Visto que con fecha 22 de noviembre de 2022, el Ayuntamiento de Gáldar presenta ante la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias una solicitud motivada de declaración de interés general para la construcción de las instalaciones contempladas en el proyecto denominado “Parque Eólico Botija-Gáldar Fase II, de 0,8 MW”, en el término municipal de Gáldar, isla de Gran Canaria.
Visto que con fecha 17 de marzo de 2023, mediante la Orden n.º 148/2023, del Consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, se declara el interés general del proyecto denominado “Parque Eólico Botija-Gáldar Fase II, de 0,8 MW”, en Gáldar, expediente ER211841, conforme a lo establecido en el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario.
Vista la publicación del “Anuncio de 29 de septiembre de 2023, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa y evaluación de impacto ambiental de la instalación Parque Eólico Botija-Galdar Fase II, en el término municipal de Gáldar, Gran Canaria.- Expediente ER211841” (BOC n.º 199, del lunes 9.10.2023).
Resultando que con fecha 13 de junio de 2025, el Ayuntamiento de Gáldar aporta “Modificado n.º 2 del Proyecto Técnico Parque Eólico Botija-Gáldar Fase II / 0,8 MW” y “Modificado del Estudio de Impacto Ambiental, Rev. 1”, en cumplimiento de lo indicado en la Declaración de Impacto Ambiental de 24 de septiembre de 2024 de la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental en la que obligaba a reubicar el parque en alguna de las alternativas propuestas, señalándose una nueva ubicación para cumplir con la compatibilidad establecida en la DIA que comporta cambios en la producción, reducción anual de CO2 emitido, toneladas equivalentes e inversión.
Resultando que el citado proyecto describe la implantación de un parque eólico de 0,8 MW, constituido por 1 aerogenerador de 800 kW, un centro de mando y maniobra, una línea interior subterránea en M.T. de conexión entre el centro de transformación del aerogenerador y el centro de mando y maniobra, por último, un desvío de la línea de evacuación de la Fase I, a la cual se conectará para llevarla hasta el centro de mando y maniobra y volver a salir hasta el punto de conexión.
Visto que mediante Orden n.º 13, de fecha 16 de enero de 2026, del Consejero de Transición Ecológica y Energía, se modifica la Orden n.º 148/2023, de 17 de marzo, por la que se declara el interés general del proyecto denominado “Parque Eólico Botija-Gáldar Fase II, de 0,8 MW”, en el sentido de aprobar la nueva ubicación del aerogenerador conforme al “Modificado n.º 2 del Proyecto Técnico Parque Eólico Botija-Gáldar
Fase II/0,8 MW”.
Visto que con fecha 20 de enero de 2026 se ha solicitado informe al Cabildo Insular de Gran Canaria y al Ayuntamiento de Gáldar sobre la conformidad o disconformidad del proyecto con el planeamiento territorial o urbanístico en vigor.
Visto que el Ayuntamiento de Gáldar, con fecha 20 de enero de 2026, emite informe en el que concluye lo siguiente:
“Sexto.- En base a todo lo expuesto se informa la conformidad del Parque Eólico Botija-Gáldar Fase 2 de 0,8 MW, término municipal de Gáldar, con el planeamiento urbanístico en vigor a los efectos requeridos en base al artículo 6-bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario”.
Visto que el Cabildo Insular de Gran Canaria emite informe, con fecha 27 de febrero de 2026, en el que se recogen los condicionantes que tendrán carácter obligatorio, especialmente, las medidas correctoras o compensatorias dirigidas a restituir y/o poner en cultivo una superficie equivalente a la afectada por la instalación (6.370 m2) y que se incorporarán a la autorización sustantiva, y que concluye lo siguiente:
«Primera.- Una vez analizada la documentación presentada, y de acuerdo con el contenido del presente informe, se concluye que el proyecto denominado “Modificado n.º 2 del Proyecto Técnico Parque Eólico Botija-Gáldar Fase 2/0,8 MW”, situado en el término municipal de Gáldar, remitido por la Dirección General de Energía, Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, en aplicación de lo previsto en el artículo 6-bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario, resulta un Complejo autorizable compatible, con rango de Admisibilidad 5 y Alcance 2, de nueva implantación, cuya conformidad con el planeamiento territorial insular en vigor se encuentra condicionada al cumplimiento de las siguientes determinaciones:
a) Al cumplimiento del contenido de la Sección 20 del PIOGC22 que establece en su artículo 463 los criterios para la ordenación de las Piezas Agrícolas Estructurantes y, particularmente, con las determinaciones específicas establecidos por el artículo 465 para la regulación de la Pieza Agrícola Pura PRM-012 Cueva Lapa.
