BOC - 2026/118. Lunes 15 de junio de 2026 - 2060

III. Otras Resoluciones

Consejería de Transición Ecológica y Energía

2060 - Dirección General de Calidad Ambiental.- Resolución de 1 de junio de 2026, por la que se finaliza el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del “Proyecto de industria para la construcción de la nueva Subestación Mogán 66/20KV 1X40 MVA, sito en La Solana de Posteragua, y nuevas líneas subterráneas de media tensión pertenecientes a la nueva Subestación de Mogán y reforma del Centro de Transformación C102101 El Cercado”, en el término municipal de Mogán, Gran Canaria..

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ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 15 de noviembre de 2024 (CTEE/11433), la Dirección General de Energía (en adelante, DGE), en calidad de órgano sustantivo, remite a la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático (actual Dirección General de Calidad Ambiental, en adelante DGCA) la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del “Proyecto de Industria para la construcción de la nueva Subestación Mogán 66/20 KV 1X40 MVA, sito en La Solana de Posteragua, y nuevas líneas subterráneas de media tensión pertenecientes a la nueva Subestación de Mogán y reforma del Centro de Transformación C102101 El Cercado”, ubicado en el término municipal de Mogán, isla de Gran Canaria.

Dicha solicitud se acompaña de la siguiente documentación:

• Documento Ambiental (en adelante, DA) “Proyecto de Industria para la construcción de la nueva Subestación Mogán 66/20 kV 1x40 MVA y las instalaciones que conectan la nueva Subestación con los Centros de Transformación C102101 El Cercado y 2581 CDT-Viaducto Mogán”, firmado digitalmente el 30 de julio de 2024 por D. Aitor Barroso Roig, graduado en Ciencias Ambientales, de la empresa iPlan Gestión Integral, S.L.

• Proyecto técnico “Nuevas líneas subterráneas de media tensión pertenecientes a la nueva Subestación de Mogán y reforma del Centro de Transformación C102101 El Cercado (SAT0000862220)”, fechado en agosto de 2023 y redactado por D. Fernando Martín Gutiérrez, Ingeniero Industrial (colegiado n.º 1.557).

• Reformado del proyecto técnico, con igual denominación, fechado en agosto de 2024 y redactado por el mismo técnico.

• “Proyecto de obra civil para la construcción de la nueva Subestación Mogán (Plan IX.09904-Mogán nueva SET 66/20 1x40 MVA)”, fechado en noviembre de 2023, redactado por la empresa iPlan Gestión Integral, S.L., y firmado en diciembre de 2023 por D. Jordi Masramon Puigdoménech, Ingeniero Técnico Industrial (colegiado n.º 24.098).

• Proyecto de industria “Subestación Mogán. Proyecto de industria para la construcción de la nueva Subestación Mogán (Plan IX.09904-Mogán Nueva SET 66/20 1x40 MVA)”, fechado en diciembre de 2023, redactado por la empresa iPlan Gestión Integral, S.L., y firmado por el mismo técnico.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Primera.- Objeto y descripción del proyecto.

El proyecto tiene por objeto la mejora y modernización de la infraestructura eléctrica en el término municipal de Mogán (Gran Canaria), mediante la construcción de una nueva subestación eléctrica 66/20 kV con transformador de 40 MVA, así como la ejecución de las infraestructuras necesarias para su conexión con la red de media tensión existente.

La actuación principal consiste en la implantación de la Subestación Eléctrica Mogán (SET) en el ámbito de La Solana de Posteragua, junto con la ejecución de líneas subterráneas de media tensión para su conexión con los Centros de Transformación “El Cercado” y “CDT-Viaducto Mogán”, incluyendo la adecuación del primero de ellos.

La Subestación ocupará una superficie aproximada de 2.254 m², diferenciándose un área interior, destinada al parque de 20 kV y dependencias auxiliares, y un área exterior, correspondiente al parque de 66 kV, donde se ubicarán los principales equipos eléctricos, incluyendo el transformador de potencia.

Las actuaciones previstas comprenden, entre otras, los movimientos de tierra, ejecución de cimentaciones, urbanización de la parcela, instalación de sistemas eléctricos y construcción de edificaciones auxiliares, así como la implantación de sistemas de drenaje, recogida de aceites y medidas de seguridad asociadas a la instalación.

Asimismo, el proyecto incluye la ejecución de varias líneas subterráneas de media tensión, que discurren mayoritariamente por trazados próximos a infraestructuras existentes, así como la adaptación del Centro de Transformación “El Cercado”, mediante la modernización de sus equipos.

El acceso a la instalación se realizará desde la carretera GC-200 mediante un vial de nueva ejecución, contemplándose asimismo la ejecución de viales interiores, cerramiento perimetral y sistemas de control de accesos.

El plazo estimado de ejecución del conjunto de las actuaciones es del orden de 24 meses, incluyendo tanto la construcción de la subestación como las infraestructuras asociadas.

Segunda.- Localización del proyecto.

El parque de 66 kV de la Subestación Eléctrica Mogán se emplaza en la parcela con referencia catastral 35013A00400354, situada en el ámbito denominado “Solana de Posteragua”, dentro del término municipal de Mogán, en la isla de Gran Canaria.

El emplazamiento se localiza en el margen izquierdo del Barranco de Mogán sobre terrenos de cultivos en estado de abandono.

El acceso a la instalación se realizará desde la carretera GC-200, a través de un camino acondicionado de aproximadamente 190 metros de longitud.

En el entorno próximo se localizan diversos núcleos de población, entre los que destacan Las Burrillas, El Cercado y el casco urbano de Mogán, constituyendo los principales receptores potenciales en el ámbito de influencia del proyecto.

Tercera.- Modalidad de Evaluación de Impacto Ambiental aplicable al proyecto.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.2.a) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, deben someterse a evaluación de impacto ambiental simplificada los proyectos incluidos en el Anexo II de dicha norma. En particular, el proyecto objeto de estudio se encuadra dentro de:

Anexo II. Grupo 4: Industria Energética.

b) Construcción de líneas eléctricas (proyectos no incluidos en el Anexo I) con un voltaje igual o superior a 15 kV, que tengan una longitud superior a 3 km, incluidas sus subestaciones asociadas, así como por debajo de los anteriores umbrales cuando cumplan los criterios generales 1 o 2, o no incluyan las medidas preventivas establecidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, o discurran a menos de 200 m de población o de 100 m de viviendas aisladas en alguna parte de su recorrido, salvo que discurran íntegramente en subterráneo por suelo urbanizado.

