BOC - 2024/100. Miércoles 22 de mayo de 2024 - 1696

III. Otras Resoluciones

Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias

1696 - Secretaría General Técnica.- Resolución de 9 de mayo de 2024, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, y la Universidad de La Laguna para el desarrollo del diagnóstico y análisis multisectorial de la situación y el estado de los servicios sociales en Canarias..

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ANTECEDENTE DE HECHO

Único.- El 6 de mayo de 2024 se formalizó un Convenio de Colaboración entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, y la Universidad de La Laguna para el desarrollo del diagnóstico y análisis multisectorial de la situación y el estado de los servicios sociales en Canarias.

Está inscrito en el Registro de Convenios del Departamento con fecha 6 de mayo de 2024 con el n.º RCO2024TF00029, con una vigencia desde su suscripción hasta el día 30 de abril de 2025.

A lo anterior, le es de aplicación el siguiente

FUNDAMENTO JURÍDICO

Único.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, y en el artículo 20 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, se deberán publicar los convenios en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma. En el mismo plazo también deberán publicarse en el citado diario oficial los anexos, adendas, prórrogas y otros actos de modificación o extinción del convenio.

Por lo anterior y en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 13.2.m) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, aprobado por Decreto 446/2023, de 27 de diciembre,

RESUELVO:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio de Colaboración entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, y la Universidad de La Laguna para el desarrollo del diagnóstico y análisis multisectorial de la situación y el estado de los servicios sociales en Canarias, cuyo texto se acompaña como anexo.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de mayo de 2024.- La Secretaria General Técnica, María de los Ángeles Bogas Gálvez.

ANEXO

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD, JUVENTUD, INFANCIA Y FAMILIAS Y LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA PARA EL DESARROLLO DEL DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS MULTISECTORIAL DE LA SITUACIÓN Y EL ESTADO DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN CANARIAS.

INTERVIENEN

De una parte, la Excma. Sra. Dña. María Candelaria Delgado Toledo, Consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, según nombramiento efectuado mediante Decreto 43/2023, de 14 de julio, del Presidente, por el que se nombra a los Consejeros y a las Consejeras del Gobierno de Canarias (BOC n.º 138, de 15 de julio), actuando en nombre y representación de la Administración Pública de Canarias, en virtud de las competencias que le otorga el artículo 29.1.k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, en relación con el artículo 5.1.k) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias aprobado por el Decreto 446/2023, de 27 de diciembre (BOC n.º 6, de 9.1.2024).

De otra parte, el Sr. D. Francisco Javier García Rodríguez, Rector Magnífico de la Universidad de La Laguna, con CIF Q3818001D y domicilio en la calle Molinos de Agua, s/n, código postal 38270, de San Cristóbal de La Laguna, actuando en su nombre y representación según nombramiento por Decreto 30/2023, de 20 de abril (BOC n.º 81, de 26 de abril), y en virtud de las competencias otorgadas por el artículo 50.1 la Ley Orgánica 2/2023, del Sistema Universitario (BOE de 23.3.2023), y por el artículo 23, letra o), del Decreto 66/2022, de 24 de marzo por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de La Laguna (BOC n.º 67, de 5.4.2022), poderes que no han sido derogados ni modificados.

Las personas intervinientes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, se reconocen, mutua y recíprocamente, la capacidad legal necesaria para la formalización del presente Convenio y, al efecto,

EXPONEN

Primero.- Los servicios sociales se dirigen especialmente a prevenir y compensar el déficit de apoyo social y económico en situaciones de riesgo y exclusión social, promoviendo espacios y procesos, actitudes y capacidades que faciliten la inclusión de las personas, desde una perspectiva integral y participada, así como el desarrollo social y comunitario, para y con el conjunto de la población, estableciéndose en el artículo 6 de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, como objetivos de los mismos, entre otros, los siguientes:

“a) Mejorar la calidad de vida y promover la normalización, la participación y la inclusión social, económica, laboral, cultural y educativa y de salud de todas las personas.

b) Detectar a través del análisis continuo de la realidad social situaciones de necesidad de la población, así como elaborar la estrategia más adecuada a fin de favorecer el bienestar social y mejorar la calidad de vida.”

Segundo.- La investigación es un elemento clave en el ámbito del Sistema Público de Servicios Sociales y una de las competencias dentro del mismo, mostrándose de forma expresa en el artículo 79.1 de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, en el que se establece que “La Administración autonómica impulsará y favorecerá, a través de un programa permanente, la investigación en el ámbito del sistema público de servicios sociales. Dicho programa tendrá la finalidad primordial de conocer las necesidades actuales y futuras de atención social en el conjunto de la ciudadanía, los factores y las causas que inciden en estas necesidades y el estudio de los sistemas organizativos, de gestión y económicos de los servicios sociales existentes y de los que se puedan implantar en el futuro. Todas estas actuaciones deberán integrar la perspectiva de género”.

Tercero.- La Universidad de La Laguna, de conformidad con el artículo 2, en relación con los artículos 90 a 93, del Decreto 62/2022, de 24 de marzo, por el que se aprueba la reforma de los Estatutos de la Universidad de La Laguna, tiene entre sus fines fundamentales:

“- Difundir el conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida.

- Favorecer el intercambio científico, la movilidad académica y la cooperación para el desarrollo de los pueblos.

- Formar profesionales en los campos de las ciencias, las tecnologías, las artes y las letras.

- Difundir el conocimiento y facilitar el acceso a su acervo, especialmente de quienes encuentren mayores dificultades materiales para ello.

- Inspirar el avance tecnológico orientado a mejorar las condiciones y calidad de vida del entorno social.

- Fomentar la calidad y excelencia de sus actividades, estableciendo sistemas de formación, seguimiento y evaluación.”

Cuarto.- La Ley 16/2019, de 2 de mayo, crea en su artículo 82 el Observatorio Canario de los Servicios Sociales como órgano colegiado adscrito a la Consejería competente en materia de servicios sociales, con la finalidad de “... promover las medidas necesarias para la garantía y mejora de la calidad en los servicios sociales”, y por esa misma razón el Observatorio Canario de los Servicios Sociales se incluye en el Título VI de la citada norma, dedicado a la planificación, calidad, evaluación e inspección. Así mismo en el artículo 83.a) de la citada Ley se establece como una de sus funciones “Desarrollar las líneas directrices de la investigación de los servicios sociales, en el marco de las prioridades establecidas en el plan estratégico de servicios sociales, con especial atención al estudio de las causas y factores que determinan los cambios sociales, a la detección de necesidades y al análisis de la demanda con fines de planificación, así como al análisis de los servicios en los términos de gestión, coste y calidad de la atención, al objeto de promover su mejora continuada y de orientar su desarrollo y evolución”.

Además, señala:

“Anualmente elevará a la consejería competente del Gobierno de Canarias en materia de servicios sociales, un informe sobre la situación de los servicios sociales en la comunidad autónoma, que enviará para su remisión al Parlamento de Canarias.” (artículo 82.4).

También el artículo 81 de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, hace referencia a la necesaria evaluación continua del Sistema Público de Servicios Sociales y a los aspectos que deben de abordar estos procesos, debiendo hacerse eco de ello también el Observatorio. Los aspectos señalados a tener en cuenta son:

“a) La elaboración de un conjunto de indicadores que permita el seguimiento y evaluación continua del sistema público de servicios sociales. Los referidos indicadores contemplarán la evaluación del impacto de género.

b) El análisis comparativo entre prestaciones y servicios.

c) Los resultados obtenidos, tanto cuantitativa como cualitativamente, tras la implementación de las diferentes acciones, así como los efectos que las mismas producen en relación con las necesidades planteadas y el grado de satisfacción de las personas usuarias del sistema público de servicios sociales.”

Por otro lado, la disposición adicional segunda de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, establece que “En el plazo de un año desde la constitución del Observatorio Canario de los Servicios Sociales a que se refiere la presente ley, este elaborará, para su posterior elevación al Gobierno de Canarias, el primer diagnóstico y análisis multisectorial de la situación y el estado de los servicios sociales en Canarias”.

Quinto.- Como desarrollo de la mencionada Ley 16/2019, de 2 de mayo, en el Boletín Oficial de Canarias n.º 85, de 27 de abril de 2021, se publica el Decreto 22/2021, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de los órganos colegiados de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, modificado por el Decreto 446/2023, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, estableciéndose en su artículo 47.1 que “El Observatorio Canario de los Servicios Sociales es un órgano colegiado de carácter consultivo, de asesoramiento, estudio y análisis del sistema público de servicios sociales que tiene como objetivo promover las medidas necesarias para la garantía y mejora de la calidad de los Servicios Sociales”.

