BOC - 2024/56. Lunes 18 de marzo de 2024 - 1033

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Cabildo Insular de Lanzarote

1033 - ANUNCIO de 5 de marzo de 2024, relativo a la aprobación definitiva del Reglamento Orgánico por el que se crea y regula el Órgano de Evaluación Ambiental Insular de Lanzarote y La Graciosa..

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El Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote

HACE SABER: que el Pleno del Cabildo Insular de Lanzarote, en sesión ordinaria celebrada el 23 de febrero de 2024, acordó aprobar definitivamente el Reglamento Orgánico por el que se crea y regula el Órgano de Evaluación Ambiental Insular de Lanzarote y La Graciosa.

A continuación se publica el texto íntegro del Reglamento Orgánico por el que se crea y regula el Órgano de Evaluación Ambiental Insular de Lanzarote y La Graciosa, cuya entrada en vigor se producirá a los 15 días hábiles de su publicación.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Arrecife, a 5 de marzo de 2024.- El Consejero Delegado de Presidencia, Miguel Ángel Jiménez Cabrera.

PREÁMBULO.

I.- Marco legal y competencial autonómico del órgano ambiental.

II.- Competencias.

III.- Sobre el cumplimiento de los principios exigibles en el ejercicio de la iniciativa normativa y la potestad reglamentaria previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1. Definición y objeto.

Artículo 2. Naturaleza del Órgano y régimen de funcionamiento de sus integrantes.

Artículo 3. Adscripción del Órgano.

Artículo 4. Ámbito territorial y material de actuación.

Artículo 5. Sede.

CAPÍTULO II.- FUNCIONES DE LAS PERSONAS INTEGRANTES Y RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DEL ÓRGANO.

Artículo 6. Composición, nombramiento, cese de las personas titulares y suplentes del Órgano. Retribución de sus funciones.

Artículo 7. Régimen de incompatibilidades de las personas integrantes del Órgano.

Artículo 8. Designación de la Secretaría.

Artículo 9. Funciones de las personas integrantes del Órgano y de la Secretaría.

Artículo 10. Ponencias.

Artículo 11. Convocatoria, asistencia, quorum y adopción de acuerdos.

Artículo 12. Actas de las sesiones.

Artículo 13. Régimen de impugnación de acuerdos.

Artículo 14. Plazos.

Artículo 15. Medios materiales y personales de apoyo al Órgano.

DISPOSICIONES ADICIONALES.

Primera. Aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Segunda. Régimen de funcionamiento del Órgano.

Tercera. Régimen jurídico de aplicación.

Cuarta. Desarrollo y ejecución del Reglamento.

Quinta. Modificación del Reglamento.

Sexta. Puestos de trabajo adscritos a la Oficina de Apoyo.

DISPOSICIÓN FINAL.

Única. Publicación y entrada en vigor.

PREÁMBULO

I.- Marco legal y competencial autonómico del órgano ambiental.

El artículo 11.3 de la Ley 21/2013, de 9 diciembre, de evaluación ambiental, establece que: “En el caso de planes, programas y proyectos cuya adopción, aprobación o autorización corresponda a las entidades locales, las funciones atribuidas por esta ley al órgano ambiental y al órgano sustantivo corresponderán al órgano de la Administración autonómica o local que determine la legislación autonómica”.

En desarrollo de la misma, la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, regula el marco competencial de la evaluación ambiental de planes y programas en el artículo 86.6.c), y el de proyectos en la disposición adicional primera.

En relación al órgano ambiental de la evaluación ambiental estratégica de los planes y programas, la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, determina en su artículo 86.6.c) y 7:

“c) Órgano ambiental: en el caso de los instrumentos autonómicos, lo será el órgano que designe el Gobierno de Canarias; en cuanto a los instrumentos insulares, lo será el órgano que designe el cabildo o, previa delegación, el órgano ambiental autonómico; y en el caso de los instrumentos municipales, lo será el que pueda designar el ayuntamiento, si cuenta con los recursos suficientes, pudiendo delegar esta competencia en el órgano ambiental autonómico o el órgano ambiental insular de la isla a la que pertenezca, o bien constituir un órgano ambiental en mancomunidad con otros municipios. Asimismo, podrá encomendarse el ejercicio de los aspectos materiales o técnicos de la competencia de los órganos ambientales, en caso de estar constituidos, mediante convenio de encomienda de gestión en los términos de la legislación básica sobre régimen jurídico del sector público.

El acuerdo de delegación o encomienda o de aceptación de las mismas o de aprobación del convenio de encomienda deberá adoptarse por el pleno de la entidad o por el Gobierno de Canarias, según proceda.

No obstante, en los municipios de menos de 100.000 habitantes de derecho, la evaluación ambiental de la ordenación urbanística estructural de los planes generales de ordenación, así como en los casos de modificación sustancial de los mismos, corresponderá al órgano ambiental autonómico. A estos efectos, se entiende por ordenación urbanística estructural la delimitada por el artículo 136 de esta ley, y por modificación sustancial los supuestos previstos en el artículo 163 de esta ley.