En el presente caso, la línea proyectada presenta una tensión de 20 kV y discurre, en parte de su trazado, a una distancia inferior a 100 metros de viviendas aisladas, por lo que, conforme a los criterios establecidos en la citada normativa, el proyecto debe someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada.

Cuarta.- Trámite de consulta a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas.

A los efectos de lo previsto en el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el 16 de enero de 2025 la entonces DGTELCC (actual DGCA) llevó a cabo consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas.

Como resultado de dicho trámite, se recibieron un total de once (11) informes sectoriales, emitidos por distintos organismos de la Administración pública:

A continuación, se resumen los principales aspectos recogidos en los informes recibidos:

1. Viceconsejería de Transición Ecológica y energía. Servicio de Cambio Climático e Información Ambiental (31.1.2025; CTEE/900).

El informe analiza los aspectos relacionados con el cambio climático considerados en el DA, concluyendo que, si bien este incorpora los criterios mínimos de la Ley 6/2022, de cambio climático y transición energética de Canarias, presenta carencias relevantes en su desarrollo y concreción, formulando diversas observaciones y recomendaciones.

En particular, se indica la necesidad de incorporar información climática actualizada y de mayor resolución espacial, referida específicamente al ámbito del proyecto, evitando el uso de datos de carácter insular o regional. A tal efecto, se recomienda el uso de herramientas como el Atlas Climático de Canarias, que permiten una caracterización más precisa del entorno.

Asimismo, se señala que el análisis de la vulnerabilidad y adaptación del proyecto al cambio climático resulta insuficiente, debiendo incorporar información específica procedente de herramientas como RIESGOMAP, así como ajustarse a la planificación sectorial vigente, en particular al Plan Especial de Gestión del Riesgo de Inundación y al Plan de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Gran Canaria (INFOGRAN).

En relación con la huella de carbono, el informe destaca que el DA no incluye los resultados de los cálculos de emisiones de CO₂, ni un análisis adecuado de los efectos significativos, directos e indirectos, sobre el cambio climático durante las fases de ejecución y explotación, conforme a lo establecido en la Ley 21/2013. En este sentido, se señala la necesidad de considerar, entre otros aspectos, las emisiones asociadas a la pérdida de carbono del suelo.

Por último, se indica que el DA no desarrolla de forma suficiente las medidas preventivas, correctoras y compensatorias en relación con el cambio climático, debiendo incorporar actuaciones específicas de mitigación y adaptación, tales como la reducción del sellado del suelo, la incorporación de vegetación o la gestión de aguas pluviales.

2. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria. Servicio de Planificación de Obras y Ordenación Rural (24.2.2025; CTEE/17459).

El informe sectorial analiza la posible afección del proyecto sobre los suelos agrarios, infraestructuras de riego y explotaciones ganaderas existentes en el ámbito de actuación.

En relación con el suelo agrícola, se indica que la subestación proyectada se localiza sobre terrenos clasificados como erial, sin ocupación directa de suelo cultivado, mientras que las líneas subterráneas de media tensión discurren mayoritariamente por caminos o bordes de parcelas, sin implicar una pérdida significativa de suelo productivo.

No obstante, en relación con las infraestructuras de riego, se señala la necesidad de extremar las precauciones durante la ejecución de las obras, debiendo garantizarse la reposición o reparación de cualquier instalación afectada, con independencia de su titularidad.

Por lo que respecta a las explotaciones ganaderas, el informe identifica la existencia de una explotación apícola registrada (código REGAC E-GC-012-25303), situada a aproximadamente 850 metros del emplazamiento de la subestación, la cual no ha sido considerada en la evaluación de impactos del DA. En este sentido, se indica que dicha explotación podría verse afectada por emisiones de polvo, ruido u otras molestias derivadas de la ejecución de las obras, debiendo ser tenida en cuenta en el análisis ambiental.

Asimismo, el informe pone de manifiesto incoherencias en el análisis de alternativas recogido en el DA, señalando que, frente a lo indicado en el mismo, todas las alternativas consideradas se localizan sobre Suelo Rústico de Protección Agraria, sin diferencias sustanciales entre ellas en este aspecto.

Finalmente, se destaca que el DA no define adecuadamente las medidas preventivas y correctoras, remitiendo su concreción a un Programa de Vigilancia Ambiental que no ha sido aportado, lo que impide valorar su eficacia.

3. Dirección General de Salud Pública (3.2.2025; CTEE/9732).

El informe de la Dirección General de Salud Pública analiza las posibles afecciones a la salud humana derivadas del proyecto, incluyendo aspectos como la calidad del aire (emisión de polvo y gases), el ruido y las vibraciones, la contaminación del suelo y del agua, la gestión de residuos, la afección paisajística, la exposición a campos electromagnéticos y la percepción del riesgo por parte de la población.

En relación con dichos factores, el informe formula una serie de recomendaciones generales orientadas a la minimización de impactos, tales como la paralización de las obras en condiciones meteorológicas desfavorables, el cumplimiento de los límites acústicos establecidos, la adecuada gestión de residuos, la integración paisajística de las infraestructuras y la verificación del cumplimiento de los niveles de exposición a campos electromagnéticos.

No obstante, del contenido del informe se desprende la necesidad de que el DA profundice en la caracterización y evaluación de estos factores, especialmente en lo relativo a la exposición a campos electromagnéticos y a la identificación de posibles afecciones sobre la población del entorno.

En consecuencia, se concluye la conveniencia de incorporar de forma más detallada dichas consideraciones en la evaluación ambiental del proyecto, a fin de garantizar la adecuada protección de la salud y el bienestar de la población potencialmente afectada.

4. Dirección General de Aguas (13.2.2025; CTEE 13452).

El informe analiza la posible afección del proyecto sobre el medio hídrico, tanto en lo relativo a la hidrología superficial como subterránea, así como su compatibilidad con la planificación hidrológica vigente.

Conforme a la información aportada, se indica que el impacto previsto sobre la hidrología sería, en principio, bajo y no significativo, no apreciándose afección directa a acuíferos protegidos ni a actuaciones en desarrollo en materia de aguas, ni impactos relevantes durante la fase de explotación.

No obstante, el informe incorpora una serie de observaciones que evidencian la necesidad de completar el análisis contenido en el DA, entre las que destacan:

• La necesidad de evaluar la posible afección a Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI), en el marco del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación vigente.

• La consideración de las posibles interacciones con las actuaciones previstas en el Plan Hidrológico de Gran Canaria 2021-2027.

• La obligación de que cualquier actuación que pudiera afectar a cauces o a masas de agua subterránea se ajuste a lo que determine el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.