De acuerdo con los apartados 6 C del artículo 463 y 4 del artículo 465 del PIOGC22 citados, deben adoptarse las medidas correctoras o compensatorias dirigidas a restituir y/o poner en cultivo una superficie equivalente a la afectada por la instalación (6.370 m2), o cualesquiera otras medidas así como los avales o garantías que, en su caso, determine la administración actuante en el procedimiento para la autorización del Parque. Asimismo, debe garantizarse un adecuado tratamiento cromático del Parque para su adecuada integración paisajística.
b) Las limitaciones contenidas en el artículo 371 del PIOGC22 referentes a la protección del patrimonio cultural no resultan aplicables al parque eólico de referencia al no afectar a ningún BIC, a bienes identificados en la Carta Arqueológica insular o en el Inventario de Bienes Etnográficos de Gran Canaria. Su localización, por tanto, se considera conforme con dicha determinación específica de implantación establecida por el PIOGC22, sin perjuicio del criterio que al respecto de dicha conformidad establezca el Servicio de Patrimonio Cultural del Cabildo de Gran Canaria.
c) Los condicionantes contenidos en el artículo 374 del PIOGC22 referentes al desmantelamiento de las infraestructuras asociadas a las redes de energía como el parque eólico de referencia, resaltados en el presente informe, deben ser incorporados al proyecto y a los requisitos para su autorización.
- Ante la finalización de la producción o el abandono de la misma por cualquier motivo, se restaurará la superficie del terreno, eliminando cualquier rastro de los tendidos e infraestructuras desmantelados con objeto de poder recuperar la cubierta vegetal a las condiciones originales del terreno.
- La cimentación de las torres, mástiles y soportes, de los pilares que soportan los cerramientos y, en su caso, de las estructuras de cimentación de las instalaciones de escasa entidad asociadas a las redes de energía, será rebajada por debajo del nivel del suelo o totalmente enterrada según cada caso, y recubierta con tierra vegetal.
- Los accesos que hubieran sido realizados expresamente para la implantación de las infraestructuras que vayan a desmantelarse, deberán ser eliminados y restauradas las condiciones originales del soporte.
- Asimismo, los materiales sobrantes (inertes, escombros, cerramientos, etc.) deberán retirarse y trasladarse a almacenes o lugares de vertido autorizados.
- Para asegurar el futuro desmontaje de un área de producción energética se establecerá una fianza que garantice el cumplimiento de las anteriores condiciones en el momento de conceder la correspondiente autorización.
d) Los criterios para la selección del ámbito de Implantación de este Complejo vinculados al Principio de Excelencia -al que se debería dar cumplida cuenta de acuerdo con el contenido de los artículos 513 a 515 de la Sección 39 del PIOGC22- no se cumplirían en su totalidad en este caso ya que la implantación del Parque eólico implica la pérdida de una pequeña porción de suelo agrario -aunque se encuentre en desuso y abandono prolongado- y el aerogenerador no responde a las necesidades de actividades vinculadas a la explotación primaria o a la incorporación de nuevas tecnologías a la misma. Su observancia queda vinculada al cumplimiento de los apartados 6 C del artículo 463 y 4 del artículo 465 del PIOGC22 citados.
e) Dada su afección por la Zona de influencia de la legislación de costas, deberán respetarse las restricciones o limitaciones de uso, altura, edificabilidad o cualesquiera otras derivadas del régimen de aplicación al ámbito de implantación del Parque afectado por dicha franja de protección costera.
f) Deberán respetarse en todo caso los retranqueos obligatorios respecto de los viales exteriores al complejo establecidos, en su caso, por la legislación de carreteras y el planeamiento de aplicación.
g) Dada la proximidad del aerogenerador a la Nueva Vía Local Estructurante que da acceso a la Montaña de Amagro, identificada por el PIOGC22 como RV-102, deberán respetarse las restricciones o limitaciones de uso, altura, edificabilidad o cualesquiera otras derivadas del régimen de aplicación al ámbito de implantación del Parque afectado por la franja de protección de carreteras que le corresponda. Con objeto de evitar accidentes, el molino debe situarse desde el borde de la carretera a 1,5 veces su altura.
