BOC - 2026/112. Lunes 8 de junio de 2026 - 1967

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Cabildo Insular de Tenerife

1967 - ANUNCIO de 20 de mayo de 2026, relativo a la resolución de la discrepancia con el Ayuntamiento de Arafo y la legitimación de la ejecución del proyecto “Mejora de la intersección de la carretera insular TF-28 con la TF-281”, en el término municipal de Arafo..

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El Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de mayo de 2026, acordó resolver la discrepancia con el Ayuntamiento de Arafo y legitimar la ejecución del proyecto “Mejora de la intersección de la carretera insular TF-28 con la TF-281”, en el término municipal de Arafo, en consideración al interés público que lo promueve, y de conformidad con lo establecido en el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que dispone que los actos administrativos podrán ser objeto de publicación cuando así lo aconsejen razones de interés público, resultando en este caso que esas razones provienen de la afección de la aplicación del artículo 334 de la Ley 4/2017, 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, sobre los planeamientos urbanísticos, cuya condición de disposiciones de carácter general determina, para su entrada en vigor, la obligatoria publicación en los diarios oficiales correspondientes (artículo 144.9 y 155 de la Ley 4/2017), se publica íntegramente el citado Acuerdo Insular que se transcribe a continuación:

«Con relación al expediente sobre la resolución de discrepancia con el Ayuntamiento de Arafo relativa al proyecto denominado “Mejora de la intersección de la carretera insular TF-28 con la TF-281”, término municipal de Arafo, promovido por el Cabildo Insular de Tenerife, se emite el presente en base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha de 1 de abril de 2026, tuvo entrada en este Servicio Administrativo de Planificación Territorial escrito procedente del Servicio Administrativo de Carreteras con relación al expediente del proyecto de obra denominado “Mejora de la intersección de la carretera insular TF-28 con la TF-281”, en el término municipal de Arafo, mediante el que se solicita informe de esta Dirección Insular en aplicación del “Protocolo de actuación en aplicación del artículo 334 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, a los proyectos de obras y servicios públicos promovidos por las distintas Áreas de este Cabildo Insular”, aprobado por el Consejo de Gobierno Insular en sesión celebrada el día 16 de marzo de 2021.

Segundo.- Junto a la solicitud presentada, se remite en soporte digital, la siguiente documentación:

- Proyecto de obra “Mejora de la intersección de la carretera insular TF-28 con la
TF-281”, término municipal de Arafo, redactado por Tecnologías Avanzadas de Macaronesia, S.A.(TECAMAC), suscrito en enero de 2022 por el autor del proyecto.

- Informe del Servicio Técnico de Carreteras y Movilidad, de fecha 16 de marzo de 2026.

- Notificación del Decreto n.º 2026-0348 del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arafo, de 2 de marzo de 2026, de toma de conocimiento del informe urbanístico emitido por el arquitecto técnico municipal con fecha 27 de febrero de 2026, sobre la disconformidad urbanística del proyecto con el planeamiento municipal.

Tercero.- La actuación objeto del presente informe que promueve el Cabildo Insular de Tenerife, según se desprende del análisis técnico efectuado, consiste en dos intervenciones principales sobre las carreteras TF-28 y TF-281.

Por un lado, la creación de una glorieta en la actual intersección en la que se resuelven todos los movimientos entre ambos viarios, salvo el del tráfico que proveniente de Güímar gira hacia la autopista TF-1, para el cual, al ser el de mayor intensidad, se crea un carril propio con incorporación directa desde la TF-28 a la TF-281.

Por otro lado, la creación de un nuevo viario de servicio adyacente a ambas carreteras para dar accesos directos a las parcelas particulares.