En este sentido, si bien no se identifican afecciones significativas con la información disponible, el propio informe pone de manifiesto que el DA no desarrolla de forma suficiente determinados aspectos clave relacionados con el medio hídrico, resultando necesario su análisis más detallado para una adecuada evaluación del proyecto.

5. Dirección General de Emergencias (7.2.2025; CTEE/11387).

El informe de la Dirección General de Emergencias analiza la vulnerabilidad del proyecto frente a distintos riesgos naturales y tecnológicos, incluyendo fenómenos como deslizamientos, incendios, inundaciones, sismos, eventos volcánicos, condiciones meteorológicas adversas y accidentes tecnológicos.

Con carácter general, se concluye que los niveles de riesgo, exposición y vulnerabilidad en el ámbito de actuación son bajos o muy bajos, estimándose que, en caso de materializarse alguno de estos eventos, los posibles daños se limitarían fundamentalmente a las propias infraestructuras, sin generar afecciones significativas sobre la población o el medio ambiente.

No obstante, el informe identifica deficiencias relevantes en el análisis de riesgos contenido en el DA, señalando la necesidad de completarlo en diversos aspectos. En particular:

• No se ha considerado adecuadamente la susceptibilidad por dinámica de laderas, pese a la existencia de información disponible en herramientas oficiales.

• No se incorpora un análisis específico del riesgo de incendio industrial, asociado a la propia naturaleza de la instalación proyectada.

• No se evalúa el riesgo derivado del transporte de mercancías peligrosas por la carretera GC-200, colindante con la actuación, pese a tratarse de una vía con este tipo de tráfico.

En consecuencia, el informe concluye la necesidad de subsanar las carencias detectadas en el DA, incorporando un análisis más completo de los riesgos ante accidentes graves o catástrofes, con el fin de garantizar una adecuada evaluación de la vulnerabilidad del proyecto desde el punto de vista ambiental.

6. Dirección General de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial. Servicio Técnico de Ordenación del Suelo Rústico y Espacios Naturales Protegidos (19.2.2025; CTEE 15427).

El informe analiza la documentación presentada desde la perspectiva de la ordenación territorial y urbanística, poniendo de manifiesto deficiencias relevantes en el DA y en la documentación del proyecto.

En particular, se señala que el DA no incorpora información suficiente sobre la situación urbanística del ámbito, ni incluye cartografía detallada que permita valorar adecuadamente la implantación de la actuación. A partir de análisis efectuados por el propio Servicio, se indica que el proyecto se localiza sobre Suelo Rústico Potencialmente Productivo, en áreas con alta aptitud agraria, lo que hace necesario incorporar un análisis específico de la normativa de usos aplicable, con el fin de determinar su compatibilidad con el planeamiento vigente.

Asimismo, el informe destaca que el DA no evalúa la compatibilidad del proyecto con el Plan Territorial Especial de Ordenación de los Corredores de Transporte de Energía Eléctrica, ni emplea correctamente la nomenclatura relativa a los espacios naturales protegidos y a la Red Natura 2000, debiendo referirse adecuadamente a las Zonas Especiales de Conservación (ZEC).

En consecuencia, si bien se indica que el proyecto podría continuar su tramitación, ello queda condicionado a la subsanación de las carencias detectadas, en particular la incorporación de un análisis de la normativa territorial y urbanística aplicable y la corrección de las deficiencias identificadas en la documentación presentada.

7. Servicio de Industria y Comercio. Cabildo de Gran Canaria (10.2.2025; CTEE/11971).

El informe analiza el proyecto desde la perspectiva de las actividades clasificadas, señalando que la instalación proyectada constituye una actividad de carácter industrial susceptible de generar molestias por ruidos, vibraciones y otras emisiones.

En relación con la fase de construcción, se identifican posibles impactos asociados a la generación de polvo, ruido, emisiones y residuos, destacándose la necesidad de implementar medidas correctoras adecuadas para minimizar dichos efectos.

Asimismo, se indica que la actividad deberá cumplir con la normativa aplicable en materia de actividades clasificadas, en particular lo relativo a los niveles de ruido y vibraciones, conforme a la legislación vigente.

No obstante, del contenido del informe se desprende que el DA no desarrolla de forma suficiente la caracterización de estas afecciones ni las medidas correctoras asociadas, resultando necesario concretar y justificar adecuadamente dichas medidas para poder valorar su eficacia.

En consecuencia, el informe considera que el proyecto podría desarrollarse siempre que se incorporen las medidas correctoras necesarias y se garantice el cumplimiento de la normativa aplicable, lo que pone de manifiesto la necesidad de completar y precisar el contenido del DA en estos aspectos.

8. Servicio de Planeamiento y Paisaje. Cabildo de Gran Canaria (9.5.2025; CTEE/47415).

El informe analiza la compatibilidad del proyecto con el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIOGC 2022), así como su integración en el Plan Territorial Especial PTE-31, concluyendo que la actuación se localiza en Suelo Rústico de alta aptitud agraria (Zona Bb2), dentro de la Pieza Agrícola Pura PRM-050.

En este contexto, la implantación del proyecto se considera como un uso excepcional, cuya viabilidad queda condicionada al cumplimiento estricto de las determinaciones territoriales, ambientales y paisajísticas aplicables.

No obstante, el informe pone de manifiesto deficiencias relevantes en el DA, señalando la necesidad de completar su contenido en diversos aspectos, entre los que destacan:

• Integración paisajística insuficiente, requiriéndose la definición de soluciones constructivas adaptadas al entorno, incluyendo el uso de materiales y cromatismos acordes, así como la incorporación de una franja vegetal perimetral de protección con especies autóctonas.

• Falta de adecuación en materia de contaminación lumínica, debiendo adaptarse el proyecto a las condiciones propias de una Reserva Starlight, mediante la utilización de luminarias adecuadas (temperatura de color, orientación y control de dispersión).

• Ausencia de un análisis adecuado en relación con los recursos hídricos y la geodiversidad, señalándose la necesidad de evitar afecciones a cauces, zonas inundables o laderas con pendiente significativa.

• Insuficiente definición de medidas de protección ambiental, en particular en relación con el control del ruido y del polvo, debiendo incorporarse soluciones específicas como pantallas vegetales o medidas equivalentes.

Asimismo, el informe indica que el DA no justifica adecuadamente la necesidad de implantación del proyecto en suelo rústico, ni evalúa con suficiente detalle su afección sobre la funcionalidad de la pieza agrícola en la que se inserta.