h) Dado que la mayor parte del contenido del texto refundido del Plan Territorial Especial del Paisaje de Gran Canaria PTE-05 va dirigido al planeamiento urbanístico y que se trata de recomendaciones (R), una vez analizado el contenido aplicable al proyecto presentado, no se encuentra ningún impedimento para la implantación de la instalación de referencia, toda vez que la línea de MT se proyecta enterrada. En relación con el resto de las instalaciones auxiliares, el proyecto deberá incorporar un apartado de adecuación paisajística de dicha instalación atendiendo al contenido del artículo 78 del PTE-05 en relación con el “… uso de materiales, colores, diseño de formas y volúmenes, potenciando su relación con el entorno”.
i) Las principales afecciones ambientales del proyecto en relación con el contenido del PIOGC22 ya han sido analizadas tanto en el procedimiento instruido para su valoración ambiental como en el informe de este servicio de fecha 22 de septiembre de 2025 y referencia IT-6_PL-E 23_03383 G, evacuado a petición de la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias, para que se evaluara la nueva ubicación propuesta UA en el “Modificado n.º 2 del Proyecto Técnico Parque Eólico Botija-Gáldar Fase II, de 800 KW”, presentado por el Ayuntamiento de Gáldar, promotor de la citada instalación.
j) La valoración de las afecciones del Parque sobre el Área n.º 37-Amagro, perteneciente a las Áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las especies amenazadas de la avifauna de Canarias, así como sobre las especies protegidas de Canarias presentes en la zona de acuerdo con la información del Banco de Datos de Biodiversidad, corresponderá a los servicios competentes del Gobierno de Canarias.
Segunda.- El proyecto no se encuentra afectado por ninguno de los Planes y Normas de los Espacios Naturales Protegidos identificados en Gran Canaria.
Tercera.- El proyecto no se encuentras afectado por ningún otro Plan Territorial en vigor de desarrollo del planeamiento insular».
Visto el informe de la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático de fecha 12 de diciembre de 2025, en el que concluye lo siguiente:
«El Modificado n.º 2 del Proyecto Técnico “Parque Eólico Botija-Gáldar Fase II, de 0,8 MW”, término municipal de Gáldar, isla de Gran Canaria, cuenta con sendos informes favorables emitidos por el Servicio de Planeamiento y Paisaje, y por el Servicio de Patrimonio Histórico, del Cabildo de Gran Canaria.
Así mismo, se informa que la nueva ubicación para el aerogenerador en la alternativa UA que se plantea con el Modificado n.º 2 del proyecto es compatible con la DIA de 24 de septiembre de 2024 y, por consiguiente, los condicionantes establecidos en la citada DIA le son propios y de aplicación al proyecto en la nueva ubicación».
En el citado informe en relación con un informe de la propia Dirección General de fecha 29 de julio de 2025, se concluye que:
“El Modificado n.º 2 del Proyecto del PE Botija Gáldar Fase II se encuentra dentro de la previsión hecha en el condicionante 1 de la DIA y, en este caso no es necesario llevar a cabo ningún nuevo trámite de información pública y consultas; pero sí requiere de nuevos informes previos de las áreas de Planeamiento y Paisaje y de Patrimonio Cultural del Cabildo de Gran Canaria”.
Vista propuesta del Director General de Energía de fecha 17 de marzo de 2026.
Considerando que las razones de índole energética que justifican el excepcional interés que aconseja el establecimiento de la instalación eléctrica contemplada en el proyecto denominado “Parque Eólico Botija-Gáldar Fase II, de 0,8 MW”, en el término municipal de Gáldar, son:
- Necesidad del impulso de la producción eléctrica con fuentes renovables.
Las singularidades de los sistemas eléctricos en territorios no peninsulares respecto del sistema peninsular, derivadas fundamentalmente de su carácter aislado y su reducido tamaño, encarecen el coste de generación eléctrica frente al peninsular, diferencia que se ha visto incrementada sustancialmente en los últimos años. Este extracoste es repercutido bien entre todos los consumidores eléctricos a través de los peajes o bien entre todos los contribuyentes a través de los Presupuestos Generales del Estado.
En Canarias, el coste de generación a partir de la tecnología eólica y fotovoltaica es sensiblemente inferior a la generación a partir de tecnologías térmicas de origen fósil, lo que supone que su participación en la generación eléctrica reduce el coste energético.
