ANTECEDENTES
Primero.- Con fecha 6 de noviembre de 2025 (CTEE/13140), la Dirección General de Energía (en adelante, DGE), en calidad de órgano sustantivo, remite a la Unidad Administrativa Provisional “Programa de Evaluación Ambiental” (en adelante, UAP) de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, solicitud de inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto denominado “Reformado de Planta Fotovoltaica Los Vallitos de 4,8 MW para incorporar acumulación de 9,6 MWh”, de conformidad con lo previsto en el artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El proyecto objeto del presente procedimiento se vincula a la instalación de generación eléctrica “Planta Fotovoltaica Los Vallitos”, promovida en el mismo emplazamiento, y que cuenta con antecedentes administrativos propios.
En este sentido, la citada instalación de generación ha sido beneficiaria de la “Convocatoria de subvenciones derivadas del Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se regulan los programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovables, así como implantación de sistemas renovables térmicos en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”.
Así, mediante Orden de concesión provisional n.º 157/2023, publicada con fecha 15 de diciembre de 2023, se otorgó ayuda para la actuación de generación por importe de 557.037 euros, la cual fue posteriormente confirmada mediante Resolución de concesión definitiva n.º 338/2024, publicada con fecha 1 de abril de 2024, por el mismo importe.
El proyecto que se somete a evaluación en el presente expediente constituye un reformado de la instalación anteriormente citada, mediante la incorporación de un sistema de almacenamiento energético, configurándose como una actuación diferenciada desde el punto de vista técnico y administrativo respecto de la instalación de generación previamente referida, sin que la actuación objeto del presente procedimiento haya resultado beneficiaria de dichas ayudas.
Segundo.- El órgano sustantivo aporta la siguiente documentación:
• Solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada, remitida por el promotor a la DGE con fecha 13 de octubre de 2025 (CTEE/11777).
• “Proyecto Reformado Planta Fotovoltaica Los Vallitos de 4,8 MW para incorporar acumulación de 9,6 MWh”, de febrero de 2025, redactado y firmado electrónicamente el 14 de febrero de 2025 por Dña. Patricia Dorta Díaz (Ingeniero Industrial, n.º de colegiado COIITF 394).
• Documento Ambiental (en adelante, DA) del “Proyecto Reformado Planta Fotovoltaica Los Vallitos de 4,8 MW para incorporar acumulación de 9,6 MWh”, de febrero de 2025, elaborado por la empresa Evalúa Soluciones Ambientales, S.L., redactado y firmado electrónicamente el 18 de febrero de 2025 por D. Rosendo J. López López (Biólogo Colegiado n.º 7755-L).
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Primera.- Objeto y localización del proyecto.
El proyecto tiene por finalidad reforzar el suministro eléctrico de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Adeje-Arona, gestionada por el Consejo Insular de Aguas de Tenerife, mediante la implantación de generación fotovoltaica complementada con un sistema de almacenamiento energético de 9,6 MWh en régimen de autoconsumo.
La actuación objeto del presente procedimiento consiste en la modificación de un proyecto previamente autorizado mediante Decreto 195/2024, incorporando un sistema de almacenamiento compuesto por tres contenedores de baterías de ion-litio de 3,2 MWh cada uno, integrados dentro del recinto de la planta y asociados al centro de transformación existente.
La instalación se localiza en una parcela de 37.947 m², propiedad del promotor, situada en el término municipal de Adeje (Tenerife), sobre una ladera de pendiente suave (en torno al 10 %), delimitada por la zona de Torviscas Alto al oeste, el Barranco del Infierno al norte y el entorno de la Subestación Eléctrica Los Vallitos y la EDAR Adeje-Arona al sur.
El emplazamiento dispone de buenas condiciones de accesibilidad, mediante vial asfaltado con conexión directa a la autopista TF-1 (salida 73). La infraestructura eléctrica asociada se limita a una línea subterránea de media tensión, de aproximadamente 245 metros de longitud, que conecta la instalación con el punto de conexión autorizado en la Subestación Eléctrica de Los Olivos.
Durante la visita de campo realizada el 25 de noviembre de 2025, se constató que la planta solar fotovoltaica a la que se vincula el presente sistema de almacenamiento se encontraba en una fase inicial de ejecución de las obras. El ámbito presentaba movimientos de tierra generalizados, así como la presencia de maquinaria pesada, observándose trabajos de acondicionamiento del terreno destinados a la futura implantación de las estructuras de soporte y de los módulos fotovoltaicos.
No obstante, debe señalarse expresamente que dichas actuaciones se corresponden única y exclusivamente con la ejecución de la planta fotovoltaica previamente autorizada, no guardando relación con la actuación objeto del presente procedimiento de evaluación ambiental.
En este sentido, se hace constar que, en el momento de la visita, no se habían iniciado obras, instalaciones ni actuaciones materiales de ningún tipo vinculadas al sistema de almacenamiento energético, ni se habían ejecutado elementos específicos asociados al mismo, por lo que el proyecto de acumulación se encuentra pendiente de ejecución y plenamente sometido al resultado del presente procedimiento de evaluación ambiental.
Segunda.- Modalidad de Evaluación de Impacto Ambiental aplicable al proyecto.
Según se establece en el artículo 7.2.a) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada los proyectos comprendidos en el Anexo II. En concreto, este proyecto aparece recogido en el Grupo 4. Industria Energética, cuya letra n) se refiere expresamente a la actividad de almacenamiento energético stand-alone a través de baterías electroquímicas o con cualquier tecnología de carácter hibridado con instalaciones de energía eléctrica.
Por tanto, teniendo en cuenta la naturaleza y características del proyecto, procede la tramitación de una evaluación de impacto ambiental simplificada, conforme al procedimiento regulado en los artículos 45 y siguientes de la misma Ley 21/2013.
Tercera.- Trámite de consulta a las Administraciones públicas, entidades u organismos afectados y personas interesadas.
3.1. A los efectos de lo previsto en el artículo 46 de la Ley 21/2013, el día 20 de noviembre de 2025 se realizaron consultas a las siguientes Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, concediendo un plazo de veinte (20) días hábiles conforme al apartado 2 del citado artículo. A continuación, se exponen los organismos y entidades consultadas:
3.2. A continuación se presenta el resumen del resultado de las consultas realizadas:
a) Servicio de Residuos (21.11.2025, CTEE/14030):
Indica que el proyecto no se encuentra sujeto a ningún tipo de autorización por parte de este Servicio, al no tratarse de una instalación de tratamiento de residuos. No obstante, recuerda diversas obligaciones legales aplicables al promotor durante la fase de construcción y operación:
• Se deberá cumplir con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, especialmente en sus artículos 4, 5 y 6.
• En caso de reutilización de tierras o materiales naturales, deberán atenderse los artículos 4 y 5 de la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su empleo en otras obras.
• El promotor tendrá la consideración de productor de residuos, debiendo presentar ante la Dirección General competente la correspondiente comunicación previa de la actividad de producción de residuos, peligrosos y/o no peligrosos.
Igualmente, deberá cumplir lo establecido en los artículos 20 y 21 de la LRSCEC relativos a las obligaciones en gestión de sus residuos, así como al almacenamiento, mezcla, envasado y etiquetado.
• Durante la fase de obras y la fase operativa se debe llevar un registro cronológico de los residuos que se generen, con justificación de su destino a gestor autorizado, recordándose que no se pueden destinar a vertedero los residuos valorizables.
• Se deberá determinar si la actividad está incluida en el Anexo I del Real Decreto 9/2005. En caso afirmativo, deberá remitirse un informe preliminar de situación con el alcance previsto en su Anexo II.
b) Dirección General de Salud Pública (5.12.2025, CTEE/14755):
Identifica varias afecciones potenciales a la salud durante la fase de obras, entre ellas, emisiones a la atmósfera […] por el tránsito de maquinaria, transporte de material, movimientos de tierras, etc., que podrían verse agravadas en episodios de calima o fuertes vientos, recomendándose suspender las actividades que incrementen partículas en suspensión en dichas circunstancias.
Señala también que las obras generarán niveles de ruido relevantes y que el promotor deberá garantizar el cumplimiento de los valores límite establecidos en la Ley 37/2003, y aplicar medidas correctoras en caso de quejas vecinales.
En cuanto al paisaje, se indica que la zona ya se encuentra transformada, pero que el proyecto supone un impacto negativo, directo y continuo, aunque potencialmente reversible sobre la calidad escénica y el bienestar de la población.
Respecto al suelo, el agua y los residuos, advierte del riesgo de vertidos accidentales y de pérdida de suelo productivo, así como del incremento de residuos de obra. Recuerda además que las baterías de ion-litio están clasificadas como residuos peligrosos y que no se detalla su gestión futura en el DA.
