BOC - 2026/87. Jueves 7 de mayo de 2026 - 1495

III. Otras Resoluciones

Consejería de Transición Ecológica y Energía

1495 - Dirección General del Medio Natural.- Resolución de 27 de marzo de 2026, por la que se formula el Informe de Impacto Ambiental del denominado “Proyecto para actividad de almacenamiento y valorización de residuos no peligrosos”, promovido por Suna 2000, S.L., en el término municipal de Arona, Tenerife.- Expte. Platea 48/2025-0926084140..

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ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 19 de septiembre 2025 (CTEE/10879), la Unidad de Apoyo de la anterior Dirección General de Transición Ecológica y Lucha Contra el Cambio Climático, actual Dirección General de Calidad Ambiental, en su condición de órgano sustantivo, remite al Servicio de Impacto Ambiental la solicitud de inicio de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto denominado “Proyecto para actividad de almacenamiento y valorización de residuos no peligrosos”, promovido por Suna 2000, S.L., aportando la siguiente documentación:

a) Solicitud de inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del promotor ante el órgano sustantivo, de fecha 11 de septiembre de 2025 (CTEE/97653).

b) Documento Ambiental (DA) “Planta de recogida y tratamiento de residuos no peligrosos y Compostaje”, válidamente firmado,en formato digital, por D. Rosendo Jesús López López, de la empresa Evalúa Soluciones Ambientales, S.L., en calidad de biólogo colegiado n.º 7755-L, en noviembre 2024.

c) Informe al patrimonio cultural proyecto, “Planta de recogida y tratamiento de residuos no peligrosos y Compostaje” término municipal Arona, de noviembre de 2024 y válidamente firmado, en formato digital por D. Vicente Valencia Afonso, arqueólogo colegiado n.º 4.991.

d) Planos: Plano 1 de situación, ENP, Red Natura 2000 y HIC, Plano 2 distribución en planta, fotografía aérea, Plano 3 estado actual, Plano 4 de medidas correctoras y protectoras, válidamente firmado,en formato digital, por D. Rosendo Jesús López López, Director General de Evalúa Soluciones Ambientales S.L., en calidad de biólogo colegiado n.º 7755-L.

Segundo.- Mediante nota de régimen interior de la Jefatura del Servicio de Impacto Ambiental de esta Dirección General, se requiere al órgano sustantivo y al Servicio de Residuos el 20 de octubre de 2025 (CTEE/12136) la remisión del proyecto técnico vinculado al DA.

Tercero.- Con fecha 5 de noviembre de 2025 (CTEE/13055) el promotor presenta por sede electrónica el “Proyecto para actividad de Almacenamiento y Valorización de Residuos No Peligrosos” en término municipal de Arona, válidamente firmado en formato digital por D. Sergio Villaverde Mustafa, arquitecto técnico colegiado n.º 1.722.

Cuarto.- El día 27 de noviembre de 2025 (CTEE/14373) desde este centro directivo, se requirió al órgano sustantivo subsanar un error tipográfico de fechas entre el DA y el Proyecto, lo cual tiene lugar mediante escrito del promotor con fecha 3 de diciembre de 2025 (CTEE/133544).

Quinto.- A la vista de los informes recibidos en el trámite de consultas a las administraciones públicas (en adelante, AAPP) afectadas, con fecha 11 de febrero de 2026 se formuló un requerimiento de aclaraciones al promotor, con el objeto de que procediera a aclarar la información señalada por las siguientes AAPP: la Dirección General de Salud Pública (DGSP), en el informe técnico del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF), en el informe técnico de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial (DGOTCT) y en el Acuerdo de Gobierno del Excmo Cabildo insular de Tenerife.

Sexto.- Posteriormente, el promotor dio respuesta al requerimiento en fecha 26 de febrero de 2026 (n.º reg 406554), aportando la información solicitada. El día 12 de marzo 2026 se recibe un segundo escrito del promotor de desestimiento de la ampliación del código LER 160104* (vehículos al final de su vida útil) al considerarlo una errata.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Primera.- Objeto y descripción del proyecto.

El proyecto tiene por objeto la ampliación y adaptación de una instalación existente de gestión de residuos no peligrosos, especializada en el tratamiento de residuos vegetales, madera y fracción orgánica, mediante operaciones de trituración y compostaje.

El ámbito del proyecto se sitúa al sur de la isla de Tenerife, en el término municipal de Arona, localizado en medio de una zona de extracción de áridos e invernaderos y cercano a la Balsa de Parque La Reina, y a la autopista TF-1. La parcela en la que se desarrollaría la actividad cuenta con una superficie total de 36.048 m2, de los cuales, 92,48 m2 corresponde a una pequeña edificación destinada a uso de oficina, sala de descanso y vestuario. El resto de la parcela es totalmente abierta, sin contar con más infraestructura, dividida en dos alturas, y ocho áreas de residuos.

De la documentación aportada por el promotor, se desprende que son necesarias una serie de instalaciones para desarrollar la actividad prevista de trituración y compostaje, como son las siguientes:

- Establecer como centro de operaciones principal, la instalación sita en: Camino Los Parlamentos, Polígono 5-Parcela 40 (acceso por Camino Las Samboas), Arona.

- Incorporar instalación de maquinaria móvil, es decir, la instalación podría variar en función de las necesidades de los trabajos a realizar para el tratamiento de los residuos autorizados, además de poder realizar operaciones de valorización de manera externa a la propia instalación.

- Aumentar la superficie dedicada al compostaje, así como el aumento de la cantidad y tipos de residuos a gestionar.

- Modificar el proceso de compostaje, eliminando la inclusión de astilla, conforme a la Legislación de Fertilizantes.

- Aumentar la cantidad y tipos de residuos a gestionar en la operación de valorización de trituración de madera, y definir nuevas salidas y usos comerciales, aportando una segunda vida a los residuos.

- Determinar el proceso de trituración de madera, separado del compostaje.

Para poder ejecutar estas acciones del proyecto, se llevará a cabo la excavación de zanjas para instalación de sistema contra incendio, saneamiento y redes eléctricas en caso de los edificios de oficinas y vestuarios, separación por zonas de acopio, etc.

Segunda.- Áreas Protegidas.

El ámbito de estudio del proyecto que nos ocupa no afecta ni se inserta en área protegida, esto es, espacios protegidos europeos de la Red Natura 2000 -Zona Especial de Conservación (ZEC) y/o Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)-; espacios naturales protegidos de la Red Canaria; Reservas de la Biosfera; Geoparques y Áreas prioritarias de reproducción, de alimentación, de dispersión y de concentración de las especies de avifauna amenazada en la Comunidad Autónoma de Canarias (Orden de 15 de mayo de 2015).

Tercera.- Modalidad de evaluación de impacto ambiental aplicable al proyecto de referencia.

Dadas las características del proyecto pretendido hay que reseñar que le corresponde una evaluación de impacto ambiental simplificada, en aplicación del artículo 7.2.a) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, al incluirse en el Anexo II, grupo 9 “Otros proyectos”, en concreto en su apartado b), que se refiere a “instalaciones de eliminación o valorización de residuos no incluidas en el Anexo I, excepto la eliminación o valorización de residuos propios no peligrosos en el lugar de producción”.

Cuarta.- Resultado del trámite de consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas.

De acuerdo con lo regulado en el artículo 46 de la LEA, se realizó trámite de consultas a las siguientes Administraciones públicas y personas interesadas, entre el día 10 de diciembre 2025 y el 9 de enero 2026, más 10 días hábiles por la solicitud de ampliación de plazo que solicitó el Cabildo de Tenerife, es decir, hasta el 23 de enero 2026:

Resumen de los informes recibidos durante los trámites de consulta establecidos en el artículo 46 de la LEA:

a) Retevisión, comunica que “...no habrá afectaciones en los servicios prestados por esta parte, por lo que no se desea mantener oposición al citado proyecto. Por tanto concluimos que la obra en sí, una vez construida y ejecutada, no debería producir afectaciones a los servicios de Retevisión”.

b) El Servicio de Sanidad Ambiental de la Dirección General de Salud Pública (DGSP), comunica que “...Con respecto a las Emisiones a la atmósfera, durante la fase de obra, la calidad del aire se verá afectada por la emisión de polvo y gases derivadas de las diferentes actuaciones que, aun siendo de carácter temporal, si llegan a exceder ciertos límites de intensidad o duración, podrían suponer un impacto negativo en la salud de las personas. El promotor deberá comprobar y verificar que en estas zonas se están cumpliendo con los niveles de calidad del aire establecidos, para proteger la salud de las personas y garantizar en todo momento el cumplimiento de la normativa vigente en materia de calidad del aire.