Cuarto.- Del informe emitido por el técnico municipal respecto a la adecuación del proyecto al Plan General de Ordenación de Arafo, se constata que parte de este no cumple con el planeamiento municipal en vigor, concluyéndose en el siguiente sentido:

“Examinado el planeamiento urbanístico vigente, se verifica que la mayor parte de las actuaciones proyectadas se emplazan en el interior del suelo urbano consolidado, concretamente en el ámbito destinado a viario rodado, resultando compatibles con las determinaciones del planeamiento municipal en vigor. No obstante, se identifica un pequeño tramo puntual, situado en la confluencia de las vías TF-28 y la TF-281, con una superficie aproximada de 50 m2, que invade o se desarrolla bajo suelo clasificado como urbano consolidado y calificado como Manzana Cerrada 2 plantas (MC2), circunstancia que determina -para dicho tramo- su disconformidad urbanística respecto al planeamiento aplicable”.

Quinto.- Por su parte, el Servicio Técnico de Carreteras y Movilidad ha manifestado lo siguiente en su informe de 16 de marzo de 2026, con relación a la disconformidad del proyecto puesta de manifiesto por el Ayuntamiento:

“(…)

A pesar de la disconformidad manifestada por el Ayuntamiento, se informa por parte de este Servicio Técnico la necesidad por el interés público de ejecutar el referido proyecto con la finalidad de mejorar el tráfico y la seguridad vial en el ámbito del mismo, lo que exige la construcción de una rotonda con carril segregado más viario para dar acceso a las fincas colindantes, que, sin este viario, se quedarían incomunicadas.

En el referido proyecto se estudiaron diferentes alternativas, en total 9, planteándose en todas las alternativas la ejecución de una rotonda en la intersección de la carretera TF-28 con la TF-281, diseño que con el que se consigue uno de los objetivos perseguidos en el proyecto que son la eliminación de los giros a la izquierda en esta intersección.

De todas las alternativas planteadas, la seleccionada fue la que resolvía la gran mayoría de los problemas existentes en la intersección que era la eliminación de los giros a la izquierda en la intersección de la TF-28 con la TF-281 con el diseño de una rotonda, la reducción de las importantes retenciones con el diseño de un carril directo entre la TF-28 hacia la TF-281 sin necesidad de pasar por la rotonda y la reposición de acceso a parcelas afectadas, mediante el diseño de un vial a cota inferior de la rotonda. Además, en el proyecto se incluye la mejora de las paradas de transporte público, de los itinerarios peatonales y pasos de peatones en la carretera TF-28, de los que carece actualmente la vía.

Tal como viene, además, en la memoria y en el anejo n.º 2 del proyecto, de las alternativas estudiadas, en algunas, la invasión fuera de los sistemas generales viales del plan general de ordenación era mayor que en la alternativa seleccionada”.

Sexto.- A la vista de la discrepancia planteada por el Arquitecto Insular de esta Dirección, se ha emitido informe con fecha 6 de mayo de 2026 en el que, tras identificar las determinaciones del planeamiento urbanístico sobre las que, según el informe municipal, se produce la disconformidad del proyecto y valorar la importancia de dicha disconformidad, así como ponderar el interés público del proyecto y, en particular, el interés público de su disconformidad con las determinaciones concretas del planeamiento municipal, comparando ambos intereses públicos, para decantarse por la solución más conveniente a fin de resolver la discrepancia, se ha indicado lo siguiente:

“(…) Tal como se señala en la Memoria del proyecto, durante el proceso de redacción se realizó un esfuerzo de consenso con los ayuntamientos de Arafo y de Güímar, planteándose hasta 9 alternativas, de las que resultó seleccionada la 9. La solución contemplada en el proyecto es la recogida en la imagen derecha adjunta sobre foto aérea, que puede compararse con la situación actual, reflejada en la imagen izquierda.

El informe técnico municipal señala que “la mayor parte de las actuaciones proyectadas se emplazan en el interior del suelo urbano consolidado, concretamente en el ámbito destinado a viario rodado, resultando compatibles con las determinaciones del planeamiento municipal en vigor. No obstante, se identifica un pequeño tramo puntual, situado en la confluencia de las vías TF-28 y la TF-281, con una superficie aproximada de 50 m2, que invade o se desarrolla bajo suelo clasificado como urbano consolidado y calificado como Manzana Cerrada 2 plantas (MC2), circunstancia que determina -para dicho tramo- su disconformidad urbanística respecto al planeamiento aplicable”.

