BOC - 2023/30. Lunes 13 de febrero de 2023 - 486

III. Otras Resoluciones

Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad

486 - DECRETO 13/2023, de 1 de febrero, por el que se aprueba  la actualización del Anexo II del Plan Especial de Emergencia Exterior por riesgo de accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas en la Comunidad Autónoma de Canarias (RISQCAN), aprobado por Decreto 73/2021, de 8 de julio..

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La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias elaboró, en su día, los diferentes Planes de Emergencia Exterior de determinadas instalaciones de riesgo químico establecidas en Canarias, en cumplimiento de lo prevenido en el entonces vigente Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprobaron medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervenían sustancias peligrosas. Dicha norma traspuso al ordenamiento jurídico español la Directiva del Consejo 96/82/CE, de 9 de diciembre de 1996, conocida como Directiva SEVESO II.

Posteriormente se aprobó el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, que derogó al anteriormente citado, y traspuso al ordenamiento jurídico español la Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancial peligrosas. Asimismo, se han venido aprobando sucesivas normas que regulan aspectos relativos al acceso del público a la información medioambiental, a la participación y consulta pública en la elaboración de ciertos planes y programas relacionados con el medioambiente, y a la materia de inspecciones en las instalaciones industriales.

El referido Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, atribuye a los órganos competentes en materia de protección civil de las Comunidades Autónomas la elaboración y aprobación de los planes de emergencia exterior de los establecimientos de nivel superior, conforme previene su artículo 13, debiendo ajustar el contenido de tales planes a lo especificado en la Directriz Básica de Protección Civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas.

Por su parte, la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, establece en su artículo 15 que serán objetos de Planes especiales, entre otros, los accidentes en instalaciones o procesos en los que se utilicen o almacenen sustancias químicas, correspondiéndole la aprobación de tales Planes Especiales, cuando el ámbito de aplicación se circunscriba al territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, a los órganos competentes de su propia Administración Pública. En tal sentido, la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias y de modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de Canarias, prevé en sus artículos 28.c) y 31.1 que le corresponde al Gobierno de Canarias la competencia para la aprobación del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como los Planes especiales y específicos, consignándose en el apartado 4 del último precepto mencionado, que los acuerdos o Decretos de aprobación de los planes de emergencias serán publicados en el Boletín Oficial de Canarias.

Mediante Decreto 73/2021, de 8 de julio (BOC nº 149, de 21.7.2021), se aprobó un único Plan Especial de emergencia exterior ajustado a las previsiones contenidas en el mencionado Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, que resultara de aplicación a todos los establecimientos radicados en la Comunidad Autónoma de Canarias afectados por dicha norma, y que eran los que se enumeraban en su Anexo II. El referido Plan produjo efectos desde su fecha de publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y a partir de la misma devenían inaplicables cualesquiera otros Planes Especiales de Emergencia Exterior, adoptados con anterioridad, ante riesgo de accidentes graves en los que intervinieran sustancias peligrosas referidos a establecimientos o actividades en la Comunidad Autónoma de Canarias, incluidos aquellos establecimientos regulados por el Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos, y por el Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.

Procede, en estos momentos, la modificación del Anexo II del referido Decreto 73/2021, de 8 de julio, a fin de actualizar y completar aquellos datos de los establecimientos afectados por la referida normativa en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, consignando, asimismo, los datos de aquellos establecimientos que hayan dejado de estar afectados por dicha normativa. Dicha actualización resulta imprescindible para, a su vez, actualizar y completar los datos de la Base Nacional de Datos sobre Riesgo Químico (BARQUIN), desarrollada por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior con el objetivo principal de servir a todos los órganos competentes en la materia de herramienta para conocimiento del riesgo químico en los establecimientos industriales y de seguimiento de las medidas de prevención y control adoptadas de conformidad con la normativa SEVESO. En tal sentido no puede obviarse que precisamente desde dicha Base Nacional de Datos se transmiten anualmente a la Comisión Europea los datos obligatorios de las industrias que se recogen en la Decisión de Ejecución de la Comisión de 10 de diciembre de 2014, de acuerdo con lo requerido en el artículo 21 de la Directiva del Parlamento y del Consejo 2012/18/UE.

Razones de agilidad y eficacia hacen preciso delegar la referida competencia para la actualización o modificación del Anexo II del Decreto 73/2021, de 8 de julio, de acuerdo con los artículos 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y 31 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.

En virtud de lo anteriormente expuesto, a propuesta del Consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, previo informe favorable de la Comisión de Protección Civil y Atención de Emergencias de Canarias en sesión celebrada el 11 de enero de 2023, y previa deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el día 1 de febrero de 2023,

RESUELVO:

Primero.- Aprobar la actualización del Anexo II del Plan Especial de Emergencia Exterior por riesgo de accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas en la Comunidad Autónoma de Canarias (RISQCAN), aprobado mediante Decreto 73/2021, de 8 de julio, y que figura como anexo al presente Decreto.

Segundo.- Delegar en la persona titular del Departamento competente en materia de protección civil el ejercicio de la competencia para dictar actos administrativos que contengan futuras modificaciones y actualizaciones del mencionado Anexo II del Plan Especial de Emergencia Exterior por riesgo de accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas en la Comunidad Autónoma de Canarias (RISQCAN).

Tercero.- El presente Decreto y su anexo producirán efectos desde su fecha de publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Cuarto.- Publicar el presente Decreto y su anexo en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el Gobierno, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala competente de lo Contencioso-administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación; significándose que, en el caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Dado en Canarias, a 1 de febrero de 2023.

EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,
Ángel Víctor Torres Pérez.

EL CONSEJERO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD,
Julio Manuel Pérez Hernández.

ANEXO



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