Visto el expediente 2023/04818 instruido por esta Consejería, a instancia de Red Eléctrica España S.A.U. (en adelante REE), en solicitud de concesión de ocupación de 69.095,01 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre (en adelante, dpm-t), con destino a la instalación de la línea subterránea-submarina de transporte de energía eléctrica, de doble circuito a 66 kV, de conexión entre la subestación eléctrica de El Palmar de La Gomera (en el término municipal de San Sebastián de La Gomera, isla de La Gomera) con la subestación eléctrica de Chío (en el término municipal de Guía de Isora, en la isla de Tenerife), todo ello en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
1.- Por Resolución de 8 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de Energía, se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2022, por el que se aprueba la planificación de la red de transporte de energía eléctrica Horizonte 2026. Entre los principios rectores en los que se basa de dicha planificación se encuentra que el cumplimiento de los compromisos en materia de energía y clima se van a concretar en el Plan Nacional de energía y Clima (PNIEC) 2021-2030.
La línea eléctrica se encuentra incluida en esta planificación, actuación denominada como “Enlaces Tenerife-La Gomera”. El proyecto se justifica por la importancia estratégica para el Sistema eléctrico canario, en sintonía con los objetivos nacionales de Transición Energética incluidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (2021-2030), respecto al proceso de descarbonización, integración de renovables, búsqueda de sinergias y eficiencia entre sistemas de fortalecimiento, al sistema energético canario en su conjunto, buscando el soporte y apoyo entre islas y la reducción de la dependencia de combustibles fósiles.
2.- Con fecha de 2 de junio de 2022, la sociedad Red Eléctrica de España, S.A.U. (en adelante, REE) solicitó con carácter de urgencia una autorización administrativa para la ocupación del dpm-t mediante las instalaciones de referencia, dirigida al Servicio Provincial de Costas en Santa Cruz de Tenerife (en adelante, SPC) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (en adelante, MITERD).
Según contestación del SPC y dirigido a REE, la ejecución de las actuaciones contenidas en el proyecto requeriría el previo otorgamiento de concesión administrativa para la ocupación del dpm-t, cuya tramitación se ajustaría a lo dispuesto en el artículo 152 del Reglamento General de Costas (en adelante, RGC) respecto a las concesiones, por lo que en ningún caso se podría tramitar como autorización, sino como concesión, debiendo subsanar la solicitud.
3.- Con fecha de 28 de julio de 2022, REE solicita la concesión en el dpm-t, siéndole requeridas por el SPC una serie de subsanaciones (código del expediente de la concesión en el SPC: CNC02/22/38/0009). REE aportaría parcialmente las subsanaciones requeridas, y tras una serie de nuevas subsanaciones, el SPC citó para el levantamiento del Acta de Confrontación a REE, el día 18 de octubre de 2022, llevándose a término sin que consten observaciones en las actas.
4.- Con fecha de 19 de septiembre de 2022, por Orden del Consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial se declaran de interés general, por razones de excepcional interés, las obras necesarias para la ejecución de las instalaciones eléctricas de alta tensión contempladas en el proyecto objeto de autorización.
5.- Con fecha de 23 de diciembre de 2022, se publica en el Boletín Oficial de Canarias n.º 251 la Resolución de la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica.- Resolución de 1 de diciembre de 2022, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental de 29 de noviembre de 2022, que formula la Declaración de Impacto Ambiental de los proyectos denominados “Nuevo enlace eléctrico submarino, doble circuito, entre la subestación Chío (Tenerife) y la subestación El Palmar (La Gomera) a 66 kV” (S/Ref. SE-2021/001), “Nueva subestación eléctrica El Palmar a 66 kV en la isla de La Gomera” (S/Ref. SE-2021/002) y “Nueva subestación eléctrica Chío 66 kV” (S/Ref. SE-2021/003), promovidos por Red Eléctrica de España, S.A.U., en los términos municipales de San Sebastián de La Gomera y Guía de Isora, en La Gomera y Tenerife, respectivamente.-Expediente 2022/20623.
La Declaración de Impacto Ambiental pone de manifiesto las medidas que permitirán minimizar las posibles alteraciones físicas de los hábitats afectados por el tendido del cable submarino, así como las posibles alteraciones indirectas, molestias a especies protegidas y riesgos asociados a la presencia y funcionamiento del cable.
6.- CONTENIDO DEL PROYECTO.
Conforme consta en la Memoria del proyecto, las instalaciones consisten en una doble línea de transporte de energía eléctrica entre las islas de La Gomera y Tenerife, mediante un doble circuito a 66 kV. El trazado del cable tiene dos claras formas de trazado: los tramos que discurren de forma subterránea (bajo el terreno) y los tramos que discurren de forma submarina (sobre el lecho marino, bien simplemente apoyado en él, o bien protegido mediante un pequeño enterramiento o mediante cubriciones con bloques de hormigón o escamas metálicas).
Desde el extremo de La Gomera, el tendido eléctrico llega al dpm-t desde la subestación de El Palmar, y llega a él ya de forma subterránea mediante una doble perforación horizontal dirigida con tubos de 400 mm (en adelante PHD). La profundidad estimada según el plano J-0958-L0547L009_005 es de entre 5 y 15 metros.
Tras cruzar los escasos metros de dpm-t existentes, cruza asimismo los terrenos de dpp del puerto de San Sebastián de manera subterránea.
Aproximadamente en el PK 0+820 y batimétrica -27’0, el cable emerge del subsuelo para pasar a tenderse simplemente apoyado en el lecho marino, hasta la isla de Tenerife (en función del estrato de suelo y las agresiones a las que pueda estar sometido el cable expuesto, puede estar protegido mediante escamas, bloques de hormigón o un pequeño soterramiento en zanja). Este tramo submarino tiene una longitud de unos 36 kilómetros para el circuito 1 y de unos 35 kilómetros para el circuito 2.
En las proximidades de la isla de Tenerife el cable se recibe de forma similar: a una cierta distancia de la isla, que según el plano J-0958-L0547L009_002 se establece en torno al PK 0+560 y batimétrica -18’5, el cable pasa de estar simplemente apoyado en el lecho marino a perforar el terreno, atravesando un sustrato rocoso (coladas basálticas intercaladas por niveles piroclásticos) a una profundidad de la superficie nunca menor de 5 metros, atravesando así de manera subterránea la zona marítimo-terrestre y cruzando la zona de servidumbre de protección, hasta llegar a la estación de Chío.
La PHD es una técnica que permite la perforación de un pequeño túnel, sin abrir zanjas y con un cierto control de la trayectoria de perforación, permitiendo librar obstáculos sin afectar al terreno, si bien la heterogeneidad del terreno volcánico produce cierta incertidumbre.
El cable submarino será instalado mediante un buque cablero, auxiliado por remolcadores y botes hinchables.
Respecto de las zanjas y cubriciones en los tramos submarinos, estas prevén instalarse entre la salida de las PHD y hasta profundidades de 100 metros, debido a que en estas batimétricas pueden producirse daños por actividades de pesca, arrastre, fondeos y navegación, etc.
Las zanjas serán de entre 0,2 y 1,0 metros de profundidad, ejecutadas mediante métodos de jetting, trenching o ploughing.
Las cubriciones se realizarán mediante mattresses o mediante conchas de acero.
Los tramos de toda la interconexión serían los siguientes:
• Tramo subterráneo terrestre en la isla de Tenerife: entre la subestación de Chío y la cámara de transición tierra-mar n.º 1, en el Callao Chico. Longitud aproximada de 5,3 km por circuito. La totalidad del tramo, incluida la cámara de transición, se sitúan fuera del dominio público marítimo-terrestre y de la servidumbre de tránsito.
• Tramo de Perforación Horizontal Dirigida (PHD) hasta salida al mar, en la isla de Tenerife: en la cámara de transición tierra-mar n.º 1, en el Callao Chico, están previstas dos perforaciones dirigidas de unos 540 metros de longitud, con tubo de 400 mm de diámetro. Conforme al plano J-0958-L0547 n.º L012, la longitud lineal en PHD de este tramo situada en mar territorial es de 441,35 m (circuito 1) y 447,80 m (circuito 2), con una ocupación de 441,35 m2 y 447,80 m2, respectivamente. En el límite interior del dpm-t (línea de deslinde) la profundidad de la PHD es de, aproximadamente, 16 metros bajo la superficie del terreno. La PHD discurrirá subterráneamente bajo el lecho marino hasta la batimétrica -18.50, conforme al plano J-0958-L0547 n.º L009 (plano de perfil y planta Tenerife), donde el cableado pasará a discurrir tendido sobre el lecho marino. La técnica de realización de las perforaciones dirigidas para alojar los cables submarinos se describe en el apartado 1.7 del Proyecto. La máquina de perforación se recupera a la salida de la PHD sin necesidad de pozo de extracción y con una afección mínima al entorno.
