BOC - 2026/94. Lunes 18 de mayo de 2026 - 1628

III. Otras Resoluciones

Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad

1628 - Dirección General de Costas y Gestión del espacio marítimo canario.- Resolución de 21 de abril de 2026, relativa al otorgamiento de concesión para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre con el fin de ejecutar el Proyecto “Aliviadero de la estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) La Piscina”, sita en Avenida Adolfo Suárez, en el término municipal de Garachico, Tenerife, promovido por el Ayuntamiento de este municipio..

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Visto el procedimiento administrativo n.º (8063) 21/2023-1109085252, se resuelve el otorgamiento del título concesional referido, con base en los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 11 de julio 2014, el Ayuntamiento de Garachico, actuando en su nombre y representación el Cabildo Insular de Tenerife (Consejo Insular de Aguas de Tenerife), presenta instancia, en la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, Servicio de ordenación de litoral occidental, solicitando dos extremos: autorización de vertidos desde tierra al mar y concesión para ocupar el dominio público marítimo-terrestre para ejecutar el siguiente Proyecto “Aliviadero de la estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) La Piscina”, sita en Avenida Adolfo Suárez, término municipal de Garachico, Tenerife.

Segundo.- El 1 de enero de 2023 entró en vigor el Real Decreto 713/2022, de 30 de agosto, de traspaso de funciones y servicios de la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de ordenación y gestión del litoral. En consecuencia, el SPC traspasó a la Comunidad Autónoma de Canarias el expediente objeto del presente procedimiento.

Tercero.- Obra en esta administración autorización administrativa de vertidos desde tierra al mar, emitida por el órgano competente.

Siendo objeto de trámite por esta Dirección General el título administrativo de concesión de ocupación del demanio público marítimo-terrestre.

Cuarto.- En relación a cuál es la afectación en el DPMT, indicar que por Orden ministerial, de 21 de diciembre de 2005 (DL-199-TF), la actividad objeto del proyecto se encuentra entre los vértices M-90 y M-89.

Quinto.- Respecto al trámite de información pública:

En fechas de 28 de enero 2016 y 29 de enero de 2026, la entonces Dirección General de Protección de la Naturaleza solicita los informes regulados en el artículo 152.6 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre (en adelante RGC), a emitir en plazo, con las consecuencias del artículo 157 RGC, emitiéndose los siguientes:

- Capitanía Marítima de Santa Cruz de Tenerife emite informe el 1 de febrero de 2016.

- Viceconsejería de Pesca emite informe favorable el 16 de febrero de 2016.

- La Subdelegación de Defensa en Santa Cruz de Tenerife (Ministerio de Defensa) emite informe favorable el 22 de abril de 2016.

- La Dirección General de Salud Pública no emite informe.

- El Ayuntamiento de Garachico no emite informe.

- El Consejo Insular de Aguas de Tenerife no emite informe.

Sexto.- En virtud del artículo 156.4 del RGC, en fecha 10 de abril 2014, esta Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, solicita informe preceptivo y vinculante al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Dirección General para la Costa y el Mar), que debe ser emitido en el plazo de dos meses, sobre la actuación de referencia.

El Ministerio emite Informe en sentido favorable.

Séptimo.- Acta de Confrontación.

Regulada en el artículo en el artículo 152.4 RGC.

En fecha 30 octubre de 2014, se comprueba que las obras objeto de esta solicitud de concesión se encuentran ejecutadas en su totalidad. Y, asimismo, se verifica que se adecúan al terreno sobre el que se proyectan, así como su viabilidad.

Octavo.- En virtud con lo que regula el artículo 152.11 del RGC, en fecha 18 de febrero de 2026 tiene salida Resolución del Director General de Costas y de Gestión del espacio marítimo canario n.º 81/2026-Tomo 1-Libro: 2711, de sometimiento de las condiciones para el otorgamiento del título.

Y mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Garachico, de fecha 3 de marzo de 2026, se declara la aceptación de las condiciones de otorgamiento del título concesional.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- El 1 de enero de 2023 entró en vigor el Real Decreto 713/2022, de 30 de agosto (BOC n.º 180, de 12.9.2022), de traspaso de funciones y servicios de la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de ordenación y gestión del litoral (en adelante RD 713/2022).

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 193/2024, de 18 de noviembre (BOC n.º 235, de 25.11.2024), por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, corresponde a la Dirección General de Costas y Gestión del espacio marítimo canario instruir y resolver las solicitudes de autorización en la zona de servidumbre de protección, tránsito y acceso al mar de usos, actividades, obras e instalaciones y de extracción de áridos, en las que concurran circunstancias especiales de intensidad o rentabilidad, además de instruir y resolver las solicitudes sobre la ocupación o utilización del dominio público marítimo terrestre, por lo que es competente el Director General de Costas y Gestión del espacio marítimo canario para resolver la presente Resolución.

Segundo.- El proyecto, redactado en julio de 1992 por el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF), se ejecutó (entre los años 1987 y 1994), se calcula por los datos extraídos de GRAFCAN. Y el mismo manifiesta la ocupación, por un lado, del dominio público marítimo-terrestre, y también, a su vez, la ocupación de terreno afectado por las servidumbres de tránsito y protección.

