Declaración sobre la existencia o no de prohibición en el planeamiento insular y sobre el interés público y social de la actuación denominada “Planta fotovoltaica El Charco”, término municipal de Tuineje, a instancia de Canarias Investment Office, S.L., otorgada por Resolución CAB/2023/118, de 13 de enero de 2023, y Resolución CAB/2023/126 de 14 de enero de 2023, por la que se rectifica error material, transcrita parcialmente en los términos establecidos por el artículo 79.6 de la Ley del Suelo en Canarias (esto es, la motivación de la declaración de interés público y social):
ANTECEDENTES
(…)
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Visto el informe de la técnico del Servicio de Ordenación del Territorio, de fecha 30 de diciembre de 2022, obrante en el expediente, que en síntesis reconoce:
(…)
2.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE:
2.1. Contrastada la localización de la planta fotovoltaica con la cartografía del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura Vigente, podemos decir que la parcela donde se desea instalar la planta se localiza en zona ZC-SRC. ED. Suelo rústico común edificación dispersa, mientras que la línea de evacuación discurre en parte por esta misma zona y en parte por la zona D-SUr/SU. Subzona D. Suelos Urbanos/Urbanizable, según el Texto consolidado de la normativa vigente del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura y Plan de Ordenación de los recursos Naturales (PIOF-PORN) relativo a la toma en consideración de las determinaciones urbanísticas derogadas del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, en aplicación de la disposición derogatoria única.3 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo (publicado en el BOC de 21.9.2018), correspondiendo con arreglo al artículo 102.b) y 103.a) de la normativa del Plan Insular con la zonificación tipo C y D del Plan de Ordenación de los recursos naturales (PORN).
Con carácter particular para la categoría de suelo identificada como ZC-SRC. ED. Suelo rústico común edificación dispersa, se fijan las siguientes determinaciones (artículo 102.b), determinación vinculante (DV), de la normativa del PIOF:
“b) ZC-SRC-ED - Subzona C. Suelo Rústico Común. Edificación Dispersa.
Se podrán autorizar edificaciones e instalaciones vinculadas a explotaciones agrarias y a otras actividades. (...)”
En concreto para la zona identificada como Zona D-SUr/SU. Subzona D. Suelos Urbanos/Urbanizables, se fijan las siguientes determinaciones (artículo 103.a), determinación vinculante (DV), de la normativa del PIOF:
“(…) Esta subzona contempla los suelos urbanos, urbanizables y asimilables clasificados por el planeamiento urbanístico, al que este Plan Insular se remite en cuanto a la totalidad de las determinaciones y aprovechamientos que le afectan como tales.
Se exceptúan aquellos suelos urbanizables y asimilables, que excepcionalmente hayan sido reclasificados por el Plan Insular como Rústicos, o los que estuviesen afectados por la redacción de planes especiales con carácter vinculante. (…)”
2.2. En el Plan Insular se hace mención a la energía fotovoltaica en el artículo 55 DV, relativo a las infraestructuras de energía eléctrica, donde se establecen las siguientes medidas vinculantes, con carácter general: “Potenciar el uso de las energías renovables mediante la ejecución de nuevos parques eólicos, entroncados a la red general de transporte de energía eléctrica, y la incentivación de la instalación de pequeñas unidades (mixtas: eólicas-diesel, paneles solares, etc.). en actividades agrícolas y pequeñas comunidades poblacionales aisladas de la red eléctrica general. (…)”.
2.3. Visto lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en relación con las determinaciones de ordenación de directa aplicación y de carácter subsidiario, la actuación propuesta cumple con las reglas recogidas en el apartado 1 de este artículo 58. Así mismo cumple con las reglas recogidas en el artículo 58.2 (modificado tras el Decreto ley 15/2020, de 10 de septiembre, de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias, disposición final 9ª y por la disposición final 9.3 del Decreto ley 15/2020, de 10 de septiembre).
2.4.- Visto lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en el que se establece lo siguiente:
“1. Excepcionalmente, en el suelo rústico, no categorizado de protección ambiental ni de protección agraria, podrán autorizarse usos industriales, energéticos, turísticos, dotacionales, de equipamiento y servicios, así como cualquier otro que no sea ordinario ni complementario de uso ordinario, siempre que se integren en actuaciones de interés público o social, contribuyan a la ordenación y el desarrollo rural o que deban situarse necesariamente en suelo rústico y que, además, ese uso e implantación no estuvieran expresamente prohibidos por el planeamiento. (...)”
“(…) 3. Los usos energéticos incluyen todas las instalaciones destinadas a esa actividad que lo sean de acuerdo con la legislación sectorial, salvo aquellos que tienen carácter complementario de uso ordinario.”