• Tramo submarino: el tramo submarino (sin contar con las PHD) tendrá una longitud aproximada de 34,744 km para el circuito 1 y de 34,326 km para el circuito 2, con una profundidad máxima prevista de 1.145 metros. El procedimiento de tendido desde barco de los cables submarinos se describe en el apartado 1.7 de la Memoria del Proyecto. Se aportan planos del perfil longitudinal del trazado del cable submarino (J-0958-L0547 n.º L009), circuitos 1 y 2.
• Tramo de Perforación Horizontal Dirigida (PHD) hasta salida al mar, en la isla de La Gomera: en la cámara de transición tierra-mar n.º 2, en San Sebastián de La Gomera, están previstas dos perforaciones dirigidas de unos 850 metros de longitud, con tubo de 400 mm de diámetro. La PHD discurrirá subterráneamente desde la cámara de transición bajo un vial y paseo marítimo (en las servidumbres de tránsito y protección), bajo la playa de San Sebastián de La Gomera en una longitud de 65,29 m (circuito 1) y 60,47 m (circuito) conforme al plano J-0958-L0547 n.º L011, bajo las aguas de la playa de San Sebastián de La Gomera y bajo espacios de dominio público portuario (zona de aguas I y II del puerto y dique). Conforme al plano J-0958-L0547 n.º L009 (plano de perfil y planta La Gomera), en el límite interior del dpm-t la profundidad de la PHD es de, aproximadamente, 13 metros bajo la superficie del terreno (parte superior de la berma de la playa). La técnica de realización de las perforaciones dirigidas para alojar los cables submarinos se describe en el apartado 1.7 del Proyecto. La máquina de perforación se recupera a la salida de la PHD sin necesidad de pozo de extracción y con una afección mínima al entorno.
• Tramo subterráneo terrestre en la isla de La Gomera: desde la cámara de transición n.º 2, situada junto al cruce del Barranco de La Concepción con la Avenida de los Descubridores. El trazado discurre por el Barranco de la Concepción hasta la parcela ubicada en la zona industrial de Los Tajinastes, donde se ubicará la futura subestación de El Palmar de La Gomera, de 66 kV. La totalidad del tramo, incluida la cámara de transición, se sitúan fuera del dpm-t y de la servidumbre de tránsito.
Los tramos de costa afectados cuentan con los deslindes vigentes aprobados por las siguientes Órdenes ministeriales:
• Orden ministerial de 17 de abril de 2002 en el tramo de Tenerife. Las actuaciones proyectadas se sitúan en el dominio público marítimo-terrestre y en sus servidumbres de tránsito y protección. El deslinde anterior, aprobado por Orden ministerial de 19 de junio de 1967, no es coincidente con el deslinde actual. Las actuaciones proyectadas hubieran afectado a la Zona Marítimo Terrestre y a sus servidumbres de vigilancia y salvamento.
• Orden ministerial de 1 de agosto de 2007, en el tramo de La Gomera. Las actuaciones proyectadas se sitúan en el dominio público marítimo-terrestre y en sus servidumbres de tránsito y protección y en espacios del dominio público portuario del Puerto de San Sebastián de La Gomera. No existe deslinde anterior.
La concesión solicitada se encuentra en espacios naturales protegidos pertenecientes a la Red Natura 2000. Estos son la Zona Especial de Conservación (ZEC) con código ES7020017 “Franja Marina Teno-Rasca” y la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) con código ES0000526 “Espacio marino de La Gomera-Teno”.
La denominación y características del cable subterráneo son: Cable “RHE-RA+2OL 36/66 kV 1x1000KAL+H135 + 8FO”: cable aislado de aislamiento XLPE 36/66 kV de aluminio, cuerda compacta redonda 1x1000 mm2 de sección con doble obturación longitudinal en conductor y pantalla, protección radial con lámina de aluminio solapada, pantalla constituida por alambres de cobre de 135 mm2 de sección más 8 fibra ópticas integradas, y cubierta exterior de polietileno de alta densidad (HDPE) con capa exterior semiconductora extrusionada conjuntamente con la cubierta, características mecánicas DME1 y sin propiedades especiales ante la reacción al fuego.
Respecto del cable submarino, se utilizarán al menos dos diseños distintos; uno para las perforaciones dirigidas en las entradas en el mar y otro para el resto del trazado. El primero tendrá mayor sección de conductor debido a la elevada profundidad de enterramiento que alcanzan las perforaciones en su llegada al mar.
El cable puramente submarino (fuera de la PHD) dispondrá de doble armadura para soportar los elevados esfuerzos durante el tendido.
Considerar diseños de cables submarinos diferentes no implica la necesidad de realizar empalmes de transición en el fondo marino, ya que dichos empalmes se realizan en fábrica, de forma que el cable se instalará en una única pieza.
La denominación y características del cable submarino en PHD, son: Cable “38 / 66 kV 3x500 mm2 + 1x48 FO”: cable aislado de aislamiento XLPE 36/66 kV de cobre 3 x 500 mm2 de sección con pantalla constituida por aleación de plomo y armadura de acero galvanizado.
La denominación y características del cable submarino fuera de la PHD, son: Cable “36/66 kV 3x1x240 mm2 + FO”: cable tripolar con conductores de cobre, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), pantalla de aleación de plomo, y doble armadura de cables de acero galvanizado, el cual alberga en su interior los cables de fibra óptica.
7.- TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA.
El expediente, en origen, ha sido instruido por el SPC hasta el 31 de diciembre de 2022, fecha en que entró en vigor el Real Decreto 713/2022, de traspaso de funciones y servicios de la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de ordenación y gestión del litoral.
El SPC ha sometido al proyecto al trámite de información pública, publicándose en los siguientes medios:
• En el Boletín Oficial del Estado n.º 257, del miércoles 26 de octubre de 2022.
• El tablón de anuncios del Ayuntamiento de Guía de Isora (consta certificado de 29.11.2022).
• El tablón del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera (consta certificado de 16.5.2023).
• El anuncio fue publicado en la página del MITERD en el espacio correspondiente de participación pública.
No constan alegaciones en el expediente en el trámite de información pública.
8.- SOLICITUD DE INFORMES SECTORIALES.
El SPC solicitó los siguientes informes sectoriales:
• Al Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera.
• Al Ayuntamiento de Guía de Isora.
• A la Comandancia Naval de Santa Cruz de Tenerife.
• A la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.
• Al Cabildo Insular de Tenerife.
• Al Cabildo Insular de La Gomera.
• Al Consejo Insular de Aguas de La Gomera.
• A Capitanía Marítima de Santa Cruz de Tenerife.
• A la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias.
• A la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, del MITECO.
• Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Defensa.
9.- INFORMES EVACUADOS.
En respuesta a la solicitud de informes sectoriales, han emitido informe en el plazo concedido, las siguientes administraciones y organismos:
- Con fecha 7 de noviembre de 2022, el Ayuntamiento de Guía de Isora informa de que las actuaciones planteadas respecto de la servidumbre de protección y el dpm-t, no son incompatibles con el Plan General de Ordenación Urbana de Guía de Isora y con la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, siempre y cuando no exista prohibición expresa en el planeamiento insular (Revisión Parcial del PIOT y acuerdo del Cabildo Insular de Tenerife tomado en la sesión extraordinaria celebrada día 2 de marzo de 2018 sobre las consideraciones en relación con la derogación tácita de las determinaciones urbanísticas del PIOT efectuadas por el punto 3.º de la disposición derogatoria única de la Ley 4/2017). Este aspecto deberá ser comprobado por el Cabildo Insular de Tenerife.
Respecto a los condicionados a tener en cuenta en la realización de los trabajos se indica que:
• Deberá realizarse una correcta gestión de los residuos generados durante la realización de los trabajos por aplicación de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias.
• Deberán reponerse todos los elementos preexistentes afectados por los trabajos de manera que se vuelva a sus estado original (bordillos, aceras, señalización vial, redes de alumbrado, saneamiento, etc.) tanto en las vías de tráfico rodado como en las de uso peatonal (paseo de Punta Blanca).
• La profundidad de la zanja deberá ser tal que la distancia entre la capa superior del firme asfáltico-suelo acabado y la generatriz superior de la canalización no sea inferior a 1,00 metro.
• Las tapas de las arquetas que se ejecuten en la calzada deberá ser como mínimo clase D-400 según la norma UNE-EN124.
- Con fecha 9 de noviembre de 2022, Capitanía Marítima informa favorablemente, condicionado a que:
• Con anterioridad al inicio de las operaciones, los buques y las embarcaciones de apoyo deberán solicitar a Capitanía Marítima de Santa Cruz de Tenerife el despacho por tiempo. Si el buque cablero no tiene bandera española, su actividad en el mar territorial no se considerará como paso inocente, y estará sujeto a la autorización previa de la Administración Marítima, tal y como se establece en el artículo 39 de la Ley 14/2014, de Navegación Marítima del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión europea y Cooperación.
