En aplicación de la legislación vigente, por la presente,
RESUELVO:
Dar publicidad, en el Boletín Oficial de Canarias, al Acuerdo de la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental de fecha 23 de septiembre de 2022, por el que se formula la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto denominado “Parque Eólico Renove II”, promovido por Ayagaures Medio Ambiente, S.L., en el término municipal de Agüimes, Gran Canaria (Exp. 2021/41874).
Santa Cruz de Tenerife, a 29 de septiembre de 2022.- El Viceconsejero de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica, Miguel Ángel Pérez Hernández.
ANEXO
La Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental, en sesión celebrada el día 23 de septiembre de 2022, adoptó, por unanimidad, entre otros, el siguiente Acuerdo:
ANTECEDENTES
1. Con fecha de 7 de octubre de 2021, tuvo entrada con nº registro: TELP 128832021, escrito del Servicio de Combustibles y Energías Renovables de la Dirección General de Energía relativo a la remisión de la solicitud de inicio de la Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, junto con la Memoria del Proyecto, el Estudio de impacto ambiental y el resultado de la Información Pública y consultas a las administraciones públicas afectadas y personas interesadas del proyecto epigrafiado. Se abre expediente nº 2021/41874.
2. Conforme a lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se realizó un análisis formal del expediente, advirtiéndose que este no estaba completo; consecuentemente, la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente dirigió a la Dirección General de Energía (registro interno-nº registro: TELP / 2415 / 2022-Fecha: 22.2.2022) un requerimiento de subsanación de las deficiencias observadas.
3. El Servicio de Combustibles y Energías Renovables de la Dirección General de Energía dio cumplimiento a dicho requerimiento de subsanación, remitiendo copia de la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria (registro interno-nº registro: TELP / 8227 / 2022-Fecha: 9.6.2022) presentada por el promotor en el órgano sustantivo, y una copia del estudio de impacto ambiental que cumplía con los requerimientos del artículo 16 de la Ley 21/2013 (registro interno-nº registro: TELP / 8578 / 2022-Fecha: 17.6.2022).
4. Posteriormente, el Servicio de Combustibles y Energías Renovables remite (registro interno-nº Registro: TELP / 8509 / 2022-Fecha: 15.6.2022) escrito de la entidad Ayagaures Medio Ambiente, S.L., de 13 de junio de 2022, donde se indica que pasa a ser promotor del proyecto, conforme al contrato de compra-venta de derechos del Parque Eólico Renove II suscrito con Renovertis, S.L.
5. La declaración de impacto ambiental del proyecto se ha elaborado teniendo en cuenta toda la documentación que hasta la fecha ha sido remitida por la Dirección General de Energía, y que forma parte del correspondiente expediente administrativo.
Igualmente, se han tenido en cuenta los informes emitidos por diversas administraciones públicas e instituciones, así como los correspondientes informes de las unidades administrativas de la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente.
6. En cuanto al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 11/2019, de 13 de mayo, de Patrimonio Cultural de Canarias, se recabó el informe preceptivo y determinante del Cabildo de Gran Canaria, en relación con las actuaciones del proyecto.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
I. El artículo 9.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece que “los planes y los programas incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley deberán someterse a una evaluación ambiental antes de su adopción o aprobación. Asimismo, los proyectos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente, en virtud, entre otras cosas, de su naturaleza, dimensiones o localización, deberán someterse a una evaluación ambiental antes de su autorización, o bien, si procede, en el caso de proyectos, antes de la presentación de una declaración responsable o de una comunicación previa a las que se refiere el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”. En este sentido, señala el mismo precepto que “Carecerán de validez los actos de adopción, aprobación o autorización de los planes, programas y proyectos que, estando incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley no se hayan sometido a evaluación ambiental, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, puedan corresponder”.
El proyecto al que se refiere la presente propuesta, se encuentra comprendido en el Anexo I, Grupo 3 apartado i): “Instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción de energía (parques eólicos) que tengan 50 o más aerogeneradores, o que tengan más de 30 MW o que se encuentren a menos de 2 km de otro parque eólico en funcionamiento, en construcción, con autorización administrativa o con declaración de impacto ambiental”. Por tanto, el proyecto debe someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, en virtud de lo previsto en el artículo 7.1 de la norma estatal, que establece en su letra a) que serán objeto de dicha técnica ambiental preventiva los proyectos comprendidos en el mencionado Anexo I.
Asimismo, de conformidad con el artículo 41.2 de la misma Ley de evaluación ambiental, “la declaración de impacto ambiental tendrá la naturaleza de informe preceptivo y determinante, que concluirá sobre los efectos significativos del proyecto en el medio ambiente y, en su caso, establecerá las condiciones en las que puede desarrollarse para la adecuada protección de los factores enumerados en el artículo 35.1.c) durante la ejecución y la explotación y, en su caso, el cese, el desmantelamiento o demolición del proyecto, así como, en su caso, las medidas preventivas, correctoras y compensatorias...”, fijando a continuación su contenido mínimo.
Finalmente, respecto a la vigencia de la declaración de impacto ambiental, esta finalizará en el plazo de cuatro años, que deberá contarse a partir de la publicación de aquella en el Boletín Oficial de Canarias, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43.1 de la reiterada disposición de carácter general.
II. En cuanto a la competencia, la disposición adicional primera de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, establece en el primer párrafo de su apartado 4, que “A los efectos de la presente ley, el órgano ambiental será el que designe la administración competente para autorizar o aprobar el proyecto, debiendo garantizarse la debida separación funcional y orgánica respecto del órgano sustantivo en los términos previstos en la legislación estatal básica”.
En el presente supuesto, al tratarse de un proyecto cuya autorización compete a un órgano de la Administración Autonómica, como es la Dirección General de Energía, procede aplicar el artículo 11 del Decreto 13/2019, de 25 de febrero, por el que se crea el Órgano Colegiado de Evaluación Ambiental e Informe Único de Canarias, y se aprueba su Reglamento de Organización y Funcionamiento, según el cual “La Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental actuará como órgano ambiental en relación con los planes, programas y proyectos de competencia de la Administración Autonómica, así como los casos en que, previo convenio, desempeñe esa función respecto de planes, programas o proyectos de competencia insular o municipal”.
Asimismo, corresponde a la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica, por delegación de la referida Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental mediante Acuerdo de 21 de julio de 2021 (BOC nº 158, de 2.8.2021), realizar los trámites de inicio, ordenación e instrucción de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de proyectos, en sus modalidades ordinaria y simplificada, según dispone el apartado segundo, número 2, del citado acuerdo.