El citado Decreto 22/2021, de 15 de abril, en su artículo 49.c), d) y e), recoge entre las funciones del Observatorio Canario de los Servicios Sociales (OCASS, en adelante) las siguientes:

“c) Realizar investigaciones y estudios e impulsar la investigación en Canarias sobre la realidad del sistema de servicios sociales.

d) Realizar análisis, estadísticas, informes y propuestas en relación con el estado, la calidad y mejora de las prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias y en general, desarrollar funciones de estudio e investigación sobre las políticas públicas de servicios sociales.

e) Elaborar con carácter anual, para su posterior elevación al Gobierno de Canarias, el diagnóstico social y análisis multisectorial de la situación y el estado de los servicios sociales en Canarias.”

Desde el punto de vista competencial, los trabajos que se desarrollen en el ámbito del OCASS, conforme al artículo 47.2 del citado Decreto 22/2021, de 15 de abril, se encuentran adscritos a la Consejería competente en materia de servicios y políticas sociales, a través de la Secretaría General Técnica, que le facilitará la documentación y los medios personales y materiales necesarios. Gozará de autonomía funcional y contará con la colaboración de las universidades canarias, así como con el Instituto Canario de Estadística, conforme a lo establecido en el artículo 51.2 del citado Decreto.

Sexto.- El artículo 51.3 del citado Decreto 22/2021, de 15 de abril, señala que “Para el cumplimiento de sus funciones, la Consejería competente en materia de derechos y políticas sociales podrá, a propuesta del Observatorio Canario de los Servicios Sociales, promover la formalización de contratos, convenios u otros instrumentos de colaboración que se consideren idóneos, con entidades públicas o privadas vinculadas al ámbito del estudio y análisis de las políticas públicas en materia de servicios sociales”.

Séptimo.- Asimismo, conforme se establece en el artículo 13.1.r) del citado Decreto 446/2023, de 27 de diciembre, la Secretaría General Técnica tiene atribuida, entre otras, la competencia de apoyo administrativo, material y personal para el funcionamiento del Observatorio Canario de los Servicios Sociales.

Octavo.- Actualmente los indicadores públicos y publicados en el ámbito del Sistema Público de los Servicios Sociales de Canarias evidencian que no han adquirido un nivel de desarrollo y peso social equiparable a otras Comunidades Autónomas (por ejemplo, en cualquiera de los parámetros del Índice DEC de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, el Observatorio de dependencia, informes del IMSERSO, etc.), a pesar de los elevados niveles de pobreza y exclusión social (Encuesta de condiciones de vida, EAPN y Cáritas-FOESSA).

Unido a lo anterior, la Encuesta de hábitos y confianza socioeconómica de 2021, realizada por el ISTAC y publicada en marzo de 2023, señala la deficiente valoración social que le da la ciudadanía a los servicios públicos dirigidos a la inclusión social y lucha contra la pobreza.

Por otro lado, se señala que en la Comunidad Autónoma de Canarias no se ha realizado una investigación en el ámbito de los servicios sociales con la amplitud que se pretende.

Por todo ello y en el marco de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, y del la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, entre otras, se considera necesario la suscripción de un Convenio de Colaboración entre la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias y la Universidad de La Laguna.

Noveno.- El OCASS, persigue a través de este Convenio promover un sistema de recogida, análisis, seguimiento, evaluación y divulgación de información relativa al Sistema Público de Servicios Sociales en Canarias, mediante la producción de estadísticas y la realización de investigaciones, estudios y análisis sobre su estado y evolución, produciendo la información necesaria y de calidad a fin de favorecer un conocimiento preciso para la toma de decisiones y el desarrollo de políticas públicas bien informadas, así como el seguimiento y la evaluación de los mismos. Por ello esa información se pondrá a disposición del Gobierno de Canarias y del Parlamento, así como de las demás Administraciones Públicas en el marco de sus competencias, y de otros actores del sistema, instituciones académicas y de la ciudadanía.

Décimo.- Para el desarrollo de lo anteriormente mencionado, el OCASS se constituyó el 4 de noviembre de 2022, y en el desarrollo de sus funciones, conforme al artículo 50.4 del Decreto 22/2021, de 15 de abril, aprobó el 15 de febrero de 2023 su Plan de Acción para 2023, prorrogado a 2024, mediante una estructura que se desagrega en ejes, tomando como referencia para ello los ámbitos establecidos por el artículo 47.4 del Decreto 22/2021, de 15 de abril, para el Observatorio, que son:

a) Información.

b) Investigación.

c) Documentación.

Así mismo, los ejes se desagregan en objetivos estratégicos y específicos, desembocando en los proyectos específicos a ejecutar.

Décimo primero.- El Plan de Acción 2023, prorrogado a 2024, recoge la consecución de varios objetivos entre los que se encuentra el Proyecto número cuatro que hace referencia al desarrollo del “Diagnóstico y análisis multisectorial de la situación y el estado de los servicios sociales en Canarias”, haciéndose eco del mandato normativo establecido en el artículo 82.4 de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, ya citado anteriormente.

Décimo segundo.- Mencionar que, conforme a la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, este Observatorio incorporará en todos sus productos, trabajos y propuestas, y, por consiguiente, en el desarrollo del proyecto “Diagnóstico y análisis multisectorial de la situación y, el estado de los servicios sociales en Canarias”, la perspectiva de género, a fin de avanzar en un mayor conocimiento de las causas que generan desigualdades de género, y poder de esta forma promover que se desarrollen actuaciones que favorezcan la eliminación de las mismas.

Décimo tercero.- Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, establece en su artículo 2.1 que “El sistema universitario presta y garantiza el servicio público de la educación superior universitaria mediante la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento”, estableciéndose así mismo en el artículo 11.1 de la citada Ley que “La investigación es una de las funciones fundamentales de las universidades”.

Décimo cuarto.- De la necesaria colaboración entre las Universidades y las Administraciones Públicas se constata en la citada Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, indicando en su artículo 13.1 que “Las Administraciones Públicas fomentarán la investigación y, asimismo, el desarrollo tecnológico en el ámbito universitario”, así como en el artículo 14.2 señala que “Las universidades, en el marco de las funciones que les son propias, fomentarán la cooperación y colaboración entre ellas, con otras instituciones de educación superior, con organismos públicos de investigación, con organismos de investigación de otras Administraciones Públicas, con otros organismos o Administraciones Públicas”.

Décimo quinto.- La Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, modificada por la Ley 17/2022, de 5 de septiembre, define en su artículo 3.1 el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación como el conjunto de agentes, públicos y privados, que desarrollan funciones de financiación, de ejecución, o de coordinación en el mismo, así como el conjunto de relaciones, estructuras, medidas y acciones que se implementan para promover, desarrollar y apoyar la política de investigación, el desarrollo y la innovación en todos los campos de la economía y de la sociedad, estando integrado el mismo por las políticas públicas desarrolladas por la Administración General de Estado y por las desarrolladas, en su propio ámbito, por las Comunidades Autónomas.

Así mismo, el artículo 2 de la citada Ley 14/2011, de 1 de junio, establece los objetivos de la misma, destacando los siguientes:

“a) Fomentar la investigación científica y técnica abierta, inclusiva y responsable en todos los ámbitos del conocimiento, como factor esencial para desarrollar la competitividad y el bienestar social, mediante la creación de un entorno económico, social, cultural e institucional favorable al conocimiento y a la innovación.”

“o) Fomentar la innovación e investigación aplicada al desarrollo de entornos, productos, servicios y prestaciones que garanticen los principios de diversidad, inclusión, accesibilidad universal, diseño para todos y vida independiente en favor de las personas con discapacidad o en situación de dependencia o vulnerabilidad.”

Décimo sexto.- La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias no cuenta con los medios personales y materiales suficientes para el desarrollo del proyecto “Diagnóstico y análisis multisectorial de la situación y el estado de los servicios sociales en Canarias”, enmarcado dentro del Plan de acción del OCASS 2023, prorrogado a 2024, y en los instrumentos normativos mencionados, por lo que se considera conveniente realizar un Convenio de Colaboración con la Universidad de La Laguna para su desarrollo.

El presente Convenio, como negocio jurídico público, se utiliza como instrumento necesario y exigible de cooperación entre la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias y la Universidad de La Laguna, para la ejecución de competencias concurrentes en razón de la materia y el territorio, con la finalidad de mejorar la eficiencia de la gestión pública. Por tanto, este Convenio no tiene carácter contractual dado que las entidades intervinientes no tienen vocación de mercado, establece una cooperación entre las entidades participantes para la consecución de un fin común (público y social). La pretendida actuación conjunta en el desarrollo del proyecto viene dada dentro del régimen de obligaciones y compromisos de las partes que en el texto se definen, versando sobre la consecución de un interés público consistente en el desarrollo del diagnóstico y análisis multisectorial de la situación y el estado de los servicios sociales en Canarias, anteriormente descrito, desapareciendo el carácter económico propio de los contratos sin perjuicio de la compensación económica establecida por el coste que supone la realización de las actividades convenidas.

