BOC - 2026/79. Viernes 24 de abril de 2026 - 1323

III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad

1323 - Secretaría General Técnica.- Resolución de 14 de abril de 2026, por la que se ordena la publicación del Convenio de Cooperación entre el Consejo General del Poder Judicial y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias para la creación y funcionamiento de la Comisión Mixta de cooperación y coordinación de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias..

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El artículo 20 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece que los órganos u organismos del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de sus secretarías generales técnicas u órgano equivalente, deberán publicar los convenios en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma. En el mismo plazo también deberán publicar en el citado diario oficial los anexos, adendas, prórrogas y otros actos de modificación o extinción del convenio.

Considerando lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, así como en el artículo 20 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, por la presente,

RESUELVO:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio entre el Consejo General del Poder Judicial y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias para la creación y funcionamiento de la Comisión Mixta de cooperación y coordinación de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, suscrito con fecha 10 de abril de 2026, que figura como anexo a la presente Resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de abril de 2026.- La Secretaria General Técnica, María del Carmen Nery Cordobés Sánchez.

ANEXO

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA “COMISIÓN MIXTA DE COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS Y EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS”.

INTERVIENEN

De una parte, la Presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General de Poder Judicial, Excma. Sra. Dña. María Isabel Perelló Doménech, nombrada según Acuerdo
(n.º I-2.º) del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 3 de septiembre de 2024, Real Decreto 888/2024, de 3 de septiembre (BOE de 4.9.2024), en ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 585 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en representación del Consejo General del Poder Judicial según la previsión del artículo 598.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

De otra, la Excma. Sra. Dña. Nieves Lady Barreto Hernández, Consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, nombrada por Decreto 43/2023, de 14 de julio, del Presidente (BOC n.º 138, de 15.7.2023), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, en relación con lo dispuesto en el Decreto 41/2023, de 14 de julio (BOC n.º 138, de 15.7.2023), por el que se determinan las competencias de la Presidencia y Vicepresidencia, así como el número, denominación, competencias y orden de precedencias de las Consejerías, y el Decreto 108/2024, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad (BOC n.º 156, de 8.8.2024).

EXPONEN

Primero.- El artículo 117 de la Constitución Española establece que el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales. Dentro del gobierno interno de estos tienen especial relevancia, en el ámbito de cada comunidad autónoma, las salas de gobierno de los respectivos tribunales superiores de justicia.

El Tribunal Constitucional ha puesto de manifiesto que junto al núcleo esencial de lo que debe entenderse por “Administración de Justicia” -el Poder Judicial en sentido estricto y el gobierno del Poder Judicial- aparecen las competencias sobre los medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia, que pueden ser objeto de atribución a las comunidades autónomas.

Segundo.- El artículo 85 del vigente Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, establece, en relación con la Administración de Justicia, que corresponde a la Comunidad Autónoma ejercer todas las facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial reconozca o atribuya al Gobierno del Estado.

Tercero.- La Comunidad Autónoma de Canarias asumió las competencias instrumentales para el funcionamiento de los juzgados y tribunales en virtud de sendos Reales Decretos de fecha 2 de diciembre de 1996: Real Decreto 2462/1996, en materia de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, y Real Decreto 2463/1996, sobre provisión de medios personales al servicio de la Administración de Justicia.

Cuarto.- La existencia de distintas administraciones públicas, de naturaleza muy diversa, con competencias sobre la Administración de Justicia, aconseja mantener mecanismos permanentes de cooperación, colaboración y coordinación entre ellas, que, con absoluto respeto a las atribuciones que a cada una les correspondan, tiendan a evitar disfunciones. Se trata de cumplir de esta manera con el principio constitucional de coordinación que se consagra en el artículo 103 de la Constitución.