En este sentido, y dado que este factor suele generar inquietud en la población, el promotor deberá incorporar en su programa de vigilancia ambiental la realización de campañas de medición de olores en condiciones meteorológicas desfavorables, de forma que se pueda verificar que no existe exposición en la población, o, en caso de existir, considerar la aplicación de nuevas MTD sobre emisiones de olores y gestión de residuos.

La estación de medición de calidad del aire más cercana al área de influencia de la instalación, cuyos datos están disponibles en la página del Gobierno de Canarias, se encuentra localizada en Las Galletas, a una distancia aproximada de 5 km. En consecuencia, los valores límite diarios relacionados con la protección de la salud para gases como PM10, PM2.5 CO, NO2 y SO2 que se registren en dicha estación no resultan representativos para evaluar las emisiones de la futura instalación. Además, teniendo en cuenta que esta instalación estará ubicada en una zona donde ya operan otras instalaciones industriales, es razonable suponer que las emisiones generadas se sumarán a aquellas que provienen de las actividades industriales existentes en el lugar.

El manejo inadecuado de heces animales, orina y estiércol puede ocasionar la liberación de compuestos volátiles y amoníaco, lo que genera malos olores y molestias tanto para los residentes como para los trabajadores en la zona. Esto resulta especialmente problemático durante días de viento o cuando las temperaturas son elevadas. Para evitar preocupaciones en la población, el promotor deberá incluir en el Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) una serie de medidas preventivas destinadas a minimizar el impacto sobre la calidad del aire durante la fase de explotación. Estas acciones deberían enfocarse en reducir la emisión de partículas y posibles contaminantes.

Con respecto al Ruido y vibraciones, el responsable del proyecto deberá implementar las medidas correctoras previstas en el diseño, con el objetivo de minimizar al máximo la posible afectación acústica sobre la población. Los niveles de ruidos generados deberán ajustarse a los parámetros establecidos en la ordenanza municipal sobre emisiones y recepción de ruidos y vibraciones del Ayuntamiento de Arona y no a los del municipio de Arico, como erróneamente se señala en el proyecto (pág. 136).

Durante la fase operativa, habrá un aumento de ruidos y vibraciones en la zona debido a las actividades de carga, el uso de maquinaria y los dispositivos de prensado. Aunque las instalaciones se encuentran alejadas de las áreas residenciales, la presencia de distintas actividades industriales en la zona, que ya contribuyen a la generación de ruido, hace indispensable cumplir tanto con la Ley de Ruido 37/2003 como con la ordenanza municipal sobre emisiones y recepción de ruidos y vibraciones del Ayuntamiento de Arona.

En relación al Contaminación del agua y del suelo, durante la fase de obras, existe el riesgo de posibles vertidos accidentales por restos de pinturas y disolventes, trapos manchados de aceites y sustancias peligrosas y/o grasas. A este respecto, el promotor refiere que los potenciales vertidos asociados a la operatividad de las instalaciones, toda la actividad capaz de producir un derrame, se produce dentro de un suelo compactado o con protección mediante laminado de polietileno, por lo que la posibilidad de generar lixiviados es prácticamente nula y que las aguas producidas por el secado y compostaje de los residuos se recogerán en una balsa correctamente impermeabilizada.

Con respecto al Riesgo de incendios y explosión, el proyecto menciona que para la protección contra incendios se han previsto todos los elementos que resultan obligatorios de la aplicación de las Normas CTE y R.D. 2267/2004 a las condiciones definidas para esta instalación.

La instalación deberá considerar además las disposiciones de carácter obligatorio establecidas en el Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, mediante el cual se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales, sustituyendo al reglamento anterior aprobado por el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre. Cabe señalar que este último figura referenciado en el proyecto de manera incorrecta (página 24)”.

c) La Dirección General de Infraestructura Viaria, comunica que “...se informa de que la instalación del proyecto no afecta a ninguna vía titularidad de la Comunidad Autónoma”.

d) La Dirección General de Comercio y Consumo, comunica que “...este centro directivo no puede emitir consideraciones oportunas al mismo, al no haber sido aprobado hasta la fecha, el Plan Territorial Especial de Grandes Equipamientos Comerciales de la isla de Tenerife”.

e) El Servicio de Prevención y Control de la Contaminación, informó mediante nota de régimen interior que “...este Servicio se encuentra actualmente tramitando el procedimiento de autorización ambiental integrada iniciado mediante la solicitud de la entidad Suna 2000, S.L. en relación con la instalación de referencia, el cual se asocia al expediente con número de referencia AAI-101TF/001-2025”.

f) El Servicio de Estrategias e Información Territorial de la DGOTCT, emite informe técnico en el siguiente tenor literal: “...Conclusiones sobre la adecuación a la normativa urbanística y territorial: El uso de plantas de compostaje o de residuos, o el uso de infraestructuras, no se encuentra regulado en la normativa del PGO para esta clasificación del suelo, por lo que no se puede determinar que sea un uso prohibido; en este caso, dado que la fecha del instrumento de ordenación, que es anterior a la aprobación de la normativa territorial y sectorial (PIOT y PTEOR), se pueden tener en cuenta las determinaciones de esta última. Sin perjuicio de esta conclusión, corresponderá al Ayuntamiento de Arona determinar la adecuación de la instalación que se pretende instalar en la parcela indicada.

Se indica asimismo, que respecto a los residuos de purín animal que se describen en el proyecto, no debe configurar una planta de tratamiento de purines, ya que esta instalación tiene un tratamiento distinto en el PTEOR. Según la descripción, aparentemente son residuos que no constituye el objeto principal de la instalación ni se somete a un proceso autónomo de tratamiento, utilizándose como parte del proceso de compostaje. Por lo tanto, es necesario que las condiciones de tratamiento de este residuo se mantenga en el nivel descrito.

Consideraciones finales.

Visto el Proyecto y el Documento Ambiental, y la normativa aplicable, se concluye que se trata de una planta de tratamiento de residuos especializados en poda, madera y orgánico, que resulta admisible, según el PTEOR, en suelos clasificados de Protección Agraria”.

g) El Cabildo de Tenerife, en su Acuerdo de Gobierno, informa de las conclusiones de los servicios insulares en su ámbito competencial, las más relevantes son: “...1.º En materia de infraestructura hidráulica: emite informe favorable condicionado a:

a) Que se tramite y obtenga, la preceptiva autorización administrativa en materia de depuración y vertido de aguas residuales, procedentes de la edificación existente, en caso de llevarse a cabo in situ el tratamiento de las aguas residuales y su vertido, mediante pozo absorbente o elemento similar, todo esto en aplicación del Reglamento de Control de Vertidos para la Protección del Dominio Público Hidráulico, Decreto 174/1994.

b) Que se garantice que, tanto el almacenamiento de lixiviados procedentes de las pilas de compostaje, como de purines u otro residuo líquido de origen orgánico que se emplee en el proceso de compostaje, se almacenen en balsas o depósitos impermeabilizados que impidan el vertido o infiltración en el terreno”.

2.º En materia del sector primario, se señala que “Indirectamente, el sector agrario se verá beneficiado, en la medida en que la iniciativa mejora la disponibilidad de compost, un factor de producción demandado por las explotaciones agrarias. Asimismo, la iniciativa favorece la sostenibilidad en sentido amplio, no solo por la posible mejora energética de la fertilización al ofrecer un producto sustitutivo de los abonos de síntesis, sino por ser un ejemplo claro de economía circular, con la conversión de residuos en recursos”.