Sobre la seguridad, señala que, aunque el riesgo de incendio se considera poco probable, estos sistemas pueden ser fuente de explosiones, por lo que deben aplicarse estrictamente las medidas de prevención del fabricante y las obligaciones de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
En relación con la exposición a campos electromagnéticos, exige garantizar el cumplimiento de los límites establecidos por la normativa europea y realizar un análisis específico una vez la instalación esté operativa.
Asimismo, el informe indica que no consta información sobre si la población conoce el proyecto ni sobre su percepción del riesgo, criterio relevante para la evaluación del impacto en la calidad de vida.
Finalmente, subraya que, aunque los efectos son en su mayoría temporales y mitigables, esto no debe interpretarse como la inexistencia de molestias o afectaciones a la salud, y recuerda que el informe no es concluyente, ya que dicha evaluación corresponde al órgano ambiental competente.
c) Consejería Insular de Presidencia, Administración y Servicio Público, Planificación Territorial y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Tenerife (23.12.2025, CTEE/144925):
El informe recibido por el Cabildo Insular de Tenerife tiene carácter integrador, al recoger las consideraciones formuladas por distintos servicios competentes en materia de ordenación territorial, patrimonio histórico y medio natural.
En relación con la ordenación territorial, el informe evacuado por el Servicio Técnico de Planificación y Gestión Territorial analiza la adecuación del proyecto a las determinaciones del Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT), concluyendo que la actuación resulta incompatible con el modelo de ordenación establecido, al localizarse en un Área de Regulación Homogénea de Protección Ambiental 1, subcategoría de laderas, correspondiente a Zonificación Ambiental Ba, donde se prioriza la preservación de los valores naturales y territoriales. Asimismo, se indica que la implantación de la instalación se encuentra prohibida conforme al régimen de usos del PIOT.
En relación con el análisis de alternativas, el citado Servicio señala que el DA limita dicho análisis a la elección del tipo de baterías a emplear para el sistema de acumulación, manteniéndose en todos los casos la misma ubicación de la actuación dentro del recinto de la planta fotovoltaica. En este sentido, se concluye que no procede el análisis de dichas alternativas desde la perspectiva de la ordenación territorial, al no derivarse de las mismas repercusiones relacionadas con las determinaciones del PIOT, en la medida en que no se plantean variaciones en la localización de la actuación.
En materia de patrimonio histórico, el informe de la Unidad Técnica de Patrimonio Histórico concluye que no se identifican bienes catalogados ni ámbitos protegidos directamente afectados por la actuación. No obstante, dicha conclusión se fundamenta tanto en la documentación aportada por el promotor como en la visita de inspección realizada por el propio Cabildo, que confirma la inexistencia de bienes patrimoniales en superficie.
Sin perjuicio de lo anterior, y atendiendo a las características del ámbito, se establece la necesidad de realizar un seguimiento arqueológico durante la ejecución de las obras que impliquen movimientos de tierra, con el fin de prevenir la posible aparición de restos no detectados previamente, debiendo paralizarse los trabajos y comunicarse cualquier hallazgo conforme a la normativa aplicable.
Por su parte, en materia de medio natural, el informe del Servicio Administrativo de Gestión del Medio Natural pone de manifiesto que la actuación, si bien no afecta a hábitats de interés comunitario, implica la eliminación de aproximadamente 4 hectáreas de tabaibal amargo (superficie de ocupación de la Planta Fotovoltaica Los Vallitos y del sistema de baterías), así como la ocupación de hábitat faunístico y la introducción de un nuevo elemento antrópico en un entorno ya alterado. Asimismo, se señala la proximidad a espacios naturales protegidos y la posible afección a la conectividad ecológica, proponiéndose la adopción de medidas preventivas y correctoras adicionales dirigidas a favorecer la integración ambiental del proyecto.
d) Servicio de Cambio Climático e Información Ambiental (30.12.2025, CTEE/16202):
El informe valora positivamente la contribución del proyecto a la mitigación del cambio climático, destacándose la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero derivada de la integración del sistema de almacenamiento energético en la planta fotovoltaica, así como su alineación con los objetivos establecidos en la Ley 6/2022, de 27 de diciembre, de cambio climático y transición energética de Canarias, la Estrategia Canaria de Acción Climática 2040 y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.
Asimismo, el informe considera adecuado el tratamiento de la variable climática realizado en el Documento Ambiental, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 6/2022, sin apreciarse impactos adversos significativos relacionados con el cambio climático. No obstante, se formulan recomendaciones de carácter no vinculante orientadas a ampliar el análisis de la huella de carbono del proyecto y a valorar, en fases posteriores, la adopción de medidas adicionales de reducción o compensación de emisiones de gases de efecto invernadero.
Cuarta.- Análisis de alternativas planteadas.
El DA no contempla la alternativa cero, al indicar que la planta fotovoltaica y su infraestructura de evacuación cuentan ya con autorización administrativa previa mediante el Decreto 195/2024, de 25 de noviembre, por el que se acuerda la ejecución del proyecto “Planta Fotovoltaica Los Vallitos”.
En este contexto, el promotor considera que la alternativa de no ejecución carece de sentido, dado que la modificación proyectada se limita a la incorporación de un sistema de almacenamiento energético, sin alterar la ubicación ni las características esenciales de la instalación previamente autorizada, teniendo como finalidad optimizar el autoconsumo de la infraestructura hidráulica asociada.
En consecuencia, el análisis de alternativas se centra en la selección de la tecnología de almacenamiento, justificándose la necesidad de implantar un sistema de acumulación para gestionar los excedentes de producción generados frente a la demanda variable de la infraestructura, especialmente en periodos sin radiación solar.
A este respecto, el promotor indica que otras alternativas, como el almacenamiento mediante sistemas hidroeléctricos, han sido descartadas debido a la falta de disponibilidad de suelo y a su limitada capacidad de respuesta ante variaciones rápidas de la demanda, optándose por soluciones más flexibles y adaptadas al funcionamiento de la instalación.
A partir de estas consideraciones, el DA analiza las siguientes alternativas tecnológicas para el sistema de almacenamiento:
• Alternativa 1. Baterías de iones de litio (Li-ion): se describe como una tecnología consolidada, con alta densidad energética, baja autodescarga y una vida útil prolongada. Su uso está ampliamente extendido en indicaciones de almacenamiento renovable.
• Alternativa 2. Baterías de polímero de litio (LiPo): presentan menor densidad energética y una vida útil más corta respecto a las Li-ion, si bien permiten altas tasas de descarga. El promotor señala que su coste es superior y requieren sistemas de carga más precisos.
• Alternativa 3. Baterías de fosfato de hierro y litio (LiFePO4): ofrecen una elevada seguridad, un ciclo de vida largo y buen comportamiento térmico, aunque con menor densidad energética y mayor volumen por unidad de energía almacenada.
• Alternativa 4. Baterías de óxido de litio y manganeso (LiMn2O): se caracterizan por su estabilidad térmica, coste relativamente bajo y capacidad de descarga elevada, con una vida útil moderada y una densidad energética menor que otras tecnologías basadas en litio.
• Alternativa 5. Baterías de óxido de litio, níquel, manganeso y cobalto (NMC): se describen como una tecnología de alta densidad energética y buen equilibrio entre capacidad y estabilidad, aunque con un coste elevado y la necesidad de una adecuada gestión térmica.
• Alternativa 6. Baterías de ion-sodio: presentan una densidad energética más baja y requieren mayor espacio para una capacidad equivalente. El promotor indica que se encuentran en fases iniciales de desarrollo, con una eficiencia y vida útil inferiores y una cadena de suministro aún poco consolidada.
En cuanto a la alternativa seleccionada, el promotor opta por la tecnología Li-ion, argumentando que ofrece la mayor densidad energética, una vida útil larga y un nivel elevado de madurez tecnológica. Asimismo, destaca que permite integrar la capacidad de almacenamiento en un espacio reducido -requisito relevante al ubicarse el sistema dentro de un contenedor en el interior de la planta- y facilita una respuesta rápida en la gestión del autoconsumo, sin presentar riesgos ambientales significativos asociados a su utilización.
Quinta.- Criterios mencionados en el artículo 47.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, para determinar si un proyecto del Anexo II debe someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria.
En virtud del artículo 47.2 de la Ley 21/2013, se desarrollan a continuación los criterios del Anexo III de dicha norma legal para determinar si un proyecto del Anexo II debe someterse, o no, al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario:
1. Características del proyecto.
a) Las dimensiones y el diseño del conjunto del proyecto.
El proyecto consiste en la implantación de un sistema de almacenamiento energético con una capacidad total de 9,6 MWh, integrado por tres contenedores estandarizados de 40 pies, cada uno con una capacidad de 3,2 Mwh.
Estos contenedores se dispondrán sobre una plataforma de hormigón específicamente diseñada, ubicada en el interior del recinto de la planta fotovoltaica, actualmente en fase de ejecución, en una zona próxima al futuro centro de transformación y alineada con los viales internos de servicio, sin implicar ampliación de la superficie ocupada respecto al diseño del proyecto previamente autorizado.