Por otro lado, de acuerdo con lo previsto en el apartado b), del artículo 12, del mismo reglamento de organización y funcionamiento, para los asuntos que deba tratar la citada comisión será formulada propuesta por la Viceconsejería a la que esté adscrito el Servicio competente en materia de declaraciones e informes de impacto ambiental de proyectos. De esta forma, al estar el Servicio de Impacto Ambiental adscrito a la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente, y al depender a su vez dicho centro directivo de la propia Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica, conforme a la estructura departamental que dibuja el artículo 11.2 del Decreto 203/2019, de 1 de agosto, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, resulta también competente esta Viceconsejería para formular la propuesta de declaración de impacto ambiental.
En este sentido, el artículo 17 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, aprobado por Decreto 54/2021, de 27 de mayo, atribuye a esta Viceconsejería la función de la función de proponer a la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental la emisión de las declaraciones e informe de impacto ambiental de proyectos en los términos previstos en la legislación aplicable.
Por su parte, la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente, en el ejercicio de las atribuciones genéricas conferidas por el artículo 19.1 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los departamentos de la Administración autonómica, se estima competente para proponer la formulación de la presente propuesta a la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica. En el mismo sentido, el artículo 34.1 del citado reglamento orgánico departamental, atribuye a esta misma dirección general la función de Realizar el análisis técnico y jurídico de los expedientes de evaluación de impacto ambiental de proyectos.
En su virtud, la Comisión Autonómica de Informe Único acordó:
Primero.- Formular la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto denominado “Parque Eólico Renove II”, promovido por Ayagaures Medio Ambiente, S.L., en el término municipal de Agüimes, isla de Gran Canaria, determinando que a los efectos ambientales procede su realización, con el siguiente contenido:
Identificación del promotor del proyecto, del órgano sustantivo y descripción del proyecto.
El proyecto presentado para su evaluación ambiental se denomina “Parque Eólico Renove II” y está promovido por la entidad Ayagaures Medio Ambiente, S. L. en el término municipal de Agüimes, Gran Canaria. La autora de la memoria técnica del proyecto es
Dña. Sheila Mayor Navarro (Ingeniera Industrial; nº colegiada 2167). Las autoras del estudio de impacto ambiental son Dña. Cristina Pérez Gómez (Licenciada en Ciencias del Mar; nº colegiada 19175-L) y Dña. M.ª Carmen Morales Rubio (Licenciada en Biología; nº colegiada 17805-L) de la empresa PRESTA Servicios Ambientales, S.L.
El órgano sustantivo actuante es la Dirección General de Energía de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias.
El proyecto consiste en la instalación de un parque eólico de 1,8 MW, conformado por un solo aerogenerador de tres palas, marca ENERCON y modelo E-82, de 2,3 MW de potencia limitado a 1,8 MW. El diámetro del rotor es de 82 metros y la altura de buje de 98,91 m (139,91 m de altura total). El aerogenerador se instalará sobre un base circular de hormigón (222 m2) y se conectará con el centro de entrega y medida mediante una línea eléctrica de 2,39 km de longitud y un tramo de 20 m de longitud desde dicho centro (edificio prefabricado de 67,2 m2) hasta el punto de conexión (línea MT ubicada entre el centro C103700 CDT-PGARINAGA (SECTORP2) y el apoyo A108315 de la línea MT ARINAGA perteneciente a la Set Carrizal. Todas la líneas irán por una canalización subterránea (ancho: 0,7 m; profundidad: 0,9 m) y discurren por el viario existente. La plataforma de montaje tendrá una superficie de 1.500 m² (dimensiones mínimas: 40 x 23 m²; zona de ocupación temporal: 600 m²).
El proyecto contempla la instalación durante al menos un año de de una torre anemométrica, arriostrada con cables de acero de 8 mm. La altura de la misma no se especifica en el proyecto pero según los planos supera los 70 metros.
El acceso al parque eólico se realiza a partir de la GC-100 y la GC-191 y luego por pistas existentes que discurren entre áreas de cultivo que requerirán actuaciones de adecuación de los radios de giro.
Trámite de información pública y de consultas a la administraciones afectadas y personas interesadas.
La Dirección General de Energía realizó el trámite de información pública de la solicitud de autorización administrativa y la evaluación de impacto ambiental, y su anuncio fue publicado en el BOC nº 91, de 5.5.2021. Paralelamente, dirigió consultas a las administraciones afectadas y personas interesadas.
Durante los trámites de información pública y de consultas a las administraciones públicas afectadas y personas interesadas han habido un total de trece informes, de los cuales cinco han hecho referencia a aspectos ambientales, tres a aspectos territoriales y el resto a conflictos de intereses o aspectos técnicos sectoriales.
A modo de resumen, los argumentos esenciales de los informes o las alegaciones recibidas que hacen referencia a aspectos ambientales o territoriales son los siguientes:
Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria.
Informa favorablemente las medidas preventivas de carácter general del documento denominado “Evaluación patrimonial de las infraestructuras asociadas al Proyecto: Parque Eólico Renove II. Municipio de Agüimes. Gran Canaria” realizado por la entidad Tibicena Arqueología y Patrimonio y anexado al estudio de impacto ambiental. Asimismo, establece las siguientes condiciones: a) El inicio de las obras deberá comunicarse previamente y por escrito a este Servicio de Patrimonio Histórico, con indicación de la persona o empresa responsable de los trabajos de control arqueológico; b) Deberá informarse a los responsables de la obra de la existencia de los elementos afectados por estas medidas y las precauciones que en su caso deben adoptarse en el curso de los trabajos previstos;
c) Deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en la vigente ley de patrimonio cultural de Canarias relativo a los hallazgos casuales; d) Ninguna infraestructura, depósito, área de acopio de materiales, aparcamiento, apertura o acondicionamiento de pistas, obras complementarias, áreas de tránsito o estacionamiento de maquinarias o personas, y se encuentren o no en el proyecto original, podrá suponer afección alguna a bienes del patrimonio histórico; e) El control arqueológico será permanente y a pie de obra, siempre conforme a lo que, para este tipo de intervenciones arqueológicas, dispone la Ley canaria de Patrimonio Cultural.
Dirección General de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias.
Informa favorablemente desde el marco de sus competencias. Señala que el proyecto no va a producir afección a la Red de Carreteras de Interés Regional ni a sus zonas de protección.
Edistribución Redes Digitales, S.L.U.
Emite informe negativo porque el proyecto contempla redes de distribución y no dispone de visado de conformidad y calidad y, en consecuencia, deberá subsanarse este punto previo al inicio del trámite de Autorización Administrativa. En un anexo incorpora las cuestiones básicas, todas de carácter técnico-sectorial, que deberá tener en consideración el proyecto con visado de conformidad y calidad que deberá ser remitido a esta empresa para poder pronunciarse definitivamente sobre el mismo.