3.º En materia de patrimonio cultural, se señala que, “las afecciones al patrimonio histórico originadas por el proyecto son nulas, debiendo señalarse que cualquier hallazgo arqueológico de carácter casual que se produzca durante la ejecución del mismo supondrá la paralización inmediata de los trabajos y su comunicación a este Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias”.

4.º En materia de ordenación territorial, “...El Servicio Técnico de Planificación Territorial emite informes en relación con el Plan Insular de Ordenación de Tenerife, en lo relativo a la distribución básica de los usos y la zonificación ambiental, la planta de reciclaje y compostaje se encuentra en un ámbito adscrito a ARH de Protección Económica 1 que se corresponde con una Zona Bb, quedando su regulación normativa remitida al Plan Territorial Especial de Ordenación de Residuos de la isla de Tenerife (PTEOR).

El Servicio Técnico de Desarrollo Sostenible Territorial, señala en su informe:

“1.º Una planta de compostaje se encuentra definida como una de las infraestructuras de gestión de residuos según la sección 2.ª del capítulo IV del título I de las normas del PTEOR.

2.º La superficie de implantación no se encuentra afectada por las delimitaciones de los ámbitos del PTEOR.

3.º Desde el punto de vista territorial y de acuerdo con las determinaciones del PTEOR, en la parcela referida sería admisible la instalación de una planta de compostaje de residuos agrícolas y ganaderos en fincas o bien planta de compostaje de residuos agrícolas, ganaderos y forestales, sin perjuicio del cumplimiento del resto de condiciones de implantación exigidas en las normas de dicho plan y resto de normas urbanísticas, territoriales y/o sectoriales que le sean de aplicación.

4.º La documentación presentada del proyecto recoge la impermeabilización de las áreas de recepción, acopio, clasificación y fermentación, pero en ninguno de ellos se tiene en cuenta la red de gestión de lixiviados desde estas áreas a la balsa de los mismos, tal y como recogen las condiciones de implantación en función del tipo de instalación de compostaje (artículo 66, punto 3)”.

h) El Servicio de Cambio Climático de la Viceconsejería de Transición Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Energía, concluye lo siguiente: “...A la vista del análisis efectuado y del grado de cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 55 y otros de la LCCTEC, se emite el siguiente pronunciamiento: Informe favorable condicionado:

Se considera que el proyecto puede incorporar adecuadamente la perspectiva climática exigida siempre que se dé cumplimiento a los siguientes condicionantes formulados:

Condición 1. El documento debe examinar las proyecciones climáticas en el ámbito de actuación del proyecto.

Condición 2. El documento debe realizar los cálculos de la huella de carbono para todas las alternativas y fases del proyecto, así como cuantificar las emisiones del stock de carbono y la capacidad de absorción. Estos elementos permitirán determinar, en conjunto, el balance climático global del proyecto.

Condición 3. El diseño definitivo del proyecto debe integrar cuantitativamente las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, y establecer un programa de seguimiento para verificar su cumplimiento.

Quinta.- Análisis de alternativas.

El DA, además de la alternativa 0, de no ejecución del proyecto, plantea dos alternativas de funcionamiento.

Alternativa 1: consiste en desarrollar nuevamente la instalación de la Planta de recogida y tratamiento de residuos no peligrosos y compostaje en su estado original, con la misma capacidad de tratamiento de residuos que los que venía gestionando. Los residuos cuya gestión tiene autorizada la planta son los siguientes, con sus respectivos códigos LER: (020106) heces de animales, orina y estiércol, (020107) residuos de la silvicultura, (150103) envases de madera, (170201) madera y (200138) madera distinta de la especificada en el código 200107.

Alternativa 2: consiste en aumentar la capacidad de tratamiento de residuos de la Planta de Recogida y Tratamiento de Residuos no peligrosos y Compostaje, siendo los residuos a gestionar y sus códigos LER, los siguientes: (020103) Residuos vegetales, (020199) residuos no especificados en otra categoría, (020304) materiales inadecuados para el consumo o la elaboración, (020399) residuos no especificados en otra categoría, (030105) serrín, virutas, madera tableros de partículas y chapas distintos de los mencionados en el código 03 01 04, (160104) vehículos al final de su vida útil, (191207) madera distinta de la especificada en el código 191206, (191212) otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del tratamiento mecánico de residuos, distintos de los especificados en el código 19 12 11, (200108) residuos biodegradables de cocinas y restaurantes, (200201) residuos biodegradables y (200307) residuos voluminosos.

Según el DA, la alternativa 2 seleccionada es la que presenta mayor compatibilidad ambiental, dado que el aumento de la capacidad de tratamiento y valorización en esta planta, contribuirá de manera positiva a una gestión más eficiente y sostenible de los residuos. Esto beneficiará tanto al medio ambiente como al sistema económico insular, manteniendo un bajo costo ambiental, al no requerir la ocupación de nuevas superficies, sino que se implementará en un área donde ya se llevan a cabo actividades de tratamiento y valorización de residuos.

Sexta.- Análisis de los criterios del apartado A del Anexo III, de la LEA mencionados en el artículo 47.2 para determinar si un proyecto del Anexo II debe someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria.

6.1. Características del proyecto, en particular desde el punto de vista de:

a) Las dimensiones y el diseño del conjunto del proyecto. El diseño del proyecto atiende a la necesidad de ampliación de la capacidad de la planta de gestión de residuos especializada en poda, madera y orgánico, en el mismo espacio. La parcela cuenta con una superficie total de 36.048 m², de los cuales, 92,48 m² corresponden a una pequeña edificación, la cual se destina para los usos de la zona de oficinas, vestuarios y descanso. El resto de la parcela es totalmente abierta, sin contar con más infraestructura, dividida en dos alturas y ocho áreas de residuos.

b) La acumulación con otros proyectos, existentes y/o aprobados. Puede considerarse que a efectos ambientales si existen acumulaciones con otros proyectos, porque en el contexto espacial de ubicación del proyecto se localizan varias instalaciones industriales. Por un lado hay una zona de extracción de áridos, cercano a la Balsa de Parque la Reina y a la Autopista TF-1, dos refugios de animales a donde acuden voluntarios, tanto para atender a los animales y las instalaciones como para pasearlos; y una futura planta de compostaje Oroteanda-La Balsa actualmente en tramitación con expte 28/2025-0521083921.

Por tanto, los posibles efectos que se acumulan son las emisiones atmosféricas procedentes de los proyectos citados anteriormente.

c) La utilización de recursos naturales, en particular la tierra, el suelo, el agua y la biodiversidad. En lo que respecta al suelo, la capacidad agrícola cabe destacar que los suelos potenciales del ámbito de estudio, se encuentran totalmente transformados y alterados por los usos que se vienen desarrollando en el interior del mismo (trasiego de maquinaria, compactaciones, suelos removidos, etc.) por lo que los suelos son prácticamente inexistentes.

Con respecto al consumo de agua, se utiliza para el riego de las pilas de compost, y para evitar las emisiones de polvo asociadas a los movimientos de tierra, acopios, pistas, etc, mediante el riego de las superficies expuestas, antes de cada actuación. La utilización de agua se dosifica adecuadamente para adaptarse a las condiciones ambientales existentes en cada momento, debiéndose intensificar la aplicación de riego en caso de condiciones adversas (presencia de viento intenso, de calima, etc.), de modo que se evita la puesta de polvo en suspensión, y evitando asimismo la aparición de escorrentía superficial. Se considera un nivel de consumo bajo, ya que va en función de los fenómenos meteorológicos adversos.

Según el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias (en adelante, Biota), con respecto a la fauna en la cuadrícula de 500x500 afectada por el proyecto se encuentra El Águila Pescadora (Pandion haliaetus) que está clasificada como “vulnerable” según el Catálogo Español de Especies Amenazadas, el Búho Chico canario (Asio otus canariensis) Caminero, bisbita caminero (Anthus berthelotii berthelotii), cernícalo común (Falco tinnunculus canariensis) y Mosquitero canario (Phylloscopus canariensis canariensis), que están en “régimen de protección especial” según el Catálogo Español de Especies Amenazadas.