2.5.- Visto el proyecto remitido, se comprueba que:
- Suelo rústico, no categorizado de protección ambiental ni de protección agraria. El suelo objeto de actuación se localiza en suelo rústico común edificación dispersa, por lo tanto, no es suelo ni de protección ambiental, ni de protección agraria. Conforme al planeamiento municipal, el suelo sobre el que se pretende la actuación urbanística y clasificado como suelo NUR, que se equipara a tenor de la disposición transitoria 3ª de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, con el suelo rústico común (SRC), subcategoría de ordinario (SRCO), conforme a dicha Ley.
- Usos energéticos. El uso pretendido es el energético puesto que se trata de una planta solar fotovoltaica que tendrá una potencia nominal de 2 MW.
- Que se integren en actuaciones de interés público o social. La actuación pretendida se considera integrada dentro de actuaciones de interés público o social, puesto que como tales se recogen en el artículo 72 de la Ley 4/2017, dado el suelo rústico en el que se localiza y puesto que no se encuentra expresamente previsto ni prohibido por el plan insular, ni por el planeamiento municipal.
- Que deban situarse necesariamente en suelo rústico. Dadas las características de esta instalación que se pretende que ocupa una superficie de 1,815 Ha, se hace muy difícil la instalación de esta superficie de paneles sobre cubierta en suelo urbano. En este caso además la superficie de terreno sobre la que se van a instalar los paneles tiene escasa pendiente lo que permite su mejor integración en el paisaje que si se situase en zona de mayor pendiente o en ladera de montaña.
Así mismo, la línea de evacuación será subterránea con una longitud de 320 m, lo cual permite su mimetización una vez cerrada la zanja para la canalización de la misma.
- Uso e implantación no estuvieran expresamente prohibidos por el planeamiento. A la vista del informe municipal, así como del Plan Insular, este uso no está expresamente prohibido.
2.6.- Visto lo dispuesto en el artículo 72 del antecitado texto legal, relativo a las instalaciones de energías renovables:
“En suelo rústico de protección económica, excepto en la subcategoría de protección agraria, y en suelo rústico común, se podrá autorizar, como uso de interés público y social, la instalación de plantas de generación de energía fotovoltaica, eólica o cualquier otra proveniente de fuentes endógenas renovables no previstas en el planeamiento, siempre que no exista prohibición expresa en el plan insular de ordenación o en el planeamiento de los espacios naturales protegidos que resulten aplicables.”
2.7.- Visto el artículo 77 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en el que se establece lo siguiente:
“1. Cuando los actos, construcciones y usos no ordinarios carezcan de cobertura expresa en el planeamiento, o del grado suficiente de detalle, su autorización por licencia requiere de la previa declaración, por el cabildo insular, del interés público o social de la actuación y de su compatibilidad, en su caso, con el planeamiento insular, sin perjuicio de los restantes informes sectoriales que sean legalmente exigibles.
2. El procedimiento para su otorgamiento y su contenido es el previsto en el artículo 79 de esta Ley.”
2.8.- Visto el artículo 79 de la antecitada Ley 4/2017, en el que se establece lo siguiente:
“1. En el caso de actuaciones que no cuenten con cobertura en el planeamiento aplicable el procedimiento se tramitará conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, procediéndose por el ayuntamiento, como trámite subsiguiente a la admisión de la solicitud, a recabar del cabildo insular la declaración sobre la existencia o no de prohibición en el planeamiento insular y sobre el interés público o social de la actuación.
2. Recibida la solicitud, el cabildo correspondiente realizará los siguientes trámites:
a) Someterá el proyecto a información pública y a la audiencia, en su caso, de las personas propietarias de suelo incluidas en el proyecto, y de los colindantes.
b) Recabará, de forma simultánea a la información pública, los informes de las administraciones afectadas en sus competencias.
3. A la vista del resultado de los anteriores trámites, el cabildo emitirá declaración en el plazo de tres meses desde la recepción de la solicitud en el registro del cabildo correspondiente. En caso de no emitirse en plazo se entenderá contraria al interés público o social del proyecto. (…)”
2.9. Con respecto a la documentación necesaria para tramitar la solicitud de interés público y social recogida en el artículo 78 de la Ley 4/2017, y con la documentación que se establece a partir de la aprobación del Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias (BOC nº 5, de 9.1.2019), en su artículo 29, en relación con los documentos que debe contener la solicitud, se comprueba lo siguiente:
a) Proyecto técnico, cuando fuere exigible, o documentación técnica que permita analizar y materializar, en su caso, la actuación. El Ayuntamiento remite un proyecto técnico denominado Planta fotovoltaica El Charco, de fecha enero de 2020 y con posterioridad tras modificarse la superficie a ocupar por la planta por variaciones en el catastro de la zona remite una Memoria denominado Planta fotovoltaica El Charco I, de fecha mayo de 2020, con los ajustes necesarios para adaptarse a la nueva área a ocupar y aclaraciones pendientes, redactados ambos por Inmaculada Aguiar Alarcón. Por último, en mayo de 2020, el interesado aporta (con justificante de haber aportado en el Ayuntamiento) el proyecto técnico de fecha agosto de 2020.