Servicio de Planeamiento del Cabildo de Gran Canaria.
El Proyecto se encuentra afectado por la Zona Bb1.1 del PIO-GC definida como “de muy alto valor agrario por su alto valor productivo actual y potencial”. La finalidad de la ordenación de la Zona Bb1.1 será la protección y la potenciación de las zonas agrarias más productivas de la isla que se encuadran en la misma, preservándolas de los procesos de urbanización, así como de otros usos que no sean compatibles con la actividad agrícola. Según el régimen general de usos del Plan insular de Ordenación (PIO), los parques eólicos se encuadrarían en el uso Energía, uso que no está prohibido, aunque sí condicionado al mantenimiento de la actual condición agraria de las Zonas Bb1.1 en las que con carácter general deberá mantenerse su actual condición agraria. Otros usos compatibles que pudieran implantarse deberán hacerlo siempre que no supongan una alteración significativa de cada una de las piezas territoriales que conforman esta Zona delimitadas en este Plan. De acuerdo con el Régimen Específico de Usos, los parques eólicos resultan instalaciones compatibles con la Zona Bb1.1, con los máximos niveles de alcance y de intensidad, 5 y 3 respectivamente, siempre que se encuentren dentro de las zonas eólicas establecidas por el plan insular. Por tanto, los parques de energías eólicas son instalaciones que no se encuentran prohibidas en la Zona Bb1.1, ni por la zonificación, ni por el régimen de usos -global y específico- del PIO-GC. La línea de evacuación tiene su paso hasta su conexión en el centro PGN.ARINAGA por las zonas Bb1.1, Bb3 y D.3, de acuerdo con el Plan Insular en vigor. Las actuaciones para las líneas de distribución están permitidas con los máximos niveles de alcance -5- y de intensidad -3-. El parque eólico se encuentra afectado por la Reserva Agraria Estratégica (RAE-17 Las Rosas-Agüimes) delimitada por el Plan Territorial Especial Agropecuario (PTE-09). La instalación del parque de energía fotovoltaica Gran Canaria I no estaría prohibido por la regulación de la Reserva Agraria Estratégica RAE-17, de acuerdo con el contenido de compatibilidad entre actividades agrarias y las infraestructuras de energías renovables de su artículo 16, así como con la definición y condiciones para la regulación de dichas Reservas Agrarias Estratégicas contenidos en los artículos 26, 27 y 28 de dicho Plan Territorial. El Plan Territorial Especial del Paisaje de Gran Canaria (PTE-05) abarca las acciones de protección, gestión y ordenación de los paisajes en la isla de Gran Canaria y tiene como objetivo establecer medidas para su protección y una programación de actuaciones priorizadas en función de los objetivos previstos, con objeto de lograr una mejora paisajística de la isla en todos los sentidos. Una vez analizadas las posibles incidencias del parque Renove II, no constan actuaciones estructurantes derivadas de este Plan territorial que afecten al parque eólico y que al margen de los aspectos que habrán de considerarse desde el proyecto, el PTE-5 no prohíbe su implantación.
Concluye señalando que el proyecto no se encuentra prohibido por el planeamiento insular resultando compatible siempre que se mantenga la actual condición agraria de la Zona Bb1.1 en la que se instala.
Consejería de Política Territorial y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria.
Emite informe técnico referido a los aspectos ambientales a que hace referencial el artículo 37 de la Ley de evaluación ambiental, y manifiesta que la información remitida por el órgano sustantivo es la establecida por dicho artículo 47. Considera que la modalidad de evaluación de impacto ambiental ordinaria es la adecuada según las características del proyecto y que el estudio de impacto ambiental cumple estrictamente con el contenido obligatorio. Comenta y valora favorablemente algunos aspectos del estudio de impacto ambiental relativos a análisis de los efectos sinérgicos y acumulativos, análisis de las alternativas, incidencia sobre el patrimonio histórico o afección a los recursos naturales. En definitiva considera que no se prevé que el proyecto vaya a suponer un impacto significativo cuantificables ni notorio, ni que los efectos sobre el medio a escala insular sean significativos.
Ayuntamiento de Agüimes.
El proyecto afecta a suelo rústico de protección agraria intensiva (SRPA), suelo urbanizable sectorizado ordenado (SUCO) y suelo urbano consolidado residencial (SUC) establecidos en el Plan General de Ordenación (PGO). Según el PIO, afecta a zona Bb1.1 (donde el aerogenerador y la línea de evacuación son usos permitidos), y zona Bb3 (afectado por la línea de evacuación que es un uso permitido). En el ámbito del SRPA, la instalación de aerogeneradores es un uso permitido o autorizable, según las condiciones establecidas en el PGO-A. En el SUC la línea de evacuación es un uso compatible. Sin embargo, las actuaciones en el ámbito SUCO (línea eléctrica subterránea) es informado desfavorablemente porque no se cumple con el artículo 32 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias: a) La línea de evacuación no es una obra provisional sino una parte del parque eólico supeditado a la vida útil del mismo y, además, se trata de una infraestructura cuyo desmantelamiento no es fácil, es costosa y requiere de un plazo de duración considerable; b) El PGO, ordenación pormenorizada que afecta al suelo, se encuentra definitivamente aprobado y la instalación de una línea eléctrica de esta envergadura dificulta la ejecución de las obras de urbanización; y c) El trazado de la línea eléctrica subterránea afecta al mantenimiento y conservación de la redes de suministro de agua, en una zona donde ya existen otras líneas y donde ya se han producido alteraciones en la continuidad del suministro de agua.
El promotor, en su escrito de contestación, visto que en el informe del ayuntamiento se informa desfavorablemente el trazado de la línea de evacuación eléctrica por SUCO, modifica el trazado de la misma evitando la afección al mismo, de manera que solo discurrirá por suelo rústico o por calles. Adicionalmente se cumplirá con la normativa de aplicación respecto a las distancia mínimas con otras instalaciones.
Dirección General de Salud Pública.
Menciona los efectos del proyecto sobre algunos factores ambientales. El proyecto se ubica en una zona antropizada donde existen invernaderos, instalaciones eólicas, un polígono industrial e infraestructuras viarias (GC-1), por lo que la calidad del paisaje es baja. El impacto acumulativo o sinérgico de estas instalaciones sobre este factor podrá incrementarse y suponer un empeoramiento de la calidad de vida de la población. El proyecto no aporta medidas reales de los niveles de ruido de fondo ni de su posible incremento tras la puesta en marcha, por lo que estima necesario la realización de una campaña de medición en el ámbito de Las Rosas y Cruce de Arinaga y, si resultase que cumple con la normativa, deberían realizarse campañas de medición durante la fase de funcionamiento para comprobar que los residentes no están expuestos a niveles que supongan un riesgo para la salud. Aunque no es probable que exista población afectada por el flickering de esta instalación, sugiere que se realicen las mediciones reales en las zonas residenciales cercanas para determinar que no se superen los niveles máximos de proyección por año y por día. Considera necesario conocer la percepción de la población afectada a la hora de estimar el potencial impacto sobre la calidad de vida de los vecinos y recomienda que en los instrumentos de planificación territorial se haga una reserva de suelo para los aerogeneradores con el fin de evitar futuros conflictos con los distintos vectores ambientales y con las zonas habitadas. Con los datos aportados por el promotor, se considera que no existe un incremento de la exposición a contaminantes físicos, químicos o biológicos en las poblaciones del área de influencia de la actividad.