Es importante señalar que las actuaciones que se encuentran ejecutadas, son de una magnitud relativamente pequeña, y se sitúan en su mayoría fuera de la lámina de agua marina y no suponen incremento de las presiones humanas, que actualmente sufre el mar en el entorno de proyecto.

La EBAR objeto del proyecto está embebida en hormigón armado hasta el punto de vertido, bajo escollera de protección existente en un primer tramo y mimetizada y protegida mediante hormigonado en su parte final. Y sirve a la evacuación del excedente de caudal que llega al canal de entrada y a la cámara seca de la EBAR en momentos de lluvias de cierta intensidad. Y resaltamos que los terrenos de la EBAR son inundables y han sufrido en la última década diversos episodios de inundación por temporales marinos.

La superficie ocupada en el dominio público marítimo-terrestre, en fecha actual, es de 12,47 m2.

En consecuencia, la solicitud de concesión objeto del expediente, y cuyo objetivo es la legalización o regularización de una conducción, ya existente (la estación de agua de bombeo de aguas residuales, “EBAR”, La Piscina), subrayar que consta con Informe favorable del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Por otro lado, aclarar que la tramitación de la autorización de vertidos desde tierra al mar, del expediente de vertido de las aguas residuales, no obra en este Centro Directivo, ya que el mismo no es el órgano competente para otorgar autorización. Sin embargo, no obstante, para la solicitud presentada el 11 de julio de 2014, relativa a la concesión para ocupar el dominio público marítimo-terrestre para ejecutar el siguiente proyecto “Aliviadero de la estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) La Piscina”, sita en Avenida Adolfo Suárez, término municipal de Garachico, Tenerife, en este punto su trámite si se resuelve por esta Dirección General.

Tercero.- Respecto al plazo de duración de la concesión, es de aplicación el previsto en el artículo 135.4.c) del RGC: “De acuerdo con el objeto de la solicitud, los plazos máximos por los que se podrán otorgar las concesiones son los siguientes: (…) c) Usos que presten un servicio público o al público que, por la configuración física del tramo de costa en que resulte necesario su emplazamiento, no puedan ubicarse en los terrenos colindantes con dicho dominio: hasta un máximo de 30 años”.

Conforme a los criterios establecidos en el apartado 5 del mismo artículo 135 del RGC, fijar tanto el plazo de duración como, a su vez, el de las posibles prórrogas dentro del límite temporal máximo en el que queda integrado el tiempo de duración de la concesión y las posibles prórrogas, se estima adecuado el plazo de treinta años, prorrogables por plazos de quince años hasta el máximo legal, previa solicitud del interesado y siempre que persistieran las condiciones que motiva su otorgamiento.

Cuarto.- Con carácter general, establece el artículo 31.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (LC), que “los usos que tengan especiales circunstancias de intensidad, peligrosidad o rentabilidad y los que requieran la ejecución de obras e instalaciones solo podrán ampararse en la existencia de reserva, adscripción, autorización y concesión, con sujeción a lo previsto en esta Ley, en otras especiales, en su caso, y en las normas generales o específicas correspondientes, sin que pueda invocarse derecho alguno en virtud de usucapión, cualquiera que sea el tiempo transcurrido”.

Estamos ante un uso del dominio público marítimo-terrestre en el cual se dan las especiales circunstancias previstas en el artículo 31.2 de la LC, en concordancia con el apartado 3 del artículo 110 del RGC: “se entenderá que concurren circunstancias especiales de intensidad, peligrosidad o rentabilidad cuando en las actividades se den, respectivamente, alguna de las siguientes:

a) Que no sean compatibles con las actividades contempladas en los artículos 31.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y 60.1 de este Reglamento.

b) Que su ejercicio signifique un peligro o riesgo para la integridad de personas o bienes.

c) Que la utilización del dominio público marítimo-terrestre sea un factor determinante de la rentabilidad económica de la actividad”.

Quinto.- De conformidad con los artículos 32.1 de la LC y 61.1 del RGC se establece: “Únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación”.

Y además, los apartados 2 y 3 del artículo 61 del RGC concretan:

“2. Las actividades o instalaciones a que se refiere el apartado anterior son:

a) Las que desempeñan una función o presten un servicio que, por sus características, requiera la ocupación del dominio público marítimo-terrestre.

b) Las de servicio público o al público que, por la configuración física del tramo de costa en que resulte necesario su emplazamiento, no puedan ubicarse en los terrenos colindantes con dicho dominio.

3. En todo caso la ocupación deberá ser la mínima posible”.

Sexto.- En cuanto a su ubicación, se encuentra localizada en los primeros veinte metros de zona de servidumbre de protección, y en consecuencia esta zona, se considera de tratamiento de aguas residuales, siempre que la misma genere algún tipo de desecho, residuo o materia que tenga que ser retirada de forma periódica y programada.

En relación a la base jurídica de esta afirmación, nombrar el artículo 96.1 del RGC y en segundo lugar artículo 63 del RGC:

Artículo 96.1 del RGC: “Las instalaciones de tratamiento de aguas residuales se emplazarán fuera de la ribera del mar y de los primeros veinte metros de la zona de servidumbre de protección. No se autorizará la instalación de colectores paralelos a la costa dentro de la ribera del mar ni de los primeros veinte metros de los terrenos colindantes (artículo 44.6 de la Ley 22/1988, de 28 de julio)”.

