Suscrito con fecha 5 de marzo de 2026 el Convenio de Cooperación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, y el Parlamento de Canarias sobre la prestación a dicha institución legislativa de información de naturaleza presupuestaria para el ejercicio en sus funciones.
Visto el artículo 20.1 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
RESUELVO:
Único.- Publicar en el Boletín Oficial de Canarias el mencionado Convenio que figura como anexo a esta Resolución.
Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de marzo de 2026.- La Secretaria General Técnica, María Belén Díaz Elías.
ANEXO
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y RELACIONES CON LA UNIÓN EUROPEA, Y EL PARLAMENTO DE CANARIAS SOBRE LA PRESTACIÓN A DICHA INSTITUCIÓN LEGISLATIVA DE INFORMACIÓN DE NATURALEZA PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.
REUNIDOS
De una parte, la Excma. Sra. Presidenta del Parlamento de Canarias, Dña. Astrid María Pérez Batista, en nombre y representación de dicha Institución, que ostenta la competencia para suscribir el presente Convenio en virtud de lo dispuesto en el artículo 3.2 de las Normas de Gobierno Interior del Parlamento de Canarias y en el artículo 34 del Reglamento del Parlamento, aprobado en sesión celebrada los días 28 y 29 de marzo de 2023, aprobado en sesión celebrada los días 28 y 29 de marzo de 2023, y autorizada para la firma del presente Convenio por Acuerdo de la Mesa de la Cámara, de fecha 3 de abril de 2025.
Y de otra, la Excma. Sra. Dña. Matilde Pastora Asián González, Consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, nombrada en virtud del Decreto 43/2023, de 14 de julio, por el que se nombra a los Consejeros y Consejeras del Gobierno de Canarias, actuando en representación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 16.1 y 29.1.k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, puesto en relación con los artículos 7.1 y 8.1 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, aprobado por Decreto 107/2024, de 31 de julio.
Actuando ambas en el ejercicio de sus respectivos cargos y en representación de ambas instituciones y reconociéndose mutuamente la capacidad necesaria para otorgar y suscribir el presente Convenio de conformidad con el ordenamiento jurídico, y, en su mérito,
EXPONEN
I. El artículo 185.1 de Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, en adelante Estatuto de Autonomía, establece que corresponde al Parlamento de Canarias “la aprobación y fiscalización de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, así como examinar el uso eficiente de las consignaciones de los presupuestos de las islas destinados a financiar competencias delegadas a las mismas, velando para que se cumpla al respecto el principio de suficiencia financiera”.
El apartado 2 del citado precepto dispone que “[l]os Presupuestos, que tendrán carácter anual e igual período que los del Estado, incluirán la totalidad de las previsiones de ingresos y la autorización de gastos corrientes y de inversión”.
II. Por su parte, el artículo 59 del Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, dispone que la Audiencia de Cuentas, dependiente del Parlamento de Canarias, “realizará las funciones de fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable del sector público de la Comunidad Autónoma y demás entes públicos de Canarias, sin perjuicio de las competencias que corresponden al Tribunal de Cuentas, de acuerdo con la Constitución”.
III. El apartado segundo del artículo 1 del Reglamento del Parlamento de Canarias le atribuye el ejercicio de la potestad legislativa, la aprobación de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, el impulso y control de la acción política del Gobierno de Canarias, así como las demás funciones atribuidas en la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Canarias, su Reglamento o el resto de las normas del ordenamiento jurídico.
El Título XVII del Reglamento del Parlamento, artículos 197 y siguientes, desarrolla el ejercicio de la competencia de fiscalización económico-financiera del sector público y de relaciones con la Audiencia de Cuentas de Canarias.
IV. El artículo 123 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, prevé en su primer apartado lo siguiente:
“El control de la gestión económica y financiera del sector público se ejercerá:
a) Por el Tribunal de Cuentas.
b) Por el Parlamento de Canarias.
c) Por la Audiencia de Cuentas de Canarias.
d) Por la Intervención General”.
