El Consejo de Gobierno Insular adoptó por unanimidad en sesión ordinaria celebrada el día 19 de septiembre de 2022, el siguiente acuerdo:
“5.- ÁREA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y PAISAJE.-
5.1. Declaración de interés público del proyecto denominado “Proyecto gestión de residuos no peligrosos procedentes de la construcción y demolición (RCD), en el paraje de Mesa del Salinero” en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana.
Examinado el expediente de referencia PL-E 20_67640 IPS, a la vista de la solicitud para el inicio de procedimiento administrativo para la declaración sobre existencia o no de prohibición en el planeamiento insular y sobre el interés público o social de la actuación denominada “Proyecto gestión de residuos no peligrosos procedentes de la construcción y demolición (RCD), en el paraje de Mesa del Salinero” sita en la parcela con número de referencia catastral 35020A009000720000EL, del término municipal de San Bartolomé de Tirajana, promovido por la entidad Satocan Islas, S.L. (CIF B35047497).
ANTECEDENTES
Se ha emitido informe jurídico por el Servicio de Planeamiento, el día 8 de julio de 2022, en el que consta lo siguiente:
Con fecha 17 de diciembre de 2020, tiene entrada en el Registro General del Cabildo (nº 67640) solicitud del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para la declaración sobre la existencia o no de prohibición en el planeamiento insular y sobre el interés público o social del “Proyecto gestión de residuos no peligrosos procedentes de la construcción y demolición (RCD), en el paraje de Mesa del Salinero”.
La anterior solicitud del referido Ayuntamiento ante este Cabildo Insular, tiene origen en la solicitud de D. D. Jaime Wolgeschaffen López, en representación de la entidad pública empresarial Satocan Islas, S.L. (CIF B35047497) presentada ante el Ayuntamiento el 14 de septiembre de 2020.
El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana acompaña a la solicitud, en soporte digital documentación en formato “pdf”.
Se adjunta, además, Informe Técnico del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana sobre el proyecto de referencia, de fecha 11 de diciembre de 2020, en donde se señala lo siguiente:
“Primero.- La instalación de una Planta de gestión de residuos no peligrosos procedentes de la construcción y demolición Mesa del Salinero se considera un uso de interés público y social tal y como establece el artículo 67 de la LSENC’17, tratándose además de un uso no previsto por el planeamiento, aunque no expresamente prohibido.
Segundo.- Por lo tanto, los usos no ordinarios ni complementarios requerirán la determinación expresa de su interés público o social con carácter previo al otorgamiento de licencia según lo previsto en el artículo 74 de la LSENC’17.
Tercero.- En el régimen jurídico del suelo rústico minero se podrá autorizar la instalación de plantas de tratamiento de residuos establecido en el artículo 67 de la LSENC’17.
Cuarto.- Al tratarse de un uso no previsto por el planeamiento urbanístico, PGOU’96, no existe la concurrencia de grado suficiente de precisión para legitimar su ejecución, por lo tanto está sometido al procedimiento previsto el artículo 79 de la LSENC’17 de declaración de interés público y social por lo que se deberá recabar del Cabildo de Gran Canaria la declaración sobre la existencia o no de prohibición en el planeamiento insular y sobre el interés público o social de la actuación, previo al otorgamiento de Licencia Municipal.
Quinto.- Los compromisos, deberes y cesiones, el pago del correspondiente canon, así como la prestación de garantía por un importe del 10% del coste total de las obras a realizar para cubrir, en su caso, los gastos que puedan derivarse de los incumplimientos o las infracciones o de las labores de restauración de los terrenos previsto en los apartados c) y d) del artículo 78 de la LSENC’17 se requerirán al promotor previo a la obtención de la licencia una vez que se declare, si procede, el interés público y social por el Cabildo de Gran Canaria de la instalación pretendida.”
Con fecha 11 de febrero de 2021, se emite informe jurídico de inicio del expediente.
Con fecha 25 de marzo de 2021, se solicita a la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, la remisión de expediente relacionado.
Con fecha 7 de mayo de 2021, se emite informe técnico en el que se contienen las siguientes conclusiones:
“A tenor de lo establecido en el presente informe de compatibilidad y a modo de conclusión, es preciso resaltar que, en aplicación del régimen de usos del PIO/GC para la Zona B.b.5, se determina que la nueva ejecución de una planta de gestión RCD en Mesa del Salinero:
- No se encuentra prohibida expresamente en el planeamiento insular.