• Las embarcaciones de apoyo que no sean embarcaciones auxiliares del buque cablero y los remolcadores que participen en las operaciones, pertenecerán a la lista 5.ª de la clasificación nacional de buques, y estarán clasificadas en al Clase T (buques y embarcaciones que salen al mar), en el caso de estar abanderados en España. Si algún buque es extranjero, esta condición se deberá justificar mediante la información técnica y la copia de los certificados emitidos por la bandera del buque.
• Las actividades subacuáticas las llevarán a cabo empresas de buceo profesional, que deberán seguir, en todo momento, las operaciones de seguridad que establece el Real Decreto 550/2020, de 2 de junio, por el que se determinan las condiciones de seguridad de las actividades de buceo para este tipo de buceo.
• Con anterioridad al inicio de las operaciones, las empresas de buceo profesional deberán notificar su actividad a la Dirección de Marina Mercante, según lo dispuesto en el artículo 61 del Real Decreto 550/2020.
• La utilización de vehículos submarinos controlados remotamente (ROV), en cualquiera de las fases del proyecto, requerirán la autorización de Capitanía Marítima de Santa Cruz de Tenerife, previo trámite de aprobación por parte de la Armada.
• Las actividades subacuáticas que tengan relación con el patrimonio cultural o arqueológico submarino, las llevarán a cabo empresas de buceo científico y requerirán la preceptiva autorización de la Armada.
Por otra parte, una vez se recaben las correspondientes autorizaciones, se considera necesario adoptar medidas que aseguren su difusión a los usuarios que realizan su actividad cerca del litoral, a las Cofradías de pescadores y a las Compañías navieras que realizan líneas regulares de pasaje entre islas, destacando las siguientes:
• Emisión de radioavisos náuticos por VHF y mensajes NAVTEX por parte de la Estación Costera o del Centro de Coordinación de Salvamento de SASEMAR.
• Publicación de los correspondientes avisos temporales en las cartas náuticas afectadas.
• Exposición pública de la duración de las operaciones en los puestos y marinas deportivas de la costa oeste de Tenerife y de San Sebastián de la Gomera.
• Comunicación escrita a Cofradías y Navieras.
Una vez finalice el tendido, se deberá comunicar al Instituto Hidrográfico de la Marina la trayectoria exacta de los dos cables para la inclusión de las oportunas correcciones en las cartas náuticas.
- Con fecha 23 de noviembre de 2022, el Consejo Insular de Aguas de La Gomera aporta un informe encargado a, y elaborado por, la empresa TRAGSATEC, en el que se concluye que la actuación prevista no afecta a las competencias del Consejo Insular de Aguas de La Gomera, al situarse en la zona marítimo-terrestre.
No obstante, se tendrá que cumplir con los siguientes condicionantes técnicos:
En la zona de actuación está situada la masa de agua subterránea ES70LG004 Acuífero Valle San Sebastián que está catalogado como zona vulnerable Acuífero San Sebastián, por lo que si se realiza cualquier tipo de vertido se tiene que cumplir con los criterios específicos de la Directiva 91/676/CEE para no contribuir a la alteración del Buen Estado químico de dicha masa.
- Con fecha 31 de octubre de 2022, el Cabildo de Tenerife informa en atención a las competencias en gestión y conservación de los espacios protegidos de la Red Canaria y de la Red Natura, de la flora y fauna silvestre y de los hábitats naturales, así como del paisaje natural, lo siguiente:
• En cuanto a la afección a los espacios naturales protegidos de la Red Canaria y espacios protegidos de la Red Natura.
La ubicación propuesta para la subestación de Chío no afecta directamente a los espacios protegidos integrantes de la Red Canaria y de la Red Natura competencia de esta Área.
• Con respecto a la afección a hábitats naturales y especies silvestres, y de los hábitats naturales y paisaje natural.
El ámbito concreto de ocupación de la zona de dominio público marítimo-terrestre del nuevo enlace eléctrico submarino no alberga recursos naturales de relevancia, no siendo por tanto esperables afecciones significativas negativas sobre los recursos naturales competencia de esta Área.
- Con fecha 22 de noviembre de 2022, el Ministerio de Defensa informó favorablemente la solicitud de concesión.
- Con fecha 4 de noviembre de 2022, la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial remite Resolución n.º 297/2022, de 29 de octubre de 2022, del Viceconsejero de Política Territorial y Aguas, por la que se autoriza la ejecución del citado proyecto en la zona afectada por la Servidumbre de Protección del dpm-t.
10.- INFORME DE COMPATIBILIDAD CON LA ESTRATEGIA MARINA CANARIA.
Con fecha de 6 de noviembre de 2021, la Dirección General de la Costa y el Mar emitió informe de compatibilidad con la Estrategia Marina Canaria, en sentido favorable, sujeto a las siguientes condiciones:
• Se deberán aplicar todas las medidas incluidas en el Estudio de Impacto Ambiental propuestas por el promotor, así como todas aquellas que se incluyan en la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental, presentando especial atención a la máxima reducción de los impactos sobre las praderas de fanerógamas en la fase de instalación del cable.
• El Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) debe incorporar el seguimiento de aquellos aspectos ambientales clave ligados a este tipo de proyectos, que podrían afectar a la conservación de los espacios naturales, incluyéndose al menos los siguientes:
- Alteración física directa de los hábitats.
- Posibles alteraciones indirectas, debido al paso del vehículo submarino o la sedimentación de finos suspendidos en el entorno.
- Molestia a las especies protegidas, especialmente durante la construcción.
- Riesgos asociados a la presencia y funcionamiento del cable, como posibles efectos de roturas del cable o contaminación por degradación de los materiales constructivos.
El PVA seguirá igualmente la ejecución y eficacia de las medidas ambientales planteadas en el proyecto.
• Los trabajos en el medio marino se realizarán con la mar en calma y con condiciones de corriente que eviten que los sólidos suspendidos puedan sedimentar sobre las praderas cercanas. Durante la ejecución se hará un seguimiento de la pluma de turbidez generada, como parte de la vigilancia ambiental del proyecto, deteniendo los trabajos en caso de que pueda darse una afección a las praderas cercanas. Si como resultado de la vigilancia ambiental se detectar que las anteriores precauciones son insuficientes se deberán prever medidas adicionales que deberán aplicar en caso necesario.
• Dado que la técnica PHD produce sustancialmente menos afección a las comunidades bentónicas que la apertura de una zanja submarina, se sugiere priorizar la tecnología en la ejecución del proyecto en todos los tramos donde sea técnicamente viable, de manera que se afecte lo menos posible a los hábitats y especies protegidas, especialmente a las praderas de fanerógamas marinas.
• Durante la ejecución del proyecto, así como durante las posteriores tareas de mantenimiento de la infraestructura, se tenderá a una generación mínima de residuos y en todo caso se evitará totalmente la generación de basuras marinas, gestionando adecuadamente en tierra los residuos cuya generación sea inevitable. Dada la naturaleza del entorno, se deberá formar de manera específica a todos los trabajadores implicados en las tareas en el medio marino para lograr dicho fin.
• Los elementos que se instalen han de ser objeto de un adecuado mantenimiento y vigilancia, que asegure que cada una de sus partes conserva las características adecuadas para su función. El control debe realizarse sobre cada una de las partes de la instalación comprobando que se encuentran adecuadamente fijados y sin desenterrar, sin indicios de desgaste o corrosión.
• Dado el importante valor de la zona para diferentes especies marinas, y especialmente aves y mamíferos, se adoptarán todas las medidas necesarias para que las perturbaciones y molestias ligadas a los trabajos sean las mínimas posibles. En particular se tendrán en cuenta en la planificación de los trabajos los periodos de mayor sensibilidad para la conservación favorable de las especies los periodos de reproducción y cría.
Se evitarán durante los trabajos de construcción el uso de técnicas acústicas submarinas que supongan la emisión de niveles de ruido significativos. En caso contrario se adoptarán las medidas necesarias para evitar que tales fuentes acústicas causen perjuicio a las especies sensibles.
11.- TRASPASO DE COMPETENCIAS.
De acuerdo al Real Decreto 713/2022, de traspaso de funciones y servicios de la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de ordenación y gestión del litoral, a partir del 1 de enero de 2023 las competencias para el otorgamiento de autorizaciones y concesiones en dpm-t corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias, que se desarrollan a través de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
No obstante, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado C)3 del Real Decreto 713/2022, la Administración General del Estado, a través del MITERD, se reserva la función de emitir preceptivamente informe en el plazo de dos meses sobre la garantía, tanto de la integridad física como del uso público del dpm-t, previo al acto de otorgamiento del título de ocupación.
12.- INFORME DEL MITERD.
El 8 de febrero de 2023 esta Consejería solicitó informe a la Dirección General de la Costa y el Mar, otorgando un plazo de dos (2) meses sobre la actuación de referencia en virtud de lo dispuesto en el apartado C)3 del Anexo I del RD 713/2022, respecto de las instalaciones de referencia.
El 2 de marzo de 2023 el Servicio Provincial de Costas en Santa Cruz de Tenerife elevó a los Servicios Centrales de esta Dirección General de la Costa y el Mar el expediente de referencia, junto a su informe propuesta de fecha 1 de marzo de 2023.
