Visto el expediente de revisión de oficio del Decreto 159/2018, de 12 de noviembre, instruido por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, y el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, de fecha 26 de marzo de 2026.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES DE HECHO
1.º) Mediante Orden de 26 de junio de 2014, por la que se modifica, en ejecución de Sentencias, la Orden de 8 de junio de 2009, que resuelve para el sistema eléctrico de Lanzarote, el concurso público para la asignación de potencia en la modalidad de nuevos parques eólicos, destinados a verter toda la energía en los sistemas eléctricos insulares canarios, convocado por Orden de 27 de abril de 2007 (BOC n.º 145, de 29.7.2014), se asignó al Parque Eólico San Bartolomé (Exp. V-07/135) -promovido por INALSA- una potencia de 9,2 MW.
2.º) Con fecha 3 de septiembre de 2014 se presenta por INALSA resguardo de mandamiento de constitución de depósitos en metálico en concepto de aseguramiento de la realización de las inversiones previstas por los adjudicatarios de potencia en el concurso, por importe de 460.000 euros, a razón de 50.000 euros por MW de potencia asignada.
3.º) Con fecha 1 de octubre de 2014 se presenta escrito por INALSA solicitando a la Dirección General de Industria y Energía iniciar la tramitación del Estudio de Impacto Ambiental del “Parque Eólico San Bartolomé”, así como la tramitación de servidumbres aeronáuticas ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea -en adelante, AESA-.
4.º) Con fecha 6 de octubre de 2014 por parte de la entidad INALSA se presentó solicitud de autorización administrativa de la instalación “Parque Eólico San Bartolomé de 9,2 MW”, siendo admitida a trámite en idéntica fecha.
5.º) Con fecha 10 de octubre de 2014 por la Dirección General de Industria y Energía se remite a la Dirección General de Protección de la Naturaleza “el documento inicial del proyecto, al objeto de que se determine, por parte de ese órgano ambiental, el documento de alcance del estudio de impacto ambiental, conforme a lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental.
Asimismo, al objeto de cumplimentar el trámite de consulta a las administraciones públicas afectadas, se le significa que, por parte de este órgano sustantivo no se efectúan observaciones sobre el documento inicial del proyecto, indicándose únicamente que a menos de 2 kilómetros del parque eólico objeto de tramitación se localiza el “Parque Eólico Montaña Mina” actualmente en funcionamiento.
6.º) Con fecha 13 de octubre de 2014 la Dirección General de Industria y Energía solicita a la AESA “informe sobre la documentación que se adjunta, de las alegaciones y los condicionados técnicos que considere oportunos en el ámbito de sus competencias, mostrando su conformidad u oposición a la autorización solicitada”.
7.º) Con fecha 27 de noviembre de 2014 la Dirección General de Protección de la Naturaleza solicita a la Dirección General de Industria y Energía “aclaraciones sobre la actual situación administrativa del Parque Eólico Montaña Mina II, por cuanto el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto Parque Eólico San Bartolomé podría verse afectado así como la propia Declaración de Impacto Ambiental ya emitida para el PE Montaña la Mina II”.
8.º) Con fecha 10 de diciembre de 2014 por la Dirección General de Industria y Energía se informa lo siguiente:
“1. El parque eólico San Bartolomé de 9,2 MW que se tramita en esta Dirección General en el expediente ER14/0018, obtuvo asignación de potencia mediante Orden de 26 de junio de 2014, por la que se modifica, en ejecución de Sentencias, la Orden de 8 de julio de 2009, que resuelve para el sistema eléctrico de Lanzarote, el concurso público para la asignación de potencia en la modalidad de nuevos parques eólicos, destinados a verter toda la energía en los sistemas eléctricos insulares canarios, convocado por Orden de 27 de abril de 2007.
2. Que mediante la precitada Orden de 26 de junio de 2014 se denegó la asignación de potencia al parque eólico Montaña Mina II, que se tramita bajo el expediente ER10/0007, y que actualmente tiene otorgada la Declaración de Impacto Ambiental por la COTMAC.
3. En el momento actual no se ha dictado resolución expresa relativa al procedimiento administrativo de autorización administrativa del expediente ER10/0007.
4. A juicio de este Centro Directivo, la posible afección entre ambos parques eólicos deberá ser analizada en el procedimiento de autorización administrativa, debiendo tratarse de forma independiente desde el punto de vista ambiental”.
Es decir, la determinación del Alcance y Nivel de detalle del Estudio de Impacto Ambiental del parque eólico San Bartolomé de 9,2 MW no debe estar, en el momento actual, afectada por el Parque Eólico Montaña Mina II, debiendo dictarse de forma independiente de aquel”.
9.º) Mediante Acuerdo adoptado por el Cabildo Insular de Lanzarote en sesión extraordinaria celebrada los días 11 y 12 de diciembre de 2014 se aprobó la siguiente Resolución sobre la tramitación de los parques eólicos adjudicados a INALSA:
“1. Solicitar al Gobierno de Canarias priorizar la tramitación de los parques del concurso, por ejemplo, concediendo autorización administrativa a los parques del mismo mediante evaluación ambiental simplificada pendiente de una posterior aprobación del proyecto de ejecución, porque de lo contrario, será muy difícil mejorar la sostenibilidad energética, dado que los marcos retributivos deben adaptarse a la rápida evolución tecnológica y siempre van a requerir plazos de ejecución cortos.
2. Mantener la prevalencia del 9% de ingresos destinados a corporaciones locales, de los parques adjudicados por concurso que sí hemos manifestado el interés en ponerlos en marcha.
3. Solicitar al Ministerio de Industria que conceda la ampliación de los plazos fijados para la puesta en marcha de los parques eólicos, actualmente establecidos al 31 de diciembre de 2016”.
10.º) Con fecha 15 de enero de 2015 se presenta escrito por INALSA solicitando el reintegro del depósito en metálico constituido para el aseguramiento de la realización de las inversiones previstas por los adjudicatarios en el concurso para el expediente V-07/135 “Parque Eólico San Bartolomé”.
11.º) Con fecha 5 de febrero de 2015 por la AESA se autoriza la instalación del “Parque Eólico San Bartolomé de 9,2 MW”.
12.º) Con fecha 27 de marzo de 2015 por la Dirección General de Protección de la Naturaleza se informa lo siguiente:
“(…) - Que concurre identidad sustancial entre los tres expedientes, que comparten ubicación espacial y promotor, así como íntima conexión entre ellos por cuanto conforman una unidad funcional única, por lo que los tres proyectos deberán evaluarse conjuntamente.
- Que se deberá remitir resolución expresa finalizadora y desfavorable del procedimiento de autorización administrativa “Parque Eólico Montaña Mina II” (expediente ER10/0007). En caso contrario, en la evaluación ambiental de los proyectos de referencia deberá ser tenido en cuenta el proyecto del Parque Eólico Montaña Mina II, en cuando a sus efectos acumulativos o sinérgicos, habida cuenta de la jurisprudencia sentada mediante Sentencia n.º 673/2009 del Tribunal Supremo, que viene a decir que deben tenerse en cuenta en la Declaración de Impacto Ambiental los efectos que puede producir un parque eólico en relación a los ya existentes o en proyecto.
Por todo lo anterior, se solicita la urgente subsanación en los términos anteriormente señalados, poniendo en su conocimiento que mientras tanto se considerará que no se ha iniciado el cómputo del plazo para emitir la, en su caso, correspondiente Declaración de Impacto, sin perjuicio de que los equipos técnicos de este Centro Directivo estén ya trabajando en su preparación”.
13.º) Con fecha 24 de noviembre de 2015 la entidad INALSA presenta escrito solicitando la declaración de interés general de las obras necesarias para ejecutar el Parque Eólico San Bartolomé 9,2 MW.
14.º) Con fecha 27 de noviembre de 2015 se publica en el Boletín Oficial de Canarias n.º 231 el anuncio de 25 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Industria y Energía, por el que se somete a información pública la solicitud de INALSA de autorización administrativa y Declaración de Impacto Ambiental de la instalación eléctrica denominada “Parque Eólico San Bartolomé de 9,2 MW. Expte. ER14/0018”.
15.º) Con fecha 27 de noviembre de 2015 se da traslado del estudio de impacto ambiental y del proyecto de ejecución correspondiente a la instalación eólica denominada “Parque Eólico San Bartolomé 9,2 MW” y se confiere trámite de consulta a la Fundación César Manrique, al Cabildo Insular de Lanzarote, al Ayuntamiento de San Bartolomé, a la Sociedad Española de Ornitología, a la Federación Ecologista Ben Magec, a la Dirección General del Medio Natural, a la Dirección General del Territorio, al Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, y a WWF ADENA Lanzarote.
16.º) Mediante Resolución n.º 2151/2015, de 1 de diciembre de 2015, del Director General de Industria y Energía, se declara el interés general de las obras necesarias para la ejecución de la instalación de energía eléctrica denominada “Parque Eólico San Bartolomé de 9,2 MW”, a ubicar en el término municipal de San Bartolomé (Expte. ER14/0018).
17.º) Con fecha 4 de diciembre de 2015 por el Director General de Industria y Energía se emite informe en el que se concluye lo siguiente:
“(…) Por todo lo cual y entendiendo que el fomento de la producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables puede reducir los costes de la explotación de estos sistemas, favorecer la entrada de nuevos agentes, paliar el envejecimiento del parque de generación y por ende, contribuir positivamente al equilibrio entre los sistemas y costes del sistema eléctrico canario, se informa de forma favorable a la consideración de inversión de interés estratégico del proyecto Parque Eólico San Bartolomé de 9,2 MW”.
18.º) Mediante Acuerdo del Gobierno de Canarias adoptado en sesión celebrada el día 14 de diciembre de 2015, se acordó declarar el interés estratégico del “Parque Eólico San Bartolomé de 9,2 MW” (BOC n.º 242, de 15.12.2015).
19.º) Con fecha 21 de diciembre de 2015 por el Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Lanzarote se emite informe dentro del trámite de evaluación de impacto ambiental del proyecto “Parque Eólico San Bartolomé de 9,2 MW”.
20.º) Con fecha 23 de diciembre de 2015 por el Área de Política Territorial del Cabildo Insular de Lanzarote se emite informe dentro del trámite de evaluación de impacto ambiental del proyecto “Parque Eólico San Bartolomé de 9,2 MW”, en el que se establece, entre otras, la siguiente conclusión:
“(…) Por tanto, si entendemos acreditado el interés público y la necesidad de un determinado emplazamiento, puede considerarse como compatible con el Plan Insular la implantación de este SGI en cualquier categoría de suelo rústico, independientemente del régimen específico de ella (…)”.
21.º) Con fecha 23 de diciembre de 2015 por el Ayuntamiento de San Bartolomé se emite informe dentro del trámite de evaluación de impacto ambiental del proyecto “Parque Eólico San Bartolomé de 9,2 MW”, en el que se informa desfavorablemente “dado que la categorización actual del suelo no lo permite y exige para la excepción la Evaluación de Impacto Visual y Paisajístico y la justificación del Interés Público (…)”.
22.º) Mediante Decreto 383/2015, de 28 de diciembre, por el que se excluye a determinados proyectos de Parques Eólicos del procedimiento de evaluación de impacto ambiental (BOC n.º 253, de 31.12.2015), se acordó excluir al “Parque Eólico San Bartolomé de 9,2 MW” del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, sometiéndolo a los condicionantes medioambientales que figuran en el Anexo II de dicho Decreto, para caracterizar correctamente el impacto ambiental de los diferentes proyectos y evitar o minimizar el mismo (en adelante, Decreto 383/2015).
23.º) Con fecha 28 de enero de 2016 la entidad INALSA presenta escrito acreditando el pago de la tasa en materia de industria y energía por el “Parque Eólico San Bartolomé de 9,2 MW”.
24.º) Con fecha 11 de febrero de 2016 la Dirección General de Industria y Energía remite a INALSA “los informes y alegaciones recibidos en el trámite de información pública en el expediente administrativo ER14/0018, para que, en el plazo de 5 días, preste su conformidad o formule los reparos que estime oportunos (…)”.
