Por Orden de 2 de agosto de 2022, de la extinta Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, se delegaron en la Dirección General de la Función Pública las siguientes facultades en el expediente de contratación del servicio de mantenimiento y soporte del sistema de nómina centralizada de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, respecto a los créditos de la partida presupuestaria 08.24.491A.227.12 “Gastos centralizados comunicaciones e informática”:
a) El inicio y la declaración de urgencia de todos los procedimientos.
b) La devolución y cancelación de garantías.
c) La autorización y compromiso de la totalidad de los gastos y el reconocimiento de obligaciones de sus servicios presupuestarios, dentro de las limitaciones establecidas por las Leyes de Presupuestos.
d) La formalización de los contratos.
e) El ejercicio de las prerrogativas de interpretar los contratos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, acordar su resolución y determinar los efectos de esta, previstas en el artículo 190 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Por Decreto 41/2023, de 14 de julio, del Presidente, por el que se determinan las competencias de la Presidencia y Vicepresidencia, así como el número, denominación, competencias y orden de precedencias de las Consejerías, modificado por Decreto 47/2023, de 17 de julio, del Presidente, se determinó que la Presidencia del Gobierno asume las competencias relativas a las telecomunicaciones y las tecnologías de la información en general, a través principalmente de la Dirección General de Transformación Digital de los Servicios Públicos.
El artículo 11.c) del Reglamento Orgánico de la Presidencia del Gobierno, aprobado por Decreto 356/2019, de 19 de diciembre, dispone que corresponde a la Viceconsejería de la Presidencia las facultades de órgano de contratación respecto de las áreas de actuación del Presidente del Gobierno cuando superen los importes previstos y asignados a otros órganos por este Reglamento.
El artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerarquicamente dependientes, así como que las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el Boletín Oficial que corresponda. Se establece también que la delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya conferido.
El artículo 31.3 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, establece que el ejercicio de las competencias propias podrá ser delegado en el órgano que por la aplicación del principio de eficacia sea mas idóneo para ello.
La Dirección General de la Función Pública es el órgano responsable de las competencias sobre el sistema de información de recursos humanos para la gestión centralizada del personal al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como del sistema de nómina centralizada para determinados colectivos de personal al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Por lo expuesto, se estima conveniente que se deleguen en la Dirección General de la Función Pública, por ser el órgano idóneo para ello, las siguientes facultades en el expediente de contratación del servicio de mantenimiento y soporte del sistema de nómina centralizada de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, respecto a los créditos de la partida presupuestaria 08.24.491A.227.12 “Gastos centralizados comunicaciones e informática”:
a) El inicio y la declaración de urgencia de todos los procedimientos.
b) La devolución y cancelación de garantías.
c) La autorización y compromiso de la totalidad de los gastos y el reconocimiento de obligaciones de sus servicios presupuestarios, dentro de las limitaciones establecidas por las Leyes de Presupuestos.
d) La formalización de los contratos.
e) El ejercicio de las prerrogativas de interpretar los contratos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, acordar su resolución y determinar los efectos de esta, previstas en el artículo 190 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
En su virtud,
RESUELVO:
Primero.- Delegar en la Dirección General de la Función Pública las siguientes facultades en el expediente de contratación del servicio de mantenimiento y soporte del sistema de nómina centralizada de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, respecto a los créditos de la partida presupuestaria 08.24.491A.227.12 “Gastos centralizados comunicaciones e informática”:
a) El inicio y la declaración de urgencia de todos los procedimientos.
b) La devolución y cancelación de garantías.
c) La autorización y compromiso de la totalidad de los gastos y el reconocimiento de obligaciones de sus servicios presupuestarios, dentro de las limitaciones establecidas por las Leyes de Presupuestos.
d) La formalización de los contratos.
e) El ejercicio de las prerrogativas de interpretar los contratos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, acordar su resolución y determinar los efectos de esta, previstas en el artículo 190 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Segundo.- Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente estas circunstancias y se considerarán dictadas por el órgano delegante.
Tercero.- La delegación se adopta sin perjuicio de las facultades de avocación y revocación que obstenta el órgano delegante, de conformidad con la normativa vigente.
Canarias, a 22 de agosto de 2023.- El Viceconsejero de la Presidencia, Juan Alfonso Cabello Mesa.
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