Alegación de D. José Juan Hernández Tarajano.
Es propietario de la parcela colindante (10.000 m²) dedicada a la explotación agrícola, que está afectada por el procedimiento de expropiación forzosa. Considera que el ruido producido por el aerogenerador superaría el umbral máximo establecido por la Organización Mundial de la Salud y por el artículo 29 del Decreto 9/2015, de 30 de enero, por el que se aprueba el Reglamento que regula la instalación y explotación de los Parques Eólicos en Canarias, por lo que la zona pasaría a ser un lugar insufrible y nocivo para la salud. Menciona que la parcela está categorizada como SRPA en el PGO y por zona Bb1.1 en el PIO, siendo el uso agrario el uso principal. Considera que el parque eólico va en contra del planeamiento insular y municipal porque el 100% de la parcela se dedicaría la producción de energía, poniendo como ejemplo una parcela cercana donde se instaló una turbina eólica. Considera que el proyecto no cumple con la finalidad de protección de las zonas Bb1.1 ni con las condiciones particulares de uso de infraestructuras de Energía establecidas por el PGO (artículo 104) porque se emplaza en zonas de alto valor productivo y porque afecta a parcelas colindantes; también limita las construcciones de edificaciones (cuarto de aperos, salas de transformación, almacenes, etc.) y la superficie agrícola debido a la expropiación. Además señala la imposibilidad de una instalación de iguales características en su parcela debido a las distancias mínimas entre aerogeneradores establecidas por la normativa (igual o superior a dos diámetros de rotor), lo que supone una limitación de un derecho. El proyecto también implica una importante pérdida de valor de su finca. Por tanto, solicita que no se autorice el proyecto y que se anule el procedimiento de expropiación forzosa por lesionar sus derechos o que se valores las indemnizaciones correspondientes por daños y perjuicios.
El promotor contesta señalando la referencia catastral colindante al oeste (64.803 m2), sobre la cual el vuelo del aerogenerador afecta a 534,69 m². En el registro de la propiedad no figura el alegante como propietario de dicha parcela, que aparece en investigación; según los cálculos realizados por los técnicos especializados referidos a la aportación de ruido y que consta en el expediente, la instalación del aerogenerador en las explotaciones ganaderas más cercanas no supone un incremento significativo sobre el ruido. En los escenarios de más bajo fondo no se superan los 50 dB (A), estando el aerogenerador a más de 400 metros de las viviendas. Cita la conclusión del informe del Servicio de Planeamiento del Cabildo de Gran Canaria, remarcando la parte donde dice “No se prevé que dicho proyecto vaya a suponer un impacto significativo cuantificable, ni notorio, determinado que no se prevean efectos significativos dignos de mención sobre el medio a escala insular”; señala que la actividad no está prohibida por el PIO, siendo además compatible. Por último, sobre la limitación del derecho de instalar un proyecto similar en la parcela colindante, indica que tal derecho viene determinado por el criterio cronológico del acto administrativo de autorización.
Servicio de Planificación de Obras y Ordenación Rural de la Dirección General de Agricultura.
Señala que el proyecto se ubica en SRPA intensivo, si bien ocupa un suelo no incluido en el Mapa de Cultivos de Canarias. Pero como se puede ver en la imagen, la zona es de una gran actividad agrícola. Hace referencia a que el estudio de impacto ambiental contempla medidas preventivas contra las emisiones de polvo a pesar de que el impacto del mismo sería poco significativo. También lista las tres explotaciones ganaderas más cercanas y el hecho de que la línea de evacuación cruza con la red de telemando y telecontrol de aguas depuradas de Gran Canaria, además de la existencia de otras instalaciones eólicas en funcionamiento o en fase de tramitación. El sentido del informe es de favorabilidad, condicionado a la obtención de la declaración de interés público y social.
Servicio de Biodiversidad de la Dirección General de lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente.
Considera que como no existe una planificación sectorial y territorial para la implantación de la industria energética ni estudios científicos específicos, no se puede conocer el efecto global y acumulativo, las sinergias y las repercusiones de la implantación de la energía eólica sobre la biodiversidad. Y esto obliga a considerar el principio precautorio y de incertidumbre que establece la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en relación al desarrollo sostenible. Señala que según el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias (BIOTA) se ha registrado la presencia de al menos la terrera marismeña (Alaudala rufescens = Calandrella rufescens), especie protegida incluida en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial. También indica la importancia del entorno para el alcaraván (Burhinus oedicnemus distinctus) especie catalogada como vulnerable, cuyo hábitat en Gran Canaria se ha visto reducido y fragmentado significativamente en las últimas décadas debido a la progresiva implantación de infraestructuras en el territorio y reducida su población, actualmente estimada en 2.400 individuos. Este efecto debe analizarse en el marco de los diferentes usos presente y futuros, en una zona especialmente saturada de este tipo de proyectos. El estudio de impacto ambiental no adjunta un estudio de campo específico del entorno, que incluya la relación del proyecto con los alcaravanes y otras aves prioritarias en función de sus territorios de campeo y nidificación. Estudio que debe abarcar al menos un ciclo anual, con un ámbito de afección correctamente definido y cuya metodología debe estar reconocida en la bibliografía científica y estar detalladamente descrita para permitir su replicación. El Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) solo queda adecuadamente definido en función de los resultados del mencionado estudio y de su correcto análisis. Por tanto, el estudio de impacto ambiental debe mejorar y subsanar la falta del mencionado estudio específico para que refleje mejor el estado de la situación de la biodiversidad en la zona y su afección por el proyecto en cuestión. Sin tener esos datos no se puede confirmar que sea viable la ejecución del proyecto. También debe incluir la instalación de un sistema de monitorización de la avifauna para reducir el riesgo de colisión de aves, con capacidad de parar automáticamente el aerogenerador si fuera necesario, vinculado a una plataforma on-line que permita el acceso de la administración a sus datos (registros, videos, informes, etc.), y que incorpore las actualizaciones tecnológicas periódicas de perfeccionamiento de la detección, seguimiento y reducción del riesgo de colisión. Si en el estudio al que se ha hecho referencia manifestara la presencia de quirópteros, un sistema homólogo con las mismas características sería también instalado para prevenir la mortalidad por colisión de murciélagos. Además, se debe valorar la idoneidad de otras medidas como el pintado de las aspas o la colocación de adhesivos circulares lenticulares.