25.º) Con fecha 11 de febrero de 2016 por la Dirección General de Industria y Energía se requiere a INALSA para que subsane la solicitud de autorización administrativa y declaración de utilidad pública del “Parque Eólico San Bartolomé de 9,2 MW”. Lo que es verificado por INALSA con fechas 3 y 30 de marzo de 2016.
26.º) Con fecha 14 de abril de 2016 por la Dirección General de Industria y Energía se solicita al Ayuntamiento de San Bartolomé y al Cabildo Insular de Lanzarote “Informe sobre la conformidad o disconformidad del proyecto con el planeamiento territorial o urbanístico en vigor”.
27.º) Con fecha 19 de agosto de 2016 se emite Informe por la Dirección General de Industria en relación con los parques eólicos de INALSA, en el que se expone lo siguiente:
“La entidad INALSA resultó adjudicataria de potencia de los Parques Eólicos Teguise I de 9,2 MW, San Bartolomé de 9,2 MW y Arrecife de 9,2 MW (limitado a 5,1 MW), por Orden de 26 de junio de 2014 de ejecución de sentencias de Concurso Público 2007.
De todos ellos solo el Parque Eólico Teguise I de 9,2 MW obtuvo inscripción en el régimen retributivo específico otorgado por el Ministerio (CUPO) al cumplir los dos requisitos establecidos disponer punto de conexión y evaluación de impacto (exención). El punto de conexión lo obtuvo por desistimiento del PE Chimida que aunque resultó asignatario de potencia obtuvo declaración de impacto desfavorable.
(…)
Los otros dos Parques eólicos de INALSA fueron inadmitidos al otorgamiento de la inscripción en el régimen retributivo específico otorgado por el Ministerio, al no disponer de punto de conexión.
Posteriormente, el Parque Eólico San Bartolomé de 9,2 MW obtuvo punto de conexión al liberarse potencia del nudo Callejones por renuncia del promotor del Parque Eólico Montaña Mina al resultar sin asignación de potencia y con afección a uno de los parques de INALSA.
Actualmente el Parque Eólico San Bartolomé de 9,2 MW se encuentra en trámite de autorización administrativa, aunque sin la retribución específica, pero a la espera de recibir retribución mediante subasta, nuevo cupo, etc.
El desarrollo de la red de transporte (nudo Callejones) es responsabilidad del Operador del Sistema y el aumento de la capacidad del los nudos de transporte depende de aprobación de la planificación por parte de la administración general del Estado. Actualmente el nudo Callejones está saturado con los parques Teguise I y San Bartolomé aunque se ha solicitado al Ministerio de Industria la inclusión de una posición de línea que permita incluir al PE Arrecife de 9,2 MW.
En Lanzarote la aplicación de la DT3 no afecta a los Parques eólicos de INALSA, pues a esta DT solo podría acogerse el PE Camellita (perdió asignación) pero tiene el punto de conexión en otro nudo diferente (SE Haría).
La potencia admitida en la convocatoria para el establecimiento de un régimen retributivo específico para los parques eólicos canarios fue de 436 MW, cantidad inferior a la potencia máxima de 450 MW, establecida en la disposición adicional sexta de la orden IET/1459/2014, de 1 de agosto, en su redacción según la orden IET/1953/2015, de 24 de septiembre”.
28.º) Mediante Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular de Lanzarote en sesión celebrada el 7 de julio de 2016, se acuerda “Informar la conformidad con las determinaciones del Plan Insular de Ordenación Territorial de Lanzarote, del proyecto “Parque Eólico San Bartolomé de 9,2 MW”, con arreglo a los siguientes condicionantes técnicos (…)”.
29.º) Con fecha 28 de octubre de 2016 por el Consorcio del Agua de Lanzarote se presenta escrito solicitando el reintegro del depósito en metálico efectuado por INALSA para el aseguramiento de la realización de las inversiones previstas por los adjudicatarios en el concurso para el expediente V-07/135 “Parque Eólico San Bartolomé de 9,2 MW”.
30.º) Mediante Resolución de 23 de noviembre de 2016 de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Bartolomé se acuerda «aprobar la liquidación provisional en concepto de CANON del 5% del presupuesto de ejecución material (…) en relación al proyecto de denominado “Parque Eólico San Bartolomé de 9,2 MW”, a ubicar en Monta Mina, término municipal de San Bartolomé, ascendiendo la cantidad a abonar a 516.977,89 euros (…)».
Asimismo se le recuerda que “(...), una vez obtenga el acuerdo favorable del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias que legitime la ejecución del parque eólico, deberá abonar el impuesto municipal de construcciones, instalaciones y obras (I.C.I.O) regulado (...)”.
31.º) Mediante Resolución n.º 1999/2016, de 27 de diciembre, del Director General de Industria y Energía, se autoriza “la cancelación de la garantía depositada según mandamiento de constitución de depósito-Metálico N.º 2014002731 en la Tesorería de la Consejería de Economía y Hacienda de fecha 3 de septiembre de 2014 por importe de 460.000 euros”.
32.º) Con fecha 7 de febrero de 2018 por la entidad INALSA se presenta escrito proponiendo una “modificación de la posición del aerogenerador AE-2.2 debido a la naturaleza del sustrato en dicho emplazamiento”.
33.º) Con fecha 7 de mayo de 2018 se emite Informe del Ministerio de Industria, Turismo y Agenda Digital sobre la instalación del “Parque Eólico San Bartolomé de 9,2 MW”, en el que se efectúan las siguientes observaciones: «(…) El proyecto presentado, correspondiente al Parque Eólico “San Bartolomé” sito en la localidad del mismo nombre de la isla de Lanzarote, provincia de Las Palmas, se considera que no produce impacto respecto de los sistemas de radiocomunicaciones no sobre la cobertura del servicio de difusión TDT, tanto pública como privada (…)».
34.º) Con fecha 9 de mayo de 2018 por la entidad INALSA se presenta escrito ante la AESA solicitando autorización a la modificación de posición de los aerogeneradores AE2.1 y AE2.2.
35.º) Con fecha 14 de agosto de 2018 por la Dirección General de Industria y Energía se emite informe-propuesta sobre la declaración de interés general del proyecto “Parque Eólico San Bartolomé de 9,2 MW”.
36.º) Mediante Resolución n.º 1913/2018, de 6 de noviembre, del Director General de Industria y Energía, se acuerda ampliar la declaración del Interés General de las obras necesarias para la ejecución de la instalación del “Parque Eólico San Bartolomé de 9,2 MW”.
37.º) Con fecha 8 de noviembre de 2018 por la Dirección General de Industria y Energía se emite informe sobre el “Parque Eólico San Bartolomé de 9,2 MW” solicitado por la Comisión Preparatoria de Asuntos del Gobierno en sesión celebrada el 7 de noviembre de 2018.
38.º) Mediante Decreto 159/2018, de 12 de noviembre, se acuerda la ejecución del proyecto “Parque Eólico San Bartolomé de 9,2 MW” y se ordena la iniciación del procedimiento de modificación del planeamiento afectado (en adelante Decreto 159/2018).
A través del citado Decreto, el Gobierno de Canarias acordó la ejecución del Proyecto Parque Eólico San Bartolomé de 9,2 MW con los condicionantes ambientales contenidos en el Decreto 383/2015 y ordenó paralelamente la iniciación del procedimiento de modificación del planeamiento afectado, en concreto, el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote y las Normas Subsidiarias de San Bartolomé, en todas aquellas determinaciones que resultaban incompatibles con la ejecución del referido proyecto.
Dicho acuerdo del Gobierno de Canarias se dictó al amparo de lo dispuesto en el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario regulador del procedimiento excepcional para obras de interés general para el suministro de energía eléctrica con el fin de salvar los obstáculos de planeamiento que existían en aquel entonces en los Instrumentos de Ordenación Territorial y Urbanística de las corporaciones locales afectadas -Cabildo Insular de Lanzarote y Ayuntamiento de San Bartolomé- para la ejecución del proyecto Parque Eólico San Bartolomé de 9,2 MW.
De este modo el proyecto quedaba sujeto a un régimen especial de autorización, al existir un acuerdo favorable del Gobierno de Canarias que constituía una autorización especial que legitimaba por sí mismo la ejecución de los actos de construcción, edificación y uso del suelo incluidos en el sin necesidad de ningún otro instrumento de planificación territorial o urbanística.
Conviene indicar que el procedimiento previsto en el citado artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, constituía un procedimiento (incidental) tramitado en el curso del procedimiento de autorización sustantiva del proyecto Parque Eólico San Bartolomé de 9,2 MW.
39.º) Con fecha 17 de diciembre de 2018 por la Dirección General de Protección de la Naturaleza se contesta a la solicitud de INALSA de fecha 7 de febrero de 2018 en la que propone “una modificación de la posición del aerogenerador AE-2.2 (…)”.
40.º) Con fecha 6 de marzo de 2019 por la AESA se autoriza la instalación del “Parque Eólico San Bartolomé de 9,2 MW” con las nuevas posiciones solicitada por INALSA.
41.º) Con fecha 17 de junio de 2019 por INALSA se solicita a Red Eléctrica de España que conceda la conexión al “Parque Eólico San Bartolomé de 9,2 MW” en la subestación Callejones 66 kV.
42.º) Mediante Resolución de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Bartolomé de 28 de junio de 2019 se acuerda «aprobar la liquidación provisional en concepto de impuesto municipal de construcciones, instalaciones y obras, en relación al proyecto de denominado “Parque Eólico San Bartolomé de 9,2 MW” (expediente ER-14/0018 de la consejería), promovido por Insular de Aguas de Lanzarote, S.A., en el término municipal de San Bartolomé (Lanzarote), ascendiendo la cantidad a abonar a 413.582,31 euros (…)».
43.º) Con fecha 16 de septiembre de 2020 por la entidad INALSA se presenta escrito en el que solicita a la Dirección General de Industria y Energía “el estudio y aprobación de la documentación enviada el 30 de julio de 2018 concerniente al Programa de Vigilancia Ambiental de la Avifauna y Estudio Final de Avifauna, reiterada el 26 de junio de 2019 y el 14 de febrero de 2020”.
44.º) Con fecha 21 de abril de 2021 por Red Eléctrica de España se otorga a INALSA permiso de conexión de la instalación “Parque Eólico San Bartolomé de 9,2 MW”.
45.º) Con fecha 9 de noviembre de 2021 por la entidad INALSA se aporta al Expediente ER 14/0018 determinada documentación y se solicita a la Dirección General de Industria que emita la autorización administrativa del “Parque Eólico San Bartolomé de 9,2 MW”.
46.º) Con fecha 22 de noviembre de 2021 por la Dirección General de Industria y Energía se requiere a la Dirección General de Lucha Contra el Cambio Climático y Medio Ambiente para que emita pronunciamiento “acerca de si el Decreto 383/2015, de 28 de diciembre, por el que se excluyó al Parque eólico San Bartolomé, del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, se encuentra vigente a los efectos de posibilitar la autorización administrativa del proyecto por parte del órgano sustantivo”.
47.º) Con fecha 21 de enero de 2022 por la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica se emite informe jurídico sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto “Parque Eólico San Bartolomé de 9,2 MW”, en el que, entre otros extremos, se expone lo siguiente:
«(…) PRIMERA.- (…) Por consiguiente, a los efectos de poder dar respuesta a la consulta formulada, es preciso comprender que la Declaración de Impacto Ambiental es un acto administrativo (con naturaleza jurídica de informe) que culmina el procedimiento administrativo (incidental) en que consiste la Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, con arreglo a los preceptos contenidos en la Sección 1.ª, Capítulo II, Título II, de la LEA (artículos 33 y siguientes).