Y el artículo 63 del RGC: deberá quedar garantizado el sistema de eliminación de dichas aguas a la red de saneamiento general y la no afección al dominio público, a las playas o a la calidad de las aguas de baño.

Séptimo.- Respecto al canon, dispone el ordinal 5 del apartado C) del Anexo I del RD 713/2022 que “la Administración General del Estado se reserva las funciones de fijar el importe de los cánones de ocupación o aprovechamiento del dominio público marítimo- terrestre y de ejercer la titularidad sobre los derechos económicos devengados por la utilización o aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, sin perjuicio de la competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias para establecer otros gravámenes.

El Estado recaudará el importe de los cánones de ocupación o aprovechamiento del dominio público marítimo terrestre y la Comunidad Autónoma de Canarias recaudará, en su caso, los otros gravámenes que se puedan establecer, sin perjuicio de que ambas partes acuerden mecanismos para facilitar esta gestión a los usuarios”.

En vista de las instalaciones descritas, y objeto de legalización, debido a que las mejoras tienen el objetivo de permitir el correcto funcionamiento del bombeo de aguas residuales urbanas del núcleo de Garachico hasta una estación depuradora y, dado que constituyen un servicio público, y no suponen discordancia en el paisaje y no reducen el impacto visual, consideramos y subrayamos que la solicitud presentada es compatible con la legislación de Costas respecto a los elementos ubicados en dominio público marítimo-terrestre.

En su virtud,

RESUELVO:

Otorgar la concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre al Ayuntamiento de Garachico (actuando en su nombre y representación el Cabildo Insular de Tenerife) para la ejecución del Proyecto “Aliviadero de la estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) La Piscina”, término municipal de Garachico (Tenerife), sin perjuicio de terceros, conforme a las siguientes condiciones generales y particulares.

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA LAS CONCESIONES DEMANIALES EN LAS PLAYAS, ZONA MARÍTIMO-TERRESTRE Y MAR TERRITORIAL APROBADO POR O.M. DE 8 DE NOVIEMBRE DE 1985, PUBLICADO EN EL BOE DE 19 DE NOVIEMBRE DE 1985, ADAPTADO A LA LEY 22/1988, DE 28 DE JULIO, DE COSTAS Y AL REAL DECRETO 713/2022, DE 30 DE AGOSTO, DE TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

I. DISPOSICIONES GENERALES

1.ª) La presente concesión, que no implica cesión del dpm-t ni de las facultades dominicales del Estado, se otorga con sujeción a lo dispuesto en la LC, dejando a salvo los derechos particulares y sin perjuicio de tercero.

2.ª) Esta concesión se otorga por el plazo que se establece en el pliego de condiciones particulares y prescripciones (en adelante PCPP). Dicho plazo será improrrogable, a menos que en el PCPP se admita explícitamente la posibilidad de una prórroga. Su cómputo se iniciará el día siguiente de la fecha de notificación del otorgamiento al concesionario.

3.ª) Las obras se realizarán con arreglo al proyecto suscrito por facultativo competente, según nombre y fecha que se indican en el PCPP, con las determinaciones y modificaciones que en este se impongan. Su ejecución se llevará a cabo bajo el exclusivo riesgo y responsabilidad del concesionario, que deberá designar como Director de las obras un facultativo competente, según se acreditará ante la Dirección General de Costas y de Gestión del Espacio Marítimo Canario (en adelante DGCGEMC).

4.ª) Esta concesión no implica la asunción de responsabilidades por la Comunidad Autónoma de Canarias en relación con el proyecto y la ejecución y explotación de las obras e instalaciones, tanto respecto a terceros como al concesionario.

5.ª) El otorgamiento de esta concesión no exime a su titular de la obtención de las licencias y otras autorizaciones legalmente procedentes y, en particular, la de vertido al mar de aguas residuales o conexión, en su caso, a la red de saneamiento general.

6.ª) Esta concesión no implica la autorización para llevar a cabo actividades auxiliares fuera de los límites de la misma, tales como acopios, almacenamientos o depósito de los residuos de la explotación, ni para hacer publicidad audiovisual, salvo aquella que sirva para indicar el título y uso de la concesión, previa conformidad de la DGCGEMC.

7.ª) El concesionario queda obligado a instalar y conservar a sus expensas, en la forma y plazo que se indique en el PCPP o por la DGCGEMC, la señalización terrestre provisional durante las obras, así como la definitiva, que deberá incluir la de los accesos y zonas de uso público.

En el caso de que la naturaleza marítima de la concesión así lo exija, el concesionario queda obligado a instalar y mantener a su costa las señales de balizamiento que se ordenen por Puertos del Estado y/o Puertos Canarios, quienes, asimismo, ejercerán la inspección sobre dicha señalización, así como establecerán el balizamiento provisional a colocar durante la ejecución de las obras conforme a sus respectivas competencias. A estos efectos, con anterioridad al replanteo de las obras, deberá presentar los planos de situación y planta de las mismas. Con posterioridad, en el plazo de seis (6) meses, contados a partir de la fecha en que se le notifiquen las señales que han de constituir el balizamiento y sus apariencias y alcances, deberá presentar el proyecto correspondiente para su aprobación por Puertos del Estado y/o Puertos Canarios, según corresponda.

