El Pleno del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de septiembre de 2022, adoptó acuerdo relativo a la aprobación definitiva del Plan Territorial Parcial de Ordenación del Litoral del Norte (Arucas-Moya-Santa María de Guía) - PTP-15, cuyo tenor literal a continuación se recoge:
“2.1.- Aprobación definitiva del Plan Territorial Parcial de Ordenación del Litoral del Norte (Arucas-Moya-Santa María de Guía)”- PTP-15-.
“ANTECEDENTES
I. En el expediente de referencia, denominado “Plan Territorial Parcial de Ordenación del Litoral del Norte, Arucas-Moya-Santa María de Guía (PTP-15)”, comprensivo además de la documentación acreditativa de la tramitación realizada, contiene el documento técnico conformado por los siguientes volúmenes:
VOLUMEN I: Memoria informativa.
VOLUMEN II: Planos de Información.
VOLUMEN III: Memoria Justificativa.
VOLUMEN IV: Planos de Ordenación.
VOLUMEN V: Normativa.
VOLUMEN VI: Modelo de Gestión y Ejecución.
VOLUMEN VII: Informe de Sostenibilidad Ambiental.
VOLUMEN VIII: Memoria Ambiental.
II. Visto el Acuerdo del Órgano Ambiental de Gran Canaria de fecha 27 de mayo de 2021 (publicado en el BOP nº 83, del lunes 12.7.2021), cuyo contenido es el siguiente:
“…Vista la documentación obrante en el expediente administrativo, vistos los informes Técnico, y Jurídico que lo acompañan, y que concluyen calificar como Modificaciones no sustanciales las operadas en el documento de ordenación con posterioridad a la aprobación de su Memoria Ambiental, visto el informe técnico de la Oficina de Apoyo al O.A. que concluye que no se prevé la aparición de efectos significativos en el medio ambiente, y que se han cumplido las condiciones impuestas en la memoria ambiental, y vista la conformidad con lo dispuesto en el apartado 3) de la disposición transitoria séptima de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en relación con el artículo 27, apartado 3, del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento Canarias, el Órgano Ambiental de Gran Canaria, en sesión de 27 de mayo de 2021, acuerda dar por cumplimentada la fase de evaluación ambiental estratégica del Plan Territorial Especial de Ordenación del Litoral del Norte de Gran Canaria (PTP-15) al haber quedado justificado técnicamente que no se han introducido modificaciones sustanciales que pudieran tener efectos significativos para el medio ambiente, de conformidad con la Ley 9/2006, de 28 de abril...”
III. Visto el informe técnico emitido el 1 de julio de 2022 por el Director del Desarrollo Estratégico del PIO/GC así como el informe jurídico de fecha 4 de julio de 2022 suscrito por un técnico y la Jefa del Servicio de Planeamiento de la Consejería de Área de Política Territorial y Paisaje, conformado por la Asesoría Jurídica con fecha 12 de agosto de 2022.
IV. Visto igualmente el informe emitido por la Coordinadora Técnica y el Interventor General de la Corporación el 15 de julio de 2022.
V. Considerando el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno insular de fecha 6 de julio de 2022 aprobando la propuesta remitida que quedó convertida en proyecto de acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.1.c) LRBRL, elevándolo al Pleno para su resolución definitiva.
VI. Resultando que, dentro del plazo conferido al efecto por el Decreto nº 55/22 dictado por la Presidencia del Pleno el 6 de julio de 2022 por el que se dio inicio al trámite de enmiendas contemplado en el artículo 165.1 del Reglamento del Pleno, se han presentado las siguientes:
- Escrito, con número de registro 440, presentado por el portavoz suplente del Grupo Mixto, D. Ruymán Alexander Santana Hernández, el 11 de julio, en el que manifiesta no formular enmienda alguna, interesando se dé por cumplido el trámite.
- Escrito, con número de registro 458, presentado por el portavoz del Grupo Popular, D. Marco Aurelio Pérez Sánchez, el 20 de julio, en el que se formulan cuatro enmiendas: la primera, relativa a los objetivos generales del PTP-15 establecidos por el PIOGC; la segunda, relativa al realojo; la tercera, relativa a los equipamientos; y la cuarta, relativa al Volumen VI: Modelo de Gestión y Ejecución.
- Escrito, con número de registro 459, presentado por los portavoces de los Grupos Nueva Canarias (NC-FA) D. Carmelo Ramírez Marrero; Socialista (PSC-PSOE) D. Miguel Ángel Pérez del Pino y Mixto, Dña. Sara Ramírez Mesa, el 20 de julio, en el que se formulan tres enmiendas: la primera, relativa a corrección de errores materiales en las Fichas de Ordenación nº 14 y nº 19.B, contenidas tanto en el Anexo IV de la Memoria Justificativa, como en la Normativa del PTP-15; la segunda, relativa a la sustitución del último párrafo del apartado 1 del Volumen VI “Modelo de Gestión y Ejecución”; y la tercera, relativa a las disposiciones transitorias primera y segunda.
- Escrito, con número de registro 460, presentado por el portavoz del Grupo Unidos por Gran Canaria-Coalición Canaria, D. José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez, el 20 de julio, en el que se formula enmienda relativa al Volumen VII “Informe de Sostenibilidad Ambiental”.
VII. Examinadas las enmiendas presentadas por los Grupos Políticos al proyecto de acuerdo de aprobación definitiva del “Plan Territorial Parcial de Ordenación del Litoral del Norte, Arucas-Moya-Santa María de Guía (PTP-15)”, y atendiendo a las consideraciones técnico-jurídicas del informe de fecha 27 de julio de 2022, emitido por el Director del Desarrollo Estratégico del PIO/GC y dos Técnicos Jurídicos del Servicio de Planeamiento de la Consejería de Área de Política Territorial y Paisaje (una de ellas en funciones de Jefa de Servicio), conformado por la Asesoría jurídica con fecha 16 de septiembre de 2022, cuyas consideraciones jurídicas que resultan del siguiente tenor, reproducimos por su relevancia:
“II. CONSIDERACIONES TÉCNICO JURÍDICAS
Primera.- Enmiendas presentadas por el Grupo Nueva Canarias, PSC-PSOE y Grupo Mixto-Si Podemos Canarias.
“Las Enmiendas presentadas se refieren a la detección y consiguiente proposición de corrección de errores en las Fichas de Ordenación nº 14 y nº 19.B, a la programación temporal de actuaciones del Modelo de Gestión y Ejecución, y al régimen transitorio de la Normativa:
1ª. Respecto a las Fichas de Ordenación nº 14 y nº 19.B, contenidas tanto en el Anexo IV de la Memoria Justificativa, como en la Normativa del PTP-15, los portavoces de los grupos políticos Nueva Canarias, PSC-PSOE y Grupo Mixto-Sí Podemos Canarias, advierten que “alguna de las nomenclaturas zonales de los planos incluidos en las casillas de “Estructura de la Ordenación” de las mencionadas Fichas, no se corresponden exactamente con las que figuran en la de los Planos de Zonificación del PTP-15, de los que se extraen, sino de versiones anteriores del Plan”, motivo por el cual proponen su corrección, entendiendo se trata de un error puramente material.
Efectivamente, visto el contenido de las citadas Fichas, se verifican los siguientes errores en las nomenclaturas zonales:
- En la Ficha de Ordenación nº 14, la nomenclatura Z3c2.4 se corresponde con la zonificación Z2b.
- En la Ficha de Ordenación nº 19.B, las nomenclaturas Z3c2.1 y Z1.1d se corresponden con la zonificación Z2d, y la nomenclatura Z3c2.1, en el extremo Oeste del plano, se corresponde con la zonificación Z2b.
En la medida que se trata de simples equivocaciones que, por ser manifiestas e indiscutibles, no precisan de mayor razonamiento, ni su apreciación implica juicio valorativo alguno, ni exige apreciaciones de calificación jurídica o nuevas, pueden ser calificadas de simples errores materiales, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se informa favorablemente y, por tanto, se propone aceptar la enmienda en su totalidad corrigiéndose los planos en los siguientes términos:
- En el plano incluido en la casilla de “Estructura de la Ordenación” de la Ficha nº 14, donde dice “Z3c2.4”, debe decir Z2b.
Plano erróneo:
Plano corregido:
- Y en el plano incluido en la casilla de “Estructura de la Ordenación” de la Ficha nº 19.B, donde dice “Z3c2.1 y Z1.1d”, debe decir “Z2d”, y donde dice Z3c2.1, en el extremo Oeste del plano, debe decir “Z2b”.
Plano erróneo:
Plano corregido:
2ª. Respecto a la programación temporal de actuaciones, los portavoces de los grupos políticos Nueva Canarias, PSC-PSOE y Grupo Mixto-Sí Podemos Canarias, exponen que la materialización de cualquier tipo de actuación que afecte a la zona de costa adquiere una especial complejidad y exige una necesaria coordinación interadministrativa que justifica, con independencia de la necesaria estimación de los plazos contenidos en el Volumen VI, clarificar las fases de gestión y desarrollo de las actuaciones previstas por el PTP-15 para el borde litoral.
En base a ello se propone la sustitución del último párrafo del apartado 1 del Volumen VI “Modelo de Gestión y Ejecución”, en el que, a partir de que se culmine la necesaria adaptación de los planes urbanísticos municipales al PTP-15, se prevé un ámbito temporal global de 8 anualidades para la ejecución de las actuaciones del Plan, y que dice así:
“Una vez superada esta necesaria fase previa, el programa de actuaciones comprendería una previsión para la ejecución de las mismas en 8 anualidades”.
Por el siguiente texto:
“No obstante lo anterior, e independientemente de la necesaria estimación temporal indicativa que figura en los siguientes apartados de este Volumen VI, que deberá establecerse de forma más precisa en los instrumentos de ordenación urbanística y/o proyectos que se promuevan en ejecución de este Plan Territorial, el desarrollo de sus actuaciones quedará sujeto a la programación que, en su caso, se acuerde con la Administración competente.”
Ciertamente, considerando que el conjunto de actuaciones previstas en el PTP-15 requieren, para su ejecución, el desarrollo de sus determinaciones por instrumentos de ordenación urbanística y/o proyectos de ejecución, nada obsta para enmendar el texto en los términos propuestos, en la medida en que introduce mayor claridad y realismo en la gestión y desarrollo de las actuaciones contempladas en dicho Volumen VI, considerando las distintas administraciones, locales y sectoriales, cuyas competencias se puedan ver afectadas por el ámbito de ordenación del PTP-15.
Por todo lo expuesto, considerando que el artículo 12.4 del Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana habilitaba a los entonces Planes Directores Territoriales de Coordinación -hoy Planes Territoriales- a integrar programas de actuación para el desarrollo del Plan con señalamientos de los plazos en que hayan de redactarse los instrumentos de planificación de desarrollo del Plan y llevarse a cabo las actuaciones previstas en él, y visto el contenido del texto sustitutorio y su alcance, se considera que mejora y añade certidumbre al objetivo perseguido con el párrafo que sustituye, por lo que se informa favorablemente y, por tanto, se propone aceptar la enmienda en su totalidad en los términos propuestos, por ser conforme a la legalidad.
3ª. Respecto al Régimen Transitorio, los portavoces de los grupos políticos Nueva Canarias, PSC-PSOE y Grupo Mixto-Sí Podemos Canarias, por los mismos motivos expuestos en la enmienda anterior, proponen un ajuste en la redacción del punto 2 de la Disposición Transitoria Primera de la Normativa y en el punto 1 de la Disposición Transitoria Segunda, que rebaje el carácter imperativo de la redacción originaria, en relación con la adaptación de los planeamientos urbanísticos a las determinaciones de este Plan Territorial. En concreto, modificar la conjunción del verbo “deberá” por “debería”, en relación al plazo en que ha de acordarse el inicio de la adaptación del planeamiento urbanístico al PTP-15. Y en este sentido, proponen una enmienda de sustitución en los siguientes términos:
Texto a sustituir (Disposición Transitoria Primera, punto 2):
“2.- La adaptación se deberá iniciar en el plazo máximo de 12 meses, siendo el plazo máximo para aprobar definitivamente su adaptación de 24 meses, contados a partir de la entrada en vigor del PTP, de conformidad con lo establecido en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.”