En consecuencia, se concluye que resulta necesario completar y subsanar las carencias detectadas en el DA, a fin de poder valorar adecuadamente la integración territorial y paisajística del proyecto.

9. Servicio de Patrimonio Histórico. Cabildo de Gran Canaria (3.2.2025; CTEE/9781).

El informe del Servicio de Patrimonio Histórico analiza la incidencia del proyecto sobre los bienes arqueológicos y etnográficos del ámbito de actuación, destacando que la zona presenta un elevado potencial patrimonial, especialmente en lo que respecta al patrimonio arqueológico.

En este sentido, se señala que el DA resulta insuficiente y no actualizado, al no reflejar adecuadamente la existencia de numerosos yacimientos arqueológicos ni de bienes etnográficos en el entorno, estimándose la presencia de más de 150 elementos patrimoniales en el área de estudio.

Asimismo, el informe indica que las medidas preventivas incluidas en la documentación presentada son genéricas, inespecíficas y contienen errores de referencia normativa, por lo que no garantizan la adecuada protección del patrimonio frente a las actuaciones previstas.

Como consecuencia de lo anterior, el Servicio emite informe desfavorable, condicionado a la realización previa de una prospección arqueológica intensiva de cobertura total, llevada a cabo por personal técnico cualificado, que permita evaluar adecuadamente las posibles afecciones directas e indirectas del proyecto sobre el patrimonio histórico.

Adicionalmente, se establece la necesidad de incorporar medidas específicas, entre las que se incluyen la comunicación previa del inicio de las obras, el control arqueológico continuo durante la ejecución de los trabajos y la aplicación de la normativa vigente en materia de protección del patrimonio cultural.

En consecuencia, el informe pone de manifiesto deficiencias sustanciales en el DA en relación con la valoración del patrimonio histórico, concluyendo que, en tanto no se complete una evaluación patrimonial adecuada, no es posible garantizar la compatibilidad del proyecto con la conservación del patrimonio cultural.

10. Instituto Insular para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria (26.2.2025; CTEE/18737).

El informe analiza la posible afección del proyecto sobre la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, en cuya zona de transición terrestre se localiza la actuación, señalando que la fase de construcción puede generar impactos relevantes sobre la vegetación y la fauna, en un entorno donde se ha constatado la presencia de especies protegidas.

Asimismo, el informe pone de manifiesto deficiencias significativas en el DA, entre las que destacan:

• Insuficiencia de prospecciones de campo, al basarse en información de fuentes secundarias sin incorporar estudios específicos de flora y fauna, especialmente en relación con la avifauna.

• Falta de medidas específicas para determinadas especies, como la pardela pichoneta (Puffinus puffinus), pese a su presencia en el ámbito.

• Deficiencias en la gestión de especies invasoras, pudiendo las soluciones propuestas favorecer su dispersión.

• Errores y contradicciones en el análisis de impactos, en particular en relación con el riesgo de inundación y la contaminación acústica.

• Ausencia de un análisis adecuado de la contaminación lumínica, pese a la localización del proyecto en un entorno vinculado a la iniciativa Starlight.

Adicionalmente, se detectan carencias en la actualización normativa y en la definición de medidas de seguimiento ambiental, considerándose necesario incorporar un control más riguroso de aspectos como los vertidos y la restauración ecológica del terreno.

En consecuencia, el informe concluye que el DA debe ser completado y corregido en aspectos sustanciales, a fin de garantizar la adecuada protección de los valores ambientales presentes en el ámbito de actuación.

11. Ayuntamiento de Mogán (28.2.2025; CTEE/19539).

El informe del Ayuntamiento de Mogán analiza el DA desde la perspectiva técnica y urbanística, poniendo de manifiesto deficiencias sustanciales que afectan a su validez y contenido.

En particular, se señala que la evaluación realizada se fundamenta en normativa urbanística no vigente, concretamente en el Plan General Supletorio de Mogán, lo que implica que los criterios empleados resultan contrarios al marco legal aplicable.

Asimismo, se indica que la documentación gráfica aportada presenta carencias significativas, incluyendo planos sin escala adecuada, trazados incompletos de las infraestructuras proyectadas, ausencia de perfiles longitudinales y falta de definición de aspectos clave como movimientos de tierra y accesos, lo que impide realizar una valoración objetiva de los impactos ambientales.

En relación con el estudio de alternativas, el informe destaca que este se ha desarrollado de forma parcial y subjetiva, al considerar únicamente determinados criterios, sin incorporar otros factores esenciales como la población, la salud humana, la biodiversidad, el suelo, el agua, el aire, el paisaje o el patrimonio cultural. Asimismo, se señala que todas las alternativas se localizan sobre suelo rústico potencialmente productivo, por lo que su viabilidad urbanística sería equivalente, cuestión que no ha sido adecuadamente reflejada en el DA.

En consecuencia, el Ayuntamiento concluye que el DA no reúne las condiciones necesarias para emitir un pronunciamiento técnico sobre el impacto ambiental del proyecto, recomendando su modificación y subsanación mediante la elaboración de un nuevo documento, que incorpore información objetiva, completa y suficientemente detallada, debiendo someterse nuevamente al correspondiente trámite de consultas.

Quinta.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 47.2 de la Ley 21/2013, teniendo en cuenta la información facilitada por el promotor, el resultado de las consultas realizadas y de acuerdo a los criterios del Anexo III de la citada norma, a efectos de determinar si el proyecto puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente, se realiza el siguiente análisis:

0. Análisis de alternativas planteadas.

El DA contempla tres alternativas de ubicación para la subestación y el trazado de la línea subterránea de media tensión, además de la Alternativa 0 o de no actuación, que es descartada por no cumplir los objetivos funcionales del proyecto.

El análisis comparativo presentado concluye con la selección de la denominada Alternativa 1, fundamentándose en criterios como la afección a la red hidrográfica, la viabilidad urbanística, la afección agrícola y la viabilidad técnica y económica. No obstante, el propio DA reconoce que dicha valoración presenta un carácter subjetivo condicionado por el evaluador.

Desde la perspectiva del órgano ambiental, el análisis de alternativas presentado no cumple con el nivel de rigor técnico exigible, ni con los requisitos establecidos en la Ley 21/2013, apreciándose las siguientes deficiencias:

• Selección incompleta y no justificada de criterios de evaluación, al limitar el análisis a un número reducido de variables, sin considerar de forma integrada factores esenciales como la población, la biodiversidad, el paisaje o el patrimonio cultural.