Asimismo, podrá encomendarse el ejercicio de los aspectos materiales o técnicos de la competencia de los órganos ambientales, en caso de estar constituidos, mediante convenio de encomienda de gestión en los términos de la legislación básica sobre régimen jurídico del sector público.

El acuerdo de delegación deberá adoptarse por el Pleno de la entidad local, y el acuerdo de aceptación de la delegación o de aprobación del convenio de encomienda, por el Pleno del respectivo cabildo insular o por el Gobierno de Canarias, según proceda.

No obstante, en los municipios de menos de 100.000 habitantes de derecho, la evaluación ambiental de la ordenación urbanística estructural de los planes generales de ordenación, así como en los casos de modificación sustancial de los mismos, corresponderá al órgano ambiental autonómico. A estos efectos, se entiende por ordenación urbanística estructural la delimitada por el artículo 136 de esta ley, y por modificación sustancial los supuestos previstos en el artículo 163 de esta ley.

7. De acuerdo con la normativa europea y estatal, el órgano ambiental debe contar con separación funcional y orgánica respecto del órgano sustantivo.”

En cuanto a la evaluación de impacto ambiental de proyectos, regulada en el apartado 1 de la disposición adicional primera, se dispone que esta se realizará de conformidad con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, estableciendo el apartado 4 de la misma respecto al órgano ambiental:

“4. A los efectos de la presente ley, el órgano ambiental será el que designe la administración competente para autorizar o aprobar el proyecto, debiendo garantizarse la debida separación funcional y orgánica respecto del órgano sustantivo en los términos previstos en la legislación estatal básica.

Sin perjuicio de la previsión del párrafo anterior, los entes locales podrán delegar la competencia para la evaluación ambiental de proyectos en el órgano ambiental autonómico o en el órgano ambiental insular, o bien encomendarles mediante convenio el ejercicio de los aspectos materiales de dicha competencia. El acuerdo de delegación deberá adoptarse por el Pleno de la entidad local, y el acuerdo de aceptación de la delegación o de aprobación del convenio de encomienda, por el Pleno del respectivo cabildo insular o por el Gobierno de Canarias, según proceda.”

Por tanto, ambos preceptos de la ley autonómica facultan a la Administración Insular a designar el órgano ambiental, garantizando la debida separación funcional y orgánica respecto del órgano sustantivo, que actuará en los expedientes de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, y de evaluación ambiental de proyectos que deban ser sometidos a evaluación, de acuerdo con lo previsto en la propia Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, llevando a cabo cuantas actuaciones y procedimientos establezca la normativa, con carácter previo a tomar las decisiones del órgano sustantivo insular, o del municipal en caso de delegación.

II.- Competencia.

La autoorganización y la potestad normativa constituyen uno de los rasgos definitorios de la autonomía local, y así se reconoce en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, al disponer que “en su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios, las provincias y las islas: a) Las potestades reglamentaria y de autoorganización (…)”.

Además es doctrina reiterada del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que, en materia organizativa, la Administración goza de un amplio poder que le permite configurar las unidades y servicios necesarias para el cumplimiento de su misión, con libertad y sin más límites que el respeto a la legalidad y la sumisión a la satisfacción del interés público.

Por otro lado, el artículo 66 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares, señala que estos, “... a través de sus reglamentos de organización, con sujeción a lo establecido en la legislación de régimen jurídico de las administraciones públicas y en esta ley, podrán crear órganos complementarios. Asimismo, mediante la relación de puestos de trabajo establecerán las unidades administrativas necesarias para el ejercicio de sus competencias”. La potestad autoorganizativa de las Administraciones Públicas les atribuye la facultad de organizar los servicios en la forma que estimen más conveniente para su mayor eficacia.

El artículo 5.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sobre los órganos administrativos, de carácter básico para todas las Administraciones Públicas conforme a su disposición final decimocuarta, señala que corresponde a cada Administración Pública delimitar, en su respectivo ámbito competencial, las unidades administrativas que configuran los órganos administrativos propios de las especialidades derivadas de su organización. El artículo 5.3 de la misma ley contempla que la creación de cualquier órgano administrativo exigirá, al menos, el cumplimiento de los siguientes requisitos:

“a) Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su dependencia jerárquica.

b) Delimitación de sus funciones y competencias.

c) Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.”

De conformidad con lo anterior, el órgano ambiental cuya creación se propone debe gozar de una especial autonomía orgánica y funcional en el desarrollo de su actividad y en el cumplimiento de sus fines específicos, debiendo estar compuesto por personas que respondan a los criterios de profesionalidad, e independencia, imparcialidad y objetividad, adoptando sus decisiones de forma colegiada, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.

