BOC - 2024/16. Martes 23 de enero de 2024 - 380

III. Otras Resoluciones

Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura

380 - Secretaría General Técnica.- Resolución de 8 de enero de 2024, por la que se ordena la publicación del Convenio de Cooperación entre la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura y el Obispado de Tenerife (Diócesis Nivariense), por el que se instrumenta la concesión de una subvención directa, con abono anticipado, por parte de esta Consejería, a favor del Obispado de Tenerife, por un importe de un millón quinientos mil (1.500.000,00) euros, para la rehabilitación de bienes inmuebles pertenecientes al patrimonio cultural eclesiástico canario..

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El artículo 20 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece que los órganos u organismos del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de sus secretarías generales técnicas u órgano equivalente, deberán publicar los convenios en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma.

En el plazo indicado en el apartado anterior, deberán publicar también en el Boletín Oficial de Canarias los anexos, adendas, prórrogas y otros actos de modificación o extinción del convenio.

En cumplimiento de los fundamentos jurídicos citados y con la finalidad de facilitar el público conocimiento de los compromisos asumidos en el ámbito de la actividad convencional del sector público autonómico,

RESUELVO:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio de Cooperación entre la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias y el Obispado de Tenerife (Diócesis Nivariense), por el que se instrumenta la concesión de una subvención directa, con abono anticipado, por parte de esta Consejería, a favor del Obispado de Tenerife, por un importe de un millón quinientos mil (1.500.000,00) euros, para la rehabilitación de bienes inmuebles pertenecientes al patrimonio cultural eclesiástico canario.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de enero de 2023.- La Secretaria General Técnica, María Dolores Alonso Álamo.

ANEXO

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, CIENCIA E INNOVACIÓN Y CULTURA DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y EL OBISPADO DE TENERIFE (DIÓCESIS NIVARIENSE), POR EL QUE SE INSTRUMENTA LA CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN DIRECTA, CON ABONO ANTICIPADO, POR PARTE DE ESTA CONSEJERÍA, A FAVOR DEL OBISPADO DE TENERIFE, POR UN IMPORTE DE UN MILLÓN QUINIENTOS MIL (1.500.000,00) EUROS, PARA LA REHABILITACIÓN DE BIENES INMUEBLES PERTENECIENTES AL PATRIMONIO CULTURAL ECLESIÁSTICO CANARIO.

INTERVIENEN

De una parte, la Excma. Sra. Dña. Migdalia María Machín Tavío, en su calidad de Consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, según nombramiento efectuado por Decreto 43/2023, de 14 de julio, del Presidente (BOC n.º 138, de 15.7.2023), y actuando en nombre y representación de la Comunidad Autónoma de Canarias, en virtud de las competencias que le otorgan, por un lado, el artículo 29.1, letra k), de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias (BOC n.º 96, de 1.8.1990), y, por otro lado, el artículo 10 y la disposición adicional cuarta del Decreto 41/2023, de 14 de julio, del Presidente (BOC n.º 138, de 15.7.2023), por el que se determinan las competencias de las Consejerías.

Y de otra parte, el Sr. D. Bernardo Álvarez Afonso, en nombre y representación de la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna (Obispado de Tenerife), e investido de las facultades y competencias que a tal cargo atribuye el Codex Iuris Canonici.

Las partes actuantes se reconocen capacidad legal necesaria y suficiente para suscribir el presente Convenio y a tal efecto,

EXPONEN

I.- Que la Constitución Española dispone en su artículo 46 que los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad.

II.- Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Canarias, reformado por Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, establece en su artículo 27.4 como parte del Derecho en el ámbito cultural, que “los poderes públicos canarios velarán por la protección y la defensa de la identidad, patrimonio histórico y los valores e intereses de Canarias, del legado etnográfico y arqueológico de los aborígenes prehispánicos y de las demás culturas que han ido poblando el Archipiélago”.