b) Presupuesto de las obras o actuación a ejecutar. En el proyecto de enero de 2020, se incluye el presupuesto, en la página 577: el presupuesto de ejecución material del proyecto que asciende a un total de 1.205.602,75 euros, el cual incluye la línea de evacuación.
c) Memoria descriptiva y justificativa de la solución propuesta para el funcionamiento de las instalaciones proyectadas, con especificación de las obras precisas para la eficaz conexión de aquellas con las correspondientes redes generales de servicios y comunicaciones y garantía del mantenimiento de la operatividad y calidad de servicio de las infraestructuras públicas preexistentes. Entre la documentación aportada se incluye una Memoria de fecha diciembre de 2020, en la que se recoge que el proyecto no contempla instalaciones de fontanería y saneamiento, en caso de necesitar un aseo para el personal sería de tipo baño químico, siendo este mismo el propio depósito para las aguas residuales. Con respecto a los accesos a la planta se realizarán a través de pistas ya existentes. Desde la FV-20 se toma la salida hacia la parcela 9196, del polígono 3, esta última da acceso directo a la planta. Pueden observarse tanto los accesos a la planta como los viales internos en plano nº 2. El punto de conexión elegido ha sido el propuesto por la empresa distribuidora que ha señalado como punto de conexión la línea de MT Tuineje concretamente en el tramo entre el 2485 Llano de La Higuera y el C200930 URB. IND. Llano La Higuera 2, de la S.E. G_Tarajal, mediante la instalación de un centro de seccionamiento, con Entrada y Salida, en ese tramo, tal y como se ha expuesto en apartados anteriores.
d) Declaración responsable de asunción de los compromisos, deberes y cesiones previstos por la legislación o el planeamiento, incluido el abono del canon por aprovechamiento en suelo rústico que se devengue por el otorgamiento de la licencia, en su caso. En la misma solicitud de inicio de del interesado se incluye la declaración responsable de asunción de los compromisos, deberes y cesiones previstos por la legislación o el planeamiento, incluido el abono del canon por aprovechamiento en suelo rústico que se devengue por el otorgamiento de la licencia, en su caso.
e) Compromiso de ofrecimiento de garantía, por importe del 10% del coste total de las obras proyectadas, según el presupuesto de las mismas, para cubrir los gastos que puedan derivarse de los incumplimientos o de las infracciones o de las labores de restauración de los terrenos. En la solicitud de inicio del interesado se incluye un párrafo con el compromiso de ofrecimiento de garantía, por importe del 10% del coste total de las obras proyectadas, según el presupuesto de las mismas, para cubrir los gastos que puedan derivarse de los incumplimientos o de las infracciones o de las labores de restauración de los terrenos.
f) Acreditación de la disponibilidad jurídica del suelo, vuelo o subsuelo afectados por la actuación, en los términos previstos en el presente reglamento. Se adjunta contrato de arrendamiento del terreno de fecha 14 de febrero de 2020, en el que con respecto a la parcela 190 del polígono 3 del término municipal de Tuineje, con una superficie de
227.949 m2, según catastro, de la cual se arriendan 83.916 m2.
2.10. Se recuerda el cumplimiento de los siguientes artículos de la Ley 4/2017 y del Plan Insular:
- Artículo 58.1.d) No será posible la colocación y el mantenimiento de anuncios, carteles, vallas publicitarias o instalaciones de características similares, pudiendo autorizarse exclusivamente los carteles indicativos o informativos con las características que fije, en cada caso, la administración competente.
- Artículo 58.1.g) de la Ley 4/2017: “Las edificaciones deberán presentar todos sus paramentos exteriores y cubiertas totalmente terminados, empleando las formas, materiales y colores que favorezcan una mejor integración en el entorno inmediato y en el paisaje”.
- Artículo 37.3.a) Asegurar la preservación del carácter rural del suelo y la no formación de asentamientos no previstos, así como la adopción de las medidas precisas para proteger el medioambiente y mantener el nivel de calidad de las infraestructuras y los servicios públicos correspondientes.
- Artículo 37.3.b) Garantizar la restauración, a la finalización de la actividad, de las condiciones ambientales de los terrenos y de su entorno inmediato.
- Artículo 37.3.c) Asegurar la ejecución de la totalidad de los servicios que demanden las construcciones e instalaciones autorizadas en la forma que se determine reglamentariamente.
