BOC - 2026/116. Jueves 11 de junio de 2026 - 2015

III. Otras Resoluciones

Consejería de Transición Ecológica y Energía

2015 - Dirección General de Energía.- Resolución de 20 de mayo de 2026, por la que se concede autorización administrativa de las instalaciones eléctricas de alta tensión denominadas “Nueva Subestación El Porís 220/66 kV”, expediente SE15/013, “Líneas subterráneas 66 kV D/C Arico 2-El Porís y reconfiguración de circuitos Arico 2-Tagoro y Arico 2-Candelaria en la subestación El Porís 66 kV”, expediente SE15/014, y “Línea aéreo-subterránea a 220 kV D/C E/S en El Porís de la Línea Candelaria-Granadilla”, expediente SE15/015, en el término municipal de Arico, Tenerife, promovidas por Red Eléctrica de España, S.A.U., en ejecución de sentencia firme y tras evaluación de impacto ambiental ordinaria..

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ANTECEDENTES DE HECHO

1.º) Ejecución de sentencia y retroacción.

Mediante Resolución n.º 436/2023, de 13 de abril, de la Dirección General de Energía se procedió a la ejecución de la Sentencia n.º 270/2019, acordándose:

- Acatar la nulidad declarada por la sentencia judicial firme de referencia de la Resolución n.º 1880, de la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias de 13 de diciembre de 2016, de autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución y declaración de utilidad pública, así como de la Resolución de la Viceconsejería de Industria, Energía y Comercio del Gobierno de Canarias, de 2 de marzo de 2017.

- Retrotraer el procedimiento al momento anterior al dictado de la autorización sustantiva.

- Tramitar una evaluación de impacto ambiental ordinaria previa a la nueva resolución sustantiva, previendo dotar a la nueva autorización de eficacia retroactiva al amparo del artículo 39.3 de la Ley 39/2015, con la finalidad de que se conserve todo el procedimiento expropiatorio tramitado desde el 13 de diciembre de 2016 para ejecutar dichas instalaciones, ya concluidas y en pleno funcionamiento.

Se conservan y siguen desplegando todos sus efectos, tanto la Resolución n.º 1424/2016, de la extinta Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias, que declara el interés general de las instalaciones, como el Decreto 141/2016, por el que se acordó la ejecución de los proyectos y se ordenó la revisión del planeamiento afectado para su adaptación a los mismos, que deberá cumplirse en sus estrictos términos.

2.º) Reanudación del procedimiento y nueva solicitud.

En ejecución de sentencia, Red Eléctrica reiteró su pretensión de autorización administrativa y de evaluación ambiental, aportando documentación técnica y administrativa actualizada mediante escritos de fecha 26 de abril de 2024 (y posteriores), a fin de continuar la tramitación conforme al Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y al Decreto 141/2009, de 10 noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias.

3.º) Descripción de las instalaciones proyectadas.

Las instalaciones objeto del expediente, conforme a la documentación técnica que obra en el mismo, son las siguientes:

a) Expediente SE-15/013.

Título del proyecto: “Nueva Subestación El Porís 220/66 kV” (visado TF21266/00, de 24 de febrero de 2015, del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife) y anexo de modificación al proyecto de ejecución (visado SE1700282, de 7.3.2017, del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental).

Características: subestación 220/66 kV con tecnología GIS en parques de 220 kV y 66 kV, configuración de interruptor y medio, y dos transformadores 220/66 kV de 125 MVA, además de edificios para equipos GIS y servicios.

b) Expediente SE-15/014.

Título del proyecto: “Líneas Subterráneas 66 kV DC Arico 2-El Porís y reconfiguración de circuitos Arico 2-Tagoro y Arico 2-Candelaria en la subestación El Porís 66 kV” (visado 201500528, de 16 de febrero de 2015, del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid).

Características: línea subterránea de transporte de energía eléctrica de doble circuito a 66 kV, con longitud de traza aproximada de 0,189 km, conectando la subestación de Arico 2 66 kV con la subestación El Porís 66 kV, e incorporando la reconfiguración indicada en el título.

c) Expediente SE-15/015.

Título del proyecto: “Línea aéreo-subterránea 220 kV DC E/S en El Porís de la línea Candelaria-Granadilla” (visado 201500282, de 3 de febrero de 2015, del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid), anexo técnico al proyecto (visado 4644/2017, de 4 de agosto de 2017, del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla) y anexo técnico al proyecto de ejecución (visado 2363/2024, de 24 de abril de 2024, del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla).

Características: línea de doble circuito a 220 kV, con longitud de traza aproximada de 7,755 km en aéreo (21 apoyos nuevos) y 539 m en subterráneo, conectando la línea Candelaria-Granadilla 220 kV circuito 1 con la subestación El Porís 220 kV.

4.º) Información pública.

Mediante anuncio de la Dirección General de Energía de fecha 14 de junio de 2024, publicado en el Boletín Oficial de Canarias n.º 130, de 4 de julio de 2024, y en la sede electrónica de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, se sometió a información pública, durante el plazo de 30 días contados a partir del siguiente al de su publicación, el expediente relativo a la autorización administrativa y el estudio de evaluación de impacto ambiental del proyecto, con el fin de que cualquier persona física o jurídica pudiera consultarlo en la sede electrónica de la Consejería y en las dependencias de la Consejería de Transición Ecológica y Energía en el edificio Usos Múltiples I del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, sin que se recibiesen alegaciones al respecto.

5.º) Informes solicitados y respuestas recibidas.

Durante la tramitación del expediente, se ha solicitado la emisión de informe a las siguientes Administraciones, Organismos y empresas:

5.1. Ayuntamiento de Arico: con fecha 20 de agosto de 2024 se recibe informe técnico de oposición a la autorización administrativa y declaración de impacto ambiental. A continuación se resumen los puntos principales de dichas alegaciones:

- Incumplimientos Jurídicos y de Procedimiento:

• Proyecto distinto y ejecución no autorizada: el Ayuntamiento sostiene que el proyecto evaluado ahora es diferente al original y que existen modificaciones sustanciales entre lo aprobado inicialmente y lo finalmente ejecutado, como un tramo de línea de 220 kV que se construyó en subterráneo de 1.016 m cuando solo se autorizaron 199 m.

• Inaplicación de la disposición adicional 16.ª de la Ley de evaluación ambiental: se alega que el promotor no atiende a las exigencias legales para proyectos ya ejecutados, omitiendo un análisis retrospectivo que aprenda de los incidentes ocurridos y no proponiendo medidas para corregir o compensar los impactos ya causados.