Por otro lado, las energías renovables presentan incuestionables ventajas de índole ambiental, entre ellas, con carácter general, un menor impacto por contaminación atmosférica y una mejora de las condiciones de cumplimiento del Acuerdo de París sobre el calentamiento global (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada entre el 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015).
El Gobierno de Canarias acordó el pasado 30 de agosto de 2019 la Declaración de Emergencia Climática con la finalidad de comprometer todas las políticas del Gobierno de Canarias y de las administraciones públicas canarias, que puedan contribuir a frenar la amenaza mundial que entraña el cambio climático. Dicho Acuerdo fija como meta alcanzar la descarbonización de la economía canaria en el año 2040. Asimismo, marca entre sus objetivos la máxima penetración de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables.
Asimismo, el Gobierno de Canarias acordó, el pasado 2 de octubre de 2023, la Declaración de Emergencia Energética en la Comunidad Autónoma de Canarias. Dicho Acuerdo tiene por objeto comprometer todas las políticas y medidas que sean necesarias a adoptar por el Gobierno de Canarias tendentes a resolver en primera instancia la actual situación de vulnerabilidad que presenta la generación eléctrica en Canarias, en aras a garantizar la seguridad del suministro eléctrico con los niveles necesarios de calidad, pero también para propiciar una adecuada transición energética en condiciones de seguridad energética, promoviendo para ello el desarrollo de las energías renovables, la implantación de sistemas de almacenamiento y la ejecución de las infraestructuras de transporte y distribución planificadas. Uno de los principales objetivos de dicho Acuerdo es posibilitar la mayor contribución de las energías renovables en los sistemas insulares canarios priorizando la seguridad del suministro eléctrico.
En sintonía con lo anterior, el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) trata de impulsar la máxima utilización posible de fuentes de energía renovable, especialmente la eólica y solar, como medios para reducir la vulnerabilidad exterior del sistema energético y para mejorar la protección del medio ambiente y lucha contra el cambio climático.
A la vista de lo anterior, nos encontramos ante una situación energética excepcional que requiere el impulso de las todas las medidas posibles por las Administraciones Públicas para la implantación urgente de las infraestructuras de aprovechamiento de las energías renovables.
- La justificación del interés general de las instalaciones de producción mediante fuentes de energía renovables.
Para hacer frente a esta situación, es decir, las razones excepcionales para la implantación de las energías renovables por un lado y, por otro, el retraso de la planificación territorial acorde a las necesidades de implantación de dichas energías, justifican la necesidad de acudir al procedimiento excepcional previsto en el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario, a través del procedimiento excepcional para obras de interés general para el suministro de energía eléctrica.
Considerando que los impactos positivos por la ejecución del proyecto son los siguientes:
- Reducción del coste de la energía eléctrica de los sistemas eléctricos.
Así, la sustitución de generación convencional por generación renovable, concretamente por la ejecución del Proyecto Parque Eólico Botija-Gáldar Fase II, de 0,8 MW, cuya declaración de interés general se propone, supone una reducción aproximada del extracoste de generación en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, estimándose su producción en 2.473 MWh/año. Esta energía equivale a unas 620,72 toneladas equivalentes de petróleo anuales (tep) que no será necesario consumir, y dada la escasez de este producto en el territorio, conllevará un significativo ahorro en la factura energética y en la balanza de pagos.
- Contribución al cumplimiento de las previsiones de la planificación energética.
Para establecer el valor de potencia instalada de generación por tipo de tecnología en el escenario 2026, el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica para el periodo 2021-2026 interpola linealmente los datos fijados en el PNIEC en los escenarios Objetivo 2025 y 2030. Respecto a la energía eólica, el citado Plan establece un objetivo de potencia para el sistema eléctrico de Gran Canaria de 680 MW, situándose la potencia actual en 470,35 MW, por debajo de los objetivos previstos.
- La lucha contra el cambio climático.
La energía generada por la instalación de generación de este proyecto supondría una reducción anual de 2.040 toneladas de CO2 a la atmósfera.
- Impulso de la economía.
La inversión aproximada de las instalaciones de generación propuestas asciende a 1.614.186,79 euros.