Asimismo, en virtud del artículo 137 de la citada Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, la Comunidad Autónoma Canaria tiene “competencia exclusiva sobre el patrimonio cultural, sin perjuicio del artículo 149.2 de la Constitución, que en todo caso incluye la regulación del régimen jurídico de los bienes, actividades y demás manifestaciones que lo integran por sus valores históricos, arquitectónicos, artísticos, arqueológicos, etnográficos, paleontológicos, científicos o técnicos, así como los bienes inmateriales de la cultura popular canaria y las particularidades lingüísticas del español hablado en Canarias”.

III.- Que en ejecución de esta competencia, el Parlamento de Canarias aprobó la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, cuyo ámbito de aplicación, de acuerdo con su artículo 2.2, se extiende a los “bienes muebles, inmuebles, manifestaciones inmateriales de las poblaciones aborígenes de Canarias, de la cultura popular y tradicional, que tengan valor histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, etnográfico, bibliográfico, documental, lingüístico, paisajístico, industrial, científico, técnico o de cualquier otra naturaleza cultural, cualquiera que sea su titularidad y régimen jurídico”.

IV.- Que, conforme señala el artículo 10 del Decreto 41/2023, del Presidente del Gobierno de Canarias, “la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura asume las competencias que en materia de universidades, cultura y patrimonio cultural tenía atribuidas la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, salvo en las relativas a la educación no universitaria y deportes”.

En este sentido, el artículo 8.a) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, aprobado por Decreto 7/2021, de 18 de febrero (BOC n.º 41, de 1.3.2021), dispone que corresponde a la misma “la dirección de la política cultural y de patrimonio cultural del Departamento, estableciendo los criterios para su diseño y planificación” y, en tal virtud, el artículo 5.2.g) del citado Reglamento Orgánico atribuye a el/la titular de la referida Consejería la competencia para “Suscribir convenios y acuerdos con otras Administraciones, instituciones y entidades públicas o privadas (…)”.

V.- Por su parte, como establece el artículo 7.1 de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, “la Iglesia católica, en cuanto titular de una parte importante del patrimonio cultural de Canarias, garantizará la protección, la conservación y la difusión del mismo, colaborando a tal fin con las administraciones públicas.”

VI.- En esta línea, el Obispado de Tenerife pretende lograr un significativo avance en la rehabilitación del patrimonio eclesiástico de esta Comunidad Autónoma, poniendo de nuevo al servicio de los vecinos y del culto, así como de los visitantes, algunos de los inmuebles que pertenecen al mismo, estableciendo las prioridades que sean precisas, según las patologías del inmuebles y las posibilidades administrativas para la realización de la intervención pretendida, así como la urgencia y demanda por parte de los ciudadanos en contar con los referidos inmuebles para su uso y disfrute de la ciudadanía y puesta en valor del patrimonio cultural eclesiástico canario.

VII.- El Obispado de Tenerife no cuenta con medios propios para hacer frente a todos los gastos que implican estos proyectos y dejar estas rehabilitaciones pospuestas durante mucho tiempo supondría mayores costes futuros y posible arruinamiento de lo ya ejecutado; a lo que habría que añadir la improbable capacidad para asumir mayores compromisos económicos.

VIII.- Tal y como establece el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE n.º 276, de 18.11.2003), y reitera el artículo 21.1.b) del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 68, de 8.4.2009), podrán concederse, con carácter excepcional, subvenciones directas cuando se acrediten “razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.”

Por medio del presente Convenio se concede al Obispado de Tenerife una subvención directa para la rehabilitación de inmuebles que pertenecen al patrimonio eclesiástico canario, actividades que redundarán en beneficio de estos bienes, de gran relevancia, que pertenecen al patrimonio cultural canario y del disfrute del mismo por parte de la ciudadanía.

IX.- Que es interés común de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura y el Obispado de Tenerife la cooperación para la puesta en valor del patrimonio cultural eclesiástico canario. El trabajo que se desarrollará supondrá, sin duda, un beneficio para ambas instituciones, por cuanto va a incidir en la protección y promoción del patrimonio cultural eclesiástico canario y se trata, a su vez, de una iniciativa de referencia en la conservación preventiva de bienes patrimoniales.

X.- Por todo lo anterior, las instituciones comparecientes manifiestan su interés en colaborar conjuntamente en el desarrollo de la materia objeto del presente Convenio y lo formalizan con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio.