El MITERD informó que la ocupación solicitada no contraviene lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, ya que las obras solicitadas están vinculadas con el dpm-t a tenor de la configuración del tramo costero y por su contribución al servicio público.
También informó que de acuerdo al apartado C.5 Anexo del Real Decreto 713/2022, la Administración General del Estado se reserva las funciones de fijar el importe de los cánones de ocupación o aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre y de ejercer la titularidad sobre los derechos económicos devengados por la utilización o aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, sin perjuicio de la competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias para establecer otros gravámenes.
Acorde con la propuesta de “Plan de utilización de los espacios portuarios del Puerto de San Sebastián de La Gomera” presentada por la Autoridad Portuaria, a efectos de ocupación efectiva y cálculo del canon, queda excluida de este proceso administrativo la superficie perteneciente a la Zona de Servicio planteada y gestionada por ese ente público.
El informe fue emitido en sentido favorable, siempre que se cumpla con las siguientes condiciones:
1. Las obras que se informan son las incluidas en los “Proyecto de ejecución para la ocupación de la zona de dominio público marítimo-terrestre en las islas de Tenerife y La Gomera del nuevo enlace eléctrico submarino doble circuito, entre la subestación de Chío (Tenerife) y la subestación de El Palmar de La Gomera (La Gomera) a 66 KV”, suscrito en mayo de 2022 por la Ingeniera Industrial Dña. María Soler Soneira.
2. Deberá quedar garantizada, libre y expedita, en todo caso, la servidumbre de tránsito que contempla la legislación de costas, adecuando los medios necesarios para mantener la misma.
3. Deberá garantizarse el cumplimiento de todas y cada una de las condiciones impuestas por los órganos ambientales competentes.
4. Con base en el artículo 84 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, se establece el siguiente canon:
A) Base
Superficie ocupada en dominio público = 67.845,86 m²
Ancho ocupación = 1 metro (artículo 184.2 Reglamento General de Costas).
1. Valor del bien ocupado:
El artículo 84.3.1.a) de la Ley 22/1988, de 28 de julio, establece que “se determinará por equiparación al mayor de los tres valores siguientes: el valor catastral, el comprobado por la Administración a efectos de cualquier tributo, o el precio, contraprestación o valor de adquisición declarados por los sujetos pasivos, aplicables a los terrenos contiguos a sus zonas de servidumbre que tengan un aprovechamiento similar a los usos que se propongan para el dominio público”.
San Sebastián de La Gomera:
Valor catastral unitario* = 0,98 euros/m²
* (Según valor catastral de la finca 2286603BS9028N0001RG)
Superficie en dominio público marítimo-terrestre hasta BMVE = 125,76 m²
Guía de Isora:
Valor catastral unitario* = 1,14 euros/m²
* (Según valor catastral de la finca 38019A002000050000PY)
Superficie en dominio público marítimo-terrestre hasta BMVE = 18,78 m²
Mar territorial:
Valor del bien unitario* = 0,006 euros/m2
* [Según artículo 181.3.a).4.º del Reglamento General de Costas]
Superficie de ocupación mar territorial = 67.701,32 m2
Valor del bien ocupado = (0,98 euros/m2 × 125,76 m2) + (1,14 euros/m2 × 18,78 m2) + (0,006 euros/m2 × 67.701,32 m2) = 550,86 euros
2. Beneficios:
El artículo 84.3.1.a) de la Ley 22/1988, de 28 de julio, establece que el valor del bien ocupado “será incrementado con el importe medio estimado de los beneficios netos anuales, antes de impuestos, que sea previsible obtener en la utilización del dominio público durante un periodo de diez años. Si la duración de la concesión tuviera un plazo inferior a diez años, esa estimación será por todo el periodo concesional”.
Después añade cómo debe realizarse dicha estimación:
“[…] En ningún caso esta estimación será inferior al 20 por 100 del importe de la inversión a realizar por el solicitante.”
El artículo 181.3.a).1.º del Reglamento General de Costas, modificado por Real Decreto 668/2022, de 1 de agosto, especifica que “se tomará como valor de la inversión el presupuesto material de ejecución de las obras e instalaciones en dominio público marítimo-terrestre actualizado y completado, teniendo en cuenta, entre otros, la previsión de levantamiento de las obras a la extinción del título”.
PEM proyecto = 62.665.725,41 euros.
Según la información disponible el valor estimado para la partida correspondiente al desmantelamiento del cable se estima en 10 euros/m lineal de cable, por lo que se ha procedido a recalcular dicha partida incluida en los presupuestos presentados.
Longitud cable a desmontar = PHD + Tramos submarinos = 71.850 metros lineales
PHD; 2 Ud x 540 ml (La Gomera) + 2 Ud x 850 ml (isla Tenerife) = 2.780 ml
Tramos submarinos = 34.744 ml (circuito 1) + 34.326 ml (circuito 2) = 69.070 ml
PEM con desmantelamiento = 62.665.725,41 + 71.850 ml x 10 euros/ml = 63.384.225,41 euros
PEM actualizado IPC feb23 = 65.792.825,98 euros
20% PEM = 13.158.565,20 euros
B) Canon total anual = (550,86 euros + 13.158.565,20 euros) × 0,08 = 1.052.729,28 euros/año
Superficie de ocupación = 67.845,86 m2
Canon unitario = 1.052.729,28 euros/año/67.845,86 m2 = 15,51648 euros/m2 y año
El concesionario abonará en el Tesoro Público el importe correspondiente al canon, calculado a razón de quince euros con cincuenta y dos euros (15,51648) por metro cuadrado y año para los metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre de ocupación, debiendo presentar los correspondientes justificantes de pago en el Servicio Provincial de Costas en Santa Cruz de Tenerife.
El canon se revisará periódicamente en la medida en que aumente o disminuya el valor de los sumandos que sirvieron para determinar su base de liquidación. El pago de esta tasa se acomodará a lo previsto en Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos (BOE de 15.4.1989), y disposiciones que la desarrollen.
5. Una vez otorgada la concesión de ocupación de dominio público marítimo-terrestre por esa Comunidad Autónoma, solicitada por Red Eléctrica de España, S.A.U., deberá notificarlo al Servicio Periférico de Costas de este Ministerio en Santa Cruz de Tenerife en cumplimiento del artículo 116 de la Ley 22/1988, de 28 de julio.
6. Al replanteo de las obras y al reconocimiento final de las mismas deberá convocarse a un representante del Servicio Periférico de Costas, al objeto de constatar la adecuación de las obras al proyecto y la ocupación final de las mismas.
Una vez resuelta la solicitud de concesión de ocupación de dominio público marítimo-terrestre por esa Comunidad Autónoma, deberá notificarlo al Servicio Provincial de Costas en Santa Cruz de Tenerife en cumplimiento del artículo 116 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
13.- Con fecha 18 de mayo de 2023, el Director General de Ordenación del Territorio y Aguas del Gobierno de Canarias dictó Resolución n.º 126/2023, por la que fueron sometidas a la aceptación de Red Eléctrica de España S.A.U. las condiciones y prescripciones por las que podría otorgarse la concesión.
14.- Con fecha 23 de mayo de 2023, el promotor presenta escrito en respuesta a la anterior Resolución de ofrecimiento de condiciones, en el que acepta expresamente las condiciones ofrecidas, a excepción de la condición particular 1.ª, que preveía un plazo de otorgamiento de quince (15) años, prorrogables hasta un máximo de treinta (30) años, alegando que precisa de la ampliación del plazo propuesto al tratarse de unas instalación de utilidad pública e interés general, e invocando al respecto el artículo 135.3 del Reglamento General de Costas, aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- En primer lugar, es competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias la gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre, especialmente el otorgamiento de autorizaciones y concesiones, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 713/2022, de 30 de agosto, de traspaso de funciones y servicios de la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias, en materia de ordenación y gestión del litoral.
A su vez, el Decreto 69/2022, de 2 de diciembre, del Presidente, por el que se asignan las funciones y los medios traspasados a la Comunidad Autónoma de Canarias mediante el Real Decreto 713/2022, de 30 de agosto, de traspaso de funciones y servicios de la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de ordenación y gestión del litoral, establece en su artículo único que las funciones y servicios, así como los bienes, derechos, obligaciones, medios personales y créditos presupuestarios que en materia de ordenación y gestión del litoral han sido traspasados a la Comunidad Autónoma de Canarias por Real Decreto 713/2022, de 30 de agosto, se asignan a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, salvo el informe al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico acerca del interés y objetivo de la adscripción en lo que se refiere a la utilización y gestión del dominio público marítimo-terrestre adscrito para la construcción de nuevos puertos y vías de transporte de la titularidad de la Comunidad Autónoma, o de ampliación o modificación de los existentes, que se asigna a la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
En consecuencia, es competente para resolver el Consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, conforme a lo dispuesto en el artículo 5.19 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, aprobado por Decreto 54/2021, de 27 de mayo.