En cumplimiento de las determinaciones establecidas por la legislación vigente, y tras la consulta pública realizada de conformidad con el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el Cabildo Insular de Lanzarote opta por la creación de un órgano colegiado que asuma las funciones en materia de evaluación ambiental de planes y programas y de proyectos.

De acuerdo con el artículo 86.7 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, el presente Reglamento viene a regular el objeto, naturaleza, composición y funcionamiento del órgano encargado de la evaluación de planes y programas y proyectos.

En el marco de las competencias que le son propias, la Corporación ha decidido crear el Órgano de Evaluación Ambiental Insular de Lanzarote y La Graciosa mediante la aprobación de un Reglamento Orgánico, complementario del Reglamento Orgánico del Cabildo, cuya aprobación inicial y definitiva compete al Pleno.

III.- Sobre el cumplimiento de los principios exigibles en el ejercicio de la iniciativa normativa y la potestad reglamentaria previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En lo que respecta a la potestad reglamentaria de las entidades locales recogida en el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, esta debe ser ejercida, con carácter básico, en los términos establecidos en el Título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuyo título es “De la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones”.

Dispone el artículo 128 de la citada Ley lo siguiente:

“1. El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos, y a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

2. Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público.

3. Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior.”

En cuanto a su forma de ejercicio, el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recoge los principios de buena regulación en el ejercicio de la potestad reglamentaria, disponiendo que las Administraciones Públicas actuarán “de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia”, para añadir que “en virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa debe estar justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución”.

La creación del órgano ambiental responde al interés general, en cuanto tiene como objeto crear y regular el funcionamiento del Órgano de Evaluación Ambiental Insular de Lanzarote y La Graciosa, al amparo de lo establecido en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

En cuanto a los fines concretos que se persiguen con la presente norma, se encuentra la evaluación ambiental de planes, programas y proyectos de ámbito insular que determine la legislación ambiental aplicable en cada momento, actualmente recogida con carácter general en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de Espacios Naturales Protegidos de Canarias, con carácter previo a la decisión del órgano sustantivo insular, o municipal en caso de delegación. Asimismo, contempla la posibilidad de actuar como órgano ambiental de los proyectos, planes y programas promovidos por los organismos públicos del Cabildo de Lanzarote.

En lo que respecta a un fin genérico, con la creación de este órgano por la Corporación Insular se pretende una mejor protección del medioambiente insular, la sostenibilidad en la toma de decisiones y garantizar una adecuada prevención de los impactos ambientales en el territorio insular.

El Reglamento contiene la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir (principio de proporcionalidad).

Para garantizar el principio de seguridad jurídica, en virtud de lo establecido en el artículo 129.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la regulación contenida en el Reglamento es coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, y genera un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre en los procedimientos de evaluación ambiental que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de personas y empresas.

La iniciativa evita cargas administrativas innecesarias o accesorias y regula lo imprescindible y necesario para que el Órgano Ambiental que se crea cumpla las funciones, fines y objetivos señalados por las leyes (principio de eficiencia del artículo 129.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

El abono de retribuciones a las personas integrantes del Órgano afecta a gastos públicos futuros, por lo que, en cumplimiento del artículo 129.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se deberán supeditar al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Definición y objeto.

El Órgano de Evaluación Ambiental de Lanzarote y La Graciosa se constituye como el órgano de evaluación ambiental actuante en los expedientes de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, y de evaluación ambiental de proyectos, en el ámbito competencial insular definido en las vigentes leyes, llevando a cabo cuantas actuaciones y procedimientos establezca la normativa de aplicación, con carácter previo a las decisiones del órgano sustantivo insular, o municipal en caso de delegación por los Ayuntamientos, sin perjuicio de que pueda encomendarse el ejercicio de los aspectos materiales o técnicos de la competencia de los órganos ambientales municipales en el órgano ambiental insular mediante convenio de encomienda de gestión en los términos de la legislación básica sobre régimen jurídico del sector público, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, 86.6 y disposición adicional primera de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

La evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos objeto del Órgano se realizará de conformidad con lo establecido en la normativa europea, legislación básica estatal y normativa autonómica que sea aplicable en cada momento.

Artículo 2.- Naturaleza del Órgano y régimen de funcionamiento de sus integrantes.

1. El Órgano se configura como órgano complementario del Cabildo de Lanzarote, de carácter administrativo y colegiado, para el cumplimiento de sus fines específicos, integrado por personas que respondan a criterios de autonomía, especialización y profesionalidad, adoptando sus decisiones de forma colegiada.

2. Las personas integrantes del Órgano ejercerán sus funciones con independencia, imparcialidad y objetividad, basando su actuación en los principios de celeridad y eficacia, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.

Artículo 3.- Adscripción del Órgano.

