Vista la Orden n.º 304, de la extinta Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, de 31 de mayo de 2023, por la que se declara el interés general de “las obras necesarias para la ejecución del Proyecto Planta Fotovoltaica Aldea Blanca I, de 0,7 MW” (expediente ER 170004), promovido por Naturgy Renovables, S.L.U. (inicialmente, Lanzagorta y Palmés 2, S.L.), en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.
Resultando que dichas obras comprenden la implantación de una planta fotovoltaica de 0,7 MW de potencia nominal, compuesta por 2.142 módulos fotovoltaicos de 360 Wp cada uno, incluyendo distintos elementos funcionales e intrínsecos a la infraestructura energética.
Considerando que la ejecución del proyecto producirá los siguientes impactos positivos:
• La reducción del extracoste de generación en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, estimándose su producción en 1.413,1 MWh/año.
• La contribución al cumplimiento de las previsiones de la planificación energética (encontrándose lejano aún el cumplimiento del objetivo de potencia para el sistema eléctrico de Gran Canaria de 264,6 MW en el año 2030, respecto de la energía fotovoltaica).
• Una reducción anual de 1.096 toneladas de CO2 a la atmósfera en las centrales eléctricas de generación térmica en Canarias.
• Impulso de la economía, concretado en una inversión aproximada de 857.443,17 euros.
Visto que se ha evacuado el preceptivo trámite de consulta al Cabildo Insular de Gran Canaria y al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
Visto informe del Cabildo Insular de Gran Canaria, de 13 de septiembre de 2023, según el cual el proyecto “resulta disconforme con las determinaciones del Planeamiento Insular de Gran Canaria. En concreto, la construcción de un parque de energía fotovoltaica en la zona B.b.5 definida por el PIOGC´22 solo sería posible si estuviera destinado al autoconsumo o tuviera el carácter de renta complementaria a una actividad agrícola existente, características no reunidas por la propuesta”.
Visto Informe del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, de 13 de junio de 2023, del que resulta “la disconformidad con el planeamiento urbanístico en vigor, PGOU’96, del proyecto denominado “Planta Fotovoltaica Aldea Blanca I de 0,8 MWp (0,7 MVA)”.
Visto informe de la extinta Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente, de 20 de enero de 2023, según el cual, las instalaciones objeto del proyecto, en cuanto a su extensión y características técnicas, “no estarían incluidas en ninguno de los anexos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental”, por lo que “no resulta necesario someter estos proyectos a alguno de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental previstos”.
Visto informe de la Dirección General de Energía de 4 de octubre de 2023.
Considerando que existen razones justificadas de excepcional interés que aconsejan la ejecución de la obra proyectada, de conformidad con el artículo 6 bis, apartado 1, de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario.
Considerando que el apartado 2 del citado artículo especifica que los proyectos de construcción, modificación y ampliación de las instalaciones declaradas de interés general a las cuales se refiere el apartado anterior, se someterán a un régimen especial de autorización y no estarán sujetos a licencia urbanística ordinaria o a cualquier otro acto de control preventivo municipal o insular.
Considerando que, de acuerdo con el apartado 6 de dicho artículo, en caso de detectarse disconformidad con el planeamiento, inexistencia de este, o ausencia de ordenación concreta aplicable al proyecto, se elevará dicho proyecto al Gobierno de Canarias, el cual decidirá si procede o no su ejecución y, en el primer caso, precisará los términos de la ejecución y ordenará a la Administración competente la adaptación del planeamiento correspondiente con ocasión de la primera modificación sustancial del mismo.
Considerando que el apartado 7 del artículo 6 bis especifica que el acuerdo favorable del Gobierno de Canarias legitimará por sí mismo la ejecución de los actos de construcción, edificación y uso del suelo incluidos en los correspondientes proyectos de instalaciones de generación, transporte y distribución, sin necesidad de ningún otro instrumento de planificación territorial o urbanística, y tendrá el carácter de autorización especial equivalente a la licencia urbanística municipal.
Considerando que, de conformidad con el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos podrán ser objeto de publicación cuando así lo aconsejen razones de interés público. En el presente caso, esas razones vienen dadas por la afección que tiene el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, sobre los planes territoriales o urbanísticos, que son disposiciones de carácter general y que, a su vez, también se publican en los diarios oficiales correspondientes.
En su virtud, y de conformidad con las disposiciones de general aplicación, a propuesta del Consejero de Transición Ecológica y Energía, y previa deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el día 30 de octubre de 2023,
RESUELVO:
Primero.- Acordar la ejecución del proyecto “Parque Fotovoltaico Aldea Blanca I”, de 0,7 MW, promovido por Naturgy Renovables, S.L.U., en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, conforme a la documentación obrante en la Consejería de Transición Ecológica y Energía.
Segundo.- Ordenar paralelamente la iniciación del procedimiento de modificación del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria y del Plan General de Ordenación de San Bartolomé de Tirajana, con ocasión de la primera modificación sustancial de los mismos, respecto de todas aquellas determinaciones que resulten necesarias para la ejecución del proyecto objeto del presente Decreto.
Tercero.- Publicar el presente Decreto en el Boletín Oficial de Canarias.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Gobierno de Canarias en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación o publicación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala competente de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación; significando que, en caso de presentarse recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el primero o se produzca la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Dado en Canarias, a 30 de octubre de 2023.
EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,
Fernando Clavijo Batlle.
EL CONSEJERO DE TRANSICIÓN
ECOLÓGICA Y ENERGÍA,
Mariano Hernández Zapata.
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