En la imagen adjunta (incluida en el informe técnico municipal) puede apreciarse que, en efecto, en la parte en curva del enlace, el nuevo viario de servicio “muerde” la esquina de la banda de suelo con calificación residencial en el PGO de Arafo.

2. Criterios generales para resolver las discrepancias.

La legislación vigente otorga a las Administraciones públicas la potestad de autorizar por sí mismas (sin requerir licencia municipal) sus proyectos de obras y servicios públicos. Estos proyectos, por regla general, han de adecuarse a la legalidad urbanística, lo que incluye cumplir con las determinaciones del planeamiento urbanístico vigente. No obstante, siempre que se motive adecuadamente, la Ley permite que la administración promotora autorice la ejecución del proyecto incluso incumpliendo el planeamiento vigente.

Estos casos deben entenderse excepcionales y han de motivarse los siguientes requisitos:

a) Que cumplir las determinaciones del planeamiento hiciera inviable la ejecución del proyecto.

b) Que el interés público de la ejecución del proyecto sea superior al que sustenta la determinación de planeamiento que se incumple.

(…)

5. Conclusiones.

Lo expuesto en los anteriores epígrafes puede resumirse en lo siguiente:

a) Que, para lograr sus finalidades, la actuación debe ejecutarse tal como se recoge en el proyecto, sin que quepa ninguna alternativa que evita incumplir las determinaciones del planeamiento urbanístico de Arafo.

b) Que dicho incumplimiento, consistente en la ocupación de suelo con calificación residencial, es de una dimensión mínima.

c) Que la actuación proyectada reviste indudable interés público.

d) Que el incumplimiento del planeamiento se debe fundamentalmente a que la ordenación vigente no es correcta desde los criterios de buena práctica urbanística y, por tanto, no es adecuada al interés público.

Consiguientemente, se concluye que el interés público de la ejecución del proyecto es manifiestamente superior al que sustenta las determinaciones del planeamiento urbanístico de Arafo que se incumplen y, por tanto, se entiende que procede la legitimación de la ejecución del proyecto, toda vez que queda motivada la resolución de la discrepancia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 334.3 LSENPC.

Asimismo, se propone instar al Ayuntamiento de Arafo a que modifique el planeamiento urbanístico municipal corrigiendo los dos aspectos señalados en este informe que no son acordes al interés público:

a) Con carácter obligatorio, modificar la alineación del suelo con calificación residencial sustituyendo la alineación vigente en ángulo agudo por un chaflán, de modo que el trazado del viario de servicio quede dentro de la zona con calificación viaria.

b) Como recomendación, revisar la ordenación de las bandas edificables a ambos lados de los dos viarios insulares para que sea más adecuada a su situación frente a ejes territoriales y más congruente con las características tipológicas de las edificaciones existentes”.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El artículo 19 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (Ley 4/2017), se refiere a la cooperación interadministrativa en actuaciones con relevancia territorial, señalando que:

“Las actuaciones que se relacionan a continuación están sujetas a cooperación interadministrativa:

(…)

c) Los proyectos de construcción, edificación o uso del suelo para obras o servicios públicos de la Administración pública de la comunidad autónoma o de los Cabildos Insulares, aunque afecten al territorio de un solo municipio. Quedan excluidas las actuaciones de mantenimiento y conservación necesarias para el buen funcionamiento de las obras y servicios públicos.

(…)

6. La conclusión del trámite de consulta sin superación de las discrepancias manifestadas durante el mismo no impide la continuación y terminación del procedimiento, previa adopción y notificación por la administración actuante de resolución justificativa de los motivos que han impedido alcanzar un acuerdo.

7. Sin perjuicio de lo anterior, los proyectos de obras o servicios públicos de la Administración autonómica o de las islas a que se refiere la letra c) del apartado 1 de este artículo se tramitarán con arreglo a lo dispuesto en el artículo 334 de esta ley”.