El Órgano se adscribe, a efectos organizativos, a la Consejería competente en materia de política territorial de la Corporación Insular. Queda integrado en la misma sin pertenecer a su estructura jerárquica. Gozará, en todo caso, de la preceptiva autonomía orgánica y funcional, garantizándose la independencia de sus integrantes respecto al órgano sustantivo actuante en relación con cada expediente, en cumplimiento de lo previsto en la normativa europea de evaluación ambiental, legislación básica estatal, el artículo 86.7 y la disposición adicional primera, apartado 4, de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

Artículo 4.- Ámbito territorial y material de actuación.

1. El ámbito territorial de actuación del Órgano, en relación a los expedientes de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, y de evaluación ambiental de proyectos, se circunscribe a las islas de Lanzarote y La Graciosa, sin perjuicio de que, en virtud de delegación, actúe como órgano ambiental municipal, circunscribiéndose su actuación, en tal caso, al territorio de los municipios delegantes.

2. El ámbito material de actuación del Órgano se encuentra determinado, con carácter general, por la evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, de acuerdo con lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, normativa de carácter básico en los términos establecidos en su disposición final octava.

3. En particular, el ámbito material está determinado por la evaluación ambiental de planes, programas y proyectos, ya sean de iniciativa pública o privada, que precisen de evaluación ambiental, según lo previsto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y cuya aprobación, modificación sustancial, adaptación o autorización, corresponda:

a) Al Cabildo Insular de Lanzarote.

b) A los municipios, en el supuesto de la delegación a que se refiere el artículo 86.6.c) de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

4. El Órgano también actuará como órgano de evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos recogidos en los puntos 4.1 y 4.2 anteriores, promovidos por los organismos públicos del Cabildo de Lanzarote, que se constituyan de conformidad con lo previsto en los artículos 196 y siguientes del Reglamento Orgánico del Cabildo Insular de Lanzarote. Asimismo, también podrá actuar como órgano ambiental para la evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos promovidos por los organismos públicos dependientes de los municipios con los que se acuerde delegación.

5. El Órgano ejercerá aquellas otras competencias que le atribuyan las leyes.

Artículo 5.- Sede.

El Órgano tendrá su sede en el Cabildo Insular de Lanzarote, Avenida Fred Olsen, s/n, Arrecife, con independencia del lugar donde se acuerde la celebración de las reuniones, a las que se podrá asistir de forma presencial o telemática.

CAPÍTULO II

FUNCIONES DE LAS PERSONAS INTEGRANTES Y RÉGIMEN
DE FUNCIONAMIENTO DEL ÓRGANO

Artículo 6.- Composición, nombramiento, cese de las personas titulares y suplentes del Órgano. Retribución de sus funciones.

1. El Órgano tendrá carácter colegiado y estará integrado por una persona que ostente la Presidencia, una persona que ostente la Secretaría y cuatro Vocales, con sus respectivos suplentes. Las personas suplentes intervendrán, con carácter temporal, en los supuestos de ausencia, vacancia, enfermedad o impedimento de cualquiera de las personas titulares, así como por causa de incompatibilidad respecto a un concreto expediente de conformidad con el artículo 7.4 de este Reglamento.

2. Igualmente, y en virtud de Acuerdo Plenario, a propuesta de la persona que ostente la Presidencia del Cabildo Insular, precedida a su vez de la propuesta de la persona que ostente la Presidencia del Órgano, podrá incrementarse el número de vocales que hayan de integrar el Órgano cuando el volumen de asuntos sometidos a su conocimiento lo aconseje.

3. La designación de las personas vocales del Órgano y de sus suplentes, que será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, se realizará nominalmente por acuerdo del Pleno de la Corporación Insular, por mayoría absoluta, a propuesta de la persona que ostente la Presidencia del Cabildo Insular, se efectuará, o bien entre personas empleadas públicas tanto funcionarias clasificadas en el Subgrupo A1 y A2 del artículo 76 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, como personal laboral fijo de los grupos 1 y 2, o entre personas con reconocida competencia profesional, con titulación superior y de conformidad con las normas sobre cualificaciones profesionales. En todos los casos deberán contar con formación y especialización acreditadas en materia jurídica, técnica, territorial y/o medioambiental, e igualmente deberán cumplir los criterios de profesionalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

4. En el caso de la persona que ostente la Secretaría y su suplente, deberán ser necesariamente designadas nominalmente por acuerdo del Pleno de la Corporación Insular, por mayoría absoluta, a propuesta de la persona que ostente la Presidencia del Cabildo Insular, entre personas que sean funcionarias del Cabildo de Lanzarote, clasificadas en el subgrupo A1 del artículo 76 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

5. En el caso de que el Órgano actúe como órgano ambiental de los municipios, la entidad local promotora designará a una persona para el caso concreto, que actuará con voz pero sin voto.

6. Corresponde a la persona que ostente la Presidencia del Cabildo Insular designar por Decreto, de entre las personas integrantes del Órgano, a la que ostente la Presidencia del mismo. En los casos de vacante, ausencia, enfermedad o abstención legal o reglamentaria de la persona que ostente la Presidencia, ejercerá sus funciones la persona vocal mas antigua en el cargo, y en caso de igualdad, la de mayor edad.