Décimo séptimo.- El cumplimiento del presente Convenio conlleva tratamiento de datos personales, en régimen de corresponsabilidad [de acuerdo con el artículo 26 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), y con el artículo 29 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), por parte de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, a través de la Secretaría General Técnica, y por parte de la Universidad de La Laguna.

Los datos personales objeto de tratamiento están registrados por la Secretaría General Técnica mediante Resolución n.º 686/2023, de 25 de septiembre, de la Secretaría General Técnica, y la Universidad de La Laguna cuenta con el registro de actividades de tratamiento de datos personales al que se puede acceder a través del siguiente enlace: https://www.ull.es/informacion-sobre-web-institucional/#registro-actividades-tratamiento

A tal efecto queda acreditado en el expediente:

- Que la Secretaría General Técnica cuenta con una persona designada como Delegada de Protección de Datos.

- Que la Universidad de La Laguna cuenta con una persona designada como Delegada de Protección de Datos.

Décimo octavo.- Este Convenio es de carácter administrativo, de los contemplados en el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, siendo una relación jurídica excluida del ámbito de contratos del sector público en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Este Convenio se enmarca dentro de lo establecido en el Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias de Canarias.

La pretendida actuación conjunta en el desarrollo del proyecto viene dada dentro del régimen de obligaciones y compromisos de las partes que en el texto se definen, versando sobre la consecución de un interés público consistente en el desarrollo del diagnóstico y análisis multisectorial de la situación y el estado de los servicios sociales en Canarias, que comprende actividades de investigación, análisis conjunto, puesta a disposición y utilización de medios compartidos, así como satisfacción y financiación de actuaciones en atención al equilibrio de la relación entre las partes.

En consecuencia, teniendo en cuenta que las dos entidades tienen competencias coincidentes y fines comunes, las partes intervinientes, de conformidad con la normativa citada, con pleno respeto a sus respectivas competencias y con la finalidad de alcanzar los objetivos fijados, proceden a la formalización del presente Convenio de Colaboración con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio.

El objeto del presente Convenio es establecer la colaboración entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, y la Universidad de La Laguna, para el desarrollo del diagnóstico y análisis multisectorial de la situación y el estado de los servicios sociales en Canarias.

Segunda.- Ámbito de aplicación.

El ámbito de aplicación será el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Tercera.- Actividades a desarrollar.

La realización del “Diagnóstico y análisis multisectorial de la situación y el estado de los servicios sociales en Canarias” comprende las actividades que se detallan a continuación, sin perjuicio de que en el desarrollo del presente Convenio se puedan acordar por ambas partes modificaciones que resulten beneficiosas para el logro del objeto del mismo. Mencionar también que el desarrollo del Convenio, siempre que sea posible, se deberá realizar de forma consensuada entre ambas partes, especialmente la elaboración de los cuestionarios de los diferentes análisis.

1. Análisis de datos e indicadores relativos a los servicios sociales comunitarios y especializados en el ámbito de la Administración Pública (personas usuarias, ratios de personal, presupuestos, recursos, plazas, tasas de cobertura, tiempo de resolución de una solicitud, etc.), referenciándolos al contexto socioeconómico: demográficos, condiciones de vida, laborales, económicos, etc., así como los servicios y prestaciones gestionados por los Ayuntamientos, los Cabildos y el Gobierno Autonómico.

Las áreas temáticas que deben tenerse en cuenta en la recopilación y análisis son las siguientes:

• Atención primaria, servicios sociales comunitarios.

• Promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia.

• Personas con discapacidad.

• Inclusión social.

• Diversidad.

• Integración de las personas inmigrantes.

• Mayores (envejecimiento activo).

• Juventud.

• Igualdad.

Para ello se hará uso de las siguientes fuentes:

• Las bases de datos de gestión de la Consejería: plan concertado, dependencia, discapacidad, renta ciudadana (hasta ahora PCI), pensiones no contributivas, menores y familia, e igualdad. La Secretaría General Técnica podrá complementar la información disponible con otros datos procedentes de las bases de datos de la Consejería.

• La información disponible de otras fuentes de las Administraciones Públicas: ISTAC, INE, IMSERSO, Ministerios de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Igualdad, Interior, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, etc.

• La información de otras fuentes externas: Cáritas-FOESSA, Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, EAPN, etc.

• Los indicadores más relevantes en relación a la situación social y las necesidades de la población canaria (ECV, EPA, EAPN, etc.).

• La Encuesta de hábitos y confianza socioeconómica (ECOSOC, en adelante) sobre el conocimiento, opinión y valoración de los Servicios Sociales.

Todos los indicadores anteriores deben permitir contextualizar y valorar la información más relevante al objeto de elaborar el informe final de evaluación de los Servicios Sociales en Canarias.

2. Realización de una encuesta a las personas usuarias de los Servicios Sociales, presencial a pie de centro, sobre su opinión y valoración de los Servicios Sociales.

• Universo: población residente en Canarias mayor de 18 años.

• Muestra: serán las personas voluntarias que accedan a contestar el cuestionario durante la recogida de información.

• La selección de las personas encuestadas presenciales se realizará en la entrada de los Centros de Servicios Sociales que se determinen.

• Cuestionario estructurado de 20-23 preguntas cerradas, 30 como máximo al añadir variables sociodemográficas, dirigido a conocer la valoración y satisfacción de los que son o han sido personas usuarias de los mismos.

• Bloques temáticos para incluir en los cuestionarios:

- Motivo: tipo de necesidad o demanda.

- Tipo de servicio o prestación solicitada/recibida.

- Grado de satisfacción de la respuesta (si las necesidades o demandas fueron atendidas).

- Necesidades que tiene no cubiertas por los servicios sociales y que considera que deberían ser atendidas desde los mismos.

- Valoración de la calidad del servicio recibido.

- Satisfacción con el servicio recibido (escala).

- Facilidad para conseguir cita, tardanza (tiempo entre la solicitud de cita y cuándo le atendieron) y comodidad (por ej., tener en cuenta la hora que más le conviene).

- Satisfacción con las y los profesionales según categoría (personal administrativo, de trabajo social, psicología, educación social, otros).

- Requerimiento de documentos (burocracia).

- Alguna actividad realizada en Administración electrónica: búsqueda de información, pedir cita, realización de algún trámite, etc.

• Tabulación del fichero de registros, según plan de análisis, y tablas de resultados por islas, sexos y grupos de edad.

3. Realización de una encuesta on-line (CAWI) a personal técnico en Trabajo Social u otro personal técnico de los Servicios Sociales de atención primaria.

• Universo: personal técnico que trabaja en los Servicios Sociales de atención primaria y en los especializados.

• Personas encuestadas contactadas por correo electrónico. La Consejería aportará los correos de un número suficiente de técnicos y técnicas para el mailing.

• Aunque no se trata de una muestra representativa, se deberá respetar razonablemente el peso proporcional por islas y tipo de municipio.

• Cuestionario estructurado de 25-30 preguntas a realizar en línea.

• Bloques temáticos para incluir en el cuestionario:

- Estado de los servicios sociales de atención primaria y comunitaria, así como de los especializados: recursos humanos y técnicos, formación, objetivos, funciones, condiciones laborales.

- Integración horizontal y vertical: su encaje con el resto del sistema público.

- Desarrollo de las funciones establecidas en los artículos 26 y 27 de la Ley 16/2019, de 2 de mayo.

- Problemas de acceso situaciones no atendidas por los Servicios Sociales de atención primaria y comunitaria.

- La capacidad de responder o atender a las necesidades y demandas de la población.

- Los efectos de la pandemia en su trabajo.

- Satisfacción y clima laboral actual.

- Capacidad para afrontar retos futuros: creciente individualismo, envejecimiento, aislamiento y soledad, extensión de la precarización a tiempo parcial, nuevas identidades de género, integración de inmigrantes y minorías étnicas …

4. Realización de un Delphi modificado con personas expertas de los Servicios Sociales.

• Universo: personal técnico que está trabajando en los Servicios Sociales en Canarias.

• La invitación a participar se iniciará con 100 personas, esperando finalizar el estudio con 25-30 personas expertas o panelistas. La Consejería aportará las direcciones de correo electrónico de contacto de las personas expertas para el mailing.

• Cuestionario estructurado de 30-35 ítems o preguntas.

• Temas a abordar en el primer cuestionario:

- Valoración general de la situación actual de los servicios sociales en Canarias.