Quinto.- Con este mismo propósito, el artículo 17 del Reglamento CGPJ 1/2000, de 26 de julio, de los Órganos de Gobierno de los Tribunales, admite la posibilidad de que las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia constituyan comisiones mixtas con la administración central o autonómica competente que, con absoluto respeto a las atribuciones que son propias de cada una de las partes, se configuran como un mecanismo estable muy válido para garantizar y hacer efectiva esa deseable cooperación y coordinación.

Sexto.- En fecha 5 de febrero de 2001, se firmó un primer Convenio de Colaboración entre la entonces Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica, competente en materia de justicia, y la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el que se creó una Comisión Mixta de cooperación y coordinación, siendo necesaria, por tanto, su renovación de acuerdo con las previsiones de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Por todo ello, atendida la experiencia de funcionamiento de la referida Comisión durante los últimos años, con el objetivo de mejorar el marco de colaboración existente, las partes suscriben el presente Convenio con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio.

Con el propósito común de articular un mecanismo estable de comunicación, coordinación, colaboración y cooperación entre los órganos de la Comunidad Autónoma de Canarias, a los que corresponde el ejercicio de las competencias asumidas en relación con los medios de los que se sirve la Administración de Justicia, y los órganos de gobierno de los tribunales radicados en el territorio de esta Comunidad Autónoma, por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, de un lado, y por la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, de otro, se establece una Comisión Mixta de cooperación y coordinación con las atribuciones, composición y normas de funcionamiento, que a continuación se indican.

Segunda.- Funciones de la Comisión Mixta.

Corresponde a la Comisión Mixta de cooperación y coordinación el estudio y debate sobre cuantas cuestiones hagan referencia a la Administración de Justicia en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, a cuyo fin podrán formularse las iniciativas y propuestas necesarias para la mejor coordinación de los medios puestos al servicio de aquella, siempre con el más absoluto respeto de las respectivas competencias, asumiendo, en su caso, las partes, los compromisos oportunos.

A título enunciativo, corresponderá a la Comisión Mixta de Cooperación y Coordinación el estudio y propuesta sobre las siguientes materias:

1. Creación de nuevas unidades judiciales.

2. Modificaciones de la demarcación judicial.

3. Implantación de nuevos modelos de organización de la oficina judicial.

4. Infraestructuras judiciales, accesibilidad y seguridad de los edificios judiciales, y demás medios materiales al servicio de la Administración de Justicia.

5. Implantación del expediente judicial electrónico y medios informáticos.

6. Distribución de espacios en edificios judiciales como consecuencia de nuevos usos o por la creación de unidades judiciales.

7. Cuestiones más relevantes en materia de personal al servicio de la Administración de Justicia, con especial referencia a los planes de refuerzo.

8. Prevención de riesgos laborales en aspectos comunes.

9. Cooperación en los planes de formación de la Carrera Judicial organizados por el Consejo General del Poder Judicial.

10. Expurgo de documentos judiciales.

11. En general, cuantas funciones en materia de colaboración y formulación de propuestas, se relacionan con la mejor utilización de medios personales y materiales, que se deriven de lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de Demarcación y de Planta Judicial, demás disposiciones generales y, específicamente, de los artículos 4 y 17 del Reglamento 1/2000, de los Órganos de Gobierno de Tribunales.

Tercera.- Composición y funcionamiento de la Comisión Mixta.

La Comisión Mixta de Cooperación y Coordinación será copresidida por quien ostente la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y por la persona titular de la Consejería del Gobierno de Canarias que asuma las competencias en materia de Justicia, y estará integrada, además:

a) Por parte de la Consejería: titular de la Viceconsejería de Justicia, titular de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y titular de la Secretaría General Técnica de la Consejería, quien actuará como secretario/a, o bien personas con el mismo rango que les suplan, designados por la persona titular de la Consejería.

b) Por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias: tres de quienes integren la Sala de Gobierno a elección del Pleno de esta.

Podrán participar en las reuniones en la Comisión, sin formar parte de la misma, quienes ostenten la presidencia de las salas del Tribunal Superior de Justicia, de las audiencias provinciales y decanatos, así como profesionales expertos cuando resulte procedente en atención a los asuntos previstos en el orden del día.