• Documentación incompleta y opaca: el EIA se remite constantemente a un “Documento Ambiental” de 2015 que no figura en la documentación sometida a información pública, lo que impide una evaluación completa. Además, el informe carece de un Programa de Vigilancia Ambiental adecuado y de un resumen no técnico.

- Deficiencias en el Análisis de Alternativas:

• Estudio de alternativas obsoleto: el promotor se limita a reproducir el estudio de 2015, sin considerar la reposición del medio a su estado original ni evaluar seriamente la alternativa soterrada, que se descarta únicamente por motivos económicos.

• Criterios de selección injustificados: el Ayuntamiento afirma que la alternativa elegida (la 7) atraviesa zonas de uso restringido e incumple los propios criterios del promotor, mientras que otras opciones menos lesivas fueron descartadas con argumentos “perfectamente salvables”.

- Impactos Ambientales Infravalorados:

• Inventario ambiental desfasado: el inventario de fauna y flora tiene más de 9 años y no refleja la realidad de 2024, habiéndose omitido en su día la existencia de la ZEC Montaña Centinela y la presencia de especies en peligro de extinción como la Pimelia canariensis.

• Riesgo para la avifauna: se critica el uso de un modelo propio no validado para minimizar el riesgo de colisión de aves, ignorando los efectos sinérgicos de los parques eólicos cercanos que crean una “red mortal” para especies vulnerables como la pardela cenicienta, de la cual ya se han registrado muertes.

• Clasificación errónea de impactos: el Ayuntamiento considera que muchos impactos calificados por el promotor como “compatibles” o “no significativos” son en realidad severos o críticos, tales como la destrucción del suelo, restos de hormigón abandonados, alteraciones topográficas y el ruido generado por la subestación.

- Impacto Socioeconómico y Paisajístico:

• Afección a vecinos y patrimonio: el informe destaca que existen más de una veintena de vecinos afectados cuyas propiedades han sufrido daños, además de ignorar el impacto negativo sobre el paisaje local y las actividades tradicionales de la zona.

• Desconsideración del territorio: se alega que el promotor trata el paisaje de Arico como un territorio ya degradado para justificar la falta de medidas correctoras, lo cual el Ayuntamiento califica como una visión “denigrante” y “ofensiva” para el municipio.

En conclusión, el Ayuntamiento de Arico se opone a la autorización administrativa y solicita medidas cautelares, advirtiendo incluso de la posible existencia de delitos medioambientales debido a la ejecución del proyecto sin la debida cobertura legal y el daño efectivo a valores naturales protegidos.

Mediante escrito de referencia DADI/TR/24-1018, de fecha 5 de septiembre de 2024, Red Eléctrica responde al informe del Ayuntamiento de Arico, defendiendo la validez del proyecto ejecutado y la suficiencia del nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de 2024 con los siguientes argumentos:

- Continuidad del Proyecto y Cambios de Ejecución:

• Identidad del proyecto: sostienen que no se trata de un proyecto distinto al de 2015, sino que las instalaciones objeto de evaluación ordinaria son exactamente las mismas que se consideraron inicialmente.

• Justificación de cambios menores: la empresa afirma que las variaciones entre lo aprobado en 2016 y lo construido (como el desplazamiento del apoyo T-111-19 y la eliminación del T-111-20) fueron ajustes menores en fase de replanteo. Estos cambios se realizaron para atender a la solicitud de un tercero (Parque Eólico Finca de Mogán) y evitar afecciones a la futura repotenciación de dicho parque.

• Aclaración sobre el soterramiento: califican como incorrectos los datos del Ayuntamiento sobre la longitud de los tramos soterrados. Explica que la cifra de 1.016 m no corresponde a un solo tramo, sino a la suma de todos los tramos subterráneos de las cuatro líneas diferentes que integran el proyecto.

- Cumplimiento Metodológico (disposición adicional 16.ª de la Ley de evaluación ambiental):

• Análisis retrospectivo: aseguran que el EIA de 2024 cumple rigurosamente con la disposición adicional 16.ª de la Ley de evaluación ambiental, realizando un análisis que confronta los efectos previstos en 2015 con los resultados reales del seguimiento y vigilancia durante las fases de obra y operación.

• Acceso a la información: rebate la acusación de opacidad, afirmando que toda la documentación, incluidos los Programas de Vigilancia Ambiental (PVA) y sus memorias de resultados, fue aportada durante la tramitación.

- Refutación de la Gravedad de los Impactos:

• Ausencia de impactos severos: mantienen que, tras los análisis realizados, no se han identificado impactos de carácter severo o crítico. Argumenta que las medidas preventivas y correctoras se aplicaron adecuadamente y que el Ayuntamiento carece de fundamento técnico para elevar la categoría de los impactos.

• Error en la comparación de matrices: entienden que el Ayuntamiento realiza una comparación errónea de las matrices de impacto. Explica que el municipio mezcla “efectos potenciales” (antes de medidas) del informe de 2015 con “impactos residuales” (después de medidas) del informe de 2024.

• Colisión de aves: justifica que este impacto haya pasado de “compatible” a “moderado” en 2024 precisamente porque ahora se dispone de datos reales de seguimiento en fase de funcionamiento, lo que demuestra que el estudio se ha actualizado con rigor científico.

- Inventario y Factores Ambientales Específicos:

• Actualización de datos: Red Eléctrica niega que el inventario esté obsoleto. Como prueba, señala que la inclusión de la especie Pimelia canariensis en 2024 (que no figuraba en 2015 porque su cita es posterior) demuestra que la información de relevancia ha sido actualizada correctamente.

• Defensa del análisis de alternativas: sostiene que la elección de la Alternativa 7 está justificada por ser la de menor impacto potencial frente a la Alternativa 1, que presentaba mayor longitud y cercanía a zonas residenciales. Sobre el soterramiento total, argumenta que es legalmente inviable si no está recogido explícitamente en la Planificación Eléctrica estatal vigente.

• Evidencia sobre residuos: ante las fotos de restos de hormigón presentadas por el Ayuntamiento, REE utiliza cartografía histórica de Grafcan para demostrar que dichos vertidos ya existían en la zona desde al menos 2011, por lo que no son consecuencia de su obra.

En conclusión, Red Eléctrica solicita a la Dirección General de Energía que desestime las alegaciones municipales y continúe con el procedimiento de autorización, defendiendo que sus instalaciones son esenciales para la seguridad del suministro eléctrico en Tenerife.