Sin perjuicio de las especificidades correspondientes al ejercicio de la función de fiscalización económico-financiera del sector público a través de la Audiencia de Cuentas, el control y fiscalización de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias se realiza a través del resto de cauces previstos en el Reglamento del Parlamento de Canarias.
V. En el marco de realización de la citada competencia, el artículo 118 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, atribuye a la consejería competente en materia de hacienda la obligación de remitir trimestralmente a la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento de Canarias la “información sobre ejecución de los presupuestos, de sus modificaciones y operaciones de tesorería y cualquier otra que se considere de interés general”.
El artículo 215 del Reglamento del Parlamento de Canarias dispone en su apartado 1 lo siguiente: “La administración parlamentaria dispondrá de los servicios necesarios para facilitar el seguimiento, evaluación y control en materia presupuestaria. Su organización y funcionamiento se regularán por las Normas de Gobierno Interior”.
Añade este precepto en su segundo apartado que “[a] los efectos previstos en el apartado anterior, a la finalización de cada trimestre del ejercicio presupuestario, la consejería competente del Gobierno de Canarias en materia presupuestaria, así como los organismos autónomos, los entes y las empresas públicas que integran el sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, remitirán al Parlamento de Canarias la información necesaria en relación con la ejecución del presupuesto”.
VI. El artículo 13.1.B) de las Normas de Gobierno Interior del Parlamento de Canarias, detalla el ejercicio de las funciones de “Control y seguimiento presupuestario” que realiza la administración parlamentaria, conforme al siguiente tenor literal:
“Corresponde a la administración parlamentaria, a través de uno de sus servicios o unidades, el desarrollo de las funciones de control y seguimiento presupuestario, consistentes en la evaluación, desde el punto de vista económico, de cualquier iniciativa legislativa tramitada en el Parlamento de Canarias; el análisis de la documentación económica que, con arreglo a las disposiciones vigentes, deba ser remitida al Parlamento por el Gobierno de Canarias y la prestación de asesoramiento técnico a los órganos de la Cámara, facilitando a los grupos el análisis de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, de sus modificaciones y los informes periódicos de su ejecución y sobre aquellos aspectos de las diferentes iniciativas legislativas que tengan repercusión en el ingreso y en el gasto público”.
Finalmente, y según dispone el artículo 13.2 de las Normas de Gobierno Interior del Parlamento, corresponde a la Mesa la concreción, el desarrollo y la distribución entre los servicios y las unidades administrativas de las funciones asignadas por las presentes normas.
VII. El artículo 30 de la Ley 4/2023, de 23 de marzo, de la Presidencia y del Gobierno de Canarias, atribuye al Gobierno de Canarias en materia presupuestaria las siguientes funciones, en el ámbito económico, financiero y en materia presupuestaria:
“a) Aprobar el proyecto de ley de presupuestos generales de la comunidad autónoma y remitirlo al Parlamento para su aprobación.
b) Aprobar los proyectos de ley de crédito extraordinario y suplemento de crédito y remitirlos al Parlamento para su aprobación.
c) Autorizar o aprobar las modificaciones presupuestarias que sean de su competencia, de conformidad con la legislación reguladora de la hacienda pública y de la actividad económico-financiera de la comunidad autónoma.
d) Autorizar y, en su caso, acordar los actos, operaciones y resoluciones previstos en la legislación reguladora de la hacienda pública y de la actividad económico-financiera de la comunidad autónoma”.
Adicionalmente, el artículo 69 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, atribuye a las personas titulares de los departamentos en los que se estructure la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias aprobar y comprometer los gastos propios de los servicios a su cargo, salvo los casos reservados por la Ley a la competencia del Gobierno, así como reconocer las obligaciones correspondientes, e interesar del ordenador general de pagos la realización de los correspondientes pagos.
El apartado segundo del citado precepto prevé que “Con la misma salvedad legal, compete a los presidentes o directores de los entes con presupuesto limitativo la aprobación y compromiso del gasto, así como reconocer las obligaciones correspondientes, e interesar del ordenador general de pagos la realización de los correspondientes pagos.