Cada contenedor albergará baterías de ion-litio modelo Powercube-40H-M2, e integrará los sistemas necesarios para su funcionamiento en condiciones de seguridad, incluyendo el sistema de gestión de baterías (BMS), los convertidores de potencia (PCS), el sistema de gestión energética (EMS), así como los correspondientes sistemas de climatización, ventilación, protección y detección de incendios.
El conjunto operará en acoplamiento en corriente alterna, conectado al cuadro general de baja tensión, garantizando su integración funcional en el sistema de autoconsumo de la instalación.
Durante la fase de construcción se ejecutarán las actuaciones necesarias para la implantación del sistema, incluyendo el acondicionamiento de la plataforma, la ejecución de la losa de apoyo y la instalación de canalizaciones eléctricas y de comunicaciones, aprovechando los viales y superficies previamente conformados en el marco de las obras de la planta fotovoltaica.
En fase de funcionamiento, las actuaciones se limitarán a la explotación ordinaria del sistema de almacenamiento, así como a la realización de labores de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.
El acceso al emplazamiento se realizará a través de los viales existentes, ya utilizados para la ejecución y operación de la planta fotovoltaica, sin necesidad de abrir nuevos accesos ni modificar la red viaria actual.
b) La acumulación con otros proyectos, existentes y/o aprobados.
En el entorno inmediato del emplazamiento se localiza la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Adeje-Arona, infraestructura en funcionamiento dedicada al tratamiento de aguas residuales y gestión de lodos. Su actividad se desarrolla de forma independiente y no presenta interacciones funcionales con el sistema de almacenamiento proyectado, por lo que no se prevén efectos acumulativos relevantes derivados de la coexistencia de ambas instalaciones.
Las áreas agrícolas más próximas, vinculadas a cultivos de regadío e invernaderos, se sitúan a una distancia superior a 500 metros, lo que permite descartar interacciones apreciables en términos de ocupación de suelo, emisiones, ruido o afecciones derivadas tanto de la fase de obras como de la explotación. Por su parte, las explotaciones ganaderas existentes en el ámbito territorial más amplio se localizan a más de 1,4 kilómetros, distancia suficiente para excluir la generación de efectos sinérgicos.
En relación con otras infraestructuras y proyectos energéticos, no se identifican parques eólicos ni otras instalaciones de generación renovable en las proximidades que puedan dar lugar a efectos acumulativos significativos. La instalación fotovoltaica más cercana en tramitación, la Planta Solar Fotovoltaica Igara, se ubica aproximadamente a 1,9 kilómetros al sureste del emplazamiento, distancia que permite descartar interacciones relevantes en términos de emisiones, ocupación del suelo, ruido o afecciones paisajísticas.
En cuanto a la Planta Fotovoltaica Los Vallitos, el DA sitúa el sistema de almacenamiento proyectado dentro del ámbito de la instalación existente, integrándose en la misma sin suponer una ampliación de la superficie ocupada ni la afección a nuevas áreas no transformadas. En este sentido, ambos elementos se analizan de forma conjunta desde el punto de vista ambiental, al formar parte de una misma actuación.
En consecuencia, los efectos derivados del sistema de almacenamiento se valoran en relación con el conjunto de la instalación existente, atendiendo a su integración funcional y espacial.
Asimismo, en el ámbito del proyecto existen infraestructuras eléctricas preexistentes, entre las que se incluyen la subestación eléctrica de Los Vallitos, ubicada en el entorno inmediato del ámbito, el centro de transformación y la línea subterránea de media tensión que conecta la instalación con la red de distribución a través de la línea OLIVOS4, perteneciente a la subestación Los Olivos. El sistema de almacenamiento proyectado se integrará en dicha infraestructura de evacuación ya existente, sin requerir la ejecución de nuevas líneas eléctricas ni la implantación de nuevas infraestructuras de conexión.
En este contexto, y considerando de forma integrada la Planta Fotovoltaica Los Vallitos y el sistema de almacenamiento proyectado, atendiendo a la naturaleza de la actuación -consistente en la incorporación de un sistema de almacenamiento en una instalación existente-, a su implantación íntegra sobre superficies previamente transformadas y a la utilización de infraestructuras ya implantadas, se concluye que no se identifican efectos acumulativos o sinérgicos significativos sobre el medio ambiente.
c) La utilización de recursos naturales, en particular la tierra, el suelo, el agua y la biodiversidad.
Durante la fase de instalación, la utilización de recursos naturales será limitada y se desarrollará en un espacio donde la vegetación natural y los valores ecológicos han sido eliminados o profundamente alterados. Las actuaciones se concentrarán en el acondicionamiento y nivelación de la plataforma destinada a los contenedores, la ejecución de la losa de hormigón y la apertura de zanjas para las canalizaciones eléctricas y de comunicaciones, todas ellas dentro de las áreas ya intervenidas y los viales de obra existentes.
El consumo de materiales se limitará a los necesarios para la instalación de la plataforma de apoyo (hormigón, áridos y acero de armadura), las canalizaciones eléctricas y de telecomunicaciones, y los elementos auxiliares de montaje. No se contempla la utilización de recursos naturales adicionales, ni la ocupación de suelo fuera del espacio ya transformado por el proyecto fotovoltaico en ejecución. Tampoco se prevé un consumo significativo de agua, más allá del requerido para labores puntuales de obra tales como el curado del hormigón o el control de polvo, utilizándose en cualquier caso volúmenes reducidos.
Durante la fase operativa, el sistema de almacenamiento no requerirá la utilización continuada de recursos naturales. El funcionamiento de los contenedores de baterías no implica la captación de agua ni la ocupación de suelo adicional, y su actividad no genera consumos de materias primas. Los requerimientos de agua se limitarán a tareas esporádicas de limpieza o mantenimiento, de carácter residual. Asimismo, el sistema no demanda la extracción de materiales ni genera presiones sobre el medio edáfico, al encontrarse totalmente alojado en estructuras cerradas y sobre superficies impermeabilizadas.
En relación con la biodiversidad, la instalación del sistema de almacenamiento se desarrollará en un espacio ya desmontado y urbanizado, sin vegetación natural ni hábitats de interés. Las actuaciones no afectan a áreas de presencia faunística sensible. En fase operativa, la instalación de baterías permanecerá confinada en su interior, sin generar interacciones apreciables con los elementos del entorno.
En conjunto, la utilización de recursos naturales asociada al proyecto será de muy baja magnitud, quedando limitada a consumos materiales puntuales durante la instalación y prácticamente nula durante la fase operativa.
d) La generación de residuos.
Durante la fase de instalación, la generación de residuos estará asociada principalmente a las labores de obra necesarias para la implantación del sistema de almacenamiento. Se prevé la producción de residuos de construcción y demolición (RCDs) de escasa entidad, fundamentalmente tierras y materiales procedentes de la ejecución de zanjas y cimentaciones, así como restos de hormigón, embalajes, maderas, plásticos y metales derivados del transporte y montaje de los equipos. Estos residuos tendrán carácter mayoritariamente no peligroso y su volumen será reducido.
De forma puntual, podrán generarse residuos peligrosos en cantidades reducidas, tales como aceites, lubricantes, filtros o envases contaminados procedentes del mantenimiento de la maquinaria empleada, así como restos de productos químicos utilizados de forma puntual. La gestión de estos residuos se realizará conforme a la normativa vigente en materia de residuos, garantizando su almacenamiento adecuado, segregación por tipologías y entrega a gestor autorizado.
Durante la fase operativa, la generación de residuos será muy reducida y estará vinculada principalmente a las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de almacenamiento. Podrán generarse residuos asimilables a urbanos, como pequeños envases o materiales de limpieza, así como residuos específicos derivados de la sustitución ocasional de componentes eléctricos o electrónicos. Estos residuos serán gestionados conforme a su naturaleza y de acuerdo con la normativa aplicable.
En relación con las baterías de ion-litio, estas tendrán una vida útil prolongada y no generarán residuos durante su funcionamiento normal. Al final de su vida útil, serán consideradas residuos peligrosos y deberán gestionarse a través de gestores autorizados, conforme a la normativa específica aplicable a residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y a baterías, sin que dicha circunstancia suponga afecciones ambientales durante la fase de funcionamiento ordinario del proyecto.
En conjunto, la generación de residuos asociada al proyecto será de baja magnitud, concentrándose principalmente en la fase de instalación y siendo residual durante la fase de funcionamiento, sin preverse impactos significativos derivados de su correcta gestión.
e) La contaminación y otras perturbaciones.
Durante la fase de instalación, las principales fuentes potenciales de contaminación y perturbaciones estarán asociadas a las actividades propias de obra. En particular, se prevén emisiones difusas de polvo y partículas en suspensión derivadas de los movimientos de tierra, la ejecución de zanjas, el tránsito de maquinaria y el transporte de materiales. Estas emisiones tendrán un carácter temporal y localizado, viéndose además atenuadas al desarrollarse las actuaciones en un entorno ya alterado y en fase de obras.