7. Las personas integrantes del Órgano serán nombradas por un periodo de cinco años, pudiendo ser designadas nuevamente por periodos de igual duración a la señalada.

8. Las personas titulares y suplentes del Órgano tendrán carácter independiente y no podrán ser removidas de sus puestos sino por las causas siguientes:

a) Expiración de su nombramiento, no pudiendo cesar hasta tanto se proceda al nombramiento de las nuevas personas integrantes una vez cumplido el plazo de los 5 años mencionado en el apartado 5 de este artículo.

b) Renuncia, que se presentará por escrito a la persona que ostente la Presidencia del Órgano.

c) Revocación, acordada motivadamente por el órgano que las designó, por incumplimiento grave de sus obligaciones.

d) Condena firme a pena privativa de libertad o de inhabilitación absoluta o especial para empleo o cargo público por razón de delito o por sanción disciplinaria por falta grave o muy grave en el caso de las personas empleadas públicas.

e) Muerte o incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función.

9. Producida la pérdida de la condición de vocal, se deberá proceder a un nuevo nombramiento o al nombramiento de nueva persona que lo sustituya de acuerdo con el procedimiento que prevé este Reglamento para el nombramiento de sus personas integrantes.

10. Si las personas integrantes del Órgano (titulares o suplentes) son personas empleadas públicas en situación de servicio activo en la Corporación Insular o en otra Administración Pública, tendrán derecho a percibir:

a) Asistencias por concurrencia a reuniones de órganos colegiados de la Administración, con arreglo a lo establecido en el Real Decreto 462/2002, sobre indemnizaciones por razón de servicio y las Bases de ejecución del Presupuesto de la Corporación.

b) Gratificaciones por servicios extraordinarios siempre que se trate de empleadas públicas del Cabildo de Lanzarote. Dichos servicios extraordinarios se han de realizar fuera de la jornada normal de trabajo, sin que, en ningún caso, puedan ser tales gratificaciones ni fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, debiendo contar con la debida consignación presupuestaría y ajustarse a las correspondientes Bases de ejecución del Presupuesto.

11. En el caso de las personas integrantes del Órgano que no ostenten la condición de empleadas públicas, recibirán las cuantías fijadas por el Consejo de Gobierno.

Artículo 7.- Régimen de incompatibilidades de las personas integrantes del Órgano.

1. A las personas integrantes del Órgano les será de aplicación el régimen de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, así como el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y, en lo que resulte de aplicación, la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria.

2. Las personas integrantes del Órgano deberán abstenerse de conocer y resolver en los supuestos previstos en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

3. Las personas integrantes del Órgano podrán ser recusadas por las causas previstas legalmente. Sobre la recusación de las personas vocales resolverá la persona que ostente la Presidencia del Órgano y sobre la recusación de esta resolverá la persona que ostente la Presidencia del Cabildo.

4. A los efectos de garantizar la debida separación funcional y orgánica de las personas integrantes del órgano ambiental respecto del órgano sustantivo actuante en relación con cada expediente, las personas integrantes del Órgano y el personal de la Oficina de Apoyo Técnico Jurídico no podrán actuar en aquellos expedientes que tengan su origen en el propio Servicio Administrativo o Técnico en el que presten sus servicios, siempre y cuando hubieran participado en cualquier fase de su tramitación previa, singularmente mediante la emisión de informes en los mismos. Tampoco pueden participar en ningún trámite posterior propio del órgano sustantivo.

5. Las personas integrantes del Órgano que ostenten la condición de personas empleadas públicas y las personas integrantes de la Oficina de Apoyo Técnico Jurídico, estarán obligadas a presentar declaración jurada de no hallarse incursas en causa de incompatibilidad, tanto de conformidad con el régimen general de incompatibilidades señalado en el apartado 1 de este artículo, como por razón de actividad pública o privada en materia de planes, programas y proyectos.

Artículo 8.- Designación de la Secretaría.

1. El Órgano estará asistido por una persona que ejercerá las funciones de Secretaría, que actuará con voz y sin voto.

2. La persona titular de la Secretaría y su suplente serán nombradas de conformidad con el procedimiento indicado en el artículo 6.4 de este Reglamento.

Artículo 9.- Funciones de las personas integrantes del Órgano y de la Secretaría.