- Valoración del cumplimiento de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias.

- Valoración del Catálogo de servicios y prestaciones.

- La coordinación de los diferentes niveles del sistema público.

- La capacidad de responder o atender a las necesidades y demandas actuales de la población (nuevos perfiles, nuevas demandas).

- Necesidades que tiene no cubiertas por los Servicios Sociales y que considera que deberían ser atendidas desde los mismos.

- Regreso al pasado y nueva normalidad: efectos de la pandemia.

- Valoración de un proyecto de ley marco para los servicios sociales en España.

- Los efectos de la pandemia en el sistema de Servicios Sociales.

- Capacidad para afrontar retos futuros: creciente individualismo, envejecimiento, aislamiento y soledad, extensión de la precarización a tiempo parcial, nuevas identidades de género, integración de inmigrantes …

• El piloto o primera oleada incluirá una serie de preguntas abiertas para perfilar mejor el cuestionario a utilizar en las siguientes oleadas además de otras ya cerradas. Ese cuestionario también recogerá información sobre las variables sociodemográficas básicas: edad, sexo, situación laboral, antigüedad, tipo de entidad/institución (Adm. CAC, Cabildo, Ayuntamiento, ONL-Tercer Sector, privado, otros) y el tipo de municipio (tipología del ISTAC) e isla. De igual manera, en las siguientes oleadas, podrán incorporarse alguna pregunta abierta cuando algún ítem muestre un resultado muy polarizado. Asimismo, en caso de persistencia de diferencias significativas podrán solicitarse que detallen sus posiciones.

• Grupos y perfiles del personal técnico y profesional:

1. Cabildos y sus organismos, así como la FECAI.

2. Ayuntamientos, así como la FECAM.

3. Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.

4. Colegios Profesionales.

5. Entidades del Tercer Sector Social.

6. Sector lucrativo.

7. Responsables y profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de servicios sociales y de otras áreas.

5. Elaboración del informe diagnóstico.

El diagnóstico se realizará a partir de la información producida en el análisis de los indicadores más relevantes en relación a la situación social y las necesidades de la población canaria, así como de los servicios y prestaciones y funciones de los Servicios Sociales. Además, se sumarán a estos los resultados de la investigación cualitativa (análisis/diagnóstico de personas expertas mediante Delphi) y cuantitativas: la encuesta on line a profesionales de los servicios sociales de atención primaria y de los especializados que dependen del Gobierno de Canarias (quedan excluidos los que son ofrecidos por entidades sociales), y otra a la población canaria, conocimiento y actitudes respecto a los servicios sociales, cuyos microdatos serán proporcionados por el ISTAC. Estas cuatro preceden en su ejecución a la elaboración del diagnóstico, de tal manera que sus resultados puedan analizarse e incorporarse a la evaluación.

La estructura del diagnóstico sería la siguiente, sin perjuicio de que a lo largo del desarrollo del Convenio se pudieran acordar por ambas partes modificaciones a la misma:

- Contexto jurídico, demográfico, competencial y social.

- Personas usuarias.

- Ordenación territorial y planificación.

- Desarrollo de las funciones encomendadas.

- Desarrollo de las prestaciones y servicios encomendados.

- Recursos humanos.

- Recursos materiales: infraestructuras, equipamiento.

- Coordinación.

- Investigación.

- Participación y colaboración con el Tercer Sector y/o otras Administraciones.

- Financiación.

- Conclusiones.

- Recomendaciones y propuestas.

Las áreas temáticas a abordar en el marco de la estructura anterior deberán, como mínimo, incluir las siguientes:

• Atención primaria, servicios sociales comunitarios.

• Promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia.

• Personas con discapacidad.

• Inclusión social.

• Diversidad.

• Integración de las personas inmigrantes.

• Infancia.

• Mayores (envejecimiento activo).

• Juventud.

• Igualdad.

• La coordinación horizontal y vertical: los servicios sociales como sistema y su integración con otros subsistemas del bienestar social (sanidad, educación).

Cuarta.- Obligaciones de las partes del Convenio.

1. Obligaciones por parte de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias.

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias se compromete a:

a) Asumir la coordinación de los trabajos y facilitar la información necesaria para el desarrollo de este Convenio.

b) Interactuar y colaborar con el equipo de investigación y de gestión de la Universidad de La Laguna, para el adecuado seguimiento de las actividades incluidas en el Convenio.

c) Evaluar la ejecución del Convenio proponiendo medidas que lo optimicen.

d) Realizar el seguimiento de la gestión y ejecución de las actividades previstas en el presente Convenio.

e) Hacer extensibles los resultados de la investigación al Gobierno de Canarias, al Parlamento de Canarias, a las entidades integrantes del OCASS y a la ciudadanía en general.

f) Nombrar, de entre su personal, a una persona que ostente la Dirección del Convenio para la coordinación de las actividades.

g) Financiar a la Universidad de La Laguna el coste que ocasionan las actuaciones recogidas en el Convenio, de acuerdo con lo establecido en la cláusula décima cuarta.

2. Obligaciones por parte de la Universidad de La Laguna.

La Universidad de La Laguna se compromete a las siguientes obligaciones:

a) Realizar todos los objetivos y actuaciones especificadas en este Convenio.

b) Aportar el equipo de investigación que desarrollará las investigaciones relacionadas con los objetivos de la investigación y que estará compuesto por los investigadores que se detallan en la cláusula quinta.

c) Dotar del equipamiento informático y software necesario para el procesamiento y análisis de información recopilada para el estudio.

d) Garantizar la total confidencialidad de la información, en los términos señalados en el presente Convenio.

e) Respetar la protección de los datos de carácter personal que pueda manejar durante la ejecución de los trabajos, en los términos señalados en la cláusula correspondiente de este documento.

g) Nombrar a la persona que ostente la dirección ejecutiva de este Convenio.

Quinta.- Equipo de investigación.

La Universidad de La Laguna deberá contar con un equipo de investigación para el adecuado cumplimiento de los objetivos perseguidos en el presente documento y las diversas tareas a realizar. Todo el personal de la Universidad de La Laguna que trabaje en las encuestas deberá tener conocimientos suficientes de informática que le permitan la realización y supervisión del trabajo de campo a realizar por sistema CATI y/o CAWI.

Se considera imprescindible que la Universidad de La Laguna adscriba la asistencia de un equipo mínimo estable durante toda la ejecución del Convenio. Ese equipo estará integrado por:

1. Celsa Cáceres Rodríguez, Profesora Contratada Doctora del Departamento de Ciencias de la Comunicación y Trabajo Social.

2. Laura Aguilera Ávila, Profesora Contratada Doctora del Departamento de Ciencias de la Comunicación y Trabajo Social.

3. Miriam Álvarez Lorenzo, Profesora Contratada Doctora del Departamento de Ciencias de la Comunicación y Trabajo Social.

4. Guacimara Rodríguez Suárez, Profesora Contratada Doctora del Departamento de Ciencias de la Comunicación y Trabajo Social.

5. José Manuel Díaz González, Profesor Ayudante Doctor del Departamento de Ciencias de la Comunicación y Trabajo Social.

6. Leopoldo J. Cabrera Rodríguez, Profesor Titular del Departamento de Sociología y Antropología.

7. Felipe M. Rosa González, Profesor Contratado Doctor del Departamento de Matemáticas, Estadística e Investigación Operativa.

8. Inmaculada Fernández Esteban, Profesora Ayudante Doctor del Departamento de Didácticas Específicas.

9. Ana Cano Ramírez, en calidad de colaboradora externa, Profesora del Departamento de Psicología, Sociología y Trabajo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Asimismo, la Universidad de La Laguna podrá apoyarse en entidades o empresas, mediante procedimientos de gestión indirecta, para la realización de las encuestas.

Por parte de la Consejería, participará en este Convenio personal designado por la Secretaría General Técnica.

El equipo de investigación participará en las reuniones de coordinación convocadas por la Consejería. De cualquier modo y en todo caso:

- La Universidad de La Laguna asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre las personas integrantes del equipo de investigación encargado de la ejecución del Convenio, el poder de dirección inherente a toda entidad.

- La Universidad de La Laguna velará especialmente por que las personas adscritas a la ejecución del presente Convenio desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en este Convenio como objeto del mismo.

- En el caso de que la Universidad de La Laguna incumpla las obligaciones asumidas en relación con su personal, dando lugar a que el órgano o ente convenido resulte sancionado o condenado, deberán indemnizar a este, según corresponda, de todos los daños y perjuicios que se deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones de su personal.

Sexta.- Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del Convenio.