Con respecto a la flora, en cuanto a la presencia de especies de interés: de la consulta de las cuadriculas de 500 x 500 de especies protegidas del Biota, se desprende que la superficie invade una cuadrícula donde se cita la presencia de Viborina triste (Echium triste Svent. subsp. nivariense) que se encuentra incluida en la categoría “Protección Especial” de la Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas.

Pero los estudios específicos recogidos en el DA indican que “...El ámbito de estudio, desnaturalizado y transformado, concreta un espacio pobre en lo que respecta a la biodiversidad natural, con una escasa riqueza y diversidad faunística y florística, al que no se asocian comunidades significativas de la biota, ni especies singulares de la fauna ni de la vegetación potencial, no existiendo en dicho lugar especies florísticas o faunísticas sometidas a alta protección...”. Tras visita de campo al lugar, con respecto a la Biodiversidad (fauna y flora), se considera que no afecta a la misma, porque el ámbito de estudio, ha sido objeto de intervención de este tipo de actividad, por el mismo promotor.

d) La generación de residuos. Según el DA, en la fase de obras, los residuos son muy poco significativos. En la fase operativa, además de los residuos propios que trataría la planta, también genera residuos peligrosos propios de su actividad, como pudiera ser aceite mineral usado, filtros usados, baterías de plomo, envases que contienen restos de sustancias peligrosas, absorbentes, tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas, tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio. El promotor está dado de alta como Pequeño Productor de Residuos Peligrosos (PPRP) por el Gobierno de Canarias con n.º de inscripción PPR 38.4.06.5221.

Por último, se llevará a cabo la fase de desmantelamiento de la planta proyectada, la terminación de la actividad supone devolver la parcela a las mismas condiciones en las que se encontraba antes de acometer los trabajos, lo que implica el total desmantelamiento de las instalaciones. Esto supone la retirada de la maquinaria y equipos auxiliares instalados, la demolición de los edificios y de la balsa de lixiviados, la retirada del vallado perimetral y la solera de hormigón y la báscula de pesaje, etc.

La operatividad de la planta implica una reducción significativa del volumen de residuos que se destina finalmente al Complejo Ambiental de Tenerife, con todo lo que ello implica: menores costes económicos y ambientales, menores necesidades de suelo para la creación de vertederos, permitir cerrar el ciclo productivo sin generación de residuos (todos son productos), favoreciendo la economía circular.

e) La contaminación y otras perturbaciones. En cuanto a la contaminación producida por la emisión de gases de efecto invernadero y polvo, proviene de la combustión de la maquinaria y a las labores de transporte y volteo de los distintos biorresiduos y materiales resultantes tras las operaciones de valorización correspondientes. Este es el impacto más importante que causa este tipo de actividad, ya que las emisiones atmosféricas constituyen la mayor afección al medio ambiente que lo circunda. El compostaje es un proceso biológico donde los microorganismos degradan la materia orgánica de los residuos orgánicos, transformándolos en materiales estables de alto interés agrícola como los composts. Fruto de esa actividad, se emiten durante el compostaje dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) en distintas proporciones dependiendo de diversos factores. El CO2 es el principal producto del metabolismo microbiano que degrada la materia orgánica y de hecho, es un índice muy utilizado para estudiar la estabilidad o madurez de un sustrato orgánico (menor tasa de emisión representa menor actividad biológica y viceversa). Sin embargo, este CO2 de origen biológico no es considerado como GEI. El CH4 se produce durante la degradación de la materia orgánica en ambientes de bajo contenido de oxígeno o anaerobiosis. Aunque el compostaje es un proceso aeróbico, suele ser común que se creen zonas de anoxia en las pilas de compostaje, sobre todo en la parte más profunda de las pilas que no se voltean frecuentemente (hay poca difusión del oxígeno). Para el caso del N2O aunque se conocen varios procesos (como la desnitrificación), el principal responsable de la emisión del N2O durante el compostaje es la nitrificación, es decir, la transformación del amonio que viene del nitrógeno orgánico a nitrato (un proceso muy importante que limita el potencial agronómico de los composts obtenidos).

El manejo inadecuado de heces de animales, orina y estiércol puede ocasionar la liberación de los compuestos orgánicos volátiles (COVs) y amoníaco, lo que genera malos olores y molestias tanto para los residentes como para los trabajadores en la zona. Los objetivos del tratamiento deberían ser la eliminación del amoníaco y COVs, que permitan que el gas emitido a la atmósfera tenga una calidad adecuada y un nivel de olor admisible, de acuerdo con la normativa vigente.

En lo que respecta a los ruidos y las vibraciones, el funcionamiento ordinario de la maquinaria está adecuado a la legislación vigente, ya que son máquinas con marcado CE preparadas para trabajos al aire libre en horario diurno.

El DA indica que se producen emisiones de ruidos relacionadas con la operatividad de la maquinaria y vehículos empleados, que altera la calidad sonora del ámbito y su entorno, estimándose una generación en torno a los 80 dB(A). El promotor debe implementar las medidas correctoras previstas en el diseño, con el objetivo de minimizar al máximo la posible afectación acústica sobre la población. Los niveles de ruidos generados deben ajustarse a los parámetros establecidos en la ordenanza municipal sobre emisiones y recepción de ruidos y vibraciones del Ayuntamiento de Arona y no a los del municipio de Arico, como erróneamente se señala en el DA (pág. 136).

En lo referente a la iluminación, en este caso está en un área retirada con respecto a los elementos sensibles, con horario de trabajo diurno, que hace imposible la contaminación lumínica.

f) Los riesgos de accidentes graves y/o catástrofes relevantes para el proyecto en cuestión, incluidos los provocados por el cambio climático, de conformidad con los conocimientos científicos. En relación a los riesgos de accidentes, los distintos planes sectoriales establecen la siguiente valoración de los riesgos de origen natural y antrópico para la zona de estudio:

- Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico de Canarias (PEVOLCA), la zona de estudio tiene un riesgo total volcánico Bajo.

- Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo sísmico de Canarias (PESICAN), la zona de estudio tiene un riesgo total sísmico Bajo.

- Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo radiológico de Canarias (RADICAN), la zona de estudio no tiene riesgo de radiación al no existir fuentes de emisión.

- Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo de Inundaciones de Canarias (PEINCA), la zona de estudio tiene una valoración de ARPSIS Pluviales+ARPSIS Marítimos+Ponderación Presas/Balsas = 32. Riesgo Alto de inundaciones.

Según la valoración de los posibles riesgos realizado en el DA, no cabe esperar efectos significativos derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente.

Asimismo, cabe indicar que no se identifican efectos relevantes del cambio climático que puedan resultar de trascendencia significativa para el proyecto en ninguna de sus fases de desarrollo; y en particular, en lo que respecta a la vulnerabilidad del proyecto frente a los efectos del cambio climático sobre la pluviometría y la hidrología de superficie, se ha de aclarar que no se prevén efectos negativos significativos sobre la hidrología, ni sobre los riesgos asociados a ella, derivados de fenómenos asociados al cambio climático, pudiéndose concluir que el proyecto no presenta vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático.

g) Los riesgos para la salud humana. En el proceso de compostaje de los biorresiduos hay otros gases también importantes como el ácido sulfhídrico, o incluso los bioaerosoles que son partículas de tamaño microscópico suspendidas en el aire, bien de origen biológico o que puedan afectar a los seres humanos causándoles algún tipo de alergia, toxicidad o infección, que también requieren medición real y seguimiento ambiental. Los bioaerosoles pueden estar constituidos por virus, bacterias, esporas, polen y en general cualquier resto de microorganismo con un diámetro aerodinámico comprendido entre 0,5 y 100 µm. Para reducirlos, en el anexo se detallan medidas ambientales.

La afección a la población, será por los movimientos de tierra, trasiego de maquinaria y vehículos pesados, así como por la intensificación del tráfico pesado en las vías próximas, etc, considera un impacto compatible. Dichas perturbaciones presentan además carácter temporal y no serán significativas dada la naturaleza y entidad de las obras previstas, y de manera general, no tendrán repercusión negativa sobre la población y los usos circundantes, quedando el uso residencial más cercano lo suficientemente alejado para no sufrir perturbaciones y que en caso de ocurrencia, no son significativas.