- Resulta compatible con el planeamiento insular, siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones:
• La actividad sea declarada de interés general, que puede entenderse convalidado con el procedimiento de declaración de interés público y social que se está tramitando.
• La actividad propuesta sea compatible con la actividad en el área extractiva AE-3 Piedra Grande, en la medida en que van a compartir instalaciones, construcciones y edificaciones preexistentes para ambos usos.
• Se garantice en cualquier caso la operatividad de la actividad en el área extractiva AE-3 Piedra Grande y, en su momento, no se obstaculice ni ralentice las actuaciones de restauración ambiental ligadas al correspondiente plan de restauración de canteras.
El cumplimiento de estas condiciones deberá ser expresamente justificado durante la sustanciación del expediente para poder resolver la declaración de interés público y social.
Asimismo, por si esta actuación pudiese afectar a materias de su competencia, se propone al menos que se solicite informe al Servicio de Patrimonio Histórico y al Servicio de Residuos del Cabildo de Gran Canaria, así como a la unidad competente en materia de minas de la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias.”
Consta en el expediente certificación catastral, de fecha 12 de mayo de 2021, correspondiente a la referencia catastral 35020A009000720000EL.
Con fecha 22 de septiembre de 2021 se publica en el BOP nº 114, anuncio de la notificación en procedimiento de Trámite de Información Pública dispuesto en el artículo Previsto en los artículos 79.2 a) de la Ley 4/2017, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y artículo 29 del Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias remitido el 30 de junio de 2021.
Con fechas 11, 16 y 22 de noviembre de 2021, se notifica el Trámite de Audiencia previsto en los artículo 79.2 a) de la Ley 4/2017, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y 29 del Decreto 182/2018 de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención y Protección de la legalidad Urbanística de Canarias, a los propietarios y colindantes del suelo incluido en los proyectos objeto de declaración de interés público y social y sobre la existencia o no de prohibición en el planeamiento.
Con fecha 19 de noviembre de 2021, se solicita informe previo a la declaración de interés público o social, de conformidad con el artículo 79.2 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, a los siguientes organismos públicos:
- Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria.
- Servicio de Residuos del Cabildo de Gran Canaria.
- Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias.
Con fecha 22 de noviembre de 2021, se remite informe del Servicio de Patrimonio del Cabildo de Gran Canaria, que señala:
“Una vez comprobado, según los datos aportados, la ubicación del proyecto a realizar, a partir de las coordenadas y referencia catastral afectada, (figura 1), se constata,
tras consulta del Archivo de Inventario de este Servicio, que la situación de dicha planta, afecta a la propiedad insular conocida como “Mesa de Toledo”, inventariada con los números 855 y 1.995 del epígrafe 1 de dicho Inventario.
Así mismo, se comunica que dicha planta afecta a varios cauces de dominio público y es colindante con la carretera de interés regional GC-1.
Por ello se recomienda comunicar esta afección al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, y la colindancia al Servicio de Obras Públicas e Infraestructuras, por si tuvieran que informar sobre el alcance de este proyecto.”
El 2 de diciembre de 2021, se recibe informe del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria. El informe concluye que:
“ (…)
3. En el documento informado no se hace mención alguna a bienes del patrimonio cultural canario que se puedan ver afectados por las actuaciones previstas. Con todo, tanto la naturaleza de los trabajos descritos, como las características del espacio en el que tendrían lugar, llevan a valorar que, si las actuaciones se ajustan a lo descrito el en proyecto, la incidencia que eventualmente podrían tener sobre los bienes del patrimonio histórico insular puede calificarse de nula. En todo caso, y sin perjuicio de lo dicho, deberá tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 94 de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias.
4. En consecuencia, y siempre y cuando que las actuaciones programadas y la actividad prevista no superen los límites de la explotación minera Mesa del Salinero A-342 recogidos en el documento informado, se propone informar favorablemente a las actuaciones previstas en las condiciones recogidas en la documentación remitida desde el Servicio de Planeamiento.”
Con fecha 16 de diciembre de 2021, D. AAA. AAAA. AAAA., en representación
de D. BBB.BBBB.BBBB presenta alegaciones al expediente, indicando que no se oponen al proyecto en sí, sino que señalan recomendaciones basadas en un criterio de oportunidad y de consciencia ambiental.
Señala que “el mismo promotor de la Planta de Gestión de Residuos, promovió en el pasado un “Plan Especial para el Aprovechamiento de áridos, Ordenación y Embellecimiento del barranco de Tirajana” que posibilitaba la extracción de áridos y la restauración del mismo barranco. Señala que sin embargo la situación actual del Barranco es de explotación descontrolada de sus recursos.