Estas emisiones podrán incrementarse de forma puntual en situaciones de condiciones meteorológicas adversas, tales como episodios de intrusión de polvo sahariano o eventos de viento intenso. En tales casos, deberán adoptarse medidas preventivas adicionales, incluyendo, en su caso, la suspensión temporal de aquellas actividades susceptibles de generar emisiones de partículas en suspensión.
Asimismo, durante la fase de construcción se generarán emisiones acústicas asociadas al funcionamiento de la maquinaria y a la ejecución de los trabajos, de carácter temporal y circunscritas al periodo de ejecución de las obras. Dada la ubicación del proyecto en un entorno con presencia de infraestructuras y actividades en funcionamiento, así como la distancia a los receptores potencialmente sensibles, no se prevé que dichas emisiones supongan una alteración significativa del ambiente sonoro del entorno.
En todo caso, se deberá garantizar el cumplimiento de los valores límite establecidos en la normativa vigente en materia de contaminación acústica, adoptándose las medidas correctoras que resulten necesarias en caso de producirse molestias en el entorno.
Durante esta fase existe también un riesgo puntual de contaminación del suelo como consecuencia de posibles derrames accidentales de combustibles, aceites o lubricantes procedentes de la maquinaria. No obstante, estos riesgos se consideran bajos y controlables mediante la aplicación de medidas preventivas habituales, tales como el correcto mantenimiento de los equipos y la gestión adecuada de productos potencialmente contaminantes.
En fase operativa, el sistema de almacenamiento no generará emisiones atmosféricas ni vertidos al medio. Su funcionamiento no implica procesos de combustión ni la liberación de sustancias contaminantes, por lo que no se prevén afecciones a la calidad del aire, del suelo o de las aguas. Las emisiones acústicas se limitarán al funcionamiento de los sistemas auxiliares de ventilación y climatización de los contenedores, con niveles asociados al funcionamiento de dichos equipos, debiendo en todo caso garantizarse el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contaminación acústica.
Tampoco se prevé, conforme a lo indicado en el DA, la generación de campos electromagnéticos por encima de los valores admisibles, al tratarse de instalaciones diseñadas conforme a la normativa técnica vigente, sin perjuicio de las comprobaciones que, en su caso, deban realizarse en fase operativa para verificar el cumplimiento de la normativa aplicable.
En conjunto, las posibles fuentes de contaminación y perturbación asociadas al proyecto presentan un carácter temporal y localizado, concentrándose principalmente en la fase de instalación. En fase operativa, las afecciones se limitan al funcionamiento de equipos auxiliares, sin implicar procesos de combustión ni la generación de emisiones o vertidos al medio.
En base a la información aportada en el DA, y atendiendo a las características de la actuación, no se prevén impactos ambientales significativos asociados a la contaminación y otras perturbaciones, siempre que se cumplan las medidas preventivas y correctoras previstas.
f) Los riesgos de accidentes graves y/o catástrofes relevantes para el proyecto en cuestión, incluidos los provocados por el cambio climático, de conformidad con los conocimientos científicos.
El DA señala que el proyecto no se encuentra incluido en el ámbito de aplicación de la normativa sobre accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, al no implicar el almacenamiento ni la manipulación de sustancias clasificadas conforme a dicha legislación. No obstante, identifica como riesgos inherentes al sistema de almacenamiento aquellos asociados al funcionamiento de las baterías ion-litio, fundamentalmente vinculados a fenómenos de sobrecalentamiento, fallos eléctricos o incendios.
Según se indica en la documentación aportada, estos riesgos se ven mitigados mediante el diseño técnico de la instalación, que incorpora sistemas de protección, control y seguridad, tales como sistemas de gestión de baterías (BMS), dispositivos de protección frente a sobrecargas, cortocircuitos y sobretemperaturas, así como sistemas de ventilación y climatización destinados a garantizar condiciones de funcionamiento seguras. Asimismo, el proyecto contempla la ejecución y explotación de la instalación conforme a la normativa técnica y de seguridad vigente.
Durante la fase de instalación, los riesgos potenciales estarán asociados principalmente al uso de maquinaria, a la manipulación de equipos eléctricos y a la realización de las labores propias de obra. Estos riesgos son los habituales en este tipo de actuaciones y, conforme a lo indicado en el DA, serán gestionados mediante la aplicación de las medidas de seguridad y salud laboral correspondientes, sin que se prevean situaciones susceptibles de derivar en accidentes graves con afección ambiental significativa.
A la vista de la documentación aportada, y considerando el carácter confinado del sistema de almacenamiento, su implantación en contenedores cerrados, su ubicación dentro de un recinto controlado y la ausencia de interacción directa con el entorno exterior, se considera que, durante la fase operativa, el riesgo de accidentes con repercusiones ambientales resulta bajo, y que, en caso de producirse un incidente puntual, sus efectos previsibles quedarían limitados al ámbito de la propia instalación, sin trascendencia significativa para el entorno.
En relación con los riesgos derivados de fenómenos naturales o catástrofes, el DA indica que el emplazamiento no se localiza en zonas con riesgos elevados de inundación, avenidas torrenciales o inestabilidad geológica. No obstante, en el apartado relativo a la peligrosidad por riesgo hidráulico (inundación fluvial), se hace referencia a la posible existencia de escorrentía superficial asociada a episodios de lluvias intensas en el ámbito de actuación.
En este sentido, dichas consideraciones no implican la existencia de un riesgo significativo de inundación, sino la presencia de procesos de escorrentía propios de la configuración topográfica del terreno, que han sido tenidos en cuenta en el diseño y ejecución de la instalación fotovoltaica existente, en cuyo ámbito se integra la actuación proyectada.
Por tanto, se considera que los posibles episodios de escorrentía asociados a lluvias intensas no constituyen un riesgo relevante en términos de accidentes graves o catástrofes, al encontrarse integrados en el funcionamiento ordinario del ámbito y adecuadamente gestionados mediante las soluciones de drenaje existentes.
Asimismo, se tienen en cuenta los posibles efectos asociados al cambio climático, tales como el incremento de episodios de temperaturas extremas, olas de calor o condiciones meteorológicas adversas, aspectos que han sido considerados en el diseño del sistema, especialmente en lo relativo a la gestión térmica de las baterías y a la resistencia de las infraestructuras.
En conjunto, del análisis de la documentación aportada se concluye que el proyecto no incrementa de forma apreciable la vulnerabilidad del territorio frente a accidentes graves o catástrofes naturales, ni genera riesgos adicionales relevantes para la población o el medio ambiente, atendiendo a las características del sistema de almacenamiento y a su implantación en un entorno ya transformado.
g) Los riesgos para la salud humana.
Durante la fase de instalación del sistema de almacenamiento, los riesgos para la salud humana estarán asociados a las actividades propias de obra, tales como el tránsito de maquinaria, los movimientos de tierras y el montaje de los contenedores de baterías. Estos riesgos se traducirán principalmente en molestias temporales por emisiones de polvo, incremento puntual de niveles sonoros y riesgos laborales inherentes a los trabajos de construcción.
El DA considera que dichas afecciones tendrán un carácter temporal, localizado y de baja intensidad, al desarrollarse las actuaciones en un ámbito ya transformado y actualmente en fase de obras, y que su incidencia quedará limitada al periodo de ejecución de los trabajos.
A este respecto, las viviendas más cercanas al emplazamiento se localizan a una distancia aproximada de 319 metros en línea recta, en el entorno de la parte alta de Roque del Conde. No obstante, entre dichas viviendas y el ámbito del proyecto existe una divisoria topográfica que actúa como barrera física y visual, generando un efecto barrera entre ambos ámbitos, que se sitúan en vertientes diferenciadas, lo que reduce de forma significativa la intervisibilidad y la posible interacción entre la instalación y el entorno residencial.
En fase operativa, el DA indica que el sistema de almacenamiento no generará emisiones atmosféricas, vertidos ni procesos de combustión, por lo que no se prevén riesgos significativos para la salud humana derivados de su funcionamiento normal. Las posibles emisiones acústicas asociadas a los sistemas auxiliares se consideran compatibles con el entorno existente, atendiendo a la tipología de los equipos, a la distancia a los receptores potencialmente afectados y al efecto barrera generado por la divisoria topográfica existente entre el ámbito del proyecto y las zonas residenciales.
Los riesgos potenciales asociados al uso de baterías de ion-litio, así como los relativos a la exposición a campos electromagnéticos, han sido analizados en la documentación aportada y en el trámite de consultas, considerándose que pueden ser adecuadamente gestionados mediante el cumplimiento de la normativa técnica y de seguridad aplicable, sin que se prevean afecciones relevantes a la salud de la población, teniendo en cuenta además la distancia existente entre la instalación y los núcleos habitados más próximos, así como la disposición topográfica del terreno.