El objeto del presente Convenio es regular la cooperación entre la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura y el Obispado de Tenerife para la rehabilitación de bienes inmuebles pertenecientes al patrimonio eclesiástico, iniciativa que se enmarca dentro de la recuperación y difusión del patrimonio cultural canario, en beneficio de la ciudadanía. Para hacer efectiva la realización de este objeto, se lleva a cabo, mediante este Convenio, la concesión de una subvención directa por parte de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura al Obispado de Tenerife.

Segunda.- Actuaciones.

En virtud del presente Convenio, el Gobierno de Canarias se compromete a:

- La financiación mediante el otorgamiento de una subvención directa, por importe de un millón quinientos mil (1.500.000,00) euros, a favor del Obispado de Tenerife.

Por su parte, las actuaciones de rehabilitación que se desarrollarán durante el periodo de vigencia del presente Convenio, por parte del Obispado de Tenerife, se realizarán en los siguientes bienes inmuebles:

1.- Templo parroquial de San Bartolomé Apóstol (2.ª fase), en La Laguna (Tejina).

2.- Templo de Nuestra Señora de las Nieves, en Santa Cruz de Tenerife (Taganana).

3.- Iglesia San Miguel de Geneto, en La Laguna.

4.- Casa Van Damme (ampliación del Archivo Histórico), en La Laguna.

Tercera.- Delimitación de las obligaciones.

Para la consecución de los objetivos que pretende el presente Convenio, la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura se compromete a realizar una aportación económica por un importe total de un millón quinientos mil (1.500.000,00) euros, a favor del Obispado de Tenerife.

Por su parte, el Obispado de Tenerife, como beneficiario, queda sujeto a siguientes obligaciones, contenidas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.

b) Justificar, ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimento de la finalidad que determine la concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, la Intervención General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tribunal de Cuentas, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competente, tanto nacionales como comunitario, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos recibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma que se determine reglamentariamente.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como llevar una contabilidad separada de la actividad subvencionada, bien mediante cuentas específicas dentro de su contabilidad oficial, bien mediante libros de registros abiertos al efecto, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

En dichas cuentas o registros se han de reflejar una por una las facturas y demás justificantes de gastos con identificación del acreedor y del documento, su importe con separación del IGIC e impuestos indirectos que no sean subvencionables, la fecha de emisión, la fecha de pago, así como todos los recursos aplicados a la realización de la actividad. También se reflejarán todos los gastos e ingresos de la actividad, aunque solo una parte del coste estuviera subvencionada.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control, por un periodo no inferior a cuatro años.

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el artículo 18 de la mencionada Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, Reglamento que la desarrolla, así como el artículo 12 del repetido Decreto 36/2009, de 31 de marzo. Así pues, en cualquiera de las medidas de difusión que sean elegidas por el beneficiario con el fin de dar a conocer el carácter subvencionable del programa, durante el tiempo de su ejecución, se deberá incluir la identidad corporativa gráfica del Gobierno de Canarias, con leyendas relativas a la financiación pública, utilizados en carteles, placas conmemorativas, materiales impresos, medios electrónicos o audiovisuales o bien en menciones realizadas en medios de comunicación.

A tal fin y, atendiendo a las previsiones contenidas en el Decreto 184/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la Identidad Corporativa del Gobierno de Canarias y se establecen las Normas para su mantenimiento y utilización, la identidad corporativa que deberá tener en cuenta el beneficiario, será la siguiente:

El beneficiario podrá descargarse este modelo de logotipos en el Manual de la Identidad Gráfica del Gobierno de Canarias, en la siguiente dirección: http://www.gobiernodecanarias.org/identidadgrafica/descargas/

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de dicha Ley.

j) Realizar y acreditar la realización de la actividad que fundamenta la concesión de la misma, en el plazo y con los medios establecidos en la Orden.

k) Acreditar el coste total de la actividad o conducta subvencionada, así como el importe de las ayudas, subvenciones u otros auxilios económicos recibidos de cualesquiera Administraciones, entes públicos, entidades privadas o particulares.

l) Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.

m) Respetar las prohibiciones establecidas en el artículo 29.7 de la citada Ley 38/2003, en relación con el artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla, en lo relativo a las personas o entidades vinculadas con el beneficiario.

n) Cumplir, en su caso, con el compromiso de asumir el coste que resulte de la diferencia entre el importe total del proyecto y la subvención que le sea concedida.