Para la buena consecución de los objetivos del presente Convenio, las partes constituirán una Comisión de Seguimiento y Control de ejecución del mismo, integrada por dos representantes de cada una de las partes, que deberá reunirse al menos una vez cada trimestre. La designación de las personas que conformen la Comisión se realizará en el plazo máximo de un mes a partir de la firma del Convenio. Esta Comisión supervisará el desarrollo del Convenio, resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto del Convenio y, en su caso, realizará las propuestas que procedan en orden a la consecución de los objetivos perseguidos con la suscripción del mismo.

Entre otras, serán funciones de esta Comisión:

• Hacer seguimiento y evaluar las actuaciones referidas en este Convenio.

• Evaluar el resultado final de las actividades desarrolladas.

• Evaluar el grado y eficacia de cumplimiento de las actividades desarrolladas.

• Interpretar las cuestiones derivadas del Convenio.

Asimismo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 8 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, las decisiones que tomen se adoptarán mediante consenso.

Para lo no previsto expresamente, el régimen y funcionamiento de la Comisión se regirá por lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Séptima.- Vigencia.

La duración del presente Convenio será desde el momento de su suscripción hasta el 30 de abril de 2025, sin perjuicio de las prórrogas que se puedan adoptar antes de la finalización del periodo de vigencia del Convenio y dentro de los límites establecidos legalmente, las cuales se realizarán a través de Adendas, quedando, en todo caso, condicionada su efectividad a la existencia de crédito adecuado, suficiente y disponible en la aplicación presupuestaria indicada en el Presupuesto de Gastos de la Comunidad Autónoma de Canarias para los respectivos años.

La ejecución del presente Convenio tendrá el siguiente calendario:

Octava.- Imagen corporativa.

Durante el periodo de vigencia del Convenio, las partes deberán incluir la identidad corporativa gráfica del resto de colaboradores, con leyendas relativas a la financiación pública, utilizados en carteles, placas conmemorativas, materiales impresos, medios electrónicos o audiovisuales o bien en menciones realizadas en medios de comunicación.

A tal fin y atendiendo a las previsiones contenidas en el Decreto 184/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la Identidad Corporativa del Gobierno de Canarias y se establecen las Normas para su mantenimiento y utilización, actualizado mediante Orden de 8 de marzo de 2010 (BOC n.º 58, de 23.3.2010), y Orden de 26 de diciembre de 2012, por el que se aprueba la revisión de los epígrafes 4.8.18 y 4.8.19 del Manual de Identidad Corporativa Gráfica del Gobierno de Canarias (BOC n.º 253, de 28.12.2012), la identidad corporativa que deberá tener en cuenta la Universidad de La Laguna es la recogida en el citado Manual de la Identidad Gráfica del Gobierno de Canarias.

Así mismo, se pondrá especial cuidado en el cumplimiento de lo establecido en la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Para la identidad de la Universidad de La Laguna, se atenderá a lo establecido en el Manual de Identidad corporativa disponible en: https://www.ull.es/portal/marca/manual-identidad-corporativa/

Novena.- Titularidad de los resultados.

Los derechos de propiedad intelectual, industrial, los métodos de trabajo, tecnología, etc. (conjuntamente, el conocimiento), pertenecientes a cualquiera de las partes antes del comienzo del presente Convenio de Cooperación y, asimismo, aquellos que siendo propiedad de terceros hubieran sido transferidos a una de las partes o sobre los que una de las partes ostente derechos de uso en virtud de acuerdos alcanzados con terceros, continuarán siendo propiedad exclusiva de sus titulares y no podrán ser utilizados por las otras fuera del ámbito del presente Convenio, y quedarán sujetos a los acuerdos bilaterales de licencia y/o sublicencia que las partes suscriban.

Siempre corresponderá a las personas investigadoras que hayan participado en la generación del conocimiento todos los derechos morales de la propiedad intelectual, y en especial el de ser reconocidos como sus autoras o inventoras en el caso de los derechos de propiedad industrial.

La titularidad de los resultados generados y derechos vinculados resultantes del Convenio corresponderá a la Universidad de La Laguna y a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, en las proporciones que se estimen en función de la participación de las partes, proyectos y financiación previa vinculada a la generación de dichos resultados. No obstante, la Universidad de La Laguna puede hacer uso de los mismos para fines institucionales de docencia, y publicación, siempre y cuando hayan sido publicados de forma previa por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias.

Al objeto de iniciar el correspondiente procedimiento de protección, si como resultado del presente Convenio se generase una invención o resultado conjunto, se comunicará, siempre previa a la divulgación, a la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad de La Laguna en un plazo máximo de 3 meses. Las partes que hubieran tenido como mínimo una participación en dicho resultado, podrán convenir caso por caso, en un acuerdo de cotitularidad.

La explotación de los resultados será acordada por los titulares de los mismos. En el caso de que una parte esté interesada en la explotación de los resultados que sean propiedad completa o parcial de otra parte, ambas podrán acordar la correspondiente licencia en Contrato de Transferencia, previo al inicio de la explotación.

La Universidad de La Laguna se reserva el derecho a usar los resultados del proyecto con fines de investigación y docencia y podrá publicarlos en revistas científicas, congresos o similares previo consentimiento de la Consejería, siempre haciendo referencia al presente proyecto y sin perjuicio de lo establecido en las siguientes cláusulas.

Una vez concluido el presente Convenio, las partes pactan expresamente que cualquier investigación que fuera a efectuarse sobre los resultados que han sido objeto de la colaboración, se efectuará con la intervención de las mismas, a cuyo fin deberá notificar una de las partes a la otra el correspondiente proyecto entendiéndose que si no es rechazado de forma expresa, es deseo de la otra abordarlo de forma conjunta.

El contenido de esta cláusula continuará en vigor indefinidamente después de la resolución del presente Convenio.

Décima.- Entregas parciales.

El desarrollo de este Convenio conllevará la entrega por parte de la Universidad de La Laguna, a la Consejería de los trabajos señalados en la cláusula tercera y conforme al plazo de ejecución establecido en la cláusula séptima:

1. Informe del análisis de datos fuentes secundarias: hasta 30 de junio de 2024.

2. Informe descriptivo (primer análisis) de la encuesta a personas usuarias de servicios sociales: hasta 30 de octubre de 2024.

3. Informe descriptivo de los resultados de la encuesta a profesionales: hasta 30 de noviembre de 2024.

4. Informe de resultados del Delphi: hasta 31 de enero de 2025.

5. Informe final preliminar y resumen ejecutivo: hasta 31 de marzo de 2025.

6. Informe Diagnóstico Completo: hasta 30 de abril de 2025.

Estas entregas serán analizadas por el personal de la Consejería, solicitando en los casos que proceda, y siempre que sea posible, ampliaciones o detalle del contenido de los mismos.

Décima primera.- Entrega final.

A la conclusión del trabajo, la Universidad de La Laguna deberá hacer entrega de lo siguiente (30 de abril de 2025):

• Un Informe de evaluación multisectorial de la situación y el estado de los Servicios Sociales en Canarias en base a los resultados de los estudios realizados, incluyendo recomendaciones y propuestas, así como el plan de medios para su difusión.

• Un Resumen Ejecutivo o informe de síntesis, en el que de manera resumida se expongan los principales resultados del anterior.

• Todos los materiales producidos durante la investigación: informes parciales, grabaciones y/o transcripciones de las entrevistas, bases de datos, etc.

• Declaración responsable de los costes realizados en cada actividad o producto justificado.

En todos los trabajos que se presenten deberá estar incorporada la perspectiva de género.

Décima segunda.- Seguridad y confidencialidad.

La información suministrada por la Consejería a la entidad tendrá carácter confidencial y no será utilizada para otros fines diferentes a los de la ejecución del Convenio.

La Universidad de La Laguna, así como todo el personal que participe en la ejecución de este Convenio estarán obligados a guardar el debido sigilo y la más absoluta confidencialidad respecto de los hechos, datos, informaciones y documentos, cualquiera que sea su formato, que sean objeto de tratamiento o a los que tengan acceso en el curso de la realización del Convenio, hayan sido o no declarados confidenciales por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, comprometiéndose a no difundirlos, bajo ningún aspecto o forma.

La Universidad de La Laguna será responsable de poner en conocimiento de todo el personal que adscriba a la ejecución de los trabajos encargados la existencia del deber de confidencialidad señalado y de garantizar su cumplimiento.

La Universidad de La Laguna se compromete expresamente a no utilizar la información que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del Convenio, que no podrá copiar, ni ser utilizada con fin distinto al que figura en este documento, o que esté permitido por la normativa vigente, ni tampoco ceder a otros para cualquier uso no previsto en este Convenio. Igualmente se compromete a destruirla, si no fuera necesaria, una vez finalizado el mismo.

Décima tercera.- Gestión económica y administrativa y técnica del Convenio.

