BOC - 2026/112. Lunes 8 de junio de 2026 - 1965

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Cabildo Insular de La Palma

1965 - ANUNCIO de 26 de mayo de 2026, relativo a la declaración de caducidad del procedimiento para la declaración de Bien de Interés Cultural, en la categoría de bien inmueble como “Conjunto Histórico de la antigua Hacienda y Llano de Argual”, en el entorno del Llano y Canal de Argual, en el término municipal de Los Llanos de Aridane..

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Con fecha 18 de junio de 2026, el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Palma ha dictado el Decreto n.º 2026/4563, para declarar la caducidad del procedimiento para la declaración de Bien de Interés Cultural, en la categoría de bien inmueble como “Conjunto Histórico de la antigua Hacienda y Llano de Argual”, en el entorno del Llano y Canal de Argual, en el municipio de Los Llanos de Aridane, cuyo tenor literal es el siguiente:

«ANTECEDENTES

Primero.- En fecha 6 de junio de 2023, en el Boletín Oficial de Canarias n.º 108, se hace público el anuncio de 23 de mayo de 2023, relativo al Decreto n.º 2023/4925, de fecha 19 de mayo, por el que se incoa el expediente de declaración de Bien de Interés Cultural, en la categoría de bien inmueble como “Conjunto Histórico de la antigua Hacienda y Llano de Argual”, en el entorno del Llano y Canal de Argual, en el municipio de Los Llanos de Aridane, y se abre un periodo de información pública de treinta (30) días, a fin de que las personas interesadas pudiesen presentar las alegaciones que fueran pertinentes.

Segundo.- En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 30.1 de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, se solicitan, en fecha de 26 de junio de 2023, a dos de los órganos consultivos previstos en la ley los correspondientes informes: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Universidad de La Laguna.

Solo emite informe la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que tiene registro de entrada en el Cabildo Insular de La Palma de fecha de 23 de octubre de 2023, concluyendo que hay que considerar el Conjunto Histórico de la Antigua Hacienda y Llano de Argual y su entorno como un lugar que reúne todos los requisitos -naturales, geográficos, históricos, etnográficos- para ser considerado como Bien de Interés Cultural, de acuerdo con los preceptos establecidos en la Ley 11/2019, de 23 de abril, de Patrimonio Histórico Cultural de Canarias, y la Ley de Patrimonio Histórico Español, de 25 de junio de 1985.

Tercero.- En el Boletín Oficial de Canarias n.º 190, de fecha 26 de septiembre de 2023, se hace público el Decreto n.º 2023/8368, complementario del referido en el antecedente primero, a fin publicar los anexos del BIC de referencia, que incluyen: memoria descriptiva (Anexo 1), la delimitación (Anexo II) y soporte gráfico (Anexo III), abriendo igualmente un periodo de información pública de treinta (30) días, a fin de que las personas interesadas pudiesen presentar las alegaciones que fueran pertinentes.

Cuarto.- Por lo tanto, la publicación de la Resolución de iniciación del expediente se produce el día 6 de junio de 2023, los informes preceptivos se solicitan a los órganos colegiados el día 26 de junio de 2023 y, a fecha del presente informe, el procedimiento no ha sido resuelto.

Quinto.- El plazo para resolver el procedimiento son veinticuatro (24) meses, a contar desde su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, a los que hay que añadir cuatro (4) meses -suspensión de plazo por emisión de informes preceptivos-, en consecuencia, se considera que se produjo la caducidad del procedimiento el día 6 de octubre de 2025.

Sexto.- Consta en el expediente informe jurídico suscrito por la Jefa de Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico de fecha 15 de mayo de 2026.

FUNDAMENTOS

Primero.- El régimen jurídico se localiza, con carácter principal, en la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias (LPCC), en cuanto norma sectorial específica, y en el Decreto 111/2004, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre Procedimiento de Declaración y Régimen Jurídico de los Bienes de Interés Cultural.