ñ) Cumplir, en todo momento, lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de datos de carácter personal, y demás normativa de aplicación.

Será de cuenta de la entidad beneficiaria la obtención de las autorizaciones sectoriales preceptivas pertinentes, si las hubiese, para la realización de la actividad subvencionada.

Cuarta.- Plazo de vigencia y prórroga.

El periodo de vigencia del presente Convenio comenzará en el momento de su firma y se extenderá a lo largo de cuatro (4) años.

Se establece la posibilidad de prórroga, que debe ser expresa, y suscrita por consenso de todas las partes. Dicha prórroga quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente al momento de acordarse, y no podrá exceder del plazo máximo de duración establecido en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.

Quinta.- Destino de la subvención y plazo de realización.

Dicha subvención irá destinada a financiar la rehabilitación de los bienes inmuebles, pertenecientes al patrimonio cultural eclesiástico canario, descritos en la cláusula segunda del presente Convenio.

Asimismo, como establece la cláusula anterior, el periodo en el cual se pueden realizar las actividades incluidas en este Convenio finaliza a los cuatro años de la suscripción del presente Convenio.

Las obras objeto de subvención deberán ser realizada antes del 31 de diciembre de 2024. Se establece, sin embargo, el periodo máximo legal establecido para la duración del Convenio en aras de permitir la continuidad de la cooperación entre el Gobierno de Canarias y el Obispado de Tenerife en la protección de los bienes pertenecientes al patrimonio cultural eclesiástico canario.

Sexta.- Gastos subvencionables.

Se consideran gastos subvencionables los contemplados en el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones, y a los efectos previstos en este Convenio, los gastos subvencionables deberán corresponder de manera indubitada a la naturaleza de la actividad subvencionada y resulten estrictamente necesarios.

La subvención aportada por el Gobierno de Canarias irá destinada a las intervenciones en cada uno de los cuatro inmuebles objeto de la misma, en consonancia con los presupuestos presentados por el Obispado de Tenerife, como se detalla en la cláusula novena.

En ningún caso, el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.

Solo se admitirá el pago en metálico de facturas o documentos justificativos del gasto con un máximo de 3.000 euros por expediente.

No podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 1.000 euros o su contravalor en moneda extranjera, de conformidad con el artículo 7.1 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la preservación y lucha contra el fraude.

Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 9/ 2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas que deberán aportarse en la justificación se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

De conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones, para el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables, el beneficiario deberá destinar los bienes objeto de subvención al fin concreto para el que se concedió la subvención, por un periodo no inferior a dos años. El incumplimiento de la obligación de destino referida en el párrafo anterior, que se producirá en todo caso con la enajenación o el gravamen del bien, será causa de reintegro, quedando el bien afecto al pago del reintegro cualquiera que sea su poseedor, salvo que resulte ser un tercero protegido por la fe pública registral o se justifique la adquisición de los bienes con buena fe y justo título o en establecimiento mercantil o industrial, en caso de bienes muebles no inscribibles.

Séptima.- Subcontratación.

Con fundamento en el artículo 29.2 de la Ley General de Subvenciones, la entidad beneficiaria podrá subcontratar hasta el cien por cien de la actividad subvencionada.

Octava.- Abono anticipado, justificación, exoneración de constitución de garantía y comprobación en relación con la subvención.

El abono se hará efectivo de forma anticipada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37.4 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, y el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la beneficiaria no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudora por resolución firme de procedencia de reintegro. Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de las subvenciones en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

En aplicación del artículo 38.8.d) del Decreto 36/2009, la beneficiaria está exenta de la obligación de constituir garantía para el abono anticipado de la subvención, por tratarse de una entidad sin fines de lucro.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del citado Decreto 36/2009, el plazo para realizar la justificación de la subvención será de dos meses a contar desde la finalización del plazo de realización de la actividad.