8.ª) En el caso de que existan terrenos de propiedad particular incorporados a la concesión por formar una unidad imprescindible para la explotación de la misma, antes del replanteo de las obras o simultáneamente con el mismo, se levantará preceptivamente el acta de entrega de dichos terrenos al dpm-t, con asistencia de los representantes de las Administraciones correspondientes, así como del concesionario, el cual deberá aportar la certificación registral que corresponda. Durante la vigencia de la concesión dichos terrenos tendrán el uso previsto en la misma y a su extinción mantendrán su calificación jurídica de dominio público.

9.ª) El concesionario queda obligado a presentar el título de la concesión dentro del plazo de treinta (30) días, contados desde el siguiente a la notificación del otorgamiento, en la Oficina liquidadora que corresponda, a efectos de satisfacer, si procede, el Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, conforme al texto refundido de dicho Impuesto vigente y a entregar justificante de ello ante la DGCGEMC. Asimismo, en el mismo plazo, deberá entregarse a la misma el resguardo original que acredite haber constituido, si procede, en la Caja General de Depósitos o en cualquiera de sus sucursales, la fianza definitiva equivalente al 5 por 100 del presupuesto total de las obras e instalaciones a realizar en el dominio público.

10.ª) El concesionario queda obligado a reponer y conservar los hitos del deslinde a los que esté referida la concesión, en la forma que se le indique por la DGCGEMC.

11.ª) El concesionario será responsable de los daños y perjuicios que puedan causar las obras autorizadas, directa o indirectamente, en las playas y costas inmediatas o próximas, a juicio de la DGCGEMC, debiendo presentar a estos efectos en el plazo que se le señale, el proyecto que comprenda las obras necesarias, que deberá realizar a sus expensas a fin de reparar los daños causados por las mismas. Aceptado dicho proyecto por la DGCGEMC, el concesionario realizará las obras en el plazo que se le indique.

CÁNONES, TASAS Y GASTOS

12.ª) Salvo en los casos de exención, el concesionario abonará por semestres adelantados al Tesoro Público a partir de la fecha de notificación de la concesión en la forma y cantidad que se fija en el PCPP, el importe correspondiente al canon de ocupación o aprovechamiento, salvo que esté exento. Este canon podrá ser revisado por la Administración en el plazo que se fije en el PCPP, proporcionalmente al aumento que experimente el valor de la base utilizada para fijarlo. Asimismo, presentará, en su caso, en el plazo de quince días, los correspondientes justificantes de dichos abonos para conocimiento de la Administración.

13.ª) Los gastos que se originen por el replanteo y el reconocimiento final de las obras, así como la inspección y vigilancia de las mismas, serán de cuenta del concesionario.

REPLANTEO DE LAS OBRAS

14.ª) Una vez cumplimentados los trámites establecidos en las condiciones quinta, octava y novena, el concesionario solicitará por escrito a la DGCGEMC, con la suficiente antelación para que las obras puedan comenzarse dentro del plazo, el replanteo de las mismas, que se practicará por un representante de la Comunidad Autónoma de Canarias, con asistencia del concesionario y de su director de obra, levantándose acta y planos general y de detalle, correspondiendo a la autoridad competente su aprobación, si procede.

En dichos planos deberán representarse, al menos, con las suficientes referencias fijas:

a) El deslinde del dominio público (líneas interior y exterior de la zona marítimo- terrestre y, en su caso, línea de playa o de otras pertenencias del dominio público marítimo-terrestre).

b) En su caso, los accesos públicos al dominio público marítimo hasta su conexión con viales públicos.

c) El dominio público en concesión y su ocupación con las obras del proyecto, así como todas aquellas secciones que sean necesarias para su definición.

d) En su caso, los terrenos de propiedad particular que se incorporan al dominio público marítimo estatal.

e) Las zonas de distinto uso, público y privado.

f) Las zonas que, por sus diferentes valoraciones deban satisfacer distintos cánones. Tanto en el acta como en los planos, se consignarán las mediciones de las superficies mencionadas y su carácter.

Al replanteo de las obras y al reconocimiento final de las mismas deberá convocarse a un representante del SPC, al objeto de constatar la adecuación de las obras al proyecto y la ocupación final de las mismas.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

15.ª) El concesionario dará comienzo a las obras y las terminará totalmente dentro de los respectivos plazos que se señale el PCPP, ambos contados desde el día siguiente a la fecha de notificación de la concesión.

16.ª) El concesionario no podrá ocupar, para la ejecución de las obras, espacio alguno del dominio público fuera del autorizado especialmente para ello por la DGCGEMC.

17.ª) Si transcurrido el plazo señalado para el comienzo de las obras, estas no se hubieran iniciado y el concesionario no hubiera solicitado la prórroga de aquel, la Administración declarará, sin más trámite, resuelta o anulada la concesión, quedando a su favor la fianza constituida.

18.ª) La DGCGEMC podrá inspeccionar en todo momento la ejecución de las obras, para comprobar si las mismas se ajustan al proyecto en base al cual se ha otorgado la concesión. Si apreciara la existencia de desviaciones en relación con el mismo, ordenará la paralización de las obras en la forma establecida por el artículo 103 de la LC, incoando, en su caso, los expedientes que correspondan y, en particular, el de caducidad cuando las modificaciones sean de sensible importancia.