Segundo.- El expediente se tramita conforme al artículo 152 del Reglamento General de Costas, aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre.
Tercero.- Entre los objetivos principales de la Ley de Costas (exposición de motivos y artículos 2 y 20) está la defensa de la integridad del dominio público marítimo-terrestre, su adecuada conservación, la preservación de sus características y elementos naturales, la prevención de las perjudiciales consecuencias de obras e instalaciones y la adopción de las medidas de restauración necesarias.
En tal sentido, el mantenimiento de los fondos marinos libres de residuos es una medida necesaria para preservar su integridad y mantener un nivel de calidad adecuado en la estructura y las funciones de los ecosistemas asociados, por lo que debe ser considerado en toda actuación administrativa.
Cuarto.- En cuanto al plazo por el que se otorga la concesión, a la vista de la solicitud del promotor de ampliar el plazo de otorgamiento inicialmente ofertado de quince (15) años, prorrogables hasta un máximo de treinta (30) años, invocando el artículo 135.3 del Reglamento General de Costas, y de conformidad con lo manifestado por la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en su informe de 4 de abril de 2023, que concluye que el proyecto para la interconexión eléctrica de las islas de Tenerife y La Gomera contempla la instalación de dos circuitos de cableado que dada su configuración y especiales características deben estar ubicadas en el dominio público marítimo-terrestre, esto es, actividades que por su naturaleza no pueden ubicarse en otro lugar, no por razones de interés o conveniencia, sino por su vinculación con el dominio público, vinculación que exige su ocupación en el desarrollo de la citada actividad, procede estimar dicha alegación, ampliando el plazo inicialmente ofertado.
Por tanto, el plazo por el que se otorga la concesión es de veinticinco (25) años, prorrogables hasta un máximo de cincuenta (50) años, si persisten las condiciones de interés público que motivaron el otorgamiento.
Quinto.- Con base en el artículo 84 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y al apartado C.5 del anexo del Real Decreto 713/2022, por el que la Administración General del Estado se reserva las funciones de fijar el importe de los cánones de ocupación o aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre y de ejercer la titularidad sobre los derechos económicos devengados por la utilización o aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, sin perjuicio de la competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias para establecer otros gravámenes, el canon queda establecido de acuerdo con el informe emitido por el MITERD, quien lo estableció en quince euros con cincuenta y dos (15,51648) euros por metro cuadrado y año, para los metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre de ocupación, lo que arroja un canon total anual de un millón cincuenta y dos mil setecientos veintinueve euros con veintiocho céntimos (1.052.729,28 euros) por año, debiendo presentar los correspondientes justificantes de pago en el Servicio Provincial de Costas en Santa Cruz de Tenerife.
En su virtud,
DISPONGO:
Otorgar a Red Eléctrica de España, S.A.U. la concesión para la ocupación de sesenta y nueve mil noventa y cinco (69.095) metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre, con destino a la instalación de un cable submarino de transporte de energía eléctrica a 66 kV de doble circuito entre la subestación de El Palmar, en el término municipal de San Sebastián de La Gomera (isla de La Gomera), y la subestación de Chío, en el término municipal de Guía de Isora (isla de Tenerife), en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, de acuerdo con las siguientes condiciones y prescripciones:
PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA CONCESIONES DEMANIALES EN LAS PLAYAS, ZONA MARÍTIMO-TERRESTRE Y MAR TERRITORIAL APROBADO POR ORDEN MINISTERIAL DE 8 DE NOVIEMBRE DE 1985, PUBLICADO EN EL BOE DE 19 DE NOVIEMBRE DE 1985, CON LAS MODIFICACIONES NECESARIAS PARA SU ADAPTACIÓN A LA LEY 22/1988, DE 28 DE JULIO, DE COSTAS, Y ADAPTADO A LO DISPUESTO POR EL REAL DECRETO 713/2022, DE 30 DE AGOSTO, DE TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS EN MATERIA DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL LITORAL.
DISPOSICIONES GENERALES
1.ª La presente concesión, que no implica cesión del dominio público ni de las facultades dominicales del Estado, se otorga con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Costas, dejando a salvo los derechos particulares y sin perjuicio de tercero.
2.ª Esta concesión se otorga por el plazo que se establece en el pliego de condiciones particulares y prescripciones (en adelante PCPP). Dicho plazo será improrrogable, a menos que en el PCPP se admita explícitamente la posibilidad de una prórroga. Su cómputo se iniciará el día siguiente de la fecha de notificación del otorgamiento al concesionario.
3.ª Las obras se realizarán con arreglo al proyecto suscrito por facultativo competente, según nombre y fecha que se indican en el PCPP, con las determinaciones y modificaciones que en este se impongan. Su ejecución se llevará a cabo bajo el exclusivo riesgo y responsabilidad del concesionario, que deberá designar como Director de las obras un facultativo competente, según se acreditará ante el Servicio de Ordenación del Litoral Occidental, de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
4.ª Esta concesión no implica la asunción de responsabilidades por la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, en relación con el proyecto y la ejecución y explotación de las obras e instalaciones, tanto respecto a terceros como al concesionario.
5.ª El otorgamiento de esta concesión no exime a su titular de la obtención de las licencias y otras autorizaciones legalmente procedentes y, en particular, la de vertido al mar de aguas residuales o conexión, en su caso, a la red de saneamiento general.
6.ª Esta concesión no implica la autorización para llevar a cabo actividades auxiliares fuera de los límites de la misma, tales como acopios, almacenamientos o depósito de los residuos de la explotación, ni para hacer publicidad audiovisual, salvo aquella que sirva para indicar el título y uso de la concesión, previa conformidad del Servicio de Ordenación del Litoral Occidental.
7.ª El concesionario queda obligado a instalar y conservar a sus expensas, en la forma y plazo que se indiquen el PCPP o por el Servicio de Ordenación del Litoral Occidental, la señalización terrestre provisional durante las obras, así como la definitiva, que deberá incluir la de los accesos y zonas de uso público.
En el caso de que la naturaleza marítima de la concesión así lo exija, el concesionario queda obligado a instalar y mantener a su costa las señales de balizamiento que se ordenen por el ente público Puertos del Estado, quien, asimismo, ejercerá la inspección sobre dicha señalización, así como establecerá el balizamiento provisional a colocar durante la ejecución de las obras. A estos efectos, con anterioridad al replanteo de las obras, deberá presentar los planos de situación y planta de las mismas. Con posterioridad, en el plazo de seis meses, contados a partir de la fecha en que se le notifiquen las señales que han de constituir el balizamiento y sus apariencias y alcances, deberá presentar el proyecto correspondiente para su aprobación por el ente público Puertos del Estado.
8.ª En el caso de que existan terrenos de propiedad particular incorporados a la concesión por formar una unidad imprescindible para la explotación de la misma, antes del replanteo de las obras o simultáneamente con el mismo, se levantará preceptivamente el acta de entrega de dichos terrenos al dominio público, con asistencia de los representantes de los Ministerios de Hacienda y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como del concesionario, el cual deberá aportar la certificación registral que corresponda.
Durante la vigencia de la concesión, dichos terrenos tendrán el uso previsto en la misma y a su extinción mantendrán su calificación jurídica de dominio público.
9.ª El concesionario queda obligado a presentar el título de esta concesión dentro del plazo de treinta (30) días, contados desde el siguiente a la notificación del otorgamiento, en la Oficina liquidadora que corresponda, a efectos de satisfacer, si procede, el Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, conforme al texto refundido de dicho impuesto, actualmente vigente, e incorporar el justificante al presente expediente. Asimismo, en el mismo plazo, deberá incorporar al expediente el resguardo original que acredite haber constituido, si procede, en la Caja de Depósitos o en cualquiera de sus sucursales, la fianza definitiva equivalente al 5 por 100 del presupuesto total de las obras e instalaciones a realizar en el dominio público.
10.ª El concesionario queda obligado a reponer y conservar los hitos del deslinde a los que esté referida la concesión, en la forma que se le indique por el Servicio Provincial de Costas de Santa Cruz de Tenerife.
11.ª El concesionario será responsable de los daños y perjuicios que puedan causar las obras autorizadas, directa o indirectamente, en las playas y costas inmediatas o próximas, a juicio de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, debiendo presentar a estos efectos en el plazo que se le señale, el proyecto que comprenda las obras necesarias, que deberá realizar a sus expensas a fin de reparar los daños causados por las mismas.
Aceptado dicho proyecto por la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, el concesionario realizará las obras en el plazo que se le indique.
CÁNONES, TASAS Y GASTOS
12.ª El concesionario abonará por semestres adelantados al Tesoro Público a partir de la fecha de notificación de la concesión en la forma y cantidad que se fija en el PCPP, el importe correspondiente al canon de ocupación o aprovechamiento.
Este canon podrá ser revisado por la Administración en el plazo que se fije en el PCPP, proporcionalmente al aumento que experimente el valor de la base utilizada para fijarlo.
Asimismo, presentará, en su caso, en el plazo de quince días, los correspondientes justificantes de dichos abonos para conocimiento del Servicio Provincial de Costas de Santa Cruz de Tenerife.