Deben aportarse los datos del desarrollo del programa de vigilancia ambiental, correspondiente a los censos de aves y murciélagos así como las colisiones detectadas. Para el correcto seguimiento del programa, es necesario que se cuente con personal con la cualificación adecuada para el seguimiento de aves y murciélagos. En caso de que se detectara mortalidad de aves o murciélagos amenazados en dicha instalación, se deberá interrumpir la operatividad del aerogenerador hasta que el sistema de disuasión y parada se mejore para disminuir ese riesgo. En función de los resultados del seguimiento, tanto a través de los datos del sistema tecnológico instalado, como del seguimiento “in situ” en la zona del parque eólico, se determinarán por este centro directivo las modificaciones pertinentes que sea necesario acometer en dicho parque eólico.
El promotor da respuesta a este informe remitiendo un documento denominado “Anexo Estudio de Impacto Ambiental: Parque Eólico “Renove II (1,8 MW)” (término municipal Agüimes) Estudio de la Avifauna durante un ciclo anual junio de 2022”, manifestando su conformidad con la instalación de un sistema automático de detección de aves y con la señalización con color de los extremos de las aspas.
Red Eléctrica de España, S.A.U.
Manifiesta que no se opone al proyecto porque no existen afecciones a la instalaciones de REE, pero señala que la alternativa 3 de la línea de evacuación del estudio de impacto ambiental podría afectar a: i) Línea a 220 kV D/C Sabinal-Santa Águeda 1 / Barranco Tirajana-Sabinal 2; ii) Línea a 66 kV D/C Barranco Tirajana-Carrizal / Agüimes-Aldea Blanca I; y iii) futuras líneas a 220 kV Barranco de Tirajana-Sabinal II y Barranco de Tirajana III-Sabinal.
Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.
El informe indica que el Aerogenerador no afecta a los terrenos de dominio público hidráulico, por lo que no existe inconveniente a su autorización. La línea de evacuación cruza en un punto el Barranco Hoya del Caldero, por lo que será necesario que se obtenga la correspondiente autorización administrativa, que para poder ser otorgada es necesario que la canalización tenga una profundidad mínima de 3 m y que en ningún momento las obras impliquen una sobre elevación del lecho del cauce. Todas las obras que se proyecten en el dominio público hidráulico y en sus zonas de servidumbre, tienen que estar perfectamente detalladas, con coordenadas, para su estudio.
Análisis técnico del expediente.
El parque eólico está conformado por un aerogenerador ENERCON E-82 de 2,3 MW de potencia pero que estará limitada a 1,8 MW. Está situado en la localidad de las Rosas Viejas, en el término municipal de Agüimes. Desde el punto de vista del planeamiento territorial no hay inconvenientes para la implantación del aerogenerador. Está dentro de una de las zonas eólicas definidas por el PIO, en zona Bb1.1 “de muy alto valor agrario por su alto valor productivo actual y potencial”. La instalación de aerogeneradores es un uso compatible con el PIO, con la condición de que se mantenga el actual uso agrario. No estaría prohibido por el PTE-09 y está dentro de una zona apta para la implantación del aerogeneradores (zonas E-011) del PTE-32. La implantación del aerogenerador afecta a un suelo clasificado como SRPA en el PGO, y sería un uso autorizable. El trazado de la línea eléctrica tiene un tramo que afecta a suelos clasificados como SUC (considerado un uso compatible) y otro a SUCO. El segundo es informado desfavorablemente por el ayuntamiento. El promotor para solventar los reparos del ayuntamiento plantea una modificación de la canalización de la línea trazándola por viales en suelo clasificado como SUC, donde es compatible.
Según el Plan Territorial del Paisaje (PTE-05), el proyecto está situado en el extremo sur-occidental de la unidad ambiental de paisaje UAP 46, que está muy antropizada (80%), con una baja calidad visual. Dentro de ella, el proyecto ocupa un paisaje antropizado rural, que está afectado fundamentalmente por la masa edificatoria. A esta situación hay que añadir la presencia de 4 aerogeneradores, el más cercano a unos 170 metros. En relación con la implantación de energías renovables, el artículo 14 indica que se evitará en la medida de lo posible la instalación de turbinas eólicas en situaciones que tengan como fondo escénico el cielo o el mar y el artículo 61 remite a las determinaciones del PIO (uso compatible en este caso) y, del PTE-32, que delimita la zona como apta para la implantación de parques eólicos.
La compatibilidad con el PIO está condicionada al mantenimiento de las capacidades agrícolas. Esta condición, señalada en el informe del Servicio de Planeamiento del Cabildo de Gran Canaria, parece cumplirse, ya que ninguna acción del proyecto afecta a parcelas actualmente destinadas al cultivo, aspecto reseñado por la Dirección General de Agricultura, quien además recuerda que el proyecto requiere la obtención del interés público y social. La parcela donde se ubica el proyecto tiene una superficie de 9.844 m² según la ficha catastral. En su interior solo hay 5 subparcelas destinadas al cultivo, que en el mapa de Cultivos de Canarias (https://grafcan.es/JmNiLT) están destinadas al cultivo de aloe (9,5%), invernadero en barbecho (12%) y en abandono prolongado (2,1%). El resto de la parcela (75,4%) está desocupada, ocupada con construcciones o con material de construcción y maquinaria. La plataforma de montaje y la cimentación del aerogenerador ocuparán 1530 m² de la zona desocupada, un 16% de la superficie total de la parcela. Por tanto, no se produce disminución de la capacidad agrícola actual de la parcela.
En relación con los potenciales impactos sobre el patrimonio histórico y cultural, el estudio de impacto ambiental incluye un documento específico en el que se evalúan los potenciales efectos sobre los posibles bienes patrimoniales. Las consideraciones incluidas en el mismo y las medidas preventivas planteadas fueron favorablemente informadas por la administración competente, aunque enuncia una serie de condiciones que se han de cumplir: a) El inicio de las obras deberá comunicarse previamente y por escrito a este Servicio de Patrimonio Histórico (del Cabildo de Gran Canaria), con indicación de la persona o empresa responsable de los trabajos de control arqueológico; b) Deberá informarse a los responsables de la obra de la existencia de los elementos afectados por estas medidas y las precauciones que en su caso deben adoptarse en el curso de los trabajos previstos; c) Deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en la vigente ley de patrimonio cultural de Canarias relativo a los hallazgos casuales; d) Ninguna infraestructura, depósito, área de acopio de materiales, aparcamiento, apertura o acondicionamiento de pistas, obras complementarias, áreas de tránsito o estacionamiento de maquinarias o personas, y se encuentren o no en el proyecto original, podrá suponer afección alguna a bienes del patrimonio histórico; e) El control arqueológico será permanente y a pie de obra, siempre conforme a lo que, para este tipo de intervenciones arqueológicas, dispone la Ley canaria de Patrimonio Cultural.
