa normativa, posibilitando la participación activa de los potenciales destinatarios, en el desarrollo de la misma, a través de la evacuación de diversos trámites, como la consulta pública previa, o la audiencia e información pública.
En aplicación del principio de eficiencia, se han evitado cargas administrativas innecesarias o accesorias para obtener eficiencia y racionalizar la gestión de los recursos públicos, simplificando al máximo el procedimiento de concesión del Distintivo.
En su virtud, a propuesta conjunta de las Consejeras de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, de Turismo y Empleo y de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, y previa deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el día 15 de junio de 2026,
DISPONGO:
Artículo 1.- Creación y finalidad.
1. Se crea la distinción honorífica “Distintivo Canario para la Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad” como reconocimiento público a aquellas entidades y personas físicas y jurídicas que acrediten la adopción de compromisos voluntarios en materia social, económica, medioambiental, de transparencia y buen gobierno.
2. La finalidad del Distintivo es fomentar la implantación de buenas prácticas que contribuyan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y refuercen el impacto positivo de la economía social y sostenible en Canarias.
3. Se valorará especialmente a aquellas entidades que, además de cumplir con la normativa vigente y los convenios colectivos aplicables, integren estrategias de Responsabilidad Social Empresarial alineadas con los principios de la economía social. Asimismo, se reconocerá el compromiso con la difusión de estos valores y su aplicación en las relaciones con los grupos de interés, promoviendo un modelo empresarial responsable y sostenible.
Artículo 2.- Características del Distintivo.
1. El Distintivo tendrá carácter honorífico y no generará derechos económicos para las personas o entidades distinguidas.
2. El Distintivo se establece como un símbolo de reconocimiento oficial de compromiso ético y responsabilidad social y sostenible que garantiza la coherencia con los valores que representa.
Artículo 3.- Modalidades del Distintivo.
El Distintivo Canario para la Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad podrá otorgarse en las siguientes modalidades, en función de las prácticas destacadas:
- Diversidad e inclusión laboral: reconocimiento a entidades que implementen políticas inclusivas en la contratación y gestión de talento.
- Igualdad de género y conciliación: por la promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el entorno laboral, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y el desarrollo profesional equitativo.
- Transparencia y buen gobierno: para entidades que promuevan la gestión de sus actividades de forma transparente, la rendición de cuentas y la participación activa de sus grupos de interés asegurando una gobernanza responsable y accesible.
- Sostenibilidad ambiental: para la adopción e implementación de políticas y prácticas destinadas a reducir el impacto ambiental, fomentar la economía circular y luchar contra el cambio climático.
- Difusión y sensibilización de valores de responsabilidad social empresarial y de la economía social: reconocimiento a aquellas entidades que promuevan los valores de la economía social y la responsabilidad social empresarial a través de campañas, alianzas, colaboraciones o proyectos educativos, que contribuyan a expandir y consolidar una cultura responsable y comprometida con el desarrollo social y sostenible, así como con la promoción y el apoyo de iniciativas colectivas transformadoras y mecanismos de solidaridad comunitaria.
- Trabajo digno: reconocimiento a entidades que promuevan condiciones laborales justas, seguras y saludables, valorando el empleo estable, el equilibrio salarial, la participación en la toma de decisiones y la protección integral de los derechos laborales.
Artículo 4.- Personas y entidades destinatarias.
El Distintivo Canario para la Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad podrá concederse a:
1. Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, con sede social en Canarias, que destaquen por su compromiso con la economía social, la responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad.
2. Entidades con sede social en Canarias, que hayan desarrollado iniciativas destacadas en los ámbitos social, medioambiental, económico, de transparencia y buen gobierno.
3. Entidades de economía social previstas por el artículo 6, apartado 1 de la Ley 3/2022, de 13 de junio, de Economía Social de Canarias, o norma que la sustituya.
4. Personas canarias cuya labor empresarial haya generado un impacto positivo en las Islas.
5. No podrá concederse a los miembros o altos cargos del Gobierno de España, de los Gobiernos de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, así como los Diputados y Senadores de las Cortes Generales y los miembros de los parlamentos autonómicos o asambleas legislativas durante el tiempo de ejercicio del cargo ni en el periodo de dos años siguientes a la fecha de su cese efectivo.
Artículo 5.- Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión será el siguiente:
1. Podrán proponer candidaturas para la concesión del Distintivo Canario para la Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad las Administraciones Públicas Canarias, y las corporaciones, asociaciones y entidades canarias vinculadas a la responsabilidad social empresarial y sostenibilidad, así como entidades de economía social de Canarias. Cada proponente podrá presentar una sola candidatura por cada modalidad.
2. La presentación de las candidaturas se realizará a través de medios electrónicos, en el procedimiento que, al efecto, se establezca en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (https://sede.gobiernodecanarias.org/sede).
3. Las propuestas para la concesión deberán contener una memoria en la que se expongan los motivos en que se fundamentan, y justificación de los méritos alegados.
4. El plazo para presentar candidaturas ante el departamento competente en materia de empleo de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias finaliza el 1 de marzo de cada año.
5. La consejería competente en materia de empleo se encargará del estudio y revisión de la documentación presentada, y llevará a cabo una preselección de las candidaturas debidamente motivada, pudiendo recabar asesoramiento de personas expertas en el ejercicio de sus funciones, cuando las circunstancias así lo requieran.