13.ª Los gastos que se originen por el replanteo y el reconocimiento final de las obras, así como la inspección y vigilancia de las mismas, serán de cuenta del concesionario.
REPLANTEO DE LAS OBRAS
14.ª Una vez cumplimentados los trámites establecidos en las condiciones quinta, octava y novena, el concesionario solicitará por escrito del Servicio de Ordenación del Litoral Occidental, con la suficiente antelación para que las obras puedan comenzarse dentro del plazo, el replanteo de las mismas, que se practicará por el Ingeniero representante del Servicio de Ordenación del Litoral Occidental, con asistencia del concesionario y de su director de obra, levantándose acta y planos general y de detalle, correspondiendo a la autoridad competente su aprobación, si procede.
En dichos planos deberán representarse, al menos, con las suficientes referencias fijas:
a) El deslinde del dominio público (líneas interior y exterior de la zona marítimo-terrestre y, en su caso, línea de playa o de otras pertenencias del dominio público marítimo-terrestre).
b) En su caso, los accesos públicos al dominio público marítimo hasta su conexión con viales públicos.
c) El dominio público en concesión y su ocupación con las obras del proyecto, así como todas aquellas secciones que sean necesarias para su definición.
d) En su caso, los terrenos de propiedad particular que se incorporan al dominio público marítimo estatal.
e) Las zonas de distinto uso, público y privado.
f) Las zonas que, por sus diferentes valoraciones deban satisfacer distintos cánones.
Tanto en el acta como en los planos, se consignarán las mediciones de las superficies mencionadas y su carácter.
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
15.ª El concesionario dará comienzo a las obras y las terminará totalmente dentro de los respectivos plazos que se señale el PCPP, ambos contados desde el día siguiente a la fecha de notificación de la concesión.
16.ª El concesionario no podrá ocupar, para la ejecución de las obras, espacio alguno del dominio público fuera del autorizado especialmente para ello por el Servicio de Ordenación del Litoral Occidental.
17.ª Si transcurrido el plazo señalado para el comienzo de las obras, estas no se hubieran iniciado y el concesionario no hubiera solicitado la prórroga de aquel, la Administración declarará, sin más trámite, resuelta o anulada la concesión, quedando a favor de la Comunidad Autónoma Canaria la fianza constituida.
18.ª La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, como órgano de la Comunidad Autónoma de Canarias con competencia en materia de vigilancia, inspección y sanción, podrá inspeccionar en todo momento la ejecución de las obras, para comprobar si las mismas se ajustan al proyecto en base al cual se ha otorgado la concesión. Si apreciara la existencia de desviaciones en relación con el mismo, ordenará la paralización de las obras en la forma establecida por el artículo 103 de la Ley de Costas, incoando, en su caso, los expedientes que correspondan y, en particular, el de caducidad cuando las modificaciones sean de sensible importancia.
19.ª Si el concesionario incumpliera el plazo de terminación de las obras sin haber solicitado prórroga del mismo, será potestativo de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial el concederle una prórroga de dicho plazo, con posibilidad de una sanción de hasta el diez por 100 del presupuesto total de las obras, o incoar el expediente de caducidad de la concesión. Si se concediera dicha prórroga, la misma será la última que podrá otorgarse en estas condiciones, por lo que un nuevo incumplimiento llevará necesariamente a la incoación del expediente de caducidad de la concesión.
20.ª Si el concesionario, antes de terminar las obras e instalaciones, renunciara total o parcialmente a la concesión, perderá la fianza constituida, a menos que demostrara que la renuncia fue motivada por la denegación, por parte de otros organismos oficiales, de las licencias, permisos u otras autorizaciones necesarias. Además, salvo decisión contraria de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, quedará obligado a levantar las obras e instalaciones a su costa, dejando el terreno de la concesión libre de toda ocupación, en el plazo de que se le señale.
RECONOCIMIENTO DE LAS OBRAS
21.ª Terminadas las obras, el concesionario presentará el certificado final de la obra, suscrito por su director y visado por su Colegio profesional, en el que deberán estar incluidas todas las obras, incluso, en su caso, las correspondientes al vertido de aguas residuales al mar, y solicitará por escrito a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial el reconocimiento final de las mismas, que se practicará con asistencia del Ingeniero representante de aquella, del concesionario y de su director de obra, levantándose acta y planos con los mismos requisitos que los de replanteo. El incumplimiento de esta condición llevará necesariamente a la incoación del expediente de caducidad de la concesión.
22.ª La fianza definitiva se devolverá al concesionario al año de haber sido aprobados por la autoridad competente el acta y planos de reconocimiento final de las obras. Dichas obras sustituirán entonces a la fianza y responderán del cumplimiento de las cláusulas de esta concesión, cuando fuera procedente.
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS
23.ª El concesionario queda obligado a conservar y mantener las obras y terrenos concedidos en perfecto estado de utilización, incluso desde los puntos de vista de limpieza, de higiene y de estética, realizando a su cargo los trabajos de conservación y mantenimiento y cuantas reparaciones sean precisas para ello. Cuando estas tengan el carácter de gran reparación, el concesionario deberá presentar previamente, para su aceptación, en su caso, por la Administración, el proyecto correspondiente.
24.ª La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial podrá inspeccionar en todo momento el estado de conservación y mantenimiento de las obras y terrenos concedidos y señalar las reparaciones y otras acciones que deban realizarse para el cumplimiento de los términos de la concesión, quedando obligado el concesionario a ejecutarlas en el plazo que se le indique y en la forma establecida en la anterior condición 23. Si el concesionario no realizara estas actuaciones en el plazo establecido, la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial podrá imponerle una sanción económica que no exceda del 10 por 100 del presupuesto total de las obras autorizadas, concediéndole un nuevo plazo de ejecución. Si el concesionario no ejecutara las reparaciones en este nuevo plazo, se procederá a la incoación del expediente de caducidad de la concesión.
25.ª La destrucción de todas o de la mayor parte de las obras autorizadas por la presente concesión, siempre que se deba a causas de fuerza mayor, dará derecho al concesionario a optar entre la renuncia a la concesión sin derecho a indemnización alguna y con la obligación de demoler y retirar los restos de las obras, o la reconstrucción a sus expensas de las mismas en el plazo que se le señale por el Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. Si la destrucción ocurriese por dolo o culpa del concesionario o personas que de él dependan, la opción anterior corresponderá a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, si bien en el caso de que el concesionario no presente la renuncia a la concesión, se instruirá el expediente de caducidad de la misma.
26.ª Si el concesionario, una vez terminadas las obras y aprobada el acta de reconocimiento final de las mismas, renunciara total o parcialmente a la concesión, quedará obligado, de acuerdo con lo que se determine por la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, a entregar las obras e instalaciones al dominio público estatal o levantarlas a su costa, dejando en este último caso el terreno total o parcialmente libre de ocupación.
USO Y EXPLOTACIÓN
27.ª El concesionario no podrá destinar los terrenos de dominio público concedidos, ni las obras en ellos ejecutadas, a usos distintos de los expresados en la concesión.
28.ª Salvo que el PCPP señalara otro plazo distinto, la falta de utilización durante el periodo de un año de las obras y bienes de dominio público concedidos, llevará necesariamente a la incoación del expediente de caducidad de la concesión, a no ser que obedezca a justa causa.
29.ª Cuando por la importancia y naturaleza de la concesión, así se exija en el PCPP, el concesionario quedará obligado a designar un Director de explotación, que deberá ser un facultativo competente por razón de la materia, cuyo nombramiento se acreditará ante el Servicio de Ordenación del Litoral Occidental.
Asimismo, en aquellos casos que así se exija en el PCPP, el concesionario deberá presentar, para su aceptación por la Administración, las tarifas máximas a abonar por el público como consecuencia de la explotación de las obras e instalaciones.
30.ª Si durante la vigencia de la concesión se advirtiera la realización de obras o usos no amparados por la misma, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, como órgano de la Comunidad Autónoma de Canarias con competencia en materia de vigilancia, inspección y sanción ordenará, respectivamente, su paralización o suspensión, en la forma y con los efectos previstos en el artículo 103 de la Ley de Costas. Si las infracciones cometidas fuesen de importancia notoria, se incoará, asimismo, expediente de caducidad de la concesión.
TRANSFERENCIA
31.ª En lo referente a la transmisibilidad de las concesiones, se estará a lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley de Costas.
OTRAS DISPOSICIONES
32.ª El concesionario vendrá obligado a cumplir las disposiciones vigentes o que en lo sucesivo se dicten, que afecten al dominio público concedido y a las obras y actividades que en el mismo se desarrollen, especialmente las correspondientes a la ordenación del dominio marítimo, y a la Ley de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional, sin que las que se ejecuten ni su uso pueda ser obstáculo para el ejercicio de las servidumbres de tránsito, protección y acceso al mar.