• Ausencia de un verdadero análisis multicriterio, al no definirse de forma transparente la metodología empleada, los pesos asignados a cada variable ni los criterios de valoración utilizados, lo que impide reproducir o verificar los resultados obtenidos.

• Incoherencias en la valoración urbanística, al basarse en un marco normativo no vigente, lo que invalida las conclusiones alcanzadas en este aspecto.

• Insuficiente definición técnica de las alternativas, derivada de la falta de cartografía detallada, perfiles longitudinales, descripción precisa de los trazados y ausencia de trabajos de campo específicos para cada alternativa.

• Homogeneidad real de las alternativas en cuanto a su localización, al situarse todas ellas sobre suelos de características similares, lo que no se refleja adecuadamente en la valoración comparativa.

Estas deficiencias coinciden con lo señalado por el Ayuntamiento de Mogán en su informe, que considera que el análisis de alternativas presenta un carácter arbitrario y carente de objetividad, al no evaluar adecuadamente los factores ambientales relevantes ni sustentarse en una base técnica suficiente.

En consecuencia, el análisis de alternativas incluido en el DA no permite efectuar una comparación rigurosa y fundamentada entre las distintas opciones planteadas, comprometiendo la identificación de la alternativa ambientalmente más adecuada.

Esta circunstancia resulta especialmente relevante, dado que el análisis de alternativas constituye un elemento esencial del procedimiento de evaluación ambiental, cuya finalidad es precisamente orientar la toma de decisiones hacia la opción de menor impacto.

Por todo ello, se concluye que el DA no cumple con los contenidos mínimos exigibles en relación con el análisis de alternativas, lo que limita de forma significativa la capacidad del órgano ambiental para valorar los efectos del proyecto y adoptar una decisión debidamente fundamentada.

1. Definición técnica y cartográfica del proyecto.

Se observan discrepancias en la longitud de la línea subterránea de media tensión, ya que en el propio DA se indica una longitud aproximada de 1.649 metros en el apartado “Primera. Objeto y descripción del proyecto”, mientras que en otros documentos técnicos incorporados al expediente, vinculados al proyecto constructivo, dicha longitud alcanza los 1.724 metros, sin que esta diferencia haya sido justificada ni aclarada.

A ello se añaden deficiencias relevantes en la documentación gráfica, puestas de manifiesto por el Ayuntamiento de Mogán y por el Servicio Técnico de Planeamiento y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria, derivadas del uso de planos con escalas inadecuadas, errores en la base cartográfica y un grado de detalle insuficiente para una evaluación objetiva de la actuación.

Asimismo, se omiten elementos sustanciales para la correcta comprensión del proyecto, tales como:

• El trazado exacto de determinadas infraestructuras.

• Falta de delimitación precisa de superficies de ocupación temporal y permanente.

• Ausencia de definición de servidumbres.

• Indeterminación de zonas auxiliares, acopios y áreas de obra.

• Inexistencia de perfiles longitudinales y escasa información sobre desmontes y terraplenes.

En consecuencia, esta falta de concreción y coherencia en la definición del proyecto impide conocer con certeza su alcance material real, lo que condiciona de manera directa la valoración ambiental de todas sus fases y limita la capacidad del órgano ambiental para analizar adecuadamente sus efectos.

2. Caracterización territorial y urbanística.

A la insuficiente definición técnica del proyecto se suma una inadecuada caracterización territorial y urbanística del emplazamiento. El DA fundamenta la viabilidad territorial en un instrumento de planeamiento que no se encuentra definitivamente aprobado, como es el Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán, cuando, según indica el Ayuntamiento de Mogán, el marco vigente viene constituido por las Normas Subsidiarias de 1987.

Esta circunstancia conduce a una caracterización errónea del régimen del suelo afectado, que no puede considerarse suelo rústico común u ordinario de escaso valor, sino Suelo Rústico de Protección Agraria, extremo corroborado asimismo por la Dirección General de Agricultura.

En la misma línea, el Servicio Técnico de Planeamiento y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria señala que el ámbito se inserta, conforme al PIOGC2022, en una zona Bb2 de aptitud productiva tradicional, integrada en la Pieza Agrícola Pura PRM-050 Barranco de Mogán, con condición de reserva agraria estratégica, lo que refuerza su relevancia territorial y funcional.

Pese a ello, el DA no incorpora una valoración completa de la pérdida permanente de capacidad productiva del suelo, ni justifica de forma detallada la implantación de un uso industrial permanente sobre terrenos de alta aptitud agraria. Asimismo, no analiza adecuadamente la afección a la actividad agraria existente o potencial, ni contempla medidas compensatorias congruentes con la ocupación irreversible de este recurso.

En consecuencia, la utilización de un marco urbanístico no vigente y la incorrecta caracterización del suelo constituyen una premisa de partida errónea que afecta de manera directa a la evaluación de la compatibilidad territorial del proyecto, comprometiendo la validez de las conclusiones alcanzadas en el DA en este ámbito.

3. Caracterización del medio físico y recursos naturales.

También resulta insuficiente la caracterización del medio receptor y de los recursos naturales potencialmente afectados, lo que limita de forma significativa la evaluación de los impactos del proyecto.

En relación con el suelo y la tierra, el DA no cuantifica con precisión la superficie realmente afectada por la subestación, las canalizaciones, las zonas auxiliares ni las servidumbres asociadas. Asimismo, no se valora adecuadamente la pérdida irreversible de suelo fértil ni de capacidad agraria, pese a tratarse de un ámbito con alto valor productivo.

En materia de recursos hídricos, el análisis presentado minimiza la afección sobre la base de la estacionalidad del cauce, sin incorporar una evaluación adecuada del riesgo de inundación, ni de la interacción con las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI), en particular la ARPSI ES120_ARPSI_0029, tal y como ha sido advertido por la Dirección General de Aguas y por el Instituto Insular para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera.

Del mismo modo, no se analiza con el suficiente grado de detalle la posible afección a las masas de agua subterránea, ni a captaciones o pozos existentes en el entorno, ni se concretan medidas preventivas y de seguimiento que permitan garantizar la protección del acuífero frente a vertidos, arrastres o contaminaciones accidentales durante las fases de ejecución y explotación.

En consecuencia, la falta de información y de análisis específico en relación con los recursos edáficos e hídricos impide valorar con rigor la magnitud de las afecciones del proyecto sobre estos elementos, limitando la capacidad del órgano ambiental para determinar su incidencia real.

4. Medio biótico (flora y fauna).

En lo que respecta al medio biótico, el DA presenta una base de conocimiento claramente insuficiente para sustentar una valoración fiable de los impactos.