Añaden que la explotación minera del Barranco de Tirajana, tal y como está contemplada en el citado Plan Especial, llevaba aparejada la mejora de la función natural del Barranco para el discurrir de las avenidas ordinarias y extraordinarias de su cuenca. Todo ello tras aprobar el deslinde del barranco, proceso que parece no estar culminado.
En definitiva, el alegante notifica que sin llegar a oponerse a la iniciativa de la Planta de Gestión en Mesa del Salinero, expresa la oportunidad que podría aprovechar el Cabildo y los propios promotores para culminar y ejecutar el Plan Especial del Barranco de Tirajana como forma de revertir el actual deterioro del Barranco”.
Con fecha 26 de enero de 2022, se solicita informe previo a la declaración de interés público o social, de conformidad con el artículo 79.2 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.
El 8 de febrero de 2022, se recibe informe de la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias. El informe concluye que:
“Esta Dirección General de Industria considera que las operaciones de valoración de RCD’s, como actividad vinculada a la actividad extractiva en la cantera Mesa del Salinero, pueden suponer un beneficio ambiental, una sinergia operacional y una alternativa positiva para la rehabilitación del espacio afectado por la actividad extractiva, y ello sin perjuicio de la revisión y adaptación del Plan de Restauración de la cantera a la citada actividad de valoración de RCD’s.”
En el expediente consta diligencia emitida el 11 de marzo de 2022 por la Jefatura de Servicio de Planeamiento, que señala:
“Diligencia para hacer constar que: el día 22 de octubre de 2021, ha finalizado el plazo de alegaciones /información pública/consultas publicado en el BOP y se ha recibido un total de:
Alegaciones: 2.
1. Servicio de Patrimonio del Cabildo, con fecha de entrada en el Servicio de Planeamiento el 22 de noviembre de 2021.
2. D. BBB. BBBB. BBBB., con fecha de entrada en el Servicio de Planeamiento el 16 de diciembre de 2021.
Administraciones consultadas con fecha de registro de salida del Cabildo 19 de noviembre de 2021 y 26 de enero de 2022:
1. Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias.
2. Servicio de Patrimonio Histórico de Cabildo.
3. Servicio de Residuos de Cabildo.
4. Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.
Administración consultada que han respondido:
1. Servicio de Patrimonio Histórico de Cabildo, contestado 2 de diciembre de 2021.
2. Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias, contestado 8 de febrero de 2022.”
Con fecha 21 de abril de 2022, se emite certificado por el Jefe del Servicio de Asuntos Generales de la Consejería de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, haciendo constar que “Que consultado el soporte informático del Registro General de la Corporación y sus desconcentrados entre las fechas 23 de septiembre de 2021 y 18 de abril de 2022, en relación a la publicación del anuncio del trámite de información pública sobre proyecto y colindantes de la solicitud de declaración sobre la existencia o no de prohibición en el planeamiento insular y sobre el interés público o social en el BOP Las Palmas nº 114, de fecha 22 de septiembre de 2021, relativo al expediente “gestión de residuos no peligrosos procedentes de la construcción y demolición (RCD), en el paraje de Mesa del Salinero”, T.M. de San Bartolomé de Tirajana, salvo error u omisión, consta la presentación de la siguiente alegación:
FECHA R. ENTRADA INTERESADO
16/12/2021 2021088257 BBB. BBBB. BBBB.”
Con fecha 16 de junio de 2022 se emite informe técnico con las siguientes conclusiones:
“Una vez cumplimentados los trámites de información pública y consulta, recibidos y valorados los informes sectoriales emitidos de aquellas Administraciones Públicas consultadas con competencias en la materia objeto de la actuación (el Servicio de Residuos del Cabildo y el Consejo Insular de Aguas no emitieron informe), de acuerdo con lo previsto en el artículo 79 de la Ley 4/2017 de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, se da por respondida a la alegación y las consultas recibidas en el sentido de las valoraciones propuestas en el apartado 6 del presente informe.
En atención a lo expuesto en el informe técnico IT-1, el presente informe técnico y la documentación que obra en el expediente, se formulan las siguientes propuestas:
1º. Dejar constancia de la comunicación del alegante D. BBB. BBBB. BBBB, sobre el posible incumplimiento de los objetivos del denominado “Plan Especial de aprovechamiento de áridos, ordenación y embellecimiento del barranco de Tirajana”, por si la existencia del citado hecho, pudiera ser objeto de consideración por el órgano competente, y señalando que, en todo caso, no está relacionado con la actuación objeto de este informe.