19.ª) Si el concesionario incumpliera el plazo de terminación de las obras sin haber solicitado prórroga del mismo, será potestativo de la DGCGEMC, el concederle una prórroga de dicho plazo, con posibilidad de una sanción de hasta el 10 por 100 del presupuesto total de las obras, o incoar el expediente de caducidad de la concesión. Si se concediera dicha prórroga, la misma será la última que podrá otorgarse en estas condiciones, por lo que un nuevo incumplimiento llevará necesariamente a la incoación del expediente de caducidad de la concesión.

20.ª) Si el concesionario, antes de terminar las obras e instalaciones, renunciara total o parcialmente a la concesión, perderá la fianza constituida, a menos que demostrara que la renuncia fue motivada por la denegación, por parte de otros organismos oficiales, de las licencias, permisos u otras autorizaciones necesarias. Además, salvo decisión contraria de la DGCGEMC, quedará obligado a levantar las obras e instalaciones a su costa, dejando el terreno de la concesión libre de toda ocupación, en el plazo de que se le señale.

RECONOCIMIENTO DE LAS OBRAS

21.ª) Terminadas las obras, el concesionario presentará el certificado final de la obra, suscrito por su director y visado por su Colegio profesional, en el que deberán estar incluidas todas las obras, incluso, en su caso, las correspondientes al vertido de aguas residuales al mar, y solicitará por escrito a la DGCGEMC el reconocimiento final de las mismas, que se practicará con asistencia de un representante aquella, del concesionario y de su director de obra, levantándose acta y planos con los mismos requisitos que los de replanteo. El incumplimiento de esta condición llevará necesariamente a la incoación del expediente de caducidad de la concesión.

22.ª) La fianza definitiva se devolverá, en su caso, al concesionario al año de haber sido aprobados por la autoridad competente el acta y planos de reconocimiento final de las obras. Dichas obras sustituirán entonces a la fianza y responderán del cumplimiento de las cláusulas de esta concesión, cuando fuera procedente.

CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS

23.ª) El concesionario queda obligado a conservar y mantener las obras y terrenos concedidos en perfecto estado de utilización, incluso desde los puntos de vista de limpieza, de higiene y de estética, realizando a su cargo los trabajos de conservación y mantenimiento y cuantas reparaciones sean precisas para ello. Cuando estas tengan el carácter de gran reparación, el concesionario deberá presentar previamente, para su aceptación, en su caso, por la Administración, el proyecto correspondiente.

24.ª) La DGCGEMC podrá inspeccionar, en todo momento, el estado de conservación y mantenimiento de las obras y terrenos concedidos y señalar las reparaciones y otras acciones que deban realizarse para el cumplimiento de los términos de la concesión, quedando obligado el concesionario a ejecutarlas en el plazo que se le indique y en la forma establecida en la anterior condición 23. Si el concesionario no realizara estas actuaciones en el plazo establecido, la DGCGEMC podrá imponer una sanción económica que no exceda del 10 por 100 del presupuesto total de las obras autorizadas, concediéndole un nuevo plazo de ejecución. Si el concesionario no ejecutara las reparaciones en este nuevo plazo, se procederá a la incoación del expediente de caducidad de la concesión.

25.ª) La destrucción de todas o de la mayor parte de las obras autorizadas por la presente concesión, siempre que se deba a causas de fuerza mayor, dará derecho al concesionario a optar entre la renuncia a la concesión sin derecho a indemnización alguna y con la obligación de demoler y retirar los restos de las obras, o la reconstrucción a sus expensas de las mismas en el plazo que se le señale por la DGCGEMC. Si la destrucción ocurriese por dolo o culpa del concesionario o personas que de él dependan, la opción anterior corresponderá a la DGCGEMC, si bien en el caso de que el concesionario no presente la renuncia a la concesión, se instruirá el expediente de caducidad de la misma.

26.ª) Si el concesionario, una vez terminadas las obras y aprobada el acta de reconocimiento final de las mismas, renunciara total o parcialmente a la concesión, quedará obligado, de acuerdo con lo que se determine por la DGCGEMC, a entregar las obras e instalaciones al dominio público estatal o levantarlas a su costa, dejando en este último caso el terreno total o parcialmente libre de ocupación.

USO Y EXPLOTACIÓN

27.ª) El concesionario no podrá destinar los terrenos de dominio público concedidos, ni las obras en ellos ejecutadas, a usos distintos de los expresados en la concesión.

28.ª) Salvo que el PCPP señalara otro plazo distinto, la falta de utilización durante el periodo de un año de las obras y bienes de dominio público concedidos llevará necesariamente a la incoación del expediente de caducidad de la concesión, a no ser que obedezca a justa causa.

29.ª) Cuando por la importancia y naturaleza de la concesión, así se exija en el PCPP, el concesionario quedará obligado a designar un Director de explotación, que deberá ser un facultativo competente por razón de la materia, cuyo nombramiento se acreditará ante la DGCGEMC. Asimismo, en aquellos casos que así se exija en el PCPP, el concesionario deberá presentar, para su aceptación por la Administración, las tarifas máximas a abonar por el público como consecuencia de la explotación de las obras e instalaciones.

30.ª) Si durante la vigencia de la concesión se advirtiera la realización de obras o usos no amparados por la misma, la DGCGEMC ordenará, respectivamente, su paralización o suspensión, en la forma y con los efectos previstos en el artículo 103 de la LC. Si las infracciones cometidas fuesen de importancia notoria, se incoará, asimismo, expediente de caducidad de la concesión.