Segunda.- Con relación a ello, el artículo 334.2 de la Ley 4/2017 dispone que “No están sujetos a licencia ni a comunicación previa los actos de construcción, edificación y uso del suelo, incluidos en los proyectos de obras y servicios públicos de cualquiera de las administraciones públicas canarias, sujetos al régimen de cooperación previsto en el artículo 19 de esta ley. En tales supuestos, la resolución del procedimiento de cooperación legitimará por sí misma la ejecución de los actos de construcción, edificación y uso del suelo incluidos en los proyectos de obras y servicios públicos, siempre que el Ayuntamiento hubiera manifestado la conformidad del proyecto a la legalidad urbanística dentro del plazo de un mes, o de quince días en caso de urgencia, o hubiera dejado transcurrir tales plazos sin pronunciamiento alguno al respecto”.

El proyecto de referencia presenta los presupuestos legales exigidos toda vez que la administración promotora es el Cabildo Insular de Tenerife, a través de la Consejería con Delegación en Carreteras, perteneciente a la Consejería Insular de Movilidad, y, además, las actuaciones se encuentran incluidas en un proyecto de obra pública tal y como consta en la documentación que obra en el expediente.

Tercera.- Que no obstante, tal y como se desprende de los antecedentes de hecho expuestos, en el marco del procedimiento previsto en los artículos 19.1 y 334 de la Ley 4/2017, el Ayuntamiento de Arafo ha manifestado mediante Decreto n.º 2026-0348 del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arafo, de 2 de marzo de 2026, e informe urbanístico emitido por el arquitecto técnico municipal el 27 de febrero de 2026, notificados a este Cabildo el 3 de marzo de 2026, la disconformidad del proyecto de referencia con las determinaciones del Plan General de Ordenación de Arafo, lo que conduce a la aplicación de lo señalado en el apartado 3 del artículo 334, en el que se dispone lo siguiente:

“3. En el caso de que el ayuntamiento manifestara su oposición fundada al proyecto dentro de dicho plazo, la resolución motivada de la discrepancia, legitimando en su caso su ejecución, corresponderá al cabildo insular, si la promoción de la obra corresponde al propio cabildo, a entidades públicas dependientes o a cualquier administración local y en los demás casos, al Gobierno de Canarias”.

Cuarta.- La decisión de la resolución insular de la discrepancia manifestada debe motivarse con los argumentos jurídicos y técnicos que la justifiquen, toda vez que se trata de legitimar la ejecución de la obra pública tal y como está proyectada por el excepcional interés público que la promueve y dado que ese mismo interés no podría satisfacerse de ejecutarse de acuerdo con lo previsto en el planeamiento. En este sentido, en la línea de lo exigido por el artículo 35.1.i) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la motivación de esta decisión o acuerdo debe descansar necesariamente en dos aspectos fundamentales:

1. Que la ejecución del proyecto no pueda adecuarse a las determinaciones del planeamiento urbanístico.

Al respecto, el fundamento jurídico tercero de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1.ª, Sentencia 219/2012, de 25 de abril de 2012, Rec. 183/2007, señala lo siguiente:

Tercero.- Este procedimiento es sustancialmente el mismo para obras realizadas por el Estado [artículo 180 de la Ley del Suelo de 1976 (la Ley 611/1976), artículo 244 de la Ley del Suelo de 1992 (la Ley 1921/1992) y disposición adicional 10.ª de la Ley del Suelo vigente Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio (la Ley 8457/2008)]. La diversidad de intereses presentes en el campo del urbanismo y su concreta articulación -“en la relación entre el interés local y el interés supralocal es claramente predominantemente este último”, Sentencia del Tribunal Constitucional 170/1989, de 19 de octubre- (la Ley 127417-NS/0000) justifican la subsistencia de la potestad excepcional del artículo 180.2 del texto refundido, dado que la autonomía municipal no se garantiza por la Constitución para incidir de forma negativa sobre los intereses generales de la nación o en otros intereses generales distintos de los propios de la entidad local -Sentencia del Tribunal Constitucional 4/1981, de 2 de febrero- (la Ley 7160-NS/0000). La potestad del artículo 180.2, pues, tiene carácter instrumental y por tanto su atribución subjetiva en cada caso estará en función de la competencia para la realización de los fines a los que sirve el proyecto que se trata de realizar.- STS de 18 de septiembre de 1990.

