BOC - 2022/237. Jueves 1 de diciembre de 2022 - 3627

III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

3627 - Secretaría General Técnica.- Resolución de 18 de noviembre de 2022, por la que se ordena la publicación del Convenio Marco de Cooperación entre la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y el Cabildo Insular de Tenerife para el desarrollo de acciones conjuntas en materia de formación profesional y de enseñanzas artísticas..

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El artículo 20 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece que los órganos u organismos del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de sus secretarías generales técnicas u órgano equivalente, deberán publicar los convenios en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma.

En el plazo indicado en el apartado anterior, deberán publicar también en el Boletín Oficial de Canarias, los anexos, adendas, prórrogas y otros actos de modificación o extinción del convenio.

En cumplimiento de los fundamentos jurídicos citados y con la finalidad de facilitar el público conocimiento de los compromisos asumidos en el ámbito de la actividad convencional del sector público autonómico,

RESUELVO:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio Marco de Cooperación entre la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife para el desarrollo de acciones conjuntas en materia de formación profesional y de enseñanzas artísticas.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de noviembre de 2022.- El Secretario General Técnico, Manuel Peinado Bosch.

ANEXO

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y EL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES CONJUNTAS EN MATERIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS.

REUNIDOS

De una parte, Dña. Manuela de Armas Rodríguez, Consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Canarias, en virtud de nombramiento efectuado mediante Decreto 52/2020, de 19 de junio, del Presidente, y en ejercicio de la competencia para la suscripción de convenios atribuida en el artículo 5.2.g) del Decreto 7/2021, de 18 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, y en los artículos 16 y 29.1.k) de la Ley territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, en nombre y representación de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.

De otra parte, D. Pedro Manuel Martín Domínguez, Presidente del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en nombre y representación de la indicada Corporación Insular, en ejercicio de las competencias atribuidas por los artículos 57.b) y 125.2 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares, así como los apartados b) y n) del artículo 6.1 y el apartado 5.r) del artículo 29 del Reglamento Orgánico de la Administración Insular y en virtud de acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 27 de septiembre de 2022.

Reconociéndose las partes la capacidad jurídica necesaria para obligarse en la formalización del presente Convenio Marco de Cooperación, y en su virtud,

EXPONEN

Primero.- La Comunidad Autónoma de Canarias es competente, a través de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, para el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de enseñanza no universitaria según establece el artículo 133 del Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias.

Segundo.- La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias tiene competencias en materia de enseñanza no universitaria, correspondiendo a la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos el ejercicio de las competencias en materia de Formación Profesional y de Enseñanzas de Régimen Especial, según el artículo 18.2.a) y e) del Decreto 7/2021, de 18 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, y está capacitada para promover la participación y la colaboración con distintos agentes sociales, administraciones públicas y otras entidades, a través de convenios y acuerdos relacionados con las enseñanzas de su ámbito competencial.

Tercero.- El excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife está legitimado para realizar actividades de cooperación en el fomento del desarrollo económico y social, materializándose mediante la suscripción de convenios, en virtud de lo establecido en el artículo 36.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en su redacción actual, y en los artículos 8.1.d), 119 y 123 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares.

Cuarto.- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en el artículo 1.i) que el sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la Constitución y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, se inspira, entre otros, en el principio de autonomía para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y curriculares en el marco de las competencias y responsabilidades que corresponden al Estado, a las Comunidades Autónomas, a las corporaciones locales y a los centros educativos.

En el artículo 42 del citado cuerpo legal, se hace referencia al contenido y organización de la oferta de la formación profesional, mientras que en los artículos 45 y 46 se regula la ordenación de las enseñanzas artísticas profesionales y las enseñanzas artísticas superiores.

Quinto.- La Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional, establece como uno de sus principios generales, recogido en el apartado g) del artículo 3.1, el de la “participación de las empresas y los agentes económicos y sociales en el diseño, desarrollo, evaluación e innovación de la formación profesional, asegurando el circuito de transferencia de conocimiento formación-empresa y el interés público”, fijándose, además, como uno de los objetivos del Sistema de Formación Profesional, a tenor de lo establecido en el artículo 6.7 “el impulso de la dimensión dual de la formación profesional y de sus vínculos con el sistema productivo en un marco de colaboración público-privada entre administraciones, centros, empresas u organismos equiparados, organizaciones empresariales y sindicales, entidades y tercer sector para la creación conjunta de valor…”.