RESCATE DE LA CONCESIÓN
33.ª Si los terrenos de dominio público objeto de la concesión fuesen necesarios, total o parcialmente, para la realización de actividades o ejecución de obras declaradas de utilidad pública y para llevarlas a cabo fuera necesario utilizar o demoler, en todo o en parte, los terrenos u obras de la concesión, la Administración podrá proceder al rescate de la misma antes de su vencimiento.
A tal efecto se incoará el expediente de rescate de la concesión, en el que se dará audiencia al concesionario, cumpliéndose, además, todos los trámites que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y demás disposiciones que sean de aplicación.
La valoración del rescate se efectuará conforme a lo establecido en el artículo 89 de la Ley de Costas. El concesionario podrá, además, retirar libremente aquellos elementos existentes en la concesión que no hubieran sido relacionados en el acta de reconocimiento final y no estén unidos de manera fija al inmueble, siempre que con ello no se produzca quebrantamiento ni deterioro del mismo, salvo que la Administración decida también su rescate.
Si las obras se encontrasen deterioradas, se determinará por la Administración el presupuesto de los gastos necesarios para dejarlas en buen estado, el cual se notificará al concesionario antes de ser aprobado. Su importe se rebajará de la tasación, y la diferencia que resulte será la cantidad que se abone al concesionario.
REVOCACIÓN
34.ª Cuando sin intervención de la Administración, varíen los supuestos físicos sobre los que se otorgó la concesión, la Administración podrá modificar o declarar resuelta la misma en función de las variaciones ocurridas y normativa aplicable, sin que el concesionario tenga derecho a indemnización.
VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCESIONAL
35.ª Cuando por vencimiento del plazo concesional se produzca la reversión, quedarán extinguidos automáticamente, sin necesidad de declaración expresa, los derechos reales o personales que pudieran ostentar terceras personas sobre el dominio público concedido y las obras e instalaciones objeto de la concesión.
Tampoco asumirá la Administración los contratos de trabajo que pudiera haber concertado el concesionario para el ejercicio de su actividad empresarial, sin que, por lo tanto, pueda en forma alguna entenderse que la reversión implica la sustitución de empresa prevista en la legislación laboral vigente.
36.ª Terminado el plazo concesional, revertirán al dominio público estatal los terrenos, obras e instalaciones objeto de la concesión, estando obligado el concesionario, a sus expensas, a la demolición y retirada de dichas obras e instalaciones, parcial o totalmente, incluso con reposición del terreno a su anterior estado, en el plazo que se le señale y sin derecho a indemnización alguna, excepto en el caso de que la Administración durante el plazo de tantos meses, antes del vencimiento del plazo concesional, como años tenga el mismo, de propia iniciativa o a petición del concesionario, declare que, dado que se mantiene el interés público de las obras e instalaciones, procede su mantenimiento para continuar su explotación en la forma que se determine.
El concesionario podrá retirar aquellos elementos que no figuren en el acta de reconocimiento final levantada conforme establece la anterior condición 21, siempre que no estén unidos de manera fija al inmueble y con ello no se produzca quebrantamiento ni deterioro del mismo, si la Administración no decide también su adquisición.
De la recepción por la Administración de los bienes revertidos se levantará la correspondiente acta en presencia del concesionario, si compareciere. En el acta se reseñará el cumplimiento por el concesionario de la obligación de reponer el terreno a su anterior estado o, en el caso de que la Administración hubiera optado por el mantenimiento de las obras e instalaciones, el estado de conservación de las mismas, especificándose los deterioros que presenten. En este último caso, el acta servirá de base para instruir el correspondiente expediente, en el que se indicará al concesionario el conjunto de las reparaciones necesarias a ejecutar a su cargo en el plazo que se le señale.
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR, CADUCIDAD Y APREMIO
37.ª El incumplimiento total o parcial de las condiciones y prescripciones impuestas en la concesión dará lugar a la incoación del correspondiente expediente sancionador por infracción contemplada en el artículo 90.d) de la Ley de Costas, sin perjuicio de que, cuando a juicio de la Administración, la infracción pudiera ser constitutiva de delito o falta, esta pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente.
38.ª Sin perjuicio de lo dispuesto en la condición 17.ª y de las causas que obligarán necesariamente a la incoación del expediente de caducidad de la concesión, señaladas en las condiciones anteriores y en el artículo 79 de la Ley de Costas, el incumplimiento por el concesionario de aquellas otras condiciones particulares y prescripciones, que se determinen específicamente en el PCPP, también será causa obligada de incoación del correspondiente expediente de caducidad.
Los demás supuestos de incumplimiento podrán, asimismo, ser causa de caducidad de la concesión, especialmente cuando existan reiteradas infracciones de una o varias de las restantes condiciones.
La declaración de caducidad supondrá la pérdida de la fianza o fianzas constituidas, en el supuesto de que todavía no se hubieran devuelto, pudiendo llevar aparejada, a criterio de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, la demolición y retirada de las obras e instalaciones, parcial o total, a cargo del concesionario, incluso con reposición del terreno a su anterior estado, en el plazo que se le señale y sin derecho a indemnización alguna.
La tramitación del expediente de caducidad se realizará con independencia de la incoación del procedimiento sancionador que proceda, de acuerdo con lo dispuesto en la anterior condición 37.ª.
39.ª Cuando el concesionario obligado a ello no lleve a cabo las acciones que se le ordenen por la Administración, en aplicación de las condiciones correspondientes, esta, de conformidad con el artículo 110 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, podrá proceder a su ejecución subsidiaria, siendo el importe de los gastos, así como de los daños y perjuicios a cargo del concesionario.
40.ª Si en virtud de las actuaciones practicadas el concesionario hubiere de satisfacer a la Administración cantidad líquida, en caso de impago se seguirá el procedimiento de apremio conforme a lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación.
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y PRESCRIPCIONES (PCPP)
I. CONDICIONES PARTICULARES
REFERIDAS AL PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES (PCG)
1.ª Esta concesión se otorga por un plazo de veinticinco (25) años, prorrogables hasta un máximo de cincuenta (50) años, si persisten las condiciones de interés público que motivaron el otorgamiento. El plazo comenzará a contar el día siguiente a la notificación al concesionario de la resolución de otorgamiento (condición 2.ª del PCG).
2.ª Las obras que se otorgan son las incluidas en el “Proyecto de ejecución para la ocupación de la zona de dominio público marítimo-terrestre en las islas de Tenerife y La Gomera, del nuevo enlace eléctrico submarino doble circuito, entre la subestación de Chío (Tenerife) y la subestación de El Palmar de La Gomera (La Gomera) a 66 kV”, suscrito por la ingeniera industrial Dña. María Soler Soneira, en mayo de 2023.
3.ª El concesionario abonará en el Tesoro Público el importe correspondiente al canon, calculado a razón de quince euros con cincuenta y dos céntimos (15,51648) por metro cuadrado y año de la superficie de dominio público marítimo-terrestre otorgada en esta concesión, debiendo presentar los correspondientes justificantes de pago en el Servicio Provincial de Costas en Santa Cruz de Tenerife.
El canon se revisará periódicamente en la medida en que aumente o disminuya el valor de los sumandos que sirvieron para determinar su base de liquidación.
El pago de esta tasa se acomodará a lo previsto en Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos (BOE de 15.4.1989), y disposiciones que la desarrollen.
4.ª El concesionario dará comienzo a las obras dentro del plazo máximo de doce (12) meses, debiendo quedar totalmente terminadas en el plazo de veintiún (21) meses (condición 15.ª del PCG).
5.ª El concesionario está obligado a constituir la fianza definitiva del 5% del presupuesto de las obras, a la que se refiere el artículo 88.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio (condición 9.ª del PCG).
II. PRESCRIPCIONES
A. La utilización del dominio público marítimo-terrestre otorgado en concesión será de carácter general y público.
B. Deberá quedar garantizada, en todo caso, la servidumbre de tránsito que contempla la legislación de costas, adecuando los medios necesarios para mantener la misma.
C. El concesionario deberá cumplir lo señalado por los organismos oficiales que han informado el proyecto y lo que establezca la tramitación ambiental. Se consideran incluidas en las presentes prescripciones las condiciones establecidas al respecto por los organismos consultados y, en particular, las de la Resolución de la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica (de 1 de diciembre de 2022), por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental de 29 de noviembre de 2022, que formula la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto, publicada en el Boletín Oficial de Canarias n.º 251 el 23 de diciembre de 2022, las del informe de la Dirección General de la Costa y el Mar de 6 de julio de 2021, de Compatibilidad con la Estrategia Marina Canaria, el informe del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de 31 de marzo de 2023, por el que informa favorable el otorgamiento de la presente concesión, el informe de Capitanía Marítima de 9 de noviembre de 2022, el informe del Consejo Insular de Aguas de La Gomera redactado por TRAGSATEC en noviembre de 2022, el del Cabildo de Tenerife de 31 de octubre de 2022, y el del Ayuntamiento de Guía de Isora, de 7 de noviembre de 2022.