Sin embargo, la Dirección General de Salud Pública: “…El manejo inadecuado de heces animales, orina y estiércol puede ocasionar la liberación de compuestos volátiles y amoníaco, lo que genera malos olores y molestias tanto para los residentes como para los trabajadores en la zona. Esto resulta especialmente problemático durante días de viento o cuando las temperaturas son elevadas. Para evitar preocupaciones en la población, el promotor deberá incluir en el Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) una serie de medidas preventivas destinadas a minimizar el impacto sobre la calidad del aire durante la fase de explotación. Estas acciones deberían enfocarse en reducir la emisión de partículas y posibles contaminantes.

Durante la fase operativa, habrá un aumento de ruidos y vibraciones en la zona debido a las actividades de carga, el uso de maquinaria y los dispositivos de prensado. Aunque las instalaciones se encuentran alejadas de las áreas residenciales, la presencia de distintas actividades industriales en la zona, que ya contribuyen a la generación de ruido, hace indispensable cumplir tanto con la Ley de Ruido 37/2003 como con la ordenanza municipal sobre emisiones y recepción de ruidos y vibraciones del Ayuntamiento de Arona”.

El promotor indica que “...Las citadas cuestiones las desarrolla la entidad en su totalidad en los siguientes Expedientes que también forman parte de la documentación aportada al presente:

- Autorización de Actividad Potencialmente Contaminadora de la Atmósfera Expediente APCA-755-TF/001-2024.

- Autorización Ambiental Integrada Expediente AAI-101-TF/001-2025.

- Proyecto específico sobre prevención y contaminación atmosférica, con respecto al ruido y las vibraciones, al ser máquinas nuevas con marcado “CE” su funcionamiento ordinario está adecuado a la legislación vigente; y con respecto a la emisión atmosférica, son inexistentes, ya que no existe ningún tipo de tratamiento químico que pueda emitir gases a la atmósfera.

No obstante, tras el análisis técnico se deben añadir al PVA todas las prescripciones ambientales adicionales.

6.2. Ubicación de los proyectos: la sensibilidad medioambiental de las áreas geográficas, que puedan verse afectadas por los proyectos, deberá considerarse teniendo en cuenta los principios de sostenibilidad, en particular:

a) El uso presente y aprobado del suelo. Dadas las condiciones de la superficie incidida por esta actuación (superficie explanada, desprovista de vegetación y/o suelos, localmente ocupada por acopios de restos vegetales, etc.) donde se pretende aumentar la producción en el mismo espacio, los movimientos de tierra requeridos para ello son mínimos y en ningún caso producen pérdida de valores edáficos, geomorfológicos, botánicos, etc.

El proyecto se enclava en suelo no urbanizable de interés agrícola SNU (17b). Según el DA y el proyecto presentado, “...La superficie de implantación no se encuentra afectada por las delimitaciones de los ámbitos del Plan Territorial Especial de Ordenación de Residuos de Tenerife (en adelante PTEOR). Desde un punto de vista territorial y de acuerdo con las determinaciones del PTEOR, en la parcela referida sería admisible la instalación de una planta de compostaje de residuos agrícolas y ganaderos en fincas o bien planta de compostaje de residuos agrícolas, ganaderos y forestales, sin perjuicio del cumplimiento del resto de condiciones de implantación exigidas en las normas de dicho plan y resto de normas urbanísticas, territoriales y/o sectoriales que le sean de aplicación”.

No cabe esperar que se produzcan interferencias entre las acciones del proyecto y los usos actuales y factores ambientales presentes.

b) La abundancia relativa, la disponibilidad, la calidad y la capacidad regenerativa de los recursos naturales de la zona y su subsuelo (incluidos el suelo, la tierra, el agua y la biodiversidad). El ámbito de actuación del proyecto se localiza en un entorno de uso industrial, caracterizado por un elevado grado de transformación antrópica y una limitada presencia de recursos naturales de valor ambiental significativo. La valoración de la abundancia, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales se realiza teniendo en cuenta las características actuales del suelo, el agua y la biodiversidad presentes en la zona.

En la fase de obra, los recursos naturales necesarios se limitan a la superficie de suelo destinada a albergar las instalaciones. Las obras son de pequeña envergadura en un emplazamiento ya transformado. No será necesario llevar a cabo grandes movimientos de tierra, el consumo de agua se estima en cantidades muy pequeñas y no se prevé la utilización de recursos ligados al medio biótico ni a la biodiversidad. Durante la fase operativa, los consumos de recursos naturales se limitan fundamentalmente a electricidad, aguas sanitarias y combustible asociados al funcionamiento ordinario y mantenimiento de la instalación.

La abundancia y calidad de los recursos naturales presentes es reducida, al tratarse de suelos artificializados destinados a actividades productivas, sin que se identifiquen recursos edáficos, hídricos o biológicos singulares en el ámbito de implantación. La capacidad regenerativa del medio se encuentra condicionada por el estado de transformación previo del terreno y por su función como soporte de usos industriales, no desempeñando funciones ecológicas relevantes.

Los recursos naturales de mayor interés ambiental se localizan fuera del ámbito de actuación y de su entorno inmediato, en espacios naturales del entorno, sin que el proyecto implique su ocupación ni comprometa su disponibilidad o estado de conservación, atendiendo a la naturaleza y localización de la actuación.

En este contexto, el medio receptor presenta una sensibilidad ambiental baja, resultando compatible con la implantación de la actividad proyectada desde el punto de vista de la disponibilidad, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales. Dado que la actividad proyectada no implica un consumo significativo de recursos naturales, y considerando que el ámbito de actuación se localiza en una zona ya intervenida, en un emplazamiento sin suelo natural ni vegetación significativa, se concluye que la capacidad de acogida del entorno frente a la actuación propuesta es elevada.

c) La capacidad de absorción del medio natural, con especial atención a las áreas siguientes:

1.º Humedales. Zonas ribereñas, desembocaduras de ríos. No corresponde.

2.º Zonas costeras y medio marino. No corresponde.

3.º Áreas de montaña y de bosque. El Monte de Utilidad Pública más cercano se encuentra a 12,25 km al norte de la zona de implantación del proyecto, conocido como Vica y Lajas, cuyo número identificativo es el MUP 7, por lo que no hay afección.

4.º Reservas naturales y parques. El proyecto se plantea fuera de los límites de los espacios naturales protegidos declarados y reclasificados, por tanto, no hay afección.

5.º Áreas clasificadas o protegidas por la legislación del estado o de las Comunidades Autónomas; lugares Red Natura 2000. El proyecto se plantea fuera de los límites de los espacios naturales protegidos de Canarias y fuera de espacios Red Natura 2000 (Zonas Especiales de Conservación -ZEC- y Zonas de Especial Protección para las Aves -ZEPA-) declarados en los Decretos 174/2009 y 184/2022, respectivamente. Lo más cercano está 3,18 km de distancia aproximada, categorizado como Monumento Natural cuyo nombre es Roque de Jama y código es T-20, sin afección al medioambiente.

6.º Áreas en las que se han rebasado ya los objetivos de calidad medioambiental establecidos en la legislación aplicable, y pertinentes para el proyecto, o en las que se considere que se ha producido un incumplimiento de dichas normas de calidad medioambientales. Teniendo en cuenta la escasa cantidad de Plantas de recogida y tratamiento de residuos no peligrosos y Compostaje (residuos vegetales y biorresiduos), en el sur de Tenerife, se hace necesario su implantación, para conseguir los objetivos de calidad ambiental establecidos en la legislación aplicable.

7.º Áreas de gran densidad demográfica. No corresponde, dado que el casco urbano más cercano es Parque La Reina y se encuentra alejado del ámbito de actuación del proyecto, más de 300 m de distancia.

8.º Paisajes y lugares con significación histórica, cultural y/o arqueológica. Se ha presentado en la documentación del proyecto, un informe relativo al patrimonio cultural del proyecto, suscrito por D. Vicente Valencia Afonso, Arqueólogo Colegiado n.º 4.991, que señala que el proyecto del asunto, se enfoca especialmente a valorar la potencial afección, y, en su caso, proponer las medidas cautelares de prevención orientadas a la protección del patrimonio cultural que se detecte en el ámbito del estudio.