El Tribunal Constitucional, en su Sentencia 149/1998 (la Ley 8308/1998), de 2 de julio, dice: “Como ha señalado este Tribunal Constitucional en la STC 56/1986 (La Ley 73861-NS/0000), en relación con el ejercicio por el Estado de las facultades que podía asumir conforme al artículo 180.2 TRLS (1976), en términos perfectamente aplicables a la ordenación del territorio, el planeamiento territorial y urbanístico forma parte del ordenamiento jurídico al que están sujetos todos los poderes públicos (artículo 9.1 C.E.), de modo que el Estado tendrá que conformar en principio los actos que pretenda realizar al planeamiento existente. Solo cuando no resulte posible esa adecuación y el excepcional interés público exija no solo proceder por vía de urgencia, sino no respetar el planeamiento establecido, cabrá apartarse de este, si bien, como se ha precisado también en la mencionada Sentencia, la concurrencia de tales requisitos no puede ser apreciada discrecionalmente por la Administración del Estado y los acuerdos que al respecto adopte serán recurribles ante la jurisdicción competente, correspondiendo a los Tribunales decidir si se han dado determinados presupuestos de urgencia o excepcional interés público y si era necesario, en su caso, apartarse del planeamiento establecido (fundamento jurídico 4). En otras palabras, el Estado podrá ejercer la facultad de acordar la ejecución de proyectos de obras, actividades o servicios que puedan resultar eventualmente contrarios con las determinaciones de los instrumentos de ordenación territorial o las de los planes urbanísticos cuando lo haga en uso de una competencia reservada, artículo 149.1 CE (la Ley 2500/1978), y siempre que se den los presupuestos que se señalaban en el artículo 180 TRLS (1976) y que hoy recoge el vigente artículo 244 TRLS (1992), es decir, razones de urgencia o excepcional interés público, de forma que solo acudiendo a lo preceptuado en dicho artículo sea posible el ejercicio de las referidas competencias [STC 56/1986 (La ley 73861-NS/0000), fundamento jurídico 3.º]”.

En sentido similar se manifiesta el fundamento sexto de la Sentencia 157/2010, de 21 de enero de 2010, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el Recurso 282/2007:

“Dicha de otro modo, no es que la norma del artículo 161 confiera a la Comunidad la última decisión ante su discrepancia con el Ayuntamiento sobre la normativa urbanística, sino que autoriza a aquella a eludir las consecuencias de la infracción de esta normativa cuando la obra tenga un excepcional interés general y no sea posible acoplarla al planeamiento. En estas circunstancias es el planeamiento el que deberá acomodarse a los usos o condiciones que determine la ejecución de la obra”.

2. Que la ejecución del proyecto cuente con un excepcional interés público, pudiendo imponerse así al interés público que protegen las determinaciones urbanísticas que la impedirían.

Al respecto, la Sentencia de 12 de diciembre de 2012 de la Sala tercera de lo
Contencioso-administrativo, Sección 5.ª, del Tribunal Supremo, señala lo que sigue en su fundamento segundo:

“(…) cuando el Ayuntamiento interesado comunica su disconformidad con la acomodación del proyecto de obras al planeamiento, se proyecta en una doble dirección: la una, por la decisión final acerca de la ejecución del proyecto por la Administración que cuida del interés superior, y, la otra, por el ajuste del planeamiento urbanístico a la nueva situación creada por la inviabilidad de la obra definitivamente puesta en marcha, ámbitos que son distintos, por ser diferente su virtualidad, ya que el primer momento es decisivo al imponerse un proyecto concreto contra el planeamiento en vigor.

En este sentido, la Sentencia de este Tribunal Supremo, de 6 de octubre de 1998, destaca: “...que el ejercicio de tal potestad viene condicionado por la preexistencia de razones de urgencia o excepcional interés público, que son conceptos jurídicos indeterminados a integrar conforme a las circunstancias de cada supuesto concreto contemplado, y bastando la concurrencia de una de ellas para que pueda adquirir plena efectividad de materialización de la potestad emanada del artículo 244.2 del referido Real Decreto Legislativo 1/1992 (la Ley 1921/1992), con arreglo al cual la competencia municipal se limita a informar sobre la conformidad del proyecto de obra con el planeamiento urbanístico en vigor, informe que no tiene ni el alcance de la licencia ni su posible carácter negativo que supone un impedimento para la obra en cuestión”.