Con fecha 17 de septiembre de 2024 se recibe contestación del Ayuntamiento, en la que se indica, en resumen:

• Falta de atención a las alegaciones: considera que el escrito de Red Eléctrica no atiende a las alegaciones formuladas y se limita a desacreditar o menoscabar la situación generada por la ejecución del proyecto sobre el medio.

• De la prueba ambiental: recuerda que corresponde al promotor, y no al Ayuntamiento, elaborar y aportar los estudios técnicos ambientales exigibles para posibilitar una adecuada evaluación de impacto ambiental, considerando que la documentación presentada no cumple suficientemente dicha finalidad, dejando este análisis y valoración al órgano ambiental competente.

• Sobre el carácter de las modificaciones: sostiene que no corresponde al promotor determinar si las modificaciones o condiciones de ejecución del proyecto tienen carácter sustancial o no, sino al órgano ambiental competente, a la vista de las alegaciones e informes sectoriales obrantes en el expediente.

• Del carácter esencial de la instalación: no queda acreditado que el proyecto se trate de instalaciones eléctricas de carácter esencial para la seguridad del suministro de energía en la isla de Tenerife, como manifiesta el promotor y que, en cualquier caso, esa eventual condición no puede prevalecer sobre los impactos ambientales generados ni limitar la actuación del órgano ambiental.

Reiteración de la posible relevancia de los hechos: las alteraciones y riesgos para el medio ambiente ya denunciados podrían ser constitutivos de ilícito penal, cuestión cuya valoración correspondería al órgano sustantivo y al órgano ambiental.

5.2. Cabildo Insular de Tenerife: con fecha 4 de noviembre de 2024 se recibe acuerdo del consejo de gobierno insular en que se acuerda informar lo siguiente:

• Con relación a la competencia insular en materia de planeamiento territorial, se señala lo siguiente:

- Respecto a la adecuación a las determinaciones del Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT) indicar que:

- Respecto a la adecuación de actuación objeto de modificación contenida en el Anexo de modificación del proyecto de ejecución-Nueva subestación El Porís 220/66 kV, de marzo de 2017, no supone una afección territorial nueva respecto a lo ya informado en su momento para el Proyecto de ejecución de 2015, excepto en lo relativo a las disposiciones de carácter territorial para el Área de Regulación Homogénea (ARH) de Protección Territorial en la que se emplaza la subestación transformadora, al no haber actualmente determinaciones de aplicación para dicha ARH en el PIOT.

- Respecto a la adecuación de la actuación objeto de modificación contenida en el Anexo Técnico al proyecto de ejecución de la Línea Aéreo-Subterránea de Transporte de Energía Eléctrica a 220 kV Doble Circuito-Entrada/Salida en el Porís de la L/Candelaria-Granadilla, de abril de 2024, tampoco supone una afección territorial nueva respecto a lo ya informado en su momento en el proyecto original, excepto en lo relativo a las disposiciones de carácter territorial para las Áreas de Regulación Homogénea (ARH) de Protección Territorial en la que se emplazan las variaciones del trazado de la línea aérea/subterránea en los tramos objeto de modificación, al no haber actualmente determinaciones de aplicación para dicha ARH en el PIOT.

- Asimismo, tampoco existen determinaciones de aplicación para el ARH de Protección Económica 1 en la que se localizan y discurren las infraestructuras energéticas que no han sufrido variaciones o modificaciones en la tramitación, replanteo y/o ejecución de las obras.

- Respecto a la Zona Bb de la zonificación ambiental del PIOT en la que se localizan las infraestructuras que han sido objeto de modificación, coincidente con la ARH de Protección Territorial, no se aprecia que el uso de infraestructura de la actuación presente disconformidad con la zonificación ambiental en la que se localiza, según el régimen de compatibilidad de usos establecido en la Matriz de Usos del PIOT (Sección 11.ª del Capítulo 3 del Título II) que señala que el mismo se encuentra remitido al planeamiento de desarrollo, esto es, el Plan Territorial Especial de Infraestructuras Energéticas.

- En cuanto al Estudio de Impacto Ambiental-Se El Porís 220/66 kV, E/S El Porís,
L/Candelaria-Granadilla 220 kV, C/66 kV Arico 2-El Porís, L/66 kV Tagoro-El Porís y L/66 kV Candelaria-El Porís, no procedería el análisis de la repercusión de las distintas alternativas planteadas y sus posibles afecciones ambientales sobre el modelo de ordenación territorial definido en el PIOT y sus disposiciones sectoriales en materia de integración paisajística y ambiental establecidas para las infraestructuras de primer nivel de servicio, más allá de la alternativa seleccionada ya informada en los expedientes referenciados anteriormente, teniendo en cuenta que dichas infraestructuras se encuentran ejecutadas y en servicio.

- Respecto a la adecuación con el Plan Territorial Especial de Ordenación de Infraestructuras del Tren del Sur:

- Las infraestructuras energéticas se encuentran fuera de los límites de las líneas de servidumbre del Tren del Sur y, por tanto, sin ningún tipo de afección a la infraestructura ferroviaria y sus servidumbres.

• Con relación a la competencia insular en materia de patrimonio cultural:

- Dado que los proyectos ya fueron evaluados desde la perspectiva patrimonial, y que para la ejecución de las obras se adoptaron la totalidad de las medidas protectoras, correctoras y compensatorias, al no haber previsión de nuevas obras no existe riesgo de afecciones a bienes culturales. No obstante, hay que indicar que el estudio de impacto ambiental no aporta los resultados del estudio realizado por la empresa Tibicena, sino que introduce generalidades que no reflejan la realidad patrimonial del ámbito. Si bien se trata de una cuestión meramente formal, es exigible que la documentación del estudio de impacto ambiental sea correcta y completa.

• Con relación a la competencia insular en materia de medio ambiente:

Se informa en sentido favorable, condicionado a la toma en consideración de las siguientes recomendaciones:

- En cuanto a las medidas medioambientales, algunos accesos a los apoyos se observan aún pequeños acúmulos de material sobrante de desmonte, y que no en todas las campas de trabajo, taludes y zonas alteradas se ha llevado a cabo una restauración completa, incluyendo la recuperación de la cubierta vegetal. Así, en relación a esta última medida, únicamente se ha llevado a cabo la plantación de flora nativa rescatada en obra o procedente de vivero en el entorno de la SE y de los apoyos T-111-12, T-111-15 y T-111-16. En este sentido, y dados los buenos resultados observados en estos enclaves, se considera recomendable hacer extensiva las labores de revegetación a todos los suelos afectados por las obras, especialmente a las campas de trabajo y taludes generados, así como optimizar la gestión de los materiales de desmonte sobrantes en el conjunto de enclaves en los que se ha intervenido.