2º. Una vez dado cumplimiento, en su caso, al apartado anterior, se informa lo siguiente:
A) Que la instalación “planta de gestión de residuos no peligrosos procedentes de la construcción y demolición en Mesa del Salinero en San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria, promovida por la entidad mercantil Satocan Islas, S.L. no se encuentra prohibida por el planeamiento territorial insular.
B) Que la citada instalación se ajusta a los requisitos establecidos por el artículo 62 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias para poder acometer su consideración como uso, actividad o construcción de Interés Público o Social con base en las justificaciones contenidas en el presente informe y en la documentación presentada por el promotor de la iniciativa:
- Apreciar su carácter excepcional.
- Justificar su necesaria implantación en suelo rústico.
- Contribuir a la ordenación y el desarrollo rural.
- Integrase en actuaciones de interés público o social.”
Advertido error en la diligencia del Servicio de Planeamiento de fecha 11 de marzo de 2022, se emite nueva diligencia el día 11 de agosto de 2022, según la cual únicamente se ha recibido una alegación al expediente, la formulada por D. BBB. BBBB. BBBB., no existiendo por tanto alegación alguna por parte del Servicio de Patrimonio del Cabildo.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERA.- TÍTULOS HABILITANTES EN SUELO RÚSTICO PARA USOS, ACTIVIDADES Y CONSTRUCCIONES NO ORDINARIOS NI COMPLEMENTARIOS NO PREVISTOS EN EL PLANEAMIENTO.
El uso pretendido en la solicitud sobre suelo rústico no se ajusta a los usos, actividades y construcciones ordinarios establecidos en los artículos 59 y 60 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (en adelante LSENPC), ni a los usos del artículo 61 del mismo cuerpo normativo en cuanto a usos complementarios.
Por tanto, es de aplicación el artículo 62 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
El artículo 67 establece las actividades a implantar en suelo rústico de protección minera.
Por último, a la vista de lo recogido en el artículo 58 de la LSENPC, todo acto de aprovechamiento y uso del suelo rústico también debe respetar las reglas contenidas en los apartados 1 y 2 del citado precepto.
a) Procedimiento para su otorgamiento y documentación preceptiva.
El artículo 77 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias establece la regulación procedimental relativa a la autorización de los usos, actividades y construcciones en suelo rústico no previstos en el planeamiento.
Por tanto, para su autorización por licencia se requiere de la previa declaración, por el Cabildo Insular, del interés público o social de la actuación y de su compatibilidad con el planeamiento insular, disponiendo que la regulación del procedimiento se encuentra recogida en el artículo 79 del mismo cuerpo legal.
A la vista de la anterior remisión, el artículo 79 establece el procedimiento a seguir en el caso de actos, construcciones y usos no ordinarios que carezcan de cobertura en el planeamiento.
Anótese que el apartado primero del anterior precepto, nos remite al artículo 78 a los efectos de determinar la documentación preceptiva que, como mínimo, debe tener la solicitud y los trámites a realizar por el Ayuntamiento, con carácter previo a solicitar al Cabildo Insular la declaración de interés público o social y la compatibilidad con el planeamiento.
Reglamentariamente, el Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias recoge, en su artículo 29, sobre las licencias para actos y usos no ordinarios en suelo rústico no previstos en el planeamiento.
En suma, a la vista de los artículos 78 y 79 de la Ley 4/2017 y 29 del Decreto 182/2018, los trámites a realizar por los Ayuntamientos, antes de remitir la solicitud de declaración de interés público o social del Cabildo y la existencia o no de prohibición en el planeamiento insular, son los siguientes:
1. Examen por parte de los Ayuntamientos de la documentación básica exigida como mínimo por el artículo 78.1 de la Ley 4/2017 y 29 del Decreto 182/2018, que con carácter previo ha presentado el particular y que asimismo debe cumplir con los requisitos establecidos por la normativa específica.
2. Emitirá informe sobre la conformidad con el planeamiento.
3. Admisión de la solicitud comprobados los anteriores extremos.
4. Recabar del Cabildo Insular la declaración sobre la existencia o no de prohibición en el planeamiento insular y sobre el interés público o social de la actuación.
Por último, respecto a la declaración expresa de prohibición o no en el planeamiento insular, el artículo 5.4 del PIO-GC, dispone que “A los efectos de la emisión del informe de compatibilidad con las determinaciones del presente Plan, en los términos previstos en los apartados anteriores, la Administración correspondiente deberán remitir a este Cabildo la documentación relativa al Plan o proyecto que se esté tramitando y a las actuaciones administrativas habidas en el procedimiento”.