Por otra parte, el Capítulo II del Título IV está dedicado a las empresas y organismos equiparados, desarrollándose en los artículos 82 a 84 la colaboración en la formación profesional de las referidas entidades, haciéndose expresa mención a la colaboración en la acción formativa en el último precepto mencionado y señalándose en el artículo 82.1 que “las empresas u organismos equiparados, incluidas las administraciones públicas, que cuenten con la capacidad precisa al efecto y asuman su corresponsabilidad en la formación de estudiantes y personas trabajadoras podrán participar en actividades formativas del sistema de Formación Profesional”.

Sexto.- La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, en su artículo 15 expresa que el Gobierno de Canarias y las corporaciones locales coordinarán sus actuaciones, cada una en el ámbito de sus competencias, para lograr una mayor eficacia de los recursos destinados a la educación y contribuir a los fines establecidos en esta ley, entre ellos los señalados en el párrafo j) del artículo 5, “adaptar todas las enseñanzas profesionales, incluyendo la educación de personas adultas y las enseñanzas de régimen especial, a las necesidades propias del desarrollo inteligente, sostenible e integrador, que permita a Canarias aprovechar sus fortalezas en una economía globalizada” y el párrafo k)
del mismo precepto, “crear un nuevo modelo de cooperación entre la administración competente en materia educativa y las universidades canarias, las empresas y la sociedad que facilite la transformación de la sociedad canaria en una sociedad del conocimiento y del aprendizaje continuo. Este modelo estará basado en la investigación, la innovación y el desarrollo”.

Por otra parte, también se establece en el párrafo 3 del artículo 15 que “las administraciones locales y la consejería competente en materia de educación coordinarán sus actuaciones y cooperarán, mediante el establecimiento de los oportunos protocolos, convenios o acuerdos de colaboración”, contemplándose la formación profesional en el artículo 33 y las enseñanzas artísticas en el artículo 36.

Por su parte, la disposición adicional decimoprimera, dedicada a la Cooperación social y concertación, determina en el apartado 2.e) y f) que “la administración educativa cooperará con las empresas, las asociaciones profesionales y empresariales y otras organizaciones sociales o instituciones públicas y privadas en la suscripción de convenios que permitan impartir ciclos formativos en las instalaciones de las empresas o instituciones del sector y en la apertura de los centros educativos a los sectores productivos y de estos a los propios centros, así como actuaciones que fomenten la innovación y la investigación en las diversas áreas profesionales”.

Séptimo.- El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, señala en su artículo 1.2,
que “la formación profesional del sistema educativo se define como el conjunto de acciones formativas que tienen por objeto la cualificación de las personas para el desempeño de las diversas profesiones, para su empleabilidad y para la participación activa en la vida social, cultural y económica”.

En sentido similar se pronuncia el artículo 1 del Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, así como el artículo 8.1 del Real Decreto 21/2015, de 23 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Octavo.- La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes es competente para suscribir convenios de cooperación relativos a los asuntos de su competencia en materia de Formación Profesional y de Enseñanzas Artísticas, tanto de las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, como de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño, en virtud de lo expresado en el artículo 29.1.k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.

Noveno.- El Decreto 52/2009, de 12 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Inspección de Educación en la Comunidad Autónoma de Canarias, y la Orden de 22 de mayo de 2011, de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, por la que se desarrolla la organización y el funcionamiento de la Inspección Educativa de la Comunidad Autónoma de Canarias, que establecen que la Inspección Educativa tendrá asignada funciones de control, supervisión, evaluación y asesoramiento en todos los centros, programas y servicios, tanto públicos, como privados, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias correspondientes a las enseñanzas establecidas en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, entre las que se encuentran las de Formación Profesional y las Enseñanzas Artísticas.

Décimo.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula en el título Preliminar, Capítulo VI, los Convenios.