Asimismo, resulta de aplicación supletoria la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como cuantas normas administrativas generales o sectoriales resulten de aplicación, en función de la naturaleza del bien, del tipo de uso pretendido y del régimen competencia correspondiente.

Segundo.- La competencia se atribuye a este Cabildo Insular de La Palma, artículos 16 y 27 de la LPCC.

Tercero.- De acuerdo con el artículo 31 de la LPCC:

“1. El procedimiento para la declaración de Bien de Interés Cultural deberá resolverse y notificarse en el plazo máximo de veinticuatro meses desde el inicio del procedimiento, sin perjuicio del plazo de suspensión del procedimiento previsto en la legislación de procedimiento administrativo común.

2. Transcurrido dicho plazo sin resolución expresa, se declarará la caducidad del procedimiento, no pudiendo volverse a iniciar hasta que transcurran dos años desde la declaración de caducidad, salvo cuando medie solicitud de la propia persona titular del bien, de las personas interesadas cuando se trate de un bien inmaterial, o de dos de las instituciones consultivas reconocidas por esta ley.

3. La declaración de caducidad del procedimiento corresponderá a la persona titular del departamento de la Administración competente para iniciar y tramitar en procedimiento, en cada caso”.

Cuarto.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo 25.1, prevé que “En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver”, produciendo la caducidad para el caso de aquellos “procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen” [artículo 25.1, apartado b)]. Para estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones.

En el presente procedimiento, el plazo de 24 meses desde la fecha de incoación del expediente ya ha sido superado.

Quinto.- Asimismo, el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone:

“La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.

En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables”.

Sexto.- De conformidad con las competencias atribuidas por el artículo 124.4.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y lo dispuesto en la disposición adicional decimocuarta de dicha Ley, el artículo 57.n) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares, y el artículo 17.1.z) del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma (BOP n.º 33, de 16.3.2018).

Considerando la propuesta emitida por el Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico de este Cabildo,

RESUELVO:

Primero.- Declarar la caducidad del procedimiento respecto a la declaración de Bien de Interés Cultural en la categoría de bien inmueble como “Conjunto Histórico de la antigua Hacienda y Llano de Argual”, en el entorno del Llano y Canal de Argual, en el municipio de Los Llanos de Aridane, por el transcurso del tiempo para resolver el procedimiento, que es de veinticuatro (24) meses, a contar desde su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC n.º 108, de fecha 6.6.2023), debiendo añadir la suspensión del plazo por emisión de informes preceptivos, que fue de cuatro (4) meses, por lo que en consecuencia la caducidad del procedimiento se produjo el día 6 de octubre de 2025.

Segundo.- Declarar el archivo del expediente, no pudiendo volverse a iniciar hasta que transcurran dos años desde la declaración de caducidad, salvo cuando medie solicitud de la propia persona titular del bien, de las personas interesadas cuando se trate de un bien inmaterial, o de dos de las instituciones consultivas reconocidas por esta ley.

Tercero.- Por afectar a una pluralidad de interesados, antes del transcurso de diez (10) días, una vez dictado el Decreto de Presidente, publicar el mismo en el Boletín Oficial de La Provincia de Santa Cruz de Tenerife y en el Boletín Oficial de Canarias, notificándolo al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y a los posibles interesados en el expediente, así como comunicarlo al Registro de Bienes de Interés Cultural.

Cuarto.- Del presente Decreto dar traslado al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y a la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias.

Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que lo dictó, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 30.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar de la notificación o publicación de la misma (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa) ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Santa Cruz de Tenerife (artículo 8 de la citada Ley). No obstante, también se puede interponer cualquier otro recurso que se estime pertinente en defensa de sus derechos.

Para el supuesto de interposición de recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta».

Santa Cruz de La Palma, a 26 de mayo de 2026.- El Presidente, Sergio Javier Rodríguez Fernández.



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