Por tanto, la solicitud que remitan los Ayuntamientos al Cabildo y a los efectos de determinar la existencia o no de prohibición en el planeamiento insular, el propio PIO-GC establece la obligación de estos de remitir toda la documentación relativa al proyecto y las actuaciones administrativas habidas en el procedimiento. Lo que también se debe unir a los requisitos documentales exigidos por el artículo 78 de la Ley 4/2017 y artículo 29 del Decreto 182/2018.
b) Contenido sustantivo de la solicitud.
En cuanto al examen por parte de los Ayuntamientos de la documentación básica, a los efectos de su admisión, debe estarse no solo a la comprobación de la documentación exigida, sino también a la comprobación de los requisitos establecidos en el artículo 62 de la Ley 4/2017, debiendo contener la documentación de la solicitud que se remita al Cabildo, los extremos exigidos por dicho precepto y que son:
1. Carácter excepcional de la autorización.
2. Justificación del interés público o social de la actuación.
3. Contribuyan a la ordenación y al desarrollo rural o que deba situarse necesariamente en suelo rústico.
4. Que los requisitos sean justificados por el solicitante de la autorización.
En base a Jurisprudencia del Tribunal Supremo, estos requisitos deben ser interpretados de la siguiente manera:
I. Que la autorización, en cuanto excepción a una norma general prohibitiva, ha de ser interpretada en sentido siempre restrictivo y tras haber quedado perfectamente acreditados aquellos requisitos en la solicitud.
II. La excepcionalidad supone una interpretación restrictiva de la utilidad pública o el interés social que implica que no pueda identificarse, sin más, con cualquier actividad industrial, comercial o negocial, en general, de la que se derive la satisfacción de una necesidad de los ciudadanos, ya que la extensión de la excepción legal a todo este tipo de instalaciones o actividades, supondría la conversión de la excepción en la regla general.
III. El interés público o social ha de estar vinculado o relacionado de algún modo, a través de la instalación o construcción, con este medio o ambiente rural en que son instalados o justificarse que deba situarse necesariamente en suelo rústico. En ambos casos se debe justificar con elementos objetivos y parametrizables respecto a la actuación concreta.
Una vez comprobado por parte de los Ayuntamientos que las solicitudes cumplen con los requisitos formales y sustantivos anteriormente expuestos, estos recabarán del Cabildo Insular, a través de la correspondiente solicitud, la declaración sobre la prohibición o no en el planeamiento insular y sobre el interés público o social, sometiéndose las actuaciones y el proyecto a información pública y audiencia de los interesados, así como a informe de las Administraciones afectadas y, solo en el caso de que sea favorable la declaración pública y no exista prohibición en el planeamiento insular, se continuará por parte del Ayuntamiento el procedimiento para el otorgamiento de la licencia, siguiéndose a continuación los trámites de la evaluación ambiental del proyecto de conformidad con lo previsto en el artículo 79 de la Ley 4/2017. La actuación se ubica en un suelo rústico categorizado por el PGO de San Bartolomé de Tirajana como de protección minera.
SEGUNDA.- DE LA ADECUACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO AL PLAN INSULAR DE ORDENACIÓN DE GRAN CANARIA (PIO/GC).
De acuerdo con el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria en vigor (PIO/GC), aprobado definitivamente por Acuerdo del Consejo de Gobierno (Decretos 277/2003, de 11 de noviembre y 68/2004, de 25 de mayo), y publicada su normativa en el
BOC, en los números 112, 113, 116, 118 y 120, este último con fecha 23 de junio de 2004, de acuerdo con el Plan Insular en vigor, resultan de aplicación tanto la Zonificación como el Régimen Básico de Usos contenidos en la Sección 6 (Zonificación y Régimen Básico de Usos), del Capítulo II (Zonificación, Régimen de Usos y Categorización del Suelo Rústico), del Tomo 1 (Normas Generales) del Volumen IV “Normativa del Plan”. El proyecto se plantea en la parte que se categoriza de suelo rústico, en zona B.b.5 de “interés extractivo2, y una pequeña parte en B.a.3, “de bajo interés natural y escaso valor productivo” del PIO/GC.
El artículo 39 del PIO/GC define la Zona B.b.5 como aquella conformada por áreas que albergan recursos mineros en explotación o potenciales y que su aprovechamiento es necesario para el mantenimiento de la actividad económica insular. Por tanto, la finalidad de la ordenación será la protección del recurso minero que en cada caso alberga y su aprovechamiento, de acuerdo con las determinaciones establecidas en el presente Plan y las de la legislación y normativa aplicable en cada caso.