Ha puntualizado la Jurisprudencia que en tanto en cuanto nos hallamos ante una excepción al principio general de intervención del Ayuntamiento en todas las obras que se realicen en su término municipal, resulta obligado verificar en cada supuesto la concurrencia de las específicas razones de urgencia o de excepcional interés público que legitiman la utilización de un procedimiento tan excepcional como el presente, que en razón precisamente de su carácter excepcional exige una motivación que satisfaga mínimamente las exigencias que el uso de tan exorbitante potestad supone. Pues bien, descendiendo, sobre la base de estas premisas, al examen del caso, coincidimos con la Sala de la instancia, cuyo criterio compartimos por entero, en que el acudir a una facultad excepcional como la presente requiere un especial rigor en la justificación de su ejercicio (…)”.

Quinta.- Que al hilo de la motivación a la que se refiere el apartado anterior, conforme al informe emitido por el Arquitecto Insular de esta Dirección que obra en el expediente, se sustenta la resolución de la discrepancia del proyecto con la normativa municipal manifestada por el Ayuntamiento de Arafo, legitimando, en su caso, su ejecución, en aplicación del artículo 334.3 de la Ley 4/2027, conforme a los siguientes argumentos:

“(…)

3. Inviabilidad del proyecto en cumplimiento del planeamiento vigente.

La ordenación urbanística vigente consiste en la calificación de bandas residenciales a ambos lados de la TF-28, separando la alineación frontal de las parcelas edificables unos 20 metros del borde de la carretera actual. Además, también crea bandas edificables a ambos lados de los varios caminos que surgen de esta carretera. Esta ordenación no es la más adecuada a los criterios de la buena práctica urbanística, pues supone reforzar un modelo lineal (sin apenas trama urbana) apoyado en un eje viario de marcada funcionalidad territorial, degradándolo. De otra parte, tampoco puede justificarse por razones de incorporar a la ordenación las edificaciones previas, ya que el esquema de banda edificable continua no responde ni a estas ni a la parcelación existente.

Lo anterior queda especialmente de manifiesto en la esquina de la banda edificable en la que se produce la incompatibilidad del proyecto con el planeamiento municipal. Establecer una alineación que genera una esquina en ángulo agudo no es, desde luego, una solución correcta desde el diseño urbano. Pero, además, en este caso concreto no se compadece con la estructura parcelaria ni con la edificación existente. Lo correcto habría sido trazar un chaflán que uniera ambas alineaciones (a la TF-28 y a la TF.281) cuya línea sería congruente con la geometría de la parcelación y de la edificación existente (la cual ha sido dejada en fuera de ordenación). Como puede apreciarse en la imagen adjunta, si se hubieran trazado las alineaciones con mayor atención a la realidad que ordenaba, el proyecto de mejora del enlace entre estas carreteras sería conforme con el PGO.

Pero no solo la ordenación urbanística no es la adecuada para esos terrenos, sino que, sobre todo, el PGO la estableció sobre el supuesto de la permanencia de las dos carreteras en sus actuales dimensiones, sin prever en absoluto ni su ensanchamiento ni la implantación de una glorieta en el cruce. Aun así, el PGO, en cumplimiento de la Ley de Carreteras, separó suficientemente de las carreteras las alineaciones de las bandas edificables, lo que ha permitido “encajar” el ensanchamiento y glorieta en la casi totalidad de su extensión. No obstante, la ejecución de esta obra debería llevar al Ayuntamiento de Arafo a plantear una revisión del modelo de ordenación de este tramo, no solo por el pequeño triángulo afectado directamente por la obra, sino sobre todo para dar una solución urbanística más congruente con el frente a un viario insular y con las tipologías arquitectónicas existentes.