Texto propuesto en sustitución (Disposición Transitoria Primera, punto 2):
“2.- La adaptación se debería iniciar en el plazo máximo de 12 meses, siendo el plazo máximo para aprobar definitivamente su adaptación de 24 meses, contados a partir de la entrada en vigor del PTP, de conformidad con lo establecido en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.”
Texto a sustituir (disposición transitoria segunda, punto 1):
“1.- Los instrumentos de ordenación de inferior rango aprobados definitivamente a la entrada en vigor del presente PTP, deberán adaptarse en el plazo de 24 meses a las determinaciones del presente Plan, plazo ampliable a 36 meses por motivos justificados.”
Texto propuesto en sustitución (disposición transitoria segunda, punto 1):
“1.- Los instrumentos de ordenación de inferior rango aprobados definitivamente a la entrada en vigor del presente PTP, deberían adaptarse en el plazo de 24 meses a las determinaciones del presente Plan, plazo ampliable a 36 meses por motivos justificados.”
Teniendo en cuenta la complejidad inherente a todo procedimiento de elaboración y aprobación de cualquier instrumento de ordenación urbanística o su modificación, que, en el caso que nos ocupa, adquiere especial relevancia al contener el Plan actuaciones que afectan al borde litoral, y por consiguiente, requieren de la necesaria y efectiva participación de la administración competente en materia de Costas en aras a recuperar los tramos de costa ocupado por edificaciones en la zona de dominio público marítimo terrestre y sus zonas de servidumbre de tránsito y protección; que, en particular, los procesos de toma de decisiones en las corporaciones locales para iniciar un proceso de adaptación del planeamiento general suelen dilatarse más de lo deseable, a lo que se añade la circunstancia de que, en el plazo de diez meses, se llevarán a cabo comicios municipales que renovaran las corporaciones locales; y que no existe precepto en la norma que determine un concreto plazo para iniciar y culminar su tramitación, más allá de los fijados por la legislación básica estatal para el procedimiento de evaluación ambiental estratégica, parece razonable la propuesta, sin que se aprecien efectos al Plan desde el punto de vista técnico y/o jurídico, por lo que se informa favorablemente y, por tanto, se propone aceptar la enmienda en su totalidad en los términos propuestos, por ser conforme a la legalidad.
Segunda.- Enmiendas presentadas por el Grupo Popular.
El escrito presentado por el Portavoz del Grupo Popular, comprende cuatro enmiendas de modificación, relativas a:
1. OBJETIVOS GENERALES DEL PTP-15 ESTABLECIDAS POR EL PIOGC.
2. REALOJO.
3. EQUIPAMIENTOS.
4. VOLUMEN VI. MODELO DE GESTIÓN EJECUCIÓN.
Consideraciones previas:
1ª. Antes de abordar el contenido de las referidas enmiendas, debe dejarse de manifiesto que el alegato expuesto para justificar cada una de ellas se circunscribe o resulta del análisis de las determinaciones del PTP-15 solo y exclusivamente para el ámbito parcial correspondiente al término municipal de Moya, no extendiendo sus análisis y consideraciones a los planteamientos del PTP-15 para Santa María de Guía o Arucas. Ello presupone una visión sesgada del Plan, que propone una ordenación integrada de todo el ámbito ordenado territorialmente, sin que el escrito de enmiendas extienda su análisis y/o disconformidad al restante territorio afecto al PTP. De hecho, la parte correspondiente a Moya comprende solo 3.725 m de litoral de los 21.632 m totales, es decir el 17.22% del total del Litoral Norte ordenado por este PTP-15, y solo 86,08 Ha. del total de las 548,03 Ha. de territorio de la plataforma litoral ordenada, lo que supone tan solo el 15,70 % del total.
2ª. Analizado el contenido de las enmiendas y sus justificaciones, estas reproducen en gran parte el contenido discrepante del Ayuntamiento de Moya, trasladado al Cabildo durante las fases de consulta interadministrativa que ha tenido el PTP-15, además de en múltiples reuniones institucionales y técnicas.
3ª. La exposición de motivos y alegatos de cada una de las cuatro enmiendas, dicho sea en términos de absoluto respeto, es desordenada y repetitiva en algunos casos, y, en ocasiones, ajena o incoherente con la conclusión última planteada, lo cual llega a confundir el fondo concreto de la misma, más allá de la simple, clara o total discrepancia con el Plan, según se avanza en la lectura del escrito de referencia, y de la concreción propia de una enmienda.
En efecto, desde el punto de vista de su encaje jurídico, observamos que las alegaciones, lejos de proponer un texto alternativo al aprobado por el Consejo Gobierno Insular y que se someterá al debate plenario, cuestionan los principios y fundamentos que sustentan el modelo territorial elegido por este Plan Territorial Parcial, sin proponer -aún a pesar de que por la portavocía del grupo popular se denominan enmiendas de modificación- la supresión, modificación o adición del articulado, ni un texto completo alternativo.
Ante ello, la primera cuestión que debe despejarse es si el contenido de las alegaciones presentadas pueden considerarse enmiendas a efectos de lograr encausarlas en el trámite procedimental en que nos encontramos, o son más propias de los procesos de participación pública y consulta interadministrativa legalmente previstos en el procedimiento de elaboración y aprobación del instrumento de ordenación que nos ocupa, y que, claro está, ya han sido convenientemente evacuados y superados.
Como cuestión previa esencial para encauzar la cuestión, desde el punto etimológico, el diccionario panhispánico del español jurídico define la enmienda, en su primera acepción, como la “propuesta de modificación de un texto sometido a debate y aprobación parlamentarios presentada por un diputado o grupo parlamentario. Puede tener por objeto un texto legislativo (enmienda a un proyecto o proposición de ley) o un texto no legislativo (por ejemplo, a una proposición no de ley)”. Asimismo, distingue dos tipos de enmiendas en el sistema parlamentario español: de totalidad (de totalidad de devolución o de texto alternativo) o al articulado (de supresión, de adición o de modificación).
En consonancia con el concepto jurídico de enmienda, el artículo 110 del Reglamento del Congreso de los Diputados también contempla las enmiendas a la totalidad y al articulado. Precisando que las primeras se clasifican como tal cuando versan sobre la oportunidad, los principios o el espíritu del proyecto de ley y postulan la devolución de aquel al Gobierno, o las que propongan un texto completo alternativo al del proyecto; mientras que las segundas adquieren tal carácter cuando afectan al articulado para suprimirlo, modificarlo o adicionarlo, exigiéndose, en estos dos últimos casos, que la enmienda contenga el texto concreto que se proponga.
Y en idénticos términos, el Reglamento del Parlamento de Canarias prevé que un proyecto de ley pueda ser enmendado en su totalidad (artículo 127), cuando versen sobre la oportunidad, los principios o el espíritu y postulen o bien su devolución al Gobierno o bien propongan un texto completo alternativo al proyecto; o en su articulado (artículo 129) para su supresión, modificación o adición, en estos dos últimos supuestos, las enmiendas deben contener el texto concreto que se proponga. Además de las señaladas, el artículo 132 prevé las enmiendas que tengan por objeto subsanar errores o incorrecciones técnicas, terminológicas o gramaticales.
Llegados a este punto, partiendo de la propia etimología de la palabra y repasado, brevemente, el marco regulatorio -estatal y regional- de las enmiendas, podemos concluir, sin ambages, que la enmienda -en este caso, de un proyecto de acuerdo de aprobación definitiva de un Plan Territorial Parcial- ha de estar indefectiblemente anudada a un texto, debiendo contener, necesariamente, o bien un texto completo alternativo del proyecto en cuestión, cuando su contenido sustantivo afecte a la oportunidad, los principios o espíritu de la norma, o bien un texto concreto, cuando afecte a su articulado, en el que se proponga su modificación o adición. De lo que se colige que, el legislador descarta en este trámite formal, previo al debate parlamentario (en lo que nos ocupa, entiéndase plenario), todo tipo de consideraciones, alegatos o invocaciones genéricas sobre una norma legal o reglamentaria que no se concreten en un texto completo alternativo o en la modificación, adición o supresión de un concreto artículo.
Ya centrándonos en nuestra esfera institucional, el artículo 165.1 del Reglamento Orgánico del Pleno del Excmo. Cabildo de Gran Canaria, únicamente prevé las enmiendas de adición, supresión o modificación, entendiéndose como tales, conforme al propio concepto jurídico de enmienda, aquellas que afectan al articulado con la finalidad de proponer su supresión o una concreta modificación y/o adición de su texto.
Pues bien, como veremos más adelante, las enmiendas presentadas -denominadas de modificación por la portavocía del grupo popular- no proponen la supresión de artículo alguno del proyecto de acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno Insular, ni su modificación y/o adición, ni tampoco un texto completo alternativo en el que se cristalicen todas y cada una de las consideraciones, tanto ambientales como territoriales, que a su juicio impiden la ejecución de las actuaciones previstas en el Plan, ni mucho menos las soluciones apuntadas para remediarlo, que permitan, a través del examen objetivo de un articulado alternativo, una mínima valoración de lo propuesto. En su lugar, las cuatro enmiendas presentadas, en esencia, se refieren a alegaciones -así expresamente se denominan en el propio escrito- que muestran la disconformidad con la alternativa ambiental y territorial elegida para ubicar el corredor viario de alta capacidad en el tramo Bañaderos a El Pagador así como con la solución de realojo de las personas titulares de viviendas ubicadas en la zona de dominio público marítimo terrestre y sus zonas de servidumbre y tránsito en el tramo de costa del municipio de Moya, al tiempo que cuestionan la implantación de un paseo marítimo continuo desde el Barranco de Moya al Barranco de Azuaje en el término municipal de la Villa de Moya, que en realidad se propone desde San Felipe a El Puertillo.
Como muestras de ello, a continuación reproducimos el contenido literal de la conclusión de cada una de las enmiendas:
- A la alegación PRIMERA.- OBJETIVOS GENERALES DEL PTP-15 ESTABLECIDOS POR EL PIOGC, se concluye lo siguiente: “El Partido Popular plantea ENMIENDA DE MODIFICACIÓN previa a la aprobación definitiva del documento de Plan Territorial Parcial de Ordenación del Litoral del Norte, Arucas-Moya-Santa María de Guía (PTP-15), en la que se recojan cambios que asuman el planteamiento de un trazado alejado de la montaña que respete y contribuya a solventar los muchos problemas ambientales que generaría su ejecución para el caso de que se llevara a cabo el Proyecto de Construcción que se contempla en el Anexo I de la Memoria Justificativa, dado que de lo contrario, se llevaría por delante grandes bancadas de fincas en producción y de paisajes dignos de proteger, además de significar un daño irreparable a zonas ambientalmente protegidas”.
Sin embargo, no se concretan esos cambios que propongan una nueva zonificación del corredor alejado de la montaña en un texto alternativo que pueda someterse al necesario juicio valorativo en este trámite. Pero es más, por el alcance de lo concluido -incorporar un nuevo corredor- se trataría de una enmienda a la totalidad del Plan en la medida en que, el cambio de zonificación del corredor viario en el tramo de costa entre la rotonda de Bañaderos y El Pagador, conllevaría, entre otros aspectos, un nuevo procedimiento de evaluación ambiental que analice el nuevo corredor propuesto y, por ende, como actuación vertebradora del resto de actuaciones previstas en el mismo, un cambio en el modelo de ocupación del territorio. Alcance vedado por el artículo 165.1 del Reglamento del Pleno del Excmo. Cabildo de Gran Canaria que, recordemos, limita las enmiendas -en este íter procedimental- a los proyectos de acuerdo del Consejo de Gobierno Insular a las de adición, supresión o modificación.
