Adoptado por el Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el día 24 de abril de 2026, el Acuerdo de aprobación del Plan Presupuestario a medio plazo y los Escenarios Presupuestarios Plurianuales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el periodo 2027-2029, y de conformidad con el artículo 26.5 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria,
RESUELVO:
Disponer la publicación del Acuerdo de aprobación del plan presupuestario a medio plazo y los escenarios presupuestarios plurianuales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el periodo 2027-2029, que figura como anexo.
Canarias, a 6 de mayo de 2026.- El Secretario General, Ceferino José Marrero Fariña.
ANEXO
El Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el día 24 de abril de 2026, adoptó, fuera del orden del día, entre otros, el siguiente acuerdo:
F.O.D. 26.- PROPUESTA DE ACUERDO DE APROBACIÓN DEL PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO Y LOS ESCENARIOS PRESUPUESTARIOS PLURIANUALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA EL PERIODO
2027-2029 (CONSEJERÍA DE HACIENDA Y RELACIONES CON LA UNIÓN EUROPEA).
Visto el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), que establece la obligación de las Administraciones Públicas de elaborar un plan presupuestario a medio plazo en el que se enmarcará la elaboración de sus Presupuestos anuales y a través del cual se garantizará una programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de conformidad con la regla de gasto.
Considerando que es necesario asegurar la sostenibilidad financiera de los servicios públicos a medio y largo plazo, el proceso presupuestario debe enmarcarse en esa dimensión temporal y, consecuentemente, debe hacerse una programación que contemple el medio plazo.
Considerando que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas dictó la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, modificada por Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, y por la Orden HAC/1518/2025, de 22 de diciembre, estableciendo en su artículo 6 la obligación de remitir antes del 15 de marzo, y de acuerdo con la información sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública que previamente suministre el Estado, los marcos presupuestarios a medio plazo en los que se enmarcará la elaboración de sus Presupuestos anuales.
Considerando que en el mes de abril de 2024 entró en vigor el nuevo marco de gobernanza económica de la Unión Europea (EU) constituido por el Reglamento (UE) 2024/1263 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2024, relativo a la coordinación eficaz de las políticas económicas y a la supervisión presupuestaria multilateral, el Reglamento (UE) 2024/1264 del Consejo, de 29 de abril de 2024, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo, y la Directiva (UE) 2024/1265 del Consejo, de 29 de abril de 2024, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros, que configuran el nuevo marco de reglas fiscales europeo a partir de 2025.
Considerando que el objetivo principal del nuevo marco es la sostenibilidad de la deuda pública y el crecimiento sostenible e inclusivo mediante el saneamiento gradual de la hacienda pública y la realización de reformas e inversiones.
Considerando que los Estados miembros deben elaborar un plan fiscal estructural a medio plazo (PFMEP), principal instrumento de planificación fiscal que sustituye a los programas de estabilidad que estaban regulados en el Reglamento (CE) n.º 1466/97, que, entre otros muchos extremos, contiene las medidas para que sus gastos sean coherentes con la trayectoria de referencia de la Comisión Europea.
Considerando que el Plan Fiscal y Estructural de medio plazo del Reino de España, en el nuevo marco de gobernanza, que abarca el periodo 2025-2028, extendiendo el periodo de ajuste fiscal de cuatro a siete años debido al compromiso de España con reformas e inversiones significativas, fue aprobado el 15 de octubre de 2024 por el Consejo de Ministros, validado por la Comisión Europea en noviembre de 2024 y aprobado por recomendación del Consejo de 21 de enero de 2025.
Considerando que los PFEMP incluirán, entre otros extremos, una senda de la magnitud gasto neto (gasto primario neto financiado a nivel nacional, es decir, el gasto público neto de los gastos en concepto de intereses, las medidas discrecionales relativas a los ingresos, los gastos en programas de la Unión compensados íntegramente con los ingresos procedentes de los fondos de la Unión, el gasto nacional en cofinanciación de programas financiados por la Unión, así como los elementos cíclicos del gasto en prestaciones de desempleo y las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal) para el periodo del que son objeto estos planes, debiendo considerar para ello la trayectoria de referencia planteada por la Comisión Europea a estos efectos cuando se trata de una país cuya deuda pública supera el 60% del PIB o cuyo déficit público sea mayor del 3% del PIB.
Considerando que el plan establece una senda de crecimiento medio del gasto primario neto del 3,4% para el periodo 2025-2028 y del 3% para el periodo extendido hasta 2031 y que, además, proyecta una reducción de la deuda pública, pasando del 102,5% del PIB en 2024 al 98,4% en 2027, con el objetivo de situarse en torno al 90% en 2031.
Considerando que, una vez aprobados los PFEMP, deben ser objeto de un seguimiento, que se refleja en los informes anuales de situación establecidos en el artículo 21 del Reglamento 2024/1263, presentando España su informe de situación o progreso anual del 2025 el 30 de abril de dicho año, que fue evaluado por la Comisión Europea el 4 de junio de 2025 concluyendo que la evolución prevista del gasto primario neto en 2025 se mantendrá, previsiblemente, dentro de los límites que fija la normativa del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, debido a su menor crecimiento registrado en 2024 frente a lo previsto en el PFEMP del Reino de España.
Considerando que, no obstante, no se ha efectuado aún la transposición del nuevo marco fiscal europeo al ordenamiento jurídico nacional, y que su aplicación a nivel interno, y en particular, a las comunidades autónomas, aún se encuentra pendiente de concreción, lo que ya generó incertidumbre en el proceso de elaboración de los presupuestos autonómicos para el ejercicio 2026, que persiste en la elaboración de este plan presupuestario.