Por tanto, la primera conclusión que ha de señalarse es que la ordenación vigente no es adecuada para esos terrenos, tanto por no responder a los criterios de buena práctica urbanística en este tipo de situaciones y, sobre todo, por no haber previsto las necesidades de mejora del viario insular. Ahora bien, pese a ello, se comprueba que en la elaboración del proyecto se ha intentado al máximo que la intervención cumpliera las determinaciones urbanísticas vigentes, reduciendo al mínimo el diámetro de la glorieta y acercando excesivamente el viario de servicio al carril de acceso directo. Aun así, no el viario de servicio invade la banda edificable en una mínima superficie de 50 m2s.

Verificada la solución proyectada, cabe afirmar que no es posible, cumpliendo los requisitos del trazado de carreteras, evitar esa mínima superposición del viario de servicio sobre la banda residencial. Adecuarse a la ordenación vigente implicaría suprimir dicho viario de servicio, dejando sin acceso a fincas particulares. Por el contrario, si la ordenación urbanística hubiera sido la correcta, es probable que el proyecto elaborado hubiera ocupado algo más de espacio, resultando una mejor solución viaria. Así pues, cumplir la ordenación urbanística inviabiliza cualquier otra solución viaria que resuelva los problemas objeto de esta intervención.

4. Ponderación de los intereses públicos confrontados.

No hace falta motivar (porque ya se justifica en la memoria y así ha sido asumido por los dos ayuntamientos) el interés público de mejorar el enlace entre las carreteras insulares TF-28 y TF281. De otra parte, como se ha expuesto en el epígrafe anterior, la ordenación vigente dista de ser la más correcta desde los criterios de la buena práctica urbanística y, por lo tanto, tampoco es la solución que recoge más adecuadamente el interés público.

(…)”.

Asimismo, de las consideraciones expuestas por el Servicio Técnico de Carreteras y Movilidad en el informe emitido el 16 de marzo de 2026 se desprende el interés público en la ejecución del referido proyecto para poder mejorar el tráfico y la seguridad vial en el ámbito del mismo, así como para resolver los problemas que se generan en la intersección. A pesar de haberse barajado otras alternativas, hasta un total de nueve, la rotonda planteada en la alternativa elegida es la que resuelve el mayor número de los conflictos existentes además de ser, en comparación con algunas, la que menos terreno ocupa fuera de los sistemas generales.

Sexta.- En caso de que el órgano insular competente adopte el correspondiente acuerdo que legitime la ejecución del proyecto de referencia, resultaría conveniente que una vez ejecutadas y recibidas las obras por la Administración, con ocasión de la siguiente alteración sustancial del Plan General de Arafo, se modifiquen las determinaciones incompatibles con la nueva situación. Ello en el sentido de lo señalado por la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 2012 antes referenciada: “cuando el Ayuntamiento interesado comunica su disconformidad con la acomodación del proyecto de obras al planeamiento, se proyecta en una doble dirección: la una, por la decisión final acerca de la ejecución del proyecto por la Administración que cuida del interés superior, y, la otra, por el ajuste del planeamiento urbanístico a la nueva situación creada por la inviabilidad de la obra definitivamente puesta en marcha, ámbitos que son distintos, por ser diferente su virtualidad, ya que el primer momento es decisivo al imponerse un proyecto concreto contra el planeamiento en vigor”.

En concreto, y tal y como se ha indicado en el informe técnico emitido, se propone al Ayuntamiento de Arafo la modificación del planeamiento urbanístico municipal en lo que respecta a la alineación del suelo con calificación residencial, sustituyendo la alineación vigente en ángulo agudo por un chaflán, de modo que el trazado del viario de servicio quede dentro de la zona con calificación viaria. Además, se recomienda revisar la ordenación de las bandas edificables a ambos lados de los dos viarios insulares para que sea más adecuada a su situación frente a ejes territoriales, y más congruente con las características tipológicas de las edificaciones existentes.