- A la alegación SEGUNDA.- REALOJO, se concluye lo siguiente: “El Partido Popular sobre la base de todo lo expuesto en la ALEGACIÓN SEGUNDA plantea ENMIENDA DE MODIFICACIÓN previa a la aprobación definitiva del documento de Plan Territorial Parcial de Ordenación del Litoral del Norte, Arucas-Moya-Santa María de Guía (PTP-15), para que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 25.3 de la Ley de Costas, y la D.T. Tercera de la misma, y ante la imposibilidad de aplicar lo previsto en el D.A. decimocuarta para localizar suelos aptos próximos al lugar de la intervención, se replantee la propuesta de liberación del litoral costero y se busquen soluciones y alternativas menos traumáticas que la que resultaría de la aplicación de la propuesta que recoge el documento del PTP-15. Las cuales, como se ha demostrado en la exposición de la presente enmienda, existen y resultan mucho más viables, social y económicamente, que la que se intenta aprobar finalmente”.
En la línea de lo argumentado en la alegación anterior, más allá de mostrar la disconformidad con las actuaciones de recuperación del borde litoral y el consiguiente realojo que implicaría las mismas, en el tramo de costa del municipio de Moya, se limita a advertir a la Corporación Insular que “busque soluciones y alternativas menos traumáticas”, sin indicar solución concreta alguna que suponga supresión, modificación o adición del texto articulado que se someterá a debate plenario, que viabilice -y, por tanto, permita ser valorada en este trámite de enmiendas- la gestión y desarrollo del realojo de los ocupantes legales de las viviendas que constituyen su residencia habitual.
Conviene recordar, a los solos efectos informativos y por lo que respecta a las actuaciones previstas para la recuperación del borde litoral, que el presente Plan Territorial se limita a identificar -como no podía ser de otra manera- la zona perteneciente al dominio público marítimo terrestre así como trasladar las líneas de servidumbres de tránsito y protección que constan publicadas en fuentes oficiales, a resultas de lo cual se identifican, con un carácter meramente indicativo, una serie de edificaciones y fincas catastrales que pudieran resultar afectadas por la intervención, sin que tenga competencia alguna para su expropiación. Labor que dicho sea de paso, no es una técnica novedosa introducida por este Plan Territorial en el sistema de planeamiento de Canarias, sino que resulta una práctica obligatoria que todos los planeamientos -no solo territoriales sino también, y sobre todo, urbanísticos- han de llevar a cabo en sus trámites de elaboración y aprobación.
Será la administración competente en materia de Costas, la que en ejercicio de sus competencias sectoriales y en coordinación con los municipios afectados, conforme a su legislación y reglamento de desarrollo y teniendo en cuenta las excepciones previstas en la misma, la que determine qué edificaciones se verán finalmente afectadas por las actuaciones de recuperación del borde litoral, así como las características y trazado definitivo del futuro paseo marítimo, en atención a la casuística, singularidades y situación administrativa en que se encuentre cada edificación y el interés general prevalente que deba salvaguardarse.
- A la alegación TERCERA.- EQUIPAMIENTOS, se concluye siguiente: “El Partido Popular sobre la base de todo lo expuesto en la ALEGACIÓN TERCERA plantea ENMIENDA DE MODIFICACIÓN previa a la aprobación definitiva del documento de Plan Territorial Parcial de Ordenación del Litoral del Norte, Arucas-Moya-Santa María de Guía (PTP-15), para que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 25.3 de la Ley de Costas, y la D.T. tercera de la misma, y ante la imposibilidad de aplicar lo previsto en el D.A. decimocuarta para localizar suelos aptos próximos al lugar de la intervención, se replantee la propuesta de liberación del litoral costero y se busquen soluciones y alternativas menos traumáticas que la que resultaría de la aplicación de la propuesta que recoge el documento del PTP-15. Las cuales, como se ha demostrado en la exposición de la presente enmienda, existen y resultan mucho más viables, social y económicamente, que la que se intenta aprobar finalmente”.
Dado que se alcanza la misma conclusión que para la alegación segunda, pero centrando la crítica en el equipamiento estructurante de interés supramunicipal El Roque-Playa de San Felipe (Z-3.c2.1) y en el equipamiento de nivel local Barranco de Azuaje (Z-3.c3.6), nos remitimos a lo argumentado en la alegación segunda en tanto que la enmienda, más allá de la crítica a los usos previstos para el equipamiento de El Roque-Playa de San Felipe, o que se invaden competencias municipales en el caso del equipamiento propuesto para el Barranco de Azuaje, no propone adición, modificación o supresión de texto articulado alguno.
- A la alegación CUARTA.- VOLUMEN VI: MODELO DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN, se concluye lo siguiente: “El GRUPO POPULAR en el Cabildo de Gran Canaria, sobre la base de todo lo expuesto en la ALEGACIÓN CUARTA, plantea ENMIENDA DE MODIFICACIÓN previa a la aprobación definitiva del documento de Plan Territorial Parcial de Ordenación del Litoral del Norte, Arucas-Moya-Santa María de Guía (PTP-15), para que se tome en consideración el contenido de los informes emitidos por la Administración autonómica, y los pronunciamientos de los Tribunales de Justicia, y, en su consecuencia, se reconsidere el contenido del PTP-15, proponiendo trazados alternativos de la GC-2 que respete en su discurrir los límites del ENP del Parque Rural de Doramas y la ZEPA de los acantilados donde anida la Parcela Cenicienta; que se conserven los barrios de La Barranquera y el Altillo que hagan innecesaria la liberación del litoral y el consiguiente realojo de las familias afectadas”.
Esta enmienda concluye reiterando propósitos de la alegación primera y segunda para que sobre la base de reconsiderar el contenido del PTP-15, se estudien otras alternativas al corredor de la GC-2, se conserven los barrios costeros de La Barranquera y El Altillo y el consiguiente realojo, pero sin concretar por dónde han de discurrir esas alternativas a la GC-2 ni proponer, respecto a los barrios citados, cambio, supresión o adición alguna en el texto del articulado tendentes a conservar los citados barrios. Como ya advertimos en la alegación primera, el alcance de lo concluido requeriría de un texto completo alternativo que enmendase la totalidad del plan en la medida en que, la incorporación de un nuevo de trazado en el tramo de costa entre la rotonda de Bañaderos y El Pagador, conllevaría, entre otros aspectos, un nuevo procedimiento de evaluación ambiental que analice el nuevo corredor propuesto y, por ende, como actuación vertebradora del resto de actuaciones previstas en el mismo, un cambio en el modelo de ocupación del territorio. Alcance, como ya hemos apuntado, vedado por el artículo 165.1 del Reglamento del Pleno del Excmo. Cabildo de Gran Canaria que, recordemos, limita las enmiendas a los proyectos de acuerdo del Consejo de Gobierno Insular a las de adición, supresión o modificación.
Por todo lo expuesto, debe concluirse que las enmiendas presentadas, aunque hayan sido calificadas por la portavocía de grupo como ENMIENDAS DE MODIFICACIÓN, carecen del mínimo grado de concreción que permita una adecuada valoración al no incorporar propuesta de supresión, modificación o adición alguna del texto articulado que se someterá al debate plenario, excediéndose de este alcance para cuestionar aspectos esenciales y vertebradores de la ordenación integral prevista en el Plan, como la alternativa elegida para el corredor viario de alta capacidad, la creación de un paseo marítimo y/o el realojo de las viviendas afectadas por la Ley de Costas, que inciden en el modelo de ocupación del territorio. Por lo que se informa desfavorablemente y, por tanto, se propone rechazar las cuatro enmiendas al no adecuarse a la legalidad propia de este trámite, tanto en lo formal como en lo sustantivo.
Antes al contrario y para finalizar, el contenido de las mismas -y así expresamente se denominan en el propio escrito- responde a un compendio de alegaciones, de carácter general, que muestran la disconformidad con actuaciones que vertebran la ordenación integral de la pieza territorial objeto del PTP-15, como son la alternativa elegida para el corredor viario estructurante de alta capacidad en el tramo de Bañaderos a El Pagador, las actuaciones previstas para recuperar el borde litoral en el tramo de costa del municipio de Moya y el consiguiente realojo, así como la ubicación y determinaciones de dos concretos equipamientos, y, por ende, cuestionan el modelo de ocupación del territorio por el que ha optado el planificador insular. Por tanto, por su propio contenido, estas alegaciones se alejan del trámite propio de una enmienda, para acercarla y situarla en trámites distintos, inherentes al procedimiento de elaboración y aprobación del instrumento de ordenación como son la participación pública, consulta e informes interadministrativos, los cuales, ya han sido sobradamente superados, una vez incorporadas las correcciones y observaciones resultantes de dichos procesos, a resultas de lo cual se obtuvieron los preceptivos pronunciamientos favorables en los informes preceptivos, previos a la aprobación definitiva. Dicho en otras palabras, su aceptación supondría una evidente desnaturalización del trámite que nos ocupa, al exceder de su contenido, tanto en lo formal como en lo sustantivo, del alcance y de la naturaleza propia del trámite de enmiendas.
Dicho esto y aun cuando, hasta lo ahora expuesto, desde el punto de vista jurídico, existe motivación suficiente para el rechazo de las cuatro enmiendas presentadas, es preciso, a la vista de la trascendencia de las afirmaciones contenidas en las alegaciones y su difícil encaje en la realidad procedimental seguida para la elaboración y aprobación del Plan, hacer una serie de observaciones, desde el punto de vista técnico, a cada una de las conclusiones:
Respecto a la conclusión de la primera alegación relativa a los OBJETIVOS GENERALES DEL PTP-15 ESTABLECIDOS POR EL PIOGC:
“El Partido Popular plantea ENMIENDA DE MODIFICACIÓN previa a la aprobación definitiva del documento de Plan Territorial Parcial de Ordenación del Litoral del Norte, Arucas-Moya-Santa María de Guía (PTP-15), en la que se recojan cambios que asuman el planteamiento de un trazado alejado de la montaña que respete y contribuya a solventar los muchos problemas ambientales que generaría su ejecución para el caso de que se llevara a cabo el Proyecto de Construcción que se contempla en el Anexo I de la Memoria Justificativa, dado que de lo contrario, se llevaría por delante grandes bancadas de fincas en producción y de paisajes dignos de proteger, además de significar un daño irreparable a zonas ambientalmente protegidas.”
Debemos hacer constar las siguientes consideraciones:
A. El PTP-15 superó satisfactoriamente el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica tomando en consideración todas las modificaciones habidas tras los procesos de participación pública y consultas a administraciones afectadas, y habiendo incorporado todas las medidas preventivas, correctoras y compensatorias autoimpuestas y/o exigidas, en su caso, como resultado de todo el proceso de Evaluación Ambiental.
Ello queda nítidamente expresado a lo largo del extenso y prolijo contenido del Anuncio, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 83, de 12 de julio de 2021, por el que se da publicidad y eficacia al Acuerdo del Órgano Ambiental de Gran Canaria, en que se concluye que se han cumplido las condiciones impuestas en la Memoria Ambiental, y que queda justificado técnicamente que no se han introducido modificaciones sustanciales que pudieran tener efectos significativos para el medio ambiente, acordando, consecuentemente, dar por cumplimentada la fase de evaluación ambiental estratégica del PTP-15.
B. Por otra parte, en esta fase final de tramitación del PTP-15, se han recabado todos los informes preceptivos previos a la aprobación definitiva, que se han emitido en sentido favorable, lo cual pone de manifiesto la idoneidad del documento propuesto para aprobación definitiva, respetando, aun así, que el Ayuntamiento de Moya persista en su disconformidad con algunas de sus determinaciones principales, razón que, no obstante, no ha de impedir su tramitación final.