La afección a los terrenos del dominio público hidráulico fue valorada por el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, quien señala en su informe que el trazado de la línea eléctrica subterránea cruza el Barranco Hoya del Caldero y que por tanto, es necesario que la canalización tenga una profundidad mínima de 3 m y que en ningún momento las obras impliquen una sobre elevación del lecho del cauce.
El lugar de emplazamiento del aerogenerador no se encuentra dentro de los límites de ninguno de los espacios incluidos en la Red de Espacios Protegidos de Canarias, en la Red Natura 2000, ni en áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. No obstante, el espacio protegido más cercano es el Paisaje Protegido Montaña de Agüimes (C-28) cuyo límite se encuentra a unos 300 metros al oeste.
Durante la fase operativa del parque eólico, podrían generarse molestias debido a la emisión de ruido y a molestias generadas por el efecto de parpadeo que producen las palas de los aerogeneradores cuando durante su rotación interceptan los rayos del sol. En el primer caso, el estudio de impacto estima que no se produciría un incremento significativo de los valores de inmisión sobre la base de cálculo teóricos. No obstante, para verificar que no se van a superar los umbrales de ruido establecidos por la normativa, el estudio de impacto ambiental prevé realizar una medición de ruidos durante el primer año de funcionamiento del parque en los puntos más próximos al parque (en La Goleta), señalando que adoptarán medidas correctoras adicionales en el caso de superarse los niveles límite que pudieran estar relacionadas con el funcionamiento del parque eólico. Sin embargo, en el Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) se señala que se realizarán mediciones para determinar el nivel de generación de ruido y comprobar el cumplimiento de la legislación vigente, en caso de quejas, una vez puesto en marcha el parque. Esto debe corregirse de manera que quede claro que las mediciones se tienen que realizar independientemente de la existencia de quejas de la población sobre el nivel de ruido.
En relación con el efecto parpadeo, el estudio de impacto ambiental señala que según información aportada por los fabricantes de aerogeneradores la afección de las sombras en Canarias no superan los 30 minutos al día ni las 3 horas al año. Por tanto y en base a la información disponible se considera que el efecto negativo sobre la población (principalmente los residentes de Las Rosas y del Cruce de Arinaga) es compatible. No se realiza un análisis mediante simulaciones para comprobar si las viviendas más cercanas se pueden ver afectadas por dicho efecto, aspecto señalado por la Dirección General de Salud Pública. Teniendo en cuenta que existen algunas viviendas a una distancia inferior a 10 veces el diámetro del rotor, umbral a partir del cual no es previsible que el efecto parpadeo tenga incidencia, conviene analizar este efecto conjuntamente con el producido por otros parques eólicos, identificando las zonas donde la proyección de la sombra del rotor supera los 30 minutos diarios o las 30 horas anuales. Estos umbrales, si bien están recogidos en la normativa de otros países europeos, no lo están en la normativa española, por lo que en el caso de que se produzcan molestias a la población, deberían habilitarse las medidas necesarias, incluyendo entre ellas la parada temporal del aerogenerador.
Las molestias sobre las aves durante la construcción y el funcionamiento de parque eólico y el riesgo de colisión con las aspas del aerogenerador es un impacto considerado por el estudio de impacto ambiental bajo la consideración de que el riesgo de colisión de aves es proporcional al interés ornitológico de la zona. El lugar seleccionado para las instalación del parque eólico no está declarado como tal. Se localiza fuera de la red de ZEPA, IBA o de las áreas prioritaria declaradas por la Orden de 15 de mayo de 2015, por la que se delimitan las áreas prioritarias de reproducción, de alimentación, de dispersión y de concentración de las especies de la avifauna amenazada en la Comunidad Autónoma de Canarias, a los efectos de aplicación del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. No obstante, dicha circunstancia no implica que el proyecto no pueda tener un impacto sobre las aves, el cual puede ser significativo si incide sobre especies amenazadas.
El impacto sobre la aves es valorado por el estudio de impacto ambiental como negativo pero moderado. Y las medidas preventivas y correctoras diseñadas para minimizar este impacto se centran en: eliminación de cadáveres para no atraer aves carroñeras; seguimiento de la colisión de aves los dos primeros años; realizar un estudio de avifauna para comparar la existencia de cambios en la distribución, según los resultados del Plan de Vigilancia Ambiental; y plantear medidas anticolisión (en función de los resultados obtenidos durante el seguimiento de avifauna). Todo esto sobre la base de la información previa volcada en el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias y en la obtenida mediante transectos realizados en el mes de octubre de 2020. Pero se obvian detalles metodológicos necesarios para poder evaluar la precisión de los resultados obtenidos, que por otra parte se limitan a meras observaciones de las especies registradas, el día y el rango horario de la observación. Tampoco se facilitan estimas de la abundancia ni de la distribución espacial. Estas deficiencias fueron puestas de manifiesto en el informe del Servicio de Biodiversidad, que hace hincapié en la necesidad de realizar un estudio específico, que abarque un ciclo anual y que detalle los aspectos metodológicos. Señala a este respecto que solo se puede hacer una correcta valoración de los impactos sobre la avifauna y un adecuado planteamiento de la medidas preventivas, correctoras o compensatorias a partir de una caracterización de la comunidad de aves adecuada.
Los resultados del trabajo de campo (3 días del mes de octubre) del estudio de impacto ambiental señalan la presencia de 10 especies de aves de las cuales solo 5 están incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE; Real Decreto 139/2011, BOE nº 46, de 23 de febrero de 2011). Sin embargo, en el documento “Estudio de la Avifauna durante un ciclo anual” presentado por el promotor para subsanar las deficiencias señaladas respecto a la caracterización de la avifauna, se registra la presencia de 24 especies, de las cuales una (Burhinus oedicnemus distinctus) está incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas en la categoría vulnerable y otra (Falco pelegrinoides) como especie en peligro de extinción, y del resto, 13 están en el LESPRE.