De acuerdo con el apartado 3 del artículo 39, en lo referente al régimen de usos globales, siguiendo las determinaciones de la Sección 5, disposiciones generales- del Volumen IV del PIOGC, ha de distinguirse, según el carácter del uso, entre usos principales, compatibles y prohibidos. De la misma manera, para la regulación más detallada de los usos, se estará a lo dispuesto en el Régimen Específico de Usos desarrollado en los Cuadros de Usos que figuran como Anexo al Tomo IV.
Los usos principales contemplados por el PIO/GC para la Zona B.b.5 son los usos primarios extractivos. Dentro de los usos compatibles están comprendido los siguientes:
AMBIENTAL.
- Las actividades de restauración del medio afectado por la actividad una vez agotada o finalizada en su totalidad o por sectores y las medidas ambientales de corrección de impactos durante el desarrollo de la actividad.
2. INDUSTRIAL.
- Las actividades relacionadas con la actividad extractiva y los depósitos al aire libre de materiales, maquinaria y vehículos relacionados con la actividad extractiva.
3. INFRAESTRUCTURAS.
- Las infraestructuras compatibles con la actividad extractiva.
De acuerdo con los apartados 1 y 2 del artículo 31, la Zona Ba3, En esta Zona “se incluyen áreas que conservan globalmente su morfología y carácter natural, constituidas principalmente por laderas y barrancos -eventualmente por cauces de barrancos-, con vegetación arbustiva o subarbustiva en diferente estado de conservación, cuyo valor natural no es relevante y cuyas características le confieren un valor fundamentalmente paisajístico en sus respectivos entornos. Estas Zonas generalmente se localizan en entornos antropizados de las zonas bajas de la isla. Asimismo, se integran en esta Zona los tramos litorales que, aun albergando valores naturales y paisajísticos, su menor valor relativo permite que la decisión de ordenación en ellos corresponda realizarla a una escala inferior a la insular.
Salvo los lugares que por su menor valor natural pudiesen ser destinadas a usos y actividades de alto impacto en suelo rústico, la finalidad de esta Zona es la conservación de su función paisajística global, mediante la mayor preservación posible de la morfología, de su estado de conservación y de su paisaje”.
Dentro de los usos compatibles está comprendido el de infraestructuras de acuerdo con la siguiente pormenorización:
INFRAESTRUCTURAS.
INDUSTRIAL.
Las industrias asociadas a la actividad forestal.
Las industrias asociadas a la actividad extractiva.
Las industrias relacionadas con el tratamiento y reciclaje de residuos.
Resulta por lo tanto un uso compatible con el régimen general de usos establecido por el PIO/GC para la zona Ba3 y Bb5.
El apartado 2 del artículo 142 de la normativa del PIO/GC, relativo a la enumeración y determinaciones referidas a las Áreas Extractivas, establece las determinaciones de explotación de la AE-3 Piedra Grande:
“AE-3 “Piedra Grande” (San Bartolomé de Tirajana)
- Cantera dedicada a la extracción de rocas industriales. La morfología del territorio en esta zona minimiza la incidencia visual de la misma y de sus instalaciones, al quedar parcialmente localizadas en un entrante entre las laderas. No obstante, deben cuidarse las ubicaciones, situando los frentes de cantera en los recodos menos visibles de barranco, al igual que las instalaciones, dado que la actual plaza de cantera e instalaciones anexas son excesivamente visibles sobre el frente del viario.
- La actividad no podrá afectar el cauce del Barranco Hondo, así como a las laderas y escarpes de dicho barranco situados a ambos lados, al oeste y este, del citado cauce, con el fin de evitar su alteración y preservar la entrada de uno de los barrancos más espectaculares de Gran Canaria y evitar a su vez incidencia visual desde la GC-1. En este sentido la actividad podrá desarrollarse en el sentido NE respecto a su actual localización, en dirección a la Mesa del Salinero. La continuidad posterior de la explotación podrá producirse, en su momento, dentro de la Zona Ba3, sin afectar a las laderas de la Mesa del Salinero, visibles desde la GC-1.
- Las Administraciones competentes exigirán la restauración ambiental de los cauces situados fuera del área extractiva y que han sido afectados por dicha actividad, así como el establecimiento de medidas de protección de los mismos frente a posibles alteraciones en el futuro derivadas de la propia actividad en el Área Extractiva.