TRANSFERENCIA

31.ª) Se estará a lo dispuesto en el artículo 70.2 de la LC.

OTRAS DISPOSICIONES

32.ª) El concesionario vendrá obligado a cumplir las disposiciones vigentes o que en lo sucesivo se dicten, que afecten al dominio público concedido y a las obras y actividades que en el mismo se desarrollen, especialmente las correspondientes a la ordenación del dominio marítimo, y a la Ley de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional, sin que las que se ejecuten ni su uso pueda ser obstáculo para el ejercicio de las servidumbres de tránsito, protección y acceso al mar.

RESCATE DE LA CONCESIÓN

33.ª) Si los terrenos de dominio público objeto de la concesión fuesen necesarios, total o parcialmente, para la realización de actividades o ejecución de obras declaradas de utilidad pública y para llevarlas a cabo fuera necesario utilizar o demoler, en todo o en parte, los terrenos u obras de la concesión, la Administración podrá proceder al rescate de la misma antes de su vencimiento.

A tal efecto se incoará el expediente de rescate de la concesión, en el que se dará audiencia al concesionario, cumpliéndose, además, todos los trámites que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y demás disposiciones que sean de aplicación.

La valoración del rescate se efectuará conforme a lo establecido en el artículo 89 de la LC. El concesionario podrá además, retirar libremente aquellos elementos existentes en la concesión que no hubieran sido relacionados en el acta de reconocimiento final y no estén unidos de manera fija al inmueble, siempre que con ello no se produzcan quebrantamiento ni deterioro del mismo, salvo que la Administración decida también su rescate.

Si las obras se encontrasen deterioradas, se determinará por la Administración el presupuesto de los gastos necesarios para dejarlas en buen estado, el cual se notificará al concesionario antes de ser aprobado. Su importe se rebajará de la tasación, y la diferencia que resulte será la cantidad que se abone al concesionario.

REVOCACIÓN

34.ª) Cuando sin intervención de la Administración, varíen los supuestos físicos sobre los que se otorgó la concesión, la Administración podrá modificar o declarar resuelta la misma en función de las variaciones ocurridas y normativa aplicable, sin que el concesionario tenga derecho a indemnización.

VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCESIONAL

35.ª) Cuando por vencimiento del plazo concesional se produzca la reversión, quedarán extinguidos automáticamente, sin necesidad de declaración expresa, los derechos reales o personales que pudieran ostentar terceras personas sobre el dominio público concedido y las obras e instalaciones objeto de la concesión.

Tampoco asumirá la Administración los contratos de trabajo que pudiera haber concertado el concesionario para el ejercicio de su actividad empresarial, sin que, por lo tanto, pueda en forma alguna entenderse que la reversión implica la sustitución de empresa prevista en la legislación laboral vigente.

36.ª) Terminado el plazo concesional, revertirán al dominio público estatal los terrenos, obras e instalaciones objeto de la concesión, estando obligado el concesionario, a sus expensas, a la demolición y retirada de dichas obras e instalaciones, parcial o totalmente, incluso con reposición del terreno a su anterior estado, en el plazo que se le señale y sin derecho a indemnización alguna, excepto en el caso de que la Administración durante el plazo de tantos meses, antes del vencimiento del plazo concesional, como años tenga el mismo, de propia iniciativa o a petición del concesionario, declare que, dado que se mantiene el interés público de las obras e instalaciones, procede su mantenimiento para continuar su explotación en la forma que se determine.

El concesionario podrá retirar aquellos elementos que no figuren en el acta de reconocimiento final levantada conforme establece la anterior condición 21, siempre que no estén unidos de manera fija al inmueble y con ello no se produzca quebrantamiento ni deterioro del mismo, si la Administración no decide también su adquisición.

De la recepción por la Administración de los bienes revertidos, se levantará la correspondiente acta en presencia del concesionario, si compareciere. En el acta se reseñará el cumplimiento por el concesionario de la obligación de reponer el terreno a su anterior estado o, en el caso de que la Administración hubiera optado por el mantenimiento de las obras e instalaciones, el estado de conservación de las mismas, especificándose los deterioros que presenten. En este último caso, el acta servirá de base para instruir el correspondiente expediente, en el que se indicará al concesionario el conjunto de las reparaciones necesarias a ejecutar a su cargo en el plazo que se le señale.

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR, CADUCIDAD Y APREMIO

37.ª) El incumplimiento total o parcial de las condiciones y prescripciones impuestas en la concesión dará lugar a la incoación del correspondiente expediente sancionador por infracción contemplada en el artículo 90.d) de la LC, sin perjuicio de que, cuando a juicio de la Administración, la infracción pudiera ser constitutiva de delito o falta, esta pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente.

38.ª) Sin perjuicio de lo dispuesto en la condición 17 y de las causas que obligarán necesariamente a la incoación del expediente de caducidad de la concesión, señaladas
en las condiciones anteriores y en el artículo 79 de la LC, el incumplimiento por el concesionario de aquellas otras condiciones particulares y prescripciones, que se determinen específicamente en el PCPP, también será causa obligada de incoación del correspondiente expediente de caducidad.