Asimismo, les competen los pagos que por anticipos de caja fija y libramientos a justificar se realizan por las habilitaciones de pagos adscritas a su organismo”.
VIII. De acuerdo con lo establecido en el artículo 112.d) de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, corresponde a la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda “determinar los criterios generales de registro de datos, presentación de la información contable, contenido de las cuentas anuales que deben rendirse a la Audiencia de Cuentas y los procedimientos de remisión de las mismas regulando, a tales efectos, la utilización de medios electrónicos, informáticos o telemáticos”.
IX. La Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias es el centro directivo competente en materia de la contabilidad pública. A tal fin le corresponden, entre otras, las siguientes competencias (cfr. artículo 113.1 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre):
a) Inspeccionar la actividad contable de las entidades que integran el sector público.
b) Aprobar las instrucciones de contabilidad mediante las cuales se establezcan las reglas contables a las que habrán de someterse los entes que deban aplicar los principios contables públicos, así como los modelos y estructura de los documentos contables y cuentas, estados e informes contables en general que no deban rendirse a la Audiencia de Cuentas.
c) Establecer los principios básicos de la contabilidad analítica de las entidades del sector público, que deban aplicar los principios contables públicos.
d) Establecer los requerimientos funcionales y, en su caso, los procedimientos informáticos, relativos al sistema de información contable, que deberán aplicar las entidades del sector público sujetas a los principios contables públicos.
e) Determinar las especificaciones, procedimiento y periodicidad de la información contable a remitir a la Intervención General, por las entidades del sector público sujetas a los principios contables públicos (…).
f) Establecer los criterios, procedimientos y excepciones para la centralización en la Intervención General de la información contable de las entidades del sector público.
Del mismo modo, el apartado segundo del citado precepto legal establece que, como centro gestor de la Contabilidad Pública, corresponde a la Intervención General, entre otras, las siguientes funciones:
a) Formar la Cuenta General de la Comunidad Autónoma.
b) Examinar, formular, en su caso, observaciones y preparar las cuentas que hayan de rendirse a la Audiencia de Cuentas de Canarias y al Tribunal de Cuentas en los casos en que así proceda.
(…)
d) Centralizar la información, deducida de la contabilidad de los entes que integran el sector público.
(…)
f) Diseñar los mecanismos y realizar las actuaciones oportunas para garantizar y proteger la integridad, coherencia y confidencialidad de los datos contenidos en los sistemas de información contable.
X. Con objeto de que el Parlamento de Canarias, a través de la unidad administrativa competente integrada en la administración parlamentaria, pueda cumplir eficazmente las funciones que le atribuye el artículo 215 del Reglamento del Parlamento, resulta necesario que tenga acceso a los datos contables que conforman el estado de ejecución del presupuesto, más allá de la información trimestral que, por aplicación de lo establecido en el artículo 118 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, la Consejería competente en materia de hacienda está obligada a remitirle.
XI. La disposición adicional novena del Reglamento del Parlamento específicamente contempla la capacidad de dicha institución legislativa para suscribir acuerdos de colaboración con el Gobierno de Canarias que permitan la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, con objeto de mejorar la interoperabilidad entre ambas instituciones, en relación con la tramitación de iniciativas parlamentarias y la eficiencia del gasto público.
XII. El artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece como principios generales de actuación de las Administraciones públicas los de cooperación, colaboración y coordinación, y la propia Ley regula en su Capítulo VI del Título Preliminar la figura del Convenio como instrumento con efectos jurídicos para la formalización de acuerdos entre Administraciones para un fin común.
XIII. El presente Convenio de Cooperación se suscribe al amparo de los artículos 3 y
6.1. d) del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
XIV. Este instrumento de cooperación no se encuentra sujeto a las disposiciones de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24 UE, de 26 de febrero de 2014, a tenor de lo dispuesto en el artículo 6 del referido texto legal.