(…)
TERCERA.- Sucede, sin embargo, que el proyecto “Parque Eólico San Bartolomé, de 9,2 MW”, objeto de la presente, nunca fue sometido a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario y, por ende, jamás se formuló por el órgano ambiental ninguna Declaración de Impacto Ambiental respecto de dicho proyecto; de lo que deriva que resulta imposible, formal y materialmente, poder valorar jurídicamente la vigencia o no de una Declaración de Impacto Ambiental inexistente. Esto es, respetuosamente, resulta un oxímoron discernir acerca de la vigencia de un acto administrativo ficticio.
Y todo lo anterior es así por cuanto el proyecto que nos ocupa fue excluido de la tramitación de un procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario, en virtud del Decreto 383/2015, de 28 de diciembre, por el que se excluye a determinados proyectos de Parques Eólicos del procedimiento de evaluación de impacto ambiental (BOC n.º 253, de 31 de diciembre de 2015).
En este sentido, efectivamente, el proyecto “Parque Eólico San Bartolomé, de 9,2 MW” figura expresamente contemplado en el Anexo I del susodicho Decreto 383/2015, de 28 de diciembre, siendo excluido del procedimiento de evaluación de impacto ambiental por las razones que motivadamente figuran expresadas en el citado acuerdo del Gobierno de Canarias, y todo ello al amparo de lo indicado en el artículo 8.3 de la LEA, que prevé esta posibilidad en supuestos excepcionales; fijándose también para dicho proyecto, por lo demás, en el Anexo II, apartado XV, del referido Decreto 383/2015, de 28 de diciembre, los condicionantes medioambientales para -a pesar de todo- caracterizar correctamente su impacto ambiental».
48.º) Mediante Resolución n.º 240/2022, de 24 de febrero, de la Directora General de Energía, se concede la autorización administrativa de la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología eólica denominada “Parque Eólico San Bartolomé de 9,2 MW”, Expediente ER-14/0018.
49.º) Con fecha 23 de noviembre de 2022 por la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente se emite informe sobre el cumplimiento de los condicionantes ambientales para caracterizar correctamente, evitar o minimizar el impacto ambiental del proyecto “Parque Eólico San Bartolomé de 9,2 MW” expuestos en el Anexo II del Decreto 383/2015, de 28 de diciembre (expte. 2014/4523).
50.º) Con fecha 26 de abril de 2023 por la entidad INALSA se solicita a la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica “el estudio y aprobación de la documentación concerniente al Estudio Final de Avifauna, remitiendo junto con el presente escrito actualización de los trabajos realizados”.
51.º) Con fecha 24 de octubre de 2023 por la Dirección General de Energía se requiere al Servicio de Impacto Ambiental la emisión de informe técnico respecto al estudio de avifauna con estudio de nidificación referente al “Parque Eólico San Bartolomé de 9,2 MW”.
52.º) Con fecha 30 de octubre de 2023 por la entidad Renovertis, S.L. se presenta escrito formulando alegaciones y solicitando información sobre la tramitación del expediente para la instalación del “Parque Eólico San Bartolomé de 9,2 MW”.
53.º) Con fecha 23 de noviembre de 2023 por la entidad INALSA se solicita que por parte de la Viceconsejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía se le dé traslado de diversos trabajos e informes para su estudio.
54.º) Con fecha 26 de enero de 2024 por la Dirección General de Energía se emite informe en relación con el escrito presentado por la entidad Renovertis, S.L. en el que se concluye:
«Primero. Según los datos que se extraen de la documentación remitida, la entidad Renovertis, S.L., con NIF B76503747, no tiene condición de persona interesada en los proyectos “Parque Eólico San Bartolomé de 9,2 MW” y “Parque Eólico Consorcio del Agua I, de 9,4 MW (ER201279)”, al no cumplirse los requisitos previstos en el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC).
Como consecuencia, carece de los derechos previstos en el artículo 53 de la citada norma, tales como la presentación de alegaciones, y no ostenta legitimación activa para recurrir las Resoluciones y actos de trámite cualificados que se dicten durante la tramitación de los indicados expedientes [artículo 112 y 116 letra b) de la LPAC].
Segundo. Los escritos objeto de estudio se podrían adecuar, por su contenido, a un supuesto de inicio por denuncia de un procedimiento de modificación de las condiciones de la declaración de impacto ambiental, en una interpretación conjunta de los artículos 62 de la LPAC y 44 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
No obstante, teniendo en cuenta que este centro directivo carece de competencias para resolver sobre dicho procedimiento, procede remitir al órgano ambiental competente para que realice dicha valoración, siendo conveniente, asimismo, comunicar a la entidad Renovertis, S.L. del citado traslado para su conocimiento».
55.º) Con fecha 12 de febrero de 2024 por la entidad INALSA se presenta escrito solicitando una prórroga a la autorización administrativa ya concedida al “Parque Eólico San Bartolomé de 9,2 MW”.
56.º) Con fecha 15 de febrero de 2024 por la entidad INALSA se presenta el “Documento de síntesis de estudios de avifauna y evaluación de impacto” de la instalación “Parque Eólico San Bartolomé de 9,2 MW”.
57.º) Con fecha 2 de abril de 2024 por la Viceconsejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía se emite informe relativo a las “Consideraciones jurídicas generales acerca del condicionante n.º 6 del apartado XV del Anexo II del Decreto 383/2015, de 28 de diciembre, por el que se excluye a determinados proyectos de parques eólicos del procedimiento de evaluación de impacto ambiental”.
58.º) Con fecha 3 de abril de 2024 se emite informe técnico por la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad en relación con el documento de “Síntesis de estudios de avifauna y evaluación de impacto referentes del Parque Eólico de San Bartolomé de 9,2 MW (Lanzarote) Enero 2024” aportado por la entidad INALSA, en el que establecen las siguientes conclusiones:
«1. Se informa favorablemente el “Documento Síntesis de estudios de avifauna y evaluación de impacto referentes del Parque Eólico de San Bartolomé de 9,2 mw (Lanzarote). Enero 2024”, de acuerdo con lo exigido en el condicionante sexto del Decreto 383/2015, de 28 de diciembre, por el que se excluye a determinados proyectos de Parques Eólicos del procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
2. El riesgo potencial de colisión de guirres en el PE San Bartolomé (junto a los dos parques ya instalados) es muy alto, así como también la valoración del impacto del riesgo de colisión de hubaras, en esa misma zona, es muy alta.
3. El territorio donde se quiere instalar el PE San Bartolomé, así como donde ya están instalados y funcionando los PE Teguise y PE Arrecife, es un área de máximo interés para la hubara, siendo una zona prioritaria para su conservación en Canarias. La importancia relativa de esta zona de Zonzamas cobra mayor relevancia si atendemos al contexto actual de conservación de la hubara, que evidencia un importante proceso de declive. Así, el estudio ya mencionado en este informe, desarrollado en 2023 sobre la avutarda-hubara en las Islas Canarias, ha revelado cifras preocupantes, indicando un marcado descenso de su población global.
4. El impacto sobre el hábitat de la hubara es muy alto. Si bien las medidas correctoras y preventivas pueden disminuir en gran parte el riesgo de mortalidad de aves, es previsible que haya efectos negativos persistentes durante la fase operativa del proyecto, como consecuencia de las molestias y disturbios que le ocasionan y que pueden limitar el uso de ese territorio y comprometer el éxito reproductor».
59.º) Con fecha 5 de abril de 2024 se emite informe por la Viceconsejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía, por el que “(…) se estima que se ha dado cumplimiento al apartado 6 de dichos condicionamientos a los efectos del posible inicio de las obras (…)”.
60.º) Mediante Resolución del Comisionado de Transparencia de fecha 15 de abril de 2024 se resuelve:
“1. Estimar la reclamación presentada por Renovertis, S.L. contra la falta de respuesta a solicitud de información formulada a la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente el 27 de octubre de 2023 y relativa a los estudios sobre avifauna de los parques eólicos Arrecife y Teguise I y todos los estudios y datos así como el estudio del ciclo anual sobre avifauna del Parque Eólico de San Bartolomé.
2. Requerir a la Consejería de Transición Ecológica y Energía para que haga entrega a la reclamante de la documentación señalada en el resuelvo primero en el plazo de quince días hábiles siempre que esa documentación exista; y para que, de no existir tal información, se le informe sobre tal inexistencia.
3. Requerir a la Consejería de Transición Ecológica y Energía a que en el plazo de quince días hábiles remita a este Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública copia de la información enviada a la reclamante con acreditación de su entrega, para comprobar el cumplimiento de la presente Resolución.
4. Instar a la Consejería de Transición Ecológica y Energía para que cumpla con el procedimiento establecido para el acceso a la información pública en la LTAIP, resolviendo las peticiones de información que le formulen.
5. Recordar a la Consejería de Transición Ecológica y Energía que el incumplimiento de la obligación de resolver en plazo las solicitudes de acceso a la información pública y no atender a los requerimientos del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en caso de reiteración constituyen infracciones graves/muy graves previstas en el artículo 68 de la LTAIP (…)”.
61.º) Con fecha 25 de abril de 2024 la entidad INALSA aporta el Plan de Vigilancia Ambiental del “Parque Eólico San Bartolomé de 9,2 MW”.
62.º) Con fecha 29 de abril de 2024 por la entidad Renovertis, S.L. se presenta escrito solicitando a la Dirección General de Energía la remisión de la siguiente documentación:
«Documento que analiza la distribución de las siguientes especies de aves Burhinus oedicnemus (Alcaravan), Chlamydotis undalata fuerteventurare (Hubara Canaria), Falco Tinnunculues (Alcones) Tyto malba gracilirostris (Lechuza) en la zona de afección del Parque Eólico San Bartolomé.
Remisión de todos los estudios y datos así como “el estudio de ciclo anual” sobre avifauna del Parque San Bartolomé, con los mismos requerimientos exigidos por el PE Vista Mar, y que debió ser entregado antes del inicio de sus obras, documentación que según los procedimientos ambientales realizados a las actuaciones de ese proyecto, debe constar en los Servicios de Biodiversidad.
Informe favorable del órgano ambiental previo al inicio de las obras del parque San Bartolomé».
63.º) Con fecha 29 de abril de 2024 por la entidad INALSA se presenta escrito aportando «Informe de prospección de nidos en las parcelas de implantación del “Parque Eólico San Bartolomé de 9,2 MW”», con carácter previo al inicio de las obras.
64.º) Mediante Resolución n.º 324/2024, de 26 de julio, con fecha de registro 29 de julio, del Director General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, se acordó “(…) Dar cumplimiento a la Resolución de 15 de abril de 2024 dictada por el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por la que se estima la reclamación presentada por Renovertis, S.L., y tramitada con la referencia R2023000727 (…)”.
65.º) Con fecha 12 de agosto de 2024 la entidad Renovertis S.L., con CIF B76503747 (en adelante, Renovertis), solicitó la declaración de nulidad del citado Decreto 159/2018 y la de «… cualquier otra autorización o acto autorizatorio posterior con el cual se ha permitido el inicio de las obras del referido proyecto”, instó, además, la paralización inmediata de las obras y la no admisión de la puesta en Servicio provisional ni definitiva del Proyecto.
La referida mercantil viene a exponer que, habiendo tenido conocimiento del inicio de las obras del proyecto “Parque Eólico San Bartolomé de 9,2 MW”, “analizado el procedimiento de autorización del mismo así como sus posibles afecciones medioambientales, se puede llegar a la consideración de que el mismo está viciado de nulidad por haberse dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello, viéndose afectados intereses generales en defensa del medio ambiente (…)».
Renovertis viene a interesar, en síntesis, la declaración de nulidad del citado Decreto 159/2018, por la omisión del procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario del proyecto “Parque Eólico San Bartolomé de 9,2 MW” (en adelante, el Proyecto) conforme a lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (en adelante, LEA).
Formula, de forma sucinta, las siguientes alegaciones:
«I. El incumplimiento de la causa que motivaba la excepcionalidad de los trámites ambientales en el año 2015, indicados en el Decreto 383/2015, de 28 de diciembre, por el que se excluye a este proyecto del trámite de Evaluación Ambiental, por (i) ser inadmitido el proyecto del programa de Régimen retributivo específico (ii) incumplir el plazo de la puesta en marcha del proyecto claramente indicado en el referido Decreto (...).