1. Corresponden a la Presidencia del Órgano las siguientes funciones:

a) Representar al Órgano, dirigir su actividad, su coordinación y sus relaciones externas.

b) Convocar, suspender y levantar las sesiones del Órgano y fijar el orden del día con la asistencia de la Secretaría del Órgano.

c) Presidir las sesiones, dirigiendo las deliberaciones y votaciones.

d) Dirimir con voto de calidad los empates en las votaciones.

e) Visar los acuerdos, informes y actas.

f) Solicitar informes técnicos y jurídicos para el mejor asesoramiento del Órgano.

g) Adoptar cuantos actos sean procedentes para asegurar la efectividad y ejecución de los acuerdos del Órgano.

h) Notificar, junto con la Secretaría, los acuerdos adoptados por el Órgano.

i) Invitar a las sesiones del Órgano a cuantas personas profesionales y representantes de las administraciones públicas u otras entidades considere oportuno por razón de la materia a tratar. Dichas personas invitadas actuarán con voz pero sin voto.

j) Mantener informado al órgano sustantivo de los acuerdos del Órgano.

k) Acordar el reparto o de los asuntos entre las vocalías, la Secretaría y la propia Presidencia.

l) Formular, tras la emisión de los informes técnicos y jurídicos que correspondan, las propuestas de acuerdo de los asuntos que se sometan al Órgano.

m) Cuantas otras funciones sean inherentes a la condición de la Presidencia y le atribuya la normativa básica de aplicación.

n) Las que no estén atribuidas expresamente a otra persona integrante del Órgano.

2. Corresponden a las personas Vocales del Órgano las funciones siguientes:

a) Asistir a las sesiones del Órgano.

b) Examinar la documentación sobre los asuntos a tratar.

c) Recabar de la persona ponente, o de cualquier otra persona técnica presente en la sesión, las aclaraciones o explicaciones que estime necesarias para un mejor conocimiento de los temas examinados, sin perjuicio de la Información documental que sobre cada asunto se pondrá a su disposición desde la correspondiente convocatoria.

d) Intervenir en las deliberaciones y votar, en su caso, la adopción de acuerdos. Quienes disientan de los acuerdos adoptados por la mayoría del Órgano, podrán formular votos particulares que revestirán la misma forma que los acuerdos.

e) Cualquier otra función que se les atribuya por las disposiciones de aplicación o les asigne la Presidencia.

3. Corresponde a la Secretaría del Órgano:

a) Asistir a las reuniones del Órgano con voz en todas aquellas cuestiones de estricta legalidad planteadas por cualquiera de las personas integrantes del mismo.

b) Efectuar por orden de la Presidencia la convocatoria de las sesiones.

c) Redactar, autorizar y custodiar las actas de las sesiones.

d) Velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del Órgano.

e) Expedir certificaciones sobre los acuerdos y datos contenidos en las actas del Órgano.

f) Custodiar la documentación del Órgano.

g) Cualquier otra función que se atribuya a la Secretaría de órganos colegiados por la legislación básica.

Artículo 10.- Ponencias.

Las personas ponentes de los asuntos que se sometan al Órgano serán designadas por la persona que ostente la jefatura de Servicios de la Oficina de Apoyo administrativo, técnico y jurídico prevista en el artículo 15 entre las personas empleadas públicas que realicen el análisis técnico y jurídico de los expedientes en dicha Oficina. Sin perjuicio de que actúe como persona ponente la propia persona que ostente la jefatura de Servicios si así lo decide.

Artículo 11.- Convocatoria, asistencia, quorum y adopción de acuerdos.

1. Las sesiones del Órgano serán convocadas por la Presidencia con la periodicidad que determinen los asuntos a resolver, o, a propuesta de la mayoría absoluta de los vocales, teniendo las sesiones ordinarias una periodicidad bimestral, salvo que no haya asuntos a tratar.

La convocatoria se realizará con la antelación suficiente para que sea conocida por todas las personas integrantes, con un mínimo de 4 días hábiles de antelación, salvo en los casos de sesiones extraordinarias y urgentes, en las que bastará una antelación de 24 horas, debiendo ratificarse la urgencia como primer punto del orden del día.

La citación para la convocatoria será cursada por la Secretaría, en nombre de la Presidencia, incluyendo el orden del día, y el lugar, día y hora de celebración en primera y segunda convocatoria. Podrá realizarse por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción por el destinatario y preferiblemente a través de medios electrónicos.

Al orden del día se podrán añadir asuntos por motivos de urgencia, siempre y cuando sea comunicado con una antelación de 24 horas. A propuesta motivada de la Presidencia el Órgano podrá acordar en la misma sesión que se esté celebrando la alteración de los puntos del orden del día.

Podrán ser objeto de deliberación y acuerdo asuntos que no estén incluidos en el orden del día de la convocatoria, siempre que estén presentes la totalidad de las personas vocales del Órgano y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.

A partir de la convocatoria, estarán a disposición de todas las personas integrantes del Órgano los expedientes completos relacionados con los asuntos a tratar.

2. Todas las personas integrantes del Órgano están obligadas a asistir a las sesiones a las que sean convocadas y a participar en las deliberaciones necesarias para la adopción de acuerdos.