XV. Es de interés general para ambas partes firmantes dar respuesta al objetivo común de incrementar la eficacia y la eficiencia en la utilización de los recursos públicos.
A la vista de lo expuesto, y resultando de interés general para ambas partes firmantes dar respuesta al objetivo común de incrementar la eficacia y la eficiencia en la utilización de los recursos públicos, suscriben el presente Convenio, que se regirá por las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto del Convenio.
El presente Convenio tiene por objeto establecer las líneas de cooperación institucional que habilitan al Parlamento de Canarias, a través de su Secretaría General, para disponer de la información necesaria en materia de ejecución presupuestaria del sector público autonómico, permitiéndole el ejercicio pleno de sus competencias, y, de forma particular, el seguimiento, evaluación y control de la gestión económica y financiera.
Segunda.- Alcance y contenido de la puesta a disposición de la información en materia presupuestaria.
La Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias pondrá a disposición del Parlamento de Canarias la información relativa a la ejecución del presupuesto de gastos e ingresos, así como del endeudamiento, de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, los organismos autónomos y demás entes públicos adscritos que integran el sector público limitativo, conforme a la estructura del anexo a este Convenio.
En particular, en base a lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, o norma que lo sustituya, corresponde a la consejería competente en materia de hacienda del Gobierno de Canarias la remisión trimestral de la información sobre ejecución de los presupuestos, de sus modificaciones y operaciones de tesorería y cualquier otra que se considere de interés general.
Respecto de las entidades que forman parte del sector público estimativo, previa determinación por la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula octava, se dará traslado de la información presupuestaria remitida mensualmente por los entes estimativos.
Tercera.- Fuente de información.
La información relativa a la ejecución presupuestaria correspondiente al sector público limitativo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias puesta a disposición del Parlamento de Canarias se obtendrá directamente de SEFLogiC, atendiendo al detalle contenido en el anexo al presente Convenio.
Hasta tanto se culmine el proceso de integración en SEFLogiC del Consorcio del Rincón, su información se obtendrá de su propio sistema de información contable.
Cuarta.- Periodicidad en el traslado de la información y forma de acceso.
La información puesta a disposición del Parlamento de Canarias se actualizará mensualmente, dentro de los 5 días hábiles siguientes posteriores al cierre mensual del suministro de información al Ministerio competente en materia de hacienda a través de la aplicación Captura de Información Mensual de las Comunidades Autónomas (CIMCA), a excepción de la rendición correspondiente al mes de diciembre.
Esta última se remitirá con datos de avance con anterioridad al 28 de febrero, o día hábil siguiente, correspondiente al ejercicio siguiente.
La vía para su puesta a disposición será accediendo a un repositorio situado en SEFLogiC para lo cual por parte del Parlamento de Canarias se designarán las personas responsables.
Transitoriamente la información presupuestaria del Consorcio El Rincón (La Orotava) se remitirá anualmente de acuerdo con las cuentas anuales que rindan y, en todo caso, antes del 30 de junio, hasta tanto quede plenamente integrado en SEFLogiC y se aplique la periodicidad mensual anteriormente indicada.
Quinta.- Colaboración en la valoración económica de las iniciativas o enmiendas legislativas.
La consejería competente en materia de hacienda, de acuerdo con los medios materiales y humanos que tenga a disposición sin afectar el ejercicio de sus competencias propias, prestará la colaboración que le sea solicitada desde la Secretaría General del Parlamento de Canarias respecto de la valoración de la incidencia que, desde el punto de vista económico, pueda significar la aprobación de iniciativas o enmiendas presentadas a proyectos o proposiciones de ley en fase de tramitación parlamentaria.
Sexta.- Ausencia de compromiso de gasto.
La ejecución del presente Convenio no conllevará la generación de obligaciones de índole económica o financiera para ninguna de las partes firmantes.
Séptima.- Plazo de vigencia.