La gestión administrativa y económica del presupuesto para la organización, gestión y desarrollo del presente Convenio será desarrollada por la Universidad de La Laguna, mediante encargo a sus medios propios personificados.

Décima cuarta.- Régimen económico.

El régimen económico de este Convenio será por un importe total de cien mil (100.000) euros.

El desglose del importe total es el siguiente:

• Personal:

- Contratación laboral de personal investigador: 31.000,00 euros.

- Personal administrativo de gestión: 10.000,00 euros.

• Gastos de ejecución:

- Servicio encuesta y trabajo de campo: 36.000,00 euros.

- Otros gastos (viajes, dietas, desplazamientos, suministros, etc.): 18.000,00 euros.

• Costes indirectos: 5.000,00 euros.

Dicho importe se imputará a la aplicación presupuestaria de gastos de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias 2306/912A/22700600 (Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales) en la que existe crédito adecuado y suficiente en la anualidad 2024 y 2025 a través del RC n.º GASTO 2024 0000022629.

Con respecto a la anualidad de 2025, estará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente.

Décima quinta.- Forma de abono.

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, infancia y Familias se compromete a abonar a la Universidad de La Laguna la cantidad de cien mil (100.000,00) euros, con cargo a la aplicación 2306/912A/22700600 para financiar las actuaciones previstas en el presente Convenio, previa presentación de las facturas correspondientes a través de Face, dirigidas a la Secretaría General Técnica, debiendo cumplir las mismas los requisitos exigibles legalmente, debiendo hacer referencia al Convenio y el objeto de la factura.

La Secretaría General Técnica podrá comprobar en todo momento la correcta aplicación de los recursos abonados, para lo cual podrá solicitar los informes y cualquier otra documentación que aporte datos referentes a la utilización de los fondos públicos.

El abono de las aportaciones se realizará mediante transferencia bancaria al número de cuenta corriente que facilite la Universidad de La Laguna.

Las cantidades se abonarán en dos plazos:

1. Un primer pago de 50.000 euros tras la presentación, en junio de 2024, del Informe del análisis de datos de fuentes secundarias que se señala como entrega parcial 1 en la cláusula décima.

2. Un segundo pago de 50.000 euros a la finalización del Convenio.

Décima sexta.- Obligación de secreto.

Las partes se comprometen a no difundir por una descripción escrita u oral, o a través de cualquier procedimiento o forma, directa e indirecta, la información de carácter industrial, económico, financiero o tecnológico a los que haya podido tener acceso en el desarrollo de los trabajos que hayan sido comunicados por cualquiera de las partes y clasificada como de información exclusiva y/o confidencial o que por su naturaleza y/o por las circunstancias en las que se produzca la revelación, deba de buena fe estimarse como tal. Esta obligación no será de aplicación cuando:

- La parte receptora pueda demostrar que conocía previamente la información recibida.

- La información recibida sea o pase a ser de dominio público.

- La parte receptora obtenga autorización previa y por escrito para su revelación.

- La información sea requerida judicialmente.

El presente deber de confidencialidad tendrá una duración indefinida, permaneciendo vigente a la conclusión y/o resolución de la prestación de servicios, debiéndose, una vez cumplida la prestación acordada, destruir o devolver la información a la que haya podido tener acceso.

Las partes se comprometen a que las personas que participen en el desarrollo de los trabajos regulados en el presente acuerdo conozcan el compromiso de confidencialidad establecida y reglados por esta cláusula. A tal efecto, cada una de las partes es responsable del cumplimiento de dicha confidencialidad del personal a su cargo, pudiendo para ello hacer firmar al personal a su cargo los documentos y compromisos que consideren adecuados.

Décima séptima.- Protección de datos personales, deber de sigilo y corresponsabilidad.

1. En la ejecución del Convenio deberá respetarse y aplicarse en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), y demás normativa aplicable en cada momento en materia de protección de datos personales.

2. Las partes se comprometen, entre otros aspectos, a preservar la confidencialidad de los datos personales objeto de tratamiento. Estos datos solo podrán ser utilizados a fin de realizar las actuaciones necesarias señaladas en este Convenio.

Todo el personal de las partes del Convenio, adscrito o no, a la ejecución del presente Convenio, que por razón de sus cometidos o por cualquier otra circunstancia, deba tener o tenga acceso a cualquier dato personal a los que se refiere la presente cláusula, tiene el deber de guardar sigilo personal y profesional al respecto aun cuando dejare de prestar servicios para esa parte.

3. Dado que la ejecución del Convenio implica el tratamiento de datos personales, y, para el mejor desarrollo de sus objetivos comunes, las partes realizarán un tratamiento conjunto de esos datos personales, en régimen de corresponsabilidad, conforme a las condiciones y términos descritos en la normativa de protección de datos personales vigente y al Acuerdo de Corresponsabilidad que figura en el Anexo I del presente Convenio. Dicho Acuerdo no comporta coste adicional alguno para las partes.

Décima octava.- Modificación del Convenio.

Durante el periodo de vigencia del Convenio, cualesquiera de las partes firmantes podrán instar la modificación de las cláusulas del mismo, mediante solicitud motivada, comprensiva de las necesidades y beneficios de la misma, dirigida de forma escrita a la otra parte del Convenio.

Las propuestas de modificación serán debatidas y acordadas en el seno de la Comisión de Seguimiento, iniciándose, en su caso, los trámites de modificación, que culminarán con la suscripción de una Adenda que se incorporará al Convenio, como parte integrante del mismo.

En caso de incumplimiento, por cualquiera de las partes, de las obligaciones y compromisos asumidos, se procederá según lo dispuesto en el artículo 51.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, siendo el plazo del requerimiento de 15 días.

Décima novena.- Resolución del Convenio.

1. Son causas de resolución del Convenio:

a) El transcurso del plazo de vigencia del acuerdo sin haberse acordado prórroga.

b) El acuerdo unánime de las partes firmantes.

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de algunos de los firmantes.

En este caso, cualesquiera de las partes podrán notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un plazo de un mes, con las obligaciones o compromisos que se considere incumplidos. Este requerimiento será comunicado a los miembros de la Comisión de Seguimiento.

Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que dirigió dicho requerimiento, notificará a la parte incumplidora la causa de la resolución y se entenderá extinguido el Convenio.

2. Efectos de la resolución:

a) El cumplimiento y la resolución del Convenio dará lugar a la liquidación del mismo con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes.

b) Se entenderá cumplido el Convenio cuando su objeto se haya realizado en los términos y a satisfacción de ambas partes, de acuerdo con sus respectivas competencias, teniendo en cuenta las siguientes reglas:

- Si de la liquidación resultara que el importe de las actuaciones ejecutadas por alguna de las partes fuera inferior a los fondos que la misma hubiera recibido del resto de partes del Convenio para financiar dicha ejecución, aquella deberá reintegrar a esta el exceso que corresponda a cada una, en el plazo máximo de un mes desde que se hubiera aprobado la liquidación.

Transcurrido el plazo máximo de un mes, mencionado en el párrafo anterior, sin que se haya producido el reintegro, se deberá abonar a dichas partes, también en el plazo de un mes a contar desde ese momento, el interés de demora aplicable al citado reintegro, que será en todo caso el que resulte de las disposiciones de carácter general reguladoras del gasto público y en la actividad económico-financiera del sector público.

- Si fuera superior, el resto de partes del Convenio, en el plazo de un mes desde la aprobación de la liquidación, deberá abonar a la parte de que se trate la diferencia que corresponda a cada una de ellas, con el límite máximo de las cantidades que cada una de ellas se hubiera comprometido a aportar en virtud del Convenio. En ningún caso las partes del Convenio tendrán derecho a exigir al resto cuantía alguna que supere los citados límites máximos.

No obstante, lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del Convenio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la Comisión de Seguimiento del Convenio podrán acordar la continuación y finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las mismas en los términos establecidos en el apartado anterior.

El citado acuerdo se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituye su objeto o por incurrir en causas de resolución.

Vigésima.- Normativa de aplicación y cuestiones litigiosas.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, siendo el régimen jurídico aplicable el Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y se regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias de Canarias, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. De forma supletoria será de aplicación el resto de las normas del derecho administrativo y en su defecto del derecho civil, y quedando excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, según lo dispuesto en el artículo 6 de dicha norma, pues su contenido no está comprendido en el de los contratos regulados en la referida ley y cumple las condiciones para dicha exclusión, dado que las entidades intervinientes no tienen vocación de mercado, el Convenio establece una cooperación entre las entidades participantes con el fin de garantizar que los servicios públicos que les incumben se prestan de modo que se logren los objetivos que tienen en común y el desarrollo de la cooperación se guía únicamente por el interés público.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación, cumplimiento y eficacia del presente Convenio, que no queden solventadas por la Comisión de Seguimiento regulada en la cláusula octava serán de conocimiento y competencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Vigésima primera.- Colaboración entre firmantes.