II. La obligación principal que establece la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, es la de someter a una adecuada evaluación ambiental todo plan, programa o proyecto que pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente, antes de su adopción, aprobación o autorización, y la consecuencia jurídica derivada del incumplimiento de esta obligación, expresamente señalada en la propia ley, es que carecerán de validez los actos de adopción, aprobación o autorización de los planes, programas y proyectos, no se hayan sometido a evaluación ambiental, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, puedan corresponder.
III. La caducidad de la vigencia de las declaraciones de impacto ambiental por incumplimiento del artículo 43.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental que es cuatro (4) años. Esta premisa se entiende es de aplicación también para los proyectos sometidos a la “excepcionalidad” regulada en el artículo 8.3 de la mencionada Ley. Por lo que el procedimiento deberá iniciarse de nuevo conforme a las características expuestas en la Ley 21/2013.
IV. Vulneración de los trámites de información pública, la falta de someter a información pública tanto el proyecto como un EIA actualizado, y el recabar los “informes preceptivos” por parte de administraciones, y otros afectados sin permitir alegaciones a los afectados.
V. Vulneración del principio de buena fe y confianza legítima, otorgando un manifiesto trato desigual, preferente y con vicios de prevaricación con un cambio de criterio favorecedor al proyecto PE San Bartolomé, por parte del Servicio de Biodiversidad y por el Servicio de Impacto Ambiental en el año 2023, al no exigir por más de 8 años “los informes preceptivos” con las consultas a las administraciones afectadas, y a las personas interesadas.
Previo al inicio de las obras, se le mantiene los condicionantes ambientales de más de ocho años indicados en el Decreto 383/2015 (a pesar de haber incumplido el mismo), y no se le exige siquiera un “Estudio de Avifauna completo de un ciclo anual” con los mismos requerimientos que a todos los otros promotores, estudio que era indispensable o imprescindible para el inicio de las obras para otros proyectos similares, y se le permite y “ACUERDA” en una reunión con el promotor entregar una denominada “síntesis de Estudios de Avifauna o censos” de un mes cada año, con lo cual se utiliza esos datos segados para viabilizar el inicio de la obra en el año 2024.
(…)».
66.º) Por Orden n.º 251/2024, de fecha 21 de octubre, del Consejero de Transición Ecológica y Energía (en adelante, Orden n.º 251/2024), se resuelve:
«Primero: iniciar expediente para la declaración de nulidad del Decreto n.º 159/2018, de 12 de noviembre, por el que se acuerda la ejecución del proyecto “Parque Eólico San Bartolomé de 9 MW (expediente ER14/0018)” promovido por Insular de Aguas de Lanzarote, S.A. (INALSA), en el término de San Bartolomé (Lanzarote), y se ordena la iniciación de un procedimiento de modificación del planeamiento afectado así como de los actos administrativos posteriores en virtud de los cuales se ha permitido el inicio de la obras del referido proyecto.
Segundo: dar traslado de la solicitud a la Dirección General de Energía, a la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad, y a la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha Contra el Cambio Climático.
Tercero: conferir audiencia a la empresa Insular de Aguas de Lanzarote S.A. (INALSA) y a la empresa Renovertis, S.L. de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 82 de la LPAC.
Cuarto: notificar la presente Orden a Renovertis, S.L.
Quinto: solicitar los informes preceptivos que procedan».
67.º) Con fecha 7 de noviembre de 2024 por la entidad Renovertis, S.L. se presentó escrito de alegaciones en el que viene a reiterar lo expuesto en su escrito de fecha 12 de agosto de 2024.
68.º) Con fecha 30 de octubre de 2024 la Secretaría General Técnica de la Consejería de Transición Ecológica y Energía solicitó informe facultativo a la Dirección General de Energía, a la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad y a la Dirección General de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía.
Cabe advertir que, de no emitirse los referidos informes en el plazo señalado, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, se podrán proseguir las actuaciones con el fin de dar cumplimiento a la obligación que pesa sobre la administración de resolver de forma expresa al amparo de lo establecido en el artículo 80.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP).
69.º) Con fecha 20 de noviembre de 2024 se emite informe por la Dirección General de Energía.
70.º) Con fecha 13 de diciembre de 2024 se emite informe por la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático.
71.º) Con fecha 30 de enero de 2025 se presenta escrito de alegaciones por parte de INALSA.
La citada mercantil alega, resumidamente, defectos en la tramitación del expediente y justifica las distintas alternativas procedimentales que existen a su juicio, tales como, la declaración de nulidad de la Orden n.º 251/2024 o su anulación de forma que el órgano competente para decidir sobre la revisión de oficio, esto es, el Gobierno de Canarias, pueda resolver la inadmisión a trámite de la solicitud de revisión, o proceder, en caso contrario, a la tramitación y resolución del procedimiento.
Argumenta, además, la procedencia de inadmitir a trámite la solicitud de revisión de oficio por los siguiente motivos; (i) por no ostentar Renovertis la condición de interesada en el presente procedimiento según el artículo 4 de la LPACAP; (ii) por la falta manifiesta de fundamento de la solicitud de revisión teniendo en cuenta el marco restrictivo y extraordinario de aplicación de la causa de nulidad de pleno derecho invocada según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo. Al respecto, entiende la referida mercantil que la solicitud de revisión no está basada en la causa de nulidad de pleno derecho del artículo 47.1.e) de la LPACAP, que se invoca, ya que tal causa no es sino la aplicación del Decreto 383/2015 dictado al amparo del artículo 8 de la LEA y que, por tanto, el vicio alegado es imputable a un acto administrativo distinto del que es objeto de revisión, lo que justificaría la inadmisión a trámite de la solicitud en coherencia con la doctrina sentada por el TS en la sentencia STS de 14 de mayo de 2020.
Por otro lado, sostiene que no existe identidad objetiva entre el procedimiento de autorización sustantiva del proyecto y el del proyecto Vista Mar, cuya comparación pretende Renovertis fundamentando su argumento de trato de desigual, ya que este último proyecto no se encuentra incluido en el Decreto 383/2015.
INALSA refuta y califica las alegaciones efectuadas por Renovertis como carentes manifiestamente de fundamento, en base a las siguientes consideraciones que se exponen resumidamente:
• En relación con la desaparición de la causa que motiva la exclusión del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, justifica que el proyecto está sujeto exclusivamente al cumplimiento de los condicionantes ambientales establecidos en el Decreto 383/2015.
• Argumenta la improcedencia de aplicar analógicamente el plazo de caducidad previsto para las declaraciones de impacto ambiental en el artículo 43.1 de la LEA, de modo que pueda entenderse caducada la exención contenida en el Decreto 353/2015 al tiempo de dictarse el Decreto 159/2018, ya que, y se cita textualmente, “en ningún caso cabe la trasposición de dicho artículo, vigencia y plazo a una disposición general dictada por el Gobierno en tanto no sea declarada su derogación o pérdida de vigencia por una norma de igual o superior rango”. Argumenta, además, que la supuesta caducidad de los efectos del Decreto 353/2015 alegada implicaría “causa de anulabilidad a los efectos de incoar la declaración de Lesividad del acto autorizatorio habiendo transcurrido con creces el plazo de caducidad de 4 años establecido el artículo 107.2 de la Ley 39/2015”.
Considera INALSA, en definitiva, que de haber procedido de la forma interesada, es decir, sometiendo el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria y, por tanto, eludiendo la aplicación de los condicionantes ambientales del Decreto 383/2015, se habría incurrido en causa de nulidad de pleno derecho ya que la exclusión de la evaluación ambiental de proyectos es una posibilidad contemplada en la propia LEA de modo que el Decreto 159/2018 cumple in fine con dicha Ley. Por otro lado, entiende que no procede argumentar el principio de buena fe y confianza legítima de los poderes públicos para pretender la exclusión del mundo jurídico de una resolución dictada conforme a derecho.
Por lo que se refiere a las medidas solicitadas por Renovertis, sostiene INALSA que la paralización de las obras no surtiría efecto alguno dado que las mismas se encuentran terminadas y la no emisión de la Puesta en Servicio del PE San Bartolomé tendría unas graves consecuencias que afectarían al interés general, al Medio Ambiente; además de las consecuencias económicas que supondría el no cumplimiento de los plazos previstos para su ejecución a los efectos de la justificación de la inversión en plazo de los Fondos de Desarrollo de Canarias (FDCAN)” europeos de los que procede.
Expuesto lo anterior, concluye la citada mercantil que “las pretensiones suspensivas interesadas por Renovertis al igual que su pretensión anulatoria, viene revestidas de “mala fe” y solicita, en esencia:
«Primero.- Vista las alegaciones presentadas por INALSA al amparo del artículo 76 de la LPA en la que se evidencia el defecto de tramitación, procede Declarar que la Orden del Consejero de Transición Ecológica y Energía por la que se inicia procedimiento de revisión de oficio del Decreto 159/2018, de 12 de noviembre (…), incurre en causa de anulabilidad por falta de competencia para la tramitación y Resolución de la solicitud de Revisión de Oficio del Decreto 159/2018, de 12 de noviembre, por el que se acuerda la ejecución del Proyecto ”Parque Eólico San Bartolomé de 9,2 MW”; y ANULAR las actuaciones desde el dictado de dicha Resolución, para elevar al Órgano competente la solicitud de revisión de oficia formulada por la mercantil Renovertis para su tramitación conforme al procedimiento legalmente establecido.
Segundo.- Para el supuesto de que se continúe con la tramitación de la solicitud o la misma fuera tramitada por órgano competente se solicita, conforme a lo señalado en la fundamentación expuesta en el presente escrito, inadmitir la solicitud de revisión presentada por Renovertis, S.L., por no concurrir en ella la condición de interesada exigida en el artículo 106 de la Ley 39/2015, y por no basar su solicitud en las causas de nulidad del artículo 47.1 de la Ley 39/2015, deviniendo su solicitud manifiestamente carente de fundamento.
Tercero.- Subsidiariamente se solicita tener por interesado y parte a la entidad INALSA dándose traslado de todos los actos que se dicten incluida la Resolución por la que se admita a trámite la solicitud interesada formulada de conformidad a la normativa en la que se analice por la Administración competente la causa de nulidad alegada por el solicitante para trámite de alegaciones y, tramitado el oportuno expediente, se dicte Resolución por la que se desestime la solicitud de revisión de oficio interesada por Renovertis, S.L., y resto de pedimentos formulados en su escrito».
72.º) Con fecha 20 de febrero de 2025 por la Dirección General de Energía se emite informe complementario al emitido el 20 de noviembre de 2024 en relación con los recursos administrativos derivados del procedimiento de autorización del “Parque Eólico Vista Mar. ER 18-0094”.
73.º) Con fecha 20 de febrero de 2025 se emite informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Transición Ecológica y Energía sobre el presente procedimiento de revisión de oficio.
74.º) En fecha que no consta se emite propuesta de Acuerdo del Consejero de Transición Ecológica y Energía “sobre la aprobación de Decreto por el que se acuerda la convalidación de la Orden n.º 251, de fecha 21 de octubre de 2024, del Consejero de Transición Ecológica y Energía, así como de los actos y trámites del procedimiento iniciado y se resuelve la finalización del procedimiento por no concurrir las causas de nulidad previstas en el artículo 47.1, letras a) y e), de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC)”; y se emite propuesta de Resolución, en forma de proyecto de Decreto por el que se resuelve: “PRIMERO. Aprobar el Decreto por el que se acuerda la convalidación de la Orden n.º 251, de fecha 21 de octubre de 2024, del Consejero de Transición Ecológica y Energía, así como de los actos y trámites del procedimiento iniciado y se resuelve la finalización del procedimiento por no concurrir las causas de nulidad previstas en el artículo 47.1, letras a) y e), de la LPAC. SEGUNDO. Notificar el presente Decreto a los interesados en el presente procedimiento. TERCERO. Publicar el presente Decreto en el Boletín Oficial de Canarias”.