Del análisis de la documentación se concluye que el proyecto no supone un incremento significativo de los riesgos para la salud humana, concentrándose las posibles afecciones en la fase de instalación y siendo de carácter limitado y controlable, en un contexto de escasa exposición de la población potencialmente afectada.
2. Ubicación del proyecto:
a) El uso presente y aprobado del suelo.
El sistema de almacenamiento proyectado se ubicará en una parcela situada en el término municipal de Adeje, sobre la que resulta de aplicación el planeamiento urbanístico y territorial vigente.
Desde el punto de vista del planeamiento municipal, el ámbito se clasifica como Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras, categoría vinculada a la implantación y funcionamiento de infraestructuras de interés público.
No obstante, en relación con el planeamiento insular, el informe emitido por el Servicio Técnico de Planificación y Gestión Territorial del Cabildo Insular de Tenerife concluye que la actuación se localiza en un Área de Regulación Homogénea de Protección Ambiental 1, subcategoría de laderas, correspondiente a Zonificación Ambiental Ba del PIOT, apreciando su incompatibilidad con el modelo de ordenación y con el régimen de usos e intervenciones establecido por dicho instrumento, al tratarse de un ámbito en el que se prioriza la preservación de los valores naturales, territoriales y ambientales.
En este contexto, el presente análisis ambiental se circunscribe a la valoración de los efectos ambientales del proyecto en el marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada, sin que en el mismo se aborde la compatibilidad territorial de la actuación.
Asimismo, ha de tenerse en cuenta que el sistema de almacenamiento se integra en el recinto de la “Planta Fotovoltaica Los Vallitos”, instalación previamente autorizada y actualmente en fase de ejecución, de modo que la actuación objeto del presente procedimiento se implanta sobre superficies ya intervenidas, sin extender la ocupación a nuevos suelos ni afectar a áreas no transformadas del entorno.
Por tanto, desde la perspectiva del uso actual del suelo, la modificación proyectada se inserta en un ámbito ya alterado por la ejecución de la instalación principal, sin perjuicio de las consideraciones formuladas por el Cabildo Insular de Tenerife en relación con la compatibilidad territorial de la actuación respecto del PIOT.
b) La abundancia relativa, la disponibilidad, la calidad y la capacidad regenerativa de los recursos naturales de la zona y su subsuelo (incluidos el suelo, la tierra, el agua y la biodiversidad).
El ámbito en el que se implantará el sistema de almacenamiento se localiza en un entorno ya transformado por la presencia de infraestructuras energéticas e hidráulicas, entre las que se encuentran la Planta Fotovoltaica Los Vallitos, la subestación eléctrica colindante al ámbito, la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Adeje-Arona, la balsa de lodos asociada a dicha instalación y el depósito regulador existente en el entorno, así como por las obras en curso de la propia planta fotovoltaica.
En relación con el suelo y la tierra, el emplazamiento presenta un grado elevado de transformación, con movimientos de tierras generalizados, nivelaciones y superficies acondicionadas para la implantación de infraestructuras. La calidad edáfica del ámbito es baja desde el punto de vista ecológico, sin que se identifiquen suelos con capacidad agrícola relevante ni funciones ecológicas destacables. La capacidad regenerativa del suelo se considera limitada, al tratarse de un espacio ya artificializado y destinado a usos de infraestructuras, sin procesos naturales de recuperación activos.
Respecto a los recursos hídricos, el DA indica que el proyecto no se localiza sobre cauces públicos, ni barrancos activos identificados, ni implica la ocupación directa de dominio público hidráulico.
En este sentido, y de acuerdo con lo indicado en la información aportada, no se prevé la afección directa a aguas superficiales ni subterráneas, ni la utilización o alteración de recursos hídricos de la zona, más allá de usos puntuales y de escasa entidad durante la fase de obra, ya analizados en apartados anteriores.
En cuanto a la biodiversidad, el ámbito carece de hábitats naturales bien conservados, encontrándose desprovisto de vegetación natural y sin presencia de comunidades florísticas de interés. No se han identificado especies protegidas ni áreas de relevancia para la fauna en el interior del recinto del proyecto.
En relación con el subsuelo, el proyecto no implica la realización de excavaciones profundas ni actuaciones que puedan alterar de forma significativa sus condiciones naturales.
Del análisis de la documentación se concluye que los recursos naturales del ámbito de implantación presentan una limitada calidad y capacidad regenerativa, como consecuencia de la transformación previa del territorio. En este contexto, la implantación del sistema de almacenamiento, al desarrollarse íntegramente sobre superficies previamente intervenidas y sin afectar a recursos naturales sensibles, no supone una presión adicional relevante sobre los recursos naturales del área ni sobre su capacidad de recuperación.
c) La capacidad de absorción del medio natural, con especial atención a las áreas siguientes:
• Áreas protegidas.
El ámbito de implantación del sistema de almacenamiento se localiza fuera de Espacios Naturales Protegidos, de conformidad con lo establecido en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Asimismo, el proyecto se encuentra fuera de espacios pertenecientes a la Red Natura 2000, designados en aplicación de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, y de la Directiva 2009/147/CE, relativa a la conservación de las aves silvestres.
En relación con los Hábitats de Interés Comunitario (HIC), el ámbito del proyecto no coincide con ninguno de ellos, localizándose el HIC más próximo, correspondiente al 5330 - “Matorrales termomediterráneos y preestépicos”, a una distancia aproximada de 238 metros al sur del emplazamiento.
En consecuencia, el medio presenta una adecuada capacidad de absorción respecto a la proximidad de espacios protegidos y hábitats de interés, no apreciándose impactos significativos sobre estos elementos ambientales.
• Geología y edafología.
Las actuaciones previstas para la implantación del sistema de almacenamiento se concentran sobre superficies ya intervenidas, destinadas a plataforma de apoyo y canalizaciones, sin implicar excavaciones profundas ni modificaciones relevantes del sustrato ecológico. En consecuencia, no se prevén afecciones significativas sobre los componentes geológicos ni edafológicos del medio, ni una pérdida adicional de suelo con valor ambiental o productivo.
Atendiendo a estas circunstancias, y a la vista de la documentación analizada, se concluye que el ámbito presenta una adecuada capacidad de absorción en relación con la geología y los suelos, al tratarse de un entorno ya transformado y sin presencia de elementos geológicos o edáficos sensibles.
• Hidrología e hidrogeología.
En relación con la hidrología superficial, de la documentación cartográfica consultada a través del IDECanarias, y de la información recogida en el DA, se desprende que el ámbito de implantación del sistema de almacenamiento no afecta de manera directa a cauces públicos ni a barrancos activos.
El DA indica que la actuación se desarrolla íntegramente dentro del recinto de la Planta Fotovoltaica Los Vallitos, actualmente en fase de ejecución, sobre superficies ya transformadas, y que no se prevé la apertura de nuevos viales ni la modificación de la escorrentía superficial existente.
En cuanto a la hidrología subterránea, según la documentación ambiental aportada por el promotor, la actuación no afecta a zonas de recarga sensibles ni supone la captación, el consumo o el vertido de aguas subterráneas. Asimismo, el sistema de almacenamiento no requiere excavaciones profundas ni actuaciones que puedan alterar las condiciones naturales del acuífero.
A la vista de lo anterior, se concluye que el proyecto es compatible con los objetivos establecidos en la planificación hidrológica vigente y que la capacidad de absorción del medio en relación con las aguas superficiales y subterráneas es adecuada.
• Biodiversidad.
El ámbito concreto donde se pretende implantar el sistema de almacenamiento se localiza íntegramente dentro del recinto de la Planta Fotovoltaica Los Vallitos, actualmente en fase de ejecución, sobre superficies ya objeto de movimientos de tierra, nivelación y acondicionamiento, presentando un elevado grado de antropización.
En relación con la flora y la vegetación, de acuerdo con la información contenida en el DA, así como con la información cartográfica oficial disponible (IDECanarias y Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias) y la observación directa realizada durante la visita de campo, el área de implantación se encuentra desprovista de vegetación natural, sin presencia de comunidades florísticas de interés ni de hábitats naturales relevantes, correspondiéndose con un entorno transformado y carente de valores botánicos significativos.
En relación con la fauna, la documentación ambiental se complementa con el documento denominado “Estudio de ciclo anual de avifauna y quirópteros en el entorno del proyecto (abril 2024-septiembre 2024)”, aportado por el promotor, en el que se constata la presencia de diversas especies de aves y actividad de quirópteros en el ámbito de estudio.
No obstante, los resultados de dicho estudio indican que el área de implantación del proyecto no constituye una zona de especial relevancia para la reproducción, nidificación o refugio de especies protegidas, utilizándose principalmente como área de tránsito o campeo. En particular, no se identifican colonias ni refugios de quirópteros en el ámbito de actuación.