- Deberá adaptarse a las normas de mimetismo para el exterior de la edificación, indicadas en el artículo 105.DV. del PIOF, recomendándose el uso de la piedra local en forma de mampostería quedando prohibido el chapado de piedra cualquiera que sea este. Si se utiliza el color habrá de elegirse entre los existentes en la “Tabla de color” del “Estudio de color de la isla”, con la limitación de que ha de ser el más parecido al del entorno paisajístico que rodea a la edificación en cuestión. Se admite indistintamente las texturas propias de un enfoscado, revoco o monocapa.
Resultado del informe. FAVORABLE a la declaración de interés público y social para la instalación de una planta de energía fotovoltaica de 2MW, denominada El Charco, que ocupa una superficie de 1,815 Ha, en la parcela catastral 35030A003001900000IK del término municipal de Tuineje, CONDICIONADO a lo dispuesto en los informes de Patrimonio Cultural, al informe municipal y al presente informe.
Y CONDICIONADO a lo que establezca desde la Autorización Administrativa y desde la autorización del Consejo Insular de Aguas, en su caso.
Por otro lado, el Ayuntamiento en el procedimiento de licencia deberá dejar acreditada la obtención en su caso de la licencia de segregación necesaria, pues conforme a lo recogido en el contrato de arrendamiento, la finca registral 1.407 que se corresponde con la parcela catastral 35030A003001900000IK, se va a arrendar parte de esta parcela para varias plantas solares, tal y como se refleja en el plano anexo al contrato de arrendamiento(...)”
Segunda.- El artículo 62 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (en adelante LSENPC), señala:
“Artículo 62. Usos, actividades y construcciones de interés público o social.
1. Excepcionalmente, en el suelo rústico, no categorizado de protección ambiental ni de protección agraria, podrán autorizarse usos industriales, energéticos, turísticos, dotacionales, de equipamiento y servicios, así como cualquier otro que no sea ordinario ni complementario de uso ordinario, siempre que se integren en actuaciones de interés público o social, contribuyan a la ordenación y el desarrollo rural o que deban situarse necesariamente en suelo rústico y que, además, ese uso e implantación no estuvieran expresamente prohibidos por el planeamiento.
(…)
3. Los usos energéticos incluyen todas las instalaciones destinadas a esa actividad que lo sean de acuerdo con la legislación sectorial, salvo aquellos que tienen carácter complementario de uso ordinario.
(…)
6. Con carácter general, los usos a que se refieren los apartados anteriores comprenderán las construcciones e instalaciones que los caractericen de acuerdo con la presente ley y la legislación sectorial correspondiente”.
De la lectura del apartado primero, del citado artículo 62, con carácter excepcional cabe entender que se podrán autorizar los usos energéticos, siempre que se integren en actuaciones de interés público o social, y que el uso no estuviera expresamente prohibido por el planeamiento. En el mismo sentido, el artículo 74 LSENPC, al indicar en su apartado segundo:
“Los usos, actividades o construcciones en suelo rústico, distintos de los anteriores, requerirán la determinación expresa de su interés público o social con carácter previo al otorgamiento, en su caso, de licencia municipal (...)”
Tercera.- El artículo 74 de la LSENPC, establece en el régimen de los títulos habilitantes para el otorgamiento de usos, actividades y construcciones en suelo rústico, lo siguiente:
“Artículo 74. Usos, actividades y construcciones en suelo rústico.
1. Cualquier uso, actividad o construcción ordinario en suelo rústico está sujeto a licencia municipal, o, cuando así esté previsto, a comunicación previa, salvo aquellos exceptuados de intervención administrativa por esta Ley, sin perjuicio, en su caso, de la obligación de recabar los informes que sean preceptivos de acuerdo con la legislación sectorial que resulte aplicable.
2. Los usos, actividades o construcciones en suelo rústico, distintos de los anteriores, requerirán la determinación expresa de su interés público o social con carácter previo al otorgamiento, en su caso, de licencia municipal.
3. Los proyectos de interés insular o autonómico promovidos por las administraciones públicas se someterán a su régimen específico, sin que precisen de licencia municipal.”
El citado precepto diferencia los usos, actividades y construcciones con cobertura en el planeamiento (apartado 1), de los actos y usos no ordinarios en suelo rústico que carezcan de cobertura expresa en el planeamiento (apartado 2), estableciéndose en este último caso, que en estos supuestos se requiere la previa declaración por el cabildo insular del interés público o social de la actuación con carácter previo a la licencia municipal.
De conformidad con lo anterior, continúa el artículo 77 determinando la regulación de los usos, actividades y construcciones en suelo rústico no previstos en el planeamiento:
“Artículo 77. No previstos en el planeamiento.