Tal y como ponen de manifiesto el Instituto Insular para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera y el Servicio de Cambio Climático e Información Ambiental, el inventario de flora y fauna se basa fundamentalmente en fuentes bibliográficas y en la herramienta BIOTA, sin que se haya acreditado la realización de prospecciones de campo actualizadas y específicas para el ámbito de actuación.

Esta carencia impide conocer con el rigor necesario:

• La presencia efectiva de especies.

• El uso real del territorio por la fauna.

• Su comportamiento estacional.

• La vulnerabilidad concreta de los taxones y hábitats presentes.

En particular, esta insuficiencia afecta a la correcta valoración de la afección sobre:

• El Hábitat de Interés Comunitario 5330.

• Especies de avifauna y quirópteros sensibles a la iluminación exterior.

• La pardela pichoneta, cuya consideración específica se omite.

• Otras especies protegidas cuya presencia ha sido señalada por los organismos consultados.

Asimismo, el DA no desarrolla con el debido grado de detalle las medidas de gestión frente a especies exóticas invasoras, ni justifica la viabilidad real de algunas de las medidas propuestas para la gestión de la vegetación.

En consecuencia, la insuficiencia del inventario biológico y de su análisis asociado impide disponer de una base técnica adecuada para la evaluación de los impactos sobre la biodiversidad, no pudiéndose descartar de forma fundada la existencia de afecciones significativas sobre especies y hábitats presentes en el ámbito de actuación.

5. Paisaje, patrimonio y espacios protegidos.

El tratamiento de los espacios protegidos y de las figuras de protección concurrentes presenta deficiencias relevantes de rigor terminológico y normativo, al utilizarse denominaciones obsoletas o incorrectas y referencias no ajustadas al marco legal vigente, tal y como ha sido advertido, entre otros, por el Servicio de Ordenación del Suelo Rústico y Espacios Naturales Protegidos. Esta circunstancia genera inseguridad jurídica y compromete la fiabilidad del análisis de afecciones sobre dichos ámbitos.

En materia de paisaje, el DA concluye que el impacto sería compatible, sin embargo, dicha valoración no puede considerarse suficientemente motivada, al no apoyarse en una definición precisa de aspectos esenciales como las obras de nivelación, los movimientos de tierra, la implantación real de la subestación o las medidas de integración paisajística necesarias. Estas carencias han sido señaladas por el Ayuntamiento de Mogán y por el Servicio de Planeamiento y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria, evidenciando la insuficiencia del análisis realizado.

De forma análoga, en relación con el patrimonio cultural, el Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria ha puesto de manifiesto que la información empleada no se encuentra actualizada, se apoya en referencias normativas inaplicables o derogadas y, en ningún caso, sustituye la necesidad de una prospección arqueológica intensiva de cobertura total previa a la evaluación ambiental. La ausencia de este estudio específico ha motivado un pronunciamiento desfavorable por parte del órgano competente en materia de patrimonio, al considerarse que la información necesaria debe integrarse en el procedimiento ambiental y no diferirse a fases posteriores.

En consecuencia, las carencias detectadas en el análisis de estos factores impiden valorar de forma fiable la afección del proyecto sobre elementos protegidos y sobre el patrimonio cultural, comprometiendo la validez de las conclusiones del DA en este ámbito.

6. Contaminación, perturbaciones y riesgos para la salud humana.

Especialmente relevante resulta la insuficiencia del análisis relativo a la contaminación, las perturbaciones y los riesgos para la salud humana, lo que limita de forma significativa la evaluación de los efectos del proyecto sobre la población y los receptores sensibles del entorno.

En materia de ruido, el DA incurre en una contradicción interna, al reconocer en su apartado 8.2 que la subestación generará impacto acústico sobre las viviendas cercanas, mientras que en el apartado 11.2.1 concluye que no se producirán efectos durante la fase de explotación. A ello se suma la ausencia de una modelización acústica suficientemente desarrollada, que permita estimar las emisiones tanto en fase de obra como de funcionamiento, así como valorar su afección sobre la población, los usuarios de la carretera GC-200 o explotaciones sensibles del entorno, como cultivos o una explotación apícola situada a unos 800 metros al norte del ámbito. Estas carencias han sido puestas de manifiesto por la Dirección General de Salud Pública y por el Instituto Insular para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera, que además señalan la necesidad de incorporar medidas correctoras específicas, tales como pantallas acústicas o caballones de tierra.

En relación con las emisiones a la atmósfera, en particular el polvo en suspensión derivado de los movimientos de tierra, el análisis incluido en el DA no permite valorar con suficiente rigor su incidencia real sobre la población y el entorno más próximo. En este sentido, la Dirección General de Salud Pública advierte expresamente de la necesidad de incorporar medidas preventivas y un seguimiento ambiental activo, especialmente en atención a la proximidad de viviendas y otros usos sensibles.

Especial mención merece la ausencia total de análisis sobre campos electromagnéticos. El DA no contiene una evaluación específica de este aspecto, ni incorpora modelizaciones, estimaciones de exposición o compromisos de seguimiento tras la puesta en servicio, pese a tratarse de un proyecto que implica la implantación de una subestación eléctrica y líneas de media tensión en las proximidades de núcleos habitados. Esta omisión resulta particularmente relevante desde la perspectiva de la salud humana, al no permitir verificar el cumplimiento de los niveles de exposición establecidos en la normativa aplicable, tal y como advierte la Dirección General de Salud Pública.

En lo relativo a la contaminación lumínica, el DA considera aceptable la implantación de iluminación de tipo frío sobre la base de criterios técnicos incorrectos. Sin embargo, tanto la Dirección General de Turismo como el Instituto Insular para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera señalan que dicha propuesta no se ajusta a las determinaciones del PIOGC2022 ni a las directrices asociadas a la Reserva Turística Starlight, que exigen el uso exclusivo de iluminación cálida (inferior a 3000 K y preferentemente entre 2300 y 2700 K), con haces dirigidos estrictamente hacia el suelo. Estas deficiencias pueden generar afecciones sobre la fauna nocturna -especialmente aves marinas como la pardela pichoneta-, además de comprometer la calidad del cielo nocturno del ámbito.

En consecuencia, las carencias detectadas en el análisis de estos factores impiden evaluar con la precisión exigible los efectos del proyecto sobre la salud humana y el medio ambiente, no pudiéndose descartar la existencia de impactos significativos asociados a la contaminación, el ruido, las emisiones atmosféricas y otros factores de perturbación.