- Se deberán adoptar las medidas de control y seguimiento que fuesen necesarias para evitar cualquier posible contaminación de los cauces de los barrancos y de la capa freática derivadas de las actividades que se desarrollen en el Área, dado que esta se sitúa aguas arriba del Sitio de Interés Científico de Juncalillo del Sur, donde los afloramientos del nivel freático y las aguas corrientes juegan un papel significativo para los hábitats y la avifauna de este espacio.
- La Administración competente podrá establecer un coto minero u otros mecanismos de gestión al objeto de racionalizar las infraestructuras y permitir una participación de reservas públicas.”
Según se señala en el informe técnico del Servicio de Planeamiento:
Con base en todo lo expuesto, la planta de gestión RCD en la localización propuesta está ubicada dentro del AE-3 en una localización compatible, pero que, al estar cerca del borde de la misma, ha de adoptar las medidas necesarias para evitar en el futuro posibles alteraciones del cauce de barranco situado fuera del área extractiva y, en su caso, la restauración de los impactos que se hayan producido o se produzcan por cualquier motivo derivados de la actividad extractiva y usos relacionados con la misma en dicho cauce.
Además, es de especial consideración cómo va a afectar la actividad de gestión de residuos a la operatividad de la actividad extractiva, en la medida en que van a compartir instalaciones, construcciones y edificaciones preexistentes.
Del análisis del proyecto técnico no se puede deducir claramente la complementariedad de ambas actividades ni qué porcentaje de la capacidad de tratamiento va a ser destinada a cada actividad, lo cual podría afectar a la operatividad de la actividad en el área extractiva AE-3 Piedra Grande.
a) Compatibilidad con los planes y normas de los Espacios Naturales Protegidos y Red Natura 2000:
No hay interferencias ni con sus ubicaciones ni con sus determinaciones.
b) Afección por Planes Territoriales Especiales:
No se encuentran determinaciones que limiten o condicionen, el uso pretendido.
Afección al Patrimonio Histórico.
Consta informe del Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico emitido el 2 de diciembre de 2021 sobre la incidencia sobre el Patrimonio Histórico Insular, resultando dicho informe favorable.
En virtud de todo lo anteriormente y de la aplicación de lo que establece el artículo 79 de
la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias relativo al procedimiento de autorización de actuaciones que no cuenten con cobertura en el planeamiento, en relación con sus artículos 62, 63, 72 y 77, así como con el
artículo 29 del Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias y con el requerimiento del Ayuntamiento de Ingenio acerca de la existencia o no de prohibición en el planeamiento insular en el caso de este tipo de actuaciones, se concluye que el proyecto denominado “Proyecto gestión de residuos no peligrosos procedentes de la construcción y demolición (RCD), en el paraje de Mesa del Salinero”, sito en el Término Municipal de San Bartolomé de Tirajana sometido a la consideración de este Cabildo no se encuentra prohibido por el planeamiento insular.
TERCERA.- DEL INTERÉS PÚBLICO O SOCIAL DEL PROYECTO.
Ni la vigente Ley del Suelo, ni ningún otro texto legal, contempla una definición expresa de los términos “interés público” e “interés social”. En los distintos textos legales vigentes, las referencias a dichos términos aparecen vinculadas a aquellas actuaciones que afectan al interés general y en consecuencia redundan en beneficio de la colectividad.
Ambas expresiones, “interés público” e “interés social”, forman parte del conjunto de conceptos jurídicos indeterminados que existen en nuestro Derecho, por cuanto no admiten una cuantificación o determinación, pero en todo caso, debe ser precisado en el momento de la aplicación.
En el caso que nos ocupa y en orden a identificar algunos parámetros que permitan al órgano competente declarar dicho interés, cabe indicar lo siguiente:
Vistos los informes técnicos emitidos por el Servicio de Planeamiento se considera que se trata de una instalación que debe emplazarse alejada de otros usos y sobre todo lejos de los usos urbanos o que puedan llegar a serlo, cumpliendo con los requisitos expresados en el punto 2 del citado artículo 62. Es por ello que su ubicación en suelo rústico es lo apropiado, sobre todo cuando no afecta a recursos ambientales o agrarios.
El procesado y reutilización controlados, de los materiales, no peligrosos, provenientes de las numerosas obras de demolición y desmontes de la isla de Gran Canaria, si pueden considerarse necesarios para el desarrollo y la ordenación del medio rural. De no hacerlo, se corre el riesgo de una dispersión territorial incontrolada, perdiendo la ocasión de convertirse en un recurso reutilizable y de evitar el consumo de nuevos recursos.
