BOC - 2023/226. Viernes 17 de noviembre de 2023 - 3721

III. Otras Resoluciones

Consejería de Transición Ecológica y Energía

3721 - Secretaría General Técnica.- Resolución de 3 de noviembre de 2023, por la que se delegan, en los órganos superiores del Departamento, las funciones de tramitación de las solicitudes de informe del Defensor del Pueblo y la Diputación del Común..

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El Decreto 41/2023, de 14 de julio, del Presidente, por el que se determinan las competencias de la Presidencia y Vicepresidencia, así como el número, denominación, competencias y orden de precedencias de las Consejerías (BOC n.º 138, de 15.7.2023), dispone en su artículo 11 que “La Consejería de Transición Ecológica y Energía asume las competencias que en materia de transición ecológica, lucha contra el cambio climático y energía tenía la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, salvo las competencias en materia de planificación territorial y aguas”.

El Reglamento Orgánico de la extinta Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, aprobado por Decreto 54/2021, de 27 de mayo, atribuye a la Secretaría General Técnica la función de coordinar los asuntos derivados de las solicitudes de informe del Defensor del Pueblo y la Diputación del Común (artículo 10.1). El citado Reglamento Orgánico continúa en vigor de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria única del Decreto 123/2023, de 17 de julio, por el que se determina la estructura orgánica y las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias.

Esta función, en la práctica, se traduce en el desempeño de las siguientes tareas:

• Recepción en registro de los escritos del Defensor del Pueblo y de la Diputación del Común.

• Apertura de expediente correspondiente a la queja o la solicitud de informe recibida.

• Derivación al Centro Directivo competente para informar sobre el asunto de que se trate.

• Control de la respuesta en plazo por parte del Centro Directivo y reiteración en caso de incumplimiento.

• Recepción de la contestación del Centro Directivo.

• Solicitud de aclaraciones al Centro Directivo, si procede.

• Emisión de informe por parte de la Secretaría General Técnica, si procede.

• Remisión de la documentación al Defensor del Pueblo y a la Diputación del Común.

El apartado primero del artículo 30 de la Ley 7/2001, de 31 de julio, del Diputado del Común, dispone “Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones públicas canarias, o de los órganos y entidades reseñados en el artículo 17 de esta Ley, están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Diputado del Común en sus actuaciones”.

Conforme a lo expuesto, dados los imperiosos plazos de respuesta requeridos en la normativa aplicable, con el fin de dar las máximas garantías de eficacia y celeridad en la tramitación de las solicitudes de informe tanto del Defensor del Pueblo como de la Diputación del Común, es por lo que desde esta Secretaría General Técnica se considera oportuno que la gestión de las mismas se realice directamente desde cada Centro Directivo.

Por tanto, resulta necesario delegar estas funciones en cada Centro Directivo competente por razón de la materia, al efecto de que sea dicho órgano el responsable de realizarlas en su ámbito material correspondiente. Así lo demanda, en el contexto actual del Departamento, la satisfacción de los principios de eficacia y eficiencia positivados en los artículos 103.1 de la Constitución y 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; pues, como ya se ha dicho, resulta inviable, dado el ingente ámbito funcional de la Consejería, seguir manteniendo la centralización en la Secretaría General Técnica.

Dicha delegación se materializa a través de la presente Resolución, dictada al amparo del artículo 9.1 de la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre, que establece que los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquellas.

En su virtud,

RESUELVO:

Primero.- Delegar, en cada uno de los órganos superiores de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, la tramitación de las solicitudes de informe del Defensor del Pueblo y de la Diputación del Común.

Dicha tramitación comprende, en todo caso, las siguientes actuaciones:

• Recepción en registro de los escritos del Defensor del Pueblo y de la Diputación del Común.

• Apertura de expediente correspondiente a la queja o la solicitud de informe recibida.

• Derivación a la unidad administrativa competente para informar sobre el asunto de que se trate.

• Control de la respuesta en plazo y, en su caso, reiteración en caso de incumplimiento.

• Remisión de la documentación al Defensor del Pueblo y a la Diputación del Común.

• Cualquier otra que sea inherente o accesoria a las anteriores.

En cada Centro Directivo, estas actuaciones se limitarán a su ámbito material de competencia y se realizarán por las unidades administrativas competentes por razón de la materia.

A tal efecto, el personal del registro de la Consejería asignará los escritos del Defensor del Pueblo y de la Diputación del Común directamente a la concreta unidad administrativa competente por razón de la materia. En ningún caso corresponderá a los Servicios de la Secretaría General Técnica la función de centralizar la recepción en registro para derivar los escritos a la unidad competente.

Segundo.- La tramitación no se entenderá delegada cuando la información solicitada por el Defensor del Pueblo o la Diputación del Común se refiera a expedientes o materias de la competencia específica de la Secretaría General Técnica.

Tercero.- La presente delegación se extenderá a todas aquellas quejas o solicitudes de información que ya se encuentren en trámite, así como a las que puedan tener entrada en la Consejería con posterioridad a la fecha en que surta efectos.

Cuarto.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de noviembre de 2023.- La Secretaria General Técnica, Celia María Martín Casañas.



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