1. Cuando los actos, construcciones y usos no ordinarios carezcan de cobertura expresa en el planeamiento, o el grado suficiente de detalle, su autorización por licencia requiere de la previa declaración, por el cabildo insular, del interés público o social de la actuación y de su compatibilidad en su caso, con el planeamiento insular sin perjuicio de los restantes informes sectoriales que sean legalmente exigibles.
2. El procedimiento para su otorgamiento y su contenido es el previsto en el artículo 79 de esta Ley.”
De conformidad con el artículo 79, que a su vez remite en cuanto al procedimiento concreto a lo regulado en el artículo 78, en cuyo apartado 2.a) del mismo, se recoge en síntesis que: “el ayuntamiento emitirá informe sobre la conformidad con el planeamiento y del grado de precisión para legitimar su ejecución, en su caso”. Pues, en el presente procedimiento consta certificado del informe del arquitecto municipal de fecha 24 de julio de 2020, que en el apartado de CONCLUSIONES recoge lo siguiente:
“(…)Visto que lo pretendido es un uso no ordinario sin cobertura expresa en el planeamiento municipal y sin del grado suficiente de detalle en el mismo, se deberá proceder por parte del ayuntamiento, como trámite subsiguiente a la admisión de la solicitud de licencia de obras, a recabar del Cabildo Insular de Fuerteventura la declaración sobre la existencia o no de prohibición en el planeamiento insular y sobre el interés público o social de la actuación, todo ello conforme a lo señalado en el artículo 79 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. (…)”
En conclusión, se constata que el citado uso carece de cobertura expresa en el planeamiento municipal, entendida como el reconocimiento expreso del uso de energía solar/implantación de planta solar en el citado suelo, así como la falta de grado suficiente de detalle, por lo que como conclusión, para la autorización por licencia urbanística del proyecto solicitado, se precisa la previa declaración por el Cabildo Insular del interés público o social de la actuación, y de su no prohibición en el planeamiento insular, siguiendo para ello el procedimiento previsto en el citado artículo 79 LSENPC.
Cuarta.- De conformidad con lo anterior, es necesario analizar el “interés público o social del proyecto”, y para ello la vigente Ley del Suelo, no contempla una definición expresa de los términos “interés público” e “interés social”. En los distintos textos legales vigentes, las referencias a dichos términos aparecen vinculadas a aquellas actuaciones que afectan al interés general y en consecuencia redundan en beneficio de la colectividad. Ambas expresiones, “interés público” e “interés social”, forman parte del conjunto de conceptos jurídicos indeterminados que existen en nuestro Derecho, por cuanto no admiten una cuantificación o determinación, pero en todo caso, debe ser precisado en el momento de la aplicación.
La aplicación de los conceptos jurídicos indeterminados, en cada caso concreto impone una única solución correcta (existe o no existe utilidad pública, se trata o no se trata de un justo precio, o en el caso concreto que nos ocupa, existe o no existe el interés público o social).
No obstante nos encontramos además ante una potestad discrecional del órgano competente y por tanto estamos ante una valoración realizada por la Administración (el citado órgano) en el ejercicio de dicha potestad en el que necesariamente habrán mediado criterios extrajurídicos, que suponen una libertad de elección entre alternativas igualmente justas; que implica que se dispone de un cierto margen de apreciación valorativo, para elegir entre las distintas opciones de planificación, debiendo elegirse la que mejor considere que cumple los intereses generales, discrecionalidad que esencialmente debe ser racional, lógico y sobre todo respetar los límites legalmente establecidos, por ello el órgano competente deberá justificar debidamente dentro del marco de esa discrecionalidad la decisión que mejor obedece a los intereses generales afectados, confirmándose la idoneidad, eficacia, incluso la eficiencia de tal decisión.
En el caso que nos ocupa y en orden a identificar los parámetros o motivos que permiten al órgano competente declarar dicho interés, es preciso analizar el marco normativo específico que resulta de aplicación y es por ello que cabe citar nuevamente el propio artículo 72 de la LSENPC el que viene a establecer para las instalaciones de energías renovables:
“En suelo rústico de protección económica, excepto en la subcategoría de protección agraria, y en suelo rústico común se podrá autorizar, como uso de interés público y social, la instalación de plantas de generación de energía fotovoltaica, eólica o cualquier otra proveniente de fuentes endógenas renovables no previstas en el planeamiento, siempre que no exista prohibición expresa en el plan insular de ordenación o en el planeamiento de los espacios naturales protegidos que resulten aplicables.(…)”
De la lectura del citado artículo se desprende que es la propia ley, la que ya en su articulado reconoce expresamente u otorga directamente a las instalaciones de energías renovables “el interés público o social”, siempre que no exista prohibición expresa, y ello justificado además en el preámbulo (apartado VIII, intitulado: En particular, la ordenación y utilización del suelo rústico) de la LSENPC, pues establece:
“(…) La ley parte de la diferencia que formula la legislación básica entre usos ordinarios y usos de interés público y social. Los usos ordinarios son aquellos conformes con el destino o vocación natural del suelo rústico (incluyendo, claro está, su aprovechamiento agrícola y ganadero), también merecen esta calificación los usos deportivos al aire libre con instalaciones desmontables. Los usos de interés público y social se refieren a actuaciones ajenas a ese destino, aun cuando su localización en el ámbito rural sea adecuada por contribuir a su desarrollo (es el caso de las construcciones turísticas, industriales o de servicios). Se trata de usos que, en la legislación hasta ahora vigente, se califican de usos de interés general.