Visto informe del área jurídica económica de la Dirección General de Energía sobre la necesidad de la adopción de Acuerdo de Gobierno en relación con la instalación eléctrica “Parque eólico Botija-Gáldar Fase II, de 0,8 MW”, en el término municipal de Gáldar, de 25 de marzo de 2026, en el que, entre otras cosas, dice:
«...el tercer párrafo del apartado 4.º del artículo 6 bis, que reza:
“Cuando los informes de las corporaciones locales afectadas se pronuncien favorablemente sobre la compatibilidad del proyecto con el planeamiento de su competencia, o bien dichos informes se entiendan favorables por no haber sido emitidos en plazo o por haberse inhibido la entidad local, la autorización especial a que se refiere este artículo quedará subsumida en la autorización sustantiva del proyecto’’.
Y siguiendo esa misma lógica, entender como no necesario la adopción de un acuerdo por parte del Gobierno de Canarias en el que se ordenase la modificación del planeamiento.
Sin embargo, y a juicio de quien suscribe, lo anterior es una lectura incompleta del ya varias veces referido artículo 6 bis, ya que el pronunciamiento favorable de las corporaciones locales afectadas ha de ser respecto a todas las cuestiones recogidas tanto en el apartado quinto como sexto de ese artículo. Ambos apartados contemplan la ausencia de ordenación concreta primero como un aspecto a valorar por la consejería competente en materia de energía en el juicio necesario sobre la idoneidad de la instalación, y segundo, como causa de elevación a Gobierno del expediente para que este órgano superior decida si procede o no su ejecución.
Volviendo nuevamente al contenido de los informes antes señalados, la ausencia de ordenación se aprecia en la no manifestación sobre este extremo del informe municipal, que, si bien recoge la compatibilidad del proyecto con el Plan General de Ordenación de Gáldar, no se manifiesta sobre si los diferentes instrumentos urbanísticos municipales tienen el grado de precisión suficiente para permitir su ejecución, expresión esta última que no es propia de este informe sino que se extracta de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 76 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, cuando define que actos y usos no ordinarios, como es el caso, en suelo rústico, pueden ser considerados como “previstos por el planeamiento” y en consecuencia permiten considerar también que ya cuentan con la declaración de interés público o social según prevé ese mismo artículo.
Como continuación de lo anterior, debe tenerse en cuenta, asimismo, que, de tratarse de un uso previsto en el planeamiento, no sería necesario recurrir al procedimiento extraordinario del artículo 6 bis, ya que esa previsión expresa habilitaría al Ayuntamiento para otorgar licencia como título habilitante para la actuación que se pretende realizar en suelo rústico, no concurriendo en ese caso las razones de excepcionalidad y urgencia que resultan preceptivas para la aplicación de este mecanismo extraordinario que implica la intromisión aunque legítima y legal por parte del gobierno autonómico en las competencias insulares y municipales.
Partiendo de lo anterior, y bajando ahora al nivel de este centro directivo como competente a la hora de otorgar la autorización sustantiva a la instalación, resulta necesario recordar lo dispuesto en los artículos 9.4, apartado d), de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario, y 8.3 del Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias, que recogen expresamente como criterio para el otorgamiento de las autorizaciones administrativas de instalaciones de generación, como es el caso, y en todos los casos de instalaciones de generación renovable, el de disponer de “suelo adecuado física y urbanísticamente”. Lo anterior, llevado al caso concreto sometido a informe, llevaría aparejado como consecuencia que ante la ausencia de manifestación expresa sobre la existencia de ordenación concreta aplicable este centro directivo no podría conceder la autorización sustantiva por incumplimiento del criterio expuesto».
Visto informe del Jefe de Servicio de Combustibles y Energías Renovables de la citada Dirección General de Energía en relación con la necesidad de adopción de Acuerdo de Gobierno que orden (sic) la ejecución de instalaciones eléctricas, expediente ER211841, de 25 de marzo de 2026, y en el que se dice lo siguiente:
«...Por tanto, para que los informes de las corporaciones locales consultadas (Ayuntamiento y Cabildo), en su conjunto, sirvan para determinar que no es necesario elevar el proyecto al Gobierno de Canarias, dichos informes han de concluir de manera clara (cada uno de ellos en la parte que afecta a sus competencias) sobre las siguientes cuestiones:
1.- Sobre la existencia de planeamiento.
2.- Sobre la existencia o ausencia de ordenación concreta aplicable al proyecto.