- Respecto de los efectos de la actuación sobre la avifauna, se recomiendan, en función de los datos del informe de seguimiento de la avifauna, una serie de medidas adicionales que se entienden adecuadas a fin de minimizar los riesgos de la línea sobre este recurso, concretamente las siguientes:-Aumento de la densidad, número o tipo de dispositivos salva pájaros. A priori, puede que no se presente como una medida que reduzca significativamente el riesgo de colisión, puesto que la pardela cenicienta es una especie de hábitos nocturnos y crepusculares, pero la presencia de víctimas en el suelo puede generar un efecto de atracción a carroñeras como el cuervo canario (Corvus corax) presente en la zona, por lo que las mejoras en medidas preventivas de este tipo suponen una minimización potencial de accidentes.- Instalación de salva pájaros de doble cinta luminiscente (especialmente diseñados para especies de hábitos crepusculares, nocturnas, etc.).- Instalación de dispositivos de detección de acercamiento con alerta sonora. Soterramiento de la línea al menos entre los apoyos T-111-7 y T-111-8.

• Con relación a la competencia insular en materia de carreteras:

No hay nuevas consideraciones a señalar en materia de carreteras, paisaje o movilidad.

• Con relación a la competencia insular en materia de agricultura:

Los proyectos ejecutados ya fueron informados con motivo de su anterior evaluación ambiental. En este sentido, con respecto a la ubicación de la de la subestación denominada “El Porís”, se señaló en el anterior procedimiento de evaluación ambiental y en el momento de informar el proyecto para la emisión del informe institucional, que ocupaban huertas de cultivo en activo y que por lo tanto generaban afección a la actividad agrícola destacando la ausencia de alternativas válidas para su emplazamiento.

• Con relación a la competencia insular en materia de aguas:

- Respecto al Proyecto “Nueva Subestación de El Porís 220/66 Kv”: dado que el proyecto remitido coincide con el informado por ese Organismo en el marco del expediente 613-PRO, y que las modificaciones planteadas en el anexo no afectan a la sustancia informada por el Área de Infraestructura Hidráulica del CIATF respecto al drenaje superficial, procede mantener el sentido favorable-condicionado a:

Cumplir con las determinaciones derivadas del Estudio de Riesgo Hidráulico de la SE El Porís.

- Respecto al Proyecto de “Línea Aéreo-Subterránea a 220 kV D/C E/S en El Porís de la Línea Candelaria-Granadilla”:

El proyecto remitido coincide con el informado por ese Organismo en el marco del expediente 614-PRO. Las modificaciones planteadas en los anexos no afectan a la sustancia informada por el Área de Infraestructura Hidráulica del CIATF. Por lo tanto, se reiteran los condicionantes establecidos para las obras descritas en el proyecto de referencia: En cuanto a la afección a la red de cauces:

Será necesaria la obtención de la correspondiente autorización administrativa del Consejo Insular de Aguas en relación con la afección de la red de cauces. En cuanto a la afección de infraestructuras hidráulicas:

Se deberán solventar las posibles interferencias con el Canal del Estado en el entorno del apoyo 111-9.

- Respecto al Proyecto de “Líneas Subterráneas 66 kV D/C Arico 2-El Porís y reconfiguración de circuitos Arico 2-Candelaria en Subestación El Porís 66kv”: las actuaciones proyectadas no suponen afección alguna a elementos dentro del ámbito de las competencias del CIAT.

Mediante escrito de referencia DADI/TR/25-1119, de fecha 25 de septiembre de 2025, el promotor toma razón de lo informado, dando contestación según el siguiente resumen:

• Adjunta el informe de prospección arqueológica que acompañó al Documento Ambiental de 2015.

• Indica que el material empleado en los taludes no es de aportación, sino procedente de la propia excavación, junto con una capa de tierra superficial previamente acopiada, que contiene semillas propias de las especies de la zona, habiéndose obtenido resultado favorable según informe de supervisión ambiental.

• Señala que se sustituirá los actuales dispositivos salvapájaros por balizas giratorias reflectantes, que han demostrado alta eficacia sobre especies de hábitos crepusculares y nocturnos.

• No se consideran eficientes los dispositivos de detección de acercamiento con alerta sonora.

• Se indica que el soterramiento del vano T-111-7/T-111-8 provocaría importantes problemas de eficiencia de la instalación, así como en las labores de mantenimiento y detección de averías, por lo que se propone la instalación de los salvapájaros tipo aspas ya citados anteriormente, junto con dispositivos experimentales de luz ultravioleta.

• Se verificará la disponibilidad de la correspondiente autorización del Consejo Insular de Aguas en relación con la afección a la red de cauces.

• Se indica que las actuaciones ejecutadas en el entorno del apoyo T-111-9 (acceso, plataforma, tendido, etc.) no interfieren con el Canal del Estado.

5.3. Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, Servicio de Prevención y Control de la Contaminación: con fecha 18 de junio de 2024 se informa que dicha unidad administrativa no gestiona bienes demaniales en la zona afectada por las instalaciones de referencia, no formulándose condicionantes.

Mediante escrito de referencia DADI/TR/24-0773, de fecha 19 de junio de 2024, el promotor toma razón de lo informado.

5.4. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Dirección General de Política Energética y Minas: con fecha 20 de junio de 2024 se recibe informe en el que se hace constar que las actuaciones objeto del expediente recibieron informe favorable de dicha Dirección General con fecha 27 de marzo de 2015, y que, en cumplimiento de la Sentencia n.º 270/2019, ha sido necesario volver a realizar la tramitación, informándose favorablemente a los efectos previstos en el artículo 35.2 de la Ley 24/2013, en el artículo 114 del Real Decreto 1955/2000 y en el artículo 16.1.a) de la Circular 5/2019.

Mediante escrito de referencia DADI/TR/24-0788, de fecha 26 de junio de 2024, el promotor toma razón de lo informado.

5.5. Dirección General de Infraestructura Viaria: con fecha 9 de julio de 2024 se concluye que la actuación prevista no afecta a las carreteras de interés regional, no formulándose condicionantes por este concepto.

Mediante escrito de referencia DADI/TR/24-0880, de fecha 16 de julio de 2024, el promotor toma razón del contenido del informe y manifiesta su conformidad.