C. Con relación al alegato sobre la incapacidad del Plan Territorial Parcial, como instrumento idóneo para proponer el Corredor del nuevo vial de alta capacidad, debe exponerse que, artículo 119.1 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, establece que los planes territoriales parciales tendrán por objeto la ordenación integrada de partes singulares y concretas del territorio (…). El artículo 119.2 establece que “la delimitación de su ámbito y contenido de ordenación deberá estar prevista en el plan insular de ordenación”.
En la Memoria Justificativa del PTP-15 se expone razonadamente que es necesaria la ordenación de los ejes del transporte dentro del ámbito del PTP-15 para proceder a la definición de actuaciones como la de recuperación del borde litoral, que precisa del estudio y análisis de los lugares susceptibles de albergar el traslado total o parcial de núcleos de población para recuperación del litoral, conforme a la disposición adicional decimocuarta de la Ley 4/2017. La habilitación desde el Plan Insular de Gran Canaria para esta tarea se encuentra justificada en los artículos 9.9, 151 y 152 de su Normativa.
D. Con relación al alegato contrario a la zonificación del corredor del viario de alta capacidad, se establece en el Plan que la solución definitiva del trazado que se proyecte para la construcción del mismo será la que resulte de la redacción y trámite del proyecto trazado y construcción, así como del procedimiento de evaluación de impacto ambiental al que habrá de someterse, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Normativa del PTP-15, y a la legislación y normas técnicas sectoriales aplicables.
Por otra parte, en el epígrafe 5 y siguientes del Anexo 1 de la Memoria Justificativa del PTP-15 se recogen las consideraciones y se describen las alternativas analizadas y se justifica la selección de la alternativa finalmente propuesta como base para la definición del corredor para la vía de alta capacidad, incluyendo la Variante de trazado entre Bañaderos y Pagador.
La selección de la alternativa se realiza en base a 5 criterios:
- Consideraciones legales:
Puede recordarse que de las Directrices de Ordenación General y del Turismo establecían que el desarrollo de las infraestructuras debía apoyarse en las infraestructuras existentes. Si bien estas Directrices de Ordenación General han sido derogadas y sustituidas por la nueva Ley del Suelo, no puede obviarse ese criterio de apoyarse en infraestructuras ya existentes, toda vez que la superficie de territorio es un valor escaso en las Islas Canarias. De hecho, este criterio fue base para la anulación del Plan Territorial Especial de Infraestructuras Viarias de la Zona Norte-Central de Gran Canaria.
- Consideraciones ambientales:
El trazado en túnel, de aproximadamente 1 km., afectaría al Parque Rural de Doramas en mayor medida que la solución recogida en el PTP-15, al perforar en esa longitud el macizo denominado “Lomo Los Blanquizales”, con los consiguientes efectos ambientales negativos y permanentes en las bocas y su entorno tanto al barranco de Azuaje como al de El Pagador. Por otra parte, existen acuerdos de la COTMAC que informaron desfavorablemente la posibilidad de un túnel entre el barranco de Azuaje y el barranco de El Pagador, tomados con ocasión del trámite del PTE de Infraestructuras Viarias de la Zona Norte-Central de Gran Canaria anulado, siendo aquella una solución de un túnel más corto, al plantear la perforación del macizo más al interior del barranco de Azuaje, considerándose que el túnel planteado por el Ayuntamiento de Moya, de 1 km., generaría peores efectos ambientales que aquel, al acercarse a los acantilados más próximos a la costa y con un coste notoriamente superior dada la longitud pretendida.
- Consideraciones territoriales:
El corredor de alta velocidad debe ser compatible con la ordenación territorial. En este sentido, la ordenación del PTP15 se basa en diferentes estrategias: algunas de ellas como desarrollo de determinaciones del PIO/GC y otras como producto del procedimiento del propio PTP15. Destaca la recuperación del borde litoral (como aplicación de la Ley de Costas de 1988 y del deslinde de la Zona Marítima Terrestre practicado) y la creación de un corredor que una los núcleos costeros del ámbito del PTP15 y que se define como “eje verde estructurante”. Como producto del estudio específico del ámbito del PTP15, se establece como estrategia del PTP15 que el corredor de tráfico de paso no suponga una barrera a la convivencia dentro del ámbito del PTP15.
La aplicación de la Ley de Costas de 1988 supone la afección a las viviendas existentes en el borde litoral, algunas de ellas situadas en Dominio Público Marítimo Terrestre y otras localizadas en la franja destinada a servidumbre de tránsito. En ambos casos, la afección producida es independiente de la ordenación que pueda proponer el PTP15. Simplemente es la aplicación de una Ley estatal, al margen de la determinación del PIO/GC de recuperación del borde litoral. El PTP15, sin embargo, debe dar respuesta a la problemática detectada de resultas de la aplicación de la Ley de Costas de 1988 y, en particular, la necesidad de traslado de algunas viviendas. En este sentido, se estudia el crecimiento de los suelos urbanos actuales hacia el interior. El objeto principal de estos suelos es el establecer una zona para realojo de las viviendas afectadas por la Ley de Costas de 1988. La casuística que aparece es dispar:
• En el caso de Arucas, habida cuenta del número de viviendas situadas en la zona de servidumbre de tránsito y del grado de consolidación de la edificación (Quintanilla, San Andrés), es necesaria la expansión del núcleo urbano al otro lado de la actual GC2, para permitir el realojo de las viviendas afectadas por la Ley de Costas de 1988. Como quiera que la presencia de una infraestructura de transporte de la potencia de la GC2 impide la continuidad del núcleo urbano con el nuevo suelo de realojo, conjuntamente con la necesidad de atender la determinación del PIO/GC de ejecutar un eje verde estructurante, se propone la recualificación del viario actual en eje verde estructurante mientras que el corredor para tráfico de paso se sitúa en el lado tierra del nuevo suelo urbanizable.
• En el caso de Moya, la cercanía de la GC-2 a los suelos urbanos y urbanizables preexistentes (Pagador-El Altillo) crea unas condiciones de peligrosidad que deben ser evitadas, alejando el tráfico de paso de las viviendas colindantes, mediante la introducción de una vía de servicio entre la carretera de alta velocidad, o corredor de paso, y las viviendas. Esta vía de servicio debe tener continuidad con el eje verde estructurante adoptando características similares al tramo de Arucas. Sin embargo, existen dos diferencias remarcables:
- El grado de consolidación de la edificación en los suelos residenciales al norte de la GC-2, entre la carretera y la costa. En el caso de Arucas, el grado de consolidación es del 100%. (Apenas hay solares vacantes). En el caso de Moya, existen suelos urbanizables por desarrollar, que en la actualidad tienen la condición de vacío.
- La localización de la GC-2 en la plataforma litoral. En el caso de Arucas el corredor de la GC-2 tiene suelos con una aptitud topográfica para su uso residencial en ambos márgenes, ejerciendo la GC-2 un efecto barrera que supone una discontinuidad en el territorio. De hecho, el PIOGC establece como discontinuidad a la hora del crecimiento de suelos urbanos la existencia de grandes infraestructuras del transporte. En el caso de Moya, el suelo apto para su uso residencial se sitúa únicamente entre la GC-2 y la costa, por lo que la GC-2 supone un efecto barrera entre los suelos residenciales y los no residenciales.
• En el caso de Santa María de Guía, los nuevos suelos destinados a realojo de las viviendas afectadas por la Ley de Costas (San Felipe) no guardan relación con la GC-2, que discurre a una gran distancia de esta población.
Se concluye de lo anterior que el único tramo de la GC-2 que necesariamente debe tener una variante de trazado para permitir el realojo de las viviendas afectadas por la Ley de Costas, es el tramo entre el núcleo de Bañaderos y el Barranco de Azuaje, todo ello dentro del término municipal de Arucas. En el tramo entre el Barranco de Azuaje y el Enlace de El Pagador debe procurarse alejar la GC-2 de los suelos urbanos introduciendo el eje verde estructurante entre ambos. De esta forma, el eje verde estructurante sirve de vía de servicio de la GC-2 al tiempo que tiene la función de soporte del tráfico local en convivencia con el tráfico no motorizado.
- Consideraciones sectoriales:
Los parámetros geométricos de un tramo en túnel son más exigentes que los parámetros geométricos de un tramo a cielo abierto.
El trazado en túnel encuentra dificultades con la cercanía del Enlace de El Pagador.
Las instalaciones de los túneles son mucho más complejas que las instalaciones de un tramo a cielo abierto.
Las exigencias en materia de seguridad de un tramo en túnel son mucho más complejas que las exigencias en materia de seguridad en un tramo a cielo abierto.
- Consideraciones financieras:
El presupuesto para la ejecución de un tramo en túnel es mayor que el presupuesto para la ejecución de un tramo de vía a cielo abierto.
Los costes de mantenimiento de un tramo de túnel son sustancialmente mayores que los costes de mantenimiento de un tramo de vía a cielo abierto (aproximadamente 10 veces mayor).
Desde el punto de vista técnico, no se justifica una variante de trazado en túnel de la GC-2 a la altura de El Pagador. No obstante, todo lo anterior, el artículo 17 de la Normativa del PTP-15 establece que serán los proyectos de construcción redactados por el Gobierno de Canarias quienes fijen la solución definitiva de forma justificada. El detalle con el que se pormenoriza esta actuación en el PTP-15 se realiza a efectos optimizar la definición-zonificación del corredor de la infraestructura viaria de alta capacidad y de evaluación ambiental del Plan.
E. Con relación a las posibles afecciones a la Pardela Cenicienta, el alegato se aleja del contenido real del PTP-15:
La Memoria Justificativa del PTP-15 contiene un Anexo I “VARIANTE DE TRAZADO DE LA GC-2. TRAMO BAÑADEROS-EL PAGADOR”. Las determinaciones de contenido ambiental de este Anexo I son de obligada observancia y desarrollo para el proyecto o proyectos de construcción que se redacten para llevar a término el Corredor de la GC-2 definido en el PTP-15, que deberán ser implementadas y sometidas al pertinente procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, lo cual se deduce del artículo 17 y la Ficha de Ordenación nº 24 del Viario Estructurante de Alta Capacidad de la Normativa del PTP-15.
En el citado Anexo I, en su apartado 5, se hace una exposición de las consideraciones tomadas en cuenta para abordar las alternativas, y en el 6 se describe y justifica la propuesta de Ordenación del PTP-15 con sus alternativas, conteniendo una amplia descripción de la forma en que queda conformada la reserva territorial para la implantación territorial de la infraestructura viaria de alta capacidad. La descripción y justificación más detallada de la alternativa seleccionada de desarrolla en los apartados 7 a 14 del citado Anexo I.
En la parte de Evaluación Ambiental de dicho Anexo I, dentro del apartado 18.1, sobre Características Ambientales de la Zona de Estudio, se recoge, concretamente en el subapartado 18.1.5.3 sobre Inventario Faunístico, a la Pardela Cenicienta (Calonectris diomedea), entre las especies faunísticas inventariadas más destacadas e importantes de la zona.
Debe dejarse constancia que este reconocimiento ya venía reflejado en el apartado 11.2.6.8 de la Memoria Informativa del Avance del PTP-15, que acompañó al Informe de Sostenibilidad Ambiental (I.S.A.) desde los inicios del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica a que se ha sometido el PTP-15, apartado que se corresponde con el análisis ambiental sobre el medio físico y descripción geográfica del ámbito del PTP-15, cuando se abordan las aves dentro del subapartado dedicado a la Flora y Fauna.
Asimismo, se deja constancia, en el apartado 18.1.5.5 del citado Anexo I, de Lugares Singulares de Interés para la Fauna, de que, en la zona de nidificación existente en la margen izquierda del Barranco de San Andrés, en el Municipio de Moya y dentro del Parque Rural de Doramas, se han identificado durante los recorridos de campo realizados, una zona de anidamiento de Pardela Cenicienta. Se hace una descripción de su hábitat tipo, modo vital y migratorio, que encuentra encaje en las características naturales de dicho margen del Barranco de San Andrés.