3.- Sobre la conformidad o disconformidad del proyecto con el planeamiento (incluyendo la ordenación concreta aplicable al proyecto).
Obviamente, en suelo clasificado como suelo rústico, no hay una ordenación concreta aplicable a un proyecto de energías renovables (en este caso a un parque eólico). Es por ello que es el Gobierno de Canarias, y no la Dirección General de Energía (que no tiene competencias para ello), quien ordene la ejecución del proyecto, entre otras cosas porque la autorización sustantiva otorgada a una instalación con Declaración de Interés General, en caso de conformidad expresa o presunta de las administraciones públicas consultadas en cuanto a la compatibilidad del proyecto con el planeamiento, tiene el carácter de autorización especial equivalente a la licencia urbanística municipal, y legitima por sí misma la ejecución de los actos de construcción, edificación y uso del suelo, incluidos en los correspondientes proyectos de instalaciones de generación, transporte y distribución, sin necesidad de ningún otro instrumento de planificación territorial o urbanística. Para que un acto del Director General de Energía, y no del Gobierno de Canarias, pueda hacer eso, se tienen que dar dos condiciones:
1.- Que se pudiera otorgar licencia directa por parte del Ayuntamiento, sin necesidad de ningún otro acto por parte de ninguna otra corporación.
2.- Que el Ayuntamiento haya informado de manera clara en ese sentido.
Respecto al uso energético en suelo rústico, el artículo 62 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, establece que:
“1. Excepcionalmente, en el suelo rústico, no categorizado de protección ambiental ni de protección agraria, podrán autorizarse usos industriales, energéticos, turísticos, dotacionales, de equipamiento y servicios, así como cualquier otro que no sea ordinario ni complementario de uso ordinario, siempre que se integren en actuaciones de interés público o social, contribuyan a la ordenación y el desarrollo rural o que deban situarse necesariamente en suelo rústico y que, además, ese uso e implantación no estuvieran expresamente prohibidos por el planeamiento”.
Por su parte, el artículo 72 determina: “Artículo 72. Instalaciones de energías renovables. En suelo rústico de protección económica, excepto en la subcategoría de protección agraria, y en suelo rústico común, se podrá autorizar, como uso de interés público y social, la instalación de plantas de generación de energía fotovoltaica, eólica o cualquier otra proveniente de fuentes endógenas renovables no previstas en el planeamiento, siempre que no exista prohibición expresa en el plan insular de ordenación o en el planeamiento de los espacios naturales protegidos que resulten aplicables.
En suelo rústico de protección agraria, siempre que la instalación tenga cobertura en el planeamiento insular pero este carezca del suficiente grado de detalle, se aplicará lo previsto en los artículos 77 y 79 de la presente ley”.
Por tanto, los informes de Ayuntamiento y Cabildo hay que leerlos en el marco de lo establecido en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y su carácter de positivo no se puede entender en el sentido de que no es necesario el Acuerdo de Gobierno, sino de que no hay ningún obstáculo a que el mismo se produzca, ya que los actos de Declaración de Interés General y de dicho Acuerdo de Gobierno realizados de acuerdo al procedimiento excepcional establecido en el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, sustituirían el procedimiento ordinario descrito en el artículo 79 de la Ley 4/2017.
Es de destacar que si el Ayuntamiento de Gáldar, que es también el promotor, entendiera que puede otorgar licencia directa, no habría tenido necesidad de acudir al procedimiento excepcional establecido en el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, pues le bastaría con actuar con premura para otorgarse dicha licencia una vez concedida la autorización administrativa sectorial.
Otra cosa a tener en cuenta es que el marco legal el mismo para todas las instalaciones, por lo que la lectura de los informes no puede hacerse de manera parcial, sino que tiene que haber un criterio común para todas ellas. Unos informes ponen énfasis en unos aspectos y otros se pronuncian más claramente sobre otros, pero lo que verdaderamente pone el foco sobre qué elementos del informe son esenciales para determinar los actos a seguir en el procedimiento es el propio artículo 6 bis de la Ley 11/1997, y, en este caso, concretamente los apartados 5 y 6.
No se puede obviar que el Ayuntamiento de Gáldar es promotor, a la vez que Administración competente en materia de urbanismo, no con el objeto de prejuzgar el contenido del informe, pero sí con el de ser cuidadosos en el respeto al procedimiento, ya que si bien el Gobierno de Canarias tiene plenas competencias para ordenar que se ejecute una instalación no amparada plenamente por el planeamiento y que las corporaciones locales adapten dicho planeamiento a la instalación proyectada, la Dirección General de Energía no ostenta tales competencias».