Séptima.- Las actuaciones de referencia se encuentran enmarcadas en el ámbito del “Protocolo de actuación en aplicación del artículo 334 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, a los proyectos de obras y servicios públicos promovidos por las distintas Áreas de este Cabildo Insular”, aprobado por el Consejo de Gobierno Insular en la sesión celebrada el 16 de marzo de 2021, que contempla, entre otros aspectos, que:

“VI. A la vista del informe emitido, el Consejo de Gobierno Insular decidirá si procede, a la vista del expediente, ejecutar el proyecto, y, en este caso, ordenará la resolución favorable de la discrepancia.

VII. Dicho acuerdo favorable será remitido por el ámbito de planificación del territorio al Área Insular correspondiente para la posterior aprobación del proyecto, en su caso. Correspondiendo a cada Área promotora la verificación del cumplimiento del resto de requisitos, autorizaciones sectoriales, etc… para la aprobación de los proyectos”.

Octava.- Que el artículo 45.1 de la Ley 39/2015 dispone que los actos administrativos podrán ser objeto de publicación cuando así lo aconsejan razones de interés público, resultando en este caso que esas razones provienen de la afección de la aplicación del artículo 334 de la Ley 4/2017 sobre los planeamientos urbanísticos, cuya condición de disposición de carácter general determina la obligatoria publicación para su entrada en vigor en los diarios oficiales correspondientes (artículos 144.9 y 155 de la Ley 4/2017).

Asimismo, y en base al mismo argumento, se estima que procede la publicación del acuerdo que se adopte en el Portal de Transparencia del Cabildo Insular de Tenerife (artículo 32 y disposición adicional séptima de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, en consonancia con la Sección 4.ª de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares).

Novena.- Que de acuerdo con el artículo 12.2.q) del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración del Cabildo Insular de Tenerife, corresponde al Consejo de Gobierno Insular “La resolución de la discrepancia en caso de oposición del Ayuntamiento afectado por los actos de construcción, edificación y uso del suelo, incluidos en los proyectos de obras y servicios públicos promovidos por el Cabildo Insular de Tenerife, en los términos previstos en la legislación del suelo de la Comunidad Autónoma de Canarias”.

Por todo lo expuesto, el Consejo de Gobierno Insular, por unanimidad de los miembros presentes,

ACUERDA:

Primero.- Resolver la discrepancia con el Ayuntamiento de Arafo del proyecto de obra denominado “Mejora de la intersección de la carretera insular TF-28 con la TF-281”, en el término municipal de Arafo, promovido por la Consejería con Delegación en Carreteras de este Cabildo Insular de Tenerife, dado su interés público, todo ello conforme a lo señalado en el artículo 334.3 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

Segundo.- Legitimar la ejecución del proyecto “Mejora de la intersección de la carretera insular TF-28 con la TF-281”, en el término municipal de Arafo, en consideración al interés público que lo promueve, sin perjuicio de las autorizaciones y/o informes preceptivos que, en su caso, resulten exigibles por la legislación sectorial.

Tercero.- Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de Canarias, en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y en el Portal de Transparencia del Cabildo Insular de Tenerife.

Cuarto.- Comunicar el presente Acuerdo al Servicio Administrativo de Carreteras de esta Corporación Insular, la cual deberá tener en cuenta lo señalado en el Apartado VII del “Protocolo de actuación en aplicación del artículo 334 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, a los proyectos de obras y servicios públicos promovidos por las distintas Áreas de este Cabildo Insular” para la aprobación del proyecto.

Quinto.- Proponer al Ayuntamiento de Arafo la modificación de su Plan General de Ordenación, al objeto de que en este se recoja la nueva alineación de chaflán del viario insular objeto de esta discrepancia, quedando el trazado del viario de servicio dentro de la zona calificada como viario por el Plan General.

Sexto.- Notificar al Ayuntamiento de Arafo la decisión adoptada por este órgano insular.

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, procederá la interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sección de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia competente en Santa Cruz de Tenerife, dentro del plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la recepción de la presente notificación, sin perjuicio de dirigir a esta Corporación el requerimiento previo establecido en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, así como de la interposición de cualquier otro recurso que estime procedente».

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de mayo de 2026.- El Consejero Insular del Área de Presidencia, Administración y Servicio Público, Planificación Territorial y Patrimonio Histórico, José Miguel Ruano León.



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