Asimismo, y a partir de la información disponible, no se tiene constancia de la presencia de áreas críticas para la fauna ni de elementos del medio que confieran al ámbito una funcionalidad ecológica relevante, debiendo tenerse en cuenta que la actuación se desarrolla sobre un espacio ya transformado, lo que limita de forma significativa su capacidad de acogida para la biodiversidad.
En consecuencia, y a la vista de la documentación aportada, no se prevén afecciones significativas sobre la biodiversidad derivadas de la implantación del sistema de almacenamiento.
• Paisaje.
El ámbito del proyecto se localiza en un entorno caracterizado por la presencia de infraestructuras hidráulicas y energéticas, entre las que destacan la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Adeje-Arona, la Subestación Eléctrica de Los Vallitos y la Planta Fotovoltaica Los Vallitos, actualmente en fase de ejecución. Este conjunto de elementos configura un paisaje marcadamente antropizado, en el que predominan los usos vinculados a infraestructuras y servicios.
Desde el punto de vista paisajístico, el emplazamiento se sitúa en una ladera de pendiente suave, con visibilidad limitada desde los principales núcleos de población y vías de comunicación, en parte debido a la propia configuración topográfica y a la presencia de infraestructuras existentes que ya condicionan la percepción visual del entorno.
La actuación proyectada consiste en la instalación de tres contenedores de baterías integrados en el interior del recinto de la planta fotovoltaica, ocupando una superficie reducida y sin generar elementos singulares adicionales que modifiquen de forma apreciable la escena paisajística actual. En este sentido, el sistema de almacenamiento se integra funcional y visualmente en una infraestructura ya implantada, sin suponer una alteración significativa de la calidad ni de la percepción del paisaje.
En consecuencia, y a la vista de la documentación aportada, no se prevén afecciones significativas sobre el paisaje derivadas de la implantación del sistema de almacenamiento.
• Áreas de gran densidad demográfica.
En el entorno del ámbito de actuación no se identifican núcleos urbanos de elevada densidad demográfica. El sistema de almacenamiento se ubica en un área destinada a infraestructuras, alejada de zonas residenciales consolidadas, y vinculada funcionalmente a la EDAR Adeje-Arona y a la red eléctrica existente.
No obstante, las viviendas más cercanas al emplazamiento se localizan a una distancia aproximada de 319 metros en línea recta, en el entorno de la parte alta de Roque del Conde. Debe señalarse, sin embargo, que entre dichas viviendas y el ámbito del proyecto existe una divisoria topográfica que actúa como barrera física y visual, situándose ambos ámbitos en vertientes diferenciadas, lo que reduce de forma significativa la intervisibilidad y la posible interacción entre la instalación y el entorno residencial.
En este contexto, y atendiendo al carácter confinado del sistema de almacenamiento, su reducida entidad y su integración dentro de un recinto ya en fase de ejecución, no se prevén afecciones relevantes sobre la población.
• Áreas con potencial afección al patrimonio cultural.
En relación con el patrimonio cultural, el promotor aporta el documento denominado «Informe al patrimonio cultural al proyecto “Planta Solar Fotovoltaica para autoconsumo Los Vallitos EDAR Adeje-Arona de 4,8 MW”», de enero de 2025, elaborado por D. Vicente Valencia Afonso (arqueólogo colegiado n.º 4.991), cuyo objeto es la identificación y valoración de los bienes de carácter arqueológico y etnográfico presentes en el ámbito de actuación, así como la definición de las medidas necesarias para su protección.
De acuerdo con dicho informe, tras la realización de trabajos de prospección arqueológica en la zona de implantación de la planta fotovoltaica y su infraestructura asociada, no se detectaron restos de materiales arqueológicos en superficie, ni estructuras de carácter habitacional o funerario, ni manifestaciones rupestres, concluyéndose que el ámbito de implantación presenta ausencia de contenido arqueológico.
No obstante, desde el punto de vista etnográfico, se identifican en el entorno próximo del proyecto un total de cuatro elementos patrimoniales, correspondientes a edificaciones tradicionales y estructuras asociadas a usos agrarios históricos (casas y eras), localizados a distancias comprendidas entre aproximadamente 53 y 190 metros respecto al ámbito de implantación de la planta fotovoltaica.
En relación con estos elementos, el estudio patrimonial concluye que no se prevén afecciones derivadas del desarrollo y funcionamiento de la planta solar fotovoltaica. En este sentido, considerando que el sistema de almacenamiento objeto del presente análisis se integra en el interior del recinto de la planta, ocupando superficies previamente transformadas y sin implicar nuevas alteraciones sobre el territorio, no se prevén impactos adicionales sobre los elementos patrimoniales identificados.
En este sentido, el informe emitido por la Unidad Técnica de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Tenerife concluye que la actuación no afecta a bienes catalogados ni a ámbitos protegidos, circunstancia que ha sido confirmada mediante visita de inspección realizada por dicho organismo. No obstante, se establece la obligación de llevar a cabo un seguimiento arqueológico durante la ejecución de las obras que impliquen movimientos de tierra, con el fin de prevenir la posible aparición de restos no detectados previamente.
3. Características del potencial impacto.
El proyecto presenta una magnitud reducida sin implicar ampliación de superficie ni ocupación de nuevos suelos. Las actuaciones se desarrollan íntegramente sobre un ámbito previamente transformado para la implantación y funcionamiento de la planta solar vinculada, con escasa sensibilidad ambiental, lo que limita de forma significativa la entidad de los posibles impactos.
Desde el punto de vista de su alcance espacial, los efectos derivados del proyecto tienen un carácter estrictamente localizado, circunscrito al interior de la parcela y sin proyección apreciable sobre el entorno. No se identifican afecciones sobre espacios protegidos, hábitats de interés, recursos naturales relevantes ni elementos patrimoniales, ni tampoco sobre la población, atendiendo a la distancia existente a los núcleos habitados y a las condiciones topográficas del emplazamiento.
En cuanto a la naturaleza de los impactos, estos se asocian fundamentalmente a la fase de instalación, presentando un carácter directo, temporal y de baja intensidad, vinculado a las labores de obra. Durante la fase operativa, el funcionamiento del sistema de almacenamiento no genera emisiones, vertidos ni perturbaciones relevantes, por lo que los efectos sobre el medio se consideran prácticamente inexistentes. Asimismo, la incorporación del sistema de almacenamiento contribuye a optimizar el aprovechamiento de la energía generada a partir de fuentes renovables, favoreciendo la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que constituye un efecto positivo desde el punto de vista ambiental.
Los impactos previstos se concentran principalmente en la fase de ejecución, siendo de carácter temporal, de corta duración y plenamente reversibles. Su frecuencia es puntual y limitada al periodo de obra. En fase de funcionamiento, los efectos son de carácter continuo pero de muy baja intensidad. En la fase de desmantelamiento, los impactos previsibles serán similares a los de la fase de instalación, igualmente temporales y de escasa entidad.
En relación con la posible acumulación o sinergia con otros proyectos, no se prevén efectos significativos, dado que el sistema de almacenamiento se integra en una infraestructura ya existente, formando parte de un mismo conjunto funcional, sin generar interacciones adicionales relevantes con otras actividades del entorno.
La probabilidad de ocurrencia de impactos adversos significativos se considera baja, atendiendo a las características del proyecto, su reducido alcance y su implantación en un entorno ya alterado. Asimismo, no se identifican riesgos relevantes para la salud humana ni para el medio ambiente, más allá de los habituales asociados a la fase de obras, los cuales presentan un carácter controlable.
En cuanto a la intensidad y complejidad de los impactos, estos se consideran bajos, al afectar a un número limitado de factores ambientales, de forma localizada y sin generar interacciones significativas entre ellos.
Por otro lado, el proyecto no presenta carácter transfronterizo, atendiendo a su escala y ámbito de implantación local, no existiendo posibilidad de afecciones más allá de su entorno próximo.
Sexta.- Cumplimiento principio “DNSH”.
El proyecto denominado “Reformado de Planta Fotovoltaica Los Vallitos de 4,8 MW para incorporar acumulación de 9,6 MWh”, en el término municipal de Adeje, isla de Tenerife, no cuenta con financiación procedente del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -Financiado por la Unión Europea- NextGenerationEU”. No obstante, la actuación se vincula funcionalmente a la instalación de generación “Planta Fotovoltaica Los Vallitos”, la cual ha sido beneficiaria de ayudas en el marco de dicho Plan, quedando por ello sujeta al cumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (Do No Significant Harm-DNSH), conforme a lo establecido en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
En este contexto, y dada la integración funcional de la actuación objeto del presente procedimiento en la citada instalación, resulta exigible que la modificación proyectada se ajuste igualmente a los principios y obligaciones derivados del citado marco, garantizando que no se ocasiona un perjuicio significativo sobre los objetivos medioambientales definidos en la normativa comunitaria.
En particular, deberá asegurarse el cumplimiento del principio DNSH en relación con los seis objetivos medioambientales establecidos: mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos, transición hacia una economía circular, prevención y control de la contaminación, y protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas.
