BOC - 2023/129. Martes 4 de julio de 2023 - 2167

III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

2167 - Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes.- Resolución de 9 de junio de 2023, por la que se acumulan los recursos de alzada interpuestos por D. José Ramón Barroso Arteaga, como Secretario General de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras Canarias, y por D. Francisco Javier Bautista Yánez, como Secretario General de la Federación de empleadas y empleados de los servicios públicos de UGT (FeSP-UGT), ambos frente a la Resolución de 4 de abril de 2023, de la Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa, por la que se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para la organización y desarrollo de las actividades de comienzo y finalización del curso 2023/2024, para los centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias, y se resuelve la suspensión parcial de la eficacia de la resolución impugnada..

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Visto el recurso de alzada presentado con fecha 4 de mayo de 2023, por D. José Ramón Barroso Arteaga, como Secretario General de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras Canarias, así como el recurso de alzada interpuesto en fecha 12 de mayo de 2023, por D. Francisco Javier Bautista Yánez, como Secretario General de la Federación de empleadas y empleados de los servicios públicos de UGT (FeSP-UGT), ambos frente a la Resolución de 4 de abril de 2023, de la Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa, por la que se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para la organización y desarrollo de las actividades de comienzo y finalización del curso 2023/2024, para los centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.

ANTECEDENTES

Primero.- Mediante la Resolución de 4 de abril de 2023, de la Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa, se regula el calendario escolar y la organización y desarrollo de las actividades de comienzo y finalización del curso escolar 2023/2024, que se aplicará a todos los centros públicos y privados que impartan Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Programas de Formación Profesional Adaptada, Educación de Personas Adultas, Enseñanzas Deportivas, Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música y Danza, Enseñanzas Artísticas Superiores de Música, de Diseño, de Arte Dramático y Enseñanzas de Idiomas.

Segundo.- Dicha Resolución de 4 de abril de 2023, dispuso que contra dicho acto, que no ponía fin a la vía administrativa, cabía interponer en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, recurso de alzada ante la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, sin perjuicio de cualquier otro que se estime procedente interponer.

La citada Resolución se publicó en el Boletín Oficial de Canarias n.º 72, de fecha 13 de abril de 2023.

Tercero.- Con fecha 4 de mayo de 2023, D. José Ramón Barroso Arteaga, como Secretario General de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras Canarias, presentó recurso de alzada frente a la mencionada Resolución de 4 de abril de 2023.

Por su parte, D. Francisco Javier Bautista Yánez, como Secretario General de la Federación de empleadas y empleados de los servicios públicos de UGT (FeSP-UGT), el día 12 de mayo de 2023, presentó igualmente recurso de alzada frente a la Resolución de 4 de mayo de 2023, en el que, además de instar la anulación de la resolución recurrida, solicita la suspensión de la ejecución de la resolución recurrida.

FUNDAMENTO DE DERECHO

Primero.- Régimen jurídico aplicable al recurso de alzada.

Resulta de aplicación el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), el cual señala que las resoluciones, cuando no agoten la vía administrativa, podrán ser recurridas en alzada ante el órgano superior jerárquico del que las dictó.

De acuerdo con el artículo 6.2 del Decreto 203/2019, de 1 de agosto, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, la Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa es jerárquicamente dependiente de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes.

Por otra parte, el artículo 119 de la LPACAP, señala que la resolución de los recursos administrativos estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo, o declarará su inadmisión.

El plazo para la interposición del recurso de alzada es de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 122.1 de la misma LPACAP.

El artículo 122.2 de la citada LPACAP establece que el plazo máximo para dictar y notificar la resolución de los recursos de alzada será de tres meses, disponiendo asimismo que, transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado.

Segundo.- Acumulación.

El artículo 57 de la LPACAP establece que el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento.

En el presente supuesto, se estima que resulta procedente la acumulación de los expedientes de recurso de alzada seguidos para la impugnación de la Resolución de 4 de abril de 2023, de la Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa, por la que se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para la organización y desarrollo de las actividades de comienzo y finalización del curso 2023/2024, interpuestos, respectivamente, en fechas 4 y 12 de mayo de 2023, por la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras Canarias, y la Federación de empleadas y empleados de los servicios públicos de UGT (FeSP-UGT), en tanto que existe una íntima conexión entre ambos recursos al plantearse frente a la misma resolución, ejercitándose en ambos pretensiones, que respecto a las cuestiones principales planteadas, son sustancialmente iguales.

De conformidad con el artículo 57 de la LPACAP, el acuerdo de acumulación no es susceptible de recurso.