7. Gestión de residuos y sustancias potencialmente contaminantes.

El tratamiento de los residuos y de los materiales potencialmente contaminantes en el DA resulta insuficiente, lo que limita la adecuada evaluación de sus efectos sobre el medio ambiente.

Si bien el DA incorpora determinadas estimaciones cuantitativas, no ofrece una visión integrada y completa de los flujos de residuos asociados al conjunto de las actuaciones proyectadas, ni resuelve las discrepancias existentes entre distintos documentos del expediente en relación con los volúmenes de excavación y los excedentes generados.

Asimismo, no se delimitan con precisión las zonas de acopio temporal ni las instalaciones destinadas a la gestión interna de residuos, ni se concreta adecuadamente su trazabilidad hasta gestor autorizado, tal y como exige la Dirección General de Salud Pública.

A ello se suma la ausencia de protocolos específicos para la manipulación y retirada del hexafluoruro de azufre (SF6), circunstancia destacada por el Servicio de Cambio Climático e Información Ambiental, dada la elevada capacidad de esta sustancia para contribuir al cambio climático.

Igualmente, el Instituto Insular para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera advierte sobre la insuficiencia de las medidas previstas para la gestión de restos vegetales, al no contemplarse cautelas específicas frente a la proliferación de especies exóticas invasoras.

En consecuencia, las carencias detectadas en la planificación y gestión de residuos y sustancias con potencial contaminante impiden valorar con certeza los efectos ambientales asociados a su almacenamiento, manejo y eliminación, limitando la capacidad del órgano ambiental para garantizar una adecuada protección del medio ambiente.

8. Riesgos de accidentes graves, catástrofes y cambio climático.

Tampoco se considera adecuadamente el apartado relativo a los riesgos de accidentes graves y catástrofes relevantes, incluidos los derivados del cambio climático, lo que limita la evaluación de la vulnerabilidad del proyecto y de sus posibles efectos sobre el medio ambiente y la población.

Tal y como indican la Dirección General de Emergencias, la Dirección General de Aguas, el Instituto Insular para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera y el Servicio Técnico de Planeamiento y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria, el DA omite o infravalora riesgos tecnológicos y naturales de especial relevancia para el emplazamiento.

En el ámbito de los riesgos tecnológicos, no se analiza adecuadamente la interacción entre la infraestructura proyectada y el tránsito de mercancías peligrosas por la carretera GC-200, pese a tratarse de una vía colindante por la que circulan cantidades significativas de líquidos inflamables y gases. Asimismo, no se desarrolla con la profundidad necesaria el riesgo de incendio industrial, aun cuando la propia documentación técnica contempla la existencia de sistemas de protección contra incendios, lo que evidencia una falta de coherencia en el análisis.

En cuanto a los riesgos naturales, la valoración incluida en el DA resulta insuficiente y, en algunos aspectos, contradictoria con la cartografía oficial y la información sectorial disponible. En particular, no se evalúan adecuadamente los riesgos asociados a procesos de erosión, deslizamientos e inundación, en un entorno donde se ha identificado una susceptibilidad elevada por dinámica de laderas, debiendo considerarse además las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) y la incidencia de fenómenos meteorológicos extremos recientes.

En relación con el cambio climático, el Servicio de Cambio Climático e Información Ambiental advierte que el DA utiliza proyecciones climáticas genéricas, sin el necesario ajuste a la escala local del proyecto, y que no incorpora una cuantificación completa de la huella de carbono, al omitirse la pérdida de carbono almacenado en el suelo y su función como sumidero.

En consecuencia, las deficiencias detectadas en el análisis de riesgos y en la consideración del cambio climático impiden valorar adecuadamente la vulnerabilidad del proyecto frente a amenazas naturales y tecnológicas, así como la suficiencia de las medidas previstas para prevenir daños al medio ambiente y a la población.

Conclusión:

Por todo ello, a la vista tanto de la documentación técnica presentada por el promotor como de los informes emitidos por las Administraciones públicas consultadas, y tras el análisis del proyecto conforme a los criterios establecidos en el Anexo III, se constata la existencia de deficiencias sustanciales, generalizadas y de carácter estructural que afectan a elementos esenciales del proceso de evaluación ambiental.

Estas carencias no se limitan a aspectos formales o puntuales, sino que inciden directamente en la definición del proyecto, la caracterización del medio, la identificación y valoración de impactos, el análisis de alternativas y la formulación de medidas.

Así, las deficiencias detectadas en el DA no se limitan a aspectos puntuales o susceptibles de subsanación aislada, sino que presentan un carácter estructural, afectando de manera directa a la definición del proyecto, a la caracterización del medio receptor y a la evaluación de sus interacciones.

En particular, la falta de precisión en la documentación técnica y cartográfica, la insuficiente base de información ambiental, la existencia de contradicciones internas, la ausencia de estudios específicos en materias relevantes y las deficiencias en el análisis de alternativas impiden disponer de una base técnica suficiente, coherente y fiable para valorar adecuadamente los efectos del proyecto sobre el medio ambiente.

En estas condiciones, no resulta posible establecer, con el grado de fiabilidad exigible, la magnitud, el alcance y la significación de los impactos potenciales, ni llevar a cabo un análisis completo y riguroso que permita determinar si el proyecto podría tener o no efectos adversos significativos, conforme a la aplicación de los criterios del Anexo III.

Por ello, de conformidad con el artículo 47.2.c) de la Ley 21/2013, este órgano ambiental no dispone de los elementos de juicio necesarios para determinar si el proyecto puede tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, lo que impide formular un pronunciamiento fundado en el marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I. El artículo 9.1 de la Ley 21/2013 establece que [...] los proyectos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente, en virtud, entre otras cosas, de su naturaleza, dimensiones o localización, deberán someterse a una evaluación ambiental antes de su autorización, o bien, si procede, en el caso de proyectos, antes de la presentación de una declaración responsable o de una comunicación previa a las que se refiere artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En este sentido, señala el mismo precepto que Carecerán de validez los actos de adopción, aprobación o autorización de los planes, programas y proyectos que, estando incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley no se hayan sometido a evaluación ambiental, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, puedan corresponder.