5.6. Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF): constan en el expediente informes de fecha 22 y 23 de julio, relativos a los expedientes SE-2015/013, SE-2015/014 y SE-2015/015, de los que resulta, de forma resumida, lo siguiente:

a) SE-2015/013 (“Nueva Subestación de El Porís 220/66 kV”): informe favorable condicionado al cumplimiento de las determinaciones del Estudio de Riesgo Hidráulico de la SE El Porís.

b) SE-2015/014 (“Líneas subterráneas 66 kV D/C Arico 2-El Porís y reconfiguración de circuitos Arico 2-Candelaria en subestación El Porís 66 kV”): se informa que las actuaciones no suponen afección a elementos dentro del ámbito competencial del CIATF.

c) SE-2015/015 (“Línea aéreo-subterránea a 220 kV D/C E/S en El Porís de la línea Candelaria-Granadilla”): informe favorable condicionado a la necesidad de autorización del CIATF por afección a la red de cauces y a la obligación de solventar posibles interferencias con infraestructuras hidráulicas.

Mediante escrito de fecha 26 de julio de 2024, Red Eléctrica toma razón de lo informado y manifiesta su conformidad y cumplimiento del informe de riesgo hidráulico de la subestación y solicitud respecto a la autorización administrativa a ese Consejo Insular de Aguas de Tenerife, indicando su existencia en el expediente anterior. Informe en el que se concluye que la implantación de la subestación, el acceso y las obras de paso proyectadas no generan un nuevo cauce ni modifican el flujo de escorrentía existente, no generándose nuevas concentraciones de caudal.

5.7. Dirección General de Salud Pública: con fecha 26 de julio de 2024 se informa que, tras la revisión del proyecto, y dado que el mayor impacto para la población se produce durante la fase de construcción y las instalaciones se encuentran actualmente en funcionamiento, no se formulan nuevas alegaciones ni condicionantes técnicos, al no apreciarse que la actividad incremente la exposición de la población cercana a las emisiones asociadas a la instalación.

Mediante escrito de referencia DADI/TR/24-0965, de fecha 30 de julio de 2024, el promotor toma razón de lo informado y manifiesta su conformidad, confirmando asimismo el cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras establecidas para las instalaciones citadas y la legislación vigente.

5.8. Servicio de Cambio Climático e Información Ambiental: con fecha 29 de julio de 2024 se informa que el promotor realiza un análisis de la perspectiva climática conforme al artículo 55 de la Ley 6/2022, se indica que cabría incluir un cálculo estimatorio de las emisiones de gases de efecto invernadero, pudiendo considerarse para ello, las recomendaciones recogidas en apartados anteriores del informe.

Mediante escrito de referencia DADI/TR/24-0966, de fecha 1 de agosto de 2024, el promotor toma razón de lo informado y manifiesta su conformidad, confirmando el cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras establecidas para las instalaciones citadas, así como lo establecido en la legislación vigente y el análisis de las propuestas trasladadas.

5.9. Dirección General de Ordenación del Territorio, Servicio de Ordenación del Suelo Rústico y Espacios Naturales Protegidos: con fecha 30 de julio de 2024 se emite informe en el que se concluye que, analizado el Estudio de Impacto Ambiental, se determina su adecuación a la Ley 21/2013 (contenido del artículo 35 y disposición adicional decimosexta, para proyectos total o parcialmente ejecutados afectados por sentencia firme).

No obstante, se identifican aspectos susceptibles de mejora o corrección, entre los que, de forma resumida, se señalan:

• Incorporación del contenido de informes del trámite de consultas del procedimiento de 2015;

• Revisión y justificación de alternativas (incluida la Alternativa 0);

• Ajustes en criterios de clasificación y análisis territorial/Red Natura 2000 y espacios protegidos;

• Definición de metodología de valoración de efectos; ampliación y precisión del inventario ambiental (incluida referencia a instrumentos como la ZEC Montaña Centinela);

• Revisión de afecciones indirectas a espacios protegidos; y depuración y trazabilidad de medidas preventivas/correctoras/compensatorias y de las medidas surgidas en la ejecución y seguimiento.

• Finalmente, se insiste en que no se detectan afecciones directas sobre espacios protegidos, si bien el Estudio adolece de un análisis suficiente de posibles afecciones indirectas por la proximidad de actuaciones a áreas protegidas.

Mediante escrito de fecha 12 de agosto de 2024, Red Eléctrica toma razón de lo informado y manifiesta su conformidad, aportando informe técnico de contestación a las consideraciones trasladadas.

5.10. Dirección General de Emergencias: con fecha 22 de mayo de 2025 se informa que la valoración general efectuada sobre dichos riesgos se considera correcta, aunque deberían ampliarse los contenidos de la EIA para incorporar todos los contenidos exigidos por el artículo 35.1.d) de la Ley 21/2013, en materia de riesgo de accidentes graves o catástrofes. En todo caso, la valoración de los efectos ambientales que pudieran derivarse de tales accidentes o catástrofes corresponde a la Consejería competente en materia de Transición Ecológica y Energía.

Mediante escrito de referencia DADI/TR/25-0495, de fecha 29 de mayo de 2025, el promotor toma razón de que la valoración general del riesgo de accidentes graves y catástrofes contenida en el EIA se considera correcta y de que la valoración de sus eventuales efectos ambientales corresponde a la Consejería competente en materia de Transición Ecológica y Energía.

5.11. Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad, Servicio de Biodiversidad: con fecha 8 de mayo de 2025 se informa, en resumen, impactos residuales sobre vegetación, hábitats y flora protegida que se consideran, compatibles o no significativos, persiste una afección relevante sobre la avifauna durante la fase de funcionamiento de la línea aérea, especialmente por riesgo de colisión. Los datos de seguimiento disponibles apuntan a una incidencia destacada sobre especies sensibles, como la pardela cenicienta, además de la afección a un área prioritaria para el alcaraván. Por ello, se proponen medidas compensatorias adicionales, consistentes en reforzar la señalización anticolisión en toda la línea, ampliar el programa de seguimiento de mortalidad durante cinco años y desarrollar un estudio específico sobre los movimientos del alcaraván en Tenerife.

Mediante escrito de referencia DADI/TR/25-0477, de fecha 26 de mayo de 2025, el promotor toma razón de lo informado e indica las medidas que prevé adoptar, consistentes en reforzar las medidas de protección de la avifauna mediante la sustitución de los actuales salvapájaros por balizas giratorias reflectantes en toda la línea, al considerar que ofrecen mayor eficacia para especies de hábitos crepusculares y nocturnos. Asimismo, asume la realización del seguimiento de la mortalidad para evaluar la efectividad de estos dispositivos, aplicando en los tramos de difícil acceso los métodos técnicamente viables que no comprometan la seguridad. Por último, en relación con el alcaraván, se compromete a llevar a cabo un estudio específico, por parte de un grupo especializado, sobre la presencia e interacción de la especie con la infraestructura en las zonas de mayor interés.