Los demás supuestos de incumplimiento podrán, asimismo, ser causa de caducidad de la concesión, especialmente cuando existan reiteradas infracciones de una o varias de las restantes condiciones.

La declaración de caducidad supondrá la pérdida de la fianza o fianzas constituidas, en el supuesto de que todavía no se hubieran devuelto, pudiendo llevar aparejada, a criterio de la Administración, la demolición y retirada de las obras e instalaciones, parcial o total, a cargo del concesionario, incluso con reposición del terreno a su anterior estado, en el plazo que se le señale y sin derecho a indemnización alguna.

La tramitación del expediente de caducidad se realizará con independencia de la incoación del procedimiento sancionador que proceda, de acuerdo con lo dispuesto en la anterior condición 37.ª.

39.ª) Cuando el concesionario obligado a ello no lleve a cabo las acciones que se le ordenen por la Administración, en aplicación de las condiciones correspondientes, esta, de conformidad con el artículo 110 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, podrá proceder a su ejecución subsidiaria, siendo el importe de los gastos, así como de los daños y perjuicios a cargo del concesionario.

40.ª) Si en virtud de las actuaciones practicadas el concesionario hubiere de satisfacer a la Administración cantidad líquida, en caso de impago se seguirá el procedimiento de apremio conforme a lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación.

II. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y PRESCRIPCIONES (PCPP)

A) CONDICIONES PARTICULARES REFERIDAS AL PLIEGO
DE CONDICIONES GENERALES (PCG)

1.- La concesión se otorga por un plazo de treinta (30) años, prorrogables por periodos de quince (15) años hasta el plazo máximo legal, previa solicitud del interesado y siempre que persistieran las condiciones que motivan su otorgamiento. El plazo comenzará a computarse desde el día siguiente a la notificación al concesionario de la resolución de otorgamiento.

2.- Las que recoge en su informe de 15 de julio de 2014, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico:

«El Ministerio informa favorablemente la solicitud de concesión presentada por el Consejo Insular de Aguas de Tenerife, en representación del Ayuntamiento de Garachico, con destino a la legalización de la conducción de alivio de la estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) “La Piscina”, con base al “Proyecto de remodelación de las estaciones de bombeo de aguas residuales en Garachico casco”, en el término municipal de Garachico, isla de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), poniendo de manifiesto lo siguiente:

1) Las obras que se informan son las incluidas en el proyecto “Proyecto de remodelación de las estaciones de bombeo de aguas residuales en Garachico casco (término municipal Garachico)”, suscrito en febrero de 2014 por los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos D. Lorenzo A. García Bermejo y D. Luis A. Hernández Rodríguez, y el documento técnico “Solicitud para la autorización de vertido al mar del aliviadero de emergencia de la EBAR La Piscina, en el término municipal Garachico”, suscrito por los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos D. Lorenzo A. García Bermejo y Dña. Sonia García García.

2) Quedará garantizada, libre y expedita, en todo caso, la servidumbre de tránsito que contempla la legislación de costas, adecuando los medios necesarios para mantener la misma.

3) La Administración otorgante deberá cumplir lo señalado por los organismos oficiales que gestionan la ZEPA ES0000527 “Espacio marino de los Acantilados de Santo Domingo y Roque de Garachico”, declarada por Orden AAA/1260/2014, de 9 de julio, que cuenta con colonias importantes de petrel de Bulwer (Bulweria bulwerii), pardela chica (Puffinus (assimilis) baroli) y palño de Madeira (Oceanodroma castro), y con presencia de pardela cenicienta (Calonectris diomedea) y pardela pichoneta (Puffinus puffinus); y el Espacio Red Natura 2000 ES7020066 “Roque de Garachico”.

4) Se deberá cumplir con la Instrucción para el proyecto de conducciones de vertidos desde tierra al mar, aprobada por Orden de 13 de julio de 1993.

5) El presente informe se evacua sin perjuicio de la resolución de la Viceconsejería de Transición Ecológica y Energía o Consejería autonómica competente, respecto de la autorización de vertido desde tierra a mar.

El programa de vigilancia y control (PVyC) incluirá las medidas urgentes necesarias en caso de fuerza mayor, accidente o emergencia a tenor del riesgo explícito de inundación del entorno de la estación de bombeo de aguas residuales.

6) El solicitante entregará un proyecto de desmantelamiento de las instalaciones ubicadas en demanio público.

7) Conforme lo expuesto en consideración quinta el concesionario está exento de canon siempre y cuando la gestión de las instalaciones se realice directamente por el Ayuntamiento y no suponga una explotación lucrativa. En el caso de que se lleve a cabo una explotación lucrativa en cualquier zona de la concesión, se establecerá el correspondiente canon.

8) Una vez otorgada la concesión de ocupación de dominio público marítimo-terrestre por esa Comunidad Autónoma, solicitada por el Ayuntamiento de Garachico, deberá notificarlo al Servicio Periférico de Costas de este Ministerio en Santa Cruz de Tenerife en cumplimiento del artículo 116 de la Ley 22/1988, de 28 de julio.

9) Al replanteo de las obras y al reconocimiento final de las mismas deberá convocarse a un representante del Servicio Periférico de Costas, al objeto de constatar la adecuación de las obras al proyecto y la ocupación final de las mismas».