El proyecto denominado “Proyecto de Industria para la construcción de la nueva Subestación Mogán 66/20KV 1x40 MVA, sito en la Solana de Posteragua, y nuevas líneas subterráneas de media tensión pertenecientes a la nueva Subestación de Mogán y reforma del Centro de Transformación C102101 El Cercado, sito en calle Antonio el Molinero, El Cercado” le es de aplicación el artículo 7.2.a) de la Ley 21/2013, por estar incluido en el Anexo II, Grupo 4. Industria energética, en concreto:

b) Construcción de líneas eléctricas (proyectos no incluidos en el Anexo I) con un voltaje igual o superior a 15 kV, que tengan una longitud superior a 3 km, incluidas sus subestaciones asociadas, así como por debajo de los anteriores umbrales cuando cumplan los criterios generales 1 o 2, o no incluyan las medidas preventivas establecidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, o discurran a menos de 200 m de población o de 100 m de viviendas aisladas en alguna parte de su recorrido, salvo que discurran íntegramente en subterráneo por suelo urbanizado.

Por lo que debe someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificado, regulado en la Sección 2.ª del Capítulo II de su Título II.

A estos efectos, el apartado 2 del artículo 47 establece lo siguiente:

2. El órgano ambiental, teniendo en cuenta la información facilitada por el promotor, el resultado de las consultas realizadas y, en su caso, los resultados de verificaciones preliminares o evaluaciones de los efectos medioambientales realizadas de acuerdo con otra legislación, resolverá mediante la emisión del informe de impacto ambiental, que podrá determinar de forma motivada de acuerdo con los criterios del Anexo III que:

a) El proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria porque podría tener efectos significativos sobre el medio ambiente. En este caso, el promotor elaborará el estudio de impacto ambiental conforme al artículo 35.

Para ello, el promotor podrá solicitar al órgano ambiental el documento de alcance del estudio de impacto ambiental en los términos del artículo 34.

b) El proyecto no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el informe de impacto ambiental, que indicará, al menos, las características del proyecto y las medidas previstas para prevenir lo que, de otro modo, podrían haber sido efectos adversos significativos para el medio ambiente”.

c) No es posible dictar una resolución fundada sobre los posibles efectos adversos del proyecto sobre el medio ambiente, al no disponer el órgano ambiental de elementos de juicio suficientes, procediéndose a la terminación del procedimiento con archivo de actuaciones.

En el presente supuesto y de acuerdo a las conclusiones del apartado de consideraciones técnicas, procede resolver que no es posible dictar una resolución fundada sobre los posibles efectos adversos del proyecto sobre el medio ambiente, al no disponer el órgano ambiental de elementos de juicio de suficientes, procediendo por tanto resolver la finalización del procedimiento iniciado con archivo de todas las actuaciones realizadas en el marco del expediente tramitado.

Por su parte, en el apartado 3 de este mismo precepto se recoge la obligación de publicación del informe de impacto ambiental en el diario oficial que corresponda, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental. Por tanto, procederá la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.

En cuanto a su naturaleza jurídica, según el artículo 3.2.e) de la Ley 21/2013, el Informe de Impacto Ambiental es un informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que finaliza la evaluación de impacto ambiental simplificada.

II.- En cuanto a la competencia, el apartado 4 de la disposición adicional primera de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en la redacción dada por el Decreto ley 3/2025, de 21 de abril, para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas, establece lo siguiente:

A los efectos de la presente ley, el órgano ambiental será el que designe la Administración competente para autorizar o aprobar el proyecto, o en su caso para controlar la actividad de los proyectos sujetos a declaración responsable o comunicación previa, debiendo garantizarse la debida separación funcional y orgánica respecto del órgano sustantivo en los términos previstos en la legislación estatal básica.

En el ámbito de la Administración autonómica, el órgano ambiental residirá en el Departamento con competencia en materia de medio ambiente y será la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha Contra el Cambio Climático. No obstante, esta designación específica podrá ser objeto de modificación en el Reglamento Orgánico de dicho Departamento [...].

Por tanto, al tratarse de un proyecto cuya autorización compete a un órgano de la Administración Autonómica, como es la Dirección General de Energía, el órgano ambiental resulta ser la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático. No obstante, debe tenerse en cuenta que estas referencias a la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático debe entenderse hecha a la Dirección General de Calidad Ambiental, por influencia de la disposición final séptima del Decreto 1/2026, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Transición Ecológica y Energía y se crea y regula el Consejo para la transición energética de Canarias, la cual ha venido a modificar la denominación de este centro directivo que estableció en su momento el artículo 9 del Decreto 123/2023, de 17 de julio, por el que se determina la estructura orgánica y las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias. En relación con este cambio de denominación, con fecha 12 de mayo de 2026 se publica en el Boletín Oficial de Canarias n.º 90, el Decreto 84/2026, de 4 de mayo, de adaptación de denominaciones de determinadas Direcciones Generales y sus titulares.

En cuanto a la propuesta, el artículo 27 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias, se refiere en su apartado 1.a) a la función de los jefes de servicio de instruir y formular la propuesta de resolución en aquellos procedimientos en que deban resolver los órganos departamentales a que estén adscritos, estimándose que en el presente supuesto dicha actuación recae en el Jefe del Servicio de Impacto Ambiental, adscrito a la Dirección General de Calidad Ambiental.

En virtud de los antecedentes, consideraciones técnicas y fundamentos jurídicos precedentes, y teniendo en cuenta la propuesta del Jefe de Servicio de Impacto Ambiental,

RESUELVO:

Primero.- Finalizar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del “Proyecto de Industria para la construcción de la nueva Subestación Mogán 66/20KV 1x40 MVA, sito en la Solana de Posteragua, y nuevas líneas subterráneas de media tensión pertenecientes a la nueva Subestación de Mogán y reforma del Centro de Transformación C102101 El Cercado, sito en calle Antonio el Molinero, El Cercado”, promovidos por E-Distribución Redes Digitales, S.L.U., en el término municipal de Mogán, isla de Gran Canaria, al no disponerse de los elementos de juicio suficientes para poder dictar una resolución fundada sobre los posibles efectos adversos del proyecto sobre el medio ambiente.

Segundo.- Archivar todas las actuaciones realizadas en el marco del expediente tramitado con la referencia Platea 32/2024-1115103005.

Tercero.- Notificar la presente Resolución a la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias, a E-Distribución Redes Digitales, S.L.U., al Ayuntamiento de Mogán y al Cabildo de Gran Canaria.

Cuarto.- Dar publicidad a la presente Resolución mediante anuncio en el Boletín Oficial de Canarias y en la sede electrónica de la Consejería de Transición Ecológica y Energía.

Contra el presente acto, por ser de trámite, no cabe recurso en vía administrativa, sin perjuicio de los que legalmente procedan contra el acto de autorización del proyecto.

Canarias, a 1 de junio de 2026.- El Director General de Calidad Ambiental, Ángel Pablo Montañés Ríos.



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