Considerando que el artículo 15.6 de la LOEPSF establece que “El acuerdo del Consejo de Ministros en el que se contengan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública se remitirá a las Cortes Generales acompañado de las recomendaciones y del informe a los que se refieren los apartados 4 y 5 de este artículo.
En forma sucesiva y tras el correspondiente debate en Pleno, el Congreso de los Diputados y el Senado se pronunciarán aprobando o rechazando los objetivos propuestos por el Gobierno.
Si aprobados los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública por el Congreso, los mismos fuesen rechazados por el Senado, dichos objetivos se someterán a nueva votación en el Pleno del Congreso, aprobándose si este los ratifica por mayoría simple.
Si son rechazados, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento”.
Considerando que el Consejo de Ministros, en su reunión del día 18 de noviembre de 2025, acordó los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de las Administraciones públicas y de cada uno de los subsectores para el periodo 2026-2028 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2026, estableciendo para los tres ejercicios el objetivo de estabilidad autonómico en el -0,1%, y que dicho acuerdo se remitió a las Cortes Generales y fue rechazado por el Congreso de los Diputados en sesión de 27 de noviembre de 2025.
Considerando que, aunque nuevamente el Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de diciembre de 2025, acordó los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de los ejercicios 2026, 2027 y 2028, en los mismos términos fijados el 18 de noviembre de 2025, y que dicho acuerdo se remitió a las Cortes Generales, fue nuevamente rechazado por el Congreso de los Diputados en sesión de 18 de diciembre de 2025.
Considerando que el Plan Fiscal y Estructural de medio plazo del Reino de España no concreta objetivos para las comunidades autónomas, que el último Programa de Estabilidad, que ha constituido la última referencia del Ministerio de Hacienda sobre la base del criterio establecido en el informe de la Abogacía del Estado de 11 de diciembre de 2023, comprende como última anualidad el ejercicio 2026 y que, como se ha indicado, no han sido aprobados por las Cortes Generales, en la forma establecida en la LOEPSF, los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, la elaboración del presente plan presupuestario se afronta en un contexto de máxima incertidumbre acerca del marco presupuestario y fiscal nacional. En este contexto, en un ejercicio de responsabilidad institucional, se ha optado por plantear, para cada una de las anualidades del Plan Presupuestario 2027-2029, un escenario de equilibrio presupuestario.
Considerando que, según el artículo 12.3 de la LOEPSF, “corresponde al Ministerio de Economía y Competitividad (actualmente Ministerio de Economía, Comercio y Empresa) calcular la tasa de referencia de crecimiento del producto interior bruto de medio plazo de la economía española, de acuerdo con la metodología utilizada por la Comisión Europea en aplicación de su normativa”, que se publicará en el informe de situación de la economía española y será la referencia a tener en cuenta por la Administración central y cada una de las comunidades autónomas y corporaciones locales en la elaboración de sus respectivos Presupuestos. El Informe de Situación de la Economía Española 2025 prevé una tasa de referencia del 3,5% en el ejercicio 2026, el 3,4% en 2027 y el 3,2% en 2028.
Considerando que mediante escrito de 27 de noviembre de 2025 se recibe requerimiento formulado por el Secretario de Estado de Hacienda en el que se establece que, por incumplimiento de la regla de gasto de 2024, y en aplicación de lo previsto en los artículos 21 y 23 de la LOEPSF, la Comunidad Autónoma de Canarias deberá remitir a la Secretaría del Consejo de Política Fiscal y Financiera un Plan Económico Financiero (PEF) de los años 2025 y 2026, estando pendiente de remisión al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que “comprobará la idoneidad de las medidas incluidas y la adecuación de sus previsiones a los objetivos que se hubieran fijado” como establece el artículo 23 de la LOEPSF.
Considerando la Orden de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, de 22 de mayo de 2015, por la que se establecen disposiciones de aplicación a las obligaciones de suministro de información en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Teniendo en cuenta que la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, establece en su artículo 26 que, con carácter previo al proceso de elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, el Gobierno, a propuesta del Consejero competente en materia de Hacienda, aprobará en el primer cuatrimestre del año los escenarios presupuestarios para los tres ejercicios siguientes.
En su virtud, el Gobierno, tras deliberar, y a propuesta de la Consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, acuerda:
1.- Aprobar el plan presupuestario a medio plazo de la Comunidad Autónoma de Canarias y los escenarios presupuestarios plurianuales para el período 2027-2029 en los términos del Anexo I.
2.- Los documentos presupuestarios contenidos en el Anexo I deberán ser actualizados para su aprobación por el Gobierno cuando se alteren las hipótesis fundamentales sobre las que se sustenta la formulación de los escenarios, especialmente las relativas a los objetivos de estabilidad presupuestaria, la regla de gasto, los importes relativos al sistema de financiación o el escenario macroeconómico (tal y como se prevé en el Anexo II).
3.- Los compromisos futuros de gasto se realizarán teniendo en cuenta el contenido de los escenarios presupuestarios plurianuales que se aprueban, salvo los compromisos derivados de convenios cofinanciados por la Administración General del Estado o sus organismos dependientes.
ANEXO I
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS: PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO Y ESCENARIOS PRESUPUESTARIOS PLURIANUALES 2027-2029.
ANEXO II
PREVISIONES MACROECONÓMICAS DE CANARIAS. FEBRERO 2026
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