El grado de antropización del lugar, por la presencia fundamentalmente de parcelas de cultivo y explotaciones ganaderas, no impide que determinadas especies encuentren en ella recursos tróficos o que las aves realicen desplazamientos de una zonas a otras. La especie más abundante registrada en los censos realizados es la paloma bravía (Columba livia), probablemente favorecida por la presencia de 20 explotaciones ganaderas en un radio de
2 km que albergan una media por explotación de 60 animales (9 de ellas tienen más de
100 cabezas). Esto favorece la presencia en la zona de halcón tagarote (Falco pelegrinoides) que se alimenta fundamentalmente de palomas. De hecho, en los datos recabados en el marco del seguimiento de la mortalidad de aves por colisión con aerogeneradores realizado por el Gobierno de Canarias, se observa correlación espacial ente las muertes de halcón tagarote y las de paloma bravía (Columba livia) registradas y la presencia de explotaciones ganaderas. Un mecanismo similar se puede observar en especies como el alcaraván (Burhinus oedicnemus distinctus) o en garzas y garcetas (especies incluidas en el LESPRE), que realizan frecuentes desplazamientos entre zonas de reproducción o descanso y zonas de alimentación, encontrándose entre ellas las explotaciones ganaderas, donde encuentran recursos alimenticios.
Por tanto, el riesgo de colisión en la zona se incrementa al aumentar la presencia de aerogeneradores, y por la instalación de una torre anemométrica sujeta mediante arriostrado con cables de acero, en una zona donde se registra la presencia de especies protegidas, entre ellas algunas amenazadas (halcón tagarote y alcaraván). Por consiguiente, es necesario que el proyecto considere un sistema autosoportado para la torre anemométrica y que contemple la instalación de un sistema automático de detección de aves que cumpla con las características indicadas en el informe del Servicio de Biodiversidad, medida sobre la cual el promotor ha manifestado su conformidad (Entrada-nº general: 1014086 / 2022-nº registro: TELP / 51568 / 2022 entrada-nº general: 1014086 / 2022-nº Registro: RGE / 300467 / 2022 Fecha: 9.6.2022). Todo ello independientemente de que se realice el seguimiento de la mortalidad por colisión de aves, que debe realizarse durante toda la vida operativa del parque eólico y que debe extenderse para el caso de los murciélagos, sobre los cuales no se ha presentado ningún estudio específico.
De acuerdo con el presente análisis técnico, debe concluirse que procede a los solos efectos ambientales la realización del proyecto, condicionado al cumplimiento de una serie de condicionantes que se recogen en el siguiente apartado.
Condicionantes.
A la vista de las consideraciones recogidas en el apartado precedente de análisis técnico, deben establecerse los siguientes condicionantes, de manera que se minimicen los posibles efectos negativos de la actuación proyectada y que esta sea viable a los efectos ambientales. Todo ello sin perjuicio de que, tras los resultados del Programa de Vigilancia Ambiental, la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental pueda acordar, a propuesta de la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica, nuevos condicionantes o modificaciones de los establecidos en el presente apartado:
La presente Declaración de Impacto Ambiental se emite, exclusivamente, para las obras, actuaciones y actividades recogidas en el proyecto técnico y que han sido evaluadas en el estudio de impacto ambiental y en la documentación adicional del proyecto. Cualquier modificación del proyecto evaluado o de las medidas establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental deberá remitirse a la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente, la cual emitirá un informe sobre dicha modificación, en virtud de lo establecido en la legislación vigente en materia de evaluación ambiental.
Deberán adoptarse todas aquellas determinaciones y medidas protectoras, correctoras y compensatorias propuestas en el proyecto técnico y en el estudio de impacto ambiental que garanticen la viabilidad ambiental del proyecto, siempre y cuando no vayan en contra de lo dispuesto en este apartado de condicionantes.
El tramo de la línea de evacuación que cruza el Barranco Hoya del Caldero se realizará atendiendo a las condiciones establecidas por el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, en relación con la profundidad mínima (3 m) y sin que en ningún caso las obras impliquen una sobre elevación del lecho del cauce.
Se debe retirar todo tipo de residuos (escombros, maderas, restos de plásticos, armazones de los invernaderos abandonados, alambres, etc.) del ámbito del proyecto, independientemente de que hayan sido generados por las obras o de que estuvieran en la zona previamente. Para ello, se clasificarán in situ todos los residuos a retirar según su naturaleza y se cuantificarán las cantidades de cada tipo, identificándose por su código según la Lista Europea de Residuos (código LER). Cada tipo residuo será gestionado, conforme a su normativa específica, a través de gestor autorizado de residuos, debiendo acreditarse documentalmente su adecuada gestión y destino final, priorizándose siempre la valorización frente a la eliminación.
Se realizará el seguimiento de las colisiones de aves y quirópteros durante toda la vida operativa del parque eólico mediante la búsqueda de cadáveres o restos, siguiendo transectos lineales o concéntricos, con una separación máxima entre ellos de 5 metros, y que será realizado por personal cualificado y registrados con un dispositivo GPS.
El seguimiento de colisiones se realizará alrededor del aerogenerador, en una superficie de 90 m de radio, prospectándose las cubiertas de los invernaderos o de cualquier estructura u objeto que exista dentro de dicha superficie.
Se registrarán los datos básicos de cada jornada de seguimiento de colisiones, incluyendo las coordenadas de cada uno de los aerogeneradores y sus características básicas (dimensiones, orientación del rotor, etc.), la hora de inicio y finalización y la longitud real recorrida durante la búsqueda.
De los cadáveres o restos encontrados se registrará la especie, el sexo, la edad (según el código de EURING), su posición geográfica (coordenadas UTM), tiempo aproximado de la muerte y, con suficiente resolución, fotografías generales y de detalle de cada ejemplar accidentado. Si los ejemplares accidentados portaran anillas o cualquier otro dispositivo de marcaje (bandas alares, cintas, geolocalizadores o sistemas GPS, etc.) se fotografiarán y se anotarán todos los datos relativos a las mismas: inscripción completa, colores, disposición relativa de las mismas con respecto a las patas y a otras anillas que portara el ave, etc.
En el cálculo de la tasa real de mortalidad por colisión de aves y quirópteros, se utilizarán estimas de la probabilidad de detección, la banda efectiva de prospección y la probabilidad de permanencia de los cadáveres obtenidos en un diseño experimental, de forma que se cumpla con los requisitos básicos estadísticos que permitan que dichas estimaciones y sus incertidumbres sean obtenidas con precisión.
Anualmente, antes del 30 de enero de cada año, se remitirá al órgano sustantivo y a la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente un informe con los resultados del seguimiento de las colisiones, en el cual se recoja la metodología, los resultados del seguimiento y la valoración técnica y conclusiones y se incluyan en anexos digitales los datos de campo, incluidos los tracks de GPS.
La periodicidad de los trabajos de seguimiento de las colisiones será mensual con carácter general, menos los dos primeros años que será semanal.