Quienes firman este documento colaborarán en todo momento, de acuerdo con los propósitos de buena fe y eficacia, para asegurar la correcta ejecución de lo pactado.

Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes firman el presente documento considerándose firmado en la fecha de la última de las firmas de las partes, 6 de mayo de 2024.- La Consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, María Candelaria Delgado Toledo.- El Rector de la Universidad La Laguna, Francisco Javier García Rodríguez.

ANEXO I

ACUERDO DE CORRESPONSABILIDAD EN EL TRATAMIENTO
DE LOS DATOS PERSONALES

Primero.- Objeto.

El objeto del presente Acuerdo es establecer el régimen jurídico aplicable al tratamiento de los datos personales que se traten o pudieran tratar por los Corresponsables del tratamiento (por una parte, la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, a través de la Secretaría General Técnica, y, por otra parte, la Universidad de La Laguna) en virtud del presente Convenio, definiendo las actividades que efectivamente desarrolle cada uno, los principios y procedimientos a los que habrán de ceñirse en cada caso, así como las responsabilidades asumidas por los mismos.

Todo ello en el marco del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), y demás normativa aplicable en cada momento en materia de protección de datos personales, así como del presente Acuerdo.

Segundo.- Actividades de tratamiento desarrolladas por los corresponsables e información personal concernida.

1.- El tratamiento de los datos personales por parte de cada corresponsable quedará circunscrito a lo que resulte necesario para llevar a cabo la ejecución del presente Convenio, y se efectuará siempre en el marco de la normativa aplicable en materia de protección de datos y en el presente Acuerdo.

2.- La finalidad del tratamiento será la adecuada ejecución de las actuaciones objeto del convenio, sin que se puedan tratar los datos personales para una finalidad distinta.

3.- Las actividades de tratamiento que se van a desarrollar por cada Corresponsable del tratamiento en el marco del Convenio son las que siguen, a saber:

a) Por parte de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, a través de la Secretaría General Técnica:

- Estructuración.

- Conservación.

- Consulta.

- Cotejo.

- Comunicación.

- Extracción.

b) Por parte de la Universidad de La Laguna:

- Recogida.

- Estructuración.

- Conservación.

- Consulta.

- Difusión.

- Cotejo.

- Supresión.

- Comunicación.

- Registro.

- Modificación.

- Extracción.

- Comunicación por transmisión.

- Interconexión.

- Limitación.

- Destrucción.

4.- Las categorías de datos personales que se tratarán por cada corresponsable para la ejecución del Convenio son las siguientes:

a) Por parte de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, a través de la Secretaría General Técnica:

- Datos de carácter identificativo: DNI o documento asimilado, nombre y apellidos, domicilio, nacionalidad, correo electrónico, teléfono, edad y sexo.

- Imagen.

- Según la naturaleza de los estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación, estos pueden implicar el tratamiento de los siguientes datos:

• Datos especialmente protegidos: salud.

• Circunstancias familiares y sociales, situación de vulnerabilidad.

• Datos académicos y profesionales.

• Detalles del empleo o de la situación de desempleo.

b) Por parte de la Universidad de La Laguna:

- Datos de carácter identificativo: correo electrónico, edad, sexo, estado civil y municipio de residencia.

- Imagen.

- Según la naturaleza de los estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación, estos pueden implicar el tratamiento de los siguientes datos:

• Datos especialmente protegidos: salud.

• Circunstancias familiares y sociales, situación de vulnerabilidad.

• Datos académicos y profesionales.

• Detalles del empleo o de la situación de desempleo

5.- Las categorías de personas interesadas cuyos datos serán tratados por cada corresponsable para la ejecución del Convenio son las siguientes:

a) Por parte de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, a través de la Secretaría General Técnica:

Personas miembros de asociaciones o de otras entidades privadas, con o sin ánimo de lucro, cargos públicos, personas de contacto, ponentes, personas sujetos de la investigación y personal de la Administración.

b) Por parte de la Universidad de La Laguna:

• Padres o tutores.

• Representantes legales.

• Personal investigador.

• Cargos públicos.

• Personas de contacto.

• Sujetos de una investigación.

• Otros empleados.

Tercero.- Obligaciones de los Corresponsables.

En observancia de la normativa aplicable en materia de protección de datos, cada corresponsable se compromete a respetar todas las obligaciones legales que pudieran corresponderle, y, de forma particular, a cumplir con las siguientes:

a) Asegurarse de que:

• Se observan los principios del tratamiento de datos personales a los que se refiere el artículo 5 del RGPD.

• Se informa de forma transparente, clara y sencilla de los tratamientos de datos previstos, así como del resto de los extremos legales dispuestos al efecto, en los términos establecidos en el apartado cuarto de este Acuerdo.

• Concurren las bases legales necesarias para el legítimo tratamiento de la información personal concernida en cada caso. Cuando tal base legal pivote sobre el consentimiento de la persona interesada se asegurará igualmente de que concurren las condiciones necesarias para su validez, conforme lo dispuesto en los artículos 7 y 8 del RGPD y demás normativa concordante.

• Se atiende a los derechos a la protección de datos personales conforme a la normativa aplicable en materia de datos personales y al apartado quinto del presente Acuerdo.

• Se observan los principios de privacidad desde el diseño y por defecto en la definición y diseño de las actividades de tratamiento y procesos asociados al respecto.

• Se adoptan las medidas técnicas, organizativas y de seguridad necesarias en cada momento a fin de atender a los riesgos de diversa probabilidad y gravedad concurrentes para los derechos y libertades de las personas físicas, conforme a lo establecido en el apartado sexto del presente Acuerdo. Periódicamente se revisará el grado efectivo de cumplimiento de las medidas implementadas.

• Se cumplen con las obligaciones de notificaciones de violaciones de seguridad a las que aluden los artículos 33 y 34 del RGPD, informando al otro corresponsable en un plazo no superior a 24 horas desde que se haya tenido conocimiento de las mismas.

• Se brinda la debida asistencia y apoyo al otro corresponsable en la posible realización de Evaluaciones de Impacto en la Protección de Datos Personales (EIPD) cuando proceda o se acuerde realizarlas por las partes respecto a las actividades de tratamiento que corresponda.

• En general, se cumple en todo momento con la totalidad de las obligaciones legales en materia de protección de datos personales.

b) Observar la más estricta confidencialidad y deber de secreto respecto de la información o datos que en su caso le sean proporcionados por el otro corresponsable, incluyendo los códigos, las identificaciones de usuario y/o las claves de acceso de los sistemas que en su caso le sean proporcionados por este último. Las obligaciones de confidencialidad y secreto establecidas en el presente documento tendrán una duración indefinida, manteniéndose en vigor con posterioridad a la finalización, por cualquier causa, de la relación entre ambos corresponsables.

Ambos corresponsables se comprometen recíprocamente y garantizan que las personas autorizadas para tratar datos personales por cuenta de cada uno de ellos cuenten con una formación adecuada en materia de protección de datos, y se hayan comprometido expresamente a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligación de confidencialidad de naturaleza estatutaria. En particular, cada corresponsable acreditará frente al otro, si así se le requiere, estos extremos.

c) En caso de haber designado formalmente a un Delegado de Protección de Datos, informar a la otra parte de sus datos de contacto conforme lo indicado a continuación:

- Datos de contacto de la persona Delegada de Protección de Datos de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias: dpd.derechossociales@gobiernodecanarias.org. Calle Leoncio Rodríguez, n.º 3, Edificio El Cabo, 5.ª planta, 38071, Santa Cruz de Tenerife.

- Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos de La Universidad de La Laguna: Delegado de Protección de Datos, Pabellón de Gobierno, calle Padre Herrera, s/n. Apartado postal 456, 38200-San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife; dpd@ull.es.

Se informará igualmente de cualquier cambio en la designación o en los datos de contacto de quien actúe como Delegado de Protección de Datos.

Cuarto.- Transparencia e información a las personas interesadas.

A fin de cumplir las obligaciones de transparencia y deber de información, cada corresponsable deberá poner a disposición de las personas interesadas, en el momento de la recogida de los datos, la información señalada en el artículo 11 de la LOPDGDD.

Esta información se pondrá a disposición de las personas interesadas según el modelo que figura como Anexo II del presente Acuerdo, y contendrá, asimismo, los aspectos esenciales del presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 26.2 del RGPD.

Quinto.- Ejercicio de derechos de las personas interesadas.