En la exposición de los Efectos Significativos sobre el Medio Ambiente, desarrollada en el apartado 22 del Anexo I, ya se reconoce que la ejecución de una infraestructura viaria de las características de la que nos ocupa lleva asociada inevitablemente una serie de alteraciones, temporales o permanentes sobre el entorno en el que se implanta.
Así, se identifican los efectos ambientales previsibles derivados de las determinaciones más significativas de establecimiento del Corredor de esta infraestructura viaria por el
PTP-15, con la escala y el alcance de las determinaciones que le son propias, considerando que la principal afección corresponde a la ocupación espacial de los nuevos viarios (calzadas, caminos, instalaciones auxiliares, etc.), afección de carácter permanente y que repercute en mayor o menor grado sobre todas las variables ambientales (vegetación, fauna y paisaje).
Igualmente, se reconoce que existen también numerosas actuaciones asociadas a la construcción o puesta en funcionamiento de un nuevo viario que repercuten directa o indirectamente sobre el medio en el que se implanta y los componentes del mismo: Medio Biológico, Medio Físico y Medio Humano.
Todo ello da lugar a una tabla, incluida en el apartado 22.1 del Anexo I, en que se recogen los principales efectos relacionados con la construcción de una infraestructura como la que nos ocupa, establecidos a partir de la escala y alcance de las determinaciones propias de este Plan Territorial, que servirán de referencia obligada y que serán abordados con mayor detalle a partir del análisis ambiental y escala más precisa que corresponderá al proyecto o proyectos de construcción que lleven a la implantación de la infraestructura viaria amparada por el Corredor establecido en este PTP-15, y que será sometido al pertinente procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
En el mencionado Anexo I, se realiza una valoración más detallada de los impactos en su apartado 22.2, manteniéndose en la escala de análisis territorial, en la que, además de los elementos conformadores del medio descritos en el inventario ambiental, se han incluido otros que, desde el punto de vista de la ordenación, carecen de importancia como la Calidad Atmosférica y el Ruido, pero que desde el punto de vista de la infraestructura son de crucial importancia. Además, también se ha considerado en este capítulo el medio socioeconómico, ya que no debe olvidarse que este es un elemento conformador del medio ambiente tan importante como cualquiera otro.
Con relación específica a la Fauna, la identificación y valoración de impactos se recoge en el apartado 22.2.10 del Anexo I, que distingue sobre varios grupos faunísticos en presencia, entre los que destaca el correspondiente a las aves, a las que se les reconoce una alta abundancia y singularidad, y sobre las que el impacto causado podría ser importante, especialmente por la destrucción de sus hábitats o de sus zonas de nidificación. Un caso particular es el de la Pardela Cenicienta, que posee una zona de anidamiento en nuestra área de estudio, en la margen izquierda del Barranco de San Andrés, en el Municipio de Moya y dentro del Parque Rural de Doramas afecto. La aplicación del conjunto de medidas ambientales preventivas, correctoras y compensatorias, recogidas en el citado Anexo I, debería minimizar el mencionado posible impacto, más allá de que se amplíen y/o- mejoren con las que resulten del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental a que se someta el subsiguiente proyecto o proyectos de construcción correspondientes.
El apartado 23 de este Anexo I, sobre Descripción y Justificación del conjunto de medidas ambientales protectoras y correctoras, incluye distintas medidas preventivas, correctoras y compensatorias a cumplir en la fase de planificación y diseño y que se extienden a las fases de construcción y de funcionamiento, que se resumen a continuación:
a) FASE DE CONSTRUCCIÓN:
- Restauración de hábitats:
Se restaurará, con criterios paisajísticos y funcionales la cubierta vegetal de las áreas afectadas por las obras. Para recuperación de la colonia de Pardela Cenicienta que pueda verse afectada en la zona norte del Parque Rural de Doramas, se propone, como medida adicional, la redacción durante el proyecto constructivo de un estudio detallado que analice la conveniencia de aplicación de medidas compensatorias como la excavación artificial de huras para que sean ocupadas por esta especie para su anidamiento en zonas próximas.
- Jalonamiento del terreno y definición del viario de obra:
Se plantea el jalonamiento del terreno de ocupación de la obra, sus instalaciones y elementos asociados, así como la completa definición de los viarios de obra con el fin de delimitar y restringir el paso de maquinaria a otras áreas que no sean las estrictamente definidas. El Contratista estará obligado al uso exclusivo de los mismos en los procesos asociados a la construcción de la nueva vía, evitándose así una mayor degradación de las áreas de mayor sensibilidad ecológica y del medio en general. Estos caminos serán rehabilitados tras la fase de obras.
El jalonamiento del terreno se realizará durante la fase de construcción de tal manera que el tráfico de maquinaria asociado a esta etapa y las instalaciones que puedan ser necesarias no afecten superficies de gran valor ambiental, o fuera de estrictamente necesarias.
Este jalonamiento será particularmente estricto en el entorno de los hábitats faunísticos de mayor interés: bosques termófilos, barrancos y áreas de nidificación de la Pardela cenicienta en el Parque Rural de Doramas.
El jalonamiento del terreno se realizará antes del inicio de la actividad de la obra y se retirará una vez finalizada la misma, de tal manera que el tráfico de maquinaria asociado a esta etapa y las instalaciones que puedan ser necesarias, no afecten superficies fuera de las previstas.
- Control de Voladuras y Plan de Obra:
Otra medida cautelar para minimizar la afección a las aves anidadas, consistirá en el riguroso control de las voladuras y en la ejecución de las mismas fuera de las épocas de reproducción y cría. Este mismo criterio deberá adoptarse para el transporte de escombros.
Para aminorar el ruido asociado a la fase de obras, que pueda afectar a las comunidades faunísticas más sensibles, se elegirán equipos y maquinaria poco ruidosos y se realizará una labor exhaustiva de mantenimiento de los equipos. En las instalaciones exteriores (talleres, generadores, etc.) en que ello sea posible se realizarán cerramientos con materiales adecuados para absorber el ruido.
En cuanto a las voladuras, se adoptarán las medidas pertinentes para atenuar la intensidad de las explosiones. Estas medidas se harán extensivas a la zona de nidificación de la Pardela Cenicienta. En este caso además se propone como medida correctora la ejecución de las obras fuera de las épocas más sensibles para esta ave.
b) FASE DE FUNCIONAMIENTO:
Durante la fase de explotación los impactos a corregir serán fundamentalmente dos: el efecto barrera y el deslumbramiento por el tráfico rodado de las zonas de nidificación de aves
El impacto a corregir sobre esta última es el efecto de deslumbramiento por el tráfico rodado a la zona de nidificación de la Pardela Cenicienta, al Norte del Parque Rural de Doramas.
Los polluelos de pardela cenicienta son muy sensibles a los deslumbramientos, ya que llegan a abandonar sus nidos y se malogran; por ello, se propone la instalación de pantallas antideslubramiento a cada lado de las calzadas y en la zona situada frente a la pared rocosa donde estas aves encuentran sus huras, de altura suficiente como para que no se produzca, al menos la incidencia de la luz directa. Esta medida se complementará con la revegetación con especies con porte arbóreo de los taludes de la nueva vía.
Una vez hecha la anterior exposición, a mayor abundamiento, ha de recordarse el contenido del artículo 17.5 de la Normativa del PTP-15 que literalmente dice:
“5.- Serán los proyectos definidos por la Ley de Carreteras de Canarias (Trazado y Construcción, y sus modificados) los que determinen, mediante la figura del Estudio de Impacto Ambiental y posterior Declaración de Impacto Ambiental, las medidas ambientales necesarias para la correcta integración de la GC-2 en el territorio. La “Variante de Trazado de la GC-2. Tramo Bañaderos-El Pagador” definida en el Anexo I de la Memoria Justificativa del presenta Plan deberá ser tenida en consideración en los proyectos de desarrollo como solución de partida y las modificaciones introducidas deberán ser debidamente justificadas.”
Por tanto, no se comparte el alegato expuesto en el escrito de enmiendas de referencia en relación a la falta de toma en consideración de la existencia de Pardelas en el ámbito del macizo del Parque Rural de Doramas, lo cual, como se ha puesto de manifiesto, no se corresponde con los contenidos del documento propuesto para aprobación definitiva, contenidos que han figurado en todo el procedimiento de evaluación ambiental estratégica del PTP-15, que ha merecido el Acuerdo final y determinante por parte del Órgano Ambiental de Gran Canaria, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 12 de julio de 2021.
F. Con relación a los informes emitidos por la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, en diversas fases de consulta, ha de tomarse en consideración cómo fueron debidamente atendidos cada uno de ellos, de lo que queda referencia precisa en el Anexo III de la Memoria Justificativa del PTP-15.
G. Con relación a la cercanía de las viviendas a la GC-2, sin entrar a valorar las circunstancias que han permitido la consolidación de determinados frentes edificatorios junto a dicha vía de interés regional, debe hacerse hincapié en lo establecido en el artículo 17.e) de la Normativa del PTP-15, en que se apunta precisamente la posibilidad de que el viario de alta capacidad pueda discurrir soterrado, bajo la actual GC-2, que se transformaría en superficie como Eje Verde Estructurante, a fin de minimizar e incluso evitar ampliar la ocupación del suelo que actualmente tiene lugar. El contenido de dicho artículo 17.e) da respuesta a todos y cada uno de los inconvenientes o disconformidades en los que persiste el Ayuntamiento de Moya, trasladados ahora mediante el presente escrito de enmiendas presentado por el Grupo Popular.
H. Con relación a la creencia expuesta de que el Anexo I de la Memoria Justificativa del PTP-15 constituye el trazado del vial de alta capacidad, debe decirse que no es así en absoluto. Se trata de un anexo específico y especialmente dedicado a delimitar y verificar la idoneidad del Corredor finalmente zonificado, por lo que se establece como referencia a partir del cual, el Gobierno de Canarias deberá emprender el proyecto de trazado y construcción en los términos fijados en el artículo 17 de la Normativa del
PTP-15. Dicho Anexo I se elaboró siguiendo, precisamente, indicaciones de la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, durante el proceso de evaluación ambiental estratégico, a fin de optimizar su integración en el territorio y ponderar la mejor solución medioambiental.
I. Con relación a que del PTP-15 se derivan expropiaciones, debe aclararse que de este Plan no se deriva acción expropiatoria directa alguna. De hecho, no se recoge una relación de bienes y derechos a expropiar que resultase de ninguna de las actuaciones previstas en el Plan, precisamente por no ser ese el modo ni el ánimo con que se proponen. La acción expropiatoria se ejercería únicamente en caso extremo y plenamente justificado, cuando, tras la elaboración y trámites pertinentes de los proyectos que se redacten para llevar a término las actuaciones y objetivos del Plan, en el marco de coordinación y concertación interadministrativas, así como de participación ciudadana, emanadas del propio PTP-15.
J. Con relación a que el PTP-15 establece alineaciones de las edificaciones, debe dejarse de manifiesto que la fijación de dichas determinaciones son propias del planeamiento urbanístico y no del planeamiento territorial. En el caso de Moya, las alineaciones de las edificaciones estarán a lo establecido en sus Normas Subsidiarias de noviembre de 1999, por lo que cualquier mención a ellas en este PTP-15, lo serían, en todo caso, a nivel orientativo, como instrucción genérica al planeamiento urbanístico y/o proyectos que se formulen para llevar a término algunas actuaciones en que las alineaciones sean una limitación determinante. En el caso de la separación del viario de alta capacidad respecto las edificaciones, se deberá estar como mínimo a las limitaciones impuestas por la legislación y normas técnicas sectoriales aplicables, que habrán de conjugarse con las situaciones de hecho amparadas por las NN.SS. de Moya de 1999, y resto del planeamiento general municipal.