Se entenderá por experto o experta aquella persona con formación y experiencia en gestión de calidad y evaluación de sistemas basados en modelos de excelencia reconocidos.
6. La evaluación se realizará conforme a criterios basados en técnicas de calidad total, tipo European Foundation for Quality Management (EFQM), o con la valoración de aquellos otros méritos que declare la proponente de conformidad a normas relacionadas con la gestión de la calidad, gestión medioambiental, sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, gestión de seguridad alimentaria, gestión de políticas de sostenibilidad u otras similares.
La consejería competente en materia de empleo verificará el contenido de las memorias y declaraciones, y podrá requerir de los candidatos cuanta documentación e información complementaria sea necesaria, de conformidad con la legislación que regula el procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.
7. Las personas físicas o jurídicas y las entidades preseleccionadas podrán ser visitadas para comprobar la veracidad de la información y datos declarados.
8. Se redactará un informe debidamente motivado sobre las candidaturas presentadas con los puntos fuertes y áreas de mejora detectadas.
9. La consejería competente en materia de empleo elevará al Jurado una selección de las entidades candidatas, hasta un máximo de tres, para cada modalidad del Distintivo, con la valoración de cada una y explicación razonada de los motivos de exclusión.
10. El Jurado elevará a la consejería competente en materia de empleo una propuesta con la valoración motivada, con una selección de candidatura para cada modalidad del Distintivo Canario para la Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad.
11. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de concesión será de tres meses, a contar desde la finalización del plazo de presentación de candidaturas. Transcurrido dicho plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, podrán entenderse desestimadas por silencio administrativo las candidaturas presentadas.
12. La persona titular de la consejería competente en materia de empleo dictará resolución motivada de concesión del Distintivo.
13. La concesión del Distintivo será otorgada con carácter anual y su otorgamiento será publicado en el Boletín Oficial de Canarias.
14. La renuncia al Distintivo por parte de la persona o entidad beneficiarias habrá de formularse por escrito ante la consejería competente en materia de empleo en el plazo máximo de quince días desde su concesión, en cuyo caso quedará desierto.
Artículo 6.- Jurado.
1. Se constituirá un Jurado, con presencia equilibrada de mujeres y hombres en su composición, que será el encargado de canalizar las propuestas, debatir la procedencia de las mismas y proponer las distinciones correspondientes.
El Jurado, que deberá estar constituido antes de que finalice el mes de marzo correspondiente, tendrá la siguiente composición:
a) La presidencia, asumida por la persona titular de la consejería competente en materia de empleo de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, o persona en quien delegue. En caso de empate, su voto dirimirá.
b) La vicepresidencia, asumida por la persona titular del centro directivo con competencias en materia de bienestar social de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, o persona en quien delegue.
c) Una vocalía asumida por la persona titular del centro directivo con competencias en materia de responsabilidad social corporativa de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, o persona en quien delegue.
d) Tres vocalías designadas por la persona titular de la presidencia, a considerar la más idónea en cada convocatoria, entre personas de reconocido prestigio en materia de responsabilidad social corporativa o economía social.
e) La Secretaría, con voz pero sin voto, asumida por un empleado público procedente de la consejería competente en materia de empleo o de bienestar social, designado por la presidencia del Jurado.
2. El Jurado se regirá, en su funcionamiento, de acuerdo con lo previsto en la legislación para el régimen de los órganos colegiados de la Administración Pública.
Artículo 7.- Vigencia del Distintivo Canario para la Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad.
El Distintivo Canario para la Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad tendrá vigencia indefinida siempre que se mantenga el cumplimiento de los motivos y méritos que concurrieron para su concesión.
La consejería competente en materia de empleo podrá llevar a cabo la revisión de la concesión de los Distintivos otorgados en años anteriores, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los requisitos para su conservación, una vez transcurrido al menos 2 años desde su concesión.
Artículo 8.- Publicidad.
La consejería competente en materia de empleo publicará y difundirá, en su página web, la relación actualizada de entidades que hayan obtenido el Distintivo Canario para la Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad, para general conocimiento.
Disposición adicional primera.- Indemnizaciones por razón del servicio.
El Jurado previsto en el presente Decreto queda encuadrado en la categoría tercera del artículo 46.1 del Reglamento de Indemnizaciones por razón del servicio, aprobado por Decreto 251/1997, de 30 de septiembre, o en la categoría equivalente en la norma que lo sustituya.
Disposición adicional segunda.- Estabilidad presupuestaria y no incremento del gasto público.
Las determinaciones contenidas en este Decreto no supondrán incremento del gasto público. La constitución y funcionamiento del Jurado, así como las actuaciones que se deriven del mismo, deberán desarrollarse con cargo a las disponibilidades presupuestarias ordinarias del departamento competente, no dando lugar en ningún caso a planteamientos de necesidades adicionales de financiación.
Disposición transitoria única.- Concesión del distintivo para el año 2026.
En el año 2026, el plazo de presentación de candidaturas para la concesión del Distintivo, así como el de constitución del Jurado, será de 1 mes desde la entrada en vigor del presente Decreto.
Disposición final única.- Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Dado en Canarias, a 15 de junio de 2026.
EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,
Fernando Clavijo Batlle.
LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,
Nieves Lady Barreto Hernández.
LA CONSEJERA DE TURISMO
Y EMPLEO,
Jéssica del Carmen de León Verdugo.
LA CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL,
IGUALDAD, JUVENTUD, INFANCIA Y FAMILIAS,
María Candelaria Delgado Toledo.
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