5.12. Otras administraciones y entidades: se solicita emisión de informe, mediante oficio de fecha de 14 de junio de 2024, al servicio de Contaminación de Aguas y suelo, al servicio de Prevención y control de la Contaminación, la Dirección General de Seguridad, a la Dirección General de Patrimonio Cultural, a la Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción, aSEO/BirdLife, al Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), a la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), a Enel Green Power España, S.L., a Expertise en Energías Renovables Eólica y Fotovoltaica de Canarias, S.L., a Energías Ecológicas de Tenerife, S.A., Edistribución Redes Digitales y Alas Capital & GN, S.A., sin que se haya recibido contestación hasta la fecha.

6.º) Declaración de Impacto Ambiental.

Tramitada, en ejecución de sentencia, la evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto, se ha formulado Declaración de Impacto Ambiental, mediante Resolución n.º 353/2026, de la Dirección General de Calidad Ambiental, de fecha 15 de mayo de 2026.

Dicha Declaración de Impacto Ambiental tiene la naturaleza de informe preceptivo y determinante y determina, a los efectos ambientales, la procedencia de la realización del proyecto, estableciendo cinco condicionantes, de manera que se eviten o minimicen los posibles efectos negativos de la actuación proyectada:

Condicionante 1. La presente Declaración de Impacto Ambiental se emite, exclusivamente, para el proyecto ya ejecutado cuyas obras y actuaciones se encuentran descritas en el proyecto técnico y evaluadas en el estudio de impacto ambiental y la documentación adicional que obra en el expediente.

Condicionante 2. Deberán adoptarse todas aquellas determinaciones y medidas protectoras, correctoras y compensatorias propuestas en el proyecto técnico y en el estudio de impacto ambiental que garanticen la viabilidad ambiental del proyecto, siempre y cuando no vayan en contra de lo dispuesto en este apartado de condicionantes.

Condicionante 3. El promotor deberá presentar ante la Dirección General de Energía en un plazo máximo de seis meses desde la publicación de esta Declaración de Impacto Ambiental, un Programa de Restauración Ambiental referido exclusivamente a las zonas alteradas por la ejecución del proyecto. El Programa deberá elaborar un diagnóstico actualizado del estado real de las zonas afectadas por los apoyos, accesos de nueva construcción, campas, zonas de acopio, taludes, etc, elaborado a partir de la documentación gráfica y técnica generada durante la ejecución del proyecto, los informes de seguimiento ambiental disponibles y la situación actual de las zonas afectadas. En el Programa se describirá la evolución de las superficies intervenidas desde la fase de obra hasta la actualidad, identificará las tipologías de afección existentes (acúmulos de material sobrante, zonas sin revegetar, suelos compactados, etc).

El Programa deberá incluir, como mínimo:

• Optimización y gestión de materiales sobrantes, escombros y restos de obra en todos los enclaves donde persistan.

• Descompactación y recuperación de suelos alterados de los accesos no necesarios para operación y mantenimiento, así como en aquellos cuya ocupación permanente exceda (4 m de ancho).

• Restauración de perfiles topográficos modificados, especialmente en laderas y zonas erosionadas.

• Revegetación con especies autóctonas de todas las superficies alteradas, especialmente campas de trabajo, taludes y zonas desnudas, garantizando su mantenimiento hasta la consolidación de la cubierta vegetal.

Al objeto de asegurar el cumplimiento de este condicionante, deberá presentarse igualmente ante el órgano sustantivo un informe de seguimiento anual, que incluya indicadores de éxito verificables que permitan evaluar la eficacia de las actuaciones de restauración.

La duración del Programa de Restauración Ambiental será la necesaria para alcanzar los objetivos de éxito definidos, entendiéndose que no podrá darse el mismo por finalizado hasta que se acredite la restauración efectiva de las zonas afectadas.

Condicionante 4. El promotor deberá sustituir los actuales dispositivos (espirales naranjas) por balizas giratorias reflectantes cada 7 m en toda la longitud de la línea aérea, excepto en el tramo T-111-7 / T-111-8, identificado como un posible punto negro, en el que se aplicará un refuerzo de señalización con la instalación de dispositivos experimentales de luz ultravioleta. Dichos dispositivos deberán mantenerse en condiciones óptimas de visibilidad y conservación durante toda la vida útil de la infraestructura.

El promotor deberá realizar un seguimiento de la mortalidad de avifauna asociada a la línea eléctrica, abarcando la totalidad de su trazado, sin exclusiones derivadas de la orografía. Si debido a la accidentada orografía cruzada por el tendido eléctrico (barrancos y laderas de fuerte pendiente), la prospección pedestre sistemática no fuera viable sin comprometer la seguridad del personal encargado, el seguimiento de la mortalidad por dichas zonas se realizará mediante prospecciones con sistemas aéreos por control remoto dotados de cámaras de alta resolución. Estas prospecciones se complementarán con observaciones desde puntos elevados del tránsito de las aves. A partir de los datos obtenidos en los tramos muestreados y de la literatura técnica disponible, se estimará la mortalidad en todos los tramos inaccesibles, explicitando la incertidumbre asociada.

El seguimiento de la mortalidad de avifauna por colisión se realizará mensualmente durante cinco años como mínimo, pero en función de los resultados obtenidos y de la presencia de especies catalogadas, el órgano ambiental podrá ampliar dicho periodo de seguimiento y/o exigir la implantación de medidas adicionales que se estimen oportunas. En caso de detectarse mortalidad significativa o patrones de riesgo no previstos durante el seguimiento, el promotor deberá proponer y ejecutar medidas adicionales que resulten necesarias para garantizar la adecuada protección de la avifauna.

El seguimiento deberá aplicarse conforme a una metodología estandarizada, incorporando las correspondientes correcciones por detectabilidad y por desaparición de cadáveres. Para el cálculo de la tasa real de mortalidad por colisión, se tendrán en cuenta la probabilidad de detección, la banda efectiva de prospección para cada método de prospección y la probabilidad de permanencia de los cadáveres, obtenidas mediante un diseño experimental que cumpla los requisitos estadísticos necesarios para garantizar la precisión de las estimaciones y de sus incertidumbres.

En cada jornada de prospección se registrarán, como mínimo, los datos básicos de la actividad, incluyendo hora de inicio, hora de finalización y trazado recorrido, que deberá quedar documentado mediante registro GPS.