(…)
Por su parte, los usos de interés público y social en todo caso se someten a licencia municipal, ahora bien, dada su condición extraordinaria, su otorgamiento se condiciona a la previa declaración del interés público y social de la iniciativa o proyecto, salvo que el proyecto esté previsto con suficiente grado de detalle en el planeamiento -aunque, aun así, se exige información pública y evaluación ambiental-. De ser necesaria, esa declaración corresponde al cabildo insular, previa audiencia a las administraciones afectadas y trámite de información pública. En caso de que la declaración sea favorable, el proyecto continuará su tramitación para la obtención de la licencia, incluyendo, claro está, su evaluación ambiental. La declaración deberá ser objeto de publicación oficial. De este modo, se mantiene el objetivo de que el ejercicio de la actividad requiera un único título habilitante, si bien, por su carácter no ordinario, se imponen las garantías descritas en su tramitación.”
Pero, además pudieran identificarse “otros criterios o justificaciones” que permiten al órgano competente declarar dicho interés, como pudiera ser la referencia al marco normativo específico que resulta de aplicación; en este sentido, a nivel nacional, la energía fotovoltaica cuenta con una posición estratégica dentro del Plan Especial de Energías Renovables 2011/2020. Asimismo, la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, considera el suministro de energía eléctrica como un servicio de interés económico general y todo ello dentro del marco de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE, (publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, de 5 de junio de 2009, nº L 140/16), cuyo objeto viene definido en su artículo 1 y por el que se establece:
“La presente Directiva establece un marco común para el fomento de la energía procedente de fuentes renovables. Fija objetivos nacionales obligatorios en relación con la cuota de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía y con la cuota de energía procedente de fuentes renovables en el transporte. Establece normas relativas a las transferencias estadísticas entre Estados Miembros, los proyectos conjuntos entre Estados miembros y con terceros países, las garantías de origen, los procedimientos administrativos, la información y la formación, y el acceso a la red eléctrica para la energía procedente de fuentes renovables. Define criterios de sostenibilidad para los biocarburantes y biolíquidos.”
Por otro lado, en el propio PIOF-PORN (artículo 55 Determinación Vinculante), con respecto a las infraestructuras de energía eléctrica, se reconoce como medidas vinculantes y con carácter general:
“Potenciar el uso de las energías renovables mediante la ejecución de nuevos parques eólicos, entroncados a la red general de transporte de energía eléctrica, y la incentivación de la instalación de pequeñas unidades (mixtas: eólicas-diesel, paneles solares, etc.),en actividades agrícolas y pequeñas comunidades poblacionales aisladas de la red eléctrica general. (…)”.
Pudiera entenderse por todo lo anterior, por el órgano competente, que la “Planta fotovoltaica El Charco” puede considerarse vinculada a un uso de infraestructuras de energía, y en concreto a la instalación de energía renovable (de las contempladas en el artículo 72 de la LSENPC); siendo este uno de los objetivos nacionales de obligado cumplimiento por la normativa europea, que contribuye a incrementar el abastecimiento energético a partir de sus recursos propios, indicadores que permiten considerar la existencia de interés público e interés social, también.
Quinta.- De conformidad con el apartado segundo del artículo 79 de LSENPC, el proyecto ha sido sometido a información pública (BOP de Las Palmas, nº 37, el 26.3.2021) y audiencia de los propietarios de suelo incluidos en el proyecto y de los colindantes, recibiendo únicamente contestación del Ayuntamiento de Tuineje, como propietario de terrenos por donde pasa la línea de evacuación de la actuación, a través de informe del arquitecto municipal de fecha 26 de marzo de 2021, a fin de establecer los condicionantes técnicos de las instalaciones a realizar en las parcelas de titularidad municipal, especialmente las afectadas por la red de evacuación al punto de conexión, que literalmente dice:
“(…) En lo referente a la red de evacuación se estará a lo dispuesto en el apartado 1.4.4.2 -Redes de las NN.SS. de Planeamiento de Tuineje, donde se señala:
“Se estará a lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
Se prohíbe la implantación de redes aéreas, con excepción de las interurbanas, en los suelos urbanos, aptos para urbanizar y rústicos del término municipal.