La Comisión, a propuesta de la Presidencia, podrá acordar la creación de grupos de trabajo relativos a temas específicos, bajo la coordinación de un miembro de la Comisión, para la realización de estudios, la elaboración de informes o la emisión de criterios.

La Presidencia, a la que corresponde efectuar la convocatoria de las sesiones, el señalamiento del orden del día, lugar de celebración, dirección de los debates y las demás funciones que la normativa reguladora de los órganos colegiados le atribuye, se ejercerá semestralmente de manera rotatoria.

La Comisión podrá elaborar y aprobar sus propias normas de funcionamiento, rigiéndose en lo no previsto expresamente por lo dispuesto en los artículos 15, siguientes y concordantes, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

La Comisión Mixta de Cooperación y Coordinación se reunirá cuando lo considere necesario cualquiera de las partes y, en todo caso, con carácter semestral.

Cuarta.- Financiación.

El presente Convenio no conlleva contraprestación económica para ninguna de las partes. En todo caso, si las actuaciones derivadas de este Convenio tuvieran alguna incidencia económica o presupuestaria para las partes, se articularán en acuerdos de ejecución de este Convenio y estarán sujetos a los preceptivos informes de legalidad y a la previa fiscalización del gasto y de los compromisos económicos contraídos.

Quinta.- Comisión Mixta de Seguimiento.

Con el fin de coordinar las actividades necesarias para la ejecución de este Convenio, así como para llevar a cabo su seguimiento, vigilancia y control, se creará una Comisión Mixta de Seguimiento del Convenio compuesta por dos representantes de cada una de las partes, designados conforme a sus respectivas normas institucionales.

Su presidencia corresponderá alternativamente, por periodos semestrales, a cada una de las dos partes intervinientes.

La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes firmantes, previa convocatoria de su Presidente y, al menos, una vez al año, para examinar los resultados de la cooperación realizada.

Para lo no previsto expresamente, el régimen y funcionamiento de la Comisión se regirá por lo dispuesto en el Título Preliminar, Capítulo II, Sección 3.ª, artículos 15 y siguientes, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para órganos colegiados de las administraciones públicas.

La Comisión podrá recabar informes sobre las medidas, resultados e incidencias que se produzcan en relación con el objeto del presente Convenio y ejercerá las siguientes funciones:

a) Velar por el cumplimiento de las cláusulas previstas en el Convenio y garantizar su adecuada ejecución.

b) Establecer las normas internas de funcionamiento de la Comisión.

c) Proponer la realización de cuantas actividades vayan dirigidas a la ejecución del objeto del presente Convenio.

d) Realizar el seguimiento de las actuaciones y de los trabajos realizados en desarrollo de las actividades previstas en el presente Convenio.

e) Estudiar y proponer, en su caso, las posibles revisiones de los compromisos asumidos.

f) Impulsar las funciones de coordinación entre las instituciones firmantes para la más adecuada consecución de los objetivos del Convenio.

g) Resolver las dudas de interpretación y ejecución del presente Convenio y garantizar la adopción de decisiones a través del consenso.

h) Acordar la continuación y finalización de actuaciones en curso, en caso de resolución del Convenio conforme a lo dispuesto en la cláusula novena.

i) Impulsar las funciones de coordinación entre las instituciones firmantes para la más adecuada consecución de los objetivos del Convenio.

j) Cualesquiera otras funciones relacionadas con las anteriores que contribuyan, directa o indirectamente, a la aplicación del presente Convenio de Cooperación.

Esta Comisión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es el instrumento acordado por las partes para el seguimiento, vigilancia y control del Convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes y ejercerá sus funciones de acuerdo con lo establecido en los artículos 51.2.c) y 52.3 de la mencionada Ley, ajustándose su composición y funciones al contenido de la Sección Tercera del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, LRJSP, artículos 15 y siguientes.