K. Con relación a la falta de comunicación al Ayuntamiento de Moya en respuesta a su informe consulta, puesta de manifiesto en el alegato de la enmienda de referencia, debe decirse que el modo en que fue atendido el informe del Ayuntamiento de Moya, al igual que el del resto de administraciones que emitieron informe consulta, siguió los procedimientos previstos legalmente, que no obligan a dar una respuesta institucional formal sino a su análisis, valoración y toma en la consideración que estime el promotor del Plan, lo cual queda reflejado en el expediente del Plan y en la contestación a las alegaciones e informes institucionales que se han producido en los correspondientes procesos de participación ciudadana y consultas, con reflejo en la Memoria Ambiental del Plan y que constituye el Anexo III de la Memoria Justificativa del PTP-15.
L. Con relación a la afección del corredor del viario de alta capacidad al Parque Rural de Doramas, se trata de una afección mínima, lateral y de mínima incidencia, en la falda del espacio en su extremo noroeste. Esta circunstancia ha estado presente en todo el proceso de evaluación ambiental estratégica del PTP-15, no habiendo merecido más medidas preventivas, correctoras o compensatorias que las establecidas de inicio por el propio Plan, validadas a los ojos de la COTMAC, primero, y por el Órgano Ambiental de Gran Canaria finalmente, por lo que huelgan las manifestaciones extraídas del acta de la COTMAC. Por último, se menciona la afección en esa zona a bancadas agrícolas en activo, las cuales resulta que no están siendo explotadas desde hace unas dos décadas, conforme puede verificarse de vuelos fotográficos oficiales.
En todo caso, debe dejarse de manifiesto que la alternativa drástica, que evitaría esa mínima afección, asumible desde la aplicación de las medidas ambientales planteadas en el PTP-15 y de las que resultaran del procedimiento de evaluación de impacto ambiental a que se deberá someter el proyecto de trazado y construcción, en caso de que el mismo mantenga esa afección o la sortee, es la solución en túnel, propugnada insistentemente por el Ayuntamiento de Moya, que implicaría poner en cuestión el alcance de la sentencia del T.S.J.C y del T.S. cuando anulan “todo lo referente a las determinaciones y contenido del Plan Insular de Ordenación correspondiente a la Actuación A.1.3., “Corredor Viario Estructurante del litoral de Alta Capacidad: Desdoblamiento de la GC-2 y Variante de la GC-207 entre la Granja Experimental (Arucas) y Santa María de Guía - (PTE-14”), entre las que se encuentra dicha posible solución. Ello implicaría, en todo caso, una afección mayor a la reconocida para Corredor zonificado por el PTP-15, por penetración y salida del posible túnel, además de los efectos ambientales permanentes de dichas “bocas” en las condiciones naturales de su entorno. En cualquier caso, sobre ese particular ya se han hecho las consideraciones oportunas en el apartado d) anterior.
Respecto a la conclusión de la segunda alegación relativa al REALOJO:
“El Partido Popular sobre la base de todo lo expuesto en la ALEGACIÓN SEGUNDA plantea ENMIENDA DE MODIFICACIÓN previa a la aprobación definitiva del documento de Plan Territorial Parcial de Ordenación del Litoral del Norte, Arucas-Moya-Santa María de Guía (PTP-15), para que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 25.3 de la Ley de Costas, y la D.T. Tercera de la misma, y ante la imposibilidad de aplicar lo previsto en el D.A. decimocuarta para localizar suelos aptos próximos al lugar de la intervención, se replantee la propuesta de liberación del litoral costero y se busquen soluciones y alternativas menos traumáticas que la que resultaría de la aplicación de la propuesta que recoge el documento del PTP-15. Las cuales, como se ha demostrado en la exposición de la presente enmienda, existen y resultan mucho más viables, social y económicamente, que la que se intenta aprobar finalmente.”
Debemos hacer constar las siguientes consideraciones:
a) Los términos y determinaciones con que se recoge la actuación del Paseo Marítimo en el PTP-15, tanto en la Memoria Justificativa, como en su Normativa y correspondientes Anexos, es totalmente asumible y acorde al alcance y tipo de determinaciones de un Plan Territorial.
b) Por otra parte, el PIO mandata al PTP-15 la recuperación del borde litoral, actualmente ocupado por edificaciones en los núcleos de Quintanilla, San Andrés El Pagador y San Felipe. La Ley de Costas vigente establece una franja de 6 metros, medidos a partir de la línea de deslinde de la zona marítimo terrestre, como zona de servidumbre de tránsito. Por tanto, la recuperación del borde del litoral implica la afección de un número de viviendas a determinar por el planeamiento urbanístico.
Conviene aclarar que, la creencia de que es el PTP-15 el plan que afecta a las propiedades privadas ubicadas en la costa, y que dicha afección es excesivamente drástica, es una creencia que no se corresponde en absoluto con la realidad, toda vez que, las afecciones sobre dichas propiedades no son nuevas. Son las que resultan objetivamente de la aplicación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, cuyos preceptos imponen condiciones tanto al planeamiento territorial como al urbanístico, que deben reflejar correctamente las zonas de Dominio Público resultantes de los distintos deslindes marítimo terrestre aprobados para cada tramo de costa, con sus correspondientes zonas de servidumbre, según las distintas categorías de suelo. Estas determinaciones sectoriales son las que han sido recogidas puntualmente en el PTP-15, como no puede ser de otra manera, y que han merecido el informe favorable de la Dirección General de Costas.
c) Por otra parte, en relación a las afecciones de costas, el PTP-15 no dice nada distinto, a escala territorial, que no hayan dicho ya los planeamientos urbanísticos de los tres municipios afectados, por lo que la situación jurídico administrativa en que están las fincas afectadas por las determinaciones de la Ley de Costas, a las que se refiere expresamente la enmienda, tienen un antecedente claro. Estas nacen de forma clara con la Ley de Costas de 1988, cuando no con las anteriores leyes de costas de 1969 y 1980, las cuales siempre ha debido quedar reflejadas en dichos planeamientos municipales.
Por tanto, el PTP-15, en desarrollo de los objetivos que le confía el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, de ordenación integral de la plataforma costera Norte, no hace otra cosa que identificar de manera más precisa esa afección, como acto preliminar para diagnosticar la situación de partida, distinguiendo, respecto de la Ley de Costas y deslindes aprobados, el grado de afección que tienen cada una de las parcelas catastrales de los núcleos urbanos afectados. A partir de ahí, el PTP-15 desarrolla objetivos del
PIO/GC, estableciendo actuaciones dirigidas a recuperar el borde litoral y recalificar su entorno.
Estas actuaciones se desarrollarán, una vez aprobado el PTP-15, por planeamiento urbanístico y/o proyectos sectoriales, como es la consecución de un paseo marítimo continuo, de distintas características según los tramos costeros. Será en el proceso de elaboración y tramitación de dichos planes urbanísticos y/o proyectos sectoriales donde se debata y dilucide el modo y alcance concreto de las intervenciones, proceso que deberá emprenderse tras la aprobación del PTP-15, previa adaptación del planeamiento municipal, en coordinación con todas las administraciones afectadas, y con los obligados procesos de participación ciudadana, dentro de los márgenes de intervención que permita la legislación vigente en cada momento y los conciertos interadministrativos de financiación que se alcancen.
Paralelamente, desde el PTP-15 se plantea la conveniencia de que el planeamiento municipal proponga soluciones urbanísticas específicas en el marco de la habilitación que proporciona el PTP-15, conforme a lo previsto en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, para que se provean los suelos que permitan el realojo de los que finalmente queden afectados por esta actuación, y decidan acogerse al mismo.
d) Expuesto todo lo anterior, se considera oportuno traer a colación uno de los motivos justificativos de la vigente Ley de Costas, en que, tras reconocer las consecuencias nefastas del creciente proceso de privatización y depredación, posibilitado por la dejación administrativa, establece que “… Este doble fenómeno de destrucción y privatización del litoral, que amenaza extenderse a toda su longitud, exige de modo apremiante una solución clara e inequívoca, acorde con la naturaleza de estos bienes, y que, con una perspectiva de futuro, tenga como objetivos la defensa de su equilibrio y su progreso físico, la protección y conservación de sus valores y virtualidades naturales y culturales, el aprovechamiento racional de sus recursos, la garantía de su uso y disfrute abierto a todos, con excepciones plenamente justificadas por el interés colectivo y estrictamente limitadas en el tiempo y en el espacio, y con la adopción de las adecuadas medidas de restauración.”, principios que ha estado presentes tanto en la fases de análisis y diagnósticos como en la de establecimiento de determinaciones de este PTP-15.
e) Con relación a la antigüedad (2001) de los datos socio-económicos que figuran en la Memoria Informativa del Plan, no se ha puesto de manifiesto inconveniencia alguna al respecto durante la tramitación del Plan, ni en las numerosas reuniones sostenidas entre los Ayuntamientos, Cabildo y equipo redactor. No obstante, tampoco se han apreciado diferencias notorias en las últimas dos décadas, salvo que, en el municipio de Moya, que es al que se refiere el escrito de enmiendas, se ha registrado una reducción en su número de habitantes censados por el ISTAC, que han pasado de 8.549 habitantes empadronados en 2001 a 7.883 en 2021, un 7.79% menos. Esta circunstancia no puede reprocharse al
PTP-15, sino más bien a un planeamiento anclado en unas Normas Subsidiarias de noviembre de 1999, elaboradas conforme al Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, del Suelo y Ordenación Urbana, de las que nacieron bolsas de suelo urbanizable en la plataforma litoral de Moya que, por algún motivo, aún siguen sin desarrollarse en 2022.
Ante esa situación, y el hecho de que las citadas Normas Subsidiarias categorizan el suelo rústico vacante en la plataforma litoral de Moya como de Protección Paisajística, el PTP-15 solo puede fijarse en la opción de que sean esos suelos urbanizables no desarrollados los que puedan acoger los realojos que se acuerden, quedando ello en el ámbito de decisiones municipal.
En el alegato que justifica esta 2ª enmienda se repiten algunos argumentos ya atendidos en las consideraciones hechas a la 1ª enmienda.
Respecto a la conclusión de la tercera alegación relativa a EQUIPAMIENTOS:
“El Partido Popular sobre la base de todo lo expuesto en la ALEGACIÓN TERCERA plantea ENMIENDA DE MODIFICACIÓN previa a la aprobación definitiva del documento de Plan Territorial Parcial de Ordenación del Litoral del Norte, Arucas-Moya-Santa María de Guía (PTP-15), para que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 25.3 de la Ley de Costas, y la D.T. tercera de la misma, y ante la imposibilidad de aplicar lo previsto en el D.A Decimocuarta para localizar suelos aptos próximos al lugar de la intervención, se replantee la propuesta de liberación del litoral costero y se busquen soluciones y alternativas menos traumáticas que la que resultaría de la aplicación de la propuesta que recoge el documento del PTP-15. Las cuales, como se ha demostrado en la exposición de la presente enmienda, existen y resultan mucho más viables, social y económicamente, que la que se intenta aprobar finalmente”.
Debemos hacer constar las siguientes consideraciones:
Parece que no se ha concretado la enmienda acorde al alegato que la justifica, toda vez que la conclusión reproduce literalmente la conclusión de la 2ª enmienda.