D. Se deberá comunicar a esta Consejería la fecha prevista de finalización de la vida útil de los cables de conexión eléctrica en el momento en que se tome tal decisión y sea incluida en el instrumento de planificación pertinente, en dicho momento se presentará al Servicio de Ordenación del Litoral Occidental el estudio de viabilidad técnica y ambiental para su desmantelamiento, que deberá ser presentado asimismo a la autoridad ambiental competente para el inicio de las actuaciones administrativas pertinentes. Se presentará además proyecto de desmantelamiento adecuadamente valorado para proceder a la retirada de los cables en desuso y tramitar la autorización pertinente ante el Servicio de Ordenación del Litoral Occidental para proceder a la retirada del cable en un plazo máximo de 2 años.
E. Cualquier variación sobre lo proyectado o la función del cable se estará a lo dispuesto en el artículo 162 del vigente Reglamento de la Ley de Costas.
En caso de propuesta de modificación del proyecto de ejecución, por imposibilidad de ejecución de la PHD en los tramos iniciales y la colocación en zanja del tramo central mediante la técnica del jetting y del trenching escogida por el proyectista, se requerirá un nuevo informe de compatibilidad con los objetivos ambientales de la Estrategia Marina de la Demarcación Marina Canaria.
Cualquier modificación del proyecto o de las actuaciones deberá remitirse a la Dirección General de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias y a la Subdirección General para la Protección del Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
En el caso de que en un futuro se prevea el uso y explotación comercial de la línea de fibra óptica instalada en el cable se deberá solicitar modificación de la concesión aportando un nuevo estudio económico-financiero donde se prevean los nuevos rendimientos.
Deberán adoptarse todas aquellas determinaciones y medidas propuestas en el Programa de Vigilancia Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental y documentación complementaria.
En relación al patrimonio histórico existente y su potencial hallazgo y a las especies amenazadas de flora y fauna se dará cumplimiento a las determinaciones establecidas en el condicionante de la Declaración de Impacto Ambiental.
Se realizará un seguimiento de las emisiones de campos electromagnéticos y de sus efectos sobre la fauna marina.
F. El otorgamiento de esta concesión no exime a su titular de la obtención de las licencias, permisos y autorizaciones legalmente procedentes.
G. En relación con la realización de las obras:
1. La ejecución de los trabajos debe incluir todas las medidas necesarias para que no se produzcan repercusiones negativas en el medio marino. En particular se adoptarán las medidas necesarias para evitar la turbidez generada durante los trabajos de colocación de elementos en el lecho marino pueda sedimentar sobre los hábitats bentónicos del entorno.
2. No se permitirá ningún tipo de vertido al dominio público marítimo-terrestre ni a la zona de servidumbre de protección, de tierras, escombros o materiales o productos generados por la obra, que no cuente con la debida autorización, debiendo establecer las medidas oportunas para corregir los impactos generados durante la fase de ejecución de la obra o instalación de la ocupación.
Cualquier residuo derivado de la actuación ha de ser adecuadamente caracterizado y gestionado por gestor autorizado de acuerdo con la legislación aplicable.
3. Durante las obras de Perforación Horizontal Dirigida y tendido del cable, se deberá contar con los medios técnicos, materiales y humanos adecuados para que en el caso de vertido accidental, aunque sea de escasa probabilidad, el mismo pueda ser confinado y recogido a tiempo.
4. Para la ejecución de las obras no se podrá ocupar espacio alguno del dominio público marítimo-terrestre fuera del autorizado especialmente para ello por el Servicio de Ordenación del Litoral Occidental. No se permitirán las acotaciones de paso público, las casetas y contenedores no autorizados, ni el almacenamiento exterior de acopios, o depósitos de los residuos de la explotación.
5. En caso de llevarse a cabo algún dragado se deberán tener en cuenta las Directrices para la caracterización del material dragado y su reubicación en aguas del dominio público marítimo-terrestre (julio 2015), aprobadas por la Comisión Interministerial de Estrategias Marinas.
6. Como medidas de protección para los cetáceos durante la instalación se deberá:
• Reducir la velocidad del buque cablero y de las embarcaciones de apoyo que participen en las tareas de instalación del cable, para evitar la colisión con cetáceos y minimizar el ruido generado.
• Realizar la instalación del cable en el periodo de mínima presencia de cetáceos.
• Tener conocimiento de los mamíferos marinos presentes en la zona de actuación y en la época en la que se realizará. Se deberá consultar el documento Evaluación inicial y buen estado ambiental del Grupo Mamíferos Marinos para las Estrategias Marinas. Documento General y demarcaciones marinas (MAGRAMA 2012) y el Manual del observador de mamíferos para operaciones off-shore generadoras de ruido en aguas españolas (MAGRAMA 2014).
• Establecer un protocolo de actuación si se detecta la presencia de cetáceos durante la instalación del cable.
7. Realizada la instalación y a la vista de su posible afección al litoral, el concesionario estará obligado a modificar la posición de esta en lo que resulte necesario, e incluso a su desmontaje y retirada a su costa, antes del vencimiento de la concesión.
8. Tanto la explotación como el proceso constructivo se deberán llevar a cabo utilizando las mejores técnicas disponibles, de forma que el impacto medioambiental se reduzca al mínimo. En todo caso deberán seguirse las instrucciones que al respecto se dicten por los órganos competentes.
9. En concreto, si para la ejecución de las obras fuese necesario excavar en roca, la excavación se llevará a cabo por procedimientos mecánicos que no impliquen uso de explosivos, los cuales expresamente se prohíben.
10. El concesionario será responsable de todos los daños y perjuicios para las personas, las cosas y el medio ambiente que se puedan derivar, directa o indirectamente, de la realización de las obras o de la actividad, en la mar, en su lecho y subsuelo, y en general, en los bienes de dominio público marítimo-terrestre, debiendo presentar a estos efectos, en el plazo que se le señale, el proyecto que comprenda las obras necesarias, que deberá realizar a sus expensas a fin de reparar los daños causados.
11. Una vez finalizadas las obras, el concesionario deberá realizar una campaña de limpieza, eliminando la totalidad de restos de la obra y de los materiales empleados en su ejecución. Así mismo, deberá conservar las obras en buen estado y reparar los desperfectos que se produzcan como consecuencia del oleaje u otros.
12. Todas las consideraciones anteriores, así como cualquier incidencia en el medio ambiente que pueda surgir en el proceso de ejecución de las obras, serán analizadas en el reconocimiento final de las mismas por el Servicio de Ordenación del Litoral Occidental de esta Consejería, que deberá suscribir el acta y plano que se levanten, bien de conformidad o, en su caso, con reparos. Un ejemplar de dichas acta y plano, una vez aprobados, deberá remitirse a los servicios centrales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En el acta de reconocimiento final de las obras y en el plano, deberá determinarse y representarse la ocupación del dominio público marítimo-terrestre otorgado en concesión, así como todas aquellas secciones que sean necesarias para su definición. Tanto en el acta como en los planos, se consignarán las mediciones de las superficies ocupadas. En caso de que sea necesario, debido al impacto producido por el establecimiento e implantación de las instalaciones, se exigirá un proyecto de acondicionamiento y mejora del entorno ambiental. En este caso, la explotación no comenzará hasta la ejecución del correspondiente proyecto.
H. Se advierte expresamente que la zona sobre la que está previsto ubicar las instalaciones es inundable por su propia naturaleza, por lo que el concesionario asume todos los riesgos y daños derivados, tanto para las instalaciones como para sus usuarios, de dicho emplazamiento y de su proximidad al mar, debiendo establecer las medidas de seguridad y vigilancia oportunas.
I. El incumplimiento de cualesquiera de las anteriores prescripciones o de los casos indicados en el artículo 79 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, dará lugar a la caducidad de la concesión con independencia de la tramitación del expediente sancionador que corresponda.
Notifíquese esta Orden al interesado, advirtiéndole que la misma agota la vía administrativa, pudiendo interponer con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de un (1) mes ante el Consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Ordenación Territorial o, directamente, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos (2) meses, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, contados desde el siguiente al de su notificación, sin perjuicio de ejercitar cualquier otra acción que estime oportuna, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el caso de que el recurso se limite exclusivamente a la fijación del canon o al valor de la base de dicho canon, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Sra. Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el plazo de un (1) mes, o interponerse directamente reclamación económico-administrativa, ante el Tribunal Económico-Administrativo Central, en el plazo de un (1) mes.
Notifíquese esta Resolución a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, al Servicio Provincial de Costas en Santa Cruz de Tenerife y a los Ayuntamientos de Guía de Isora y San Sebastián de La Gomera, comunicándoles que contra la misma podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala Correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro del plazo de dos meses contados desde el siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.6 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, salvo que en el plazo de dos meses se produzca el previo requerimiento a que se refiere el artículo 44 del citado texto legal, que se entenderá rechazado si transcurriera un mes desde que se efectuó sin que haya sido contestado.
Santa Cruz de Tenerife, a 31 de mayo de 2023.
EL CONSEJERO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA,
LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL,
José Antonio Valbuena Alonso.
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