75.º) La Viceconsejería de Servicios Jurídicos emitió informe el 8 de abril de 2025 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.e) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias. Las observaciones contenidas en dicho informe se han tenido en cuenta en su integridad incorporándose las oportunas correcciones a la propuesta de Acuerdo y proyecto de Decreto informado.
76.º) De acuerdo con la advertencia formulada por la Viceconsejería de Servicios Jurídicos, con fecha 29 de septiembre de 2025, se confiere trámite de audiencia a las entidades INALSA y Renovertis, presentándose escrito de alegaciones únicamente por esta última, con fecha 22 de octubre de 2025 en el que viene a reiterarse en las alegaciones contenidas en su solicitud de revisión de oficio, de fecha de 12 de agosto de 2024, y en su escrito de alegaciones, de fecha 7 de noviembre de 2024.
77.º) Con fecha 5 de febrero de 2026 por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Transición Ecológica y Energía se emite informe sobre el presente procedimiento de revisión de oficio.
78.º) Con fecha 9 de febrero de 2026 se emite propuesta de Acuerdo del Consejero de Transición Ecológica y Energía sobre la aprobación del proyecto de Decreto por el que se acuerda “la convalidación de la Orden n.º 251, de fecha 21 de octubre de 2024, del Consejero de Transición Ecológica y Energía y la conservación de los actos y trámites del procedimiento iniciado y se resuelve la finalización del procedimiento de revisión por no concurrir la causa de nulidad prevista en el artículo 47.1, letra e), de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC)”.
79.º) Con fecha 9 de febrero de 2026 se emite propuesta de Resolución, en forma de proyecto de Decreto por el que se resuelve: “PRIMERO. Convalidar la Orden n.º 251, de fecha 21 de octubre de 2024, del Consejero de Transición Ecológica y Energía, y los actos y trámites del procedimiento iniciado. SEGUNDO. Resolver la finalización del procedimiento de revisión por no concurrir la causa de nulidad prevista en el artículo 47.1, letra e), de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC)”.
80.º) Con fecha 26 de marzo de 2026 el Consejo Consultivo de Canarias emitió dictamen favorable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.1.D.b) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias. Las observaciones contenidas en dicho dictamen se han tenido en cuenta en su integridad incorporándose las oportunas correcciones a la propuesta de Acuerdo y proyecto de Decreto informados.
A los citados hechos les son de aplicación los siguientes
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Corresponde al Gobierno de Canarias decidir sobre la acción de nulidad ejercitada en cuanto órgano que dictó el Decreto 159/2018, de 12 de noviembre, a tenor de lo dispuesto en el artículo 31, apartado ñ), de la Ley 4/2023, de 23 de marzo, de la Presidencia y del Gobierno de Canarias, al establecer que corresponde al Gobierno de Canarias “Incoar y resolver los procedimientos de revisión de oficio de los actos administrativos dictados por el Consejo de Gobierno y las comisiones delegadas”.
Por su parte, por aplicación del artículo 58.1, apartado c), de la citada Ley 4/2023, corresponde al Consejero de Transición Ecológica y Energía proponer los acuerdos del Gobierno en los asuntos competencia de su consejería.
La revisión de oficio se inició a solicitud de Renovertis en virtud de escrito, de fecha 12 de agosto de 2024, por lo que ha transcurrido el plazo máximo procedimental de seis meses desde tal inicio (plazo que se cumplió el 12 de febrero de 2025), y cabe entender desestimada la solicitud por silencio administrativo [artículo 106.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP)].
No obstante pesa sobre la Administración el deber de resolver expresamente (artículo 21.1 de la LPACAP), sin vinculación al sentido del silencio [artículo 24.3.b) de la LPACAP].
Segundo.- La Orden n.º 251/2024, del Consejero de Transición Ecológica y Energía, adolece de un vicio de anulabilidad por incompetencia jerárquica no determinante de nulidad, por lo que procede su convalidación por el Consejo de Gobierno, como superior jerárquico de cada uno de sus miembros, de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 52 de la LPACAP.
En este sentido se pronuncia la Viceconsejería de Servicios Jurídicos según la cual “En la medida en que quepa considerar, a estos efectos, al Consejo de Gobierno como superior jerárquico de cada uno de sus miembros, la Orden 251/2024 podría ser susceptible de convalidación (artículo 52.34 de la Ley 39/2015)”.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la LPACAP, procede que el órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones disponga la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.
Se ha considerado una cuestión de orden público entrar a analizar el fondo del asunto planteado -la evaluación ambiental de un proyecto susceptible de producir efectos significativos sobre el medio ambiente- al entender que el escrito de Renovertis no se encuentra incurso en ninguna de las causas de inadmisibilidad a las que se refiere el artículo 106.3 de la LPACAP, de modo que procede desestimar la pretensión de inadmisión de la solicitud de revisión interesada por la entidad INALSA.
Tercero.- De acuerdo con el contenido del artículo 106.1 de la LPACAP, las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1.
De este modo la revisión de oficio procede contra actos nulos que incurran en alguna de las causas de nulidad previstas en el artículo 47.1 de la LPACAP, y que, además, sean firmes en vía administrativa.
Dichas circunstancias concurren en el presente caso ya que, tal y como se advierte por el Consejo Consultivo de Canarias (dictamen 93/2026), “En este concreto expediente, la revisión de oficio se fundamenta en un supuesto de nulidad de pleno derecho consistente en un acto dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido [artículo 106 en relación con el artículo 47.1.e) de la LPACAP], consistente en un Decreto del Gobierno de Canarias por el que se acuerda la ejecución del proyecto “Parque Eólico San Bartolomé de 9,2 MW” (Expediente ER-14/0018), promovido por INALSA, en el término municipal de San Bartolomé (Lanzarote), y se ordena la iniciación de procedimiento de modificación del planeamiento afectado”.
Efectivamente la entidad Renovertis invoca que el Decreto 159/2018 incurre en la causa de nulidad expresamente tasada en el artículo 47 de la LPACAP, letra e), por haber sido dictado con ausencia de trámites esenciales del procedimiento evaluación de impacto ambiental.
Y como consecuencia de la anterior, invoca, además, la causa prevista en la letra a) del anteriormente citado artículo 47 de la LPACAP, por lesionar derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional -trato desigual y preferente a INALSA-.
Cuestiones tales como la caducidad de la vigencia de las declaraciones de impacto ambiental o la vulneración del principio de buena fe y confianza legítima no se analizan en el presente procedimiento por encontrarse fuera del ámbito propio de la revisión de oficio.
Cuarto.- La Declaración de Impacto Ambiental es un acto administrativo (con naturaleza jurídica de informe) que culmina el procedimiento administrativo (incidental) en que consiste la Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, con arreglo a los preceptos contenidos en la Sección 1.ª, Capítulo II, Título II, de la LEA (artículos 33 y siguientes). (Informe del Director General de Transición Ecológica y Lucha Contra el Cambio Climático de fecha 13 de diciembre de 2014).
El citado procedimiento constituye un trámite incidental y de naturaleza esencial para la autorización de aquellos proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente con el fin de garantizar un elevado nivel de protección ambiental y de promover un desarrollo sostenible, de modo que la omisión del referido trámite constituye un vicio de nulidad de pleno derecho, por aplicación del artículo 9 de la LEA que dispone expresamente: “Carecerán de validez los actos de adopción, aprobación o autorización de los planes, programas y proyectos que, estando incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley no se hayan sometido a evaluación ambiental, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, puedan corresponder”.
En idéntico sentido se pronuncia reiterada doctrina jurisprudencial, entre ellas la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 1747/2024, de 30 de octubre, que señala lo siguiente:
“(…) Conviene recordar que la evaluación ambiental estratégica se configura como un instrumento de apoyo para la incorporación de la dimensión ambiental en la toma de decisiones estratégicas (planes o programas) constituyendo un instrumento de mejora de aquellas, cuyo objetivo consiste en avanzar en las políticas ambientales y de sostenibilidad desde las primeras fases de decisión, garantizando la sostenibilidad a medio y largo plazo. Esta técnica supone no esperar la fase de redacción de proyectos y actividades sino prever antes los efectos que sobre el medio ambiente pueden acontecer, a la hora de redactar los planes y programas.
La Unión Europea atribuye especial relevancia a esta cuestión, habiendo dedicado dos directivas a esta materia, la Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, sobre evaluación de las repercusiones de determinados planes y programas en el medio ambiente, y la Directiva 2011/92/UE, de 13 de diciembre, de evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, que ha sido transpuesta a nuestro ordenamiento interno por la vigente Ley 21/2013, de 19 de diciembre, de evaluación ambiental, unificándose también en esta Ley disposiciones anteriores como la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, y el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, y modificaciones posteriores al citado texto refundido.
La obligación principal que establece la Ley 21/2013 es la de someter a una adecuada evaluación ambiental todo plan, programa o proyecto que pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente, antes de su adopción, aprobación o autorización, o bien, si procede, en el caso de proyectos, antes de la presentación de una declaración responsable o de una comunicación previa a las que se refería el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (hoy artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
La consecuencia jurídica derivada del incumplimiento de esta obligación, expresamente señalada en la propia ley, es que carecerán de validez los actos de adopción, aprobación o autorización de los planes, programas y proyectos, o en su caso, cuando proceda la declaración responsable o la comunicación previa relativa a un proyecto que, estando incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley, no se hayan sometido a evaluación ambiental, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, puedan corresponder.
(…)
La Ley 21/2013 distingue entre procedimientos ambientales (evaluación ambiental estratégica y la evaluación de impacto ambiental), cuya naturaleza es instrumental respecto al procedimiento sustantivo y sectorial de aprobación y adopción de planes y programas o de la autorización de proyectos, y los pronunciamientos ambientales (la declaración ambiental estratégica, el informe ambiental estratégico, la declaración de impacto ambiental y el informe de impacto ambiental) cuya naturaleza jurídica se corresponde con la de un informe preceptivo y determinante, de manera que no es posible continuar con la tramitación del procedimiento sustantivo en tanto el pronunciamiento ambiental no se produzca.
(…)
Los pronunciamientos ambientales se erigen, por tanto, como informes de una singular relevancia que tienen un valor reforzado y aunque no puedan caracterizarse como vinculantes desde un plano formal, sí que se puede afirmar que se aproximan a ese carácter desde el plano material o sustantivo, hasta el punto que la STS de 8 de marzo de 2010 (recurso de casación n.º 771/2006), partiendo de esa relevancia considera exigible que el órgano competente para resolver esmere la motivación en caso de que su decisión se aparte de lo indicado en esos informes (…)”.
Quinto.- Nulidad de pleno derecho.
Como se ha expuesto con anterioridad, la entidad Renovertis invoca que el Decreto 159/2018 incurre en la causa de nulidad expresamente prevista en el artículo 47, letra e, de la LPACAP, por haber sido dictado con ausencia de trámites esenciales del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Y como consecuencia de la anterior, invoca, además, la causa prevista en la letra a) por lesionar derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional -trato desigual y preferente a INALSA-.
A) Nulidad de pleno derecho. El artículo 47.1 de la LPACAP dispone que los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho, entre otros, en los casos siguientes “Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional” (letra a).
Sostiene Renovertis que el acto cuya nulidad se pretende lesiona el derecho a la igualdad de trato (artículo 14 de la Constitución Española), al considerar la existencia de “un trato desigual” en la tramitación ambiental de los expedientes de autorización sustantiva del proyecto y del proyecto “Vista Mar de 6 MW” promovido por esta última, por no quedar sometido el primero al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria del artículo 7 de la LEA.
Según la referida mercantil “si se realiza una comparación a nivel ambiental del PE San Bartolomé, con el PE Vista Mar, se puede comprobar como el Parque Eólico Vista Mar es una actuación de similares características que, si fue sometido al referido trámite ambiental cumpliendo con la Ley 21/2013…” y que existen “informes técnicos por los que se justifica la negativa o inviabilidad de este último proyecto justo antes del inicio de las obras”, concluyendo que, “se mantiene de forma inexplicable el trato preferente y diferente al Parque San Bartolomé promovido por Insular de Aguas de Lanzarote, S.A. (Inalsa)”.