Como medio de justificación la entidad beneficiaria aportará una cuenta justificativa de gastos que contendrá, con carácter general, la siguiente documentación:

a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

b) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, y por cada uno de ellos, los datos siguientes de las facturas o documentos de valor probatorio: acreedor, número de factura, breve descripción del objeto, importe, fecha de emisión, fecha y medio de pago, identificación de la anotación contable e impuesto soportado. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas.

c) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

d) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.

Conforme a lo previsto en el artículo 26.1 del Decreto 36/2009 “Los gastos se justificarán con facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. Por documento de valor probatorio equivalente se entiende, cuando la emisión de una factura no proceda con arreglo a las normas fiscales y contables, todo documento presentado para justificar que la anotación contable ofrezca una imagen fiel de la realidad y sea conforme a las normas vigentes en materia de contabilidad”.

En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad subvencionada, no aporten valor añadido al contenido de la misma.

La comprobación, por parte de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural como órgano gestor, se efectuará en el plazo máximo de dos meses a contar desde su presentación por la beneficiaria de la documentación justificativa del cumplimiento de la finalidad o de la realización de la actividad subvencionada. Dicho plazo podrá ser ampliado, excepcionalmente, por un periodo de tiempo igual al plazo inicialmente concedido en atención al volumen de la justificación documental.

La comprobación del órgano gestor recaerá sobre los siguientes extremos:

a) La realización de la actividad subvencionada.

b) El empleo de los fondos percibidos en el desarrollo de la actividad subvencionada.

c) El coste real de la actividad subvencionada.

d) La concesión de otras subvenciones y de cualesquiera atribuciones patrimoniales gratuitas, públicas o privadas, para la misma actividad o conducta.

e) La obtención de ingresos propios o afectos a la actividad subvencionada.

f) El cumplimiento de los demás requisitos o condiciones exigidos por las normas reguladoras de que se tratan, así como los establecidos en el Decreto 36/2009.

El órgano gestor comprobará al menos dos abonos de los reflejados en la documentación correspondiente presentada en el trámite de justificación que permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá requerir al beneficiario la remisión de los justificantes de gasto seleccionados, así como, en su caso, la acreditación de los correspondientes pagos, que incluirá, como regla general, los justificantes bancarios de la salida de fondos. De no ser posible, de una manara justificada, la presentación del justificante bancario de salida de fondos, podrá presentarse el recibí de la empresa proveedora firmado, sellado y con fecha.

Novena.- Financiación.

El presupuesto máximo del presente Convenio a aportar por el Gobierno de Canarias es de un millón quinientos mil (1.500.000,00) euros, importe que se abonará por la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, a través de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural, al Obispado de Tenerife con cargo a la aplicación presupuestaria 18.11.337A.7800200, elemento PEP 197G0122, “Recuperación y Difusión del Patrimonio Histórico”, correspondiente al ejercicio presupuestario 2023. El abono de esta financiación se hará efectivo a la formalización del presente Convenio.

Dicha subvención representa un 35,95% del coste total de los proyectos a realizar, según el plan de financiación (previsión de ingresos y gastos) presentado por el Obispado de Tenerife.

La inversión del importe subvencionado por el Gobierno de Canarias irá destinada a las intervenciones que se detallan a continuación en cada uno de los inmuebles:

1.- Templo parroquial de San Bartolomé Apóstol de Tejina: carpinterías 87.057,96 euros (capítulo 10 del presupuesto), pinturas 12.942,03 (capítulo 11 parcial del presupuesto). Total de ambos capítulos: 100.000,00 euros.

2.- Templo parroquial de Ntra. Sra. de Las Nieves en Taganana-Santa Cruz de Tenerife: Formación de Cubierta. 100.000,00. Capítulo 2 parcial del presupuesto.

3.- Iglesia de San Miguel de Geneto-La Laguna: cubiertas e impermeabilizaciones 38.727,77 euros (capítulo 6 del presupuesto), e instalaciones bt e iluminación 61.272,23 (capítulo10 parcial del presupuesto. Se ha descontado de la partida el sistema antiincendios). Total, de ambos capítulos: 100.000,00 euros.