3. Para la válida constitución en primera convocatoria del Órgano, será necesaria la asistencia, presencial o telemática, de la Presidencia, de la Secretaría, o quienes les sustituyan, y tres vocales, siendo necesaria la asistencia al menos de 4 integrantes con derecho a voto. Las personas integrantes del Órgano que asistan a distancia podrán encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos o audiovisuales su identidad, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que se producen, así como la interactividad e intercomunicación entre ellas en tiempo real y la disponibilidad de los medios durante la sesión. Entre otros, se considerarán incluidos los medios electrónicos válidos, las audioconferencias y las videoconferencias.

De no existir el quorum previsto en el apartado anterior, este podrá constituirse en segunda convocatoria, transcurridos 30 minutos desde la hora señalada para la primera convocatoria, siempre que estén presentes la Presidencia, la Secretaría, o quienes les sustituyan, y al menos dos vocales, siendo necesaria la presencia de 3 personas integrantes del Órgano con derecho a voto.

De no existir el quorum previsto en el apartado anterior para la válida constitución, la persona que ostente la Presidencia dejará sin efecto la convocatoria, incluyendo los asuntos no tratados en el orden del día de la siguiente sesión.

Abierta la sesión por la persona que ostente la Presidencia, se procederá en su caso a la aprobación del acta de la última sesión celebrada, la cual será remitida junto con el orden del día de la convocatoria.

En ningún caso podrá modificarse el fondo de los acuerdos adoptados y solo cabrá subsanar los meros errores materiales o de hecho.

A continuación, siguiendo el orden del día, se iniciará el examen y debate de los asuntos con la lectura extractada de los informes y la exposición de las personas ponentes. Tras la lectura, si nadie solicita la palabra, el asunto se someterá a votación.

Si se promueve debate, las intervenciones serán ordenadas por la Presidencia.

4. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de las personas asistentes, resolviendo los empates el voto de calidad de la Presidencia.

5. Fuera de los motivos de abstención previstos en la legislación básica, ninguna de las personas asistentes podrá abstenerse de votar, y la que disienta de la mayoría podrá formular voto particular por escrito en el plazo de 48 horas, que adoptará la misma forma que los acuerdos y se incorporará al expediente y al acuerdo adoptado por el Órgano.

6. Cuando las personas integrantes del Órgano voten en contra, quedarán exentas de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos.

7. El Órgano, a propuesta de la Presidencia, podrá acordar que uno o varios asuntos debatidos no se sometan a votación y queden sobre la mesa, incluyéndose en el orden del día de la siguiente sesión.

Artículo 12.- Actas de las sesiones.

1. Deberá extenderse acta de todas las sesiones que celebre el Órgano. En ella se indicará la fecha en que se celebra la sesión, las personas asistentes, el orden de día de la reunión, el lugar, la duración de la sesión, los expedientes examinados, las opiniones sintetizadas de las personas integrantes del Órgano y los puntos principales de las deliberaciones, el resultado de las votaciones y el sentido de los acuerdos adoptados. Podrán grabarse las sesiones que celebre el Órgano. El fichero resultante de la grabación, junto con la certificación expedida por la Secretaría sobre la autenticidad e integridad del mismo y cuantos documentos en soporte electrónico se utilizasen como documentos de la sesión, podrán acompañar al acta de las sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones.

2. Las actas se aprobarán en la sesión posterior a la de su celebración. Se firmarán por la Secretaría con el visto bueno de la Presidencia y se conservarán correlativamente numeradas en la Secretaría del Órgano.

3. La Secretaría podrá emitir certificación sobre los acuerdos adoptados, aun cuando no haya sido aprobada el acta, haciendo contar dicha circunstancia en la certificación.

4. Si las personas invitadas a las sesiones por la Presidencia lo solicitan se harán constar en acta, de forma sucinta, sus posiciones.

Artículo 13.- Régimen de impugnación de acuerdos.

1. En los supuestos de evaluación ambiental de planes y programas, no cabrá recurso alguno contra las declaraciones ambientales estratégicas e informes ambientales estratégicos, sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía judicial frente a las disposiciones de carácter general que hubiesen aprobado los planes o programas, o bien de los que procedan en vía administrativa frente al acto, en su caso, de aprobación de los planes o programas, cuando estos no tengan la naturaleza de disposiciones de carácter general.

2. En el caso de evaluación ambiental de proyectos, no cabrá recurso alguno contra la declaración de impacto ambiental o el informe de impacto ambiental, sin perjuicio de los que, en su caso procedan en vía administrativa y judicial frente al acto por el que se autoriza el proyecto.

Artículo 14.- Plazos.

1. A los efectos del cómputo de los plazos para la emisión de los acuerdos sometidos al Órgano se tomará como fecha de referencia la de entrada en el Registro Oficial del Cabildo, siempre que dicha documentación se ajuste al contenido exigido legalmente.

2. La suspensión de los plazos para resolver sobre la emisión del Informe Ambiental Estratégico, la formulación de la Declaración Ambiental Estratégica, la emisión del Informe de Impacto Ambiental o la Declaración de Impacto Ambiental, se producirá en los casos establecidos en la legislación básica en materia de evaluación ambiental y de procedimiento administrativo común.