Dicha alegación, sin embargo, no puede prosperar en el presente caso pues de acuerdo con la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional (Sentencia del n.º 2/1983, de 24 de enero) “El principio de igualdad ante la Ley consagrado en el artículo 14 de la Constitución ha sido configurado por la doctrina reiterada de este Tribunal, y de la que son especiales exponentes las Sentencias de 14 y 22 de julio de 1982, como un derecho subjetivo de los ciudadanos a obtener un trato igual, que obliga y limita a los poderes públicos a respetarlo, y que exige que los supuestos de hechos iguales sean tratados idénticamente en sus consecuencias jurídicas” (fundamento jurídico número cuatro).
De acuerdo con la doctrina jurisprudencial expuesta y la información obrante en el expediente, no cabe advertir en la tramitación ambiental de los referidos proyectos la existencia de una “identidad objetiva” que exigiera el mismo tratamiento procesal. Esto es así porque, el proyecto está sometido exclusivamente al cumplimiento de los condicionantes ambientales establecidos en el Decreto 383/2015, y el proyecto “Vista Mar de 6 MW” al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario, pues no resultó incluido en el Anexo I del Decreto 383/2015.
En este sentido se pronuncia el Consejo Consultivo de Canarias (dictamen 93/2016) al concluir que «En efecto, como se desprende de la documental obrante en el expediente administrativo, el proyecto de “Parque Eólico Vista Mar 6 MW”, promovido por la entidad Renovertis, S.L., se encontraba sometido al trámite de evaluación de impacto ambiental ordinaria previsto en el artículo 7 LEA, a diferencia del “Parque Eólico San Bartolomé de 9,2 MW”, el cual fue expresamente excluido de dicho trámite (artículo 8 LEA) por el Decreto 383/2015, de 28 de diciembre, y sometido a unos determinados condicionantes ambientales previstos en el Anexo II del indicado Decreto. De forma que las situaciones de hecho de uno y otro parque eólico no son comparables al estar sometidos a distintos regímenes de evaluación ambiental, por lo que no puede considerarse conculcado el derecho a la igualdad de trato invocado por Renovertis, S.L., al regirse por procedimientos distintos y no susceptibles de comparación».
Expuesto lo anterior procede estimar las alegaciones formuladas por INALSA en tal sentido pues tal y como afirma dicha mercantil “los motivos en los que se sustenta la solicitud de revisión (...) (…) son excluyentes(...) o se mantiene que el Parque Eólico San Bartolomé está exento de trámite ambiental por aplicación del Decreto 383/2015 o bien está sometido a Evaluación de impacto de la Ley 21/2013 para el supuesto de que no operara la exclusión de dicho trámite del que, de forma expresa, le exonera el Decreto 383/2015 aunque sujeto a los condicionantes ambientales recogidos en el mismo (…)”.
B) El artículo 47.1 de la LPACAP dispone que los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho, entre otros, en los casos siguientes “Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido…” (letra e).
Según la entidad Renovertis concurre la causa de nulidad prevista en el artículo 47.1.e) de la LPACAP, al considerar que se han omitido total y absolutamente trámites esenciales del procedimiento, en concreto, la omisión del procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario que exige para este tipo de proyectos la LEA.
En este sentido, sostiene Renovertis que el proyecto debió haber sido sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario exigido en la LEA porque no concurría la causa prevista en el Decreto 383/2015 que motivaba la excepcionalidad: a) el proyecto fue inadmitido del programa régimen retributivo especifico; b) se incumplió el plazo para su puesta en marcha; además, porque había caducado el plazo de vigencia previsto para las declaraciones de impacto ambiental en el artículo 43.1 de la LEA.
En relación con la causa de nulidad establecida en el artículo 47.1.e) de la LPACAP, el Consejo Consultivo de Canarias ha manifestado, por ejemplo, en el Dictamen 145/2024, de 21 de marzo (con cita de los dictámenes 8/2021, de 15 de enero, 489/2021, de 14 de octubre y 161/2020, de 1 de junio), lo siguiente: «El artículo 62.1.e) LRJAP-PAC configura como una causa de nulidad el que los actos sean dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. Como las causas de nulidad radical o absoluta de los actos administrativos son tasadas, tienen carácter excepcional y han de interpretarse de forma estricta, la jurisprudencia del Tribunal Supremo es especialmente restrictiva en cuanto a la aplicación de esa causa de nulidad, ya que el empleo por la Ley de los dos adverbios “total y absolutamente” impone que los defectos formales necesarios para aplicar esta nulidad radical deben ser de tal dimensión que es preciso que se haya prescindido de modo completo y absoluto del procedimiento, no bastando la omisión de alguno de sus trámites. La omisión de algún trámite se equipara a la omisión total del procedimiento cuando tiene la naturaleza de esencial en los supuestos en que haya causado indefensión material al interesado (para lo cual habrán de tenerse en cuenta, entre otras circunstancias, las consecuencias que sufrió por la omisión del trámite). También se equipara a la omisión total si los trámites incumplidos, de haberse observado, habrían determinado un acto de contenido distinto. Consúltense al respecto las SSTS de 23 febrero de 2016; de 26 enero de 2016; de 24 enero de 2014; de 27 junio de 2012 y de 25 abril de 2002 (…)».
También ha señalado en los dictámenes 84/2014, de 17 de marzo, y 258/2020, de 25 de junio, que “(L)a interpretación jurisprudencial de este precepto considera que se está ante esta causa de nulidad no solo cuando el acto se dicta prescindiendo de todo procedimiento, sino también cuando se dicta a través de un procedimiento que no es el previsto legalmente; o cuando, aun siguiendo el procedimiento debido, se omiten trámites esenciales de este que causan indefensión absoluta a los interesados. Véanse por todas las SSTS de 25 de abril de 2002 y de 27 de junio de 2012”, doctrina aplicable al presente supuesto”.
Expuesta la anterior doctrina, consta acreditado en el expediente administrativo que el Gobierno de Canarias, mediante el Decreto 159/2018, acordó la ejecución del proyecto con los condicionantes ambientales contenidos en el Decreto 383/2015 y ordenó paralelamente la iniciación del procedimiento de modificación del planeamiento afectado.
El citado acuerdo del Gobierno de Canarias se dictó en el curso del procedimiento de autorización sustantiva del Proyecto al amparo de lo dispuesto en el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario, regulador del procedimiento excepcional para obras de interés general para el suministro de energía eléctrica con el fin de salvar los obstáculos de planeamiento que existían en aquel entonces en los Instrumentos de Ordenación Territorial y Urbanística de las corporaciones locales afectadas.
Resulta innegable, de acuerdo con lo expuesto en el fundamento jurídico cuarto de esta Resolución, que el proyecto, al tratarse de un parque eólico susceptible de producir efectos significativos sobre el medio ambiente, quedaría sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental por aplicación de los artículos 7.1.a) -en relación con el Anexo I Grupo 3.i)- y 9 de la LEA; y que el citado procedimiento constituye un trámite de naturaleza esencial para su autorización de modo que, la omisión del referido trámite viciaría dicha autorización de nulidad de pleno derecho.
No obstante, cabe advertir que, a pesar del carácter esencial del referido procedimiento de evaluación de impacto ambiental, la propia LEA contempla la potestad administrativa de excluir un proyecto determinado de dicho procedimiento y de someterlo a otra forma alternativa de evaluación ambiental que cumpla con sus principios y objetivos, tal y como establece su artículo 8 al disponer:
“1. No serán objeto de evaluación ambiental estratégica los siguientes planes y programas:
a) Los que tengan como único objeto la defensa nacional o la protección civil en casos de emergencia.
b) Los de tipo financiero o presupuestario.
2. El órgano sustantivo podrá determinar, caso por caso, que la evaluación de impacto ambiental no se aplicará a los proyectos o partes de proyectos que tengan como único objetivo la defensa y a los proyectos que tengan como único objetivo la respuesta a casos de emergencia civil, cuando tal aplicación pudiera tener repercusiones negativas sobre tales objetivos.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49, el Consejo de Ministros, en el ámbito de la Administración General del Estado, o, en su caso, el órgano que determine la legislación de cada comunidad autónoma, en su respectivo ámbito de competencias, podrán, a propuesta del órgano sustantivo, en supuestos excepcionales y mediante acuerdo motivado, excluir un proyecto determinado de la evaluación de impacto ambiental, cuando su aplicación pueda tener efectos perjudiciales para la finalidad del proyecto o aquellos proyectos que consistan en obras de reparación o mejora de infraestructuras críticas, definidas en la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas, que hayan sido dañadas como consecuencia de acontecimientos catastróficos o cuyo refuerzo sea necesario para garantizar la seguridad nacional.
4. En los casos previstos en el apartado anterior, a propuesta del órgano sustantivo, el Consejo de Ministros en el ámbito de la Administración General del Estado o, en su caso, el órgano que determine la legislación de cada comunidad autónoma en su respectivo ámbito de competencias, decidirá en el acuerdo de exclusión si procede someter el proyecto a otra forma alternativa de evaluación que cumpla los principios y objetivos de esta ley, que realizará el órgano sustantivo. El órgano sustantivo publicará el acuerdo de exclusión y los motivos que lo justifican en el Boletín Oficial del Estado o diario oficial correspondiente. Adicionalmente, pondrá a disposición del público la información relativa a la decisión de exclusión y los motivos que la justifican, y el examen sobre las formas alternativas de evaluación del proyecto excluido. El órgano sustantivo comunicará la información prevista en el párrafo anterior a la Comisión Europea, con carácter previo a la autorización del proyecto.
5. Las posibilidades de exclusión reguladas en este artículo no eximirán al promotor de efectuar una evaluación de las repercusiones sobre los espacios Red Natura 2000, cuando se trate de planes, programas y proyectos que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesarios para la misma, puedan afectar de forma apreciable a las especies o hábitats de los citados espacios, ya sea individualmente o en combinación con otros planes, programas o proyectos.
Para ello, el promotor elaborará un informe de repercusiones sobre los hábitats y especies objetivo de conservación de los espacios afectados, incluyendo las medidas preventivas, correctoras y compensatorias Red Natura 2000 adecuadas para su mantenimiento en un estado de conservación favorable, y un esquema de seguimiento ambiental, y el órgano sustantivo consultará preceptivamente al órgano competente en la gestión de los espacios Red Natura 2000 afectados, para remitir posteriormente el informe junto con la consulta al órgano ambiental, al objeto de que este determine, a la vista del expediente, si el plan, programa o proyecto causara un perjuicio a la integridad de algún espacio Red Natura 2000. En caso afirmativo se sustanciará el procedimiento regulado por los apartados 4 a 7 del artículo 46 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. La aprobación del proyecto incluirá expresamente las medidas y el programa de seguimiento ambiental adoptados.
En casos de fuerza mayor, reacción ante catástrofes o accidentes graves, parte o todas las actuaciones señaladas en el párrafo anterior podrán realizarse a posteriori, justificándose dichas circunstancias en la aprobación del proyecto”.
Y, precisamente haciendo uso de la potestad que le confiere el citado artículo 8 de la LEA, el Gobierno de Canarias acordó, con carácter excepcional y de forma motivada, mediante el Decreto 383/2015 excluir a determinados proyectos de Parques Eólicos del procedimiento de evaluación de impacto ambiental (ordinario o simplificado, según procedía), entre los cuales se encontraba el proyecto sometiéndolo a otra forma de evaluación que cumplía los principios y objetivos de dicha Ley.
La causa justificativa de tal exclusión se encuentra contenida en el propio Decreto 383/2015, de 28 de diciembre, que señala expresamente en su antecedente primero:
“(…) La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento ha considerado oportuno elevar al Gobierno de Canarias la exclusión del trámite de evaluación de impacto ambiental para los proyectos de Parques Eólicos que se relacionan en el Anexo I del presente Decreto, dadas las circunstancias excepcionales que se dan en relación con la tramitación administrativa de los mismos, habida cuenta que las solicitudes de inscripción en el registro de régimen retributivo específico en estado de preasignación finaliza el 31 de diciembre de 2015, siendo este un plazo perentorio que hace materialmente inviable emitir y publicar la pertinente Declaración de Impacto Ambiental, o, en su caso, el Informe de Impacto Ambiental antes de la llegada de dicha fecha (…)”.