Tras analizar el documento aportado y las posibles afecciones al patrimonio cultural y arqueológico, se ha concluido que no existe afección alguna en el terreno, relacionada con estos elementos.

En este sentido, el Servicio Administrativo de Patrimonio Cultural del Cabildo de Tenerife, informa favorablemente el proyecto, por estimar que las afecciones al patrimonio histórico originadas por el mismo son nulas.

No obstante, ante cualquier hallazgo de carácter patrimonial, el promotor debe atender a lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias.

Asimismo, cualquier modificación de las actuaciones previstas o cualquier actuación complementaria no recogida en los documentos presentados, requerirá de una nueva valoración de la afección sobre el patrimonio histórico.

9.º Áreas con potencial afección al patrimonio cultural. No corresponde, dado que el Bien de Interés cultural (en adelante BIC) más cercano se encuentra a 990 m de distancia aproximada, conocido como Roque de la Abejera, cuyo código de registro nacional es el 55-0000624-00000, con código de la CAA:BIC2012TF00002 de fecha de declaración 2 de agosto de 2012. Se considera que no hay afección al BIC.

10.º Masas de agua superficiales y subterráneas contempladas en la planificación hidrológica y sus respectivos objetivos ambientales. La localización de la parcela no está próxima a la línea costera (4.933 metros), pero sí está incluida en la masa de agua subterránea “Masa Costera de la vertiente Sur” (ES124MSBTES70TF003), tipificada acorde al 3.º Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Tenerife, aprobado definitivamente por Decreto 373/2023 (BOC n. º191, de 27.9.2023), por tanto, no hay afección.

6.3. Características del potencial impacto: los potenciales efectos significativos de los proyectos en el medio ambiente, deben considerarse en relación con los criterios establecidos en los apartados 1 y 2, y teniendo presente el impacto del proyecto sobre los factores señalados en el artículo 45, apartado 1.e), teniendo en cuenta:

a) La magnitud y el alcance espacial del impacto (por ejemplo, área geográfica y tamaño de la población que pueda verse afectada). Respecto al alcance espacial del impacto, se trata de un proyecto sostenible en el municipio turístico de Arona, donde el tamaño de la población que pudiera verse afectada por las obras, es muy pequeño. Por tanto, se considera que con la aplicación de las medidas ambientales establecidas en el anexo, no habrá afección.

b) La naturaleza del impacto. Con respecto al aire, la emisión de gases de efecto invernadero (GEIs) durante el tratamiento de los residuos orgánicos afecta al calentamiento global.

La presencia en la zona de otras instalaciones industriales como por ejemplo la futura planta Oroteanda-La balsa (no acumula afección en la calidad del aire en fase operativa, ya que son reactores cerrados, salvo el tránsito de vehículos) y una planta de residuos de la construcción y demolición (extracción de áridos), que sumada a las emisiones del propio proceso de compostaje del promotor, hace que sea necesario su medición, para no superar los valores límites diarios relacionados con la protección de la salud para gases como (CO, NO2 y SO2) y las partículas PM10, y PM2,5, solo en el caso de volteo de las pilas de compost.

Con respecto al paisaje, la implantación de la Planta de recogida y tratamiento de residuos no peligrosos y compostaje en el territorio, supone un impacto visual que es visible en el entorno circundante y aledaños, que disminuye con el paso del tiempo y se normaliza integrándose en el paisaje. El DA, en su plano n.º 4 de medidas correctoras y protectoras, establece “...una medida en la fase de obras que es la implantación de vallado perimetral,” para compensar el impacto visual, es necesario que ese cerramiento incluya material vegetal, al reducir olores y gases de efecto invernadero (metano, CO2), controlar las emisiones y fomentar la aireación, captura carbono en el suelo, sustituye fertilizantes químicos (menor contaminación), regenera suelos (mejora estructura, retención de agua, biodiversidad) y minimiza la erosión.

Se ratifica la necesidad de implantar esta medida compensatoria citada anteriormente, con especies arbóreas autóctonas, tal y como se indica en las prescripciones ambientales adicionales.

La presencia de roedores y cucarachas, el principal grupo taxonómico vinculado a este tipo de actividad es el producido por dípteros (moscas y mosquitos), debido a los riegos de las pilas y existencia de encharcamientos, por lo que esta problemática debe ser controlada y vigilada, se propone una medida, en las prescripciones ambientales adicionales.

Con la aplicación de las siguientes medidas se reducen los impactos, evitando su emisión y dispersión durante el manejo de los biorresiduos, permitiendo reducir significativamente los niveles, por ejemplo, no voltear en presencia de viento, uso de mascarillas, mediciones de GEIs, seguimiento al PVA, etc.

c) El carácter transfronterizo del impacto. No aplicable al presente proyecto.

d) La intensidad y complejidad. Los impactos asociados al proyecto pueden considerarse intensos como corresponde a cualquier obra, no obstante, se trata de un impacto limitado espacialmente a la planta de tratamiento de residuos, también se considera un impacto positivo que durará, mientras la planta esté en funcionamiento, dado que se fomenta la economía circular y la correcta gestión de biorresiduos.

En cuanto a la complejidad del impacto, cabe esperar el impacto sobre el medio terrestre, pero con las medidas previstas en el DA, como son utilización de agua como medida correctora para las emisiones de polvo, implantación de un vallado vegetal perimetral, revisión anual de la balsa de lixiviados, etc, se podrán reducir y minimizar hasta hacerlos ambientalmente admisibles.

e) Probabilidad del impacto. El impacto sobre la población, el suelo y el aire, se producirá con toda probabilidad; aunque estos impactos pueden ser considerados de una magnitud relativamente baja, limitados temporalmente a la duración de las obras y reversibles a medio y largo plazo por la capacidad de recuperación propia. Las medidas ambientales que se apliquen reducen la intensidad, la magnitud y el alcance espacio-temporal de los impactos previstos, además de forma significativa.

f) El inicio previsto y duración, frecuencia y reversibilidad del impacto. El inicio y duración de los impactos está vinculado a cada fase del proyecto, estimando que la ejecución de las obras sea de tres meses, desde el inicio de la construcción hasta la puesta en marcha.

El DA considera la vida útil de la planta es indefinida, sin embargo, se debe establecer un plazo de vida útil de la actividad. A pesar de ello, los impactos asociados a las tres fases tendrían lugar en el momento de realización de las acciones (es decir, serían inmediatos), medibles en el tiempo y reversibles a corto y/o medio plazo.

g) La acumulación del impacto con los impactos de otros proyectos existentes y/o aprobados. Se acumularía el impacto producido por el aumento de las emisiones de partículas en suspensión proveniente de la planta de tratamiento de (RCDs). Cuestión contemplada en el DA, pero indica lo siguiente: “...Aunque en la zona adyacente a la planta existe una planta de tratamientos de RCD´s que soporta actividad de acopio de áridos y trasiego de maquinaria y vehículos pesados sobre pistas de tierra, no se ha observado en la zona contaminación por emisiones de partículas de polvo en suspensión significativas que puedan perturbar la calidad del aire, entendiéndose que en dicho entorno se aplican medidas correctoras de control de emisiones.” Y también se acumularía este impacto con otra futura planta de compostaje que habrá en las inmediaciones, la Planta de valorización de residuos no peligrosos Oroteanda-La Balsa.

Sin embargo, se debe cuantificar las emisiones atmosféricas para evitar problemas de salud a los trabajadores y usuarios de la planta, usuarios de los refugios de animales, población cercana, etc.

h) La posibilidad de reducir el impacto de manera eficaz. Se trata de un proyecto necesario para la gestión de biorresiduos en la isla de Tenerife, resulta por lo tanto de máximo interés. El DA incorpora en el apartado 8 las medidas que permitan prevenir, reducir y compensar, y, en la medida de lo posible corregir, cualquier efecto negativo relevante en el medioambiente de la ejecución del proyecto. Por tanto, aplicando las mismas, si es posible reducir el impacto de manera eficaz.