Las redes enterradas irán a una profundidad mínima de 0.60 m bajo las aceras y 0.80 m
cuando transcurran bajo calles y carreteras. Se respetará una distancia mínima de 0.20 m respecto de las canalizaciones de agua. Las redes dispondrán de las coberturas de aviso y protección reglamentarias.”
Por otro lado se condiciona a la no instalación de centros transformadores dentro de la ZV de la urbanización “Llanos de La Higuera” para uso de las plantas fotovoltaicas fuera de la urbanización, debiéndose instalar estos transformadores dentro de las parcelas donde se ubica la planta solar fotovoltaica.
El presente informe se emite a los efectos del apartado b) del punto tercero del artículo 29 del Decreto 182/2020, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias. (…)”
Respecto al condicionante relativo a la “no instalación de centros de transformación dentro de la ZV de la urbanización “Llanos de La Higuera” para uso de las plantas fotovoltaicas fuera de la urbanización”, el interesado aporta un escrito el 16 de mayo de 2022, donde aclara lo siguiente: “(…) En aclaración a la edificación que se encontrará en la urbanización “Llanos de La Higuera” esta no puede ser considerada centro de transformación ya que no tiene la capacidad de modificar los valores de tensión en intensidad de la electricidad que circula por este. Esta instalación no tiene transformador, lo que se instalará en la urbanización es un centro de seccionamiento, siendo este necesario para poder seccionar la línea y conectar la fotovoltaica siguiendo la normativa de Endesa (Distribuidora). Se adjunta plano. (…)”
Asimismo, se han recibido los informes de los siguientes servicios y administraciones:
- del Servicio de Patrimonio Cultural de este Cabildo, informe técnico emitido el 30 de septiembre de 2020, que concluye en el siguiente sentido:
“(...)En relación con la solicitud para la autorización de instalación de la planta fotovoltaica El Charco, en la parcela con referencia catastral 35030A003001900000IK, la técnico que suscribe informa:
Primero: que no hay ningún elemento o bien cultural inventariado en la parcela donde se pretende instalar el referido parque fotovoltaico.
Segundo: que el Inventario de Bienes Arqueológicos de la isla de Fuerteventura se ha realizado mediante prospección superficial del territorio, sin sondeo arqueológico, por lo que se escapa de la metodología empleada el conocimiento de la existencia de restos arqueológicos en el subsuelo, aspecto que se ha de tener en cuenta en todas las tareas de remoción o acondicionamiento del terreno o cualquier otra actividad en la que pudiera aparecer vestigios arqueológicos; en dicho caso, y tal como establece el artículo 94 de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias: quienes, como consecuencia de la remoción de tierra, obras de cualquier índole o por azar, descubran restos arqueológicos deberán suspender de inmediato la obra y actividad y ponerlo en conocimiento de cualquiera de las administraciones públicas competentes en materia de patrimonio cultural, en un plazo máximo de veinticuatro horas. No se podrá hacer público el hallazgo hasta haber realizado la citada comunicación y adoptado las medidas cautelares de protección adecuadas, a fin de no poner en peligro los bienes localizados o hallados. (…)”
- Se solicita informe al Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura (16 de noviembre de 2020, con registro de salida nº 18.348) y a la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias (3 de octubre de 2022, con registro de salida nº 21.311) sin que se haya recibido informe o contestación alguna a día de hoy.
- Consta en la documentación inicialmente recibida informe de AESA de fecha 27 de enero de 2020, donde se concluye que:
“(…) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1.12 del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas, modificado por el Real Decreto 297/2013, de 26 de abril, debe considerarse como obstáculo todo objeto fijo (ya sea temporal o permanente) o móvil, o partes del mismo, que penetre las servidumbres aeronáuticas o bien supere los 100 metros de altura respecto del nivel del terreno o agua circundante.
Dado que la planta solar fotovoltaica proyectada no se encuentra afectada por ninguna de las servidumbres aeronáuticas civiles establecidas y no supera los 100 metros de altura, AESA no tiene inconveniente para su instalación. (…)”
Sexta.- Con respecto a la competencia para la declaración del interés público o social, esto es a los efectos de establecer el órgano competente, ha de determinarse con carácter previo la naturaleza del acto administrativo de la declaración de interés público o social.