B) PRESCRIPCIONES

A) La utilización del dominio público marítimo-terrestre otorgado en concesión será de carácter general, público y gratuito.

B) Deberá quedar garantizada, en todo caso, la servidumbre de tránsito que contempla la legislación de costas, adecuando los medios necesarios para mantener la misma.

C) El concesionario deberá cumplir lo señalado por los organismos oficiales que han informado el proyecto y lo que, en su caso, establezca la tramitación ambiental. Se consideran incluidas en las presentes prescripciones las condiciones establecidas al respecto por los organismos consultados.

D) El otorgamiento de esta concesión no exime a su titular de la obtención de las licencias, permisos y autorizaciones legalmente procedentes.

E) Se advierte expresamente que si la zona sobre la que está previsto ubicar las instalaciones fueran inundables por su propia naturaleza, el concesionario asumirá todos los riesgos y daños derivados, tanto para las instalaciones como para sus usuarios, de dicho emplazamiento y de su proximidad al mar, debiendo establecer las medidas de seguridad y vigilancia oportunas.

F) En relación con la realización de las obras, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

1. No se permitirá ningún tipo de vertido al dominio público marítimo-terrestre ni a la zona de servidumbre de protección, de tierras, escombros o materiales o productos generados por la obra, que no cuente con la debida autorización, debiendo establecer las medidas oportunas para corregir los impactos generados durante la fase de ejecución de la obra o instalación de la ocupación.

2. Para la ejecución de las obras no se podrá ocupar espacio alguno del dominio público marítimo-terrestre fuera del autorizado especialmente para ello por la DGCGEMC. No se permitirán las acotaciones de paso público, las casetas y contenedores no autorizados, ni el almacenamiento exterior de acopios, o depósitos de los residuos de la explotación.

3. Realizada la instalación y a la vista de su posible afección al litoral, el concesionario estará obligado a modificar la posición de esta en lo que resulte necesario, e incluso a su desmontaje y retirada a su costa, antes del vencimiento de la concesión.

4. Tanto la explotación como el proceso constructivo se deberán llevar a cabo utilizando las mejores técnicas disponibles, de forma que el impacto medioambiental se reduzca al mínimo. En todo caso deberán seguirse las instrucciones que al respecto se dicten por los órganos competentes.

5. En concreto, si para la ejecución de las obras fuese necesario excavar en roca, la excavación se llevará a cabo por procedimientos mecánicos que no impliquen uso de explosivos, los cuales expresamente se prohíben.

6. El concesionario será responsable de todos los daños y perjuicios para las personas, las cosas y el medio ambiente que se puedan derivar, directa o indirectamente, de la realización de las obras, explotación de las instalaciones, avería, rotura, contaminación producida en las mismas, en el mar, en su lecho y subsuelo, y en general, cualquier tipo de deterioro en los bienes de dominio público marítimo-terrestre. En cualquiera de los casos anteriores el concesionario está obligado a llevar a cabo las actuaciones necesarias para la reposición de los bienes, debiendo realizar a sus expensas la reparación de los daños causados. Dichas actuaciones requerirán autorización previa, y en función de su magnitud, deberá presentar a estos efectos, en el plazo que se le señale, el proyecto que comprenda dichas obras.

7. Una vez finalizadas las obras, el concesionario deberá realizar una campaña de limpieza, eliminando la totalidad de restos de la obra y de los materiales empleados en su ejecución. Así mismo, deberá conservar las obras en buen estado y reparar los desperfectos que se produzcan como consecuencia del oleaje u otros.

8. Todas las consideraciones anteriores, así como cualquier incidencia en el medio ambiente que pueda surgir en el proceso de ejecución de las obras, serán analizadas en el reconocimiento final de las mismas por la DGCGEMC, que deberá suscribir el acta y plano que se levanten, bien de conformidad o, en su caso, con reparos. Un ejemplar de dichas acta y plano, una vez aprobadas, deberá remitirse a la DGCGEMC. En el acta de reconocimiento final de las obras y en el plano, deberá determinarse y representarse la ocupación del dominio público marítimo-terrestre otorgado en concesión, así como todas aquellas secciones que sean necesarias para su definición. Tanto en el acta como en los planos, se consignarán las mediciones de las superficies ocupadas. En caso de que sea necesario, debido al impacto producido por el establecimiento e implantación de las instalaciones, se exigirá un proyecto de acondicionamiento y mejora del entorno ambiental. En este caso, la explotación no comenzará hasta la ejecución del correspondiente proyecto.

G) El incumplimiento de cualesquiera de las anteriores prescripciones o de los casos indicados en el artículo 79 de la LC, dará lugar a la caducidad de la concesión con independencia de la tramitación del expediente sancionador que corresponda.

Notifíquese esta Resolución al Ayuntamiento de Garachico, al Cabildo Insular de Tenerife, a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural y al Servicio Provincial de Costas en Santa Cruz de Tenerife, comunicándole que contra la misma podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro del plazo de dos meses contados desde el siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, salvo que en el plazo de dos meses se produzca el previo requerimiento a que se refiere el artículo 44 del citado texto legal, el cual se entenderá rechazado si transcurriera un mes desde que se efectuó sin que haya sido contestado.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de abril de 2026.- El Director General de Costas y Gestión del espacio marítimo canario, Antonio Manuel Acosta Felipe.



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