Y continúa señalando en su consideración jurídica séptima:
“(…) Los motivos excepcionales en los que se fundamenta la decisión del Gobierno de Canarias de excluir a los proyectos objeto del presente Acuerdo del procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario o simplificado, según proceda, son los siguientes:
- Mediante Acuerdos del Gobierno de Canarias de fechas 22 de mayo, 4 de septiembre, 5 de noviembre y 14 de diciembre de 2015 (BOC números 105, 180, 216 y 242, de 3 de junio, 15 de septiembre, 6 de noviembre y 15 de diciembre de 2015, respectivamente), y a los efectos previstos en la Ley 3/2015, de 9 de febrero, sobre tramitación preferente de inversiones estratégicas para Canarias, se declaró el interés estratégico de los Parques Eólicos objeto del presente Decreto, en tanto se consideró que los mismos son relevantes para el desarrollo social y económico de las islas.
- La compleja y extensa duración de la tramitación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental y, fundamentalmente, la imposibilidad material de poder completar y resolver la referida tramitación antes del 31 de diciembre de 2015, fecha esta impuesta como tope por el apartado 3 de la disposición adicional sexta de la Orden IET/1459/2014, de 1 de agosto, en la redacción operada por la Orden IET/1953/2015, de 24 de septiembre, para poder acogerse a los parámetros retributivos y al mecanismo de asignación del régimen retributivo específico para nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares.
En este sentido, la finalización ordinaria de la tramitación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental correspondiente a estos proyectos sería en todo caso posterior al 31 de diciembre de 2015, lo que implicaría de facto que los Parques Eólicos no entrarían en la cuota (un máximo de 450 MW de potencia eólica) que permite aplicar las tarifas específicas para territorios extrapeninsulares. Ello podría suponer no solo que a los promotores pudiera no resultarle rentable la inversión, sino que, incluso, no pudieran probablemente siquiera afrontarla, por cuanto el hecho de no entrar en la referida cuota obstaculizaría notablemente la obtención de financiación para materializar su proyecto, lo cual perjudicaría el despliegue en Canarias de infraestructuras para la generación de energías renovables.
Esto último es consecuencia del mecanismo de asignación del régimen retributivo específico establecido para las nuevas instalaciones eólicas que obtengan la declaración de impacto ambiental a partir del 31 de diciembre de 2015, cuyas condiciones retributivas se prevé muy inferiores a las actuales. En efecto, el sistema retributivo general previsto a partir de dicha fecha, basado en el cumplimiento de determinadas condiciones técnicas y de sostenibilidad económica mediante un procedimiento de concurrencia por subasta en el que el concepto a subastar es el porcentaje de reducción del valor estándar de la inversión inicial de la instalación tipo de referencia, no asegura el derecho a la percepción de una retribución a la producción que haga atractiva la inversión en Canarias en contraposición con las condiciones que ofrece el territorio peninsular, todo ello motivado por el menor dimensionado de los parques así como a los elevados costes de establecimiento y explotación característicos de su singular territorio, insularidad y lejanía.
La energía eólica presenta incuestionables ventajas de índole medioambiental, entre ellas, con carácter general, un menor impacto por contaminación atmosférica y una mejora de las condiciones de cumplimiento del Acuerdo de París sobre el calentamiento global (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada entre el 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015). De otra parte, también posee diversos impactos positivos en cuanto a los factores socioeconómicos:
- En Canarias, el coste de generación a partir de la tecnología eólica es sensiblemente inferior a la generación a partir de tecnologías térmicas de origen fósil. Así, la sustitución de generación convencional por generación renovable supone, indudablemente, reducciones del extracoste de generación en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares y, por lo tanto, favorece el equilibrio entre los ingresos y costes del sistema eléctrico. Por lo tanto, el fomento de la producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables en Canarias reducirá costes de la explotación, favorecerá la entrada de nuevos agentes, y paliará el envejecimiento del parque de generación, contribuyendo, en definitiva, al equilibrio entre los ingresos y costes del sistema eléctrico. En concreto, la instalación de los parques eólicos para los que se solicita la exclusión del procedimiento de impacto ambiental, en total 157,15 MW, supondrá en los próximos 20 años, de mantenerse el coste de generación actual, un ahorro de 848 millones de euros al sistema eléctrico español.
- Asimismo, el sistema eléctrico canario presenta un elevado grado de obsolescencia, donde el 41 por ciento de la potencia efectiva disponible tiene más de 20 años. Asimismo, en el sistema canario, y en el caso particular eólico, existen abundantes recursos que no han sido explotados. En este sentido, la instalación de los parques eólicos sobre los que se propone la exclusión supone la renovación del parque de generación con una inversión aproximada de 207 millones de euros, con un empleo asociado de 1.100 puestos de trabajo en fase de construcción y de 314 puestos de trabajo en fase de operación.
- En lo que se refiere a medidas para paliar el calentamiento global y concretamente la emisión de gases de efecto invernadero, la instalación de los parques eólicos referidos evitaría anualmente la emisión de 353.000 t de CO2, lo que supondría la cantidad de 7,07 Mt de CO2 durante la vida útil de las instalaciones. (…)”.
Llegados a este punto, conviene precisar que los condicionantes ambientales que contempla el citado Decreto 383/2015 representan la forma alternativa de evaluación ambiental a que se refiere el artículo 8 de la LEA y que constituyen una forma dinámica de evaluación y análisis de la incidencia del proyecto sobre el medioambiente en que se implanta, contemplando, igualmente, la adopción de medidas preventivas, correctoras o compensatorias de sus posibles efectos e incorporando un Programa de Vigilancia Ambiental que permite el seguimiento ambiental del proyecto más allá de su fase de autorización con el fin de alcanzar un elevado nivel de protección medioambiental y promover el desarrollo sostenible de la región en su dimensión económica, social y ambiental. De esta manera se pretende la protección y tutela del medio ambiente por la Administración, la cual está obligada a instruir el seguimiento de la evaluación ambiental realizada y sus condiciones durante toda la vida del proyecto pudiendo, incluso, modificarlas si resultaran ineficaces o aparecieren impactos no previstos inicialmente.
En relación con los condicionantes ambientales impuestos por el Decreto 383/2015, de 28 de diciembre, consta en el expediente administrativo que han sido cumplidos por la entidad INALSA, tal como acreditan los informes favorables emitidos por los organismos competentes referidos en los antecedentes de hecho del presente Decreto.
Expuesto lo anterior, este órgano considera que no procede estimar los argumentos defendidos por Renovertis. Esto es así porque, tal y como afirma el Consejo Consultivo de Canarias (dictamen 93/2026), “(…) como se puede advertir, la exclusión del procedimiento de evaluación de impacto ambiental acordada por el Decreto 383/2015, de 28 de diciembre, se ajustó a los requerimientos del artículo 8 LEA y no estaba condicionada a la posterior obtención por INALSA del régimen retributivo establecido en la Orden IET/1459/2014, de 1 de agosto, que aprueba los parámetros retributivos y establece el mecanismo de asignación del régimen retributivo específico para nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, modificada mediante la Orden IET/1953/2015, de 24 de agosto; sino que tal exclusión tenía como objetivo facilitar la participación de las empresas de producción de energía eléctrica en dicha convocatoria, toda vez que el plazo para las solicitudes de inscripción en el régimen retributivo específico en estado de preasignación finalizaba el 31 de diciembre de 2015, todo ello basado en motivos sociales y económicos de interés general. Asimismo, tampoco contemplaba el indicado Decreto un plazo de caducidad que condicionara la efectividad de tal exclusión.
Además, al tiempo de dictarse el Decreto 159/2018, de 12 de noviembre, consta que el Decreto 383/2015, de 28 de diciembre, era plenamente ejecutivo y eficaz y, por tanto, de obligado cumplimiento por los órganos administrativos en el ejercicio de su propia competencia, pues no ha quedado acreditado en el presente procedimiento acto declarativo alguno de su nulidad o lesividad, ni la interposición de recursos en sede administrativa o judicial que pudiesen haber afectado a su eficacia y ejecutividad, estando, por tanto, la administración pública obligada a su aplicación”.
Una vez efectuadas las anteriores consideraciones y analizado el expediente administrativo, cabe concluir que, al existir disconformidad del proyecto con el planeamiento territorial y urbanístico que le afectaba y concurrir razones justificadas de urgencia y excepcional interés que motivaron la declaración de interés general de las obras necesarias para su ejecución, procedía la tramitación del procedimiento excepcional para obras de interés general para el suministro de energía eléctrica regulado en el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre.
Resulta acreditado la adecuada cumplimentación de los trámites legalmente previstos para la tramitación del citado procedimiento excepcional referidos fundamentalmente a: a) la Declaración del interés General de las obras del proyecto efectuada el 1 de diciembre de 2015; b) la cumplimentación del trámite de audiencia a las corporaciones locales afectadas -Cabildo Insular de Lanzarote y Ayuntamiento de San Bartolomé- el día 26 de diciembre de 2015; c) informe del Cabildo Insular de Lanzarote de fecha 7 de julio de 2026; d) informe del Ayuntamiento de San Bartolomé de fecha 23 de noviembre de 2016; y e) por lo que se refiere al trámite ambiental, la aplicación del Decreto 383/2015, de 28 de diciembre, que, como se ha expuesto, excluía al proyecto del procedimiento de evaluación ambiental ordinario previsto en el artículo 7 de la LEA, y lo sometía a una serie de condicionantes medioambientales que constan debidamente cumplimentados.
Por los motivos expuestos procede estimar las alegaciones formuladas de contrario por la entidad INALSA relativas a las causas de nulidad invocadas por Renovertis pues, tal y como sostiene aquella el proyecto está sujeto exclusivamente al cumplimiento de los condicionantes ambientales establecidos en el Decreto 383/2015, cuya adecuada cumplimentación ha resultado acreditada en el expediente, y la exención operada en dicho Decreto resulta de aplicación mientras permanezca en vigor.
En conclusión, teniendo en cuenta la obligación de interpretar restrictivamente las causas de nulidad radical o absoluta de los actos administrativos ya que suponen el ejercicio de una facultad exorbitante por parte de la Administración, y apreciado; (i) que no se ha omitido en el presente caso el trámite de evaluación de impacto ambiental por haber sido excluido expresamente por el Decreto 383/2015, de 28 de diciembre, y (ii) que no puede entenderse conculcado el derecho a la igualdad de trato ya que los referidos proyectos se encuentran sometidos a diferentes procedimientos de evaluación ambiental no susceptibles de comparación en cuanto a los trámites a seguir, este órgano debe concluir que no concurren las causas de nulidad invocadas para proceder a declarar la nulidad de pleno derecho del Decreto del Gobierno de Canarias 159/2018, y, en consecuencia, procede desestimar la pretensión anulatoria interesada por Renovertis.
Sexto.- Legitimación.
Sostiene INALSA que la entidad Renovertis carece de legitimación activa para interponer la acción de nulidad por aplicación del artículo 4.1 de la LPACAP. Sin embargo tal argumentación debe ser rechazada de acuerdo con los argumentos que se exponen seguidamente.
La LPACAP considera interesados en el procedimiento administrativo a; (i) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos; (ii) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. (iii) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva (artículo 4.1 de la LPACAP).
No obstante lo establecido en dicho artículo, la naturaleza urbanística del acto administrativo objeto de revisión (el Decreto 159/2018) confiere a Renovertis la condición de promotora legitimada de la acción de nulidad al amparo de una modalidad extraordinaria de legitimación activa existente en dicho ámbito material, cual es, la acción pública urbanística.