Visto informe complementario del arquitecto municipal del Ayuntamiento de Gáldar, de fecha 25 de marzo de 2026, que dice lo siguiente:
«Primero.- El Plan General de Ordenación de Gáldar cuenta con aprobación definitiva parcial de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias en sesión celebrada el 20 de julio de 2006, Resolución de la Dirección General de Urbanismo, de 16 de febrero de 2007, publicada el 26 de febrero de 2007 en el Boletín Oficial de Canarias, y publicación íntegra de su normativa en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, de 9 de marzo de 2007.
Se trata por tanto de un planeamiento urbanístico anterior a la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los espacios naturales protegidos de Canarias.
Segundo.- La Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, diferencia los usos, actividades y construcciones en suelo rústico entre ordinarios, complementarios y los de interés público o social. En estos últimos se incluyen los usos energéticos cuando no sean complementarios de un uso ordinario.
El artículo 76.1 establece:
1. Cuando los actos y usos no ordinarios en suelo rústico tengan cobertura en el planeamiento, con el grado de precisión suficiente para permitir su ejecución, se entenderá que cuentan con declaración de interés público o social, que constituye presupuesto inexcusable de la licencia a otorgar por el ayuntamiento correspondiente.
A estos efectos, la previsión en el planeamiento debe contar con informe favorable del cabildo insular emitido con ocasión de su elaboración.
Tercero.- El Proyecto “Parque Eólico Botija Gáldar Fase II, de 0,8 MW”, en el término municipal de Gáldar, isla de Gran Canaria, expediente ER211841 constituye un uso no ordinario del suelo rústico.
El vigente Plan General de Ordenación de Gáldar no cuenta con una ordenación concreta aplicable al proyecto, en los términos requeridos en el artículo 76.1 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias».
Considerando que el apartado 6 del artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario, establece que en caso de detectarse disconformidad con el planeamiento, inexistencia de este, o ausencia de ordenación concreta aplicable al proyecto, se elevará dicho proyecto al Gobierno de Canarias, el cual decidirá si procede o no su ejecución y, en el primer caso, precisará los términos de la ejecución y ordenará la Administración competente la adaptación del planeamiento correspondiente con ocasión de la primera modificación sustancial del mismo.
Considerando que el apartado 7 del citado artículo 6 bis especifica que el acuerdo favorable del Gobierno de Canarias legitimará por sí mismo la ejecución de los actos de construcción, edificación y uso del suelo incluidos en los correspondientes proyectos de instalaciones de generación, transporte y distribución, sin necesidad de ningún otro instrumento de planificación territorial o urbanística.
Considerando que, de conformidad con el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos podrán ser objeto de publicación cuando así lo aconsejen razones de interés público. En el presente caso, esas razones vienen dadas por la afección que tiene el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, sobre los planes territoriales o urbanísticos, que son disposiciones de carácter general y que, a su vez, también se publican en los diarios oficiales correspondientes.
En su virtud, y de conformidad con las disposiciones de general aplicación, a propuesta del Consejero de Transición Ecológica y Energía, y previa deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el día 30 de marzo de 2026,
RESUELVO:
Primero.- Acordar la ejecución de la instalación eléctrica “Parque Eólico Botija-Gáldar Fase II, de 0,8 MW”, en el término municipal de Gáldar, isla de Gran Canaria, expediente ER211841, promovido por el Ayuntamiento de Gáldar, conforme a la documentación obrante en la Consejería de Transición Ecológica y Energía.
Segundo.- Ordenar paralelamente la modificación del planeamiento urbanístico afectado con ocasión de la primera modificación sustancial del mismo, respecto de todas aquellas determinaciones que resulten necesarias para la ejecución del proyecto objeto del presente Decreto.
Tercero.- Publicar el presente Decreto en el Boletín Oficial de Canarias.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Gobierno de Canarias en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación o publicación, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala competente de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, significando que, en caso de presentarse recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el primero o se produzca la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Dado en Canarias, a 30 de marzo de 2026.
EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,
Fernando Clavijo Batlle.
EL CONSEJERO DE TRANSICIÓN
ECOLÓGICA Y ENERGÍA,
Mariano Hernández Zapata.
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