Decimoprimero.- Que las entidades firmantes están de acuerdo en:

a) Reconocer la importancia de la formación en el desarrollo de los sectores productivos y la generación de puestos de trabajo de calidad, más productivos y competitivos.

b) Aceptar la importancia del fomento de la cultura emprendedora como un aspecto clave para el surgimiento de nuevos proyectos empresariales.

c) Favorecer la diversificación de la industria canaria como medio para mejorar la estabilidad de nuestra economía.

d) Establecer entre ambas partes un espacio de colaboración para el desarrollo de acciones conjuntas a largo plazo.

e) Compartir en la ejecución de proyectos concretos, recursos técnicos y conocimientos.

f) Fomentar la competitividad y la innovación en los sectores de mutuo interés.

g) Apoyar la formación en el sector textil y de imagen personal, y los relacionados con los oficios artesanos de Canarias, de calidad para dotarla de prestigio y profesionalidad.

h) La necesidad de apoyar los proyectos empresariales surgidos en el ámbito de la formación profesional y de las enseñanzas artísticas vinculadas al sector de la moda, el textil y artesanía.

Sobre la base de estos antecedentes, y al amparo de la legislación vigente, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio de Cooperación de acuerdo con las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.

Es objeto del presente Convenio Marco la regulación de la cooperación entre el Cabildo Insular de Tenerife y la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes para llevar a cabo la realización de actividades destinadas a promover la formación, el emprendimiento y el desarrollo de los sectores de artesanía y moda, en aquellos centros educativos públicos de la isla de Tenerife, dependientes de la Consejería, que cursen disciplinas en esta materia, y que sean susceptibles de ser incluidos en los acuerdos específicos que puedan suscribirse por las partes signatarias del presente instrumento.

Segunda.- Vigencia.

El presente Convenio surtirá efectos desde su firma, y por un plazo de cuatro (4) años. En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto acordado por las partes, estas podrán acordar unánimemente su prórroga, previa tramitación del correspondiente expediente, sin que su duración exceda la legalmente prevista por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción.

Tercera.- Financiación.

El presente Convenio no lleva aparejadas obligaciones económicas, realizándose los compromisos con los medios humanos y materiales con los que cuenta cada parte.

Cuarta.- Actuaciones a desarrollar.

Las actuaciones a desarrollar en el marco del presente Convenio se pueden organizar en función de las siguientes Líneas de actuación:

Línea de formación:

• Se colaborará en la ejecución de acciones formativas complementarias de la formación reglada, incluyendo las prácticas en los eventos organizados en la Isla para la promoción del sector de artesanía y moda, pudiendo incluir en este caso al alumnado de las familias profesionales que sean pertinentes y/o de las Enseñanzas Artísticas Superiores y que impartan enseñanzas regladas en estos centros educativos adscritos a la Consejería.

Línea de investigación:

• Potenciar la creación y desarrollo de un laboratorio textil de calidad que pueda dar servicio a las industrias del sector.

• Colaborar en la investigación, innovación y estudios en los sectores de moda y artesanía.

Línea de motivación del alumnado y del emprendimiento:

• Fomentar el espíritu emprendedor entre el alumnado mediante talleres y actividades específicas diseñadas con tal fin.

• Apoyar la puesta en marcha de proyectos empresariales promovidos por el alumnado en los sectores de su competencia.

Línea de producción:

• Se podrá llegar a acuerdos de producción de muestrarios y prototipos para actos promocionales vinculados a los sectores de moda y artesanía.

Quinta.- Compromisos que asumen las partes.

Para el desarrollo del presente Convenio, la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y el Cabildo Insular de Tenerife, tendrán la potestad de acordar acciones concretas de cooperación circunscritas al ámbito material a que hace referencia la cláusula anterior y se incorporarán como adendas a este Convenio.

Las acciones se recogerán en documentos que tendrán la consideración de acuerdos específicos que emanan del presente Convenio, concretándose las actividades a desarrollar y las obligaciones específicas que correspondan a las partes.

Las partes podrán convenir también la utilización de otras instalaciones de centros públicos dependientes de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes con oferta de ciclos formativos, tanto de Formación Profesional como de Enseñanzas Artísticas, que se consideren de interés para el cumplimiento de los fines previstos en el presente Convenio.

Siempre y cuando se desarrollen acciones que impliquen la utilización de instalaciones de centros públicos dependientes de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, los acuerdos específicos recogerán como mínimo lo siguiente:

a) Denominación y número de acciones a realizar, especificando el número de horas de cada uno de ellos.

b) Instalaciones, aulas, laboratorios, equipamiento, material de funcionamiento que emplearan para la realización de las acciones.

c) Horarios y fecha de realización de las acciones, respetando el funcionamiento normal de las actividades académicas del Centro Educativo ya programadas.

Las partes establecerán un sistema de seguimiento y evaluación para comprobar el cumplimiento de los objetivos previstos.