Sexta.- Vigencia y eficacia del Convenio.

El presente Convenio se perfeccionará por la prestación del consentimiento de las partes mediante su firma. Tendrá una vigencia de cuatro años a partir del día de su firma.

En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto anteriormente, los firmantes podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales, o su extinción, mediante acuerdo expreso de las partes a través de un documento conjunto o escrito unilateral comunicado recíprocamente.

Séptima.- Publicación y registro del Convenio.

El presente Convenio será publicado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, en el Boletín Oficial de Canarias, dentro de los veinte días siguientes a su firma, procediéndose, en el plazo de quince días hábiles a contar desde la fecha de tal publicación, a realizar la inscripción en el Registro General de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Octava.- Modificación, resolución y extinción del Convenio.

El presente Convenio podrá ser modificado, en cualquier momento, por mutuo acuerdo de las partes a través de la suscripción de la correspondiente Adenda modificativa, que deberá ser suscrita por las mismas Autoridades que el presente Convenio y se tramitará conforme a la normativa aplicable.

La modificación se incorporará como parte inseparable del texto del Convenio.

1. De acuerdo con el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el Convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.

2. Son causas de resolución:

a) El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la prórroga expresa del mismo.

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.

c) La denuncia del Convenio cuando se estime que se han producido alteraciones sustanciales en las condiciones en las que ha sido suscrito.

d) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en el plazo de dos meses con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la Comisión Mixta de Seguimiento, y a las demás partes firmantes.

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio.

e) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.

f) Por causa de fuerza mayor que imposibilite el objeto del Convenio.

g) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en las leyes.

La resolución del Convenio no afectará a la finalización de las actividades que estuvieran en ejecución, para las que la Comisión Mixta de Seguimiento establecerá un plazo improrrogable de finalización, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Novena.- Protección de datos.

Las partes firmantes vendrán obligadas en materia de protección de datos a cumplir con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como por las demás disposiciones vigentes sobre la materia.

Los/las titulares de los datos personales que sean objeto de tratamiento en virtud del presente Convenio podrán ejercer los derechos previstos en la legislación aplicable en las correspondientes direcciones electrónicas de las entidades firmantes.

Décima.- Confidencialidad.

Las partes acuerdan tratar confidencialmente todos los datos, la documentación y la información que haya sido suministrada a la otra parte durante la vigencia del presente Convenio. Ambas partes también acuerdan no divulgar esta información a ninguna persona o entidad, exceptuando sus trabajadores, con la condición de que también mantengan la confidencialidad y solo en la medida en que sea necesario para la correcta ejecución de este Convenio.

El acuerdo de confidencialidad seguirá vigente incluso después de la extinción de este Convenio, sea cual sea la causa de dicha extinción.

Todo ello sin perjuicio del debido cumplimiento, por ambas partes, en atención a su propia naturaleza, de las obligaciones de publicidad y transparencia derivadas de la normativa aplicable, en especial de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Undécima.- Régimen jurídico.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, y se encuentra excluido de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por el que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamente Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero, en virtud de lo dispuesto en su artículo 6, apartado 1.

No obstante, serán de aplicación los principios de la citada Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran surgir en relación con la interpretación y aplicación del Convenio.

El presente Convenio se regirá, en primer lugar, por las cláusulas recogidas en el mismo, supletoriamente por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y, respecto de la Comunidad Autónoma de Canarias, se ajustará a lo previsto en el Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y demás normativa que resulte aplicable.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, ejecución, modificación, resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio, deberán solventarse de mutuo acuerdo entre las partes en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento del mismo.

Si no fuera posible alcanzar dicho acuerdo, las cuestiones litigiosas se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Y de conformidad con cuanto antecede, en el ejercicio de las facultades que legalmente corresponden a quienes intervienen, obligando con ello a las instituciones que representan, suscriben el presente Convenio, a 10 de abril de 2026.- La Presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, María Isabel Perelló Doménech.- La Consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto Hernández.



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