A tal efecto, deberá verificarse el cumplimiento efectivo del principio DNSH mediante la adecuada aplicación y control de las medidas previstas, asegurando que la ejecución y funcionamiento de la instalación no generan afecciones significativas sobre los objetivos medioambientales definidos en la normativa comunitaria.
En conclusión, tras el análisis técnico del expediente, y considerando:
• El resultado de las consultas ambientales realizadas a las Administraciones públicas afectadas y personas interesadas, conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
• Las características técnicas del proyecto.
• La información ambiental contenida en el DA aportado por el promotor.
• La aplicación de los criterios establecidos en el Anexo III de la Ley 21/2013, relativos a las peculiaridades del proyecto, la localización del mismo y el tipo y características de los potenciales efectos sobre el medio ambiente.
Se concluye que el “Proyecto reformado de Planta Fotovoltaica Los Vallitos de 4,8 MW para incorporar acumulación de 9,6 MWh”, en los términos descritos en la documentación recibida, promovido por San Eugenio, S.A., en el término municipal de Adeje, isla de Tenerife, no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente.
En consecuencia, no resulta necesario someter el proyecto a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 21/2013, siempre que se garantice el estricto cumplimiento de las medidas preventivas, correctoras y de seguimiento propuestas en el DA, así como de aquellas medidas adicionales establecidas en el Anexo I de la presente Resolución.
La evaluación ambiental realizada a través de este procedimiento no comprende los ámbitos de seguridad, salud y prevención de riesgos laborales, ni los derivados de las previsiones contempladas en la normativa y/o en la planificación de carácter territorial, urbanística, ambiental o sectorial que pudieran resultar de aplicación, que poseen regulación propia e instrumentos específicos y que, por tanto, quedan fuera del alcance de la evaluación de impacto ambiental de proyectos. Asimismo, la presente evaluación de impacto ambiental es independiente de la evaluación ambiental estratégica de planes y programas, en el sentido de que esta última no excluirá aquella respecto de los proyectos que se requieran para su ejecución. En consecuencia, esta Resolución no exime en ningún caso al promotor de la obligación de obtener todas las licencias, permisos, autorizaciones o cualesquiera otros títulos habilitantes que resulten legalmente exigibles.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
I. El artículo 9.1 de la Ley 21/2013 establece que “(...) los proyectos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente, en virtud, entre otras cosas, de su naturaleza, dimensiones o localización, deberán someterse a una evaluación ambiental antes de su autorización, o bien, si procede, en el caso de proyectos, antes de la presentación de una declaración responsable o de una comunicación previa a las que se refiere artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”.
En este sentido, señala el mismo precepto que “carecerán de validez los actos de adopción, aprobación o autorización de los planes, programas y proyectos que, estando incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley no se hayan sometido a evaluación ambiental, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, puedan corresponder”.
Al “Proyecto reformado de Planta Fotovoltaica Los Vallitos de 4,8 MW para incorporar acumulación de 9,6 MWh” le es de aplicación el artículo 7.2.a) de la Ley 21/2013, por estar incluido en el Anexo II, Grupo 4. Industria Energética:
n) Almacenamiento energético stand-alone a través de baterías electroquímicas o con cualquier tecnología de carácter hibridado con instalaciones de energía eléctrica.
Por ello, debe someterse a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificado, regulado en la Sección 2.ª del Capítulo II de su Título II.
El apartado 2 del artículo 47 de la Ley 21/2013 establece lo siguiente:
“2. El órgano ambiental, teniendo en cuenta la información facilitada por el promotor, el resultado de las consultas realizadas y, en su caso, los resultados de verificaciones preliminares o evaluaciones de los efectos medioambientales realizadas de acuerdo con otra legislación, resolverá mediante la emisión del informe de impacto ambiental, que podrá determinar de forma motivada de acuerdo con los criterios del Anexo III que:
a) El proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria porque podría tener efectos significativos sobre el medio ambiente. En este caso, el promotor elaborará el estudio de impacto ambiental conforme al artículo 35.
Para ello, el promotor podrá solicitar al órgano ambiental el documento de alcance del estudio de impacto ambiental en los términos del artículo 34.
b) El proyecto no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el informe de impacto ambiental, que indicará al menos, las características del proyecto y las medidas previstas para prevenir lo que, de otro modo, podrían haber sido efectos adversos significativos para el medio ambiente.
c) No es posible dictar una resolución fundada sobre los posibles efectos adversos del proyecto sobre el medio ambiente, al no disponer el órgano ambiental de elementos de juicio suficientes, procediéndose a la terminación del procedimiento con archivo de actuaciones”.
En el presente supuesto y de acuerdo a las conclusiones del apartado de consideraciones técnicas, procede resolver que el proyecto no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente.
Por su parte, en el apartado 3 de este mismo precepto se recoge la obligación de publicación del Informe de Impacto Ambiental en el diario oficial que corresponda, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental. Por tanto, procederá la publicación del Informe de Impacto Ambiental en el Boletín Oficial de Canarias.
En cuanto a su vigencia, el apartado 4 señala que “en el supuesto previsto en el apartado 2.b), el informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el (…) diario oficial correspondiente, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de la vigencia (...) en los términos previstos en los siguientes apartados”. Por ello, procede establecer para el presente Informe de Impacto Ambiental una vigencia de cuatro años desde la fecha de su publicación. Transcurrido dicho plazo sin que el proyecto sea autorizado, el Informe de Impacto Ambiental cesará en sus efectos salvo que se acuerde la prórroga de su vigencia, conforme a las determinaciones de la Ley 21/2013.
Y sobre su naturaleza jurídica, según el artículo 3.2.e) de la Ley 21/2013, el Informe de Impacto Ambiental es un informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que finaliza la evaluación de impacto ambiental simplificada.
Finalmente y en relación a las funciones de seguimiento del cumplimiento de lo dispuesto en el Informe de Impacto Ambiental, estipulan los epígrafes 1 y 2 del artículo 52 de la Ley 21/2013 lo siguiente:
“1. Corresponde al órgano sustantivo o a los órganos que, en su caso, designen las comunidades autónomas respecto de los proyectos que no sean de competencia estatal, el seguimiento del cumplimiento de la declaración de impacto ambiental o del informe de impacto ambiental.
2. La declaración de impacto ambiental o el informe de impacto ambiental podrá definir, en caso necesario, los requisitos de seguimiento para el cumplimiento de las condiciones establecidas en los mismos, así como el tipo de parámetros que deben ser objeto de seguimiento y la duración del seguimiento, que serán proporcionados en relación con la naturaleza, ubicación y dimensiones del proyecto y con la importancia de su impacto en el medio ambiente. A estos efectos, el promotor remitirá al órgano sustantivo, en caso de que así se haya determinado en la declaración de impacto ambiental o el informe de impacto ambiental y en los términos establecidos en las citadas resoluciones, un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en la declaración de impacto ambiental. El informe de seguimiento incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia ambiental. El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo y previamente, se comunicará al órgano ambiental su publicación en la sede electrónica”.
II. En cuanto a la competencia, el apartado 4 de la disposición adicional primera de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en la redacción dada por el Decreto ley 3/2025, de 21 de abril, para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas, establece lo siguiente:
“A los efectos de la presente ley, el órgano ambiental será el que designe la Administración competente para autorizar o aprobar el proyecto, o, en su caso, para controlar la actividad de los proyectos sujetos a declaración responsable o comunicación previa, debiendo garantizarse la debida separación funcional y orgánica respecto del órgano sustantivo en los términos previstos en la legislación estatal básica.
En el ámbito de la Administración autonómica, el órgano ambiental residirá en el Departamento con competencia en materia de medio ambiente y será la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha Contra el Cambio Climático. No obstante, esta designación específica podrá ser objeto de modificación en el Reglamento Orgánico de dicho Departamento (...)”.
Por tanto, al tratarse de un proyecto cuya autorización compete a un órgano de la Administración autonómica, como es la Dirección General de Energía, el órgano ambiental resulta ser la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático.
Al respecto, debe tenerse en cuenta que el Decreto 1/2026, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Transición Ecológica y Energía y se crea y regula el Consejo para la transición energética de Canarias ha venido a modificar, a través de su disposición final séptima, el artículo 9 del Decreto 123/2023, de 17 de julio, por el que se determina la estructura orgánica y las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, dedicado a determinar los órganos superiores de este departamento, resultando que la citada Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático pasa a denominarse Dirección General de Calidad Ambiental.
En cuanto a la propuesta, el artículo 27 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los departamentos de la Administración autonómica, se refiere en su apartado 1.a) a la función de los jefes de servicio de instruir y formular la propuesta de resolución en aquellos procedimientos en que deban resolver los órganos departamentales a que estén adscritos, estimándose que en el presente supuesto dicha actuación recae en el Jefe del Servicio de Impacto Ambiental, adscrito a esta Dirección General.