Al respecto, se hace constar que se encuentra vigente el correspondiente seguro de responsabilidad civil, que cubre la responsabilidad por daños y perjuicios derivados de actividades que organice la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, encontrándose suscrita póliza con la Aseguradora Mapfre nº 055-1880027501.

Por otra parte, las partes se comprometen a cumplir la normativa vigente en materia de protección del menor, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que dispone que será requisito para el acceso y ejercicio de cualesquiera profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de edad, el no haber sido condenado por sentencia firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexual tipificados en el Título VIII de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

Sexta.- Inspección Educativa.

Corresponde a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, a través de la Inspección Educativa, la tarea de supervisar y prestar el asesoramiento necesario para el desarrollo del objeto del presente Convenio.

Séptima.- Comisión de Seguimiento.

Las acciones previstas en el presente Convenio Marco de Cooperación se llevarán a cabo bajo la dirección y supervisión de una Comisión Paritaria de Seguimiento formada por los miembros que se relacionan a continuación.

Por parte de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes:

- La Presidencia, por la persona titular de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos o por persona o personas en quien delegue.

- La Vocalía, por la persona responsable del Servicio de Enseñanzas de Régimen Especial, persona responsable del Servicio de Formación Profesional o por persona o personas en quien delegue.

Por parte, del Cabildo Insular de Tenerife:

- La Secretaría, por un representante del Área de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Acción Exterior del Cabildo de Tenerife o por persona o personas en quien delegue.

- La Vocalía, por un representante del Área de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Acción Exterior del Cabildo de Tenerife que tenga la competencia en materia de artesanía y moda o por persona o personas en quien delegue.

La Secretaría tendrá voz y voto, y sus atribuciones estarán de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Se nombrará un vocal suplente por cada parte, que sustituirá a sus representantes en la Comisión de Seguimiento en caso de ausencia, vacante, enfermedad o cuando concurra algún motivo justificativo.

Corresponde a la Comisión de Seguimiento el conocimiento de las incidencias que puedan surgir durante el periodo de vigencia del Convenio y de las circunstancias que concurran la ejecución de los compromisos adoptados, así como resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto del Convenio.

La Comisión tendrá las siguientes funciones:

• Interpretar las cláusulas del presente acuerdo.

• Dictar las instrucciones necesarias para asegurar la adecuada realización de las actuaciones del Convenio e informar a las partes de las incidencias acaecidas durante la ejecución del mismo o la propuesta razonada de su modificación.

• Velar por el buen funcionamiento de las actividades previstas.

• Velar por el estricto cumplimiento de las normas de régimen interno que imperen en las instalaciones cedidas para su uso, especialmente las referidas a seguridad e higiene.

• Facilitar la coordinación de las actividades formativas.

• Elaborar informes sobre el grado de cumplimiento de los objetivos del Convenio y de los compromisos asumidos por las partes firmantes del mismo.

• Adoptar acuerdos e instar a las partes a ejecutar las medidas correctoras o las acciones necesarias para el satisfactorio cumplimiento de los objetivos del Convenio.

• Establecer los mecanismos efectivos de evaluación que permitan valorar, al menos anualmente, la conveniencia de continuar con la relación pactada o, en su caso, proceder a la denuncia del convenio en los términos fijados.

• Redactar el Informe Final de Evaluación del Convenio.

Las decisiones de la Comisión se adoptarán por mayoría de votos, a tenor de lo establecido en el artículo 17.5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a fin de garantizar el adecuado equilibrio de las partes en la interpretación y cumplimiento del convenio. Las reuniones de la Comisión se llevarán a cabo a través de videoconferencia si alguno de sus miembros no pudiese asistir o se encontrasen fuera de la isla donde se desarrolle la actividad prevista.

Octava.- Régimen de modificación del Convenio.

La modificación del contenido del Convenio se llevará a cabo por acuerdo unánime de las partes, según lo establecido en el artículo 49.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Novena.- Causas de resolución del Convenio.

El presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las obligaciones que constituyen su objeto o por resolución, cuando concurra alguna de las siguientes causas:

a) El incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones convenidas apreciadas por la Comisión de Seguimiento.

En este caso, cualquiera de las partes, podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideren incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la Comisión de Seguimiento del Convenio y a las demás partes firmantes. Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que la dirigió notificará a las partes firmantes la comunicación de la causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio. La resolución del mismo por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto.

b) El transcurso del plazo de vigencia del presente Convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.

c) El acuerdo unánime de todos los firmantes.