En cualquier caso, el alegato expuesto, se refiere a la condiciones y criterios establecidos para el desarrollo de la pieza de suelo existente entre El Roque y San Felipe, donde en lo referente a la parte de Moya, el PTP-15 se ha encontrado con las limitaciones, insalvables por el momento, de que dichos suelos están categorizados por el planeamiento de Moya (NN.SS de 1999) como Suelo Rústico de Protección Paisajística casi en toda su extensión, y con una alta afección por la limitaciones que impone la Ley de Costas. No obstante lo anterior, el PTP-15 propone actuaciones que se consideran compatibles con dicha categoría de suelo, que deberán ser desarrolladas por el planeamiento urbanístico, que en su adaptación al PTP-15 y a los objetivos y criterios de las Fichas de Ordenación nº 19 y nº 19.A, podrá ajustar algunas de las previsiones del Plan Territorial en función de la escala y alcance propios del planeamiento urbanístico, dentro del marco del PTP-15, y de la legislación del suelo y sectorial aplicables.
Y, finalmente, respecto a la conclusión de la cuarta alegación relativa al Volumen VI: MODELO DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN:
“El GRUPO POPULAR en el Cabildo de Gran Canaria, sobre la base de todo lo expuesto en la ALEGACIÓN CUARTA, plantea ENMIENDA DE MODIFICACIÓN previa a la aprobación definitiva del documento de Plan Territorial Parcial de Ordenación del Litoral del Norte, Arucas-Moya-Santa María de Guía (PTP-15), para que se tome en consideración el contenido de los informes emitidos por la Administración autonómica, y los pronunciamientos de los Tribunales de Justicia, y, en su consecuencia, se reconsidere el contenido del PTP-15, proponiendo trazados alternativos de la GC-2 que respete en su discurrir los límites del ENP del Parque Rural de Doramas y la ZEPA de los acantilados donde anida la Parcela Cenicienta; que se conserven los barrios de La Barranquera y el Altillo que hagan innecesaria la liberación del litoral y el consiguiente realojo de las familias afectadas.”
Debemos hacer constar las siguientes consideraciones:
Parece que no se ha concretado la enmienda acorde al alegato que la justifica, al menos en lo relativo a las consideraciones que se hacen al Modelo de Gestión y Ejecución, centrándose, tal como se hizo en la Enmienda nº 1, en las consideraciones al corredor del viario de alta capacidad.
No obstante, en relación a las consideraciones que se hacen en el alegato al Modelo de Gestión y Ejecución, debe advertirse que, en sentido parecido, se producen dos enmiendas del Grupo de Nueva Canarias, PSC-PSOE y Mixto Si-Podemos Canarias, las cuales han sido propuestas para su toma en consideración, por las que, en una, relativa a la programación temporal de actuaciones, se ha relajado la imposición de un ámbito temporal para desarrollo de las actuaciones previstas en el PTP-15, quedando supeditadas a la programación que sobre cada una de ellas se acuerde con las administraciones competentes; y otra, relativa al régimen transitorio, por la que se alivia la imposición del plazo dentro del cual deberá darse inicio al proceso de adaptación del planeamiento urbanístico al PTP-15, siempre en los términos previstos a tal fin por la Ley 4/2017.
Por último, las referencias a informes de administraciones producidos durante la tramitación del Plan han sido debidamente atendidos, según consta en el Anexo III de la Memoria Justificativa, habiéndose recabado todos los informes preceptivos previos a la aprobación definitiva del Plan de forma favorable, y los alegatos referidos al Corredor del viario de alta capacidad se vuelven a repetir en lo manifestado en la enmienda Nº1, los cuales se considera suficientemente rebatidos.
Tercera.- Enmienda presentada por el Grupo Unidos por Gran Canaria-Coalición Canaria.
La enmienda presentada por el Portavoz del Grupo Político Unidos por Gran Canaria - Coalición Canaria, se refiere al Volumen VII “INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL”. Concretamente sitúa el objeto de la enmienda en reconsiderar la alternativa elegida, “Alternativa 2”, proponiendo que sea la “Alternativa 0”, refiriendo esta, con un texto concreto, relativo a los paseos marítimos que afecten a viviendas e inmuebles privados, en los siguientes términos:
En el punto 7.2.1 “Alternativas” del citado Volumen VII -por error se cita este punto, cuando en realidad el texto y la página a las que se hace referencia se corresponden con el punto 7.2.2. “Resumen y Conclusiones” -, donde dice:
“La ALTERNATIVA SEGUNDA afecta a más viviendas (267 viviendas y 33.694 m2 de suelo sin contar viales) e invierte los resultados: aumenta el número de viviendas afectadas porque aumenta el grado de afección de las fincas. Muchas de ellas no pueden permanecer como parcela mínima y pasan a estar afectadas al cien por cien.
Como resultado, aumenta el número de viviendas que tienen que ser realojadas mientras que disminuyen las fincas en las que se podría optar a reedificar ya que estas pasarían a formar parte íntegramente del paseo marítimo. En este caso el empleo de la palabra realojo no equivale a derecho de realojo ya que la normativa establecerá en cada caso el procedimiento.
Esta alternativa además de recuperar la servidumbre de tránsito permite un trazado de paseo litoral con recuperación parcial de la servidumbre de protección que se ajusta mejor a las necesidades de regeneración de la Costa y hace posible un estudio detallado de la fachada marítima evitando fincas residuales.”
Se propone su modificación para que se aplique la Opción O, con el siguiente texto alternativo:
“En los paseos marítimos que afecten a viviendas e inmuebles privados, se aplicará la opción O prevista en el citado Plan, y por tanto se regirá por los Planes Generales de Ordenación Municipal las afecciones en la costa, que se cuantifican en unos 300 inmuebles (49 en Santa María de Guía, 90 en Moya y 129 en Arucas) a los que habría que sumar otras expropiaciones de otras edificaciones y solares de vecinos.
Por ello se propone dejar fuera del plan las expropiaciones innecesarias de viviendas u otros inmuebles relacionados con la Ley de Costas, tanto del dominio público como de las servidumbres de tránsito y protección.”
Al respecto, en el Informe de Sostenibilidad Ambiental se establecen criterios para el establecimiento de alternativas y análisis de aplicación de los mismos para los ocho ámbitos (algunos con sub-ámbitos), en que divide toda la plataforma objeto de estudio. En dicho documento constan los análisis sobre las consecuencias ambientales derivadas de la implantación de las distintas alternativas parciales planteadas, en algunos ámbitos hasta con cinco opciones diferentes, y la evaluación que resulta de las mismas, habiéndose tomado en consideración hasta catorce criterios diferenciados, enunciados a continuación, además de los de sostenibilidad y viabilidad económicas:
a) Relación con el Plan Insular de Ordenación.
b) Relación con el planeamiento general de los municipios afectados.
c) De la eficiencia territorial contenida en las alternativas.
d) De las afecciones al paisaje por la transformación planteada.
e) De la pérdida de cobertura vegetal existente por la propuesta.
f) De la afección producida sobre las actividades agrarias actuales.
g) La resolución de los límites y contactos de la propuesta tanto con los tejidos urbanos actuales como con el suelo rústico.
h) De las afecciones producidas sobre valores patrimoniales existentes.
i) De las afecciones producidas sobre valores ambientales previos.
j) Mejora de las condiciones de vida y de servicio producida por la propuesta para los habitantes de la comarca.
k) Efectos de las propuestas sobre el ciclo hidrológico actual.
l) Acciones sobre el medio humano.
m) Propuesta de dotaciones y espacios libres.
n) Del consumo de recursos derivado de las propuestas.
De todo ese proceso, resulta la “Alternativa 2” como alternativa elegida por aportar el mayor grado de satisfacción a las demandas de condiciones medioambientales presentes en el ámbito del Plan, así como a las variables de interés territorial, cumplimentando de modo satisfactorio los objetivos de lograr una recuperación efectiva del área ordenada.
Sobre la base de dicha “Alternativa 2” surgen todas las determinaciones de ordenación territorial del PTP-15 que llegan hasta el documento propuesto para aprobación definitiva. “La Alternativa 0” se identifica como la alternativa de “no intervenir”, de mantener la situación actual y su posible evolución en caso de no aplicación del Plan.
Debe recordarse que el mencionado Informe de Sostenibilidad Ambiental, junto con el Avance del Plan, fueron sometidos al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica previsto en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, habiéndose aprobado su Memoria Ambiental, cuyas condiciones fueron cumplidas y, tras un segundo procesos de participación pública y consultas a administraciones afectadas, en aplicación de la disposición transitoria séptima de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, el Órgano Ambiental de Gran Canaria confirma que se han cumplido las condiciones impuestas en la Memoria Ambiental y acordó dar por cumplimentada la fase de evaluación ambiental estratégica, al haber quedado justificado técnicamente que no se han introducido modificaciones sustanciales que pudieran tener efectos significativos para el medio ambiente, acuerdo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 83, de 12 de julio de 2021.
Por tanto, se considera que, atender a lo pretendido con la enmienda de referencia implica retrotraer el Plan al trámite de Evaluación Ambiental Estratégica ya superado y cerrado, es decir retrotraerlo a la fase de Avance y reconsideración del Informe de Sostenibilidad Ambiental, lo cual se estima inoportuno en el momento procedimental en que se encuentra el Plan, para su aprobación definitiva, después de haberse sometido a tres procesos de participación pública y consultas, y tras obtener todos los informes preceptivos previos a la aprobación definitiva favorables.
Con relación a los motivos expuestos en justificación de la enmienda de referencia, conviene aclarar que, la creencia de que es el PTP-15 el plan que afecta a las propiedades privadas ubicadas en la costa, y que dicha afección es excesivamente drástica, es una creencia que no se corresponde en absoluto con la realidad, toda vez que, las afecciones sobre dichas propiedades no son nuevas. Son las que resultan objetivamente de la aplicación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, cuyos preceptos imponen condiciones tanto al planeamiento territorial como al urbanístico, que deben reflejar correctamente las zonas de Dominio Público resultantes de los distintos deslindes marítimo terrestre aprobados para cada tramo de costa, con sus correspondientes zonas de servidumbre, según las distintas categorías de suelo. Estas determinaciones sectoriales son las que han sido recogidas puntualmente en el PTP-15, como no puede ser de otra manera, y que han merecido el informe favorable de la Dirección General de Costas.
Por otra parte, en relación a las afecciones de costas, el PTP-15 no dice nada distinto, a escala territorial, que no hayan dicho ya los planeamientos urbanísticos de los tres municipios afectados, por lo que la situación jurídico administrativa en que están las fincas afectadas por las determinaciones de la Ley de Costas, a las que se refiere expresamente la enmienda, tienen un antecedente claro. Estas nacen de forma clara con la Ley de Costas de 1988, cuando no con las anteriores de leyes de costas de 1969 y 1980, las cuales siempre han debido quedar reflejadas en dichos planeamientos municipales. Por tanto, el PTP-15, en desarrollo de los objetivos que le confía el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, de ordenación integral de la plataforma costera Norte, no hace otra cosa que identificar de manera más precisa esa afección, como acto preliminar para diagnosticar la situación de partida, distinguiendo, respecto de la Ley de Costas y deslindes aprobados, el grado de afección que tienen cada una de las parcelas catastrales de los núcleos urbanos afectados. A partir de ahí, el PTP-15 desarrolla objetivos del PIO/GC, estableciendo actuaciones dirigidas a recuperar el borde litoral y recalificar su entorno, que se desarrollarán, una vez aprobado el PTP-15, por planeamiento urbanístico y/o proyectos sectoriales, como es la consecución de un paseo marítimo continuo, de distintas características según los tramos costeros. Será en el proceso de elaboración y tramitación de dichos planes o proyectos donde se debata y dilucide el modo y alcance concreto de las intervenciones, proceso que deberá emprenderse tras la aprobación del PTP-15, previa adaptación del planeamiento municipal, en coordinación con todas las administraciones afectadas y con los obligados procesos de participación ciudadana.
Finalmente, con relación a los efectos que tiene la aprobación del PTP-15 sobre el planeamiento urbanístico y sectorial, decir que estos no son otros que los previstos por la legislación del suelo aplicable en cada momento.