En este sentido “La acción pública es un instrumento puesto al servicio de los ciudadanos que consiste en la atribución de legitimación para perseguir conductas que infrinjan la normativa aplicable a sectores especialmente vinculados a valores que afectan a la comunidad”. (STS. Sala 3.ª, sec. 5.ª, n.º 1621/2019, de 21.11.2019, rec. 6097/2018, FD 4.º) y que “constituye una modalidad extraordinaria de legitimación, por lo que no se exige ostentar un derecho o interés legítimo” (STS, Sala 3.ª, sec. 5.ª, 17.2.2015, rec. 758/2013, FD 5.º).
En línea con lo expuesto por el Consejo Consultivo de Canarias (dictamen 93/2026), este órgano considera que la entidad Renovertis está legitimada activamente para interponer la solicitud de revisión de oficio al amparo de la acción pública en materia urbanística legalmente prevista en el artículo 5.f) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana -en adelante, TRLSRU-, aunque la causa de nulidad que se invoca se refiera a la omisión de un trámite de naturaleza ambiental, teniendo en cuenta la interpretación restrictiva que debe darse a las causas de inadmisibilidad de la acción interpuesta de acuerdo con la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.
El citado artículo 5.f) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, dispone que “Todos los ciudadanos tienen derecho a: (…) f) Ejercer la acción pública para hacer respetar las determinaciones de la ordenación territorial y urbanística, así como las decisiones resultantes de los procedimientos de evaluación ambiental de los instrumentos que las contienen y de los proyectos para su ejecución, en los términos dispuestos por su legislación reguladora”.
No en vano, como afirma dicho órgano consultivo, «(…) la resolución cuya nulidad se pretende es el Decreto por el que se acuerda la ejecución del proyecto “Parque Eólico San Bartolomé de 9,2 MW” y se ordena la iniciación de procedimiento de modificación del planeamiento afectado, el cual tiene un marcado carácter urbanístico, pese a que la causa de nulidad se ampare en la ausencia del trámite de evaluación de impacto ambiental.
Y, si bien es cierto que en supuestos como en el presente la línea divisoria entre la acción medioambiental y la urbanística no es nítida, esta cuestión ha sido resuelta por la Sentencia 48/2020, de 29 de enero, de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Justicia de Valencia en el siguiente sentido (…).
“(…) Respecto a la excepción planteada por las demandadas que hemos mencionado en el punto anterior, volvemos una y otra vez a movernos en el espinoso tema “acción medioambiental/acción urbanística”, difíciles de deslindar en el momento actual donde inserto en la ordenación de territorio se encuentra el medio ambiente. El Tribunal tiene claro que si nos encontrásemos ante una pura acción medioambiental el resultado sería la inadmisión del recurso tomando como referencia las sentencias de la Sala Tercera Sección Cuarta de 7 de junio de 2013-rec. 1542/2010 o Sección Tercera n.º 1188/2017, de 3 de julio de 2017- rec. 1783/2015; la primera de ellas pone de relieve que se trata de una acción popular especial dedicada a las asociaciones sin ánimo de lucro que tengan como objeto el medio ambiente y cumplan los requisitos del artículo 23 de la Ley Estatal 27/2006:
(…) La acción pública que reconoce la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE, es una acción pública peculiar, porque tiene unos límites hasta ahora desconocidos en el ejercicio de la acción pública. Baste señalar que su ejercicio depende de la concurrencia de una serie de requisitos, entre los que destaca, por lo que hace al caso, que la acción se habrá de ejercitarse, en todo caso, por asociaciones dedicadas a la defensa del medio ambiente, sin que el ejercicio de esta acción se reconozca a las personas físicas.
Sobre las dudas surgidas en torno a si estamos o no ante una verdadera acción pública, porque lo esencial en este tipo de acciones es que se permita el ejercicio de la acción a cualquier “ciudadano” [artículo 19.1.h) de la LJCA], solo debemos añadir que la propia Ley 27/2006, de 18 de julio, en su exposición de motivos, duda de su naturaleza al señalar que se introduce una “especie de acción popular” cuyo ejercicio corresponde a las personas jurídicas sin ánimo de lucro dedicadas a la protección del medio ambiente (…).
Obviamente deberíamos inadmitir el recurso vía artículo 69.b) de la Ley 29/1998 por no cumplir los dos primeros requisitos del artículo 23 de la Ley 27/2006: a) Que tengan entre los fines acreditados en sus estatutos la protección del medio ambiente en general o la de alguno de sus elementos en particular. b) Que se hubieran constituido legalmente al menos dos años antes del ejercicio de la acción y que vengan ejerciendo de modo activo las actividades necesarias para alcanzar los fines previstos en sus estatutos. La asociación se constituyó el 9 de noviembre de 2017 y el presente recurso contencioso se interpone el 20 de noviembre de ese mismo año, resulta evidente que nos encontramos ante una asociación que se ha constituido “ad hoc” para la interposición del presente recurso contencioso.
El problema viene porque el artículo 22 de la Ley 27/2006, cuando regula la acción “popular”, cita como materias las previstas en el artículo 18.1 y el propio artículo 18.3.c) excluye de la aplicación de la ley los procedimientos de elaboración de disposiciones de carácter general que tengan por único objeto la aprobación de planes o programas, que se ajustarán a lo establecido en su normativa específica. La normativa específica en materia urbanística históricamente ha sido la existencia de una “acción pública”, el actual artículo 5.f) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, establece como derecho de los ciudadanos el ejercicio de una acción pública sin cortapisas ni limitaciones, tanto para impugnar las determinaciones urbanísticas en sentido estricto como medioambientales, sería conveniente coordinar esta materia entre ambas legislaciones tan íntimamente relacionadas:
(…) Ejercer la acción pública para hacer respetar las determinaciones de la ordenación territorial y urbanística, así como las decisiones resultantes de los procedimientos de evaluación ambiental de los instrumentos que las contienen y de los proyectos para su ejecución, en los términos dispuestos por su legislación reguladora (…).
Con la base jurídica que acabamos de exponer, la interpretación que debemos dar es la fijada en la doctrina del Tribunal Constitucional, aplicable a los artículos 51, 58 y 69 de la Ley 29/1998 (SSTC 22/1985, 39/1985, 103/2003, 327/2006, 75/2009, 27/2010, 155/20 12), donde afirma que uno de los contenidos esenciales del derecho a la tutela judicial efectiva -ex artículo 24 CE- es el derecho a obtener una resolución sobre el fondo del asunto planteado oportunamente ante los órganos judiciales, si bien ese derecho queda igualmente satisfecho si el órgano judicial, por concurrir una causa legal apreciada razonadamente, dicta una resolución de inadmisión; es decir, la interpretación que debemos hacer de las causas de inadmisibilidad es restrictiva, por tanto, vamos a desestimar la causa de inadmisibilidad y entrar en el fondo de las motivos planteados».
Séptimo.- Suspensión.
Procede desestimar de forma definitiva la solicitud de Renovertis en su escrito, de fecha 12 de agosto de 2024, por la que interesa la; (i) paralización inmediata de las obras y (ii) no admisión de su puesta en Servicio provisional ni definitiva del proyecto por el órgano sustantivo.
La LPACAP atribuye al órgano competente para la revisión de oficio la potestad de; (i) suspender la ejecución del acto impugnado, cuando esta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación (artículo 108 de la LPACAP); (ii) adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad (artículo 56.1 de la LPACAP).
A juicio de este órgano no procede la paralización de las obras de un proyecto que, como alega INALSA, ya se encuentra ejecutado.
Por otro lado, teniendo en cuenta los intereses generales concurrentes en el presente caso -el desarrollo de la energía eólica y la seguridad del suministro eléctrico, por un lado, y, por otro, la conservación de la biodiversidad-, tampoco procede la suspensión del acto de autorización de la puesta en servicio solicitada, toda vez que la finalidad legítima de la revisión basada en supuestos daños al medioambiente no se perdería y nos encontramos ante un proyecto declarado de interés estratégico para Canarias en un contexto actual de crisis energética declarada en el año 2023.
Ello es así porque cabe advertir que la tutela del medio ambiente que se invoca para justificar la suspensión está debidamente considerada y protegida en las medidas de protección del medioambiente establecidas en el Decreto 383/2015 para el proyecto, en particular, en el Programa de vigilancia y seguimiento ambiental del proyecto, cuyo documento definitivo y refundido debe ser informado favorablemente por el órgano ambiental antes del inicio de su fase de funcionamiento.
Conviene indicar que dicho Programa de vigilancia y seguimiento ambiental está orientado a mitigar y corregir cualquier daño futuro derivado de la ejecución y explotación del Proyecto garantizando así la protección del medioambiente durante toda su vida y, por tanto, más allá de su fase de autorización. De este modo, resulta que aunque no se adopte la medida provisional, el medioambiente permanecerá protegido y tutelado por la Administración que está obligada a instruir el seguimiento ambiental del proyecto tras su autorización y puesta en funcionamiento pudiendo incluso paralizarlo en cualquier momento en caso de que se incumplan los condicionantes ambientales exigidos en el Decreto 383/2015 o se adviertan nuevas afecciones no evaluadas.
Debe ser considerado, además, el perjuicio económico que le provocaría a INALSA el no cumplimiento de los plazos previstos para la ejecución del proyecto a los efectos de la justificación de la inversión en plazo de los Fondos de Desarrollo de Canarias (FDCAN) europeos de los que procede referido en su escrito de alegaciones.
Teniendo en cuenta los argumentos expuestos anteriormente, procede desestimar, de forma definitiva, las medidas cautelares solicitadas por Renovertis pues no cabe advertir en el presente caso la omisión del trámite de evaluación de impacto ambiental del proyecto al resultar expresamente excluido por el Decreto 383/2015, y se constata el adecuado cumplimiento de los condicionantes ambientales que figuran en el Anexo II de dicho Decreto, para caracterizar correctamente su impacto ambiental y evitar o minimizar el mismo.
Octavo.- De conformidad con lo preceptuado por el artículo 20.e) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, procede solicitar informe preceptivo a los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Noveno.- El artículo 106.1 de la LPACAP determina la obligatoriedad de solicitar informe al Consejo Consultivo en los procedimientos de declaración de nulidad.
Teniendo en cuenta que el presente procedimiento de revisión se ha iniciado a solicitud de Renovertis, dicha empresa, tal y como advierte la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos, en su condición de promotora legitimada de la acción de nulidad, ostenta el derecho a que el procedimiento se tramite y resuelva, previa la emisión del correspondiente dictamen del Consejo Consultivo.
Esto es así porque, como se ha expuesto anteriormente, se ha considerado una cuestión de orden público entrar a analizar el fondo del asunto planteado al entender que el escrito de Renovertis no se encontraba incurso en ninguna de las causas de inadmisibilidad a las que se refiere el artículo 106.3 de la LPACAP.
A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos expuestos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a propuesta del Consejero de Transición Ecológica y Energía, previa deliberación del Gobierno, en su reunión celebrada el día 18 de mayo de 2026,
RESUELVO:
Primero.- Convalidar la Orden n.º 251/2024, de 21 de octubre, del Consejero de Transición Ecológica y Energía, por la que se inicia procedimiento de revisión de oficio del Decreto 159/2018, de 12 de noviembre, por el que se acuerda la ejecución del proyecto “Parque Eólico San Bartolomé de 9,2 MW”, expediente (ER-14/0018), Lanzarote.
Segundo.- Conservar los actos y trámites del procedimiento iniciado.
Tercero.- Desestimar la solicitud de revisión por no concurrir las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 47.1, letras a) y e), de la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuarto.- Declarar la finalización del procedimiento de revisión.
Quinto.- Notificar el presente acto a los interesados en el presente procedimiento.
Sexto.- El presente Decreto se publicará en el Boletín Oficial de Canarias.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Gobierno de Canarias en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala competente de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, significando que, en caso de presentarse recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Dado en Canarias, a 18 de mayo de 2026.
EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,
Fernando Clavijo Batlle.
EL CONSEJERO DE TRANSICIÓN
ECOLÓGICA Y ENERGÍA,
Mariano Hernández Zapata.
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