4.- Rehabilitación casa Van Damme (ampliación Archivo Histórico Diocesano)-La Laguna: rehabilitación de las cubiertas históricas del inmueble 1.200.000,00 euros.

Esta subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos de Organismos o instituciones públicas o privadas para la misma actividad que se subvenciona, de acuerdo con la previsión de ingresos y gastos presentada por la beneficiaria. Sin embargo, en ningún caso, el importe de las subvenciones concedidas podrá ser de tal cuantía que aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otros órganos de cualquier Administración Pública, así como con las atribuciones patrimoniales gratuitas recibidas de entidades privadas o particulares, supere el coste total de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

Décima.- Comisión de Seguimiento.

Para supervisar la marcha del proyecto, se creará una Comisión de Seguimiento formada por representantes de cada una de las partes, cuyas competencias serán velar por el buen desarrollo del proyecto, interpretar los términos del acuerdo que lo requieran y aprobar las modificaciones en la realización del trabajo que, por causas no previstas, pudieran ser necesarias, o cualesquiera otras modificaciones que se consideren necesarias y contribuyan a la buena marcha del proyecto.

Dicha Comisión estará formada por cuatro miembros, uno de los cuales ostentará la Presidencia con atribución de voto de calidad, para casos de empate:

- La Presidencia será ocupada por la persona titular de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, o persona en quien delegue.

- La persona titular de la Jefatura de Área de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, o persona en quien delegue.

En casos de vacante, ausencia o enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada en alguna de estas personas que representan a la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural en la Comisión de Seguimiento, y no exista delegación expresa, esta podrá ser sustituida por:

- La persona titular de la Jefatura de Sección de Patrimonio Cultural.

El Obispado de Tenerife (Diócesis Nivariense) estará representado en esta Comisión por:

- El ecónomo diocesano, o persona en quien delegue.

- El delegado de Patrimonio Histórico del Obispado, o persona en quien delegue.

La citada Comisión se reunirá ordinariamente al menos una vez al año, pudiendo además convocarse de manera extraordinaria cuando alguna de las partes así lo solicite y sus acuerdos se adoptarán por mayoría. La asistencia a las sesiones de la Comisión se considera incluida en el desempeño de las funciones propias del puesto de trabajo y no conllevará devengo de indemnizaciones de las previstas en el artículo 3 del Decreto 251/1997, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Indemnizaciones por razón del servicio (BOC n.º 137, de 22.10.1997).

Corresponderá a dicha Comisión resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que pudieran plantearse respecto del Convenio.

Décima primera.- Mecanismos de evaluación.

La Comisión de Seguimiento también será la encargada de establecer mecanismos efectivos de evaluación que permitirán valorar, anualmente, la conveniencia de continuar con la relación pactada o, en su caso, proceder a la denuncia del Convenio.

Décima segunda.- Modificación.

Los términos de este Convenio podrán ser modificados durante su plazo de vigencia por acuerdo unánime de las partes firmantes, mediante la suscripción de la correspondiente adenda de modificación.

La modificación del Convenio, a petición del beneficiario, solo procederá cuando se cumplan los siguientes requisitos, de conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo:

a) Que la actividad o conducta a realizar conforme a la modificación solicitada esté comprendida dentro de la finalidad prevista en la línea de actuación o proyecto de inversión contemplado en la Ley de Presupuestos y de las actividades o conductas establecidas en las bases reguladoras, o, en su defecto, en la resolución de concesión.

b) Que las circunstancias que justifiquen la modificación no hayan dependido de la voluntad del beneficiario inicial.

c) Que los nuevos elementos o circunstancias que motivan la modificación, de haber concurrido en la concesión inicial, no hubiesen determinado la denegación o disminuido la cuantía de la subvención concedida.

A los efectos previstos en el punto precedente, dará lugar a la modificación del Convenio, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

a) La alteración de las circunstancias o de los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de una subvención.

b) La obtención por el beneficiario de subvenciones concedidas por otros órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma o por otras Administraciones o Entes públicos para el mismo destino o finalidad.

c) La obtención de ayudas u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el mismo destino o finalidad.

d) La superación de los topes previstos por la normativa comunitaria como consecuencia de la acumulación de subvenciones en los periodos establecidos en la misma.