El presente Convenio, que será publicado en el Boletín Oficial de Canarias, entrará en vigor el mismo día de su firma y su duración inicial será de cuatro años salvo que se formule denuncia expresa de incumplimiento o resolución manifestada por cualquiera de las partes.
Antes de la finalización de dicho plazo, ambas partes podrán acordar expresamente por unanimidad su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales, a través de la suscripción de la correspondiente Adenda al Convenio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49.h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Una vez publicado en el Boletín Oficial de Canarias, dentro del plazo de quince días hábiles siguientes, el presente Convenio se inscribirá en el Registro General de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Octava.- Comisión de Seguimiento del Convenio.
Para el seguimiento de su ejecución se constituye una Comisión de Seguimiento, que estará integrada por representantes del Parlamento de Canarias y de la consejería de competente en materia de hacienda del Gobierno de Canarias, de manera paritaria y hasta un máximo de tres por cada parte, que serán designados en cada caso por los órganos competentes de las partes firmantes del Convenio.
Esta Comisión podrá ser convocada por cualquiera de sus miembros previa indicación de los asuntos a tratar, adoptando sus decisiones mediante consenso.
Serán funciones de la Comisión de Seguimiento:
1. Velar por el cumplimiento del presente Convenio.
2. Concretar, seguir e interpretar las cláusulas del Convenio.
3. Proponer por consenso la modificación o actualización de los términos del anexo al presente Convenio.
4. Valorar, o proponer a los órganos competentes de las dos partes firmantes las medidas necesarias para garantizar el ejercicio coordinado de las competencias de cada una ellas informando de las incidencias acaecidas durante la ejecución del Convenio y, en su caso, la propuesta razonada de su modificación.
5. Resolver las controversias que puedan surgir en la interpretación, desarrollo, modificación, resolución, ejecución y efectos de la aplicación del Convenio.
6. En general, las que el artículo 49.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, le atribuye al órgano de vigilancia y control.
7. Actualizar, en su caso, el identificador de las transacciones de las informaciones a remitir incluidas en el anexo del Convenio.
8. Establecer los mecanismos efectivos de evaluación que permitirán valorar, anualmente, la conveniencia de continuar con la relación pactada en el presente Convenio.
A tal efecto, la Comisión elaborará anualmente un informe de seguimiento del Convenio con el fin de valorar los resultados de las actuaciones desarrolladas en el marco del mismo. En dichos informes se evaluará, entre otras cuestiones, la conveniencia de continuar con la relación pactada en atención a las incidencias producidas.
Igualmente, una vez finalizada la vigencia del Convenio, la Comisión de Seguimiento realizará un informe o memoria final en el que se analice el resultado global de las actuaciones.
9. Determinar las transacciones concretas por las que se va a acceder a la información puesta a disposición del Parlamento de Canarias.
Novena.- Organización y funcionamiento de la Comisión de Seguimiento.
La Comisión de Seguimiento elegirá en su sesión constitutiva una Presidencia, cuyas funciones serán las previstas por el artículo 19.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Las funciones de secretaría de la Comisión de Seguimiento las realizará un funcionario o funcionaria del Gobierno de Canarias perteneciente al Cuerpo Superior de Administración, que no tendrá la consideración de vocal de la Comisión de Seguimiento, cuyas funciones serán las previstas por el artículo 19.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Las sesiones de la Comisión de Seguimiento se celebrarán presencialmente en el lugar que en cada caso designe la Presidencia, sin perjuicio de la posibilidad de su celebración a distancia por medios electrónicos.
La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes signatarias, y, al menos, una vez por cada anualidad.
La asistencia de estas sesiones se dispondrá entre las acciones propias del desempeño de su trabajo, y no conllevará para sus miembros el derecho al cobro de indemnización alguna prevista en el ordenamiento jurídico.
Finalmente, la Comisión de Seguimiento se regulará, en cuanto a su funcionamiento, régimen de acuerdos y sesiones, por las previsiones anteriores del presente Convenio y, supletoriamente, en la normativa administrativa común para el funcionamiento de los órganos colegiados.