III. La Unidad Administrativa Provisional “Programa de Evaluación Ambiental de Proyectos”, creada mediante la Orden conjunta de 12 de agosto de 2021, de las Consejerías de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, asume las competencias del Servicio de Impacto Ambiental, como Unidad Tramitadora de proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental, en cuanto a la evaluación de proyectos financiados con cargo a fondos Next Generation EU.
Sin embargo, por ausencia de la Directora del Programa, mediante Orden departamental n.º 41, de 10 de febrero de 2025, el Consejero de Transición Ecológica y Energía traslada temporalmente “(…) los expedientes que se encuentran en tramitación en el Programa de Evaluación Ambiental de Proyectos, (…) al Servicio de Impacto Ambiental de la Dirección General Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático para que continúe con su tramitación (…) que se hará efectiva desde el mismo día de su suscripción y registro y hasta la incorporación de la Directora del Programa (...)”. Esta referencia a la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático debe entenderse igualmente hecha a la actual Dirección General de Calidad Ambiental, conforme a la referida disposición final séptima del Decreto 1/2026, de 26 de marzo.
IV. La Ley 4/2021, de 2 de agosto, para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control de los fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación «Next Generation EU», en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece en su artículo 28 que “los procedimientos administrativos, de gestión presupuestaria, de subvenciones y ayudas, encargos a medios propios personificados y demás expedientes de gastos, salvo los contratos públicos, que se tramiten para la gestión, seguimiento y control de los fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación «Next Generation EU» se tramitarán por urgencia y se despacharán con carácter preferente. La tramitación por urgencia prevista en este apartado determinará en exclusiva la reducción a la mitad de los plazos internos para la emisión de informes y dictámenes que sean preceptivos, sin que afecte a los plazos de convocatoria pública, plazos referidos a la presentación de solicitudes y recursos, subsanación de requerimientos o cualesquiera otros plazos que limiten los derechos de terceros o que no puedan reducirse por aplicación de la normativa básica y sin perjuicio de los plazos específicos previstos en esta norma”.
En virtud de los antecedentes, consideraciones técnicas y fundamentos jurídicos precedentes, y vista la propuesta del Jefe de Servicio de Impacto Ambiental,
RESUELVO:
Primero.- Formular a los efectos ambientales el Informe de Impacto Ambiental del “Proyecto reformado de planta fotovoltaica Los Vallitos de 4,8 MW para incorporar acumulación de 9,6 MWH”, promovido por San Eugenio, S.A., en el término municipal de Adeje, isla de Tenerife, considerando que el proyecto no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente, por lo que no es necesario someterlo a evaluación de impacto ambiental ordinaria, siempre que se dé cumplimiento a las medidas ambientales adicionales que se establecen en el Anexo I.
Segundo.- El Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el diario oficial correspondiente, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto en el plazo máximo de 4 años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de la vigencia del citado Informe en los términos previstos en la legislación vigente.
Tercero.- Notificar la presente Resolución a la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias, al Cabildo de Tenerife, al Ayuntamiento de Adeje, a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural y a la Unidad Administrativa Provisional del Programa Fondos Next Generation EU.
Cuarto.- Dar publicidad a la presente Resolución mediante anuncio en el Boletín Oficial de Canarias y en la sede electrónica de la Consejería de Transición Ecológica y Energía.
Esta Resolución no será objeto de recurso administrativo alguno, sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto de autorización del proyecto.
Canarias, a 27 de marzo de 2026.- El Director General de Calidad Ambiental, Ángel Pablo Montañés Ríos.
ANEXO I
MEDIDAS AMBIENTALES ADICIONALES
1. Cumplimiento de la normativa y documentación técnica.
El promotor deberá garantizar el cumplimiento íntegro y efectivo de todas las determinaciones, medidas preventivas, correctoras y de seguimiento incluidas en el Proyecto Técnico, en el DA y en la documentación complementaria aportada durante la tramitación del procedimiento, así como de las condiciones establecidas en los informes emitidos por las Administraciones públicas afectadas y personas interesadas en el marco del trámite de consultas.
Dichas medidas deberán aplicarse de forma coordinada durante todas las fases del proyecto -ejecución, funcionamiento y, en su caso, desmantelamiento-, con el fin de asegurar la adecuada protección del medio ambiente y evitar la aparición de impactos no previstos.
En caso de producirse cualquier incidencia ambiental durante el desarrollo del proyecto, el promotor deberá adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para corregir o, en su caso, compensar sus efectos, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse conforme a la normativa vigente.
2. Gestión de residuos y protección del suelo.
Durante la fase de ejecución, se deberá garantizar una adecuada gestión de los residuos generados, conforme a lo previsto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, así como en el resto de normativa de aplicación.
Los residuos deberán ser correctamente segregados, almacenados temporalmente en condiciones adecuadas y entregados a gestores autorizados. En particular, se prestará especial atención a la correcta gestión de los residuos peligrosos, evitando en todo momento vertidos accidentales al suelo.
Se adoptarán las medidas necesarias para prevenir la contaminación del suelo, incluyendo la disposición de superficies impermeables en las zonas de almacenamiento de sustancias, así como la disponibilidad de material absorbente para la actuación inmediata en caso de derrames.
Con carácter previo al inicio de la actividad, se deberá atender a lo indicado por el Servicio de Residuos en relación con la posible aplicación del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, relativo a suelos contaminados, y, en su caso, dar cumplimiento a las obligaciones que resulten de aplicación.
3. Control de emisiones en fase de explotación.
De conformidad con lo indicado por la Dirección General de Salud Pública en su informe emitido en el marco del trámite de consultas a las Administraciones públicas afectadas y personas interesadas, durante la fase de funcionamiento, el promotor deberá garantizar que las emisiones acústicas y los campos electromagnéticos generados por la instalación cumplen en todo momento con los límites establecidos en la normativa vigente, especialmente en los puntos más próximos a los receptores potencialmente sensibles.
En caso de detectarse niveles superiores a los permitidos, el promotor deberá adoptar de forma inmediata las medidas correctoras necesarias para asegurar el cumplimiento de los objetivos de calidad ambiental y la adecuada protección de la salud humana.
4. Protección del patrimonio cultural.
En caso de detectarse restos arqueológicos o elementos de interés patrimonial durante la ejecución de las obras, se deberá proceder de forma inmediata a la paralización cautelar de los trabajos en la zona afectada y a la comunicación del hallazgo al Cabildo Insular de Tenerife, conforme a lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias.
Asimismo, cualquier modificación del proyecto que pudiera implicar afecciones no previstas sobre el patrimonio cultural deberá ser objeto de nueva valoración por parte del órgano competente.
5. Prevención de riesgos asociados al sistema de almacenamiento.
De conformidad con lo indicado por la Dirección General de Salud Pública en su informe emitido en el trámite de consultas, el promotor deberá garantizar la adecuada gestión de los riesgos asociados al sistema de almacenamiento energético, en particular aquellos relacionados con el riesgo de incendio o explosión inherente a las baterías de ion-litio.
A tal efecto, la instalación deberá cumplir en todo momento con la normativa técnica y de seguridad aplicable, así como con las especificaciones del fabricante, garantizando la correcta implantación y mantenimiento de los sistemas de protección, detección y extinción de incendios previstos en el proyecto.
Adicionalmente, se deberá disponer de protocolos de actuación en caso de incidente, incluyendo la coordinación con los servicios de emergencia y la formación del personal encargado de la explotación de la instalación.
6. Cumplimiento del principio “DNSH”.
El principio “DNSH” (por sus siglas en inglés: Do No Significant Harm), relativo a no causar un perjuicio significativo al medio ambiente, deberá observarse a lo largo de todas las fases de ejecución y funcionamiento de la actuación, en coherencia con su vinculación funcional a la instalación de generación “Planta Fotovoltaica Los Vallitos”, beneficiaria de ayudas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
A tal efecto, se deberá garantizar que el desarrollo del proyecto denominado “Reformado de Planta Fotovoltaica Los Vallitos de 4,8 MW para incorporar acumulación de 9,6 MWh” no ocasiona efectos adversos significativos sobre ninguno de los seis objetivos medioambientales establecidos en la normativa comunitaria: mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos, transición hacia una economía circular, prevención y control de la contaminación, y protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas.
El técnico responsable del seguimiento de las medidas deberá verificar la correcta aplicación de las medidas preventivas y correctoras previstas, así como de aquellas que se establezcan en la presente resolución, a efectos de asegurar el cumplimiento efectivo del principio DNSH durante la ejecución y funcionamiento de la actuación.
Asimismo, una vez finalizada la ejecución de las actuaciones, se deberá incorporar una valoración final del cumplimiento del principio DNSH, que incluya, al menos, las conclusiones sobre el grado de cumplimiento alcanzado y una evaluación de la eficacia de las medidas adoptadas.
ANEXO II
CARTOGRAFÍA DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
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