En este sentido, la LSENPC dedica el Capítulo III, Sección 2ª, artículos 76 y siguientes, a los actos y usos de interés público o social, distinguiendo entre aquellos actos y usos no ordinarios en suelo rústico con cobertura en el planeamiento (artículos 76 y 78), los cuales se entenderá que cuentan con declaración de interés público o social, de aquellos otros no previstos por el planeamiento, que carezcan de cobertura expresa en el planeamiento, o del grado suficiente de detalle (artículos 77 y 79). En ambos casos, señala que la previsión en el planeamiento debe contar con informe favorable del cabildo insular.
Por tanto, en cuanto al procedimiento de las actuaciones que carezcan de cobertura expresa en el planeamiento, o del grado suficiente de detalle, que es el presente supuesto, el artículo 77 dispone que se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 79, el cual para su inicio, remite al artículo 78, que regula los procedimientos con cobertura en el planeamiento y, que de conformidad con el artículo 76.2, el procedimiento para su otorgamiento y su contenido es el propio de las licencias municipales.
De todo lo anterior se puede afirmar que la naturaleza de la declaración de interés público o social, es la de una autorización preceptiva previa al otorgamiento de la licencia por el Ayuntamiento, en base a que la corporación municipal no podrá otorgar la licencia, si se declara la existencia de incompatibilidad con el planeamiento insular, o no se considere la iniciativa de interés público o social por parte del cabildo insular.
En este sentido con respecto al Órgano competente de este Cabildo Insular para la declaración del interés público o social, debemos acudir necesariamente al artículo 62 de la Ley de Cabildos, en coherencia con el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por el que se establece que corresponde al Consejo de Gobierno Insular, la concesión de cualquier tipo de licencia salvo que la legislación sectorial la atribuya expresamente a otro órgano.
Como quiera que la Ley del Suelo no determina en ninguno de sus preceptos el órgano competente para declarar el interés público o social, existiendo un vacío legal al respecto, cabe entender que corresponde al Consejo de Gobierno Insular por no estar expresamente atribuida a otro órgano en la normativa sectorial, conforme a la atribución de competencias conforme al artículo 127 LRBRL de Gobierno Local y no esté expresamente prohibida su delegación. (…). Por lo anterior, y atendiendo al Certificado del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de diciembre de 2022, por el que se delegan en la Presidencia las competencias del Consejo de Gobierno Insular referidas a las atribuciones del artículo 127.2, párrafo e).
Vista la Propuesta de Resolución del Servicio, en la que se manifiesta que se ha tenido en cuenta en el expediente que sirve de base al presente decreto el procedimiento legalmente establecido
RESUELVO:
Primero.- Declarar el interés público y social y su compatibilidad con el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura del proyecto denominado “Planta fotovoltaica El Charco” de 2MW, que ocupa una superficie de 1,815 Ha, en la parcela catastral 35030A003001900000IK del término municipal de Tuineje, a instancia de Canarias Investment Office S.L., CONDICIONADO a la obtención, en su caso, de la autorización del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura y a lo dispuesto en el informe de Patrimonio Cultural, que constan en el expediente, según los siguientes condicionantes específicos siguientes:
- El Ayuntamiento en el procedimiento de licencia deberá dejar acreditada la obtención en su caso de la licencia de segregación necesaria, pues conforme a lo recogido en el contrato de arrendamiento, la finca registral 1.407 que se corresponde con la parcela catastral 35030A003001900000IK, se va a arrendar parte de esta parcela para varias plantas solares, tal y como se refleja en el plano anexo al contrato de arrendamiento.
- Se ha de tener en cuenta, que quienes, como consecuencia de la remoción de tierra, obras de cualquier índole o por azar, descubran restos arqueológicos deberán suspender de inmediato la obra y actividad y ponerlo en conocimiento de cualquiera de las administraciones públicas competentes en materia de patrimonio cultural, en un plazo máximo de veinticuatro horas. No se podrá hacer público el hallazgo hasta haber realizado la citada comunicación y adoptado las medidas cautelares de protección adecuadas, a fin de no poner en peligro los bienes localizados o hallados.
Segundo.- Se deberá proceder a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de Canarias , incluyendo su motivación, de conformidad con lo previsto en el artículo 79.6 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y conforme a la Ley de protección de datos personales.
Tercero.- Dar traslado del Acuerdo al Ayuntamiento de Tuineje, al interesado y al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre, a los efectos oportunos.
Contra la resolución que declare el interés público o social de la actuación no cabe recurso alguno conforme al artículo 29 del Reglamento de Intervención y Protección de la legalidad Urbanística de Canarias, sin perjuicio del que pudiera deducirse frente al acto municipal que ponga fin al procedimiento.
Puerto del Rosario, a 22 de enero de 2023.- El Presidente, Antonio Sergio Lloret López.
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