Cada corresponsable atenderá las solicitudes de ejercicio de derechos a la protección de datos personales que las personas interesadas ejerciten frente a cada uno de ellos en el desarrollo de las específicas actividades de tratamiento que le competan según este Acuerdo, de forma que los puntos de contacto por cada corresponsable a estos efectos son los que siguen:

- Por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, a través de la Secretaría General Técnica: https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/5211

- Por la Universidad de La Laguna: Delegado de Protección de Datos, Pabellón de Gobierno, calle Padre Herrera, s/n. Apartado postal 456, 38200-San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife; dpd@ull.es

También podrá remitir al otro corresponsable dicha solicitud, para su tramitación, comunicando este extremo a la persona interesada, si entendiese, en virtud de lo previsto en el presente Acuerdo, que su resolución compete al mismo.

En todo caso, el corresponsable que reciba una solicitud de ejercicio de derechos deberá informar al otro corresponsable, sobre todo, ante la posibilidad de que la persona interesada pueda, en todo caso, ejercer los derechos que les reconoce la normativa aplicable frente a, y en contra de, cada uno de los corresponsables en atención a lo previsto en el artículo 26.3 del RGPD.

Sexto.- Medidas de seguridad.

1.- Cada corresponsable adoptará las siguientes medidas de seguridad:

a) Por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, a través de la Secretaría General Técnica:

Son aplicables las medidas de seguridad previstas en Capítulo IV del Título VIII del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, respecto al tratamiento no automatizado de los datos.

Respecto al tratamiento automatizado de datos, son aplicables las medidas de seguridad de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.

b) Por la Universidad de La Laguna:

Esta información deberá ser solicitada directamente al Delegado de Protección de Datos en caso necesario.

2.- Adicionalmente, cada una de las partes se compromete a:

a) Realizar un análisis de riesgos para la seguridad de sus sistemas y, si procediera, una evaluación de impacto relativa a la protección de datos.

b) Garantizar que poseen la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida en caso de incidente físico o técnico.

c) Con carácter periódico, realizar procesos singulares de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento, así como una auditoría global periódicamente.

d) Adicionalmente, adoptar medidas de seguridad consistentes en la seudonimización y/o el cifrado de datos personales.

Séptimo.- Responsabilidad.

En caso de que una autoridad de control sancione a un corresponsable que no haya cumplido las estipulaciones de este Acuerdo o de la normativa aplicable, así como en los casos en que dicte una sentencia firme en el mismo sentido, este responderá de forma directa debiendo indemnizar al otro corresponsable de los daños y perjuicios causados, si este último se viera afectado de alguna forma como consecuencia de esta situación de incumplimiento y sin haber contribuido a tal infracción de la que trae causa la sanción impuesta o la sentencia condenatoria correspondiente.

Cuando, con motivo de una operación de tratamiento en la que hayan participado los corresponsables, estos causaren daños o perjuicios, cada uno de ellos responderá en los términos previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 82 del RGPD, asegurando la reparación a la persona interesada. Si, en tales circunstancias, uno de los corresponsables asume el abono del monto total de una indemnización y/o los costes de reparación del daño, tendrá derecho a reclamar al otro responsable que, en su caso, haya participado en esa misma operación de tratamiento, la parte de la indemnización correspondiente a su parte de responsabilidad.

La determinación de las responsabilidades se realizará atendiendo a las actividades que efectivamente desarrolle cada uno de los Corresponsables del tratamiento.

Octavo.- Cesiones y transferencias internacionales de datos personales.

Los datos personales podrán ser cedidos a las autoridades y entidades competentes en función de la legislación aplicable en cada caso y a lo dispuesto en el registro de actividades de tratamiento de cada corresponsable. Fuera de estos supuestos no se cederán a terceros salvo que así lo imponga la legislación aplicable.

A priori, no están previstas transferencias internacionales de los datos personales, adoptándose, en caso de que pudieran producirse o concurrir, las condiciones o garantías dispuestas al efecto en el Capítulo V del RGPD.

Noveno.- Duración.

La duración del presente Acuerdo está vinculado a la duración del Convenio (y sus posibles prórrogas) y de las responsabilidades que cualquiera de los corresponsables mantenga en cumplimiento de sus obligaciones legales. Ello se entiende al margen del carácter indefinido de las obligaciones de confidencialidad y de secreto a las que se refiere el apartado tercero del presente Acuerdo.

Cada una de las partes será responsable de determinar los plazos de conservación y de conservar la información tratada en sus respectivos sistemas, procediendo a su eliminación. Una vez finalizado el tratamiento, cada parte asumirá la responsabilidad exclusiva sobre los datos que continúen en su poder.

En el caso de que los datos tratados en el desarrollo de este Acuerdo correspondieran de forma previa al mismo a una de las partes, el corresponsable destinatario de los mismos deberá devolver de forma segura la información, pudiendo establecerse o requerirse por el corresponsable cedente cuantas garantías de cumplimiento resulten pertinentes y razonables en este ámbito.

ANEXO II

INFORMACIÓN PUESTA A DISPOSICIÓN DE LAS PERSONAS INTERESADAS SOBRE EL CONTENIDO ESENCIAL DEL ACUERDO DE CORRESPONSABILIDAD EN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD, JUVENTUD, INFANCIA Y FAMILIAS, Y LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA, PARA EL DESARROLLO DEL DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS MULTISECTORIAL DE LA SITUACIÓN Y EL ESTADO DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN CANARIAS.

Se le informa que sus datos serán tratados en régimen de corresponsabilidad por:

A) Corresponsable 1: Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, a través de la Secretaría General Técnica.

- Datos de contacto del Corresponsable:

Calle Leoncio Rodríguez, n.º 3, Edificio El Cabo, planta 5.ª, 38071-Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, teléfono: 922 95 12 52.

Calle Prof. Agustín Millares Carló, n.º 18, Edificio Servicios Múltiples II, planta 3.ª, 35071-Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, teléfono: 928 11 57 64.

- Contacto de la persona Delegada de Protección de Datos:

dpd.derechossociales@gobiernodecanarias.org

Calle Leoncio Rodríguez, n.º 3, Edificio El Cabo, 5.ª planta, 38071, Santa Cruz de Tenerife.

B) Corresponsable 2: Universidad de La Laguna.

- Datos de contacto del Corresponsable: Celsa María Cáceres, ccaceres@ull.es

- Contacto del Delegado de Protección de Datos: dpd@ull.edu.es

A efectos de determinar las responsabilidades asumidas por los corresponsables en el tratamiento conjunto de sus datos, los citados corresponsables han suscrito un Acuerdo de Corresponsabilidad en virtud del artículo 26 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y del artículo 29 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Los elementos esenciales del Acuerdo de Corresponsabilidad, en lo que a sus derechos y a la protección de sus datos concierne, son los siguientes:

1) Finalidad del tratamiento.

Los corresponsables tratarán sus datos personales con la siguiente finalidad:

La finalidad del tratamiento será la adecuada ejecución de las actuaciones objeto del Convenio, sin que pueda tratar los datos personales para una finalidad distinta.

El tratamiento de sus datos personales por parte de cada corresponsable quedará circunscrito a lo que resulte necesario para el mejor desarrollo del Convenio de Colaboración entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, y la Universidad de La Laguna, para el desarrollo del diagnóstico y análisis multisectorial de la situación y el estado de los servicios sociales en Canarias.

2) Punto de contacto habilitado para el ejercicio de derechos.

Usted podrá ejercer sus derechos sobre sus datos personales, de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento y, en su caso, a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, dirigiendo su solicitud ante cualquiera de las partes corresponsables (si bien se aconseja, en la medida de lo posible, que se dirija a aquel cuya actividad de tratamiento guarde, en principio, más relación con su solicitud). Los puntos de contacto por cada corresponsable a estos efectos son los que siguen:

- Por Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, a través de la Secretaría General Técnica: https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/5211

- Por la Universidad de La Laguna: Delegado de Protección de Datos, https://www.ull.es/servicios/dpd/; dpd@ull.edu.es

3) Colaboración de los corresponsables en el tratamiento.

Ambos corresponsables se han comprometido a colaborar de forma leal para cumplir las obligaciones que a cada uno corresponden en el tratamiento de sus datos personales.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Puede consultar el contenido completo del Acuerdo de Corresponsabilidad en el Boletín Oficial de Canarias en el que se publique el presente Convenio, dentro del cual el Acuerdo de Corresponsabilidad figura como anexo.

Asimismo, puede consultar el contenido completo del registro de actividades de tratamiento de datos personales, en el que se inserta la actividad realizada, de cada corresponsable, en:

- Por la Secretaría General Técnica: Secretaría General Técnica (gobiernodecanarias.org)

- Por Parte de la Universidad de La Laguna: https://www.ull.es/informacion-sobre-web-institucional/#registro-actividades-tratamiento



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