Artículo 15.- Medios materiales y personales de apoyo al Órgano.

1. El Órgano dispondrá de una Oficina de Apoyo administrativo, técnico y jurídico integrada por las personas empleadas públicas necesarias para el adecuado desarrollo de sus competencias, garantizando la disponibilidad de medios personales y materiales necesarios para que lleve a cabo sus funciones adecuadamente. La oficina tendrá las siguientes funciones:

a) Control de los documentos relacionados con el órgano ambiental que tengan entrada y salida en el Registro del Cabildo de Lanzarote.

b) Análisis técnico y jurídico de los expedientes.

c) La asistencia administrativa, técnica y jurídica al Órgano y a sus integrantes.

d) El archivo y custodia de los expedientes incoados y tramitados por el Órgano.

e) El cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia establecidas en la normativa de aplicación en el ejercicio de las competencias del Órgano y la publicación de las declaraciones e informes ambientales a través del diario oficial correspondiente, sin perjuicio de la publicación en la sede electrónica del Cabildo de Lanzarote.

2. Las funciones del la Oficina de Apoyo administrativo, técnico y jurídico del Órgano podrán ser ejercidas por personas empleadas públicas del Cabildo, con la cualificación exigida en el artículo 6.3, designadas a tal efecto, excluidas aquellas que intervengan en cualquier fase de la tramitación del expediente, particularmente mediante en la emisión de informes. Complementariamente, se podrá encomendar el ejercicio de tales funciones, que deberá ser refrendado por personas empleadas públicas de la Corporación insular, a las entidades instrumentales del Cabildo.

3. Para el desarrollo de las funciones del Órgano tendrán el deber de colaborar todos los órganos del Cabildo y el personal a su servicio.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Igualdad efectiva de mujeres y hombres.

1. A fin de garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, el Pleno del Cabildo de Lanzarote deberá velar por la aplicación de lo recogido en la Ley Orgánica de 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

2. Expresamente se deberá observar el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el nombramiento de las personas titulares y suplentes del Órgano, en los términos de la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

3. En la organización, funcionamiento y actuaciones del Órgano, se aplicará el criterio, principio de actuación o directriz de mainstreaming de género, transversalidad y perspectiva de género, tal como se señala en el artículo 5.1 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y se fomentarán las medidas de conciliación del trabajo y la vida familiar.

Segunda.- Régimen de funcionamiento del Órgano.

El Órgano, como órgano ambiental, ejercerá sus funciones con independencia, objetividad e imparcialidad, sin sujeción a vínculo jerárquico alguno, con independencia de su adscripción orgánica.

Tercera.- Régimen jurídico de aplicación.

1. El Órgano a propuesta de su Presidencia adoptará los acuerdos necesarios para aprobar normas complementarias de organización y funcionamiento.

2. La constitución y funcionamiento del Órgano se regirá por el presente Reglamento, por sus propias normas de organización y funcionamiento dictadas de conformidad con el punto anterior, y supletoriamente por lo establecido para los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por las disposiciones de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de la Bases del Régimen Local, la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares, el Real Decreto 2586/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades Locales, y así como el Reglamento Orgánico del Cabildo de Lanzarote.

3. Asimismo, en cuanto al desarrollo del procedimiento de evaluación ambiental, en todo lo no previsto en la normativa europea, estatal básica y autonómica, será de aplicación, con carácter supletorio y cuando proceda, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cuarta.- Desarrollo y ejecución del Reglamento.

Se faculta a la Consejería en materia de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote para realizar cuantas gestiones sean necesarias en desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este Reglamento, a propuesta de la persona titular de la Presidencia del Órgano y, en particular, para establecer la progresiva asignación de medios al Órgano.

Quinta.- Modificación del Reglamento.

Cuando la propuesta de modificación de este Reglamento sea a iniciativa del Órgano, requerirá mayoría absoluta del mismo. Dicha propuesta se elevará al Cabildo de Lanzarote para su tramitación y aprobación definitiva por el Pleno de conformidad con la normativa de aplicación.

Sexta.- Puestos de trabajo adscritos a la Oficina de Apoyo.

Los puestos de trabajo, en apoyo técnico y jurídico, adscritos a la Oficina de Apoyo administrativo, técnico y jurídico, corresponderán a las personas empleadas públicas que cumplan los requisitos establecidos en la legislación de función pública, sin perjuicio de la capacitación exigida por el artículo 16 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

La cobertura y dotación de esos puestos de trabajo de la Oficina de Apoyo se llevará a cabo dentro de los procedimientos legalmente previstos para la modificación de plantilla y relación de puestos de trabajo y en el marco de las limitaciones presupuestarias en cada caso vigente.

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- Publicación y entrada en vigor.

El presente Reglamento entrará en vigor a los 15 días hábiles de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, debiendo ser objeto de publicación igualmente en el Boletín Oficial de Canarias y en la página web corporativa.



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