Tercero.- Suspensión de la eficacia del acto.

1.- La Federación de empleadas y empleados de los servicios públicos de UGT (FeSP-UGT) solicita en su recurso la suspensión de la eficacia del acto recurrido.

Si bien la solicitud de suspensión hace referencia a la totalidad del acto recurrido, lo cierto es que el recurso presentado se centra en dos aspectos de la misma, que son los únicos que discute en el recurso:

- por un lado, la no previsión en la resolución impugnada de la disminución de una hora diaria del horario de permanencia en el centro, al final de la jornada establecida, del profesorado de educación infantil y primaria, durante el periodo de jornada intensiva de junio;

- y, por otro, el aspecto regulado en el resuelvo octavo, apartado 5, en relación con los días no lectivos de libre disposición del profesorado que comparte centro.

2.- El régimen aplicable a la suspensión de la eficacia de los actos administrativos durante la tramitación de los recursos se recoge en el artículo 117.2 de la LPACAP, que señala:

“2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano a quien competa resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el ocasionado al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 47.1 de esta Ley.”

Al efecto de determinar la concurrencia de los requisitos establecidos en dicho precepto, en orden a la adopción de la medida suspensiva, y, en cuanto a la ponderación de los intereses en conflicto, ha de tenerse en cuenta que la aplicación efectiva de la resolución impugnada no se producirá hasta el inicio del curso escolar 2023-2024, es decir, hasta el mes de septiembre de 2023. Por otra parte, el plazo de tres meses fijado legalmente para la resolución del recurso de alzada finaliza el día 12 de agosto de 2023, y por tanto antes de la aplicación efectiva de la resolución, por lo que no se aprecia la existencia de un grave perjuicio para los intereses públicos, o para los intereses del alumnado o de las familias, que impida la adopción del acuerdo de suspensión de la eficacia del acto.

3.- En lo que se refiere a las circunstancias previstas en los apartados a) y b) del artículo 117.2, en el presente supuesto, el sindicato recurrente alega que la resolución recurrida vulnera derechos fundamentales y en concreto los previstos en los artículos 14, 23.2 y 28 de la Constitución Española (CE), en relación con artículo 103.3 del CE.

En cuanto a la vulneración del derecho fundamental previsto en el artículo 28 de la CE, el Tribunal Constitucional ha declarado en numerosas sentencias que, si bien, el derecho a la negociación colectiva regulado en el artículo 37 de la CE, no constituye de por sí y aisladamente un derecho fundamental, el derecho de negociación colectiva de los sindicatos sí se integra en el de libertad sindical, como una de sus facultades de acción sindical, y como contenido de dicha libertad, en los términos en que tal facultad de negociación les sea otorgada por la normativa vigente.

A este respecto, el recurrente alega que la resolución dictada determina una modificación de las condiciones de trabajo del profesorado de educación infantil y primaria, en tanto que la previsión de la disminución de una hora diaria del horario de permanencia en el centro, al final de la jornada establecida, del profesorado de educación infantil y primaria, durante el periodo de jornada intensiva de junio, es un derecho adquirido al haberse previsto dicha circunstancia ininterrumpidamente desde el año 2012, en las sucesivas resoluciones dictadas por la Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa para el establecimiento del calendario escolar y la organización y desarrollo de las actividades de comienzo y finalización del curso 2012-2013.

Por su parte, en relación con la previsión contenida en el resuelvo octavo, apartado 5, se considera por el recurrente que concurre discriminación, en relación con el disfrute de los días no lectivos de libre disposición por el profesorado que comparte centro.

Sin entrar a analizar el fondo de la cuestión planteada, lo cierto es que las resoluciones dictadas desde el curso escolar 2012-2013, hasta el curso escolar 2021-2022, efectivamente preveían, en la instrucción cuarta, la citada disminución de una hora diaria del horario de permanencia en el centro, al final de la jornada establecida, del profesorado de educación infantil y primaria, durante la jornada intensiva de junio.

Sin embargo, la Resolución de la Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa, de 6 de abril de 2022, por la que se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para la organización y desarrollo de las actividades de comienzo y finalización del curso 2022/2023, para los centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias, no contenía la previsión de reducción horaria, por lo que la regulación prevista por la resolución recurrida para el curso 2023-2024, no supone modificación alguna respecto al régimen horario del profesorado establecido durante el curso escolar 2022-2023.