En conclusión y a la vista de todo lo anterior, se considera que el proyecto denominado “Proyecto para actividad de almacenamiento y valorización de residuos no peligrosos”, promovido por Suna 2000, S.L., en el término municipal de Arona, isla de Tenerife, no tendría efectos adversos significativos sobre el medio ambiente de acuerdo con lo establecido en el artículo 47.2.b) de la LEA, siempre y cuando:

• se cumplan los términos constructivos presentados;

• se realice un correcto y estricto cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras incluidas en el Documento Ambiental;

• se realice un seguimiento ambiental del proyecto que garantice el cumplimiento de estas medidas a través de la implantación del Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) propuesto en el Documento Ambiental;

• y se incluyan y cumplan las prescripciones ambientales adicionales que se incorporan en el anexo.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I. El artículo 9.1 de la LEA, establece que “Los planes y los programas incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley deberán someterse a una evaluación ambiental antes de su adopción o aprobación. Asimismo, los proyectos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente, en virtud, entre otras cosas, de su naturaleza, dimensiones o localización, deberán someterse a una evaluación ambiental antes de su autorización, o bien, si procede, en el caso de proyectos, antes de la presentación de una declaración responsable o de una comunicación previa a las que se refiere el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”.

En este sentido, señala el mismo precepto que “Carecerán de validez los actos de adopción, aprobación o autorización de los planes, programas y proyectos que, estando incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley no se hayan sometido a evaluación ambiental, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, puedan corresponder”.

El proyecto de referencia, según la consideración técnica tercera, le corresponde una evaluación de impacto ambiental simplificada, en aplicación del artículo 7.2.a) de la LEA, al incluirse en el Anexo II, grupo 9 “Otros proyectos”, y apartado b) “instalaciones de eliminación o valorización de residuos no incluidas en el Anexo I, excepto la eliminación o valorización de residuos propios no peligrosos en el lugar de producción”.

En cuanto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental en su modalidad simplificada, el apartado 2 del artículo 47 de la LEA establece lo siguiente:

“2. El órgano ambiental, teniendo en cuenta la información facilitada por el promotor, el resultado de las consultas realizadas y, en su caso, los resultados de verificaciones preliminares o evaluaciones de los efectos medioambientales realizadas de acuerdo con otra legislación, resolverá mediante la emisión del informe de impacto ambiental, que podrá determinar de forma motivada de acuerdo con los criterios del Anexo III que:

a) El proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria porque podría tener efectos significativos sobre el medio ambiente. En este caso, el promotor elaborará el estudio de impacto ambiental conforme al artículo 35. Para ello, el promotor podrá solicitar al órgano ambiental el documento de alcance del estudio de impacto ambiental en los términos del artículo 34.

b) El proyecto no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el informe de impacto ambiental, que indicará al menos, las características del proyecto y las medidas previstas para prevenir lo que, de otro modo, podrían haber sido efectos adversos significativos para el medio ambiente.

c) No es posible dictar una resolución fundada sobre los posibles efectos adversos del proyecto sobre el medio ambiente, al no disponer el órgano ambiental de elementos de juicio suficientes, procediéndose a la terminación del procedimiento con archivo de actuaciones”.

En el presente supuesto y de acuerdo a las conclusiones del apartado de consideraciones técnicas, procede resolver que el proyecto no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente.

Por su parte, en el apartado 3 de este artículo se recoge la obligación de publicación del informe de impacto ambiental en el diario oficial que corresponda, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental. Por tanto, procederá la publicación del presente informe de impacto ambiental en el Boletín Oficial de Canarias.

En cuanto a su vigencia, el apartado 4 establece que “En el supuesto previsto en el apartado 2.b) el informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado o diario oficial correspondiente, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de la vigencia del informe de impacto ambiental en los términos previstos en los siguientes apartados”. En virtud de esta previsión y a la vista de la conclusión del apartado de Conclusiones Técnicas, procede establecer una vigencia de cuatro años a contar desde la fecha de su publicación. Transcurrido dicho plazo sin que el proyecto sea autorizado, el IIA cesará en sus efectos salvo que se acuerde la prórroga de su vigencia, conforme a las determinaciones de la Ley 21/2013.

Finalmente y sobre su naturaleza jurídica, según el artículo 5.3.e) de la LEA, el informe de impacto ambiental es un “informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que finaliza la evaluación de impacto ambiental simplificada”. Por tanto no procede en Derecho el recurso en vía administrativa, por ser acto de trámite, sin perjuicio de los que procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.

II. En cuanto a la competencia, el apartado 4 de la disposición adicional primera de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en la redacción dada por el Decreto ley 3/2025, de 21 de abril, para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas, se establece lo siguiente:

“A los efectos de la presente ley, el órgano ambiental será el que designe la Administración competente para autorizar o aprobar el proyecto, o en su caso para controlar la actividad de los proyectos sujetos a declaración responsable o comunicación previa, debiendo garantizarse la debida separación funcional y orgánica respecto del órgano sustantivo en los términos previstos en la legislación estatal básica.

En el ámbito de la Administración autonómica, el órgano ambiental residirá en el Departamento con competencia en materia de medio ambiente y será la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha Contra el Cambio Climático. No obstante, esta designación específica podrá ser objeto de modificación en el Reglamento Orgánico de dicho departamento [...]”.

Por tanto, al tratarse de un proyecto cuya autorización compete a un órgano de la Administración autonómica, como es la Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno de Canarias, en el presente supuesto es dicho centro directivo el que está llamado a actuar como órgano ambiental. No obstante, por Resolución de 26 de mayo de 2025, de esta Dirección General (BOC n.º 118, de 17.6.2025), se ha delegado en la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad la formulación de las declaraciones y los informes de impacto ambiental, en relación con los proyectos de la competencia de la Consejería de Transición Ecológica y Energía en los que la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático ostente la condición de órgano sustantivo, tal como sucede en el presente supuesto, en base a sus competencias autorizatorias en materia de residuos.

Debe tenerse en cuenta que estas referencias a la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático y a la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad, deben entenderse hechas, respectivamente, a la Dirección General de Calidad Ambiental y a la Dirección General del Medio Natural, por influencia de la disposición final séptima del Decreto 1/2026, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Transición Ecológica y Energía y se crea y regula el Consejo para la transición energética de Canarias, la cual ha venido a modificar la denominación de ambos centros directivos que estableció en su momento el artículo 9 del Decreto 123/2023, de 17 de julio, por el que se determina la estructura orgánica y las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias.

En cuanto a la propuesta, el artículo 27 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias, se refiere en su apartado 1.a) a la función de los jefes de servicio de “instruir y formular la propuesta de resolución en aquellos procedimientos en que deban resolver los órganos departamentales a que estén adscritos”, estimándose que en el presente supuesto dicha actuación recae en el Jefe del Servicio de Impacto Ambiental, adscrito a esta Dirección General.

En virtud de los antecedentes, consideraciones técnicas y fundamentos jurídicos precedentes, y teniendo en cuenta la propuesta del Jefe de Servicio de Impacto Ambiental de la Dirección General de Calidad Ambiental,

RESUELVO:

Primero.- Formular por delegación el Informe de Impacto Ambiental del proyecto denominado “Proyecto para actividad de almacenamiento y valorización de residuos no peligrosos”, promovido por Suna 2000, S.L., en el término municipal de Arona, isla de Tenerife, determinando que, a los solos efectos ambientales, el proyecto no debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, siempre y cuando se cumplan los términos constructivos presentados, se realice un correcto y estricto cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras incluidas en el Documento Ambiental del Proyecto, se realice un seguimiento ambiental del proyecto que garantice el cumplimiento de estas medidas a través de la implantación del Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) propuesto en el DA y se incluyan y cumplan las prescripciones ambientales adicionales contenidas en el anexo.