Expuesto todo lo anterior, se considera oportuno traer a colación uno de los motivos justificativos de la vigente Ley de Costas, en que, tras reconocer las consecuencias nefastas del creciente proceso de privatización y depredación, posibilitado por la dejación administrativa, establece que “… Este doble fenómeno de destrucción y privatización del litoral, que amenaza extenderse a toda su longitud, exige de modo apremiante una solución clara e inequívoca, acorde con la naturaleza de estos bienes, y que, con una perspectiva de futuro, tenga como objetivos la defensa de su equilibrio y su progreso físico, la protección y conservación de sus valores y virtualidades naturales y culturales, el aprovechamiento racional de sus recursos, la garantía de su uso y disfrute abierto a todos, con excepciones plenamente justificadas por el interés colectivo y estrictamente limitadas en el tiempo y en el espacio, y con la adopción de las adecuadas medidas de restauración”. Principios que han estado presentes tanto en las fases de análisis y diagnósticos como en la de establecimiento de determinaciones de este PTP-15.
En base a lo anteriormente expuesto, se informa desfavorablemente y, por tanto, se propone rechazar el contenido de la enmienda de referencia, ya que su aceptación supondría retrotraer el Plan a la fase de Avance y reconsideración del Informe de Sostenibilidad Ambiental, y, por tanto, no resulta conforme a la legalidad en el marco del alcance y naturaleza intrínseco a este trámite.”
VIII. Atendiendo además al informe recibido con fecha 29 de septiembre de 2022 del Servicio de Planeamiento, corrigiendo errores advertidos en el anteriormente transcrito de 27 de julio de 2022 y referidos a los planos incluidos en las casillas de “estructura de ordenación” de las fichas 14 y 19.B, así como a la aclaración ofrecida en la página 5 del mismo, y que fueron objeto de la enmienda presentada por los grupos Nueva Canarias,
PSC-PSOE y Grupo Mixto al Proyecto de acuerdo de aprobación definitiva del Plan Territorial Parcial de Ordenación del Litoral del Norte, Arucas-Moya-Santa María de Guía (PTP-15), cuyo tenor es el siguiente:
“INFORME
Visto, por un lado, los planos incluidos en las casillas de “Estructura de la Ordenación” de las Fichas nº 14 y 19.B, contenidos en la enmienda presentada por los Grupos Nueva Canarias, PSC-PSOE y Grupo Mixto al proyecto de acuerdo de aprobación definitiva del Plan Territorial Parcial de Ordenación del Litoral del Norte, Arucas-Moya-Santa María de Guía (PTP-15), y que sirvieron de base para la detección y posterior solicitud de corrección de errores, se aprecia que los citados planos se corresponden con versiones anteriores de los planos de zonificación del Plan; y, por otro lado, detectado error en el texto explicativo del error material descrito para la Ficha 19.B en el Informe propuesta sobre las enmiendas, de fecha 27 de julio de 2022, procede, al objeto de evitar confusiones de cualquier índole y en aras del principio de seguridad jurídica, emitir informe aclaratorio y complementario de aquel, en los siguientes términos:
I. La enmienda presentada por los portavoces de los grupos políticos Nueva Canarias, PSC-PSOE y Grupo Mixto-Sí Podemos Canarias fijó su objeto en errores de nomenclatura detectados en determinadas zonas de las Fichas de Ordenación nº 14 y 19.B.
II. Analizada la misma, debió advertirse por el Servicio de Planeamiento, que dicho error material lo era como consecuencia de que el grafismo contenido en las casillas “Estructura de la Ordenación” de las citadas Fichas no se correspondía con el contenido en la última versión del plano de zonificación propuesto para la aprobación definitiva del que procede.
III. Así, de forma genérica, ha de entenderse que el grafismo que acompaña a cada Ficha de Ordenación de este Plan, se corresponde con el grafismo que figura en los planos de zonificación correspondientes para cada ámbito de ordenación.
IV. Por tanto, aclarada la cuestión, que no altera el sentido del informe propuesta de fecha 27 de julio de 2022, a fin de verificar lo anterior, se reproduce a continuación la secuencia con las fichas erróneas, las fichas corregidas y, finalmente, la captura del plano de zonificación propuesto para la aprobación definitiva del que procede.
Secuencia gráfica Ficha nº 14:
Plano erróneo incluido en la casilla “Estructura de la Ordenación” (pág. 1 de la enmienda presentada por los grupos políticos Nueva Canarias, PSC-PSOE y Grupo Mixto-Sí Podemos Canarias, y pág. 4 del Informe propuesta de fecha 27 de julio de 2022):
Plano corregido incluido en la casilla “Estructura de la Ordenación” (pág. 2 de la enmienda presentada por los grupos políticos Nueva Canarias, PSC-PSOE y Grupo Mixto-Sí Podemos Canarias, y pág. 4 del Informe propuesta de fecha 27 de julio de 2022);
Captura del ámbito y su entorno inmediato en el plano de zonificación propuesto para la aprobación definitiva, con el que se corresponde el plano corregido de la Ficha nº 14:
Secuencia gráfica Ficha nº 19.B:
Plano erróneo incluido en la casilla “Estructura de la Ordenación” (pág. 3 de la enmienda presentada por los grupos políticos Nueva Canarias, PSC-PSOE y Grupo Mixto-Sí Podemos Canarias, y pág. 5 del Informe propuesta de fecha 27 de julio de 2022):
Plano corregido incluido en la casilla “Estructura de la Ordenación” (pág. 4 de la enmienda presentada por los grupos políticos Nueva Canarias, PSC-PSOE y Grupo Mixto-Sí Podemos Canarias, y pág. 5 del Informe propuesta de fecha 27 de julio de 2022):
Captura del ámbito y su entorno inmediato en el plano de zonificación propuesto para la aprobación definitiva, con el que se corresponde el plano corregido de la Ficha nº 19.B:
V. Aclarado lo anterior, adicionalmente, se advierte error material en el texto explicativo referente a la corrección de error de la Ficha nº 19.B del Informe propuesta de fecha 27 de julio de 2022, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede su corrección en los siguientes términos:
En la página 5 del Informe propuesta de fecha 27 de julio de 2022, donde dice:
“Y en el plano incluido en la casilla de “Estructura de la Ordenación” de la Ficha nº 19.B, donde dice “Z3c2.1 y Z1.1d”, debe decir “Z2d”, y donde dice Z3c2.1, en el extremo Oeste del plano, debe decir “Z2b”.
Debe decir: “Y en el plano incluido en la casilla de “Estructura de la Ordenación” de la Ficha nº 19.B, donde dice “Z3c2.1” debe decir “Z2b”, donde dice “Z1.1d” debe decir “Z2.d”, y en el extremo Oeste del plano donde dice “Z3c2.1” debe decir “Z2d”.
Finalmente, indicar que, en caso de discrepancia entre el grafismo contenido en la casilla de “Estructura de la Ordenación” de las Fichas de Ordenación con el de los planos de zonificación, prevalecerán estos últimos.”
IX. En virtud del contenido de los informes anteriormente transcritos, y que sirven de motivación, se concluye informar favorablemente las tres enmiendas presentadas al citado proyecto de acuerdo por los Grupos Políticos Nueva Canarias (NC-FA), Socialista (PSOE-PSC) y Mixto y desfavorablemente las cuatro enmiendas presentadas por el Grupo Político Popular así como la enmienda presentada por el Grupo Político Unidos por Gran Canaria-Coalición Canaria.
X. Visto el informe preceptivo emitido por la Oficial Mayor, en el ejercicio de las funciones delegadas por la Secretaria General del Pleno y autorizadas mediante Decreto de la Presidencia del Pleno nº 85, de 1 diciembre 2021 (BOP nº 150, de 15.12.2021), de conformidad con lo establecido en los artículos 47.2.ll), 122.5.e) y 123.i) LRBRL; 53.k) Ley 8/2015 de Cabildos; artículos 122.3 Ley 4/2017, del Suelo y ENP y artículos 35.1.k) y 36 del ROP.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.2 del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Excmo. Cabildo de Gran Canaria (BOP nº 148, de 9.12.2016), y en el artículo 167 del Reglamento Orgánico del Pleno del Excmo. Cabildo de Gran Canaria (BOC nº 214, de 4.11.2016), y una vez visto el dictamen favorablemente emitido de la Comisión de Pleno de Obras Públicas, Medio Ambiente y Política Territorial en sesión celebrada el 22 de septiembre de 2022, se elevó al Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO
Primero.- Aceptar en su totalidad el contenido de las enmiendas presentadas por los Grupos Políticos Nueva Canarias, PSOE-PSC y Mixto-Si Podemos Canarias, en los términos dispuestos en la Consideración Técnico-Jurídica Primera del Informe del Servicio de Planeamiento de fecha 27 de julio de 2022, que parcialmente transcrito en el presente acuerdo sirve de motivación al mismo, corregido por el Informe del mismo Servicio de Planeamiento de 29 de septiembre de 2022, igualmente transcrito.
Segundo.- Rechazar las enmiendas presentadas por los Grupos Políticos Popular y Unidos por Gran Canaria-Coalición Canaria, en los términos dispuestos en la Consideraciones Técnico-Jurídicas Segunda y Tercera del Informe del Servicio de Planeamiento de fecha 27 de julio de 2022, que parcialmente transcrito en el presente acuerdo sirve de motivación al mismo.
Tercero.- Dar por contestadas las alegaciones e informes en los términos recogidos en el Anexo III de la Memoria Justificativa del Documento de Aprobación Definitiva del Plan Territorial Parcial de Ordenación del Litoral del Norte, Arucas-Moya-Santa María de Guía (PTP-15), y notificar la respuesta particularizada a cada uno de los interesados.
Cuarto.- Aprobar definitivamente, en los términos resultantes de las enmiendas estimadas, el Plan Territorial Parcial de Ordenación del Litoral del Norte, Arucas-Moya-Santa María de Guía (PTP-15), cuyo ámbito geográfico queda delimitado por los términos municipales de Arucas, Villa de Moya y Santa María de Guía, en la isla de Gran Canaria, cuyo texto quedará diligenciado por la Secretaría General del Pleno (Ver Anexo I).
Quinto.- Ordenar la publicación del acuerdo de aprobación definitiva así como del contenido íntegro de la normativa del Plan Territorial Parcial de Ordenación del Litoral del Norte, Arucas-Moya-Santa María de Guía (PTP-15), en el Boletín Oficial de Canarias así como en el Boletín Oficial de la Provincia.
Asimismo, el acuerdo de aprobación definitiva, junto con todos los documentos que conforman el Plan, deberá publicarse en la sede electrónica del Cabildo de Gran Canaria.
Sexto.- Con carácter simultáneo a la remisión de la normativa del instrumento de ordenación para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias y Boletín Oficial de la Provincia, deberá remitirse al Gobierno de Canarias, para su inclusión en el Registro de Planeamiento de Canarias, los planos y el resto de documentos que conforman el documento de información y ordenación del plan, así como la documentación prevista en el documento de evaluación ambiental, conforme a lo dispuesto en los artículos 23 y 155 de la LSENPC.
Séptimo.- Remitir certificación del presente acuerdo de aprobación definitiva, así como copia del contenido íntegro del presente Plan Territorial Parcial de Ordenación del Litoral del Norte, Arucas-Moya-Santa María de Guía (PTP-15), a los Ayuntamientos de Arucas, Villa de Moya y Santa María de Guía en su condición de Corporaciones Locales directamente afectadas, así como a la Mancomunidad de municipios del Norte de Gran Canaria.
Octavo.- Remitir la documentación íntegra del Plan Territorial Parcial de Ordenación del Litoral del Norte, Arucas-Moya-Santa María de Guía (PTP-15), al Consejo Cartográfico de Canarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 157.5 de la Ley 4/2017, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.”
…/….
“Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, contados a partir del día siguiente al de su notificación o publicación, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.”
Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de febrero de 2023.- La Consejera de Política Territorial y Paisaje, María Inés Miranda Navarro.
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