Respecto a los cadáveres o restos encontrados, se consignará la siguiente información: especie, sexo y edad (según el código EURING); posición geográfica exacta (coordenadas UTM); tiempo estimado de la muerte; y documentación fotográfica con resolución suficiente, incluyendo imágenes generales y de detalle.

En caso de que los ejemplares porten anillas u otros dispositivos de marcaje (bandas alares, cintas, geolocalizadores, GPS, etc.), se fotografiarán y anotarán todos los datos asociados: inscripción completa, colores, disposición relativa respecto a las patas y a otras anillas, así como cualquier otra información relevante.

Para el cálculo de la tasa real de mortalidad por colisión, se emplearán estimaciones de la probabilidad de detección, la banda efectiva de prospección y la probabilidad de permanencia de los cadáveres, obtenidas mediante un diseño experimental que cumpla los requisitos estadísticos necesarios para garantizar la precisión de las estimaciones y de sus incertidumbres.

Anualmente, antes del 30 de enero, se remitirá al órgano sustantivo el informe anual de resultados que debe incluir, al menos: descripción detallada de la metodología aplicada; resultados del seguimiento; valoración técnica y conclusiones; y anexos digitales con los datos de campo, incluidos los tracks de GPS para su incorporación a bases de datos y sistemas de información geográfica.

Con el fin de facilitar las actuaciones de seguimiento e inspección que la Administración considere oportunas, el inicio de los trabajos de seguimiento de colisiones de aves y murciélagos deberá comunicarse con antelación suficiente al Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife y al Servicio de Biodiversidad de la Dirección General del Medio Natural. En dicha comunicación se identificarán las personas responsables de la ejecución y se aportará el cronograma previsto, incluyendo el rango horario de realización de las prospecciones.

Al margen de la realización de un informe anual de mortalidad y accidentes, cuando el equipo encargado del seguimiento de las colisiones o el personal involucrado en labores de mantenimiento detecte algún ejemplar accidentado, deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, especialmente en el caso de especies amenazadas, dejando el cadáver en las mismas condiciones en que se encontró, evitando su manipulación y garantizando su conservación en el lugar. La realización de dicha comunicación será puesta igualmente en conocimiento del Servicio de Biodiversidad de la Dirección General del Medio Natural.

Condicionante 5. El promotor deberá desarrollar un estudio específico sobre la población y los movimientos del alcaraván (Burhinus oedicnemus distinctus) en la isla de Tenerife, mediante el marcaje de ejemplares con emisores GPS-GSM, con una duración mínima de cinco años.

El estudio deberá analizar, al menos: los desplazamientos diarios y estacionales; las áreas de campeo y uso del espacio; la mortalidad asociada a tendidos eléctricos y otras infraestructuras; y las preferencias de hábitat de la especie en el ámbito insular.

El número de ejemplares marcados deberá ser suficiente para garantizar unos resultados estadísticamente robustos, de acuerdo con los estándares científicos aplicables, justificándose en el diseño del estudio el tamaño muestral, la representatividad de los individuos seleccionados y la capacidad del seguimiento para detectar patrones espaciales y temporales relevantes.

A estos efectos, deberá remitirse informe con una periodicidad mínima anual al órgano ambiental y al Servicio de Biodiversidad de la Dirección General del Medio Natural con los avances y resultados obtenidos.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- La ejecución de las instalaciones contempladas en el expediente de referencia requiere de autorización administrativa de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias, aprobado por el Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, y en el resto de normativa vigente, en particular la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de Regulación del Sector Eléctrico Canario, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades del transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 y el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

II.- Las instalaciones proyectadas se encuentran contempladas en la Orden IET/1131/2014, de 24 de junio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de junio de 2014, por el que se habilita a la Dirección General de Política Energética y Minas para la autorización o la emisión de informe favorable previsto en el artículo 35.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, para determinadas instalaciones de la red de transporte de electricidad de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, y en la Orden IET/1132/2014, de 24 de junio, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 6 de junio de 2014, modificando aspectos puntuales del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica incluido en la planificación de los sectores de electricidad y gas 2008-2016.

Las actuaciones se encuentran igualmente incluidas en la Planificación Energética del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015/2020.

Estas infraestructuras resultan necesarias para garantizar la seguridad y calidad del suministro eléctrico en la isla de Tenerife y facilitar la evacuación de la generación renovable del sureste de la isla hacia la red de transporte de 220 kV.

III.- En relación con la garantía del suministro de energía, la normativa vigente vela por que todos los ciudadanos tengan acceso a dicho suministro en condiciones satisfactorias, garantizando que tal servicio cuente con los parámetros de calidad necesarios para que el usuario final pueda utilizar la energía en las condiciones adecuadas a sus necesidades o las de sus instalaciones, contribuyendo las instalaciones proyectadas a la consecución de tal objetivo por su contribución a la cobertura de la demanda.

IV.- La Resolución n.º 1424/2016, de la extinta Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias, declara el interés general de las instalaciones eléctricas de alta tensión denominadas “Nueva Subestación El Porís 220/66 kV” (expte. SE 2015/013), “Líneas Subterráneas 66 kV DC Arico 2-El Porís y reconfiguración de circuitos Arico 2-Tagoro y Arico 2-Candelaria en la subestación El Porís 66 kV” (expte. SE 2015/014) y “Línea aéreo-subterránea 220 kV DC E/S en El Porís de la línea Candelaria-Granadilla” (Expte. SE 2015/015).

El Decreto 141/2016, de 28 de noviembre acordó la ejecución de los proyectos, que afecta al término municipal de Arico en la isla de Tenerife y se ordenó la iniciación del procedimiento de modificación del planeamiento afectado.

V.- De conformidad con el artículo 4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, la planificación de las infraestructuras de transporte de energía eléctrica será realizada por la Administración General del Estado con la participación de las Comunidades Autónomas, teniendo carácter vinculante con las características técnicas que en la misma se definan.

VI.- El artículo 5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, establece que la planificación de las instalaciones de transporte que se ubiquen o discurran en cualquier clase y categoría de suelo deberá tenerse en cuenta en el correspondiente instrumento de ordenación del territorio y urbanístico, el cual deberá precisar las posibles instalaciones y calificar adecuadamente los terrenos, estableciendo, en ambos casos, las reservas de suelo necesarias para la ubicación de las nuevas instalaciones.