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.

e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en las leyes.

De producirse cualquiera de las causas de resolución reseñadas en esta cláusula, a excepción de la prevista en el apartado a), cuyo régimen se señala, el Convenio se resolverá mediante acuerdo o, en su caso, mediante comunicación, por escrito razonado de cualquiera de las partes a la otra, con una antelación mínima de un mes anterior a la fecha que se proponga para dejar sin efecto el acuerdo. Asimismo, dicha comunicación se pondrá en conocimiento de la Comisión de Seguimiento.

En cualquier caso, la extinción anticipada del Convenio deberá respetar la finalización de las actividades formativas puestas en marcha durante ese curso escolar al amparo del presente Convenio, y, en especial, se tendrá en cuenta que el alumnado que estuviera cursando las enseñanzas de formación profesional pueda concluirlas garantizándose los medios necesarios para que se cumpla esta condición.

En lo no previsto en este Convenio como causa de resolución del mismo, se estará a lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Décima.- Publicidad y difusión.

Las entidades estarán obligadas al cumplimiento de las obligaciones de información y publicidad previstas en el presente Convenio y/o en la normativa de aplicación.

Las partes podrán hacer públicas las actividades realizadas en común en los medios que consideren oportunos, previo acuerdo del contenido informativo por la Comisión de Seguimiento.

La publicidad del Convenio así como las comunicaciones o documentos relativos a las actividades realizadas en su desarrollo, incluirá la referencia a la colaboración entre las partes y será respetuosa con la imagen de las partes firmantes, incluyendo los respectivos logotipos.

Decimoprimera.- Protección de datos.

Las partes firmantes se declaran conocedoras y se comprometen al cumplimiento estricto de la legislación vigente sobre protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, en especial por lo que atañe a la creación de ficheros, calidad de los datos del sistema y procedencia de su recogida, atendiendo a lo establecido en la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

De acuerdo con lo establecido en la citada Ley 3/2018, de 5 de diciembre, y en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), las partes quedan informadas y aceptan la incorporación de sus datos a los respectivos ficheros automatizados que se conservarán en los mismos, con carácter confidencial, garantizándose la licitud del tratamiento, por lo que deberán cumplirse las condiciones previstas en el artículo 6, sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento. De igual modo quedan informados de sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición, así como del “derecho al olvido” y del derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, en los términos previstos en la citada Ley, derechos que podrán ejercitar ante el responsable de los ficheros.

Por otra parte, en relación a las figuras del responsable del tratamiento como del encargado del tratamiento, se deberá tener en cuenta lo previsto en el Capítulo IV del referido Reglamento General de Protección de Datos.

Decimosegunda.- Confidencialidad.

Las partes se obligan a tratar con la máxima confidencialidad todos los datos o información que cada una de ellas le proporcione a la otra y a utilizar los datos e información que puedan intercambiarse, única y exclusivamente en el contexto de lo establecido en el presente Convenio, para el uso propio al que sea destinada y a no hacer uso distinto alguno de la misma, salvo autorización expresa por escrito de la otra parte.

Asimismo, las partes permitirán el acceso a la información únicamente a aquellos representantes y/u otras personas físicas o jurídicas que necesiten los datos para el desarrollo de tareas en las que el uso de esta información sea indispensable para la consecución de los objetivos del presente Convenio.

Decimotercera.- Naturaleza y Jurisdicción.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo previsto en los artículos 47 a 53 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como por el Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, encontrándose excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en virtud de lo establecido en su artículo 6. En todo caso, y de conformidad con el artículo 4 de la referida Ley de Contratos del Sector Público, las dudas o lagunas que en la interpretación o ejecución de este Convenio pudieran suscitarse, se resolverán aplicando los principios contenidos en dicha ley.

Las cuestiones litigiosas o controversias que pudieran surgir de la interpretación o aplicación del presente Convenio se sustanciarán ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo y conforme a sus normas de competencia y procedimiento, correspondiendo por tanto a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.g) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, las partes firman el presente Convenio electrónicamente, tomándose como fecha de formalización del presente documento la fecha del último firmante, 17 de noviembre de 2022.- Por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Manuela de Armas Rodríguez.- Por el Cabildo Insular de Tenerife, Pedro Manuel Martín Domínguez.



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