En este sentido, la Resolución de 4 de mayo de 2023, de la Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa, como novedad, en el apartado noveno del resuelvo tercero, únicamente suprime la jornada intensiva del alumnado de educación infantil y primaria.

Por otro lado, si bien no consta que se haya presentado recurso alguno, ni por parte del recurrente ni por algún otro interesado, frente a la Resolución de 6 de abril de 2022, de la Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa, que establecía las instrucciones de organización de las actividades de comienzo y finalización del presente curso escolar 2022/2023 (siendo, por tanto, la resolución dictada firme y consentida), ello no obsta a que la misma pudiera ser revisada de oficio si concurriera causa de nulidad de pleno derecho para el caso de que se hubiera vulnerado el derecho a la negociación colectiva, en los supuestos en los que dicha negociación resulte preceptiva, con carácter previo a su aprobación.

En consecuencia, se considera adecuado instar a la Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa para que proceda a revisar de oficio la Resolución de la Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa de 6 de abril de 2022, por la que se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para la organización y desarrollo de las actividades de comienzo y finalización del curso 2022/2023, para los centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias, en cuanto a la posible concurrencia de la causa de nulidad de pleno derecho prevista en el artículo 47.1.a) y e), respecto a la posible vulneración del derecho a la negociación colectiva previsto en el artículo 37, en relación con el 28, ambos de la CE, en relación con el artículo 37.1.m) del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

De acuerdo con lo señalado, teniendo en cuenta que en este momento no se evidencia la concurrencia de perjuicio para el interés general o de las familias del alumnado, derivado de la suspensión de la resolución impugnada, ha de concluirse que concurren los requisitos establecidos en el artículo 117.2 de la LPACAP, para acordar la suspensión, si bien la misma ha de limitarse a los aspectos concretos impugnados y por tanto a las siguientes cuestiones:

- La determinación de la jornada aplicable durante el mes de junio, tanto al alumnado como al profesorado de educación infantil y primaria y el horario de permanencia en el centro del profesorado durante dicho mes, en lo que afecta al apartado 9, revuelvo tercero, y a los apartados 2 y 3 del resuelvo cuarto.

- El resuelvo octavo, apartado 5, en relación con los días no lectivos de libre disposición del profesorado que comparte centro.

En virtud de los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias, y el artículo 6.2 del Decreto 203/2019, de 1 de agosto, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, la Viceconsejera de Educación, Universidades y Deportes es competente para conocer y resolver el presente recurso de alzada, interpuesto de conformidad con lo previsto en el artículo 122.1 de la LPACAP, al ser el superior jerárquico al órgano que dictó el acto objeto de impugnación,

RESUELVO:

Primero.- Acordar la acumulación de los recursos de alzada interpuestos por D. José Ramón Barroso Arteaga, como Secretario General de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras Canarias, y por D. Francisco Javier Bautista Yánez, como Secretario General de la Federación de empleadas y empleados de los servicios públicos de UGT (FeSP-UGT), ambos frente a la Resolución de 4 de abril de 2023, de la Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa, por la que se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para la organización y desarrollo de las actividades de comienzo y finalización del curso 2023/2024, para los centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Segundo.- Acordar la suspensión parcial de la eficacia de la Resolución de 4 de abril de 2023, de la Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa, por la que se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para la organización y desarrollo de las actividades de comienzo y finalización del curso 2023/2024, para los centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias, hasta la resolución del recurso de alzada, en los siguientes aspectos:

- La determinación de la jornada aplicable durante el mes de junio, tanto al alumnado como al profesorado de educación infantil y primaria y el horario de permanencia en el centro del profesorado durante dicho mes.

- El resuelvo octavo, apartado 5, en relación con los días no lectivos de libre disposición del profesorado que comparte centro.

Tercero.- Instar a la Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa para que proceda a la revisión de oficio de la Resolución de la Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa, de 6 de abril de 2022, por la que se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para la organización y desarrollo de las actividades de comienzo y finalización del curso 2022/2023, para los centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias, en cuanto a la posible concurrencia de la causa de nulidad de pleno derecho prevista en el artículo 47.1.a) y e), respecto a la posible vulneración del derecho a la negociación colectiva previsto en el artículo 37, en relación con el 28, ambos de la CE, en relación con el artículo 37.1.m) del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Cuarto.- Notificar la presente Resolución a los sindicatos interesados, a la Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa y a la Dirección General de Personal.

Contra la presente Resolución, por constituir un acto de trámite, no cabe recurso alguno.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de junio de 2023.- La Viceconsejera de Educación, Universidades y Deportes, María Dolores Rodríguez González.



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