Asimismo, el artículo 96 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, establece que los Planes Insulares de Ordenación contendrán la determinación de las reservas de suelo necesarias para actividades energéticas, considerando en su artículo 98 las infraestructuras de transporte eléctrico como sistema general y equipamiento estructurante de interés supramunicipal.

VII.- Los proyectos han obtenido la Declaración de Impacto Ambiental mediante la Resolución n.º 353/2026, de la Dirección General de Calidad Ambiental, de fecha 15 de mayo de 2026 (Expte. n.º 21/2024-1001120608), estableciendo cinco condicionantes, de manera que se eviten o minimicen los posibles efectos negativos de la actuación proyectada y que esta sea viable a los efectos ambientales.

VIII.- El Decreto 1/2026, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, y se crea y regula el Consejo para la transición energética de Canarias establece que la Dirección General de Energía tiene atribuidas las competencias para la concesión de autorizaciones y la tramitación de comunicaciones previas y declaraciones responsables en materia energética, ejerciendo exclusivamente sobre las mismas las atribuciones sectoriales en materia de energía.

IX.- La Sentencia n.º 270/2019, de 20 de junio, dictada en el procedimiento ordinario 74/2017, declara la nulidad de pleno derecho de la Resolución 1880/2016, de 9 de diciembre, de la Dirección General de Industria y Energía, de autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución y declaración de utilidad pública, así como de la Resolución de la Viceconsejería de Industria, Energía y Comercio del Gobierno de Canarias de 2 de marzo de 2017, por omisión de la evaluación de impacto ambiental ordinaria.

En ejecución de dicha sentencia, la Resolución n.º 436/2023, de 13 de abril, de la Dirección General de Energía, acuerda retrotraer el procedimiento al momento anterior al dictado de la autorización administrativa para que se vuelva a tramitar y emitir dicha autorización, con tramitación de una evaluación de impacto ambiental ordinaria, en los términos de la sentencia y de la Ley 21/2013, y ordena dotar a la nueva autorización de eficacia retroactiva: “A esta nueva autorización se le deberá dar efecto retroactivo, al amparo del artículo 39.3 de la Ley 39/2015, con la finalidad de que se conserve todo el procedimiento expropiatorio…”.

El artículo 51 de la Ley 39/2015 dispone que el órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción. Por su parte, el artículo 39.3 de la Ley 39/2015 permite, excepcionalmente, otorgar eficacia retroactiva a los actos dictados en sustitución de actos anulados, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a la que se retrotrae la eficacia y que ello no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.

En consecuencia, y en ejecución de la Resolución n.º 436/2023, procede dictar la presente autorización administrativa sustantiva en sustitución de la anulada, incorporando el resultado del trámite ambiental ordinario, y otorgándole eficacia retroactiva al amparo del artículo 39.3 de la Ley 39/2015, con la finalidad de conservar el procedimiento expropiatorio tramitado desde el 13 de diciembre de 2016.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.- Otorgar la autorización administrativa para la construcción de las instalaciones contempladas en los proyectos que se relacionan a continuación, cuya ejecución consta realizada, ubicadas en el término municipal de Arico, isla de Tenerife:

a) “Nueva Subestación El Porís 220/66 kV”, con n.º de visado TF21266/00, de fecha 24 de febrero de 2015, del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife, y anexo de modificación al proyecto de ejecución con n.º de visado SE1700282, de fecha 7 de marzo de 2017, del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental, correspondiente al expediente SE-2015/013.

b) “Líneas Subterráneas 66 kV DC Arico 2-El Porís y reconfiguración de circuitos Arico 2-Tagoro y Arico 2-Candelaria en la subestación El Porís 66 kV”, con n.º de visado 201500528, de fecha 16 de febrero de 2015, del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, correspondiente al expediente SE-2015/014.

c) “Línea aéreo-subterránea 220 kV DC E/S en El Porís de la línea Candelaria-Granadilla”, con n.º de visado 201500282, de fecha 3 de febrero de 2015, del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, anexo técnico al proyecto con n.º de visado 4644/2017, de fecha 4 de agosto de 2017, del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla, y anexo técnico al proyecto de ejecución con n.º de visado 2363/2024, de fecha 24 de abril de 2024, del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla, correspondiente al expediente SE-2015/015.

Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Reglamento aprobado por el Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, y resto de normativa de aplicación.

Segundo.- La presente autorización sustantiva se dicta en sustitución de la resolución anulada judicialmente (Resolución n.º 1880/2016, de 13 de diciembre, de autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución y declaración de utilidad pública) y, en ejecución de la Resolución n.º 436/2023, de 13 de abril, se le otorga eficacia retroactiva, al amparo del artículo 39.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, con la finalidad de conservar todo el procedimiento expropiatorio tramitado desde el 13 de diciembre de 2016 para ejecutar dichas instalaciones, ya concluidas y en pleno funcionamiento, conservándose igualmente los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción (artículo 51 de la Ley 39/2015).

Tercero.- La puesta en servicio se ajustará a los términos previstos en el artículo 14 del Reglamento aprobado por el Decreto 141/2009, de 10 de noviembre. No resulta procedente fijar un plazo para la puesta en servicio dado que las instalaciones se encuentran en funcionamiento.

Cuarto.- Esta autorización se concede con los efectos previstos en el artículo 6-bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario y sin perjuicio de la obtención de cualquier otra autorización o intervención exigible por la legislación vigente, cuyo otorgamiento competa a otras Administraciones y Organismos Públicos.

Quinto.- Previos los trámites legales oportunos, la Administración podrá declarar la nulidad de esta autorización si se comprobase la inexactitud de las declaraciones del solicitante que figuran en el expediente, conforme a lo dispuesto en el artículo 4.3 del Reglamento aprobado por el Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, así como en el artículo 69.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Sexto.- En materia de caducidad, se estará a lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento aprobado por el Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, y en el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.- En Santa Cruz de Tenerife.- La Jefa de Servicio de Transporte y Generación en R.O., Alejandra Rodríguez Alloza.

Vistos los antecedentes mencionados y en virtud de las competencias que me han sido conferidas,

RESUELVO:

Primero.- Aceptar en todos sus términos la propuesta anterior.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al promotor, a los organismos que informaron o debieron informar en el procedimiento y a los interesados cuyos derechos e intereses resulten afectados por la misma.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Ilma. Sra. Viceconsejera de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la recepción de la notificación de la misma, conforme a lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

Este recurso podrá presentarse en la sede electrónica del Gobierno de Canarias, a través del procedimiento n.º 7590 (https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/7590).

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de mayo de 2026.- El Director General de Energía, Alberto Hernández Suárez.



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