Décima.- Modificación.
El presente Convenio se podrá modificar a instancia de cualquiera de las partes firmantes, previo acuerdo unánime de estas. La modificación se incorporará como Adenda al propio Convenio, previo cumplimiento de todos los trámites y requisitos que resulten preceptivos.
Decimoprimera.- Causas de extinción y resolución.
Tratándose el presente Convenio de la prestación continuada de información, su resolución se producirá por concurrir alguna de las siguientes causas:
a) El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por alguna de las partes firmantes.
En este caso, se procederá a notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que en el plazo de 30 días cumpla sus compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la Comisión de Seguimiento.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio. La resolución del Convenio por esta causa no conllevará indemnización alguna.
d) La imposibilidad sobrevenida del objeto siempre que sea comunicada de forma fehaciente y con, al menos, un mes de antelación.
e) La decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
f) La suscripción de un nuevo Convenio que sustituya al presente.
g) La concurrencia de causa de fuerza mayor que imposibilite el objeto de dicho Convenio valorada por la Comisión de Seguimiento.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra c) anterior, los efectos de la resolución del Convenio serán los previstos por el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Decimosegunda.- Confidencialidad.
Las partes firmantes conocen y aceptan que toda la información relacionada con la ejecución del presente Convenio tendrá carácter confidencial y será tratada como tal para el cumplimiento de los fines y competencias previstas en el ordenamiento jurídico, empleando para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de seguridad a los utilizados para proteger su propia documentación confidencial durante toda la vigencia del Convenio y de forma indefinida desde su terminación.
En todo caso, las instituciones firmantes deberán respetar las prescripciones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en relación con los datos que se obtengan con motivo de la ejecución de las actuaciones previstas en el presente Convenio.
Los posibles datos de índole personal facilitados dentro del conjunto de información presupuestaria serán tratados por aquella institución que los reciba como responsable de los mismos, ya que determina los medios y los fines de los tratamientos de datos necesarios con la finalidad de gestionar el presente Convenio, por ser necesarios para la ejecución del mismo, datos que serán conservados durante el plazo de duración del presente Convenio y más allá durante los plazos legalmente establecidos.
Decimotercera.- Naturaleza y régimen jurídico.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se regirá por lo dispuesto en las cláusulas del mismo, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, así como por el Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
En defecto de normas específicas, les serán de aplicación los principios previstos en la legislación estatal en materia de contratos del sector público a los efectos de resolver las dudas y lagunas que pudieran surgir en relación con la interpretación y aplicación del mismo.
Las controversias que puedan surgir en la interpretación, desarrollo, modificación, resolución, ejecución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio, deberán solventarse por la Comisión de Seguimiento prevista en el mismo.
Si no se alcanzara acuerdo por la Comisión de Seguimiento para la resolución de cualquier controversia o discrepancia que pudiera surgir en la interpretación, ejecución o cumplimiento del Convenio, se estará a lo dispuesto en la siguiente cláusula.
Decimocuarta.- Jurisdicción.
Las partes acuerdan expresamente someter las cuestiones que pudieran suscitarse como consecuencia de la vigencia, cumplimiento o extinción del presente Convenio a la jurisdicción de los jueces y tribunales del orden de lo contencioso-administrativo. Las citadas cuestiones serán de conocimiento y competencia, en única instancia, de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, conforme al artículo 10.1.g) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Y las partes, en prueba de conformidad con lo pactado en el presente Convenio, lo firman, en Santa Cruz de Tenerife, a 5 de marzo de 2026.- La Presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid María Pérez Batista.- La Consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, Matilde Pastora Asián González.
ANEXO
INFORMACIÓN A REMITIR
1. Estado de ejecución de ingresos que recogerá a nivel de subconcepto los siguientes datos:
1) Previsión inicial del presupuesto.
2) Modificaciones.
3) Previsiones definitivas.
4) Derechos reconocidos netos del mes.
5) Total acumulado derechos reconocidos netos.