Segundo.- Establecer para el presente Informe de Impacto Ambiental una vigencia de cuatro años, a contar desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Tercero.- A través de la evaluación de impacto ambiental simplificada, se han analizado los efectos del proyecto sobre el medio ambiente y, en particular, sobre los siguientes factores: población, salud humana, flora y vegetación, fauna, biodiversidad, geodiversidad, tierra, suelo, subsuelo, aire, agua, clima, cambio climático, paisaje, bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre todos los factores mencionados. Por tanto, se considera que el presente Informe de Impacto Ambiental no debe incorporar pronunciamiento alguno sobre cuestiones de índole urbanística y/o territorial, procedimientos judiciales en curso, ni sobre la titularidad de los terrenos afectados por el proyecto.

Cuarto.- Notificar la presente Resolución a la entidad promotora Suna 2000, S.L.; a la Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno de Canarias; al Cabildo de Tenerife; al Ayuntamiento de Arona y a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural.

Quinto.- Publicar la presente Resolución mediante anuncio en el Boletín Oficial de Canarias y en la sede electrónica de la Consejería de Transición Ecológica y Energía.

Canarias, a 27 de marzo de 2026.- El Director General del Medio Natural (p.d. Resolución de 26.5.2025; BOC n.º 118, de 17.6.2025), Miguel Ángel Morcuende Hurtado.

ANEXO

PRESCRIPCIONES AMBIENTALES ADICIONALES

Tras el análisis técnico realizado de la documentación recibida se considera necesario añadir al proyecto y al DA las siguientes prescripciones adicionales, que el promotor debe integrar, presupuestar y dar cumplimiento junto con el conjunto de las medidas preventivas y correctoras contempladas en el DA. Así como, las consideraciones emitidas en los informes recibidos durante el trámite de consultas a las Administraciones públicas afectadas y personas interesadas, siempre que no resulten contrarias a las prescripciones adicionales. Lo anterior, no le exime de la obligación de solicitar y obtener todas las autorizaciones ambientales y sectoriales que resulten legalmente exigibles, ni del cumplimiento de la legislación ambiental vigente.

Será responsabilidad exclusiva del promotor la corrección de cualquier alteración o perjuicio ambiental causado por el desarrollo del proyecto. En caso de producirse cualquier incidencia ambiental, deberá actuar de forma inmediata, adoptando las medidas necesarias para restablecer el equilibrio del medio afectado y evitar mayores daños. Deberán tenerse en cuenta a este respecto las obligaciones para el operador contenidas en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

1) REDUCCIÓN OLORES E IMPACTO VISUAL: se realizará una pantalla vegetal en el perímetro de la planta con el empleo predominantemente de especies arbóreas autóctonas, siguiendo los criterios un experto en flora canaria. Para ello se recomienda la inclusión adicional de ejemplares de especies de mayor porte, como Tamarix canariensis o Plocama pendula, así como, además de Periploca laevigata, la especie Rubia fruticosa, que por sus características de trepadora también puede enredarse y aumentar el efecto de apantallamiento. Evitando en todo caso, la utilización de especies vegetales exóticas invasoras o con potencial comportamiento invasor.

Para minimizar las emisiones de olores, además de las siguientes, se aplicarán, las Mejores Técnicas Disponibles (en adelante, MTD) en la elaboración de compost:

1.1) A efectos de la vigilancia de emisiones de olores, se tendrá en cuenta la caracterización de los vientos en el área de influencia y adaptar las operaciones generadoras de olores y sus calendarios de campaña a las condiciones meteorológicas, con especial atención a los vientos alisios, que pueden afectar a los núcleos de población cercanos. Se debe implantar un Plan de Gestión de Olores, tal y como indica la DGSP, así como un protocolo para dar respuesta a incidentes relacionados con olores (Ej. denuncias o quejas de la población). Se recomienda el uso de una nariz electrónica para detectar y reducir los malos olores.

1.2) La altura de las pilas de compostaje debe ser menor que la altura del cerramiento perimetral y adaptar los procesos a las condiciones meteorológicas, evitando el volteo de las pilas, cribado o trituración cuando estas sean adversas, en términos de dispersión de las emisiones, así como orientar las pilas exponiendo al viento dominante la menor superficie posible del compostaje para reducir la dispersión de contaminantes.

2) EMISIONES ATMOSFÉRICAS: durante los dos primeros años de operatividad, se llevará a cabo mediciones reales y dar traslado al órgano sustantivo, de las concentraciones de (CO, NO2 y SO2), COVs, amoníaco, metano, sulfhídrico y bioaerosoles en fase operativa, al menos en los siguientes puntos: 1) en la propia pila de compost, 2) en la zona de mayor actividad, la parte oxidativa del proceso.

3) BALSA DE LIXIVIADOS: se ejecutará un sistema de impermeabilización del terreno y un sistema de recogida de lixiviados (drenajes) y agua de lluvia, con una cuneta perimetral en la zona de pilas de compostaje (opcional cada dos pilas) que están al aire libre, que drene hacia la balsa de lixiviados, garantizando la estanqueidad, la no contaminación del suelo y la capacidad de absorción del exceso de líquido, en caso de lluvias torrenciales. Asímismo, esta medida se debe tener en cuenta, en todas las zonas de almacenamiento de residuos (zona 1: purín animal, zona 3: orgánico frutas y verduras, zona 4: tabaco y café) y del compost obtenido, de forma que se garanticen las condiciones de impermeabilidad del terreno, evitando que los lixiviados puedan provocar contaminación en estos puntos críticos de la instalación (pilas de compostaje y zonas de almacenamiento de residuos y de producto terminado).

Cuando se realiza el riego de las pilas de compost, al reutilizar el agua de la balsa se podría originar un escenario de riesgo de proliferación y dispersión de Legionella, con el consiguiente peligro para la salud de los trabajadores del centro. Es conveniente optar por riego por goteo, en caso contrario, se extremarán las medidas de protección frente a esta infección, con equipos de protección individual, operaciones en horarios con un mínimo de personas expuestas, etc. Además, se tendrá que analizar y filtrar los lixiviados, antes de reutilizarlos para el riego, evitando su aspersión.

4) La generación de bioaerosoles se produce durante todo el ciclo de vida de los residuos orgánicos, desde su recogida y tratamiento hasta su disposición final, siendo los puntos más críticos las plantas de compostaje donde los niveles de bioaerosoles generados pueden alcanzar niveles de hasta 106 ufc m-3, lo que hace necesario el uso de equipos de protección individual para los operarios de la planta.

5) Se implantará en las instalaciones, un sistema de protección contra rayos, para evitar riesgos de incendios.

6) Con objeto de evitar la proliferación de plagas (roedores y dípteros), se elaborará un Plan de Gestión de Plagas, en el que se definan medidas de vigilancia y control, incluyendo un Diagnóstico de Situación, y un Programa de actuación acorde con el diagnóstico, que minimice el empleo de biocidas además de una Evaluación mediante indicadores. Del resultado, se dará traslado al órgano sustantivo, como responsable de la vigilancia ambiental.

7) Se elaborará un texto refundido del PVA con las medidas a adoptar en fase de obra, en fase de funcionamiento y en fase de desmantelamiento, para comprobar que las medidas propuestas se lleven a efecto, su eficacia y posibles efectos no previstos e implementar medidas preventivas o correctoras nuevas, si fuera necesario. El promotor de la actuación debe elaborar anualmente un informe de Seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Informe de Impacto Ambiental, en los que se incluya un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia ambiental, así como toda la información que se considere necesaria sobre su ejecución y sobre el estado del medio ambiente y la posible producción de impactos residuales tras las obras o implantación del proyecto. El primer informe se elabora en el plazo máximo de tres meses, desde el inicio de la ejecución del proyecto tras las obras. El segundo informe se debe remitir en el plazo máximo de un año y tres meses. Dichos informes, junto con el PVA, se remitirán al órgano sustantivo. El resto de informes quedarán en la instalación a disposición de las autoridades competentes.

En el PVA se incluirá todas las prescripciones ambientales adicionales propuestas, junto con la realización de campañas de medición de olores en condiciones meteorológicas desfavorables, de forma que se pueda verificar que no existe exposición a la población, o en caso de existir, considerar la aplicación de nuevas MTD sobre emisiones de olores y gestión de residuos.



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