CUARTA.- ÓRGANO INSULAR COMPETENTE PARA LA DECLARACIÓN SOBRE LA PROHIBICIÓN O NO EN EL PLANEAMIENTO INSULAR Y SOBRE LA DECLARACIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO O SOCIAL.
La Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, no determina en ninguno de sus preceptos el órgano competente para declarar el interés público o social, existiendo un vacío legal al respecto.
Por otro lado, habida cuenta del Dispongo Segundo, punto 4 del Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular, de 31 de julio de 2019, de delegación de competencias en la Sra. Consejera competente en materia de Política Territorial:
“Segundo.- Se delega de forma específica, en los siguientes Sres./Sras. Consejeros Titulares de las respectivas Consejerías de Gobierno y Consejerías de Área, las siguientes funciones: en la Sra. Consejera competente en materia de Política Territorial: las competencias de este Consejo de Gobierno Insular relativas a la resolución de las calificaciones territoriales y de los proyectos de actuación territorial de pequeña dimensión o escasa trascendencia territorial, excepto la determinación del interés público y/o social de los referidos proyectos de actuación territorial”; se considera, por analogía, que la declaración del interés público o social de los usos, actividades y construcciones en suelo rústico, corresponde al Consejo de Gobierno Insular.
El Consejo de Gobierno Insular, por unanimidad, acuerda:
Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por D. AAA.AAAA. AAAA., en representación de D. BBB. BBBB. BBBB. el 16 de diciembre de 2021, con R.G.E. nº 2021088257, por lo siguiente:
El alegante manifiesta expresamente que no se opone al proyecto en sí, sino que señala recomendaciones de carácter genérico basadas en un criterio de oportunidad y de consciencia ambiental que no son objeto del presente procedimiento.
No solicita modificaciones o cuestiones concretas a incorporar al proyecto objeto de declaración de interés público o social que le puedan afectar o modificar.
Asimismo, la declaración de interés público o social de la actuación, es una potestad que el marco normativo atribuye al Cabildo, como también corresponde a esta Corporación, salvaguardar la sostenibilidad de las actuaciones de aprovechamiento de los recursos naturales de la isla.
En último término, el compromiso adquirido por los titulares del aprovechamiento de áridos del Barranco de Tirajana, es un deber cuya verificación no es objeto del presente expediente.
Segundo.- Conforme a las conclusiones del informe técnico de fecha 16 de junio de 2022 y jurídico de 8 de julio de 2022, emitidos por el Servicio de Planeamiento, la implantación “Proyecto gestión de residuos no peligrosos procedentes de la construcción y demolición (RCD), en el paraje de Mesa del Salinero”, promovido por la entidad mercantil Satocan Islas, S.L. en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, sometida a la consideración de este Cabildo en la zona B.a.3 y B.b.5 del PIO/GC identificada en el expediente, no se encuentra prohibida por el planeamiento insular.
Tercero.- Declarar el interés público del proyecto denominado “Proyecto gestión de residuos no peligrosos procedentes de la construcción y demolición (RCD), en el paraje de Mesa del Salinero”, promovido por la entidad mercantil Satocan Islas, S.L., sita en la parcela con número de referencia catastral 35020A009000720000EL, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, sometido a la consideración de este Cabildo en el procedimiento de declaración de interés público o social de actos y usos en suelo rústico no previstos por el planeamiento de acuerdo con el artículo 79 de la Ley 4/2017, de 13 de mayo, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en base a lo siguiente:
- Se trata de una instalación que debe emplazarse alejada de otros usos y sobre todo lejos de los usos urbanos o que puedan llegar a serlo, cumpliendo con los requisitos expresados en el apartado segundo del artículo 62 Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
- Su ubicación resulta apropiada, no afectando a recursos ambientales o agrarios.
- El procesado y reutilización controlados de los materiales, no peligrosos, provenientes de las numerosas obras de demolición y desmontes de la isla de Gran Canaria, si pueden considerarse necesarios para el desarrollo y la ordenación del medio rural. De no hacerlo, se corre el riesgo de una dispersión territorial incontrolada, perdiendo la ocasión de convertirse en un recurso reutilizable y de evitar el consumo de nuevos recursos.
Cuarto.- Notificar este acuerdo a los interesados y al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, no siendo este acuerdo susceptible de recurso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.7 del Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias.”
Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de octubre de 2022.- El Consejero de Área de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional (p.s. Decreto nº 43, de 21.9.2022), Carmelo Ramírez Marrero.
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