6) Recaudación líquida del mes.
7) Derechos reconocidos netos sobre previsiones definitivas.
8) Recaudación líquida sobre previsiones definitivas.
9) Recaudación líquida sobre derechos reconocidos.
10) Exceso o defectos sobre previsiones.
Esta información se extrae del Informe de Estado de ejecución de Ingresos.
Transacción R3: Z82_IN_EST_ EJECUCIÓN.
2. Estado de ejecución del presupuesto de gasto que recoge a nivel de sección-capítulos, sección-proyecto de inversión/línea de actuación, sección, grupo de función y capítulos, y los siguientes datos:
1) Presupuesto definitivo.
2) Gastos autorizados.
3) Saldo de crédito disponible.
4) Gastos comprometidos.
5) Obligaciones reconocidas.
6) Pagos realizados.
7) Saldo pendiente de pago.
Información que se obtiene mediante cálculo sobre datos del informe:
1) Saldo de gastos autorizados.
2) Saldo de gastos comprometidos.
Esta información se extrae del Informe de Estado de ejecución de gastos de corriente Sección/Capítulo y Sección/Grupo de Función/Capítulo.
Transacciones R3: Y_DES_82000011; Y_DES_82000012.
3. Estado de ejecución del presupuesto de gastos de ejercicios cerrados por secciones, grupos de función y capítulos que recoge los siguientes datos:
1) Obligaciones procedentes del ejercicio anterior.
2) Modificaciones.
3) Prescripción de obligaciones.
4) Total de obligaciones reconocidas.
5) Pagos realizados.
6) Saldo pendiente de pago.
Esta información se extrae del Informe de Estado de Ejecución de Gastos de Cerrado.
Transacción R3: Y_ DES_82000128.
4. Modificaciones de crédito por secciones, grupos de función y capítulos que recogen los siguientes datos:
1) Créditos extraordinarios.
2) Suplementos de créditos.
3) Ampliaciones de créditos.
4) Transferencias de crédito.
5) Incorporación de remanentes.
6) Créditos generados por ingresos.
7) Bajas.
8) Total de modificaciones presupuestarias.
Estas informaciones se extraen de informes oficiales de modificaciones de crédito.
Transacción R3: Z82_EA_OFI_MC.
5. Situación de crédito por secciones, grupos de función y capítulos que recogerá los siguientes datos:
1) Créditos iniciales.
2) Modificaciones de crédito.
3) Crédito Definitivo Ajustado.
4) Retenciones de crédito.
5) Crédito disponible.
6) Total retenciones.
Estas informaciones se extraen del estado de situación de créditos.
Transacción R3: Y_DES_82000049.
6. Operaciones del tesoro que recogerá para cada agrupación de conceptos los siguientes datos:
1) Saldo inicial.
2) Total debe.
3) Saldo deudor.
4) Total haber.
5) Saldo acreedor.
Esta información se extraería del Informe de operaciones del tesoro.
Transacción R3: Z82_OPER_TESORO_RESU.
7. Estado de situación de recursos del Régimen Económico y Fiscal que contendrá por figura tributaria la siguiente información:
Liquidaciones practicadas:
1) Saldo inicial.
2) Rectificaciones.
3) Recibos.
4) Contraído previo.
5) Autoliquidaciones.
6) Otros ingresos.
7) Total.
Derechos anulados.
Total derechos reconocidos.
Liquidaciones canceladas.
1) Recaudado.
2) Devoluciones.
3) Recaudación líquida.
4) Bajas por insolvencias y otras causas.
5) Total liquidaciones canceladas.
Transacción R3: Z82_IN_EST_SIT_REF_ estado de situación del REF.
8. Informe de endeudamiento que contendrá la situación de la deuda y de las operaciones financieras con el siguiente detalle:
• Emisiones a largo plazo.
• Emisiones a corto plazo.
• Préstamos a largo plazo.
• Créditos a largo plazo.
• Créditos a corto plazo.
• Arrendamiento financiero a largo plazo.
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