Las incidencias detectadas fuera de los momentos de búsqueda deben registrarse y considerarse por separado.
Para que la administración pueda configurar las actuaciones de seguimiento e inspección que considere convenientes, el inicio de los trabajos de seguimiento de las colisiones de aves y murciélagos se comunicará con antelación suficiente al Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria y a la Dirección General de lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente. En dicha comunicación se indicarán las personas encargadas de llevarlo a cabo y del cronograma del seguimiento de colisiones, el cual incluirá el rango horario de su ejecución.
También se comunicará a las mismas entidades la fecha de puesta en marcha del aerogenerador de dicho parque eólico.
Al margen de la realización de un informe anual de mortalidad y accidentes, cuando el equipo encargado del seguimiento de las colisiones, el personal responsable del parque eólico o a aquel que realice labores de mantenimiento detecte algún ejemplar accidentado, deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, especialmente en el caso de especies amenazadas, dejando el cadáver en las mismas condiciones en que se encontró, evitando su manipulación y garantizando su conservación en el lugar. La realización de dicha comunicación será puesta en conocimiento de la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.
Se instalará un sistema de detección de aves que será automático, basado en la inteligencia artificial, con capacidad para identificar las especies y registrar la posición geográfica de las aves, así como para predecir su trayectoria de vuelo en cada instante de tiempo. Dicho sistema tiene que tener la capacidad de realizar acciones disuasorias e incluso la parada automática del aerogenerador en una posible colisión. Es fundamental que sea transparente; para ello deberá estar asociado a una plataforma on line de análisis de datos que permita a la Administración acceder a los datos en bruto de los vuelos registrados, los videos grabados, las variables ambientales y de los parámetros de funcionamiento de los aerogeneradores, así como a la obtención de informes, gráficos y estadísticas.
Durante al menos un ciclo anual se realizará un estudio sobre la presencia de especies de murciélagos, su abundancia y uso del espacio en el ámbito del proyecto realizado por expertos en su ecología, siguiendo la metodología de censo específica para este grupo faunístico y teniendo muy en cuenta la influencia de las condiciones meteorológicas sobre la fiabilidad de los resultados.
Si los resultados de este estudio o los del seguimiento de la mortalidad por colisiones indicado en el condicionante 5º evidenciaran la existencia de un riesgo para las poblaciones de murciélagos, el promotor instalará en el parque eólico un sistema de detección automático de murciélagos con características similares a las descritas para las aves en el condicionante 7º.
La torre de medición prevista por el proyecto será instalada mediante un sistema de sujeción auto portante, en lugar de arriostrada, sin tensores de acero.
La protección del patrimonio cultural exige el cumplimiento de las medidas preventivas descritas en el estudio sobre el patrimonio cultural titulado “Evaluación patrimonial de las infraestructuras asociadas al Proyecto: Parque Eólico Renove II Municipio de Agüimes Gran Canaria”, elaborado por la empresa Tibicena, Arqueología y Patrimonio, fechado en noviembre, 2020.
A las medidas propuestas por el mencionado estudio, se añadirá las siguientes condiciones:
El inicio de las obras deberá comunicarse previamente y por escrito al Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria, con indicación de la persona o empresa responsable de los trabajos de control arqueológico.
Deberá informarse a los responsables de la obra de la existencia de los elementos afectados por estas medidas y de las precauciones que en su caso deben adoptarse en el curso de los trabajos previstos.
Deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en la vigente ley de patrimonio cultural de Canarias relativo a los hallazgos casuales.
Ninguna infraestructura, depósito, área de acopio de materiales, aparcamiento, apertura o acondicionamiento de pistas, obras complementarias, áreas de tránsito o estacionamiento de maquinarias o personas, se encuentren o no en el proyecto original, podrá suponer afección alguna a bienes del patrimonio histórico.
El control arqueológico será permanente y a pie de obra, siempre conforme a lo que, para este tipo de intervenciones arqueológicas, dispone la Ley canaria de Patrimonio Cultural.
El informe sobre cada una de las campañas semestrales de medición de ruido previstas por el programa de vigilancia ambiental para verificar el cumplimiento de la normativa de ruidos será remitido al Ayuntamiento de Agüimes, para que informe sobre el estudio realizado y los resultados obtenidos, en ejercicio de sus competencias locales en materia de ruido.
Se analizará la potencial afección del efecto parpadeo sobre las viviendas o lugares de trabajo, teniendo en cuenta el posible efecto de otros parques eólicos cercanos. Se identificarán las zonas donde se superen los umbrales recomendados de 30 minutos al día o 30 horas anuales y, en el caso de molestias, se procederá a elaborar un calendario de paradas del aerogenerador, con el fin de evitarlas o reducirlas.
Tras el análisis de los documentos, estudios e informes de seguimiento que deban remitirse, el órgano ambiental podrá proponer nuevos condicionantes y/o modificaciones de los establecidos en este apartado de condicionantes, a propuesta de la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica y previo informe de la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente.
Alcance de la evaluación ambiental.
La presente declaración de impacto ambiental tiene naturaleza de informe preceptivo y determinante, advirtiéndose que la evaluación ambiental realizada no comprende los ámbitos de seguridad, salud y prevención de riesgos laborales, ni los derivados de la previsiones contempladas en la normativa y/o en la planificación de carácter territorial, urbanística, ambiental o sectorial que pudieran resultar de aplicación, que poseen regulación propia e instrumentos específicos y que, por tanto, quedan fuera del alcance de la evaluación de impacto ambiental de proyectos.
En consecuencia, la formulación de esta declaración de impacto ambiental no exime en ningún caso al promotor de la obligación de obtener todas la licencias, permisos, autorizaciones o cualesquiera otros títulos habilitantes que resulten legalmente exigibles.
La presente declaración de impacto ambiental no debe entenderse en ningún caso como un pronunciamiento sobre implicaciones o evaluaciones ambientales de otros proyectos que compartan o puedan compartir alguna de sus infraestructuras.
La presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si no se hubiera comenzado su ejecución en el plazo de cuatro años, contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. A estos efectos el promotor deberá comunicar el inicio de la ejecución del proyecto a la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la Dirección General de Energía y a la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, al Cabildo de Gran Canaria, al Ayuntamiento de Agüimes, a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural y a la entidad Ayagaures Medio Ambiente, S.L.
Tercero.- Publicar la declaración de impacto ambiental como anuncio en el Boletín Oficial de Canarias y en la web de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
Contra el presente acto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa y judicial frente al acto por el que se autorice el proyecto, de conformidad con el artículo 41.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; pudiendo no obstante interponerse el que se considere más oportuno, de entenderse que se da alguno de los supuestos excepcionales establecidos en el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.- El Secretario de la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental, Ariel Martín Martín.
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