Cualquier modificación de las situaciones previstas deberá solicitarse y resolverse antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad.

Décima tercera.- Extinción.

Este Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por la concurrencia de alguna de las causas de resolución establecidas en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE n.º 236, de 2.10.2015).

Son causas de resolución del Convenio:

a) El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.

b) El acuerdo unánime de todas las partes firmantes.

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguna de las partes signatarias.

En este supuesto, la otra parte firmante podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que, en el plazo de un mes, cumpla con las obligaciones o compromisos que considere incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la Comisión de Seguimiento.

Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento, persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió comunicará a la otra parte la concurrencia de causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio.

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.

e) Por imposibilidad sobrevenida de cumplir con el objeto del Convenio.

f) Por cualquier otra causa distinta a las anteriores prevista en las leyes.

Décima cuarta.- Efectos de la resolución.

Los efectos de la resolución se adecuarán a lo establecido por el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

1.- El cumplimiento y la resolución de los convenios darán lugar a la liquidación de los mismos con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes.

2.- En el supuesto de convenios de los que deriven compromisos financieros, se entenderán cumplidos cuando su objeto se haya realizado en los términos y a satisfacción de ambas partes, de acuerdo con sus respectivas competencias, teniendo en cuenta las siguientes reglas:

a) Si de la liquidación resultara que el importe de las actuaciones ejecutadas por alguna de las partes fuera inferior a los fondos que la misma hubiera recibido del resto de partes del convenio para financiar dicha ejecución, aquella deberá reintegrar a estas el exceso que corresponda a cada una, en el plazo máximo de un mes desde que se hubiera aprobado la liquidación. Transcurrido el plazo máximo de un mes, mencionado en el párrafo anterior, sin que se haya producido el reintegro, se deberá abonar a dichas partes, también en el plazo de un mes a contar desde ese momento, el interés de demora aplicable al citado reintegro, que será en todo caso el que resulte de las disposiciones de carácter general reguladoras del gasto público y de la actividad económico-financiera del sector público.

b) Si fuera superior, el resto de partes del convenio, en el plazo de un mes desde la aprobación de la liquidación, deberá abonar a la parte de que se trate la diferencia que corresponda a cada una de ellas, con el límite máximo de las cantidades que cada una de ellas se hubiera comprometido a aportar en virtud del convenio. En ningún caso las partes del convenio tendrán derecho a exigir al resto cuantía alguna que supere los citados límites máximos.

3.- No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la Comisión de Seguimiento, vigilancia y control del convenio o, en su defecto, del responsable del mecanismo a que hace referencia la letra f) del artículo 49, podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las mismas en los términos establecidos en el apartado anterior.

Décima quinta.- Régimen jurídico.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se regirá, además de lo dispuesto en su clausulado, por el Decreto 11/2019, de 11 de febrero (BOC n.º 34, de 19.2.2019), por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y de forma supletoria, en caso de dudas o lagunas, se aplicará la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE n.º 272, de 9.11.2017).

En relación a la subvención concedida, en todos aquellos aspectos no previstos en el presente Convenio, se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, así como en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias según redacción dada por el Decreto 5/2015, de 30 de enero.

Décima sexta.- Jurisdicción.

Las cuestiones litigiosas que se susciten en relación con la interpretación, cumplimiento y eficacia del presente Convenio, que no queden solventadas por la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula séptima, se sustanciarán ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo y, en particular, serán competencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sito en Las Palmas de Gran Canaria, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE n.º 167, de 14.7.1998).

Décima séptima.- Publicación e inscripción.

El presente Convenio se publicará en el Boletín Oficial de Canarias y se inscribirá en el Registro General de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 20 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y se regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 34, de 19.2.2019).

Y en prueba de conformidad, y para la debida constancia de todo lo acordado, las partes firman de forma electrónica el presente documento, cuya fecha de firma y efectos será la de la última firma realizada, 30 de diciembre de 2023.- Por la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, La Consejera, Migdalia María Machín Tavío.- Por la Diócesis Nivariense, El Obispo, Bernardo Álvarez Afonso.



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